Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS POR MAYORÍA:
I. Declarar abstracto el recurso de apelación interpuesto por la ANDIS (hoy incorporada a la Secretaria de Nacional de Discapacidad dependiente del Ministerio de Salud de la Nación conf. DNU 942-2025) el día 25-6-2025 contra la resolución de fecha 11-6-2025 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. No imponer las costas de esta instancia a las partes (arts. 68 segunda parte del C.P.C.).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 185540. JUZGADO DE FAMILIA N° 2.
Mar del Plata AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: "P.R.
S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA (CUADERNILLO ART.
250 CPCC)" traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelacion deducido oportunamente
I. La Jueza titular del Juzgado de Familia N.º 2 departamental dispuso como medida cautelar que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS, hoy centralizada en Secretaria Nacional de Discapacidad dependiente del Ministerio de Salud conforme los arts. 4 y 5 del DNU Nro. 942-2025 del 31-12-2025 publicado el 2-1-2026) se abstenga de realizar toda acción que implique la baja respecto del beneficio de pensión no contributiva pro invalidez del Sr. RP.
Para así decidirlo se apoyó en los principios y la normativa que rigen el acceso a la seguridad social, la salud y la justicia para las personas en situación de discapacidad (ver resolución cautelar de fecha 11-6-2025).
II. La entonces ANDIS apeló y fundó su recurso que mereció oportuna respuesta y adhesión por parte de la Asesoría de Incapaces interviniente (ver peticiones electrónicas de fecha 25-6-2025, 29-9-2025, 26-2-2026).
III. La apelante en sus fundamentos señaló que: a) la resolución fue infundada y violó la división de poderes, b) la petición no fue bilateralizada con antelación a su dictado y lesionó el debido proceso junto con la defensa en juicio, d) no se respetó la instancia administrativa previa, e) no fueron verificados los presupuestos para su dictado.
La Curaduría contestó dichos fundamentos y solicitó el rechazo del recurso y la Asesoría de Incapaces adhirió a tal pedido (ver escritos electrónicos de fechas 29-9-2025 y 26-2-2026).
IV. La cuestión ha caído en abstracto.
1. Las cuestiones y recursos pierden relevancia y convierten en abstracto el asunto cuando se vuelven inoperantes por su falta de litigiosidad y perjuicios sobrevinientes, al haber desaparecido el interés jurídico concreto que antes tuvieran y se invocara voluntariamente. Ello sustrae el caso del ámbito recursivo del art. 242 del CPCC y torna inútil la decisión pendiente a los fines propios de la causa, por lo cual no corresponde pronunciamiento alguno en la alzada sobre el tema traído mediante el recurso bajo examen (argto. art. 242 del CPCC; esta sala "G. G. A. c/ G. A. Y. M. s/ Atribución de la vivienda familiar - Cuadernillo del art. 250 del CPCC", expediente N.° 182871, sentencia 4-9-2025, entre otros). Cabe poner de resalto, que dicha normativa no ha sido tachada de inconstitucional, razón por la cual es plenamente válida (art. 34 inc. 5° “b” CPCC). Si bien no desconozco que en supuestos excepcionales puede ser dictada aún de oficio (art. 31 CN), entiendo que en el caso resultaría prematuro expedirse sobre su validez y lo contario implicaría una declaración en abstracto (art. 116 CN; CSJN, Fallos: 343:345).
2. En el caso, la medida de no innovar atacada fue solicitada el día 23-4-2025 por la Curaduría Oficial, designada como parte del sistema de apoyo de la causante, con fundamento en las consecuencias del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) N.° 843/2024 y la resolución 187/2025 dictada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Con posterioridad a la petición cautelar pero antes de su decisión la Agencia antes citada hubo derogado la resolución 187/2025 eliminando parte de los requisitos para la reevaluación de las pensiones de la especie que recibe la causante (ver Resol. Nro. 11722/2025 del 7-5-2025). Finalmente, en fecha 24-9-2025 ANDIS, a través de la Resolución Nro. 12621/2025, restableció los beneficios de manera retroactiva al mes en que fueran dispuestas las suspensiones (ver art. 1 de la Resolución mencionada).
Considerando, entonces, que los planteos abstractos no pueden ser objeto de decisión por los órganos jurisdiccionales, si al tiempo de dictar sentencia ha desaparecido el interés jurídico concreto del apelante, no cabe pronunciamiento alguno en la presente causa (esta Sala “FKM c/ UAF s Protección contra la violencia familiar” expediente N.° 182249, sentencia de fecha 30-9-2025 entre otras, en igual sentido Sala III, “R.J.A. s/ Determinación de la capacidad jurídica, sentencia de fecha 5-11-2025).
3. Atento el modo en el que se resuelve el presente recurso no corresponde imponer costas a las partes (arts. 68 segunda parte del CPCC) Opinión personal del Juez Roberto Loustaunau: Disiento con la solución por los siguientes fundamentos.
i. Lo primero que corresponde hacer es verificar que la norma cuya aplicación se pretende sea compatible con la Constitución Nacional.
ii. El decreto que da sustento al recurso de la Agencia Nacional de Discapacidad es inconstitucional, motivo por el cual considero que su embate no puede prosperar. Propongo rechazar el recurso y confirmar la decisión apelada, por los argumentos que desarrollaré seguidamente.
ii. Esta Sala II tiene criterio sentado respecto a la consideración especial de la persona a favor de la cual se dispuso la medida, cuando “es una persona que a la luz de la legislación internacional y nacional es “discapacitada”. Ello significa que en su condición de integrante de un colectivo de personas vulnerables y desventajadas tiene derecho a que su reclamo sea evaluado a la luz de los principios, reglas, criterios y paradigmas que nutren al derecho positivo de la discapacidad, incluyendo aquellos compromisos internacionales del Estado vinculados al deber de adoptar acciones positivas para equiparar y contrarrestar los efectos negativos que se derivan de las desigualdades fácticas en las que se encuentran tales grupos desventajados (arts. 42, 75 inc. 22 y 23 de la CN, 1, 7 y cctes. de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1, 4 y 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 3 y cctes. de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad) (Causa nro.171.983 sentencia del 31.5.22 del voto del Dr. Monterisi).
“Agrego a ello que por medio de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (OEA, 1999; aprobada por ley 25.280) los Estados Partes también se obligaron a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, (art. III, inc. 1). A su turno, y ya en el plano interno, la Constitución Nacional el art. 75 inc. 23 —introducido en la reforma de 1994— dispuso que es tarea del Congreso «legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad».”
iii. El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 843/2024 (modificatorio del Anexo I del Decreto N°432/97) se aparta notoriamente de los estándares que exige la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, contrariando al menos:
1. El art. 1, en cuanto a la definición y concepción del modelo social, que entiende la discapacidad como el resultado de la interacción entre la condición de la persona y las barreras sociales, modelo que ha sido sostenido también por la CIDH en “Furlan y Familiares vs. Argentina” (sentencia del 31.08.2012) y otros precedentes posteriores. El modelo social de discapacidad contenido en la Convención que suscribió y ratificó nuestro país, presupone que las causas que la originan son preponderantemente sociales, ya que la diversidad funcional es una característica de la persona que se convierte en discapacidad como producto de las barreras sociales que restringen, limitan o impiden que esas personas puedan vivir una vida en sociedad (para los modelos ver Palacios, Agustina “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” Cermi, Edic.Cinca, Madrid 2008).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró luego en el caso "Guachalá Chimbo y ot. vs. Ecuador" (sent. del 26/03/2021, fondo, reparaciones y costas) que las personas con discapacidad son titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana y aclaró que en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y también en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se tenía en cuenta el modelo social para abordar la discapacidad, lo que implicaba que la discapacidad no se definía exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se relacionaba con las barreras o limitaciones sociales para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva (párr. 85° del fallo cit.)
El Decreto del PEN N° 843/2024 se basa exclusivamente en criterios médicos, sin atender a la discriminación estructural que enfrentan las personas con discapacidad a la hora de acceder a un trabajo; tampoco toma en cuenta los gastos adicionales derivados de la misma condición de discapacidad. En el modelo médico-rehabilitador del decreto, la discapacidad es atribuida a una patología individual que es mensurable laboralmente con criterio médico, sin tener en cuenta las exclusiones estructurales que sufren las personas, ni que el acceso al trabajo no depende de porcentajes definidos por la medicina.
La utilización de este último concepto –en caso de ser admitido como válido- traerá consecuencias evidentes a la hora de evaluar la situación del Sr. P.J. y justifica la medida cautelar dispuesta ante la violación de la CDPD, que hace peligrar el derecho del peticionante.
También el decreto 843/24 viola las siguientes normas de la CDPD:
2. El art. 4.2 que consagra el principio de progresividad y de no regresividad, esto es la obligación del Estado de adoptar medidas para la progresiva realización de los derechos reconocidos en la Convención y de abstenerse de tomar decisiones regresivas que los debiliten. El Decreto del PEN N° 843/2024 es una medida regresiva tanto desde su enfoque, al pretender reemplazar el concepto del “modelo social de discapacidad” contenido en el art.1, 2do.párrafo, de la CDPD, por el denominado “modelo médico rehabilitador” cuya regresividad se vio confirmada por la resolución 187/25 (luego derogada), al clasificar “las afecciones” e incluir expresiones como “idiota, imbécil, o débil mental”.
3. El art. 4.3 en cuanto a la exigencia de participación de las organizaciones de la sociedad civil, que impone consultas y la integración de personas con discapacidad como medida obligatoria antes de aprobar leyes, reglamentos y políticas, ya sean de carácter general o relativos a la discapacidad” , entendiendo que estas cuestiones abarcan “toda la gama de medidas legislativas, administrativas y de otra índole que puedan afectar de forma directa o indirecta a los derechos de las personas con discapacidad”. (Cfr. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General nro. 7 sobre la participación de las personas con discapacidad, CRPD/C/GC/7, 2018, párr. 15. Y 18 ; véase asimismo https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2025/05/Presentacion-ante-el-Comite-s obre-los-Derechos-de-las-Personas-con-Discapacidad.pdf).
4. El art. 28 en cuanto establece que el Estado tiene la obligación de asegurar el acceso a programas de protección social y a un nivel de vida adecuado y de brindar asistencia para enfrentar los gastos relacionados con la discapacidad. Frente a esta situación de discriminación estructural, las medidas de protección social dirigidas a las personas con discapacidad, como las pensiones no contributivas, no deben fundarse en la idea de la imposibilidad de trabajar, sino que deben considerar integralmente las barreras y las necesidades que enfrenta este colectivo para acceder a una vida digna. (Cfr. ACIJ, Pensiones por discapacidad: algunos aportes a la discusión pública https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2024/10/Pensiones-por-discapacida.-Al gunos-aportes-a-la-dicusion-publica.pdf)
Es por ello ejercer una actividad laboral no debería ser incompatible con recibir otro ingreso que compense esos gastos. Esta cuestión coloca a las personas con discapacidad en la encrucijada de acogerse al beneficio de una prestación o intentar incorporarse al mercado laboral, cuando suelen necesitar ambos ingresos (Cfr. Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, A/70/297, 2015, párr. 52. ) El Comité CDPD ha sostenido la necesidad de “asegurar que el empleo de las personas con discapacidad no las haga inelegibles para acceder a esquemas de protección por discapacidad, incluyendo las prestaciones por discapacidad”. (Cfr. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, Observaciones finales sobre el informe inicial de Polonia, CRPD/C/POL/CO/1, párr. 47(b)).
5. El artículo 19 en cuanto establece la obligación de garantizar el “Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”. El contenido y alcance de esta norma entiende a la vida independiente como una columna vertebral de los derechos de las personas con discapacidad. Los Estados deben garantizar que: a) las personas con discapacidad puedan elegir cómo quieren vivir, sin ser obligadas a un sistema en particular, b) que las personas con discapacidad cuenten para eso con los apoyos que sean necesarios a dicho fin, y c) que todos los servicios de la comunidad sean accesibles e inclusivos. El Estado debe adoptar medidas para la mejora continua de sus condiciones de vida y para garantizarles el derecho a la protección social, asegurándoles el acceso a servicios a precios asequibles, a programas de reducción de la pobreza y a asistencia financiera para sufragar gastos relacionados con su discapacidad. En el contexto del derecho a la vida independiente, la autonomía financiera, resulta un punto esencial. Las personas con discapacidad no deben solo poder “subsistir”, sino tener un nivel de vida adecuado (art. 28, CDPD). El Decreto podría llegar a poner en peligro ambas posibilidades.
iv. Lo dicho hasta aquí explica por qué no concuerdo con el punto IV párrafo 1ro. de la opinión impersonal, donde se afirma que el Decreto 843/2024 no ha sido tachado de inconstitucional “razón por la cual es plenamente válido” con cita del art.34 inc. 5to. b del CPC.
Por el contrario, a mi juicio el Decreto del PEN N°843/24 resulta palmariamente incompatible con nuestra Constitución Nacional y los compromisos asumidos en la esfera internacional mediante Tratados de Derechos Humanos que gozan de jerarquía constitucional (art. 75.22 de la CN).
Esa misma jerarquía de las normas implicadas es la que determina que se deba efectuar aún de oficio el control de constitucionalidad y convencionalidad, porque “la incorporación de los derechos fundamentales, en el nivel constitucional, cambian la relación entre el Juez y la ley y asignan a la jurisdicción una función de garantía del ciudadano frente a las violaciones de cualquier nivel de ilegalidad por parte de los poderes públicos. En efecto, la sujeción del Juez ya no es, como en el viejo paradigma positivista, sujeción a la letra de la ley cualquiera fuere su significado, sino sujeción a la ley en cuanto válida, es decir coherente con la constitución” (Ferrraioli, Luigi “Derechos y garantías. La ley del más débil”, Ed. Trotta, Madrid 2001, pag.26; ver también Monterisi, Ricardo Domingo “El derecho al recurso como garantía constitucional en el proceso civil” en LL 2011-B-767 punto III último párrafo respecto a la violación de la CADH o la doctrina de la CIDH).
Conforme ha señalado la CSJN en la causa “Perret, Liliana María y Otros c. Provincia de Buenos Aires” del 5.03.2024 “no resulta exigible una expresa petición de la parte interesada” (considerando 27 2do.párrafo del voto que hizo mayoría), por lo que entiendo que cuando el Estado Nacional ha ratificado un tratado internacional (como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por ley 26.378) y lo ha elevado a la jerarquía del art.75 inc.22 de la Constitución Nacional (art.1ro. de la ley 27.044) el control de constitucionalidad debe ser ejercido de oficio (Fallos: 335:2333), con mayor razón aun cuando el art. 4.1.d de la mencionada Convención establece la obligación del Estado de “Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella”.
Por estos fundamentos, y adhiriendo a los presentados por el Sr. Curador Oficial, corresponde rechazar el recurso de apelación de la Agencia Nacional de Discapacidad, con costas a la apelante vencida (art.68 del CPC).
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS POR MAYORÍA:
I. Declarar abstracto el recurso de apelación interpuesto por la ANDIS (hoy incorporada a la Secretaria de Nacional de Discapacidad dependiente del Ministerio de Salud de la Nación conf. DNU 942-2025) el día 25-6-2025 contra la resolución de fecha 11-6-2025 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. No imponer las costas de esta instancia a las partes (arts. 68 segunda parte del C.P.C.).
III. Registrar el presente y transcurrido el plazo del art. 267 del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU JUEZ JUEZ RODRIGO H. CATALDO JUEZ
Fin de la sentencia