Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Absolver de PENA a P. C. A., de las demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden al delito de ROBO CALIFICADO POR SER COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA EN GRADO DE TENTATIVA art. 167 inc. 2°,41 quater y 42 del Código Penal, por el que oportunamente se declaró su responsabilidad penal.
2Dejar sin efecto las medidas cautelares que subsistieren en autos, librándose las comunicaciones pertinentes a los registros correspondientes.
LIBRO: CIV REGISTRO: 3539 FOLIO: 111/113
RIO GALLEGOS, 19 de octubre de 2026.
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, presidida por el Dr. Jorge Daniel Yance, e integrada por la vocal Dra. María Alejandra Vila - titular- y el vocal Dr. Carlos E. Arenillas-subrogante-, actuando como secretaria la Dra. María Fernanda Tuñon, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “P. C. A. S/ ROBO CALIFICADO POR SER EN POBLADO Y EN BANDA EN GRADO DE TENTATIVA" Expte. Nº 8046/23, y definir la situación procesal de P. C. A., hijo de R. y de M. D. C. H., de nacionalidad argentina, nacido el **/**/2004 en Río Gallegos, Santa Cruz, de estado civil soltero, alfabeto, empleado, titular del D.N.I N° **.***.***, domiciliado en DIRECCION de esta ciudad, quien se encuentra asistido por el Defensor Oficial Dr. Emin Charif Sat, estando la Fiscalía de Cámara a cargo de su titular, la Dra. María Verónica Zuvic y;
Que en las presentes actuaciones ha recaído sentencia en fecha **/**/2025, conforme consta a fs. 380/384, mediante la cual se declaró la responsabilidad penal de P. C. A. en orden al delito de robo calificado por ser en poblado y en banda en grado de tentativa, previsto en el art. 167 inc. 2°, 41 quater y 42 del Código Penal. En esa oportunidad, conforme lo dispuesto por la Ley 22.278 - texto según Ley 22.803- , se difirió el análisis relativo a la necesidad de imponer pena hasta contar con informes actualizados de antecedentes, evaluación psicológica y psiquiátrica, y un amplio informe socioambiental.
Teniendo en cuenta que se ha agregado la documental y la información necesaria, la presente causa se encuentra en condiciones de determinar la necesidad o no de imponer pena, fijando este Tribunal las siguientes cuestiones a tratar:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es necesario imponer pena al imputado en orden al delito por el cual se declaró su responsabilidad penal?
Al respecto el Tribunal dijo:
A fs. 388 se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental respecto del imputado, se requirió los antecedentes actualizados al Departamento Judicial Policial y la realización de una pericia en los términos del art. 71 del CPP.
Agregados que fueron dichos informes a fs. 442/443 y 449/450, se corrió vista a las partes, a los fines que se expidan con relación a la aplicación de sanción en la presente causa.
La Dra. María Verónica Zuvic a fs. 453/454 mencionó “... nos encontramos frente a un joven de 21 años que no registra antecedentes condenatorios. De las pericias incorporadas surge que presenta limitaciones significativas en el aprendizaje formal, con importantes dificultades en lecto escritura, un funcionamiento intelectual descendido y un escaso nivel de escolarización, habiendo concurrido a un establecimiento de educación especial... No obstante ello, conserva aptitud para comprender la ilicitud de sus actos, distinguir las conductas permitidas de aquellas prohibidas por la ley y participar activamente del proceso judicial.."
Asimismo valoró del informe social, que P. C. A. no se encuentra inserto en el sistema formal de trabajo y que convive con su grupo familiar, desarrolla tareas de albañilería y panadería, no concluyó sus estudios primarios, marcando esto un contexto de vulnerabilidad social y educativa.
Por otra parte, refiere un procesamiento sin prisión preventiva en otra causa penal, no obstante valorando sus condiciones personales acreditadas y la ausencia de una declaración de responsabilidad penal o condena firme, es que entiende que no resulta suficiente para demostrar la necesidad actual de imponer una pena Por todo ello, considera que debe absolverse a P. C. A. de la imposición de pena por el delito que se le enrostra, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4º, último párrafo, de la ley Nº 22.278.
Posteriormente, a fs. 456 el Dr. Sat a cargo de la defensa del imputado expreso: “...sin perjuicio que no ha transcurrido el término de un año desde que se ha declarado la responsabilidad penal de mi asistido, comparto lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal y en consecuencia solicito se absuelva de imponer pena a P. C. A...."
Asimismo, conforme surge de fs. 458 y vta, la Dra. Natalia Barria en su carácter de representante complementaria manifestó "...teniendo en consideración que la posible imposición de pena conforme lo sugerido por la agente fiscal podría acarrear mayores consecuencias disvaliosas contrarias a los fines de la integración social que surge de la ley 22278 y desde una mirada de convencionalidad conforme previsiones del art. 40 de la CDN que en igual sentido persigue idénticos fines y propósitos, se sugiere absolver al joven P. C. A. de la aplicación de pena conforme lo dispuesto en el art. 4 último párrafo de la ley 22278…”.
Del informe socioambiental elaborado por la perito Silvia Hernández surge que P. C. A. no finalizó sus estudios secundarios y que, si bien actualmente no cuenta con una inserción laboral formal, refirió desempeñarse en tareas vinculadas al rubro de la albañilería y venta de pan con sus familiares, convive con un importante grupo familiar También manifestó que no cuenta con DNI y que actualmente tramita la obtención del CUD por un retraso madurativo; agrega que sus ingresos monetarios resultan insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas y que su padre es el principal proveedor del grupo familiar conviviente. La profesional destacó, además, que durante la entrevista presentó una actitud colaborativa y predispuesta, desarrollándose el encuentro en un clima adecuado, evidenciándose dificultades para la comprensión y confusión respecto del tiempo. Asimismo, del informe psicológico incorporado se desprende que no se observan indicadores que permitan inferir la existencia de alteraciones psicopatológicas que le impidan comprender la ilicitud de los actos o establecer una adecuada comunicación con su defensa técnica.
Agrega que presenta limitaciones cognitivas y severas dificultades en el área académica, compatibles con un funcionamiento intelectual descendido. A ello se suma que del informe de antecedentes obrante en autos no surge que P. C. A. registre condenas penales.
En este punto corresponde recordar los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Maldonado”, en cuanto sostuvo que la pena impuesta a una persona por un delito cometido mientras era menor de edad debe responder a una finalidad preponderantemente resocializadora, conforme lo estipulado en el art. 40 inc. 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño. En particular, el Máximo Tribunal señaló que la “necesidad de la pena” prevista en el régimen de la Ley 22.278 no puede ser equiparada a la gravedad del hecho ni a criterios de peligrosidad, sino que debe vincularse con la finalidad de promover la reintegración social del joven y que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
Bajo tales parámetros, no corresponde imponer pena por la sola gravedad del delito por el cual se declaró la responsabilidad penal, ni por consideraciones abstractas de prevención general. La decisión debe centrarse en si, al momento de resolver, la sanción conserva una finalidad concreta, útil y necesaria en función de la evolución personal del joven, de los informes incorporados y de las circunstancias verificadas en autos. En el caso concreto, P. C. A. cometió el hecho durante su minoridad, circunstancia ya establecida al declararse oportunamente su responsabilidad penal bajo el régimen de la Ley 22.278. Por ello, el análisis debe mantenerse dentro del marco propio del sistema penal juvenil, orientado por los principios de especialidad, mínima intervención y finalidad socioeducativa.
Los informes agregados no permiten concluir que la imposición de una pena resulte actualmente necesaria. Por el contrario, dan cuenta de un joven sin condenas registradas, con referencias de actividad laboral informal, con una evidente vulnerabilidad socio económica y sin indicadores psicológicos que revelen una necesidad específica de intervención punitiva.
Tampoco puede perderse de vista lo señalado por la defensa y por la Representante Complementaria en cuanto a que las estrategias institucionales desplegadas durante el tratamiento tutelar aparecen limitadas. Esa insuficiencia estatal no puede traducirse, sin más, en un fundamento para imponer pena, pues ello desnaturalizaría la finalidad del régimen penal juvenil y trasladaría al joven las consecuencias de una intervención estatal deficitaria.
Por todo ello, y de conformidad con lo dictaminado por la defensa y la Representante Complementaria, corresponde concluir que no se encuentra acreditada la necesidad actual de imponer pena a P. C. A. por el hecho cometido durante su minoridad y respecto del cual ya se declaró su responsabilidad penal.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Al respecto el Tribunal continuó diciendo:
Por todo lo expuesto, oídos los Ministerios Públicos y por aplicación del art. 4 inc. 3° in fine de la Ley 22.278 - texto según Ley 22.803- , corresponde prescindir de la imposición de pena y, en consecuencia, absolver a P. C. A. en orden al delito de robo calificado por ser cometido en poblado y en banda en grado de tentativa - art. 167 inc. 2°,41 quater y 42 del Código Penal- , por el cual oportunamente se declaró su responsabilidad penal.
Cabe señalar que el Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801, no resulta aplicable al presente caso, toda vez que los hechos que motivan la presente son anteriores a su sanción y entrada en vigencia.
Asimismo, corresponde dejar sin efecto las medidas cautelares que subsistieren en autos, librándose las comunicaciones pertinentes a los registros correspondientes.
En virtud de la deliberación del acuerdo que antecede y conforme lo estipulado por los arts. 382 y 383 del CPP y el art. 4 inc. 3° in fine de la Ley 22.278 - texto según Ley 22.803- , la CÁMARA EN LO CRIMINAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL;
1. ABSOLVER DE PENA a P. C. A., de las demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden al delito de ROBO CALIFICADO POR SER COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA EN GRADO DE TENTATIVA art. 167 inc. 2°,41 quater y 42 del Código Penal, por el que oportunamente se declaró su responsabilidad penal.
2. DEJAR SIN EFECTO las medidas cautelares que subsistieren en autos, librándose las comunicaciones pertinentes a los registros correspondientes.
3. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y, una vez firme, REMÍTASE a la Secretaría de Ejecución a sus efectos.
Fdo. Dr. Jorge Daniel Yance - presidente- Dra. María Alejandra Vila - jueza- Dr. Carlos Enrique Arenillas - juez subrogante- ante la Dra. María Fernanda Tuñón - secretaria-.
Fin de la sentencia