Abriendo la norma
TOMO CXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8397 FOLIO Nº 167/169 PROT. ELECT. JR101013I.242
Río Gallegos, 01 de febrero de 2024.
La presente causa caratulada: “P.R. S/ HURTO” Expte. Nº 24694/22, Apelación Nº 8489/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 54/57 y vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de R.H.P., en orden al delito de “estelionato” (art. 173 inc. 9 del Código Penal); y en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000). Que a fs. 60/65 y vta., la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 69 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a fin de lograr mayor claridad expositiva, a continuación, trataremos los agravios expresados en el orden propuesto por la recurrente en su presentación.
I. Tratamiento de los agravios relativos a la valoración de la prueba reunida – presunta parcialidad: inicialmente, sostuvo la defensa que el pronunciamiento apelado no ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y carece de fundamento suficientes para sostener su postura. En idéntico sentido, observó una valoración errónea y parcializada de la prueba incorporada. En dicha línea argumental, precisó que el análisis de los indicios y las presunciones que surgen de autos, se habrían realizado únicamente en contra y perjuicio de su asistido, afectando el principio in dubio pro reo.
A su criterio, no estarían aquí acreditados los elementos mínimos constitutivos de la figura penal enrostrada, en virtud de la ausencia de testigos presenciales e imparciales que corroboren este extremo de la imputación. Aseguró que la única fuente de prueba que se verifica son los dichos de la pretensa víctima y, por lo tanto, su relato se debería analizar de manera restrictiva y con la mayor rigurosidad posible. También advirtió que no estaría acreditado en el legajo, que los hechos ocurrieran como lo manifiesta la a quo.
En otro apartado, cuestionó que se desacredite el descargo efectuado por su asistido, pues –según dijo- debió merituarse objetivamente.
Yendo concretamente a la figura enrostrada, postuló que no toda venta de cosa gravada dará lugar a la comisión de estelionato, sino sólo cuando exista ocultamiento manifiesto. En particular, entendió que el sujeto pasivo -Sr. J.O.B.-, no pudo ser víctima ni ofendido por el delito de estelionato, atento que el mismo confirmó en sus declaraciones saber que el propietario de dichos vehículos era el fallecido M.M. y, a pesar de ello, decidió llevarse los rodados en cuestión. Refirió que el conocimiento cierto o incierto, impiden que el comprador sea engañado. Puso de resalto que J.O.B. no contaba con ningún documento o recibo, que dé cuenta de una operación comercial.
Para finalizar, pidió se revoque el pronunciamiento atacado, y se disponga el sobreseimiento de su pupilo o en su defecto se dicte la falta de mérito.
Que, analizados estos primeros planteos, adelantamos, obtendrán favorable acogida.
En primer término, a fin de dotar de autosuficiencia a la presente, conviene efectuar un repaso de los hechos.
Así, la causa inicia con la denuncia efectuada por -J.J.R.-, quien señaló haber llevado el vehículo de su propiedad, marca Renault 18, dominio VTV-710 de color blanco al taller mecánico de propiedad de M.M. para efectuar unos trabajos, espacio donde lo dejó.
Al tiempo, el dueño del taller habría fallecido -sin que el denunciante se entere- quedando el vehículo en dicho predio.
Que, en tal contexto, y –aparentemente con conocimiento del hermano del fallecido M.M.- el imputado –R.H.P.- le habría entregado el vehículo en cuestión a J.O.B., existiendo controversia en cuanto a si dicha entrega fue en venta o en depósito. Así, al enterarse el denunciante -J.J.R.- del fallecimiento del dueño del taller, se presentó al mismo en busca de su rodado, y constató que no estaba, aunque se enteró que se encontraba en un predio de propiedad de J.O.B., lugar donde se apersonó en busca del automóvil. Arribado allí, el nombrado le explicó a J.J.R. que lo había adquirido del imputado R.H.P., consecuentemente, J.O.B. le restituyó el vehículo a su propietario J.J.R., y este formuló la denuncia. Entonces, retomando, la defensa se agravió pues -a su juicio- el pronunciamiento apelado no habría realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada, y carecería de fundamento suficientes para sostener su postura. En este aspecto, ciertamente, le asiste razón a la apelante, pues como veremos, los elementos valorados en el auto de procesamiento no permitirían concluir como lo hizo la magistrada. Veamos, la doctrina define al estelionato como: “… un delito patrimonial que se caracteriza por que el autor vende o grava como bienes libres los que estuvieren embargados o gravados; o bien vende, grava o arrenda como propios, bienes ajenos.” (Aboso Gustavo Eduardo; Código Penal de la República Argentina –comentado, concordado con jurisprudencia-; Ed. Bdf; pág. 1030). Recordemos que, en el supuesto bajo estudio, R.H.P. habría vendido a J.O.B. el vehículo de propiedad de J.J.R.
