Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Pergamino
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto y en consecuencia confirmar la sentencia de primera instancia.-
Las costas de Alzada se imponen en el orden causado (arts. 68/9 del CPCC).-
Registro N° 139 / 2013 Fojas 718.
En la ciudad de Pergamino, el 22 de octubre de 2013, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Pergamino, para dictar sentencia en los autos N° 1862-13 caratulados "P, O R C/ M, Y V S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS", Expte. Nº 2894 del Juzgado de Familia Nº 1" se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres. Roberto Manuel DEGLEUE, Graciela SCARAFFIA y Hugo Alberto LEVATO, encontrándose el Dr. Hugo Alberto LEVATO en uso de licencia extraordinaria (art. 1º Ac. 2937) al momento del Acuerdo, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la PRIMERA CUESTION el señor Juez Roberto Manuel DEGLEUE, dijo:
El juzgador primero concedió en forma total el beneficio de litigar sin gastos solicitado por el Sr. O R P quien podrá oponerlo a la Sra. Y M en el juicio caratulado "P O Rc/ M Y s/ Règimen de Visitas", expte. Nº 2922 del Juzgado de Familia, imponiendo las costas a la demandada vencida.- Disconforme con lo decidido, la accionada dedujo recurso de apelación, concedido a fs. 99, fundado por intermedio de la pieza obrante a fs. 92/103, cuyo traslado fue respondido a fs. 100/1.-
A fs.111 se dicta la providencia de autos para resolver, la que encontrándose firme, habilita el tratamiento del recurso deducido.- Dice la quejosa que la sentencia es "arbitraria por inconstitucional", que se funda "en afirmaciones dogmáticas prescindentes ... de toda prueba", afirmando que se ha efectuado una errónea valoración del material probatorio. Señala que el peticionante no precisó en la demanda cuáles eran las acciones judiciales para las que solicitaba la franquicia, afirmando que el juez excedió el límite de sus posibilidades interpretativas, al haber suplido esa omisión mediante la consulta a registros del sistema informático y otorgando el beneficio para el proceso que emerge de tales archivos. Manifiesta que el requirente acompañó con el escrito inicial fotocopias simples carentes de valor probatorio alguno y la prueba testimonial aportada por el mismo -dice- resulta insuficiente.
He de comenzar por analizar el agravio relativo a la forma en que el peticionante identificó la causa para la que se solicitara la franquicia. En el punto II del escrito de demanda, consignó que iniciaba las presentes actuaciones tendientes a obtener el Beneficio de Litigar sin Gastos a su favor, "en la acción que mi mandante -el Sr. P- ha iniciado contra Y V M", solicitando su radicación en el Juzgado de origen por tramitar allí el expediente Nº 1923 que por alimentos incoara la aquí demandada contra el actor (fs. 27 y vta.).
Ello así, no habiéndose negado que la única causa iniciada por el Sr. P contra la demandada es la que constaba al momento de dictarse el resolutorio apelado en los archivos del sistema del Juzgado, razones de economía procesal (art. 34 inc. e) CPCC), imponen el rechazo de la queja sobre el punto. Es que el modo de conjugación del verbo utilizado por el peticionante en la frase transcripta en el párrafo anterior -"he iniciado"- es el pretérito perfecto, que se usa para indicar acciones realizadas en el pasado que perduran en el presente. Y si no existía en ese momento otro juicio iniciado por el peticionante contra la Sra. M en el Juzgado de origen, por una cuestión de lógica no cabe lugar a dudas que el mismo aludió a ese único proceso. En tales condiciones resultaría un exceso ritual manifiesto rechazar la pretensión por tal causa como impetra la quejosa (arg. arts. 34 inc. 5º e), 345 inc. 5º, 352 inc. 4º y ccs. CPCC).
Reiteradamente esta Alzada ha señalado que el otorgamiento del beneficio de pobreza tiene como objetivo mantener las garantías constitucionales de defensa en juicio e igualdad ante la ley (arts.18 y 16 Const. Nac. y 15 y 10 de la Const.. Priv.), siendo sus requisitos la necesidad de defender los derechos propios y la carencia de recursos del solicitante a cuyo cargo queda la acreditación de la insuficiencia invocada, debiendo arrimar toda la prueba indispensable acorde con las exigencias del art. 79 del ritual. En consecuencia debe ser acordado cuando el peticionante no posee medios suficientes para costear el juicio, aunque su estado no sea de absoluta insolvencía o indigencia, y aunque tenga lo indispensable para obtener sustento (confr. causas C 3255 RSI 85/00 ; C 6134 RSD 22/08) . Al peticionante incumbe la carga probatoria de la insuficiencia de recursos que alega y la contraparte, si pretende controvertir circunstancias relativas a la capacidad económica discutida, asume su propia carga, debiendo aportar los hechos positivos que pusieren de manifiesto la existencia de otros recursos. No se invierte la carga sino que se exige a cada uno la acreditación de lo que invoca (arts. 384/5 y 391 inc. 3 del CPCC; confr. este Tribunal causa Nº 1250 RSI 126/12). La concesión del beneficio de litigar sin gastos exige una condición de temporaneidad, debiendo apreciarse la limitación de recursos para acceder a la órbita jurisdiccional, al momento de deducirse la petición.
En atención a que "Para decidir, los jueces se encuentran habilitados para considerar las pruebas producidas sin importar quien las trajo a los autos, pues ello hace al denominado "principio de adquisición" en cuya virtud los resultados de la actividad procesal que realizan las partes dentro del proceso, se logran para éste, al margen de quien haya producido los actos respectivos y de la distribución de la cargas de la afirmación y de la prueba; no pudiendo pretender las partes que el juzgador al dictar su fallo prescinda de alguna de las pruebas si consintieron su agregación en el juicio" (CC0001 QL 11070 RSD-29-9 S 29-4-2009, C0001 QL 12558 RSD- 81-10 S 24-11-2010, JUBA B2904316), corresponde el análisis de todos los elementos arrimados por las partes a la causa.
Para resolver, se señala que la demandada al tomar intervención en autos no sólo ha argumentado sino que ha ofrecido prueba documental (ver escrito de fs. 67/73, especialmente punto VI, a fs. 73 vta.), correspondiendo entonces examinar el material probatorio aportado por ambas partes (art. 266 CPCC).
Según surge de lo actuado, al tiempo de iniciar el presente incidente el actor se desempeña como empleado en el Supermercado Día, y alquila la casa en la que habita, pues sobre tales circunstancias no existe controversia entre las partes (fs. 27/8, 70/3 vta.).
La prueba testimonial ofrecida por el peticionante indica que el mismo no posee bienes inmuebles ni automotores, y que su nivel de vida es más bien modesto (fs.6/8, 51/2, 64). Cabe destacar además que son contestes en tales circunstancias los testigos ofrecidos por el Sr. P en la causa de alimentos. Se advierte que allí ha declarado como tal el Sr. P E G (fs. 177/7vta. de expte.Nº 1923) -quien también prestara declaración a fs. 6 y 51 del presente trámite-, y en aquella causa ha afirmado que el actor posee dos hijos con una anterior pareja que viven en la ciudad de Corrientes y a los que también pasa alimentos. Respecto a esta última circunstancia es conteste el testigo A G M (fs. 178/vta. de expte. Nº 1923).-
En relación a las las copias de la documental glosadas a fs. 22/3, 17/vta. y 11/12 del presente trámite por el solicitante, he advertido que se corresponden con las constancias glosadas en la causa Nº 1923 "M Yanira V c/ P O R s/ Alimentos", en trámite ante el Juzgado de Familia departamental, donde han sido expresamente reconocidas por la aquí demandada, que reviste la calidad de actora en dicha causa (ver fs. 132 del expte.Nº 1923): esto es los certificados de nacimiento de los otros dos hijos del aquí actor M.N.P, nacido el 19 de febrero de 2003, y N.T.P, nacido el 2 de julio de 2001, el convenio de cuota alimentaria y régimen de visitas, resumen de Tarjeta Naranja (ver fs. 112/3, 103 y 100/101 del expte. Nº 1923). En atención a que dicho expediente ha sido aquí ofrecido como prueba por la Sra. M (ver fs. 73 vta., punto VI), por aplicación de la doctrina de los propios actos, resulta inadmisible que la misma en estas actuaciones desconozca las fotocopias de dicha documental cuando su propio reconocimiento emerge de la prueba que aquí ha producido (ver fs. 70/3 vta., especialmente fs. 70 punto II y fs. 73 vta., punto VI, ap. 2 de este expte.). -
Respecto del resumen de la cuenta perteneciente al expte. "M Y c/ P O s/ Alimentos" -referido en el párrafo anterior-, acompañado a fs. 67 por la accionada, no habiendo sido desconocido por el actor ha de tenérselo por reconocido. Del mismo surge la existencia de dos depósitos el 4/7/12 por la suma de $ 1.627,01 y el 6/8/12 por $ 1379. Y, dado que en la resolución dictada el 12/3/12 obrante a fs. 122/3 de la causa de alimentos se dispuso fijar una cuota provisoria mensual de alimentos a favor del niño M.P. del 15% del monto resultante de deducir de los haberes brutos del demandado sólo las retenciones legales obligatorias, luego de efectuar las operaciones pertinentes advierto que las sumas depositadas en autos corresponden a retenciones practicadas sobre los montos de $ 10.846 y $ 9.193, respectivamente. Ello así, aparece correcto el monto de ingresos netos estimado por la accionada a fs. 71 vta. de aproximadamente $ 10.000.- Sin embargo, debe considerarse que la norma no exige falta de bienes sino insuficiencia de recursos y en la especie, aún cuando el sueldo del Sr. P asciende a tales sumas, no puede considerarse que excedan los gastos de subsistencia. Es que en el presente caso debe considerarse no sólo el elevado costo real de los insumos que componen la canasta familiar - que es público y notorio-, sino también aquellos gastos fijos que el solicitante debe afrontar, cuya existencia ha quedado acreditada en autos. Así, carece de vivienda propia y debe solventar el gasto de alquiler del inmueble en el que vive -siendo ostensibles los elevados precios existentes en plaza por tal rubro-; posee un embargo sobre el 15% de su sueldo decretado por alimentos provisorios en la causa Nº 1923 que tramita entre las partes, y además posee obligación alimentaria respecto de sus otros dos hijos menores, y el hecho de que éstos residen en la ciudad de Corrientes, ubicada a más de 800 km de Pergamino, permite inferir también la existencia de gastos tanto por el ejercicio del derecho de visitas en relación a los mismos como de comunicación con ellos. Cabiendo presumir que en su totalidad, los rubros indicados representan una proporción importante de los ingresos del peticionante (arts. 78 y ccs., 375, 384, 385 y ccs. del CPCC). - Concluyo entonces que la prueba en examen resulta suficiente para alcanzar al convencimiento acerca de la verosimilitud de la total insolvencia del peticionante para afrontar la erogación que se pretende subsumir en la franquicia. -
Por los motivos hasta aquí expuestos propongo se confirme el pronunciamiento de primera instancia. Sin embargo, en atención a que la sentencia se confirma por distintos fundamentos y dadas las particulares circunstancias que se dan en la causa, propongo que las costas de Alzada se impongan por su orden (arts. 68/9 del CPCC).-
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión la Sra. Jueza Graciela SCARAFFIA por análogos fundamentos votó en igual sentido.-
A la SEGUNDA CUESTION el Sr. Juez, Roberto Manuel DEGLEUE dijo: de conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es: Rechazar el recurso interpuesto y en consecuencia confirmar la sentencia de primera instancia.-
Las costas de Alzada se imponen en el orden causado (arts. 68/9 del CPCC).-
ES MI VOTO.
A la misma cuestión la Sra. Jueza Graciela SCARAFFIA por análogos fundamentos votó en igual sentido.-
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
Rechazar el recurso interpuesto y en consecuencia confirmar la sentencia de primera instancia.-
Las costas de Alzada se imponen en el orden causado (arts. 68/9 del CPCC).-
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.-
Roberto Manuel DEGLEUE Presidente Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Dpto. Jud. Pergamino Graciela SCARAFFIA Jueza Stella Maris Albani Secretaria
Fin de la sentencia