Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 37.545-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución Fallo AD ROSA n° 299/2018, recaída en la Actuaciones Administrativa n° 12745-550-2015, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en la infracción al art. 969 del C.A. asciende a la suma de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($18.875,65), conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos VII y VIII de voto del Dr. Garbarino.
2Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 67% a cargo de la firma actora y un 33% en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-46378866-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 25 de Abril de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “P&P EXPO IMPO SRL c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, EX2019-31972902-APN-SGASAD#TFN La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que mediante IF-2019-61968531-APN-SGASAD#TFN se presenta, la firma P&P EXPO IMPO SRL e interpone recurso de apelación contra la resolución-fallo (AD ROSA) n° 299/2018, dictada por el Administrador de la Aduana de Rosario, en el expediente SIGEA nº 12745-550-2015, mediante la cual se le exige una multa de $28.313,49 por la comisión de la infracción prevista en el art. 9° de la ley 21.453, por no haber cumplido con la exportación del 90% de la mercadería declarada dentro del plazo establecido en la DJVE número 15 052 DJVE000144T. Sostiene que resulta aplicable al caso el art. 917 del C.A., atento a que puso en conocimiento del servicio aduanero de la comisión de una infracción que desconocía, no existiendo tampoco un proceso de inspección aduanera al presentar la autodenuncia. Manifiesta que no procede aplicar el ap. 3 del art. 917 C.A. al caso en cuestión, citando jurisprudencia de este Tribunal en tal sentido. Afirma que las infracciones aduaneras por más que nos encontremos en la esfera administrativa, son de naturaleza penal y corresponde aplicar los principios del derecho penal. En tal sentido, expresa que el sumario vulnera los principios de legalidad –al no aplicar la ley (art. 917 del C.A.)- e “in dubio pro reo”, ya que corresponde que la Aduana aplique el beneficio de reducción de multa, siendo que si existiera alguna duda, debe estar a favor del administrado. Finalmente, a todo evento, sostiene que corresponde la condonación de multa, en los términos de la ley 27.260. Efectúa reserva del caso federal y solicita se haga lugar a lo peticionado.
II. Que a continuación se presenta el Fisco y contesta el traslado que le fuera conferido. Efectúa una breve reseña de los hechos. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Sostiene que no corresponde la aplicación del art. 917 C.A. atento a que la infracción aquí imputada encuadra explícitamente en esta tercera excepción. Afirma que de la normativa aplicable surge que el elemento temporal de la DJVE es un requisito ineludible del régimen en cuestión y no una simple formalidad. Alega que la Aduana ya se encontraba en conocimiento de la conducta infraccional al momento de la presentación de la autodenuncia, ya que el vencimiento de la DJVE surge en forma instantánea de la impresión de pantalla del sistema Malvina. Agrega que el principio de legalidad no se encuentra vulnerado en autos ya que la aplicación del art. 917 del C.A. se encuentra explícitamente vedado para casos como el presente. En relación a la condonación de la multa, sostiene que el exportador se hace acreedor de una ventaja impositiva, por lo que es lógico que la norma reclame el cumplimiento de las cantidades comprometidas para no desnaturalizar el beneficio, siendo ello una obligación sustancial y no formal, como pretende la contraria. Sin perjuicio de ello, agrega que de todas formas la contraria no cumplió con el art. 55 de la ley 27260. Manifiesta que además, no desistió de la acción, tal como lo exige la normativa en cuestión. Cita jurisprudencia. Concluye que la propia actora reconoce que incumplió el régimen, no habiendo demostrado ni aportado prueba alguna para que se considere lo contrario. Ofrece prueba, efectúa reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que, con posterioridad, se elevan los autos a la Sala “F” y pasan a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas nº 12745-550-15 se inician con una nota presentada por la firma P&P EXPO IMPO SRL el 1/6/2015, por la cual informa a la Aduana que no cumplió con la exportación de la mercadería comprometida en la DJVE 15 052 DJVE000144T por razones comerciales y en subsidio solicita la aplicación del art. 917 del C.A. A fs. 4/6 obra copia de la DJVE involucrada. A fs. 8 se afora la mercadería y se liquida la multa del 15% del valor en aduana. A fs. 9 obra acta de denuncia. A fs. 12/13 se instruye sumario y se corre vista a la firma exportadora, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 9° de la ley 21453, de la que resulta notificada el 13/7/15. A fs. 16/19 y vta. la firma P&P EXPO IMPO SRL presenta su descargo. A fs. 57 la UCESCI informa que la firma exportadora no presentó autodenuncia, ni requirió anulación o se le otorgó cumplido sin sanción respecto de la DJVE aquí involucrada. A fs. 64/65 obra el dictamen Nro. 167/2018. A fs. 66/10 se dicta la resolución-fallo (AD ROSA) n° 299/2018, aquí apelada.
V. Que corresponde resolver en autos, si la multa aplicada a la firma P&P EXPO IMPO SRL, mediante la resolución aquí apelada, se ajusta a derecho.
Que el art. 969 del C.A., dispone: “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731 será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en Aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada”.
Que, en lo que aquí interesa, el art. 9° de la ley 21.453 preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador.
El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada.
Para la conversión de divisas a moneda nacional de curso legal a fin de calcular las multas referidas se tomará el tipo de cambio comprador más alto vigente el día del vencimiento de la declaración jurada”.
VI. Que no se encuentra controvertido en autos que mediante la DJVE 15 052 DJVE000144T, cuyo periodo de afectación venció el día 3/4/2015, en los términos de la ley 21.453, la firma P&P EXPO IMPO SRL comprometió la exportación de 44 toneladas de mercadería clasificada en la posición 1006.30.21120B, valor F.O.B. unitario de u$s 540 y F.O.B. total de u$s 23.760 y que no cumplió con al menos el 90% de la exportación comprometida; a saber: 39,60 toneladas, de las cuáles no acreditó la exportación de tonelada alguna (ver fs. 8 de act. Adm).
Que la actora no discute la comisión de la infracción que se le imputa, sino que manifiesta que el día 1 de junio de 2015 efectuó una presentación ante el servicio aduanero solicitando lo aplicación del art. 917 C.A. (autodenuncia), atento a la imposibilidad de cumplir con la DJVE, por motivos comerciales, no obstante lo cual fue desestimada por la D.G.A. con fundamento en lo dispuesto en el ap. 3, del art. 917 de la norma mencionada. Entiende que puso en conocimiento del servicio aduanero de la comisión de una infracción que dicho organismo desconocía, no existiendo tampoco un proceso de inspección aduanera al presentar la autodenuncia.
Que el art. 917 del CA dispone que: 1.- El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un setenta y cinco por ciento (75%) y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que: "a) éste por cualquier medio lo hubiere advertido; o "b) en el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental o a la verificación de la mercadería. '2.- La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación. "3.- La reducción de pena no procederá en los supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinadas destinaciones u operaciones".
Que corresponde mencionar que la autodenuncia tiene por objeto advertir al servicio aduanero de la comisión de una infracción aduanera respecto de una declaración ya oficializada –la que por lo tanto no puede ser modificada ni alterada por el documentante-, siempre y cuando dicha comunicación se efectué dentro de los límites temporales previstos por la norma recién mencionada.
Que dicho planteo no puede prosperar.
En efecto, por un lado, no escapa a la vista de la suscripta que dicha presentación se efectuó una vez vencida la DJVE, esto es el 3/4/15, mientras que la solicitud de aplicación del art. 917 del C.A. de la apelante data del 1/06/2015.
Que, por otro lado y sin perjuicio de su fecha de presentación, lo que en principio no invalida por sí la aplicación del instituto de la autodenuncia, siempre y cuando no hubiese en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva, lo cierto es que la misma de todas formas no podría prosperar atento a lo dispuesto por el ap 3 del art. 917, ya citado, en atención a que –en el caso- la infracción se configura por no exportar al menos el 90% de la mercadería declarada en la DJVE dentro del plazo previsto al efecto. Es decir que la infracción se configura por el mero hecho de vencer el plazo de la DJVE sin haber exportado la cantidad de mercadería recién mencionada. Incluso también se configura cuando se exporta una parte o la totalidad de la mercadería comprometida, fuera del plazo de vigencia de la DJVE. De ello cabe deducir que lo fundamental para que no se configure la infracción en trato, no resulta ser la cantidad sino la temporalidad de la exportación, aunque la norma exija ambos supuestos.
Que, en consecuencia, no corresponde hacer lugar al planteo efectuado por la actora en este sentido.
VII. Que finalmente, la actora solicita la condonación de la multa impuesta, en los términos de la ley 27.260.
Que la ley 27.260 de Régimen de Regularización Excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, en su art. 56 dispuso, en lo que aquí interesa, que las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y la obligación principal haya sido cancelada a dicha fecha. Asimismo en el tercer párrafo del presente artículo, agrega que cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de mayo de 2016, inclusive. Que, por su parte, la Resolución General 4007/17 (AFIP), en su art. 6 estableció que cuando se trate de sanciones, que no se encuentren firmes ni abonadas correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria el beneficio de condonación se aplicará cuando se verifiquen alguna de los siguientes supuestos "...a) la obligación sustancial se encuentre íntegramente cancelada al 23/7/16, inclusive, y la sanción no se encuentre firme ni abonada en dicha fecha... ". Asimismo, cabe resaltar que en el último párrafo del mencionado artículo, define a las infracciones sustanciales/materiales, las que se encuentran tipificadas, en los arts. 954, inc a), 965, inc. b), 966, -cuando el beneficio sea una excepción tributaria-, 970, 971, 973, 985, 986 y 987 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones".
Que, en consecuencia, del análisis de la normativa transcripta ut-supra resulta que no concurren en el caso las condiciones previstas en la normativa aplicable que torne procedente la condonación de la multa aquí apelada, -infracción al art. 969 del CA. y art. 9° de la ley 21.453-, máxime si se tiene en cuenta que no existe obligación sustancial tributaria alguna asociada a la infracción por la que se condenó a la actora y que la infracción en trato se encuentra asociada a la prevista en el art. 9° de la ley 21.453. Que, por su parte, cabe señalar que la Resolución General AFIP 4007/17, no prevé entre sus supuestos la infracción prevista en el art. 969 del C.A., que resulta ser el supuesto de autos.
Que conforme surge de los considerandos de la mencionada Resolución General AFIP 4007/17, dicha reglamentación se dictó con el objetivo de simplificar la lectura, interpretación y aplicación de las normas de la ley 27.260, por lo que resultó procedente la adecuación y complementación de la RG 3920/16 y sus modificatorias, con relación a la materia tributaria aduanera.
Que, por lo demás, la citada reglamentación fue dictada en ejercicio de las facultades conferidas a dicho efecto por el art. 93 de la ley 27.260.
Que atento a lo expuesto no corresponde a este Tribunal un mayor abundamiento exegético al respecto y, conforme a la interpretación efectuada por la AFIP, no procede considerar que la multa aquí apelada se encuentra alcanzada por el régimen de condonación dispuesta por la ley 27.260 y su reglamentación. Que, en virtud de lo expuesto, voto por:
1. Confirmar la resolución-fallo (AD ROSA) n° 299/2018, dictada por el Administrador de la Aduana de Rosario, en el expediente SIGEA nº 12745-550-2015, en cuanto le impone a la aquí recurrente una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 9° de la ley 21.453, declarando que dicho importe asciende a la suma de VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($28.313,49)
2. Costas a la recurrente.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que a fin de resolver el presente, en primer término me remito al relato de los hechos y análisis efectuado en el voto de la Vocal preopinante.
II. Que, sentado ello, con relación al monto de la multa impuesta, conforme señera jurisprudencia de la Vocalía de la 16° Nominación -a mi cargo- en la materia, entiendo que corresponde aplicar el porcentaje mínimo de la multa en un 10 %, conforme lo establecido en el art. 969 del C.A., y no del 15% establecido en el art. 9° de la ley 21.453 que preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador (confr. votos del Dr. Pablo Garbarino in re: “BUNGE ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación” (Expediente n° 37.545-A) y “J.L. GURRIERI LEGUMBRES S.R.L. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”; entre muchos otros).
III. Que el incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada. Para la conversión de divisas a moneda nacional de curso legal a fin de calcular las multas referidas se tomará el tipo de cambio comprador más alto vigente al día del vencimiento de la declaración jurada”.
IV. Que se ha señalado que “ambos tipos infraccionales reprimen la misma conducta: el incumplimiento del compromiso de exportación en los términos y cantidades asumidos. Visto y considerando que en ambas leyes existe un régimen represor previsto para la misma conducta, debemos determinar qué sanción corresponde aplicar al exportador que no exportare al menos el 90% de la cantidad manifestada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior. No existe, entonces, una conducta con pluralidad de tipos, sino una conducta que configura el mismo tipo infraccional definido en dos leyes distintas. Por lo tanto, podemos concluir que no nos encontramos ante un concurso ideal” (Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 265).
V. Que, consecuentemente, visto que en el caso no se configura un concurso ideal, se debe definir qué norma es aplicable al caso, teniendo en cuenta cuál de ellas es posterior en el tiempo y cuál resulta más específica, analizando dicho resultado con el parámetro del principio de la ley penal más benigna. Que la norma posterior en el tiempo resulta ser el art. 969 del C.A. (BO 28/03/1981) y no el art. 9 de la ley 21.453 (B.O. 11/11/1976); asimismo, cabe mencionar que el Código Aduanero constituye legislación de base, en tanto que la ley 21.453 consiste en un régimen específico, que debe interpretarse sistemáticamente con aquélla.
Que si bien la norma del Código Aduanero resulta ser posterior en el tiempo, no obstante no es la específica, dicho resultado debe analizarse de todos modos de acuerdo con el principio de la ley penal más benigna, por lo que le asiste razón a la actora en dicho sentido.
VI. Que es dable recordar que “el principio de aplicación de la ley penal más benigna constituye una excepción al principio general tutelado por el art. 18 de la C.N., la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 2 del Código Penal y en los art. 899, 900 y 901 del CA. La excepción resulta plenamente justificada, en primer lugar porque el cambio de la ley al quitar, por ejemplo, carácter delictivo a una acción, evidencia que no existe interés de la sociedad en penar o sancionar esta conducta; evidencia una evolución de las conductas que merecen reproche. Surge claro, entonces, que la nueva ley se aplica a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia si sus disposiciones resultan más benignas y se resuelve también la ultraactividad de la ley anterior para los actos realizados durante su vigencia, cuando es más favorable” (Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p.87).
VII. Que, analizando ambas normas, considero que, a la luz del principio de la ley penal más benigna, se impone la aplicación de la sanción prevista en el art. 969 del C.A. y no la establecida en el art. 9 de la Ley de Exportación de Productos Agropecuarios (conf.: Giambastiani, Juan Pablo, “La exportación de productos agrícolas y la transgresión de la obligación impuesta como condición de un beneficio. Análisis comparativo de las sanciones previstas en el Código Aduanero y en la Ley de Exportaciones Agrícolas”, ED, 16/9/2010; Juan Patricio Cotter, “Las infracciones aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 265 y 266; Horacio Félix Alais, “Régimen infraccional aduanero”, Marcial Pons Argentina, 2011, ps. 356 y 357; M. A. Alsina, E. C. Barreira, R. X. Basaldúa, J. P. Cotter Moine, H. G. Vidal Albarracín, completado y actualizado por E. Barreira, R. Basaldúa, H. Vidal Albarracín, J. P. Cotter (H), A. Sumcheski y G. Vidal Albarracín (H), “Código Aduanero Comentado”, 1° ed., Abeledo Perrot, 2011, t. III, p. 432).
VIII. Que, por todo lo expuesto, cabe concluir que la multa aplicada del 15% de la mercadería no exportada no deviene ajustada a derecho, siendo de aplicación la multa mínima del 10% prevista en el artículo 969 del Código Aduanero.
Por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo que se desprende de las actuaciones administrativas, el 90% del total de mercadería no exportada ascendió a 39,6 toneladas, lo que es equivalente a U$S 21.384; siendo el tipo de cambio de $ 8,827 al momento de la comisión del hecho, por lo que el valor del 90% de la mercadería no exportada asciende a $ 188.756,56, en consecuencia, el 10% de dicho valor, asciende al importe de $ 18.875,65.
IX. Que, por lo demás, resultaría ajustado a derecho condenar de modo parcial a la firma recurrente de la infracción endilgada por la Aduana, toda vez que el aspecto decisorio debe estar en cabeza del Tribunal Fiscal de la Nación -o, en su caso, de la Justicia Federal-, careciendo la Administración, a tal efecto, de potestad sancionatoria, atento la singular naturaleza jurídica de la sanción (multa) recurrida en la litis, de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 , “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-
A., del 3/12/2013, y “NUTRIBRAS S.A. C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 36.507-A, del 6/3/2020, entre muchos otros.
No obstante, en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala “F” al decidir en materia infraccional, y por razones de celeridad y economía procesal, corresponde proceder a confirmar parcialmente la resolución impugnada, sin considerar el temperamento que he asumido al resolver las sentencias de referencia (confr. esta Sala in re “KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. c/D.G.A s/apelación” -Expte. N° 27.252-A-, del 10 de marzo de 2016; entre muchos otros).
X. Que, por último, y toda vez que, en definitiva, el monto final de condena es fijado por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, entiendo que la forma en que se resuelve es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc.
22 C.N.).
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución Fallo AD ROSA n° 299/2018, recaída en la Actuaciones Administrativa n° 12745-550-2015, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en la infracción al art. 969 del C.A., asciende a la suma de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($18.875,65), conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos VII y VIII del presente decisorio.
2. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 67% a cargo de la firma actora y un 33% en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución Fallo AD ROSA n° 299/2018, recaída en la Actuaciones Administrativa n° 12745-550-2015, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en la infracción al art. 969 del C.A. asciende a la suma de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($18.875,65), conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos VII y VIII de voto del Dr. Garbarino.
2. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 67% a cargo de la firma actora y un 33% en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente la Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2023.04.24 08:31:17 -03:00 Date: 2023.04.25 14:16:28 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.25 14:24:19 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.25 14:24:20 -03:00
Fin de la sentencia