Abriendo la norma
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C =AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.14 09:10:25-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C=AR , CN=GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.14 09:11:25-03'00' TOMO CLX - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.- Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 REGISTRO N° 10.021 FOLIO N° 001/006 PROT. ELECT. JR101 168 I.261 Río Gallegos, 14 de mayo de 2026.-
La presente causa caratulada "P.V.Y. S/ Desobediencia“ - Expte. N° 28214/25 - Apelación/Causa JR N° 10124/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 136/140vta. de los autos principales, obra glosada la resolución dictada por la Sra. Conjueza del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado Y.P.V. en orden al delito de Desobediencia (dos hechos) (Art. 239 y 55 del Código Penal), en tanto qué en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Un Millón ($1.000.000).
Que a fs. 184/185vta., la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 44 del presente incidente, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un perjuicio procesal irreparable.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido a la insuficiencia probatoria:
Se agravió la defensa al considerar que su asistido ha sido procesado incorrectamente por el delito de desobediencia.
En esa línea, planteó que –a su juicio- no existen constancias probatorias que pudieran determinar la responsabilidad prima facie de su asistido.
Continuando con su argumentación, expresó que, de la lectura del resolutorio, surge que el procesamiento tiene como único elemento incriminatorio los dichos de la presunta damnificada, no existiendo –a su perspectiva- otro tipo de prueba que permita suponer que el incuso resulta ser el autor del ilícito bajo investigación.
En igual sentido, afirmó que en autos no existe ningún relato aportado por testigos presenciales y que, atento a las constancias, se refleja una grave vulneración a los principios de inocencia y de duda razonable, los que necesariamente deben ser considerados por S.S. a la hora de resolver.
Que iniciado el abordaje del presente agravio, adelantamos, no habrá de prosperar.
Ello, en virtud del estudio de la totalidad del sumario, del análisis de la resolución recurrida y de los argumentos esbozados por la defensa. En consecuencia, se advierte que en autos obran suficientes elementos de convicción que hacen presumir, con el grado de probabilidad propio de esta instancia procesal, la responsabilidad penal endilgada al Sr.
P.V.Y.
Así las cosas, durante la instrucción se han diligenciado múltiples medidas probatorias, entre ellas: las declaraciones testimoniales de la pretensa víctima en autos, las actas de aprehensión en el lugar del hecho; los sumarios prevencionales; las copias de las medidas de restricción ordenadas en el Juzgado de Familia y las correspondientes notificaciones al imputado, siendo suscriptas por éste. Tales elementos, valorados de manera armónica y conjunta, conforman un conglomerado indiciario suficiente para sustentar, con el estándar propio de esta etapa, la imputación formulada respecto del encartado.
Que entendemos, no le asiste razón a la parte recurrente en cuanto afirma una insuficiencia probatoria en el resolutorio arribado, o que en autos se cuente únicamente con los dichos de la denunciante, por el contrario, S.S. analizó –y fundó íntegramente- la totalidad de las probanzas colectadas a la luz de la sana crítica racional, arribándose acertadamente a un provisorio juicio de valor, de tipo incriminante, en lo que se refiere a la situación procesal del encartado.
En este punto es menester advertir que, tratándose de un hecho de violencia contra la mujer, la investigación debe necesariamente incluir la perspectiva de género.
En tal sentido, y según lo que se desprende de las circunstancias que obran en el legajo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló: “La investigación penal en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer debe incluir la perspectiva de género (del dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte, por mayoría, hace suyo).” (C.S.J.N.; 29/10/2019; R., C. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 63.006 del Tribunal de Casación Penal, sala IV s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 63.006 del Tribunal de Casación Penal IV; SJA 04/12/2019, 04/12/2019, 37 - LA LEY 21/01/2020; LA LEY 10/02/2020; Cita Online: AR/JUR/36601/2019).
Así, del presente caso surge un evidente contexto de violencia de género a la luz de la dinámica de los hechos, en tanto el accionar del imputado denotaría el poder de superioridad, evidenciándose así una desigualdad de poder al ejercerse la violencia psicológica dentro de la modalidad doméstica, conforme lo establece los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 26.485.
En esta línea, la jurisprudencia fue contundente al señalar que: “…teniendo en cuenta que el delito endilgado no constituyó un hecho aislado, sino que se inscribió dentro de un contexto de violencia doméstica de larga data entre imputado y víctima, quienes constituyeron una pareja, ahora separada, con un hijo en común…resulta indispensable juzgar en base a principios de perspectiva de género.” (CP Contrav. y Faltas; Sala III; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11/05/2017; M., S. G. s. Infracción art. 149 bis Código Penal; Rubinzal Online; RC J 4167/17).-
En efecto, el juzgador que aplique la perspectiva de género, debe ineludiblemente argumentar su resolución sobre la base de las normas con jerarquía constitucional como los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que protegen a las mujeres contra todo tipo de violencia, tales como la “Convención Belém Do Pará” (Convención Interamericana para la prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer), la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer), y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), como también en las normas del ámbito nacional, la Ley Nº 26.485 (Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales), a la cual nuestra Provincia se adhirió mediante Ley Provincial Nº 3201, entre otras. Estos instrumentos no sólo orientan la labor jurisdiccional en pos de protección y garantía de derechos respecto a las víctimas de aquellas situaciones, sino que además, obligan al Estado a actuar con la debida diligencia frente a situaciones de violencia de género, garantizando la amplitud probatoria.
Los tribunales al respecto, se han expedido sosteniendo que: “(…) Dada la amplitud probatoria contemplada en el art. 16, inciso i) de la Ley Nº 26.485, entendemos que la prueba más trascendental es lo dicho por la víctima, y la ausencia de testigos no descarta la existencia del evento. No debe soslayarse que este tipo de conductas suelen llevarse a cabo en el ámbito de la intimidad de la pareja (…) el Estado tiene el deber de cumplir con la obligación de tutela real y efectiva de las pautas establecidas en el artículo 16 de la ley citada, que incluye el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia (…)”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Sala VI – “R.C.J. s/ procesamiento” – 19/04/2013). (El resaltado nos pertenece).
De igual manera, cabe señalar que a fs. 123/vta., se observa –sin mayores esfuerzos- que las fuerzas de seguridad hubieron de comisionarse en el lugar del hecho fines de llevar a cabo un informe vecinal y un relevamiento de las cámaras de vigilancia, no obteniendo resultados favorables al respecto, en virtud de que los ciudadanos entrevistados desconocían el hecho que aquí se investiga.
No obstante, se advierte que en el presente legajo obran sumarios prevencionales que, si bien refieren no haber presenciado directamente los hechos investigados, sí dan cuenta de circunstancias concomitantes y posteriores que rodean el suceso materia de autos, aportando elementos contextuales relevantes para su esclarecimiento (v.gr. corroborar que el imputado se encontraba en la parte externa del domicilio de su ex pareja, conf. fs. 88, 89/vta., 116, 117/vta.). En tal sentido, el cuestionamiento defensivo deviene irrelevante, máxime si se considera que los hechos vinculados con violencia de género suelen desplegarse en el ámbito de la intimidad de la pareja, circunstancia que naturalmente limita la existencia de testigos presenciales.
De igual manera, y en lo atinente a las diligencias practicadas durante la instrucción, corresponde señalar que no surge del expediente que la defensa haya instado la producción de medidas conducentes para mejorar la situación de su asistido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P., por lo que no puede responsabilizar a la Sra. Conjueza de una eventual insuficiencia investigativa, cuando la propia estrategia defensiva no ha hecho uso de las herramientas procesales previstas a tal fin.
De igual manera, consideramos dable destacar que S.S.
selecciona las pruebas a producir conforme la normativa vigente, siendo que tal determinación constituye una prerrogativa que le permite escoger ciertos elementos o destacar los que, a su consideración, no le resulten pertinentes para la causa.
Así, se desmorona el argumento de la defensa en cuanto alega la existencia de insuficiencia probatoria, toda vez que, el plexo probatorio reunido permite sostener -con el grado de probabilidad requeridotanto la materialidad del hecho como la intervención atribuida al imputado, lo que permitió a la Sra. Conjueza a dictar el procesamiento del imputado, sin que se advierta vulneración alguna a los principios rectores del derecho penal ni a las garantías que le asisten. En consecuencia, el agravio bajo análisis no tendrá favorable acogida.
III. Del agravio referido a la declaración indagatoria y consecuente imputación:
Se agravió la parte recurrente al sostener que su pupilo procesal ha sido procesado incorrectamente, toda vez que en su acto de defensa material, brindó una explicación lógica de su visión de los acontecimientos.
En este sentido, indicó que su asistido se dirigió al domicilio de su ex pareja con el único propósito de retirar sus herramientas de trabajo, las cuales resultaban necesarias para su labor, siendo además el único sostén económico de su grupo familiar.
Asimismo, sostuvo que la supuesta “desobediencia”
invocada encuentra justificación en el ejercicio de un derecho constitucional y convencional, como lo es el derecho al trabajo. En esa línea, entendió que se trató de un hecho aislado que no implicó riesgo ni amenaza de persona alguna, por lo que -a su criterio- el hecho no puede ser subsumido en la figura de desobediencia.
Concluyó que la conducta atribuida al Sr. P.V. debe ser entendida como una imprudencia, y no como una acción dolosa orientada a desobedecer una orden, extremo que resulta necesario al analizar los elementos del tipo penal, la cual exige concurrencia de intención. Finalmente, advirtió que las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y el principio de inocencia se verían gravemente afectadas por un proceder basado exclusivamente en un formalismo previo de acusar y en consecuencia, culpabilizar.
Que iniciado el abordaje del aludido agravio, pese al esfuerzo de la defensa, tampoco habrá de prosperar.
En efecto, advertimos, deviene irrelevante el argumento de la parte recurrente en relación a la declaración del imputado en el acto de defensa material. En tal sentido, la Sra. Conjueza señaló: “…considero que lo expresado por el imputado en su defensa no alcanzarían para desvirtuar todo el material probatorio de autos, del que claramente surge que P.V. tenía pleno conocimiento de que no sólo no podía acercarse a P., ni a su domicilio, como así tampoco podía comunicarse con ella, ni directa, ni indirectamente. Por ello cuando expresa en su declaración que no había entendido cuando lo notificaron, que no podía acercarse ni contactarse con ella, argumentado que solo quería ver a su hija y retirar herramientas para ir a trabajar, en anda desvirtuan las probanzas de autos…”. Apreciación que ésta Alzada comparte.
En igual sentido, de las constancias obrantes en autos – en particular, de las actas de notificación de las medidas restrictivas- se desprende que el imputado fue debidamente comunicado sobre el alcance de aquellas, sin que haya formulado objeción o planteo alguno en torno a su comprensión, siendo esa la oportunidad procesal idónea para hacerlo. Así, creemos, la invocación posterior respecto de la necesidad de retirar sus herramientas de trabajo, sumado a su expresión de no haber comprendido la orden – al momento de ser consultado por la posibilidad de que las retire un tercero- aparece como una mera justificación de su actuar. En efecto, su intención se habría revelado cuando, pese a encontrarse debidamente notificado de la prohibición de comunicación –por cualquier medio- y de acercamiento, decidió contactar a su ex pareja por mensajes y dirigirse hacía su domicilio.
En virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar el agravio articulado, toda vez que no se evidencian las alegadas falencias en la imputación y consecuente valoración efectuada por la Sra. Conjueza, como tampoco la vulneración a los principios del derecho penal.
IV. Del agravio referido al excesivo monto de la medida judicial impuesta:
Finalmente, la parte recurrente se agravió por considerar que el monto del embargo decretado, fijado en la suma de pesos un millón ($1.000.000), advirtiendo que no existen constancias en autos que acrediten que una suma tan abultada sea la necesaria para garantizar la pena pecuniaria y la eventual responsabilidad civil que pudieran caberle a su asistido.
Afirmó que del ilícito en cuestión, ni el tipo ordinario o el calificado prevén en sus respectivas sanciones penales pena pecuniaria, circunstancia que debería tenerse en cuenta a fin de morigerar la suma impuesta en concepto de embargo.
Que, en relación al presente planteo, y al efectuar una atenta lectura de la resolución que se intenta poner en crisis, surge que en el punto III) del considerando, la Magistrada dio las pautas por las que entendió adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos un millón ($1.000.000), respecto del imputado. Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el art. 499 del C.P.P establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado).
A mayor abundamiento, en coincidencia con lo manifestado por los tribunales al respecto, entendemos que "(…) conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines (...)" (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Por lo que esta Alzada comparte el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por S.S para la fijación de la medida precautoria, como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos. Adicionalmente, corresponde aclarar que el monto del embargo cautelar sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse –llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso.
Es en razón de ese monto que, tal como señala la a quo, no puede descartarse la aparición de un actor civil que pretenda una indemnización.
Por lo demás, tampoco deben soslayarse las disposiciones de los artículos 29 y 30 del Código Penal en relación a la posibilidad de que una sentencia condenatoria ordene la reposición al estado anterior a la comisión del delito; la indemnización del daño y, finalmente, el pago de las costas, en ese orden.
Así, es que rechazamos el agravio expuesto y confirmaremos el monto de la medida de embargo decretada con respecto al causante P.V.Y.
Por todas las circunstancias arriba mencionadas y si bien con la precariedad que esta etapa procesal lo requiere, es que confirmaremos la resolución que se intentó poner en crisis.
V. Señalamiento al Juzgado interviniente:
En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, corresponde efectuar algunas consideraciones en relación a ciertas irregularidades advertidas en el trámite del presente sumario.
En primer término, se hace saber a la instrucción la necesidad de dar estricto cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino, así como a la normativa nacional, provincial y Acordadas del Tribunal Superior de Justicia, en relación al deber de juzgar con perspectiva de género en aquellos supuestos en los que se investigan hechos de violencia contra la mujer, debiendo asimismo dejar debida constancia del marco normativo aplicable en la materia.
En segundo término, se observan deficiencias en la conformación del expediente y en la consignación de la foliatura, lo que dificulta su adecuada lectura y análisis, menoscabando la celeridad y eficacia que deben regir en este tipo de procesos.
En tal sentido, se advierte la coexistencia de cuatro (4)
carátulas dentro de un mismo legajo –1) “P.V., Y. S/ Lesiones Leves Calificadas por el Vínculo en concurso real con Amenazas”, Expte. Nro. 27057/24.; 2) “P.V., Y. S/ Desobediencia”, Expte. Nro. 28214/25.; 3) “P.V., Y. S/ Infracción a la Ley 26485” Expte. Nro. 28213/25 (Acumulada a la causa 28214/25; y 4) “P.V., Y. S/ Desobediencia” Expte. 28234/25- sin apreciarse una organización clara de las actuaciones, lo que contribuye a la confusión del trámite.
Asimismo, en el expediente principal (Expte. N° 27057/24) se observa la consignación de un número de expediente distinto (“Expte. N° 24450/24”) en diversas piezas procesales (v.gr. oficios de fs. 16, 17, 18, 19, proveído de fs. 22 y, no menos relevante, el acta de declaración indagatoria de fs. 23/24), extremo que no resulta menor en atención a las consecuencias que podrían acarrear (v.gr. nulidad).
De igual manera, se vislumbra una irregularidad en el proceso de acumulación y refoliatura del Expte. N° 28214/25 al expediente principal. En efecto, dicho expediente ya contaba con foliatura propia; sin embargo, al ser incorporado se continuó la numeración del principal -a partir de la fs. 88-, dejándose consignada la nueva numeración por sobre la anterior (v.gr. fs. “01” tachada y reemplazada por fs. “88”, y así sucesivamente).
En ese contexto, la resolución dictada en el expediente acumulado -originalmente obrante a fs. 50/54vta.- pasó a corresponderse con las fs. 136/140vta. del expediente conexo, dictada en fecha 08 de julio. No obstante, en proveído de fs. 183 se continuó haciendo referencia a la numeración original (fs. 50/54 vta.), cito: “…Dése cumplimiento a lo resuelto de fs. 54/vta., punto 6º, notifiquese al Ministerio Público de la Defensa Nº Dos y Ministerio Público de la Defensa Nº Uno (Abogado de la víctima), de la resolución a fs, 50/54vta….”, pese a que la causa ya se encontraba acumulada y refoliada, generando así una evidente confusión en la identificación del resolutorio, máxime teniendo en cuenta que en mismo proveído se procedió a notificar a las partes –sólo defensor del imputado y agente fiscal- en fecha 01 de octubre del año 2025. A ello se suma que, a fs. 194, proveído de fecha 03 de marzo del corriente año, el propio Juzgado expresa: ”…habiéndose advertido que por un error material involuntario no se procedió a las notificaciones del Resolutorio de fs. 76/81vta., ordenadas en el punto 4º y 136/140vta., ordenadas en el punto 6º, como previo a todo trámite dése el debido cumplimiento. NOTIFIQUESE.” (El resaltado nos pertenece). Dejando en evidencia que en dicho decreto se incorporaron las notificaciones dirigidas al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa y al letrado de la víctima respecto de tales resolutorios. Sin embargo, de la compulsa integral del expediente se advierte que ya existían actuaciones vinculadas a dichas notificaciones, lo que permite inferir que, no sólo dicha circunstancia no fue oportunamente advertida, sino que tampoco se logra comprender con certeza, cual fue efectivamente la notificación hacia las partes (si en fecha 01 de octubre del año 2025, o el 03 de marzo del corriente año), generando una razonable incertidumbre respecto de cuál debe ser considerada como fecha válida de notificación del resolutorio apelado.
Esta superposición de actos procesales torna extremadamente confusa la correcta concesión del recurso interpuesto ante esta Alzada, en tanto incide directamente en el cómputo de los plazos procesales, generando así un dispendio jurisdiccional innecesario que, de no mediar un detenido análisis por parte de esta Alzada, podría haber culminado en un resolutorio dictando –indebidamente- la extemporaneidad del recurso interpuesto.
En tercer término, se advierte la existencia de diversas constancias de notificación que presentan deficiencias formales -tales como ausencia de fecha, falta de firma del notificado o ausencia de suscripción por parte del Secretario- conforme surge de distintas piezas procesales del expediente (cfr. fs. 22, 76/81vta., 140/vta., 142 y vta.,183, entre otras). Finalmente, en el certificado de elevación de fs. 198 se observa una irregularidad en la identificación de las partes, en tanto se consigna –punto f)- al mismo Defensor Público Oficial tanto para la defensa técnica del imputado como para la representación de la víctima. Si bien es cierto que es un mero error material, de no mediar aclaración podría implicar la ausencia de notificación respecto al abogado de la víctima en relación a la concesión del recurso.
VI. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VII. Comunicaciones: Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 136/140vta. de los autos procesales, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. HACER SABER al Juzgado que interviene, lo señalado en el punto V) de los considerandos que anteceden.
3. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]. 5º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia