Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el pedido de deserción del recurso.
2Admitir los agravios de la parte actora y revocar en su totalidad la sentencia de primera instancia.
3En consecuencia admitir la demanda deducida por P. P. G.
Contra V. A. N. y Sociedad xxxxx, a quienes se condena en forma solidaria al pago de la suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos ($450.000). Debiendo realizar dicho pago en el término de diez días de quedar firme la presente sentencia conforme lo dispuesto en el considerando VI.
4Costas a las demandadas en ambas instancias por el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC).
5Regular los honorarios del Dr. M. N. C. por su labor en primera instancia en la suma de $ 90.000, y en segunda instancia en la suma de $ 30.000; a los Dres. R. P. y C. A. S., en forma conjunta, por la actuación en primera instancia en representación de V. A. N., en la suma de $ 70.000; a la Dra. C.A.S. por su actuación en primera instancia en representación de Sociedad xxxxx en la suma de $ 70.000, y por su actuación en segunda instancia la suma de $40.000, correspondiendo $20.000 por cada una de las partes representadas ante la Cámara de Apelaciones. (conf. arts. 13, 18, 24 y ccs. ley 3330).
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERÍA DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Caleta Olivia – Provincia de Santa Cruz TOMO: XCIII REGISTRO: 2859 FOLIO: 395/404 En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los veintiocho días del mes de Agosto de 2020, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “P., P. G. C/ V., A. N. Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº ***** del año 2011 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Puerto Deseado, que tuviera ingreso en esta instancia bajo el Nº ****. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dra. Griselda Isabel Bard, Dres. Mario A. Albarrán y Jorge O. Alonso para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida?: SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. Se presenta a fs. 1/54 el Dr. M. N. C. en representación de P. P. G. y deduce demanda por daños y perjuicios contra V. A. N. y contra Sociedad xxxxx, sucursal Puerto Deseado, por la suma de $1.313.002,62. Relata que la actora comenzó a trabajar en el año 2000 para la demandada, llegando a formar parte del staff jerárquico. Señala que la relación laboral fue desarrollándose con normalidad hasta que en el año 2009 se incorpora V. A. N. como gerente y comienza a tener una actitud diferenciada con la actora hasta llegar a situaciones insostenibles. Agrega que V. A. N. se dirigía a P. P. G. de modo irrespetuoso, grosero y de malas maneras. Refiere que ello llevó a la actora a situaciones de angustias y depresión que describe, debió solicitar licencia laboral por tal motivo, y comenzar tratamiento psicológico y psiquiátrico hasta la fecha de su despido. Agrega que la empresa hizo uso de lo normado por el art. 210 de la LCT y cuando la actora tenía la prescripción de reintegrarse al trabajo debió solicitar los servicios de un escribano pues el gerente se negaba a recibir la documentación. Describe las situaciones de acoso laboral o "mobbing" que padeció la actora lo que se tiene presente. Expone que fundamenta la demanda en normas de derecho común por considerar que existió un hecho antijurídico y que recae responsabilidad sobre los demandados en los términos del art. 1109 y 1113 del CC. Desarrolla los presupuestos de responsabilidad en el caso en particular. Enumera los daños que considera indemnizables, y la cuantificación pretendida, ofrece prueba y funda en derecho.
A fs. 61/69 V. A. N. con el patrocinio letrado de la Dra. C. A. S. contesta la demanda. Niega pormenorizadamente los hechos y da la propia versión de lo sucedido. Reconoce la relación laboral y categoría de la actora, señala que tuvo una licencia por enfermedad inculpable pero dice desconocer los motivos. Desconoce y niega los motivos de agresión y diferencia de trato alegados por P. P. G. Por otro lado sostiene que era la actora la que no tenía una buena relación con el personal a su cargo. Señala que en el ámbito laboral se pueden generar conductas de stress o exigencia pero que no corresponde que se impute las causas ni al gerente ni a la empresa demandada. Sostiene que de los certificados médicos que acompaña la actora no surge que las patologías que reflejan guarden vinculación con el trabajo ni con la relación laboral, sosteniendo que se trataría de otro tipo de problemas de la actora. Cita jurisprudencia sobre el tema mobbing y concluye que existe una pluspetición y malicia por parte de la reclamante. Niega los presupuestos de responsabilidad civil que invoca la parte actora y en especial la conducta dolosa de su parte, donde afirma que siempre se mantuvo un trato cordial y de respeto. Impugna detalladamente las pretensiones económicas de la actora, funda en derecho, ofrece prueba.-
A fs. 70/82, se presenta la Dra. C. A. S. en representación de la codemandada Sociedad xxxxx, realiza las negativas de rigor, reconoce la relación laboral con la actora, fecha de ingreso, funciones cumplidas y categoría. Continúa exponiendo que por un año, gozó de licencia paga por enfermedad, desconociendo el origen o causa de la enfermedad inculpable la que afirma que no tuvo vinculación alguna con el ámbito laboral, por lo que no se dio intervención a la ART. Niega que la actora haya sido víctima de acoso laboral y de violencia psicológica injustificada, a través de actos negativos y hostiles en el trabajo por parte del gerente de la sucursal. Ofrece prueba, funda en derecho y hace reserva del caso federal.-
II. A fs. 93 se ordena la producción de pruebas; finalizada la etapa probatoria a fs. 235/237 se dicta sentencia que desestima la demanda en todas sus partes, condena en costas a la parte actora y difiere la regulación de honorarios. Contra la misma se alza la parte actora que interpone recurso a fs. 238 y expresa agravios a fs. 241/247. En agravios la recurrente sostiene que existe error en la apreciación del Juez señalando los párrafos del fallo que entiende equivocados. Asegura que el stress laboral existe y que la actora padeció todos los síntomas asociados a la situación laboral que vivenció. Hace referencia a la falta de interpretación coherente de los testimonios brindados en autos, señalando que los empleados de Sociedad xxxxx quienes además de ser empleados de la demandada, señala que dicen que tenían una relación "laboral" y no cordial, como así también lo manifestado por "C." y "G.
G. A." que se tiene presente. Sostiene que quedó acreditado que P. P. G. se encontraba en condiciones de trabajar pero no en igual ámbito que V. A. N. Hace mención a la prueba pericial psicológica, y el largo tratamiento al que debió someterse la actora, cuando por el contrario la parte demandada nada acreditó al respecto, lo que aún en beneficio de la duda debería interpretarse en la postura de P. P. G. que padece sus trastornos desde el ingreso de V. A. N. al lugar de trabajo. Señala que el mobbing o acoso laboral es un proceso perverso que sistemáticamente se desacredita a la víctima y en tal sentido se ha expedido la experta en autos claramente, detallando los fundamentos expuestos en la pericia.
Señala que estos comportamientos se realizan en ambientes de estricta privacidad, abusando de la inferioridad de condiciones en que se encontraba la actora. Recuerda que la reclamante es sostén de familia y la propia psicóloga señala que la circunstancia de haber reaccionado ante la situación le atemorizaba. Entiende que el Juez no realiza una correcta valoración probatoria, teniendo especialmente en cuenta la dificultad que presenta la prueba para este tipo de problemática. Detalla la conexidad entre el estado de salud de P. y la situación de hostigamiento laboral lo que el Juez se limita a negar, sin analizar las pruebas rendidas en éstos. Describe las prueba producidas en la causa laboral que tramita por el despido de la actora de Sociedad xxxxx, y las cuestiones referidas en la sentencia dictada por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia que se tiene presente por encontrarse a la vista en este momento.
Solicita se agregue por cuerda el expediente en cuestión que fuera ofrecido oportunamente como prueba, solicita se admitan los agravios.-
La representación letrada de las demandadas contesta los agravios con las piezas de fs. 251/254 y 255/258 respectivamente. En primer término entiende que los agravios carecen de una crítica razonada de los fundamentos del fallo por lo que solicita se decrete la deserción del recurso. Seguidamente contesta los agravios señalando que no existe yerro en la valoración de la prueba, como pretende el actor, que los testigos ofrecidos por su parte dan cuenta de la relación laboral que existía entre las partes, como así también que el hostigamiento a que alude no se encontraría acreditado. Por otra parte las declaraciones de M. C. R. y N. B. Z., quienes resultan ser clientas del lugar no revisten la importancia que les otorga el recurrente pues no conocían acabadamente el clima laboral del lugar. Realiza citas y consideraciones sobre la apreciación de la prueba testimonial que se tiene presente. Descalifica la pericia psicológica presentada en autos, a partir de las características de la personalidad de P. P. G., concluyendo que fue ello lo que la llevó a mal interpretar las conductas en el ámbito laboral. Hace referencia a la naturaleza civil de la presente causa y a la insuficiencia probatoria de parte de la actora para acreditar sus dichos, sosteniendo que no puede desarrollar en los agravios las cuestiones que no pudieron probar. Hace reserva del caso federal.-
III. Debo señalar que esta causa fue sentenciada por parte de esta Cámara de Apelaciones con diferente integración, habiéndose nulificado el fallo por el Tribunal Superior de la Provincia; por lo que habrá de tratar nuevamente el recurso de apelación tal como fue detallado y con los parámetros ordenados por el máximo tribunal provincial.-
IV. En primer lugar habré de considerar que no corresponde declarar desierto el recurso como pretende la demandada. La crítica al fallo de la instancia de grado se encuentra fundada suficientemente para dejar ver aquellos aspectos de la sentencia que entiende equivocados. En reiterados pronunciamientos de esta Cámara se ha expresado que aún cuando mínimamente la crítica realizada en agravios permita comprender los aspectos del fallo que se entienden equivocados habrá de estarse por la validez de dicho acto procedimental, y así me pronuncio en la presente causa rechazando el pedido de deserción recursiva (art.
264 CPCC).-
V. Se debe comenzar el análisis desde la base de que la presente causa es de naturaleza civil, donde se persigue una indemnización por los daños alegados por la actora, que habrían sido causados en el ámbito laboral, tal es así que reclama los mismos al pretenso autor del daño, V. A. N. por sus propios hechos y a la firma Sociedad xxxxx por el hecho del dependiente de conformidad con la normativa del Código Civil hoy derogado (arts. 1109 y 1113). No existe en éstos duda en cuanto a la relación laboral, cargos y ocupación que revestían las partes de autos, sino que habrá de analizarse concretamente los presupuestos de responsabilidad como lo impone la temática. La causa que origina el reclamo es conocida como 'mobbing' entendiendo ello como una situación en la que se ejerce violencia psicológica sobre una persona, por un tiempo determinado, en forma sistemática donde se tiene como fin último lograr aislar a la víctima. Esta figura invocada en el escrito de demanda es la que el actor entiende configurada, agraviándose por la forma en que el Juez de grado analizó el plexo probatorio.-
A saber las medidas de prueba producidas cuya revisión se impone en esta instancia serán señaladas a continuación.-
Los testimonios de F. A. A. a fs. 110, D. E. Ch. a fs. 112, D. S. a fs. 113 y G. G. A. a fs. 114 (todos empleados de la demandada) al ser preguntados el tipo de relación entre las partes señalan al responder a la pregunta Nro. 12. "gerente empleado, supongo", "de jefe a personal"; solamente D. S. sabía el tipo de licencia que había tenido la actora; ninguno tenía conocimiento si padecía alguna enfermedad, motivo del distracto y demás circunstancias específicas que aquí se discuten; y asimismo todos respondieron que por su parte el trato de la actora con el resto de sus compañeros y empleados laborales era bueno en general. No puedo dejar de observar en este punto que además de ser todos hombres, son empleados de la demandada, y que ninguno de ellos refirió que la actora tuviera problema de relación con sus subalternos o compañeros.-
Por otra parte las testigos M. C. R. declara a fs. 144, señala puntualmente una situación que vivió en el local comercial donde "V. A. N." se dirigió de mala manera hacia la actora a mediados del año 2010; y N. B. Z. a fs. 145, clienta de Sociedad xxxxx, también vio llorar a la actora ante una situación con "V. A. N.".-
A fs. 162/165 luce la pericia psicológica y a fs. 189/190 la respuesta a las impugnaciones referidas. El informe brindado por la experta es claro y concluyente de la patología sufrida, de stress, depresión y angustia, con origen en la relación y lugar de trabajo, y tiempo en que se habría generado -en 2010-, dando detalles con relación al porcentaje de incapacidad que verifica y sostiene en el 10%.-
Por su parte en la causa laboral que fuera ofrecida como prueba, donde se discutió la causa de despido de la actora con la firma Sociedad xxxxx, también se agregó el informe del médico Psiquiatra Dr. R. F. M., (fs. 22) donde da cuenta del tratamiento seguido a la actora, el cuadro que presentaba como así también la recomendación médica de ser trasladada a otro lugar de trabajo. En ese expediente de naturaleza laboral entre las mismas partes, el Tribunal Superior de Justicia emitió el fallo, señalando en sus argumentos que la actora vivía una situación de conflicto en el ámbito laboral y la conveniencia de modificar su lugar de trabajo (Fs. 369). En igual pieza se entendió vulnerada la integridad psíquica y moral de la actora y a la necesidad de proteger su salud; con fundamento en la normativa internacional que deviene de aplicación al caso, como lo es la Convención de Belem do Pará y la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres. Es importante tener presente que en dicha sentencia el TSJSC consideró injustamente despedida a la actora, y que dicho fallo se encuentra firme.-
Analizado el plexo probatorio aquí detallado, entiendo que existió yerro en su apreciación por parte del Juez de grado. Se ha decidido que "El mobbing supone acoso u hostigamiento del trabajador por el empleador o alguno de sus representantes, debe estar referido a un móvil que lo explique y que se exprese a través de comportamientos ligados y repetidos en el tiempo, aptos para crear en el trabajador una situación de perturbación tal que lo disminuya o lo desquicie psicológicamente. Para que se configure el acoso moral o mobbing debe darse una situación creada por una persona o grupo de personas, quienes ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática, durante un tiempo prolongado y sobre una persona en particular." (C.
G. H. C/ CONTAX S.A. SUCURSAL DE EMPRESA EXTRANJERA Y OTRO, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI, 27 de octubre de 2015, Colección: Fallos, Cita: MJ - JU - M - 99563 - AR | MJJ99563 |MJJ99563). Al igual que lo refiere el recurrente no puede desconocerse que la figura aquí en análisis resulta de difícil prueba, pues se trata de hechos que acontecen con cierta "intimidad" por parte de quien o quienes lo provocan, y el de autos no escapa a esa característica. La pericia psicológica es contundente en cuanto a que la afección existió, a los padecimientos que sufrió la actora y a su directa relación con la situación laboral. No puede dejar de señalarse que los padecimientos son coincidentes con el ingreso de V.
A. N. al lugar de trabajo, pues la actora llevaba aproximadamente diez años laborando en el lugar sin manifestar inconvenientes, es decir la problemática de la actora es contemporánea con el ingreso del demandado a la gerencia. Asimismo el médico psiquiatra -cuyo dictamen valora igualmente el TSJ- es claro en cuanto que P. P. G. se encontraba en condiciones de trabajar pero en otro ámbito laboral, como así también que los padecimientos de salud descriptos como stress, depresión, angustia, fueron originados en la época en que V. A. N. se incorpora a la sucursal donde laboraba la actora, siendo éste su superior jerárquico. Ante esta situación valoro en su justa medida los testimonios aquí brindados, donde dos clientas del lugar presenciaron concretamente hechos de violencia hacia la actora y los demás empleados de la demandada no tenían ni conocimiento del motivo de la licencia.
Se ha expresado en este aspecto que "...los testimonios vertidos por compañeros de trabajo pueden dar una exposición de los hechos pero que las mismas se encuentran condicionadas a las presiones de la propia empresa para que no revelen determinados hechos ocurridos en la organización. A veces resultan insuficientes los testimonios debido a que el hostigamiento que sufre con frecuencia la víctima es ocurrida en la intimidad, siendo de muy difícil prueba para el representante legal de la víctima ya que los testigos pueden no declarar, por ejemplo, por temor a ser despedidos." (EL MOBBING Y LOS MEDIOS PROBATORIOS EN EL PROCESO LABORAL, Autor: Mac Donald, Andrea F., 2010-06-17, Colección: Doctrina, Cita: MJ - DOC - 4757 - AR ||MJD4757).-
Como se expresara precedentemente, son situaciones que se llevan a cabo en el ámbito de la privacidad y donde los demás indicios cobran relevancia tal como se señalara. Es importante considerar en qué situación se encuentra la trabajadora víctima del mobbing o acoso moral durante el juicio; dado que la misma reviste de una fragilidad evidente debido al estado de desprotección y en condiciones menores que el acosador, aplicándose en caso de ser necesario el principio del favor probationis que se utiliza en los casos de dificultosa probanza en beneficio del más débil.
Andrea F. Mac Donald en el trabajo citado anteriormente se permite concluir que "Las diversas dificultades que deben padecer las partes en el mobbing o acoso moral en materia de prueba no deben conducir a interpretar un impedimento para las partes durante la etapa probatoria, sino que se exigen medios probatorios que orienten al juez laboral a formar una convicción evidente de los hechos expuestos por las partes durante dicha etapa. No es imposible para el juzgador dictar sentencia haciendo justicia para la víctima, quien no solo queda excluida del mercado laboral sino además su vida desvastada a consecuencia de la mera obsesión del hostigador seguido por un sentimiento de venganza injustificada".
Conclusión que es compartida en el caso. Existe un marco legal concreto que impone una metodología en la resolución del caso, cual es la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, la que en su art. 6 inc. c) dice: Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función.
Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral." Tengo por acreditado que los reiterados comportamientos de V. A. N., llegaron a ser lesivos de la integridad de la actora, por actos de maltrato, persecución y hostigamiento, que comenzaron cuando el nombrado ingresó como gerente al lugar donde laboraba la actora, revistieron la condición de reiterados y sistemáticos por parte de quien era un superior jerárquico, y que consiguieron el fin perseguido, cual fue el apartamiento de P. P. G. de su lugar de trabajo; constituyendo los rasgos característicos del 'mobbing'. La ley mencionada y la ley 24.632, conocida como "Convención de Belem do Pará" incorporan con mandato constitucional la identificación de estas situaciones con una perspectiva hacia la parte más débil de la relación jurídica, hacia grupos minoritarios o excluidos que se deben interpretar con mucho mayor énfasis en la actividad jurisdiccional que nos es propia; razón por la cual los estándares probatorios "tradicionales" no pueden dejar de lado la visión concreta del caso con la perspectiva referida.
En este orden de exposición concluyo que existió una mala interpretación de la prueba producida y que la responsabilidad de V. A. N. por sus propios hechos se encuentra acreditada, habiendo logrado la producción del daño cuya reparación se reclama (arts. 1109 y ccs. C.C.).-
Luego de esta exposición cabe que me exprese con relación a la responsabilidad de la codemandada. El art. 113 del Código Civil, hoy derogado, dice: La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. Este supuesto de imputación de responsabilidad encuentra su fuente en lo que se llama la falta de vigilancia y se traduce en omisiones en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Aquí el principal Sociedad xxxxx era la empleadora tanto de P. P. G. como de V. A. N., pudo haber tomado medidas para paliar esta situación que se vivía. Así se expide el Tribunal Superior de Justicia al fallar en la causa de despido, donde hace referencia concreta a la posibilidad de cambiar de destino a la actora. No puede desconocerse que la firma propietaria de los supermercados conocidos como Sociedad xxxxx pudo haber modificado el lugar de trabajo como solicitó la actora, realizar llamado de atención, modificar el lugar de trabajo de alguna de las personas involucradas, o asimismo realizar actuaciones internas para encauzar las responsabilidades del caso y buscar soluciones superadoras del hecho. Todo lo cual tiene como principal fundamento el mandato constitucional por el que debió velarse de "...tener condiciones dignas y equitativas de trabajo" (art. 14 CN). Encontrándose acreditada la responsabilidad de V. A. N. por sus propios hechos y obrando en el ejercicio de sus funciones, mediando una relación de dependencia con la aquí demandada ésta debe responder por los daños reclamados por haber omitido la realización de las conductas propias de quien tiene este inconveniente con el dependiente (art. 1113 CC).-
VI. Resta encuadrar la cuantificación del daño. Esta angustia, stress, tristeza, incertidumbre, entre otras emociones negativas, que vivenció la actora como las situaciones que le tocó padecer en el ámbito laboral tanto por su superior jerárquico como indirectamente por la empleadora merecen un resarcimiento económico. Este resarcimiento económico habrá de circunscribirse a lo que se denomina el daño moral, o no patrimonial como lo indica el Código Civil y Comercial, hoy vigente habida cuenta que los daños materiales y gastos médicos que solicita en la demanda no han sido materia de prueba, como también tengo presente que la indemnización de carácter material que por distracto se ha dado a la actora comprende, aunque de un modo tarifado, todos los aspectos económicos con excepción del que aquí se concede.
Se ha decidido al respecto que "El daño moral, a su vez, es la dimensión no económica del perjuicio padecido por la víctima. Comprende el dolor sufrido por el daño, las molestias del tratamiento médico y la disminución afectiva que el perjuicio proyecta hacia el resto de la vida del afectado. Cualquier disminución física - una vez computados el daño emergente y el lucro cesante, y con total independencia de ellos - genera perjuicios que se advierten en el ámbito mental y afectivo (que en una época fue llamado moral) de la víctima: pena, incomodidad, desazón, sensación de disminución, frustraciones, dificultades para desempeñarse en los más diversos aspectos de la vida." (MÉNDEZ ALEJANDRO DANIEL C/ MYLBA S.A.
Y OTRO, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala: III, 28 de abril de 2008, Cita: MJ - JU - M - 36228 - AR | MJJ36228 |MJJ36228). Los sentimientos no se encuentran en el comercio y por tal razón tampoco gozan de una valor en sí mismos, lo que impone una sana valoración en atención a la edad de la actora al momento del distracto (34 años), era sostén de hogar, lo informado por la perito al momento de expedirse con suficiente rigor científico para tener por acreditada la incapacidad que generó en la reclamante (10%), y la cantidad de años por delante de vida laboral que restan, por lo que entiendo ajustado a derecho establecer la suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 450.000). Suma que se establece a la fecha de esta sentencia debiendo aplicarse sobre dicho monto los intereses correspondientes a la Tasa activa promedio mensual que utiliza el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuentos comerciales, una vez que las demandadas incurran en mora (arts. 164, 165, 166 y ccs.
CPCC).-
Por lo hasta aquí expuesto entiendo que la sentencia no es justa y debe revocarse. Con costas a las demandadas por haber resultado vencidas (art. 68 CPCC).-
VII. En atención a la forma en que me he pronunciado sobre las cuestiones propuestas al acuerdo, y por imperio del art. 278 del código de forma, habré de regular los honorarios profesionales en ambas instancias por haberse modificado el resultado. En consecuencia regúlense los honorarios del Dr. M. N. C. por su labor en primera instancia en la suma de $ 90.000, y en segunda instancia en la suma de $ 30.000; a los Dres. R. P. y C. A. S., en forma conjunta, por la actuación en primera instancia en representación de V. A. N., en la suma de $ 70.000; a la Dra. C. A. S. por su actuación en primera instancia en representación de Sociedad xxxxx en la suma de $ 70.000, y por su actuación en segunda instancia la suma de $40.000, correspondiendo $20.000 por cada una de las partes representadas ante la Cámara de Apelaciones. Dichos montos obedecen a la labor desarrollada, duración del pleito, resultado obtenido y responsabilidad profesional, y se encuentran establecidos a la fecha del dictado de este fallo (conf. arts. 13, 18, 24 y ccs. ley 3330).- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Mario Albarrán dijo:
VIII. Coincido con la primer votante, en cuanto a que el recurso se encuentra suficientemente fundado y no debe ser declarado desierto. Asimismo por haber quedado acreditada la responsabilidad de V. A. N. en forma personal en la producción del daño moral a P. P. G., en los términos del art. 1109 del CC y en consecuencia de la codemandada Sociedad xxxxx. en los términos del art. 1113 de igual cuerpo normativo, por las mismas razones que fueron suficientemente debatidas en acuerdo con la primer votante. Adhiero asimismo a la readecuación de las costas y honorarios conforme lo dispuesto por el art. 278 del CPCC.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
IX. En atención a las razones expuestas al responder a las anteriores cuestiones propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Desestimar el pedido de deserción del recurso. 2º) Admitir los agravios de la parte actora y revocar en su totalidad la sentencia de primera instancia. 3º) En consecuencia admitir la demanda deducida por P. P. G. contra V. A. N. y Sociedad xxxxx, a quienes se condena en forma solidaria al pago de la suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos ($450.000). Debiendo realizar dicho pago en el término de diez días de quedar firme la presente sentencia conforme lo dispuesto en el considerando VI. 4º) Costas a las demandadas en ambas instancias por el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC). 5º) Regular los honorarios del Dr. M. N. C. por su labor en primera instancia en la suma de $ 90.000, y en segunda instancia en la suma de $ 30.000; a los Dres. R. P. y C. A. S., en forma conjunta, por la actuación en primera instancia en representación de A. N. V., en la suma de $ 70.000; a la Dra. C. A. S. por su actuación en primera instancia en representación de Sociedad xxxxx en la suma de $ 70.000, y por su actuación en segunda instancia la suma de $40.000, correspondiendo $20.000 por cada una de las partes representadas ante la Cámara de Apelaciones. (conf. arts. 13, 18, 24 y ccs. ley 3330). 6º) Tener presente la reserva del caso federal.-
7. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
X. Por la forma en que me he expedido a la primera cuestión entiendo justa y equitativa la propuesta que antecede adhiero a la misma.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 28 de agosto de dos mil veinte
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y doctrinarias y lo establecido en el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial
1. Desestimar el pedido de deserción del recurso.
2. Admitir los agravios de la parte actora y revocar en su totalidad la sentencia de primera instancia.
3. En consecuencia admitir la demanda deducida por P. P. G.
contra V. A. N. y Sociedad xxxxx, a quienes se condena en forma solidaria al pago de la suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos ($450.000). Debiendo realizar dicho pago en el término de diez días de quedar firme la presente sentencia conforme lo dispuesto en el considerando VI.
4. Costas a las demandadas en ambas instancias por el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC).
5. Regular los honorarios del Dr. M. N. C. por su labor en primera instancia en la suma de $ 90.000, y en segunda instancia en la suma de $ 30.000; a los Dres. R. P. y C. A. S., en forma conjunta, por la actuación en primera instancia en representación de V. A. N., en la suma de $ 70.000; a la Dra. C.A.S. por su actuación en primera instancia en representación de Sociedad xxxxx en la suma de $ 70.000, y por su actuación en segunda instancia la suma de $40.000, correspondiendo $20.000 por cada una de las partes representadas ante la Cámara de Apelaciones. (conf. arts. 13, 18, 24 y ccs. ley 3330).
7. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Jorge O. Alonso no suscribe la presente por no existir disidencia entre los firmantes y constituir mayoría.
Griselda I. Bard – Jueza de Cámara Mario A. Albarrán – Juez de Cámara Subrogante Ante mi:
Carolina Lima – Secretaría de Cámara
Fin de la sentencia