Teniendo en cuenta ello, para que se configure el delito endilgado al incuso, basta con el silencio u ocultación del autor sobre la calidad jurídica del bien que se vende como propio. (Christen, Adolfo Javier; Sobre el silencio y el concepto de venta en el tipo penal de estelionato; LLNOA2006 (abril), 245; Cita: TR LALEY AR/DOC/1375/2006). Al respecto se ha dicho: “El estelionato… tiene que estar dirigido a inducir a error al sujeto pasivo sobre la condición del bien del cual contrata. Ello resulta claro cuando se trata de un acto de ocultación, pero también está presente en el silencio: el agente calla para que el sujeto pasivo no conozca la condición del bien y contrate como si ella no existiera o fuera distinta." (T. O. Crim. Cap. Fed., Nº 13; 20/8/2008; "M.,A.H.", Causa Nº 2699; Penal; 2699; RC J 15161/00). Ahora bien, como acertadamente advierte la defensa, el ilícito no se habría configurado, pues el pretenso damnificado por la supuesta compraventa del rodado -J.O.B.-, declaró que el imputado le habría dicho que el propietario del bien era el fallecido M.M. (ver fs. 12 vta.), consecuentemente, si bien no fue preciso (pues el vehículo le pertenece al denunciante -J.J.R.-) tampoco habría ocultado la ajenidad del bien. En otras palabras, si no hubo ocultamiento ni silencio, no hubo estelionato. Por otro lado, las declaraciones testimoniales valoradas por la magistrada: A.F.O.O. (fs. 17/17 vta.) y J.S.B.U. (fs. 52/52 vta.), no logran demostrar que el rodado hubiera sido entregado a J.O.B. en venta, pues este mismo testigo dijo haber abonado la suma de $ 200.000 por tres vehículos (incluido el aquí denunciado); empero, también precisó que el negocio se concretó de palabra, por lo tanto, no presentó ningún instrumento que documente o acredite esa operación. Los tribunales han llegado a dictar el procesamiento por el delito de estelionato en casos como el que nos ocupa, aunque siempre acreditando la venta con algún documento, como podría ser un boleto de venta que se hubiera emitido entre las partes (véase Cámara de Apelaciones de Río Grande; Sala Penal; 26/11/2007; E.,C.; LLPatagonia. 2008 (abril), 206; Cita: TR LALEY AR/JUR/10087/2007). Aquí, según dijo J.O.B., esa venta del automotor habría sido de palabra, sin embargo, la versión fue desmentida por el imputado en su declaración indagatoria, pues allí señaló que lo entregó en depósito.
En síntesis:
- El pretenso damnificado -J.O.B.- declaró no haber sido engañado acerca de la propiedad del bien (es decir no se habría vendido como propio lo ajeno).
- Tampoco se acreditó que el imputado hubiera vendido el bien de J.J.R. a J.O.B., pues no se adunaron documentos que acrediten la existencia de ese negocio.
Por otro lado, acierta la Sra. defensora al señalar que no fue correctamente valorada la declaración del imputado, es decir, contrastada con el resto de las pruebas, pues allí aseguró no haber mentido u ocultado acerca de la condición del bien, lo que coincide con lo declarado por el propio damnificado. Sobre el particular, se ha dicho que el derecho del imputado a ser oído, incluye el derecho a controlar la prueba de cargo, probar los hechos que invoca, valorar la prueba y exponer las razones de hecho y jurídicas para obtener una sentencia favorable. (Maier, Julio B. J.; "Derecho Procesal Penal"; Editores del Puerto SRL; 2002; t. I, pág. 547, y t. II, págs. 196 y ss.). Que, lo señalado, genera un ámbito propicio para la duda. En este aspecto, se sostuvo: “La falta de mérito para procesar o sobreseer debe ser decretada, si es pertinente en la investigación evacuar las citas efectuadas por el imputado en su descargo, en tanto algunas de las circunstancias por él señaladas habrían sido corroboradas mediante documentación agregada al expediente.” (CNCrimCorr., sala VI, V., A. M. s/ procesamiento, 10/08/2015, LA LEY, 2016-A, 122; DJ 02/03/2016, 56, AR/JUR/29171/2015). En función de lo expuesto, entendemos, se debe revocar el auto apelado, debiendo estarse a lo previsto por el art. 292 del CPP.
II. Por último, atento lo resuelto, deviene abstracto el tratamiento del planteo relativo al monto de embargo dispuesto con el procesamiento.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. REVOCAR el auto glosado a fs. 54/57 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden, debiendo estarse a lo previsto por el art. 292 del CPP.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia