Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto, compartimos el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por el a quo para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida, siendo consideración de esta Alzada que se encuentra debidamente motivada la medida cautelar.
Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incuso.
II. Perspectiva de derechos:
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.298 FOLIO Nº 123/126 PROT. ELECT. JR101 446I.261
Río Gallegos, 30 de septiembre de 2026.
La presente causa caratulada: "P.O.R. S/ LESIONES LEVES CALIFICADAS POR EL VINCULO, Expte. Nº 29735/26 - Apelación JR Nº 10350/26, venidos a despacho para resolver y de las que;
Que a fs. 85/91 vta. obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de O.R.P., en orden al delito de “Lesiones leves calificadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género” (arts. 89 y 92, en función del art. 80 inc. 1 y 11 del Código Penal) y en tanto que en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del nombrado por la suma de pesos tres millones ($3.000.000).
Que a fs. 116 y vta., la defensa apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 122 sostuvo el recurso y, habiéndo presentado el memorial regulado en el art. 437 del C.P.P. a fs. 124/127 vta., quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó en su primer agravio una insuficiente acreditación del elemento normativo “violencia de género”, en tanto la resolución da por configurada la agravante a partir del sólo vínculo de pareja, sin acreditar en concreto la relación desigual de poder que dicha calificante requiere.
En su segundo agravio, pondera una errónea valoración de la declaración indagatoria, al interpretarse como reconocimiento de una agresión de su parte un relato que describe la situación inversa, omitiéndose el análisis de la hipótesis alternativa de un forcejeo recíproco en torno a las llaves del vehículo.
En el tercer agravio, hace alusión a un insuficiente respaldo pericial del mecanismo lesivo atribuido en tanto las lesiones constatadas en el certificado y en la historia clínica resultan compatibles con más de una hipótesis fáctica, sin que exista informe médico-legal que las vincule con la versión de la denunciante.
En un cuarto agravio, alega una utilización indebida del resultado de alcoholemia como elemento corroborante del hecho investigado, pese a que la propia resolución reconoce que dicho resultado no constituye por sí mismo un elemento demostrativo de la agresión.
En su quinto agravio, critica la valoración del testimonio de A.P. dado que omite ponderar que en su relato ubica el origen del conflicto en la disputa por las llaves, circunstancia que morigera el cuadro de aprovechamiento de una relación de poder invocada en el auto.
En su último agravio, destaca la arbitrariedad y falta de motivación del monto del embargo dispuesto, por no encontrarse desagregados los rubros que lo integran.
Quedan de esta forma plasmados los agravios a analizar.
Entrando en el análisis de los agravios expuestos, en torno al contexto de violencia de género en que son encuadrados hechos como los presentes, es sostenido por los tribunales que “La investigación penal en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer debe incluir la perspectiva de género…” (-del dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte, por mayoría, hace suyo- CSJN, 29/10/2019; R., C. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 63.006 del Tribunal de Casación Penal, sala IV; SJA 04/12/2019, 04/12/2019, 37 - LA LEY 21/01/2020, con nota de Hernán G. Bouvier; LA LEY 10/02/2020, 11).
En un reciente fallo se dijo: “El juzgar con perspectiva de género propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género… Para determinar si el hecho imputado debe quedar comprendido o no en los términos de la “Convención de Belem do Pará” el juzgador debe analizar y ponderar necesariamente, el contexto fáctico y jurídico, esto es, circunstancias anteriores y concomitantes, al ilícito en juzgamiento” (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Altuve, Carlos Arturo –Fiscal ante el Tribunal de Casación- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa nº 87.316 del Tribunal de Casación Penal Sala V; 18/08/2020; La Ley online; Causa: P. 132.936; Cita Online: AR/JUR/33210/2020).
En razón del marco legal, tanto internacional como nacional, sumada la amplia opinión de los tribunales, es que consideramos que se encuentra debidamente contextualizada la presente investigación en un marco de violencia de género, bajo la modalidad de violencia física.
Consideramos que existe en el sumario una connotación de violencia de género, al mantener las partes una relación de pareja, evidenciándose una desigualdad de poder al ejercerse la violencia física dentro de la modalidad de violencia doméstica, conforme lo establece los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 26.485.
En tal sentido, podemos concluir que pese a las dificultades propias de la investigación de este tipo de delitos, consideramos se han logrado reunir elementos –que analizados a la luz de la sana crítica racional y con perspectiva de género– resultan suficientes para arribar al dictado del procesamiento del imputado, en función de la probabilidad requerida en esta etapa del proceso. De esta manera, entendemos que el presenta agravio tampoco prosperará, toda vez a que el Sr. Juez se abocó al análisis conjunto, armónico y concatenado de los elementos probatorios reunidos en la causa, logrando tener por corroborado y robustecido -con grado de probabilidad- el relato de la víctima con el resto de la prueba analizada, viéndose obligado a dictar resolución con perspectiva de género.
En cuanto a la crítica relativa a la valoración que hiciera el a quo del descargo del imputado volcado al momento de recepcionarle declaración indagatoria, en primer término se puede observar, de la lectura del auto recurrido, que el magistrado tuvo en consideración el mismo, analizándolo y confrontándolo con las piezas probatorias, y dando las razones de su parecer.
De esta forma, encontramos que el resolutorio de instrucción se encuentra debidamente fundado cumpliendo acabadamente con los requisitos de la legislación al efecto. Sobre el particular la doctrina ha manifestado, y de forma por demás ilustrativa, que "...Primeramente, se impone señalar que no es cuestionable que un juez descrea del relato de descargo del imputado frente a pruebas objetivas que conduzcan a cuestionar su verosimilitud. De otro modo, sería suficiente para el imputado ensayar cualquier argumento de defensa para lograr su impunidad. Lo que la Corte señala con justeza es que el juez debe mantener ab initio una posición "neutral" acerca de dicho relato, es decir, considerar que éste puede ser cierto y, a partir de éste, aunarlo con la prueba existente en el caso. En palabras sencillas: "tomarse en serio" la versión de los hechos expuesta en palabras por el imputado. Este equilibrio que se le exige al tribunal para mantener indemne su imparcialidad es difícil de controlar en la práctica, ya que permanece en el fuero íntimo del juzgador. Sin embargo, constitucionalmente el órgano jurisdiccional en el momento de valorar esos dichos debe exteriorizar sus razones; de otro modo, esa decisión no sería válida. Ello es propio de la obligación del juez de fundar sus resoluciones por mandato legal y constitucional. Y allí es donde es posible ejercer el control sobre la decisión. (...) El imputado no está obligado a hablar y su silencio no es presumible en su contra; no obstante ello, cuando lo hace, debe soportar el análisis que hace el juzgador de sus palabras, sus lagunas, sus incongruencias e inconsistencias argumentativas y las demás circunstancias que, sumadas al resto de la prueba, le otorguen mayor o menor credibilidad a ese relato. No se advierte violación constitucional en esta tarea que efectúa el magistrado. En síntesis, en este caso, se valoró y analizó lo que dijo el imputado en las oportunidades en las cuales habló y no en las que calló. (El principio in dubio pro reo y la valoración del descargo del imputado en el proceso penal. algunas consideraciones sobre la sentencia absolutoria dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la llamada "Masacre de Pompeya" (caso "Carrera"). Lanzón, Román P. - DPyC 2017 (julio) , 30).
En los presentes el magistrado dio las razones por las que descartaba lo expuesto por el incuso al momento de su defensa. Como bien fuera analizado por el a quo, el descargo del imputado guarda similitudes en cuanto a la relación fáctica, con lo testimoniado por la denunciante; con ausencias en lo referente a las circunstancias que rodearon las lesiones a la damnificada.
No consideramos que fuera mal interpretado su relato, sino por el contrario, fueron analizadas adecuadamente sus palabras, en función de cómo se fueran desarrollando los hechos denunciados; ello en atención a todos los relatos recabados durante la investigación. En cuanto al agravio relativo a un insuficiente respaldo probatorio, disentimos con la defensa.
Entendemos que los elementos probatorios detallados en el auto recurrido y que conforman el plexo cargoso resultan de una entidad suficiente para tener por demostrada la materialidad de los sucesos investigados, así como la responsabilidad que le corresponde al incuso de autos.
En esta línea, resulta oportuno hacer referencia al testimonio brindado por la damnificada en sede policial y ante personal judicial. En ambas oportunidades su relato resultó contundente y coherente al especificar la secuencia en cómo se desarrolló el accionar de su pareja.
Su relato cuenta con numerosos detalles, que fueron luego corroborados por las referencias que efectuara su hija, al brindar testimonio sobre lo presenciado. Y de igual manera, por los informes médicos labrados sobre la humanidad de la denunciante, cuyas lesiones constatadas resultan armónicas a su relato.
Y de la misma manera, lo relatado por los efectivos policiales que acudieron ante el requerimiento policial de la hija en virtud de lo que estaba sucediendo en su domicilio, detallaron el estado en que encontraron a la damnificada, conformando un indicio más que da contundencia a lo denunciado.
Es así, que no consideramos que dichas piezas probatorias, resulten insuficientes a los fines de la atribución de responsabilidad, a la luz de la probabilidad que reclama la presente etapa procesal.
En virtud que el presente caso se trata de un hecho que encuadra dentro de la categoría de violencia de género, las pruebas anexadas deben ser valoradas con dicha perspectiva, en línea con la obligación contraída por el Estado Argentino en el marco de los tratados internacionales y las leyes dictadas al efecto en el ámbito nacional, como fuera realizado por el magistrado de instrucción.
En su cuarto agravio la defensa hace alusión a una indebida utilización del certificado de alcoholemia efectuada a su defendido, haciendo referencia al criterio del magistrado sobre que el mismo no es un instrumento demostrativo de la lesión.
Sin perjuicio de la facultad que le asiste a los jueces para la apreciación de la prueba conforme los parámetros de la sana crítica racional, de la lectura de los fundamentos del resolutorio recurrido, se advierte que el resultado del examen de alcoholemia no fue considerado como elemento destinado a acreditar las lesiones, sino que fue ponderada como un elemento indiciario más, que corrobora lo relatado por una de las personas que se encontraban presentes al momento del hecho, valorado en forma conjunta con las restantes constancias de la causa y corroborando las manifestaciones efectuadas por una de las personas que se encontraban al momento del hecho. Como bien lo manifiesta la defensa, el magistrado no analiza el mencionado test de alcoholemia a los fines de la acreditación del delito de lesiones.
Sobre el cambio del origen del conflicto que postula la defensa, no se logra distinguir de qué forma dicho razonamiento implicaría una merma de responsabilidad en los hechos que se le atribuyen a su defendido.
El motivo que habría originado el conflicto entre los justiciables, esa circunstancia por sí sola, no resulta determinante a los fines de establecer la responsabilidad por las lesiones atribuidas. Si bien el contexto en que se desarrollaron los sucesos puede resultar relevante para reconstruir la dinámica del hecho y determinar la intervención que le cabe, lo sustancial se centra en determinar la conducta desplegada por el imputado, y su relación causal con el resultado lesivo.
En tal sentido, el cambio que propende la defensa, no representa por sí misma, una equiparación en la relación de poder que se vislumbra en el hecho analizado, ni tampoco excluye la responsabilidad derivada del accionar violento.
Sobre el cuestionamiento al monto del embargo, entendemos que no prosperará, debiendo aclararse que el embargo es una prescripción legal expresa (art. 499 del CPP) de naturaleza cautelar y estimativa. Siendo su fin garantizar la eventual pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso (tasa de justicia y honorarios).
La jurisprudencia es mayoritaria al sostener que: “A los fines de establecer el monto de embargo... debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV, “D.Y., C.F.”, 17/09/2009). Asimismo, el quantum fijado se exhibe como razonable para garantizar esos fines (CNCrimyCorrec, 06/02/2024, TR LALEY AR/JUR/33938/2024), máxime considerando el carácter provisional de la medida y el orden de prelación establecido en los arts. 29 y 30 del Código Penal.
De igual manera es conteste la jurisprudencia en afirmar que: “En cuanto al embargo, previsto por el artículo 518 del C.P.P.N., su monto debe ser suficiente para cubrir la eventual indemnización civil por daños y perjuicios derivados del delito reprochado y las costas del proceso, que en el caso las componen los honorarios de los letrados actuantes y el valor de la tasa de justicia (artículo 533, ibídem)” (CCC 85/2022/CA2 - “ACUÑA, C. A. s/ Sobreseimiento” – CNCRIM Y CORREC – SALA IV – 08/11/2024 elDial.com - AAE529).
Por lo expuesto, compartimos el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por el a quo para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida, siendo consideración de esta Alzada que se encuentra debidamente motivada la medida cautelar.
Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incuso.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 85/91 vta. de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFIQUESE a las partes mediante SNE.
3. TÉNGASE PRESENTE la reserva del caso federal.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUELVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia