Abriendo la norma
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.11 08:44:40-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C =AR, CN=GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de TOMO CLX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- este documento Fecha: 2026.06.11 08:45:09-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 REGISTRO Nº 10.066 FOLIO Nº 182/186 PROT. ELECT. JR101 213I.261 Río Gallegos, 11 de junio de 2026.
La presente causa caratulada: “P.A. Y OTROS S/ USURPACIÓN” Expte. Nº 21384/22 Apelación Nº 10.149/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 549/553 vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, quien ordenó: 1) No hacer lugar al planteo de prescripción de la acción penal formulado por la defensa técnica; 2) No hacer lugar al pedido de sobreseimiento de los imputados fundado en la prescripción invocada; 3) Hacer lugar al pedido de suspensión de la ejecución de la medida de desalojo por las consideraciones precedentemente expuestas; 4) Hacer saber que la suspensión aquí dispuesta es de carácter estrictamente temporal y operativo, vinculada únicamente a la forma y condiciones de ejecución de la medida, manteniéndose plenamente vigente la obligación de restituir el inmueble y sin que ello implique revocar, modificar ni dejar sin efecto la resolución que ordenó el desalojo; 5) Disponer que los organismos estatales competentes adopten las medidas necesarias para garantizar una desocupación ordenada, pacífica y sin afectación de derechos de personas en situación de vulnerabilidad.
Que a fs. 602/607 vta., la defensa técnica apeló dicho auto, motivando el recurso.
Que, a fs. 614/617 vta. se agregó el dictamen de la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial. Que, tratándose de una cuestión de orden público, a fs. 619 se dispuso –sin más- el pase a resolver, y;
Que, la recurrente se agravia:
- Primer agravio: inicialmente, la recurrente afirma que la usurpación es un delito instantáneo que se configura al momento de perpetrarse el despojo, tal como ocurre con la sustracción en el hurto o el robo al momento de la sustracción de la cosa.
En tal sentido, advierte que el a quo confunde el concepto de delito permanente, con el de delito instantáneo de efecto permanente pues –según dice- en éste último lo que subsiste no es la consumación, sino los efectos de ella. En palabras de la defensa, es una consecuencia del acto ya consumado, más no una continuación de la conducta.
En esa dirección, explica que el acto de despojo, agotaría la acción en los términos del art. 181 del C.P. Cita doctrina y jurisprudencia en sostén de su postura.
Al respecto, sostiene que la permanencia ulterior de los imputados en el inmueble no constituye, por sí misma, una reiteración o continuación de la acción típica, sino la eventual prolongación de una situación fáctica derivada del hecho consumado. A partir de ello, señala que el auto confunde esa distinción, y traslada indebidamente el momento inicial del cómputo de la prescripción a un hecho incierto, como sería el cese de la ocupación.
En particular, asegura que el criterio adoptado importa supeditar la vigencia de la acción penal a la duración de la ocupación, lo que conduce a la neutralización del instituto de la acción penal –a su criterio- inadmisible.
Cuestiona la postura del magistrado, pues dice que mantiene vigente una acción con el único fin de ejecutar una medida de desalojo, pasando por alto el requerimiento de la agente fiscal, lo cual –a su criterio- denota la voluntad de querer modificar una situación posesoria en forma ilegal –aun encontrándose acreditada la fecha de ingreso de sus asistidos-, el llamado a indagatoria a un primer grupo, y la falta de esta al segundo grupo.
En ese orden de ideas, postula que, transcurrido el plazo de tres años sin que haya existido ningún acto interruptivo, la acción penal se encuentra extinta por prescripción.
Concluye este agravio señalando que se debe revocar la resolución atacada, declarando la prescripción de la acción.
- Segundo agravio: bajo este acápite, cuestiona que el magistrado afirme el carácter permanente del delito, confunda el momento consumativo del tipo con los efectos derivados de la comisión misma del hecho, y posponga el inicio del cómputo de prescripción. Así, fundada en doctrina, cuestiona que por asignarle antojadizamente el carácter de permanente al delito investigado, se postergue el inicio del cómputo del plazo cuando –según dice- aquel sería instantáneo con efecto permanente.
En particular, expresa que se debe revocar el interlocutorio apelado, declarando prescripta la acción a partir de la medianoche del 23/04/2025 o, para quienes ocurrió la interrupción de la prescripción por el primer llamado a indagatoria, a partir de la medianoche del 13/10/2025.
- Tercer agravio: en este apartado, califica de arbitraria la resolución recurrida, pues señala que descalifica infundadamente la postura de la defensa, sin argumentos doctrinarios o jurisprudenciales que respalden su pronunciamiento; todo lo cual impediría a la recurrente conocer el mecanismo lógico - jurídico que condujo a la conclusión, vulnerando el deber de motivar la resolución.
En esa dirección, explica que la distinción entre delitos instantáneos y permanentes no puede resolverse mediante meras afirmaciones valorativas vinculadas a la extensión temporal del daño o, a consideraciones de política criminal, pues a su juicio, ello exige un análisis estricto del tipo penal y de su estructura.
- Cuarto agravio: aquí, señala que la pretensión de desalojo no puede prosperar en sede penal, y debe canalizarse a través de la vía civil. Refiere que la jurisdicción penal no puede erigirse en un mecanismo alternativo para canalizar pretensiones de naturaleza posesoria o dominial cuando ha cesado la posibilidad de persecución penal, pues ello implicaría desvirtuar su finalidad y vulnerar las garantías propias del debido proceso, motivo por el cual –dice- esta alzada debería revocar el auto recurrido.
Bajo esos lineamientos, entiende que el magistrado no responde a la cuestión planteada, pues omite tratarla, desplazando la discusión hacia la tipicidad del hecho.
- Quinto agravio: en este punto, advierte una contradicción en el resolutorio, pues dice que, aun tratándose de una cuestión de orden público, se restringe los efectos del planteo exclusivamente a sus asistidos, más no respecto de los demás imputados. - Sexto agravio: bajo este acápite, critica que el auto atacado desconozca la posibilidad de que una situación posesoria pueda consolidarse como un derecho susceptible de tutela jurídica, con jerarquía constitucional.
Al respecto, recuerda que el derecho argentino reconoce expresamente la protección de la posesión, independientemente de la legitimidad del título. Indica que el a quo parece desconocer el instituto de la usucapión. Destaca que la circunstancia de que el acceso a la posesión haya podido configurarse a partir de un acto ilícito no impide, por sí misma, que dicha situación se consolide con el transcurso del tiempo y bajo determinadas condiciones legales, dando lugar a efectos plenamente válidos, como la adquisición de derecho real de dominio.
En tal sentido, asegura que la posesión que ejercen sus defendidos se encuentra englobada en el derecho a la propiedad garantizado por el art. 17 de la CN.
En suma, aduce que el pronunciamiento incurre en un razonamiento erróneo, contrario a derecho, al equiparar una posible ilicitud originaria con ausencia absoluta de protección jurídica.
- Séptimo agravio: aquí, se agravia, pues señala que bajo la apariencia de una regulación operativa de la medida dispuesta, incurre en un claro exceso jurisdiccional y desnaturaliza la finalidad del desalojo preventivo en sede penal, manteniendo indebidamente vigente una orden de restitución del inmueble con proyección futura que excede el marco cautelar propio de este estadio procesal. Es decir, ratifica su vigencia y proyecta su cumplimiento futuro, lo cual, a su juicio, implica arrogarse facultades propias de la jurisdicción civil al pretender asegurar la restitución del inmueble, cuestión ajena a la naturaleza provisoria, instrumental cautelar del desalojo en el ámbito penal.
Advierte que, en el caso, no se encuentran acreditados los presupuestos cautelares (verosimilitud del derecho y peligro en la demora).
En relación a esta última, señala que el juez la habría desvirtuado al señalar que la ejecución del desalojo, en las condiciones actuales, podría generar un conflicto social, situaciones de desamparo habitacional.
En suma, asevera que una medida cautelar que puede ejecutarse sin producir un daño mayor al que pretende evitar pierde su justificación jurídica, y se transforma en un instrumento desproporcionado. Al respecto, cuestiona que se hubiera rechazado el planteo de prescripción sin dictamen fiscal previo, y sin correr traslado a la querella, conforme lo peticionara el MPF. A su juicio, ello evidencia un apartamiento del principio de razonabilidad, y que la decisión se apoya en la naturaleza permanente del delito, contraria a derecho, e infundada. - Octavo agravio: finalmente, la agravia que no se hubiera corrido vista a la querella del planteo de prescripción formulado por la defensa.
- Reservas: por último, formula reserva de casación y caso federal, la cual será tenida en cuenta oportunamente.
I. Pues bien, atento la conexidad –y cierta similitud que guardan algunos agravios, y considerando que el tratamiento de la cuestión de fondo (extinción de la acción penal por prescripción) despejará rápidamente las dudas respecto de otros planteos, cabe aclarar que se tornó conveniente –y hasta necesario- enunciar al comienzo la totalidad de los cuestionamientos, como lo hemos hecho, para abordar seguidamente su examen en conjunto.
Veamos, en el auto apelado, el magistrado entendió que el delito de usurpación es continuado, que no se agota en el acto inicial de ingreso, sino que se proyecta en el tiempo mediante la permanencia ilegítima en el inmueble; consecuentemente –a su juicio- la acción penal por el ilícito se encuentra vigente.
A su turno, la apelante sostiene que se trata de un delito instantáneo de efecto permanente, señalando que subsisten sus efectos, más no su consumación, la cual se produce al momento de perpetrarse el despojo.
Por su parte, en la vista conferida, la Fiscalía de Cámara concordó con la recurrente, separó a los incusos en dos grupos (en función del momento en que se efectuó el primer llamado a prestar declaración indagatoria), y afirmó que la acción penal por el delito de usurpación, se encuentra prescripta para todos los imputados enunciados taxativamente en su dictamen.
Así las cosas, en cuanto a la controversia central, hemos de concordar con la recurrente y la Fiscalía de Cámara, en que el delito de usurpación es instantáneo de efectos permanentes.
Al respecto, la doctrina sostiene: “El despojo usurpador se consuma cuando se produce la invasión del inmueble constitutiva de la ocupación... Se ha dicho que es un delito de instantáneo, los actos posteriores a la consumación no son un medio para despojar.” (D`alessio Andrés José; Código Penal -comentado y anotado-; Ed. La Ley; pág. 557). Otra, más actual, señala: “es un delito instantáneo de efectos permanentes; y por consecuencia la prescripción corre desde que se consuma el desapoderamiento”. (Lemir, Miguel Ángel; Consumación del delito de usurpación por despojo y cómputo del término de prescripción; LLNOA2008 (junio), 448; Cita: TR LALEY AR/DOC/1494/2008).
En el aspecto jurisprudencial, y en consonancia con lo dictaminado por la Fiscalía de Cámara, entendemos que éste es el criterio imperante.
Así, sin pretender extender demasiado el curso de la presente, pero a fin de reforzar los fallos jurisprudenciales citados por la Fiscalía en su dictamen; en relación al carácter instantáneo del delito de usurpación y la prescripción de la acción penal; la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional –hace ya varios años-, dijo: “La usurpación es un delito instantáneo de efectos permanentes, se consuma en el momento en que se despliegan los medios para cometer el despojo.” (Cám. Nac. Apelac. Crim. y Correcc., sala I, 27/05/1993, “Pinto, Juan R.”, LL 1994-D, 169, AR/JUR/1244/1993).
En el ámbito de los tribunales provinciales, se sostuvo: “El delito de usurpación es un delito instantáneo de efectos permanentes; y por consecuencia la prescripción corre desde que se consuma el desapoderamiento." (C.S.Tucumán, Sala Civil y Penal, 19/11/2007, “N.,C.
R.).
Y este criterio, no sólo es invariable, sino que es predominante pues, más acá en el tiempo, se sostuvo: “… la doctrina mayoritaria considera que el delito de usurpación es de carácter instantáneo, aunque sus efectos sean permanentes. Esta afirmación importa que desde que la infracción se ha consumado ha de computarse el plazo de tres años necesario para que opere la prescripción de la acción (arts. 62, inc. 2, y 181, inc. 1, CP).” (Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala II; 23/02/2021; F.R., D.R. y otros s/ 181 Inc. 1 - Usurpación (Despojo); Cita: TR LALEY AR/JUR/4198/2021).
Dicho esto, vemos que si la ocupación efectiva de los predios se produjo el 23/04/2022, la extinción de la acción penal por prescripción se habría producido el 23/04/2025, en función de la escala prevista para el delito.
Ahora bien, en aquellos casos en que se hubiera citado a los imputados a prestar declaración indagatoria, se debe contar el plazo desde esa fecha, por tratarse de un acto interruptivo. Es decir que respecto de los citados en fecha 13/10/2022, el plazo prescripción operó en fecha 13/10/2025.
Finalmente, para los imputados que fueron citados en fecha 06/06/2025, la acción penal se extinguió el 23/04/2025, es decir, tres años después de la fecha de ocupación.
Que, tras el repaso efectuado, cabe entonces concluir que, en los casos de los imputados nombrados por la Fiscalía de Cámara (fs. 616 vta./617), la acción penal se encuentra extinta por prescripción (arts. 59 inc. 3º; 62 inc. 2º, 63, 67 inc. b) y 181 del Código Penal). Ellos son: 1) Andrea Peralta; 2) Laura Vanesa Cancela; 3)
Luciana Álvarez Marina; 4) Facundo Rojaz; 5) Daniela Fabricio; 6) Juan Navarro; 7) Marcela Guanquinahuel; 8) Evangelina Álvarez; 9) Sebastián Leyes; 10) José Luis Tonares; 11) Adhara Shulz; 12) Alexis Noguera; 13) Jorge Hernández (DNI 29.199.103); 14) Bruno César Sosa; 15) Nicolás Figueroa; 16) Darío Pastor Insaurralde; 17) Fabiano Agustina; 18) Brian Esteban Estrada; 19) Carla Ausimour; 20) Claudio Palacios; 21) Iván Julián Ramírez; 22) Maximiliano Augusto Ricci; 23) Gustavo Daniel Milici; 24) Verónica Luciana Soto; 25) Silvana García; 26) Jorge Rubén Hernández (DNI 14.630.535); 27) Cristina Soto; 28) Leonardo Cuelho; 29) Ayelen Cabrera; 30) Ismael Coz; 31) Lucas Acosta y 32) Núñez Claudia.
En función de ello, corresponde dictar el sobreseimiento de los nombrados en los términos de los arts. 317 y 319 inc. 1º del CPP.
II. Observaciones: que, sin perjuicio de lo resuelto, resulta imperioso resaltar que conforme surge de lo actuado a fs. 112 por parte del juzgado de instrucción, el trámite estuvo paralizado por espacio de dos (02) años; todo lo cual, deviene inaceptable, máxime si se tiene en consideración el resultado final del proceso.
En este aspecto, frente a irregularidades como las que aquí nos ocupan, recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo: “… las falencias gravísimas detectadas en la tramitación de la causa y que condujeron inexorablemente a la extinción de la acción penal general la obligación de que las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Provincia de Entre Ríos adopten, con prontitud, las medidas necesarias para determinar las razones por las cuales se arribó a ese resultado en esta causa, deslindar las responsabilidades pertinentes y, en caso de corresponder, disponer las sanciones disciplinarias que correspondan.” (CSJ 971/2024/RH1; “G.,R.L. c/ J.A.S. s/ abuso sexual agravado por el vínculo”; 10/02/2026).
Consecuentemente, se impone notificar a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia y a la Fiscalía, ambos del Excmo. T.S.J., acompañando copia de la presente, a los efectos que estimen corresponder.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, a excepción de la enunciación de los imputados respecto de los cuales se extinguió la acción penal, a efectos de evitar confusiones respecto de su identidad, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, oída la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. REVOCAR el auto glosado a fs. 549/553 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. DECLARAR PRESCRIPTA la acción penal por prescripción (arts. 59 inc. 3º; 62 inc. 2º, 63, 67 inc. b) y 181 del Código Penal), y en consecuencia SOBRESEER DEFINITIVAMENTE a los imputados nombrados en el punto I) de la presente, conforme lo establecido por los arts. 317 y 319 inc. 1º del CPP.
3. TENER PRESENTE la reserva de casación y caso federal formulada por la defensa técnica.
4. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
5. LIBRAR OFICIO a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia y a la Fiscalía, ambos del Excmo. T.S.J., a los fines previstos en el punto II) de los considerandos, acompañando copia de la presente a los efectos que estimen corresponder 6) Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
7. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia