Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 2-76437-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada de fecha 27/08/2026 en cuanto ordenó la PROHIBICION DE ACERCAMIENTO/PERIMETRO mutua por cualquier medio entre la Sra. P. C. S. respecto de sus hijos D. J. y T. S. P., a sus respectivos domicilios y demás lugares donde los mismos pudieren encontrarse, entendiéndose por tales trabajos, recreación, y/o esparcimiento en un radio de 300 metros y por el término de NOVENTA DIAS, prorrogables.
2Costas a la apelante (arts. 68 y ccs. del CPCC).
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art.31 de la Ley 14967).
Nro. Expte: 2-76437-2026
" P. T. S. Y OTRO/A S/ ABRIGO "
JUZGADO DE FAMILIA Nº 1 - AZUL
I. Arriban los autos a este tribunal a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Sra. C. S. P. (03/09/2026), contra la resolución de fecha 27/08/2026, en los ttérminos del art. 7 inc. b) de la ley 12569, que ordenó la PROHIBICION DE ACERCAMIENTO/PERIMETRO mutua por cualquier medio entre la apelante respecto de sus hijos, los niños D. J. P. y T. S. P., a sus respectivos domicilios y demás lugares donde los mismos pudieren encontrarse, entendiéndose por tales trabajo, recreación, y/o esparcimiento en un radio de 300 metros y por el término de NOVENTA DIAS, prorrogables partir de la notificación de la medida dispuesta bajo apercibimiento de iniciar actuaciones por desobediencia a una orden judicial; ordenó notificar la medida ordenada a los Establecimientos Educativos y/o Instituciones de Esparcimiento a los que concurren los niños, haciendo saber que los abrigadores de los niños Sra. C. C. y Sr. L. A. P. resultan las únicas personas legitimadas para autorizar específicamente a otros adultos a comunicarse o retirar a los niños en o desde los lugares de mención; hizo saber a los Servicios de Promoción y Protección del Niño y del Adolescente intervinientes que deberán continuar implementando las acciones descriptas en el art. 35 bis (Ley 14.537), tendientes a promover lo que correspondiere al mejor interés de los niños causantes.
II) 1.- Los agravios expuestos por la progenitora de los niños se vinculan con que la prohibición de acercamiento con sus hijos vulnera expresamente sus derechos familiares, interrumpiendo arbitrariamente su vínculo materno filial. Considera la medida arbitraria y desproporcionada, relata que hace meses que los niños no tienen contacto son ésta, no existiendo riesgo sobre su persona, como así también que ha cumplido con todos los requerimientos exigidos. Sostiene que los niños no han sido traídos al proceso y no se ha trabajado en pos de la restitución de sus derechos, en grave perjuicio al vínculo mencionado. Entiende que lo actuado está íntimamente vinculado con los trámites de internación y de determinación de la capacidad jurídica ante ese mismo Juzgado, el cual considera está viciado por la mirada prejuiciosa hacia la recurrente, su situación de salud mental y su forma de maternar. Sostiene que el a quo no valoró al momento de resolver, que la progenitora ha ejercido su función materna dentro del contexto que le ha tocado vivir, sin trabajo, en el domicilio de sus padres, lugar donde sufrió hechos de violencia física y sexual, considera que tampoco se ha valorado su especial situación de salud mental, debiendo transitar por procesos en los cuales ha sido víctima del sistema de salud y del accionar de los organismos estatales configurando violencia institucional hacia ésta y sus hijos. Arguye la falta de un abordaje interdisciplinario efectivo y desde una perspectiva socio comunitaria y enmarcada en los derechos humanos. Considera que tiene derecho a no ser discriminada por un padecimiento mental, por ser contrario a la ley, no pudiendo presumirse la incapacidad para ejercer la maternidad ni justificar la supresión del vínculo, ni disponer una medida tan extrema, arbitraria y contraria a todo derecho. Relata que se presentó a cada audiencia, repitiendo sus situaciones de abuso, sintiéndose revictimizada y observada constantemente, ante el Equipo Técnico del Juzgado, ante el Juez, el representante de la Asesoría de Incapaces, profesionales de la salud y ante sus letradas patrocinantes, nada de lo cual fue tenido en cuenta. Sostiene que está realizando tratamiento, que no existen episodios de desestabilización, que los informes de los profesionales le son favorables, que ya no existe riesgo para los niños quienes están siendo cuidados por sus abuelos.
En segundo lugar se agravia de las irregularidaes en todo el proceso. Expresa que no existe una actuación en que los niños se manifiesten contrarios a vivir junto a su madre o que hayan vivido mal mientras estaban juntos. Manifiesta que los niños no necesitan una "revinculación" con su progenitora porque ellos jamás perdieron el vínculo, entendiendo que todas las acciones tienen a separar a la apelante de sus hijos, primero con la medida de abrigo y ahora con la prohibición de acercamiento. Sostiene que jamás maltrató o descuidó a sus hijos, entendiendo que es urgente la revinculación, la cual nunca debió ser interrumpida, siendo sus derechos vivir en un contexto de amor y tranquilidad, lo que sus abuelos no podrán brindarle. Expresa que ha sido una madre afectuosa que se ha ocupado en forma diaria de sus hijos, intentando llevar adelante una vida cotidiana ordenada y familiar, pero atravesada por una problemática de salud mental que merece ser abordada con amor, contención y comprensión, habiéndola dejado sola y sin el vínculo más preciado y saludable junto a sus hijos. Relata que se encuentra viviendo con una amiga, hasta tanto consiga una vivienda que alquilar, está trabajando cuidado a una persona adulta mayor, concurre a los turnos asignados para las terapias en el Servicio de Salud Mental y cumple con el plan farmacológico.
En suma, solicita se ordene la revinculación de los niños con su madre, revocándose la resolución apelada, se designe audiencias vinculares en la sede de este Tribunal y se designen entrevistas psicológicas para los adultos y los niños.
2. Corrido que fuera el traslado de dichos fundamentos al Servicio Local de Azul (28/09/2026), estos son contestados con fecha 06/10/2026. Dicho organismo sostiene que la medida dispuesta está relacionada especialmente con la falta de adhesión de la apelante al tratamiento psiquiátrico, falta de continuidad y sostenimiento de los tratamientos psicológico y psiquiátricos indicados, la falta de conciencia de enfermedad, todo lo cual repercute negativamente en las posibilidades actuales de construir y sostener un vínculo materno-filial cuidado, estable y protector. Expresa que la Sra. P. no sostiene actualmente el tratamiento de seguimiento en consulta con médico psiquiatra, siendo fluctuante su adhesión al tratamiento psicológico, todo lo cual es necesario para avanzar en un proceso de re-vinculación con sus hijos. A su vez, considera que la existencia de un padecimiento de salud mental no constituye, por sí misma, un impedimento para ejercer la maternidad, no obstante, debe ser tenido en cuenta cuando dichas situaciones han requerido intervenciones institucionales y una medida de abrigo respecto de los niños, correspondiendo evaluar si existen actualmente las condiciones para que el vínculo entre la apelante y sus hijos pueda desarrollarse de manera saludable y protectora, debiendo en su caso cualquier proceso de re-vinculación ser gradual, cuidado y acompañado por profesionales, evitando que los niños sean nuevamente expuestos a situaciones de tensión, incertidumbre o desorganización familiar.
Por otro lado, manifiesta que la apelante no ha informado de manera clara y verificable cuál es su actual domicilio, ni con quién se encuentra viviendo, lo cual dificulta la intervención y seguimiento por parte de dicho organismo y del Servicio de Salud Mental, a los fines de recabar la información necesaria para conocer las condiciones personales, habitacionales, laborales y familiares actuales en las cuales la recurrente se encuentra, para diseñar a partir de allí una estrategia adecuada para la restitución de derechos. Sostiene que no se desconocen las circunstancias que la progenitora refiere respecto de su familia, no obstante los conflictos entre los adultos no pueden ser trasladados a los niños ni convertirlos en protagonistas de disputas familiares que exceden su responsabilidad, siendo función del mismo garantizar la protección integral de los niños.
Asimismo, expresa que no pueden desconocerse las circunstancias que dieron origen a la medida de abrigo, entendiendo que la negación de la problemática de salud mental de la progenitora y de su posible incidencia en la dinámica familiar resulta más preocupante que su reconocimiento y abordaje, a la vez que no se encuentran superadas la constancias personales y familiares que motivaron las intervenciones administrativas, sanitarias y judiciales, a partir del hecho que refiere de haber tomado conocimiento que la apelante habría solicitado ante la Defensoría Pública el inicio de actuaciones alimentarias vinculadas con su hijo fallecido, lo que implica un indicador de su situación de salud mental actual.
Considera que no puede efectuarse una evaluación fragmentada de la situación familiar, tomando únicamente aquellos elementos que favorecen la pretensión de la progenitora, descartando las circunstancias que aún requieren abordaje preciso y sostenido, además de tenerse en cuenta el posible impacto de la situación familiar y los periodos de inestabilidad sobre la salud mental de los propios niños; indica que la protección de éstos y la preservación del vínculo materno-filial no constituyen intereses incompatibles, debiendo construirse las condiciones necesarias para que ambos derechos puedan ser garantizados de manera simultánea, pero sin colocar sobre los niños la responsabilidad de sostener un vínculo para el cual los adultos aún deben generar condiciones adecuadas. En consecuencia, solicita que al momento de resolver tenga especialmente presente que la medida cuestionada no se funda en el diagnóstico de salud mental de la progenitora, sino en las circunstancias concretas que atraviesa el grupo familiar y en la necesidad de garantizar los derechos de T. y D., por lo que peticiona se rechacen los agravios formulados y se mantenga la medida adoptada.
3. Con fecha 28/10/2026 contesta vista la Asesoría de Incapaces de Olavarría, expresando que la medida adoptada encuentra su fundamento en el interés superior de los niños y exige que cualquier proceso de vinculación materno filial sea diagramado en forma gradual, supervisado y acompañado por los profesionales intervinientes, evitando que los niños sean nuevamente expuestos a situaciones de tensión, incertidumbre o desorganización familiar. A la vez entiende que se debe proceder a la fijación de una audiencia con la progenitora en el marco de lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 14.528.
III) 1.- En primer término, corresponde señalar que la medida que viene apelada, fue establecida por el termino de 90 días prorrogables a partir de su notificación, término que se cumple el día 26/11/2026, consecuentemente, corresponde otorgar tratamiento al recurso interpuesto en virtud de que la medida adoptada se mantiene plenamente vigente.
Resulta necesario mencionar, que las presentes actuaciones se inician con la comunicación de abrigo efectuada con fecha 11/05/2026 por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, quien, con fecha 14/05/2026 solicitó se ordene urgentemente la medida de prohibición de acercamiento y comunicación de la progenitora con sus hijos T. y D., mientras persistan las condiciones de riesgo que describe y hasta tanto existan indicadores clínicos e institucionales que permitan evaluar una eventual revinculación en condiciones de resguardo para los niños. Motivó la medida adoptada la entrevista que efectuara dicho organismo con los niños, convocados por Casa del Niño de este medio a la cual D. había ingresado muy angustiado y temeroso, revelando una .
" profunda captura de su subjetividad por el núcleo delirante materno, proceso que se ha consolidad a partir del aislamiento social crónico en el que él y su hermano se encontraban inmersos. . La ausencia de vínculos externos significativos que pudieran funcionar como terceros mediadores favoreció que el discurso materno se instalara como una verdad única e incuestionable, generándose una dinámica de tipo simbiótica en la cual D. no logra discriminar sus propias percepciones de las ideas paranoides transmitidas por su madre. Ello se evidencia de manera especialmente disruptiva en su ingreso a la Casa del Niño, donde el rechazo al alimento por temor a ser envenenado constituye la actualización concreta de las desconfianzas previamente instaladas por la progenitora respecto de la abuela y del entorno.
Resulta particularmente alarmante el paralelismo traumático que el niño establece entre la actual internación de su madre y la muerte de su hermano M., acontecimiento respecto del cual no existió dentro del ámbito familiar una palabra que pudiera simbolizar, explicar y tramitar dicha pérdida. En consecuencia, D. interpreta la hospitalización materna como una posible desaparición definitiva, permaneciendo en un estado persistente de angustia, indefensión y temor, reiterando expresiones tales como: "quiero pruebas de que mi mamá está bien" (sic).. comienza a observarse desconfianza hacia su terapeuta tratante, Lic. Melanie Fernández, en tanto la intervención profesional es significada por el niño como el agente responsable de la ruptura del vínculo simbiótico materno-filial.
En este contexto, este Servicio Local considera imperioso sostener estrategias orientadas a la construcción de una red institucional que funcione como soporte de realidad, favoreciendo progresivamente la discriminación entre el relato delirante materno y los hechos biográficos objetivos, posibilitando que D. pueda comenzar a constituir un espacio subjetivo propio, por fuera del aislamiento psíquico en el que ha quedado capturado .", a ello, se agrega que ". conforme surge de los informes remitidos por el Servicio de Salud Mental, la Sra. S. P. no ha logrado aún reflexionar acerca del impacto que su padecimiento psíquico genera en sus hijos. Por el contrario, se advierte que los contenidos de su discurso continúan reproduciéndose en los niños, evidenciándose en ambos elevados niveles de angustia y afectación emocional, situación que se ha visto agravada con posterioridad a la primera internación.
Debe agregarse que, en el día de la fecha, la Sra. P. se presentó en la institución educativa a la que concurren los niños con la intención de ver y retirar a uno de ellos, sin que dicho permiso o eventual autorización hubiese sido informado previamente a este organismo por parte del Servicio de Salud Mental. Si bien este Servicio comprende los alcances de la intervención del área de Salud Mental en relación a las estrategias terapéuticas y eventuales modalidades de egreso de la paciente, no puede soslayarse que toda evaluación relativa a flexibilizaciones o contactos debe necesariamente contemplar las circunstancias que dieron origen a la intervención estatal, las cuales implicaron una grave situación de vulneración y riesgo para los niños.".
Con fecha 18/05/2026 fue decretada la legalidad de la medida de abrigo adoptada por el Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño de Azul, consistente en la permanencia de los niños en el domicilio particular de sus abuelos maternos, siendo dicha legalidad otorgada por el plazo máximo de duración de 180 días, a la vez que dispuso la implementación de las acciones tendientes a promover lo que correspondiere al mejor interés de los niños en el marco de la Ley 14.537; y ordenó en los términos del art. 7 inc. b) de la Ley 12.569 la prohibición de acercamiento/perímetro mutua por cualquier medio de la apelante respecto de sus hijos D. y T. a sus respectivos domicilios y demás lugares donde los mismos pudieren encontrarse, en un radio de 300 metros y por el término de 30 días prorrogables. Dicha resolución no mereció observación alguna por parte de la progenitora.
2. Cabe mencionar que D. cuenta a la fecha con 7 años de edad y su hermano T. con 10 años de edad. A la vez, que en virtud de las medidas adoptadas, los mismos se encuentran cumpliendo la medida de abrigo en el domicilio de sus abuelos maternos y son tratados en los espacios psicológicos de las Lic. Melanie Fernández y Adriana Oxoby (conf. informe de fecha 04/08/2026).
Con respecto a la apelante, del informe producido con fecha 31/07/2026, por la médico psiquiatra Dra. Soriani y la Lic. en psicología Di Cataldo, tratantes de la progenitora, surge que ésta " tiene indicación de tratamiento psicológico quincenal al cual no adhiere y control farmacológico mensual al que tampoco concurre. la paciente se niega a informar su domicilio actual y lugar de trabajo. La misma continua sin conciencia de enfermedad. Se evidencian dificultades en la organización del pensamiento, con momentos de escasa coherencia. Se observan limitaciones en la capacidad de introspección y de critica respecto de su situación clínica. Presenta escasa adherencia a las indicaciones terapéuticas, lo que dificulta el abordaje y seguimiento del tratamiento. Durante las internaciones se articuló con progenitores y hermanos. Luego del alta, en el sostenimiento ambulatorio, no se ha trabajado con referentes familiares porque ella refiere no estar teniendo vínculo con ningún miembro de la familia..".
Del informe de seguimiento realizado por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y adolescentes de fecha 13/08/2026 surge: " . se advierte una evolución favorable respecto de diversos indicadores observados al momento de la adopción de la medida de Abrigo, especialmente en lo referido a la incorporación de rutinas, continuidad educativa, integración con pares, participación comunitaria y evolución de determinadas manifestaciones vinculadas a la alimentación y los temores previamente expresados."; considerando, a pesar de los avances mencionados la continuidad de abordaje, que ". resulta fundamental garantizar que ambos niños cuenten con espacios adecuados, estables y protectores, donde pueden expresar sus sentimientos respecto de su historia familiar y de la ausencia materna, evitando su exposición a conflictos interadultos y situaciones que pudieren resultar victimizantes."¸ no sólo se solicitó la prórroga de la medida de abrigo sino la adopción de una medida de protección especifica que permita " garantizar la permanencia de los niños en los establecimientos educativos, espacios terapéuticos, y demás dispositivos institucionales a los que concurren..:" para que no sean retirados de dichos espacios por personas que no se encuentren autorizadas expresamente, sin la correspondiente autorización judicial o del organismo competente, lo que dio lugar a la resolución que hoy viene recurrida.
En aplicación de las facultades establecidas en el art. 709 del CCCN, fueron consultadas las causas Nro. 30735-2025 "P. C. S. S/ INTERNACION"; Nro. 31.570-2026 "P. C. S. S/ INTERNACION" y 31821-2026 "P. C. S. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA", todas ellas de trámite por ante el Juzgado de Familia Nro. 1 de Azul.
De la última de las causas mencionadas, la cual fuera iniciada por la Asesoría de Incapaces Departamental, ésta ha indicado en el acápite ANTECEDENTES: ". conforme surge del informe elaborado por la Dra. Natalia Soriani y la evaluación practicada por la Perito Psicóloga del Juzgado, C. S. padece un funcionamiento de características psicóticas, con alteraciones persistentes en la interpretación de la realidad, pensamiento rígido, autorreferencial y modalidades paranoides de vinculación, lo que le provoca deficiencias en su estado de salud (ya sea de índole física, mental, intelectual y/o sensorial), de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras, le impedirían su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.". Del informe acompañado, elaborado por la médico psiquiatra, surge que la recurrente se ha encontrado internada involuntariamente en dos oportunidades, motivadas por " la severidad del compromiso de su funcionamiento psíquico, vincular, familiar y social..:" a la vez que se evaluó ". un ejercicio de la función materna atravesada por mecanismos de sobreprotección excesiva, control vincular y dificultades importantes para favorecer procesos adecuados de autonomía subjetiva en sus hijos." (conf. inf. de fecha 11/05/2026).
A su vez de la pericia realizada a la apelante (art. 625 del CPCC) de fecha 28/10/2026, por la Perito Psicóloga y Perito Trabajadora Social del Juzgado interviniente, en el marco de la misma causa, surge que la progenitora: ". presenta síntomas que podrían ser compatibles con Psicosis paranoide de tipo persecutorio. Trastorno Delirante crónico...:"; y en cuanto a la capacidad para ejercer el rol materno/paterno filial se informó: " . al momento de esta evaluación, su condición obstaculiza posicionarse como un adulto responsable en el cuidado de un hijo. Se evidencia marcada dificultad para reconocer, diferenciar las necesidades subjetivas individualizadas de cada uno de sus hijos, lo que la lleva a brindar respuestas desde su interpretación delirante, dejando a sus hijos aislados del contexto familiar y social. . mantiene una posición de absoluta desconfianza. Sus hijos vivieron situaciones de encierro en el domicilio, no podían comunicarse con otras personas ni familiares, ni pares. .".
Por lo expuesto precedentemente, sumado, como lo ha indicado el Servicio Local de Promoción y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes local, a la necesidad de garantizar a los niños no sólo su continuidad escolar, su participación en los espacios institucionales y recreativos a los que asisten, sino también la concurrencia y sostenimiento de los espacios terapéuticos iniciados, sin que los mismos pudieran verse interrumpidos por la apelante en desmedro de los avances logrados por los niños en pos de su desarrollo integral, corresponde confirmar la resolución. Ello, sin perjuicio de que el escenario descripto se modifique, y resulte conveniente implementar otras estrategias en pos del interés superior de los niños.
Al respecto, corresponde recordar que "puede definirse al "interés del menor" como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizado en concreto , ya que no es concebible un interés del menor puramente abstracto, por lo que debe quedar excluida toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso (Ac. 63.120, sent. del 31-III-1998; AC. 73.814, sent. del 27-IX-2000; Ac. 79.931, sent. del 22-X-2003; entre otras), máxime cuando en materia de menores todo está signado por la provisoriedad , en tanto lo que hoy resulta conveniente mañana puede ya no serlo, y a la inversa, lo que hoy aparece como inoportuno puede en el futuro transformarse en algo pertinente " (Ac. 66.519, sent. del 26-X-1999; Ac. 71.303, sent. del 12-IV-2000; AC. 78.726, sent. del 19-II-2002; entre otras).
Por lo expuesto, y sopesando los intereses en juego, este tribunal considera que el interés superior de D. J. y T. S. se garantiza manteniendo la medida dispuesta por el magistrado de grado.
Por ello, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto ordenó la PROHIBICION DE ACERCAMIENTO/PERIMETRO mutua por cualquier medio entre la Sra. P. C. S. respecto de sus hijos D. J. y T. S. P., a sus respectivos domicilios y demás lugares donde los mismos pudieren encontrarse, entendiéndose por tales trabajo, recreación, y/o esparcimiento en un radio de 300 metros y por el término de NOVENTA DIAS, prorrogables.
1. CONFIRMAR la resolución apelada de fecha 27/08/2026 en cuanto ordenó la PROHIBICION DE ACERCAMIENTO/PERIMETRO mutua por cualquier medio entre la Sra. P. C. S. respecto de sus hijos D. J. y T. S. P., a sus respectivos domicilios y demás lugares donde los mismos pudieren encontrarse, entendiéndose por tales trabajos, recreación, y/o esparcimiento en un radio de 300 metros y por el término de NOVENTA DIAS, prorrogables. 2) Costas a la apelante (arts. 68 y ccs. del CPCC). 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art.31 de la Ley 14967). Regístrese, notifíquese por Secretaría y devuélvase.
Firmas
Funcionario firmante: PERALTA REYES Victor Mario - JUEZ
Funcionario firmante: GARCIA ETCHEGOYEN Marcos Federico - JUEZ
Funcionario firmante: LONGOBARDI María Inés - JUEZ
Funcionario firmante: CAMINO Claudio Marcelo - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 665-2026
Fin de la sentencia