Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, postuló el acusador público, si Pachelo tenía pleno conocimiento o cuanto menos una seria sospecha respecto de la intervención telefónica, ello pudiera haber pasado inadvertido por el hábil letrado, por no encontrarse notificado de los alcances de lo previsto por los artículos 60 y 162, máxime cuando en la propia audiencia de debate, el propio Dr. Ribas afirmó haber colaborado activamente con el Fiscal instructor aún antes de conocerse que María Marta García Belsunce había sido asesinada (ver audiencia)
Así entonces, no puede hablarse de afectación al derecho a la intimidad, al secreto profesional, al derecho de defensa cuando, precisamente, al tener conocimiento de su existencia cedió la expectativa de privacidad que la norma tutela No desconocemos la Acordada 17-2019 dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tanto exhorta a los jueces con competencia penal para que, de conformidad con el artículo 18 de la Constitución Nacional y las normas reglamentarias que así lo disponen, extremen los recaudos necesarios para establecer límites objetivos en la incorporación de elementos probatorios al expediente penal, excluyendo: (i) cualquier comunicación entre los abogados y sus clientes (ley 23.187, arts. 6° y 7°)…, no obstante lo cual consideramos que no resulta de aplicación en autos. …
PROVINCIA DE BUENOS AIRES TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL SALA I IPP 1402-71154-2 PACHELO RYAN NICOLAS ROBERTO Y MARASCO MATIAS OSVALDO S/ RECURSOS DE CASACION // PACHELO RYAN NICOLAS ROBERTO S/ RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS POR PARTICULAR DAMNIFICADO Y FISCAL
1 En la ciudad de La Plata sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces de la Sala Primera, integrada para esta ocasión por el doctor Fernando Luis María Mancini y la doctora María Florencia Budiño, para resolver en la presente causa N° 123.391 caratulada “PACHELO RYAN NICOLAS ROBERTO Y MARASCO MATIAS OSVALDO S/ RECURSOS DE CASACION//PACHELO RYAN NICOLAS ROBERTO S/RECURSOS DE CASACION INTERPUESTOS POR PARTICULAR DAMNIFICADO Y FISCAL”.
Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden MANCINI-BUDIÑO.
El Tribunal en lo Criminal Nro. 4 del Departamento Judicial San Isidro resolvió con fecha 2 de diciembre de 2022 condenar -por mayoría- a Nicolás Roberto Pachelo a la pena de nueve años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por haberse cometido con efracción reiterado en cuatro oportunidades con relación a los hechos N° 2, 3, 6 y 9; y autor penalmente responsable del delito de robo simple reiterado en dos oportunidades con respecto a los hechos N° 8 y 10 todos ellos en concurso material entre sí; absolviéndolo con relación al hecho N° 1 en que resultara víctima la Sra. María Marta García Belsunce; y por los hechos N° 5 y 7 que tuvieron como víctima al Sr. Eduardo Daniel Nacusse, por los cuales fue sometido a juicio.
Asimismo, se resolvió condenar a Matías Osvaldo Marasco a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar penalmente responsable de los delitos de robo agravado por haberse cometido con efracción -a título de coautor- con relación al hecho N° 4, robo agravado por haberse cometido con efracción y robo simple reiterados en dos oportunidades -todos ellos a título de partícipe primario -por mayoría- con relación con el hecho N° 9 y los hechos N° 8 y 10, respectivamente. Por otro lado, también se resolvió absolver a José Ramón Alejandro Ortíz y Norberto Glennon con relación al hecho N° 1 en que resultara víctima la Sra. María Marta García Belsunce por el que venían enjuiciados. Finalmente, se dictó veredicto absolutorio para Iván Alfredo Martínez respecto de los hechos N° 8, 9 y 10 que damnificaron a los Sres. Arturo Luis Piano, Christian Guerrien y Osvaldo Horacio Brucco, por los que se elevara a su respecto la causa a juicio.
Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación la defensa particular del acusado Marasco ejercida por la doctora Carolina Caliva Haro y el doctor Marcelo Costantino. Asimismo, la defensa particular del imputado Pachelo, a cargo de la doctora Raquel Pérez Iglesias y el doctor Marcelo Rodríguez Jordán dedujeron recurso casatorio.
Que por su parte los particulares damnificados, María Laura García Belsunce y Carlos Carrascosa, por medio de sus letrados apoderados, doctores Gustavo Alberto Hechem y Sebastián Maison, interpusieron recurso casatorio contra la absolución del imputado Pachelo respecto del hecho del que resultara perjudicada la señora María Marta García Belsunce. De igual forma, el Ministerio Público Fiscal, representado por los doctores Patricio Ferrari, Andrés Rafael Quintana y Federico Luis González, dedujeron recuso de casación contra la absolución del imputado Pachelo.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S Primera: ¿Son procedentes los recursos de casación interpuestos? Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
I. Que la defensa del imputado Marasco llega denunciando que se ha violentado la manda de los arts. 106 y 371 del ceremonial al no haberse motivado adecuadamente la decisión del tribunal a quo, habiéndose condenado al nombrado frente a una orfandad probatoria de cargo que hace arbitraria la resolución adoptada.
Explicó la parte recurrente que no se probó de manera inequívoca la intervención de Marasco en los hechos delictivos enrostrados, habiendo sido abundante la prueba colectada respecto del coimputado Pachelo, pero sin existir ninguna probanza de la autoría de Marasco en los hechos que se le atribuyen.
Así, sostuvo, respecto del hecho N° 4, se ha valorado solamente el testimonio de la presunta víctima y el de tres testigos, que sólo pudieron percibir con sus sentidos “la presencia del Sr. Marasco en tiempo y espacio y que preguntó por el Sr. Alcaide”.
Cuestionó la interpretación acordada en el fallo a tal hecho, en tanto no resultó razonada y lógica, a la vez que expone un apartamiento del principio indubio pro reo y pro homine.
Dijo, que la hipótesis acusatoria en torno a la presencia de Marasco con fines de desapoderar “con violencia en las cosas” a la víctima del hecho resulta una mera apreciación que no emerge de los dichos vertidos por los testigos. Destacó, que de haber aquellos advertido algo de tal clase, hubiesen llamado al Sr. Alcaide, a la seguridad del country o a la policía. Adunó la parte impugnante que sólo se acreditó la presencia Marasco en el Country Pingüinos, a donde iba con asiduidad, habiendo concurrido aquel día a “sorprender” al Sr. Alcaide quien le debía -le sigue debiendo en la actualidad- una gran suma de dinero producto de una deuda de juego, siendo ambos jugadores de póquer.
Alegó que prueba de ello es que se identificó correctamente al ingreso del complejo, que concurrió con el vehículo de su propiedad -el que resulta llamativo-, lo que no se compadece con alguien que pretenda no ser identificado después de haber cometido un delito.
En la rápida valoración de la prueba, a ojos de la parte recurrente, debe observarse que el Sr. Swinnen dice que Marasco no estaba anotado para ir a jugar al golf, y que, por ser un golfista conocido del barrio cerrado, le permitieron el acceso. Quiere decir ello que Marasco perfectamente identificado y en su vehículo no fue a jugar al golf ese día sino, como sostuvo esta defensa, fue con otros fines, querer cobrar una deuda que Alcaide mantenía con él y que fuera remiso a cumplir con dicha obligación. Puso de relieve que en declaración sostenida en la instrucción y ventilada en el debate, el señor Alcaide refirió que días antes del hecho había viajado a Rosario para jugar un campeonato nacional de póquer, cuestión que, refiere el mismo deponente, era sabida por su importancia por todos los jugadores de póquer, entre quienes se encuentra Osvaldo Marasco.
El premio de dicho torneo fue de ochenta mil dólares, y que dicha cantidad también fue publicada, con lo cual Marasco supuso que el Sr. Alcaide estaría ese día en su casa con dinero suficiente para hacer frente a la deuda. Incluso, Alcaide declaró que, por razones de seguridad, decidió quedarse un día en Rosario, circunstancia que Marasco no podría saber. Apuntó la defensa que el Sr. Alcaide, como así también los jardineros o la Sra. Moyano resultaron condicionados por el gerente al exhibirles la filmación quien les dijo ”este es el que robó”. Agregó que los dichos del damnificado Alcaide no fueron contestes con su declaración testimonial en la etapa instructiva, siendo que la hipótesis sostenida por esa defensa fue sólo en el marco de circunstanciar los hechos dando razón a por qué el Sr. Marasco se hallaba allí ese día.
Subrayó que silencio del acusado no acreditó que el mismo haya ido a cobrar una deuda de juego, lo que es cierto, pero tampoco acreditó que el mismo haya ido a robar la casa del Sr. Alcaide, lo que también es cierto. Sin embargo, la circunstancia de no declarar se interpretó de forma arbitraria y violatoria del principio in dubio pro reo.
Sostuvo que de aquellos testimonios, que en su momento generaron sólo un estado de sospecha, no se agregó ninguna otra probanza que genere datos incriminantes certeros que habiliten un pronunciamiento de condena, aflorando una duda que emerge objetivamente e impone resolverse a favor del imputado Similar arbitrariedad se verifica -sostuvo- en relación al reproche de los hechos identificados en la acusación como hechos 8, 9 y 10, que tienen como imputados a los Sres. Pachelo, Marasco y Martínez, debiendo repararse que el acusado Pachelo asumió en forma expresa y exclusivamente la comisión de los delitos, lo cual fue evaluado como un intento ”para mejorar su situación procesal” que, sin importar si pudo ser así, ello asumió proyección desventajosa sólo para Marasco y no respecto de Martínez, agravando selectivamente la situación de uno sólo de los otros dos imputados.
Lo cierto es que el Sr. Marasco sólo colaboró con el Sr. Pachelo, mediante la realización de un transporte benévolo al country Tortugas, aporte banal a la luz de otros muchos hechos anteriores cometidos en solitario por Pachelo. Trajo a colación la defensa que cuanto quedó objetivamente demostrado es que, en el momento de la comisión de los robos, Marasco estaba jugando al golf, en un torneo al que se inscribió, aunque de manera tardía.
Cuestionó por arbitrario tomar como un indicio de cargo la anotación tardía, ya que, como se ventiló en el debate, era habitual que así sucediera, tanto que en la testimonial de la vigiladora manifestara que se “anotaba con tinta y a mano” aquellas situaciones en que los golfistas no estaban en las listas originales ya impresas por el organizador. Igualmente, advirtió, tampoco podría evaluarse cargosamente que el Sr. Marasco no haya presentado su tarjeta de hándicap, siendo que, en la exposición del contador y golfista Pablo Rodríguez -la cual que no fue valorada- quedó evidenciado que la falta de presentación de dicha tarjeta es una práctica normal y habitual.
Incluso, el señor Rodríguez expuso que él mismo fue advertido por otros jugadores que “Matías” (Marasco) venía jugando detrás de ellos, con lo que puede inferirse que hubo más personas que advirtieron que Marasco estaba en el campo de golf. Se detuvieron, como es costumbre, en el hoyo 9 a tomar algo y luego del torneo estuvieron juntos en el club house de Tortugas, nada de lo cual fue valorado por el tribunal.
Pero lo que más agravia a esa defensa -se afirmó en el recurso- es que el enjuiciamiento se sostuvo en cabeza de los acusados Pachelo, Marasco y Martínez, siendo el último desligado de la comisión de los ilícitos por duda, al razonarse que Martínez pudo simplemente en la ocasión, haber concurrido al Tortugas como asistente del golfista, temperamento que debió aplicarse respecto del propio Marasco, pues de allí se deduce que Marasco aquella tarde fue a jugar al golf. Lo resuelto, expone un contrasentido que no puede ser pasado por alto, tal como se lo señaló en los alegatos. Aseveró la defensa que ello expone una disparidad de trato que afecta el art. 16 de la Constitución Nacional, y citó en apoyo de su tesitura doctrina respecto de los medios y elementos de prueba de los que podría adquirirse certeza.
II. Que por su parte la defensa del acusado Pachelo llega denunciando la infracción y errónea aplicación de las disposiciones de los arts. 40, 41, 51, 55 y 167, inciso 3, del código de fondo y arts. 1, 3, 106, 209, 210, 247, 359, 367, 371, 373 y 374 del código de formas.
Explicó que la impugnación pretende se modifique la calificación de los hechos enrostrada a Pachelo por la de robo simple en todos los hechos admitidos, vale decir: N° 2, N° 3, N° 6, N° 8, N° 9 y N°10; reduciéndose el monto de pena significativamente.
Reseñó que mientras se celebrara el juicio esa parte formuló diferentes protestas casatorias ante la denegatoria por parte del Tribunal de algunas de sus pretensiones, muchas de las cuales hacían referencia al hecho del homicidio por el que el nombrado resultó absuelto, pero que, no obstante, conviene citar a fin de poder contar con una sintética cosmovisión de lo sucedido en la discusión.
Así, puntualizó la defensa, las relativas a las sustracciones/encubrimiento de los palos de golf (causa N° 173 del Tribunal Criminal N° 7 departamental); los hechos de robo y hurto vinculados a la tramitación de la causa N° 2083 del Tribunal Oral Criminal N°15 con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la falta de anuncio sobre la identidad de los testigos convocados por la acusación para asistir al juicio; los pedidos de extinción de la acción penal por prescripción de varios hechos “satelitales”; la convocatoria del “testigo” que no fue (Marcelo Maradei); la incorporación del “peritaje” sobre comunicaciones telefónicas producido por el comisario Christian Daniel Blanco sin cumplir con la norma del artículo 247 del código de forma, con la excusa de que sería un “informe”; la incautación y secuestro del teléfono personal de nuestro pupilo a pesar de no estar “detenido” (ni incomunicado) para la causa N°5499; el no cumplimiento a lo establecido en el artículo 374 del ceremonial ante el “hecho nuevo” denunciado contra Pachelo por lo acontecido en el “Country Los Pingüinos”, evento en el que solamente habría estado involucrado Matías Marasco; y la incorporación al juicio de las filmaciones subrepticias presentadas por el extemporáneo testigo e investigador privado Carlos Alberto González, por no estar basadas en una autorización judicial y poseer rasgos de dudosa autenticidad, y él mismo no hallarse registrado oportunamente ni habilitado conforme a la ley que regula el ejercicio de los detectives privados y la seguridad privada -LEY 12.297-.
Si bien podría señalarse que la mayoría de ellas resultan conectadas con el hecho principal -respecto del cual recayera veredicto absolutorio, y, por tanto, ajeno a la consideración de este recurso-, expuso la defensa que aquello resulta ilustrativo sobre toda la modalidad de enjuiciamiento y de formulación de las posiciones acusatorias respecto de todos los hechos objeto de juzgamiento.
Aseveró, que durante la instrucción y todo el juicio, la acusación se encargó de construir, en la persona de nuestro asistido, a un ser solamente emparentado con el mal y el delito. Para ello, trajo a colación la mención de condenas informadas en infracción al artículo 51 del código sustantivo, tales como las causas N° 2083 del registro del Tribunal Oral Criminal N° 15 con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (sentencia del 2005), o la N° 173 del Tribunal Criminal N° 7 de San Isidro (con sentencia del mismo año); o la N° 3279 del Tribunal Federal Criminal N° 1 de San Martín (con sentencia no firme, al menos en el momento de su invocación, del año 2019); o de hechos ni siquiera denunciados por María Marta García Belsunce (la “desaparición” del perro “Tom” del año 2001) o cuya acción se encontraría extinguida por prescripción, como la archivada denuncia de amenazas y daño formulada por Mariano Alberto Maggi en el año 2000 (I.P.P.
N° 94.514 de la U.F.I. N° 7 de San Isidro); o la de amenazas efectuada por Nora Margarita Burgués de Taylor y su letrado el Dr. Juan Pablo Vigliero del año 2003 que tampoco tuviera acogida judicial; o las realizadas con alguna imprecisión temporal por María Laura García Belsunce y Viviana Beker de Binello, respectivamente, que tampoco tuvieron trámite exitoso; o de la denuncia efectuada por Emiliano Alcaide (“Country Los Pingüinos”) y que la Fiscalía pidió investigar en otro proceso en infracción a lo normado en el artículo 374 del ceremonial, colocándonos en la imposibilidad de ejercer la defensa a su respecto, pero permitiéndose igualmente el órgano de la Acusación, exhibir prueba en el debate atribuyéndole el hecho a nuestro defendido, sin que se abriera un ámbito de posibilidad de refutación de aquellos extremos; o de concretar evaluaciones psicológicas tendenciosas y opacadas por el tiempo, en contradicción a la falta de nomencladores que acaso incluyan los diagnósticos que se pretendieron, sobre todo a la hora de confrontar la personalidad de un “psicópata” (categoría no incluida en los nomencladores de la O.M.S.) con la de un “neurótico” (como en cambio diagnosticara la Lic.
Tombessi al propio Pachelo), rasgos incompatibles que, sin embargo, no le impidieron a los acusadores tildar a Nicolás Pachelo Ryan de “psicópata” a lo largo de todo el debate, en una atribución ligera e irresponsable construida al servicio del pretendido sustento de un infundado juicio de reproche (en este tópico subrayamos las encontradas versiones de las licenciadas María Elena Chicatto y Eugenia Covacich).
Afirmó la defensa que, más allá de que no resultaron suficientes para fundar un veredicto condenatorio con relación al llamado Hecho 1, lo cierto es que, por un efecto de acumulación cotidiana de diatribas, aquellas descalificaciones hacia la persona de nuestro asistido parecen haber calado en los juzgadores a la hora de mensurar el monto punitivo respecto de los episodios por los que en cambio sí recayera un veredicto condenatorio. Apuntó el recurrente que la acusación creó al “autor” ideal con clara tendencia peligrosista, omitiendo probar con el mismo énfasis lo que habría o no hecho en el ámbito del Derecho Penal nuestro defendido. Pero no solamente fue menoscabada la caducidad a la que se refiere el artículo 51 del Código Penal; sino también las posibilidades de prescripción (de orden público y destacando que, atento hallarnos frente a hechos independientes, impera el paralelismo en el análisis y no una pretendida acumulación), y también los valores supremos como el de los efectos de la “autoridad de la cosa juzgada” (su inmutabilidad y su fin proteccionista) y el principio rector del “ne bis in ídem” de raigambre constitucional y convencional por atentar contra el debido proceso (artículos 18 y 75 –inciso 22- de la Constitución Nacional).
Si se permite la infracción de tales principios y garantías, la seguridad jurídica se desvanece y la consigna de tutela judicial efectiva para todos los justiciables pasa a ser vista como una aspiración inalcanzable. La libertad probatoria (que tiene límites en lo prohibido) no puede ser la excusa para pretender el castigo de las personas relacionadas con el delito por lo que “son” y no por lo que “hacen”: Derecho penal de autor versus derecho penal de acto.
Recalcó que con ello se atenta contra la legalidad y la culpabilidad (responsabilidad, reprochabilidad). No pueden castigarse calidades personales, sólo acciones u omisiones punibles. Deben privilegiarse los derechos garantizados por la Ley Fundamental, aun a riesgo de esterilizar la investigación encaminada a esclarecer el hecho. Introducir valoraciones subjetivas (como la peligrosidad) a un tipo penal configuraría una violación al principio de legalidad. Debe ser la culpabilidad el fundamento de la eventual pena a aplicarse y no la peligrosidad, la cual, en su caso, simplemente podrá servir de basamento para una “medida de seguridad” (que no se ha pedido), pero no para una pena como la que se pretende. Tiene que primar el “derecho penal de acto” (cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Ramírez, Fermín vs. Guatemala” del 20 de junio de 2005; Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso “Gramajo” del 5 de septiembre de 2006; comentarios de Patricia S. Ziffer:
Traer al presente el pasado de nuestro asistido, incorrectamente, merece censura y desaprobación. Es una intromisión y una injerencia inaceptables generada por la imprecisión del objeto procesal al alejarse, la acusación, de la noción de culpabilidad, del llamado “derecho penal de acto”. Además, subrayó, media en autos un abierto menosprecio a la confidencialidad e intimidad al comunicarse penas que han caducado (cfr. artículos 43 de la Constitución Nacional; 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 20.3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 7.4 de la ley 25.326 en concordancia con la ley provincial 14.214; comentarios de Gregorio Badeni: “Tratado de Derecho Constitucional”, La Ley, segunda edición, Buenos Aires, 2006, tomo II, p. 1209 y ss.; Adrián González Charvay: “La protección constitucional de la intimidad”, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2012, p. 190 y ss.).
No puede ser pasado por alto -sostuvo la defensa- en esta infame construcción de un posible “autor” la circunstancia de aprovechar la calidad de “testigo” para hacerse de prueba ilegítima al dar a conocer conversaciones telefónicas que podrían responsabilizarlo de alguna inconducta, en abierto menosprecio a la prohibición de autoincriminación bajo juramento: La prohibición de obligar a una persona a declarar contra sí misma se ve violada si se interroga como testigo, bajo juramento de decir verdad, a la persona que según el interrogatorio aparece como sospechada de ser autor o cómplice de los supuestos hechos que se tratan de esclarecer (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso “Rodríguez Pamias” del 19 de octubre de 1953; Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, caso “Riveros” 449/2010/TO1/CFC1 del 17 de febrero de 2021, entre otros fallos de interés y artículo 29 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). Alegó que cuando una persona es indicada como autor o partícipe de un hecho punible ante cualquiera de las autoridades competentes para la persecución penal, pues desde ese momento peligra su seguridad individual en relación a la aplicación del poder penal estatal; puede, entonces, desde ese momento, ejercer todas las facultades que la ley le acuerda, antes de que el juez de instrucción lo considere sospechoso (cfr. Julio B. J. Maier: “Derecho Procesal Penal argentino – Fundamentos”, Hammurabi, Buenos Aires, 1989, 1b, p. 312).
Sentado ello, puntualizó sobre la aplicación de la agravante de efracción prevista en el art. 167, inc. 3, Código Penal, que resulta nula la ampliación del requerimiento fiscal efectuada recién al momento de las conclusiones finales respecto de los Hechos 2 y 3, al verificarse una violación al principio de correlación o congruencia.
Detalló que tales sucesos vinieron requeridos en su elevación como “Robos Simples” --tal como fuera la intimación del hecho al momento de recibírsele declaración indagatoria, cfr. art. 308 CPP--, y que la acusación, una vez cerrado ya el período probatorio, optó por ampliar la requisitoria en infracción al artículo 359 del ceremonial, y recalificar como agravadas por “fractura“ aquellas sustracciones recién en lo que fueron sus “conclusiones finales”, procedimiento vedado por el código adjetivo y que importa la violación al principio de correlación entre acusación-defensa y fallo. La consecuencia de ello, alegó, es la nulidad por lo que debe mantenerse la calificación original y quedar tales episodios encapsulados en la figura básica del artículo 164, los que se suman en forma material con los demás (artículo 55 ibidem).
Advirtió que no se trata de una cuestión de nomen iuris que pueda subsanarse por imperio del iuria curia novit; pues la cuestión concreta versa sobre el concreto hecho por el que resultó intimado, procesado y requerido en su elevación a juicio el encartado, diverso a aquél por el que finalmente resultó condenado, por lo que mal pudo esta defensa y el imputado en consecuencia, haberse defendido de la agravante no contemplada en el requerimiento de elevación a juicio y sorpresivamente introducida en las conclusiones finales, violándose de tal suerte el principio de correlación entre la acusación, la defensa y la sentencia. Agregó que una variación brusca de la calificación jurídica puede sorprender a la defensa en algunos casos. El cambio brusco del punto de vista jurídico bajo el cual se examina un hecho..., puede en ocasiones provocar indefensión, por lo inimaginable de la situación que se produce desde el ángulo de observación de la defensa técnica.
Citó en este tramo del recurso doctrina y jurisprudencia.
Que también cuestionó la defensa que la acusación no demostró, más allá de la exhibición de barretas, efracción alguna en los accesos de las viviendas asaltadas correspondientes a los damnificados César Martucci o Sergio Cerullo (Hechos 2 y 3 -causa N° 5794-); Claudio Ragalli (Hecho 6 -causa N° 5589-); y Christian Guerrién (Hecho 9 -causa N° 5529-), lo que es relevante para quien participa de la idea de que sólo hay “fractura” cuando se ha “quebrantado destructivamente” la defensa (conf. opinión de Edgardo Alberto Donna: “Derecho Penal – Parte Especial”, Rubinzal y Culzoni, Santa Fe, 2003, T° II-B, p. 183 y ss.), también es verdad que hemos querido reseñar en el alegato que el “mayor daño” que representaría la mentada “fractura” genera gran ambigüedad a la hora de la interpretación. Argumentó que no participa la defensa de la doctrina y jurisprudencia que cita con corrección el Dr. Andrejín en su reflexivo voto, ya que ha de considerarse a la ley como la única fuente formal del Derecho Penal, por lo que debe apuntalarse las bases del principio del “Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia” (artículo 18 de la Constitución Nacional).
Tras reseñar los problemas interpretativos que puede convocar la aplicación de la ley penal, como los riesgos que la vaguedad de los términos genera al principio de legalidad, puntualizó que “fractura” es un término difuso frente a la noción de “fuerza en las cosas” del que habla la figura básica contemplada en el artículo 164 de la ley sustantiva.
Tal “fuerza” podría ser equiparable a la idea de “daño” que se tipifica en el artículo 183 ibidem, a pesar de ello, válido resulta recordar que, cuando el legislador agrava esta figura, no abarca a la “fractura” (¿un “daño” mayor?) en el artículo 184.
Sin pretender que el Código Penal se transforme en un nuevo diccionario de la lengua -afirmó el recurrente-, se debe enfatizar el carácter restrictivo de la interpretación y destacó la certeza y estrictez que debe consustanciar la tipicidad penal, prohibiendo la aplicación de la analogía “in malam partem” y reinando el principio “pro homine” (cfr. Ricardo D. Smolianski: “¿Principio pro homine versus principio contra hominem?” en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, ejemplar N° 6, del mes de junio de 2014, p. 1178 y ss., Pedro J. Bertolino y Patricia S. Ziffer, directores).
Dentro del referido marco, tacharon de interpretación inconstitucional, por afectación al principio de legalidad del artículo 18 de la Ley Fundamental, la que en el sub-discussio se efectuó del término “fractura” (o “efracción”, que suele ser utilizado como sinónimo), al considerar la hermenéutica que del mismo se hace en el caso, como indeterminada e imprecisa, frente a la mención legal de lo que sería la “fuerza en las cosas” prevista en el tipo básico del robo simple.
Así, con cita de Sebastián Soler, aseveró la defensa que en el robo con fractura “Lo importante, por lo tanto, es que se trate de rompimiento de las cosas dotadas de alguna resistencia física, defensiva que cierren o delimiten un ambiente, y que cumplan esa función de manera evidente e intencional. (…) “Cuando la fuerza recae sobre las defensas predispuestas, la ley exige que constituya perforación o fractura, atendiendo con ello al efecto producido. No se trata, por lo tanto, de simple uso de fuerza, sino de una forma particular y calificada de fuerza, que produzca el efecto de perforar o de fracturar. En este sentido, tal vez la expresión de la ley es excesivamente limitativa, pues bien puede producirse la penetración empleando fuerza, pero sin romper o perforar, como cuando se tuerce un hierro para introducir la mano y abrir así la cerradura.”
En estos casos no concurre la agravante.
Esta hipótesis fáctica corresponde a los supuestos de apalancamiento, que coinciden exactamente con el verificado en el sus examine, lo mismo explican Omar Breglia Arias y Omar. R. Gauna, en su clásico Codigo Penal Comentado Anotado y Concordado que citó en apoyo de su tesitura. Agregó, que Ricardo C. Núñez, en su clásico Tratado de Derecho Pena afirma que: “La perforación y la fractura constituyen fuerzas en las cosas dotadas de solidez, horadándolas o atravesándolas de parte a parte, la primera, y rompiéndolas o separándolas con violencia, la segunda. No hay perforación ni fractura si uno de estos efectos se logra por otro medio que la fuerza; o si, usándose fuerza, humana o mecánica, no se produce un cambio en ella o se ocasiona otro distinto de los mencionados, verbi gratia¸ torciéndola, o si el hecho carece de ambos requisitos.”
Trajo a colación el recurrente que Carlos Fontán Balestra, en su Tratado de Derecho Penal, se expide en el mismo sentido, y aludió a jurisprudencia sobre el tema, particularmente, en dirección a que no constituye efracción la rotura del vidrio de puerta o ventana (Tribunal Supremo de Córdoba, Repertorio La Ley, T. xx, p. 1275, S. 10; Cámara Federal de Bahía Blanca, La Ley, T. 87, p. 432).”, como tampoco el forzamiento de uno de los ganchos o “pitones” de enlace de un candado que cierra la puerta (Cámara del Crimen de la Capital, La Ley del 5 de septiembre de 1968).
Adunó, que Marcelo A. Manigot, en su Código Penal Anotado y Comentado,[9] en su comentario al artículo 167 inciso 3º del Código Penal, coincide también que “…la rotura de un vidrio de características comunes no conduce a afirmar que la simple fuerza se transforme en fractura, ya que a este fin se requiere una energía material más pronunciada que la prevista en el art. 164 C.P. (C. Crim. La Pampa, J.P.B.A., 23-3685).”, y ponderó que en la obra “Código Penal. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni sostienen al respecto que: “La fractura exige el quebrantamiento, corte, o destrucción con daño de características especiales (por ejemplo, romper a hachazos una puerta). No hay fractura si la defensa no ha sido quebrada destructivamente (por ejemplo, separación de barrotes doblándolos).”, idea de la que participa Carlos Creus, e, igualmente, Oscar Alberto Estrella y Roberto Godoy Lemos, quienes dan cuenta que “Perforar es horadar, es atravesar de parte a parte las cosas puestas como cerramiento y defensa. Fracturar es romper o quebrantar con violencia una cosa [Diccionario de la lengua española, 21ª ed., 1992], importa la destrucción de la defensa o el cercamiento; o la separación violenta de una parte constitutiva de la unidad [Núñez; Laje Anaya]. No será suficiente para la aplicación de la agravante el simple forzamiento de la cosa, removiéndola, doblándola o torciéndola, pero sin que de ello deriva alguno de los resultados ya señalados de la acción de perforar o fracturar.” Luego de citar más jurisprudencia sobre la figura de aplicación cuestionada, reclamó la defensa que conforme la correcta interpretación que debe hacerse de la agravante --si no se quiere incurrir en una aplicación inconstitucional de la norma--, debe concluirse que los hechos perpetrados contra Martucci (N° 2), Cerullo (N° 3), Ragalli (N° 6) y Guerrién (N° 9), deben ser recalificados como “Robo Simple” perpetrados en forma reiterada, en concurso real. Máxime ello así, cuando en ninguno de los cuatros casos se ha agregado siquiera una pericia o dictamen de experto o inspección ocular, que acaso acrediten la configuración del quebrantamiento o perforación que el tipo penal reclama.
Pero tampoco es que se trate de una cuestión de hecho y prueba, cuando todo lo que se ha afirmado como acreditado al respecto no alcanza para configurar la fractura ni perforación que la calificante contempla. Así, afirmó la defensa, debe advertirse que la expresión que se utiliza y todo lo que se afirma en tal sentido, en el caso de los Hechos 2, 3 y 6, es “previo violentar la puerta”, y en el hecho 9, “previo ejercer fuerza sobre una puerta”, lo cual en modo alguno encuentra adecuación típica en la figura del art. 164 inc. 3º del elenco penal, sino antes bien, en la del tipo base del art. 164 del mismo catálogo, lo que así solicitamos, debiendo adecuarse la calificación legal en tal sentido y mensurar luego la pena en consideración a su escala más benigna.
Indicó la parte impugnante que lo que se aludió durante el debate -sin acreditarse ni afirmarse fracturas concretamente verificadas-, es a una modalidad de apalancamiento para procurar la apertura de las puertas, sin que se hubieren descripto en ningún caso las fracturas perforaciones y quebrantamientos que exige el tipo penal cuya aplicación se pretende. En otra dirección, respecto del denominado Hecho 9, señaló críticamente el recurso que media ausencia de acreditación de preexistencia, siendo que tampoco se habría sustraído cosa alguna en dicho domicilio, según Pachelo, por lo que el delito quedaría en grado de tentativa al no haberse completado el denominado “iter criminis” (arts. 43, 55 y 164 del Código Penal).
El Sr. Guerrién habría señalado que a su regreso de la ciudad de Mendoza advirtió como faltantes una chomba y una cruz de madera sin inscripción, objetos sin valor económico alguno y de los cuales tampoco se acreditó su preexistencia, extremo que adquiere relevancia fundamental cuando se producen presuntas sustracciones sin que la víctima presencie la situación, como para poder dar cuenta de que efectivamente el autor del hecho se estuviere apoderando de algún objeto en particular.
Distinta es la situación cuando el hecho ocurre sin presencia de testigos y la víctima debe recurrir a un recuento mental de sus pertenencias para poder afirmar si le ha sido sustraído o no algún efecto. En estos casos, resulta esencial poder afirmar la preexistencia del objeto en el instante previo al hecho, puesto que un objeto sin valor pudo haber salido de la esfera de custodia o disposición de la víctima con antelación sin que lo hubiere advertido tempestivamente.
En este caso, Guerrién señaló que estaba toda la casa revuelta, y que sólo le habría faltado una chomba y una cruz de madera, objetos ambos sin valor patrimonial relevante.
De su parte, Pachelo reconoció haber ingresado al inmueble, pero señaló que después de haber revisado las pertenencias del lugar, no halló nada de valor, por lo que se retiró sin haber obtenido botín alguno, a diferencia de lo que en cambio -y con igual sinceridad- reconoció respecto de los otros inmuebles auscultados.
Frente a este panorama probatorio, teniendo en cuenta que nada habría sido sustraído en dicho domicilio, el delito no se encuentra consumado. No obstante, y advirtiendo la irrelevancia económica de los dos efectos señalados por el Sr. Guerrién, propició la defensa que, subsidiariamente, se aplique el principio de insignificancia, como criterio de oportunidad a los que alude el art. 59 inc. 5 C.P. como modo de extinción de la acción penal, y art. 56 bis inc. 1º del CPPBA.
En tal sentido, parece evidente la violación al principio constitucional de lesividad, previsto en el art. 19 de la constitución Nacional, cuando no existe afectación al bien jurídico protegido, en este caso, el derecho de propiedad, verificándose en el caso bajo examen la ausencia de disvalor de resultado, por lo que no se configura la antijuridicidad material que exige la configuración del injusto.
Para el caso de no hacerse lugar a su consideración como causal excluyente de la configuración del delito, se solicitó se tome en consideración a los efectos de la reducción de la pena, dentro de las pautas de los arts. 40 y 41 del código de fondo.
Que, en otra dirección, el recurso casatorio denunció la violación a los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la pena al momento de establecerse la respuesta punitiva.
Explicó que una concepción estricta del principio de culpabilidad debería dejar afuera del análisis toda valoración de la conducta del autor con anterioridad a los episodios acaecidos en “Tortugas”, “Abril” y “El Carmencito”, siendo que las penas que han caducado o prescripto, que no tendrían que haber sido informadas, y no debe ser consideradas a la hora de fallar. En ese marco, se ponderó lo decidido por el sentenciante. Sin embargo, se sostuvo, una de las principales características que envuelve a estos sucesos acaecidos en los mencionados clubes de campo es la total ausencia de violencia contra las personas.
Todos los atracos fueron perpetrados cuidando de que no hubiera moradores en las casas asaltadas. Esto es relevante a la hora de establecer –o no- un “modus operandi”: sin armas, en soledad, teniendo por objetivo viviendas sin ocupantes, joyas, dinero y otros valores; características todas típicas del “escruchante” o “escrushante”, según terminología empleada por la licenciada Eugenia Covacich (cfr. José Gobello: “Diccionario Lunfardo”, A. Peña Lillo editor, Buenos Aires, segunda reimpresión, 1978, p. 80).
Lo dicho exalta una aseveración categórica a pesar de las arbitrarias omisiones de la acusación en tal sentido: Nicolás Roberto Pachelo no es un homicida ni una persona violenta (cfr. legajo personal formalizado por el Servicio Penitenciario provincial y los informes producidos sobre su conducta ejemplar a la hora del reclamos de beneficios, de trascendente gravitación por cuanto, como se sabe, la vida carcelaria puede traer aparejada innumerables conflictos entre sus pobladores y en los que el acusado no tiene -ni ha tenido nunca- participación alguna).
A lo expuesto, reclamó, debe adunarse el buen concepto de sus amigos actuales, a la sazón, Federico Tiscornia, Fernández Calvo y Santiago Bugnard, quienes fueron sinceros y medidos en sus respectivas expresiones, y sin soslayar los defectos del hombre enjuiciado. De participarse de estos argumentos, reclamó la defensa, se torna pertinente la reducción de la pena impuesta ante la remisión de la calificación a la figura básica (la del artículo 164 del código de fondo), en forma reiterada, por cuanto los juzgados se tratan de hechos independientes. Ante su concurso, la construcción de la pena deberá partir de la base de adoptar el mínimo mayor (un mes) y sumar los máximos de los castigos establecidos por las normas frenando el cálculo en un tope; todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 41 y 55 ibidem. Es en base a ello, conforme a las circunstancias expuestas, a las que debe aditarse que en la totalidad de los hechos en los que pudo arribarse un veredicto condenatorio, se partió de la confesión expresa de su intervención en el hecho por parte del Sr. Nicolás Pachelo, y en función de la aplicación de los principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad de las penas, que el fallo incumple, debe adecuarse el monto punitivo impuesto, por resultar más adecuado darle por compurgada la pena con la prisión preventiva sufrida por el imputado hasta el momento (cuatro años y nueve meses de detención provisional al momento de la interposición de este recurso, lo cual resulta por demás desmesurado), lo que así expresamente se solicitó.
Adunó la parte recurrente que la pena impuesta por el a quo resulta inclusive superior a la que el legislador ha previsto, verbigratia, para sancionar la máxima afectación contra la vida de las personas, el delito de homicidio, lo cual exhibe la inconstitucionalidad de la sanción por resultar irracional o violatoria del principio de razonabilidad, de necesidad y humanidad de las penas, el principio de la pena mínima necesaria y el de respeto a la persona, y a los principios de proporcionalidad y de equidad de las penas.
Finalmente, formuló la defensa su enérgico rechazo al proceder injuriosamente indeterminado que cierne el voto de quien se expidió en minoría, cuando transcribe una de las frases más célebres de “Hamlet” puesta en boca de Marcelo: “Algo está podrido en Dinamarca”.
Lamentablemente, no hace lo propio cuando Horacio agrega a continuación: “¡Que el cielo pueda remediarlo!”
Destacó que quien así se pronunció no sólo deja con la intriga sobre la localización de la corrupción -agraviando de modo impreciso a todos cuantos intervinimos en uno de los juicios más extensos y, más allá de sus vaivenes, más transparentes a los que hemos asistido-, sino que desacierta al pretender enlodar la investigación con una cita literaria escandalosa y desubicada porque no localiza el meollo en el seno de la Acusación, sino, vaya uno a saber dónde.
Su desatino no parece aludir a las exposiciones encubridoras que tanto Carlos Alberto Carrascosa como su entorno han exteriorizado en estos veinte años: La instalación de la idea de accidente doméstico, el no permitir el ingreso de la policía a “El Carmel” el día de la muerte de la señora García Belsunce, la limpieza y alteración de la escena del crimen, el descarte del “pituto”, la exhibición y uso de la partida de defunción falsa a sabiendas de que lo era, la desvergonzada confección del identikit de “La Dama de Rosa” con el rostro de Inés Dávalos Cornejo (ex esposa de Pachelo y, oportunamente, también sospechada); el doloso engaño al que condujeron al señor Fiscal Dr. Diego Molina Pico durante toda la instrucción y al que tanto han criticado propios y ajenos.
A pesar de todo ello, indicó el impugnante, para cualquier observador imparcial,”… la podredumbre parece estar ahí, a su alcance, en ese núcleo de personas que menosprecian lo resuelto por los tribunales, que han tenido que desalojar de la salas por sus improperios, que no respetan vuestra autoridad ni la decisión de nadie, que VV. SS. habéis visto dormir plácidamente y con desparpajo durante el debate, los que, a pesar de la cercanía del prójimo, contaminaban el ambiente con los olores viciosos de sus tabacos (no obstante estar prohibido fumar en sitio alguno), que proferían insultos a destajo, los que nunca han dicho la verdad a pesar de su oportuno juramento (por no conocerla o por complicidad), que llegaban tarde injustificadamente; que nos señalaron y describieron la ubicación de “vigas golpeadoras” donde no las había, y de senderos supuestamente intransitables donde había caminos perfectamente accesibles, los que quedaron expuestos y al descubierto en una de las más esclarecedoras inspecciones oculares a la que hemos asistido; que se muestran ofendidos por la elección del dos de diciembre como fecha de lectura del veredicto y sentencia cuando dieron su expresa conformidad para ello al terminar el debate; que recusan con agravios a VV. SS., se enmiendan y, al conocer el veredicto, vuelven a sentirse profanados”.
Agregó que “Lo siniestro y lamentable es que el tendencioso entorno y los probos fiscales son todas personas con amplio acceso a la educación y a la cultura y, sin embargo, han sido promotores de la vulgaridad e ignorancia más absolutas poniendo énfasis a sus interjecciones con palabras prohibidas por las afables formas, el respeto y el buen gusto, viéndose en ocasiones tentados por transitar el camino de la burla y la desconsideración porque algunos “rentados defensores”, tan rentados como los oficiales, según su parecer llegamos tarde al proceso, como si la Constitución Nacional o la Provincial distinguieran en ello la calidad de la “defensa eficaz”. Después de todo, ya que el voto nos propone la cita de antiguos pensadores, sostenemos que “se debe ser recto, no enderezado” (Marco Aurelio: “Pensamientos”, Losada, Buenos Aires, 2007 [Siglo II], traducción de Nicolás Estevanez, p. 39)”.
“Quizás, hubiera sido más provechoso que V. S. citara lo que al respecto dijo Hamlet en la obra traída a colación: “… He oído que quienes son culpables, ante una representación de la escena del crimen, pueden ser heridos en su conciencia hasta el punto de llegar a proclamar sus delitos. Pues el crimen, aunque no tenga lengua, hablará por los medios más prodigiosos …” (William Shakespeare, “Hamlet”, Longseller, Buenos Aires, segunda edición, 2011 [1603], traducción de Ariel Dillon, p. 87).” Destacó la parte recurrente que “… El baño, algo modificado, por cierto, desde que aconteciera el hecho (y escena del crimen), “hablaba” por sí solo cuando fue visitado por todos y, cualquier aroma, valga la imagen, procede de ese lugar; no le quepan dudas. Agregamos, por otra parte y como detalle de interés, que Nicolás Roberto Pachelo Ryan NUNCA, JAMÁS, estuvo en ese ambiente ni en algún otro de los Carrascosa-García Belsunce (el destacado nos pertenece).”
En su voto en minoría, apuntó el recurso, construido en base a indicios, no se reparó en una de las características de este medio probatorio: que, además de plurales, deben ser concordantes, inequívocos y convergentes. Subrayó que ello no resulta atendido en ese sufragio pues median “contra-indicios” a los allí señalados y que favorecen a Pachelo: no hay secuestro del arma de fuego empleada en poder del acusado, no hay rastros de él en el interior de la vivienda de los Carrascosa-García Belsunce, no hay conversación telefónica que lo incrimine a pesar de ser investigado desde el inicio, ningún objeto o animal perteneciente a la víctima ha sido individualizado o habido en su poder, no se ordenó la extracción de testimonios a su respecto ni por parte del Tribunal Criminal N° 6, ni el N° 1, ni de las distintas Salas de la Casación provincial que se han pronunciado en diferentes momentos.
Por otro lado, el voto del Dr. Ecke, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 371 del ritual, no ha dado respuesta a los “planteamientos sustanciales realizados por las partes”, con mayor precisión, los de la defensa.
Las críticas de la defensa -se apuntó-, basadas en hechos y algunas lecturas antiguas como las que propone ese magistrado en su soledad argumental, invita a concluir con una respetuosa sugerencia: “… Vale más inclinarse hacia la duda que hacia la seguridad de cosas de difícil prueba y de dañino crédito …” (Miguel de Montaigne: “Ensayos”, Océano, Barcelona. 1999 [1580], traducción de Francisco Ayala y otros, p. 359).
III. Que los apoderados de los particulares damnificados llegan a esta instancia exponiendo sus agravios casatorios, previo señalamiento a título personal del doctor Hechem -del cual desligó expresamente a su colega Dr. Maison y sus poderdantes- manifestando que a lo largo del trámite judicial que arrancó con la muerte violenta de María Marta García Belsunce, se cometieron innumerables y groseras arbitrariedades que fueron intencionalmente realizadas, las cuales resultarán sumamente trascendentes para que los Magistrados que tienen en su poder la revisión de la sentencia recurrida las consideren seriamente al momento de emitir su decisión. Tras recordar el letrado el rol de apoderado del particular damnificado que viene ejerciendo ininterrumpidamente desde el año 2003, en primer término, de la madre de María Marta y hasta su fallecimiento, a continuación de su hermana María Laura y, finalmente, con motivo de la firmeza adquirida del fallo absolutorio, del viudo Carlos Carrascosa, señaló, en dicha línea, que el tribunal oral rechazó irrazonablemente la pretensión, habiendo sido concedida finalmente por decisión de la Cámara de Apelaciones y Garantías Departamental, lo que da un primer indicio de animosidad en su contra. Recreó que el día 2 de diciembre del año 2022 asistió junto al Dr. Maison a la lectura del veredicto del juicio seguido a los imputados Pachelo, Glennon y Ortiz por ser presuntos coautores del homicidio agravado de María Marta García Belsunce de Carrascosa. Si bien, tal como lo habían anticipado pocos días anteriores algunos medios periodísticos que la absolución era un hecho concreto -otra irregularidad pasible de ser atacada de nulidad- guardaba en su interior alguna luz de esperanza ya que la abundante, variada y contundente prueba de cargo producida contra de Nicolás R. Pachelo lo conducía a concluir que el resultado no podía tener otro final que un veredicto condenatorio, al menos, en contra del principal acusado.
Sin embargo, señaló, se produjo lo que nuestra parte y los representantes de la acusación pública sospechábamos, que era ni más ni menos que la imposición del criterio del juez Rossi -el que influenció al permeable juez Andrejín- quien, sin ningún tipo de disimulo expuso durante todo el juicio una actitud hostil contra los titulares de la acusación pública y de esta acusación privada, motivada únicamente por su anticipada y conocida posición tomada en el caso a juzgar, producto de pertenecer y compartir con un amplio un sector del departamento judicial de San Isidro que, con total ilegalidad viene conspirando contra la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento definitivo del caso. Indudablemente sostuvo- ese prejuicio o posición tomada sobre el caso debió haber sido el objeto de una legal excusación, sin embargo, la materialización de su espurio cometido primó sobre su eventual apartamiento.
Prueba de lo anteriormente denunciado, destacó, puede observarse en los registros fílmicos de las primeras audiencias las que nítidamente mostraron los malos tratos que injustificadamente padecieron particularmente los fiscales de juicio por parte de los jueces Rossi y Andrejín. En este mismo sentido resaltó un hecho que afectó directamente a los intereses que represento y que a mi modo de ver resultó revelador de la animosidad manifiesta del juez Rossi contra mi representado Carlos Carrascosa. El nombrado, aun siendo debidamente legitimado como parte del proceso ocupó durante el juicio un lugar en el sitio destinado al público en general, no intervino ni pronunció palabra alguna salvo cuando depuso como testigo, la única vez que se me acercó, grosera e intempestivamente en ese instante el juez Rossi, sin motivo alguno que lo justifique, desató su ira hacia su persona exponiendo expresamente la animosidad que vengo relatando.
Es del caso resaltar -sostuvo- que en las más de diez veces que el acusado Pachelo declaró haciendo uso de su derecho de defensa, muy por el contrario, él mismo juez le profirió un trato por demás amable, pudiendo recordar que la pregunta más incisiva y seria que le formuló tuvo por objeto su preocupación en conocer sobre la salud de su hijo.
Indicó el impugnante que sólo basta que los magistrados revisores observen las grabaciones de las audiencias para corroborar lo afirmado, sin perjuicio de ello, del contenido del voto de la mayoría puede extraerse que sólo les falto dictaminar que los autores del hecho fueron Carrascosa y algunos otros de su entorno familiar-específicamente el fallecido Guillermo Bártoli- el que jamás fuera ni siquiera indagado como presunto autor del homicidio, ya que fue enjuiciado por encubrimiento, por lo cual autor del hecho principal no fue ni considerado- desafiando explícitamente lo decidido por todos y cada uno de los tribunales antes intervinientes que exactamente sentenciaron lo contrario.
Entre los organismos judiciales referidos en el párrafo anterior se encuentra ni más ni menos que la Corte Suprema de la Nación, el Máximo Tribunal Federal al que le tocó intervenir en dos oportunidades trascendentales, habiéndose pronunciado en ocasión de haberle ordenado a la Suprema Corte Bonaerense la revisión integral del escandaloso fallo condenatorio por homicidio agravado por el vínculo dictado contra de Carrascosa por la Sala I de este Tribunal de Casación integrada en ese entonces entre otros, hoy ausentes, por el juez por Natiello -autor del primer voto-, y por segunda vez en la oportunidad de rechazar la queja interpuesta por la Procuración Bonaerense contra la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley que oportunamente interpusieron ante la Corte Provincial contra la sentencia emitida por la nueva Sala de Casación, constituida al efecto, y que absolvió definitivamente al viudo Carrascosa por los delitos que fueron objeto del recurso (homicidio y encubrimiento agravados).
Señaló que a principios del debate esa parte acompañó a los fiscales de juicio en los planteos de recusación y nulidad, sin embargo, con posterioridad y en cumplimiento a la decisión de la Casación, nos inclinamos por sus desistimientos, especialmente para no conspirar con la continuidad del juicio y sobre todo para no dilapidar el gran esfuerzo realizado durante cuatro meses de audiencias de largas horas de duración por las que se probó, sin duda alguna, la responsabilidad penal de Nicolás Pachelo como autor del homicidio de María Marta.
Debemos recordar -subrayó- que el objeto de las recusaciones y los planteos de nulidad se debieron principalmente a la integración al tribunal de juicio sin sorteo del juez Andrejín -fue en alguna oportunidad secretario del mismo Tribunal N° 4, cuando también lo integraba el juez San Martín- siendo este último protagonista principal del fallo condenatorio por encubrimiento contra Carrascosa integrando en ese momento el Tribunal en lo Criminal N° 6 , habiendo sido uno de los estandartes y puntales de la instalación de la culpabilidad de la familia que represento y, de acuerdo a lo ya anteriormente dicho, el vocal Andrejín fue influenciado directamente por el juez Rossi y en función de ello simuló durante el debate una actuación jurisdiccional aparentemente comprometida con la búsqueda de la verdad, cuando en realidad y de acuerdo al resultado de los acontecimientos y del contenido absurdo de su voto puede inferirse tranquilamente que primó únicamente el acatamiento al compromiso asumido previamente.
Tildó el presentante de sospechosa la aparición intempestiva como defensor particular de Pachelo del Dr. Rodríguez Jordán, quien casualmente se desempeñó hasta antes de jubilarse como defensor público por ante este mismo Tribunal Criminal N° 4, sin perjuicio qué además de lo anteriormente indicado, en el inicio de este proceso había sido designado defensor oficial de la causa , circunstancia que mereció el cuestionamiento expreso de esta parte y de la acusación pública, en fin, todos casualmente vinculados y a tenor de lo ocurrido con el único fin de absolver de antemano y a toda costa a Pachelo, cuestión que terminó por concretarse.
Destacó la parte recurrente como otra maniobra al menos extraña, la desaparición intempestiva, sospechosa e injustificada -al poco tiempo de iniciarse el debate- del defensor del principal acusado Dr. Roberto Ribasquien increíblemente asumió el cargo de defensor en el proceso hasta el año 2017, y que sin embargo y desde el inicio de las actuaciones logró ventajas procesales ilegítimas debido a la connivencia delictiva con el fiscal instructor de entonces, quien le permitió operar en la defensa de su protegido y anticiparse en consecuencia a todas la medidas investigativas que esta parte propiciaba para imputarlo.
Una de las pruebas que corroboran lo expuesto surge de sus propios dichos, vertidos en sus alegatos de apertura, confesando en dicha oportunidad sin reparo alguno haber sido un conspicuo colaborador del fiscal Molina Pico, dijo expresamente: “…trabajé con él desde el inicio de la causa…”.
Ponderó como otra prueba irrefutable que verifica la connivencia ilegal anteriormente denunciada, en que Nicolás Pachelo mantuvo la condición procesal de testigo hasta el año 2017, siendo inexplicable que el principal sindicado como presunto autor material del homicidio con una innumerable cantidad de pruebas colectadas en su contra desde el mismo inicio de la causa -y que fueron las que en definitiva nutrieron la acusación en el juicio oral y público recientemente realizado- no se le haya ni siquiera notificado en ese entonces la formación de la causa. Incluso, subrayó, que habiéndose intervenido sus teléfonos- fijo y celular- los días 12 y 14 de diciembre del año 2002, el fiscal insólitamente le toma declaración testimonial el día 15 el mismo mes y año, o sea un día después, y se lo interroga sobre sus movimientos del día 27 de octubre día de ocurrencia del homicidio, dicho interrogatorio respondía más a aquellos propios de las declaraciones de los términos del art 308 del CPP que aquellos que contempla el art 232 del mismo ordenamiento legal. Así entonces, por un lado, le tomó testimonial y, al mismo tiempo, lo interrogó por su actividad del día del hecho, todo muy burdo y obvio, absolutamente demostrativo que el único propósito que se perseguía era concederle una protección, manteniéndolo como testigo para que no progrese ningún tipo de imputación en su contra y continuar con la hipótesis acusatoria en contra de Carrascosa y los familiares de la víctima. Remarcó, sobre esta consideración, que el día 23 de diciembre del año 2002 hay una presentación formal de Nicolás Pachelo solicitándole justamente que se le otorguen los derechos que consagra el art 60 del CPP, por supuesto la contestación del fiscal fue “…Téngase presente. Agréguese…”, jamás Ribas ni Pachelo insistieron en la solicitud, claro sabían perfectamente que las medidas investigativas en su contra no se iban ni siquiera a considerar.
La explicación a estos interrogantes jamás dilucidados, pueden ahora encontrar respuesta debido a la declaración testimonial que por primera vez en este proceso prestó durante el debate el testigo Dionisio Simón- socio de Roberto Pachelo padre en la explotación de La Tosquera- quien relató en uno de los tramos de su testimonio que: “… Post muerte de María Marta, Nicolás Pachelo vendió su 33% de la cantera, por la suma de 1.800.000 dólares, y le dijo: “esta vieja me costó 800.000 dólares”, en relación con la señora María Marta García…”, o sea que Nicolás Pachelo le abonó a su abogado la suma de U$S 800.000 siendo testigo????, seguramente, el destino final de ese dinero será uno de los puntos clave a investigarse en la denuncia penal en trámite y que recién empieza.
Respecto de la cuestión anteriormente expuesta, remarcó el impugnante, no está demás decir qué, vinculados a los robos qué en el año 2017 Pachelo consumó en distintos countries del conurbano bonaerense, hechos delictivos juzgados junto con este caso, se determinó la sustracción de cuantiosas sumas de dólares estadounidenses entre otros objetos de muchísimo valor, circunstancia que le permitió tener tres abogados que lo defiendan en el debate, que asista a la audiencias perfectamente vestido con ropa de marcas muy caras, con un buen semblante y especialmente bronceado. Otra vez el dinero pareciera ser la clave que su impunidad se mantenga inalterable.
Trajo a colación que en el año 2011, el propio Ribas asumió el cargo de defensor particular de Beatriz Michelini, personaje principal de todo el entramado vinculado al homicidio y casualmente única absuelta en el juicio oral que se llevó a cabo ante el Tribunal Criminal N° 1, otro de los organismos que prosiguió el sendero de las arbitrariedades y que finalmente debido de la firmeza que adquirió el fallo absolutorio en favor de Carrascosa y el desinterés del Ministerio Público en continuar con la persecución penal de los familiares de la víctima en esa oportunidad juzgados, tuvieron que sobreseerlos, circunstancia que reveló definitivamente que el fallo condenatorio que habían dictado resultó ser un acto jurisdiccional notoriamente inválido por haberse sustentado en una aparente acreditación, sin prueba razonable alguna que lo haya verificado, del elemento subjetivo que el delito contemplado en el art 277 del CP de encubrimiento en la modalidad de favorecimiento personal expresamente exige y que jamás existió.
Así, sostuvo, la absolución decidida es el resultado del accionar del grupo de fiscales y jueces -al que siempre perteneció Rossi y luego se acopló Andrejín- que durante casi 15 años en forma deliberada sostuvieron el descarte de la hipótesis que este apoderado vino postulando desde el origen de los sucesos, que, como ha quedado demostrado, lejos estuvo vinculada con una pretensión acusatoria exclusivamente defensista de los integrantes de la familia que fueron arbitrariamente perseguidos penalmente, o que haya sido caprichosamente contraria a la escogida por el fiscal instructor de entonces Molina Pico que hasta el año 2017 fuera lamentablemente convalidada.
Recién en el año 2017- debido a la intervención de nuevos fiscales no contaminados y comprometidos con la verdad y la justicia- se pudo, con posterioridad a la absolución dictada en favor de Carrascosa por la Sala I del Tribunal de Casación de fecha 20 de diciembre del año 2016, imputar definitivamente a Nicolás Pachelo y llevarlo a juicio, circunstancia que a todas luces reveló que hubo durante todo ese período de tiempo se perfeccionó un patente, deliberado e ilegal favorecimiento espurio. Ningún análisis mínimamente objetivo puede sostener lo contrario sobre la situación de un justiciable que luego de 14 años fue llevado a juicio y absuelto únicamente por mayoría, en la que la casi totalidad de los elementos probatorios extraídos de los medios de prueba introducidos y admitidos en el debate han sido colectados en los primeros meses de la iniciación del legajo.
Destacó el letrado el valor incriminante de las innumerables escuchas telefónicas que se reprodujeron en el debate, las que con absoluta certeza y sin que pueda interpretarse de manera distinta, dan cuenta que Nicolás Pachelo fue el autor del homicidio de la víctima, luciendo prácticamente como verdaderas confesiones, que ponen en evidencia circunstancias de tiempo, modo y lugar vinculadas al hecho que solamente el autor podría saber.
Objetó por inaceptable que algunas de esas escuchasespecíficamente dos de ellas, diría de las más comprometedoras- se las haya excluido, cuando en realidad no existe impedimento alguno, ni constitucional ni legal para valorarlas, pues las conversaciones entre un testigo de cualquier proceso penal con un abogado, aún de su plena confianza, no impide su utilización debido a que no conculcan ningún derecho.
En el caso, Pachelo era solamente un testigo, su supuesto derecho a la intimidad no puede estar por encima del derecho que tiene la sociedad y él Estado de protegerse ante una investigación criminal de un delito grave, y mucho menos en este caso que tanto Pachelo como Ribas participaron junto con la instrucción en acciones delictivas. Resulta inaceptable que además de haberse complotado con el fiscal para evitar ser incriminado, ahora, durante la etapa de juzgamiento quiera ampararse en derechos constitucionales que solamente le corresponden a justiciables que se someten lícitamente a los procesos y no obtienen beneficios espurios de funcionarios públicos que incumplen sus obligaciones legales.
Destacó, por otro lado, la labor del Dr. Federico Ecke que ha presidido el debate con total imparcialidad y profesionalidad, aún, habiendo sido también integrante del cuerpo de jueces de este departamento judicial desde hace muchísimos año no impidió que se viera comprometida su imparcialidad ni que haya primado en su proceder algún tipo de prejuicio preconcebido, muy por el contrario, su actuación reflejó claramente su compromiso con la verdad y con la justicia tal como surge de su ajustado voto a derecho que ha emitido en el caso objeto del juzgamiento. Cerrado el exordio, el particular damnificado señaló que, en primer lugar, motiva la interposición de la vía impugnativa la errónea, absurda y la falta de motivación de la sentencia en crisis, en tanto los argumentos desarrollados en la misma constituyen una fundamentación aparente, tergiversada e insuficiente para ser considerada una derivación razonada del derecho vigente teniendo en cuenta los hechos que se dicen comprobados en la causa.
Postuló que todo ello, la descalifica como acto jurisdiccional válido en los términos de los artículos 106, 210, 373 del Código Procesal Penal, 168 y 171 de la Constitución Provincial y 18 de la Nacional.
Dijo que la sentencia recurrida se fundamenta en afirmaciones dogmáticas y abstractas carentes de todo sustento, y omite brindar tratamiento a las cuestiones y sólidas probanzas debidamente introducidas y planteadas por esta parte en su alegato, todas ellas conducentes a la resolución del caso en la forma requerida, es decir la condena solicitada respecto de Pachelo en orden al homicidio de María Marta García Belsunce. Tras recordar la raigambre normativa de la obligación de motivar las sentencias judiciales y su valor esencial en el sistema republicano de gobierno, indicó -con cita de Jorge A. Clariá Olmedo- que “motivar es exhibir públicamente los elementos de autos examinados, las razones y las conclusiones del fallo; es mostrar a las partes y el público la valoración que se ha efectuado de las pruebas y los argumentos jurídicos utilizados para llegar a la fijación de los hechos y actuación del derecho.” (Derecho Procesal Penal, T.I, Ed. Ediar, p. 248).
Ahora bien, resaltó el recurrente, la exigencia-garantía de motivación que imponen las normas comentadas, no sólo sirve como garantía contra la falta de fundamentación de las sentencias o autos, sino también para proteger de aquellos que, aunque motivados en apariencia, lo sean, como en el caso, en forma insuficiente, irrazonable o arbitraria. Pues falta de motivación significa ausencia de motivación, dice Fernando De La Rúa, pero también ella falta en los casos en que esa exposición de motivos existe, pero es ilegítima porque viola las reglas jurídicas que determinan la forma y contenido de la resolución de que se trate (La Casación Penal, Ed. Depalma. Buenos Aires, 1994, pág. 105).
Indicó que luego de la reseña y análisis de las probanzas incorporadas y producidas en el debate, el doctor Andrejín comenzó en la segunda cuestión a dar tratamiento a la autoría del imputado en el hecho en cuestión. Va de suyo que debido a la publicidad que ha tenido el hecho durante años, con idas y vueltas, decisiones judiciales revocadas, detenciones y excarcelaciones, conductas reprochadas a mi representado y su núcleo familiar y social, no era necesario ni por asomo su tratamiento por una sencilla razón: toda participación de Carrascosa y su familia ha recaído en cosa juzgada y por lo tanto nada puede reprochárseles. Solamente el Estado debe de arrodillarse y pedirles disculpas eternas, no solo por los perjuicios económicos, sino por haber permitido que se mancillen los nombres de cada uno de ellos y haber permanecido Carrascosa años de prisión efectiva por un delito que luego se lo terminó absolviendo. El Estado, representado en el caso por Molina Pico (a quién el Dr. Andrejín pareciera disculparlo por tratarse de un nobel Fiscal) no puede volver siquiera a sospechar como se advierte en el voto en trato, ni de Carrascosa ni de su familia y amigos.
Apuntó la acusación particular que aquí se advierte una cuestión principal que afecta la congruencia, pues por imperio legal ninguna facultad tiene el a quo de reprochar conductas delictivas que entraron en la autoridad de cosa juzgada para, con ello, justificar una absolución.
Destacó el recurrente que la arbitrariedad y absurda valoración de las pruebas colectadas se advierten sin mucho esfuerzo desde el comienzo mismo de su voto: nótese que indica como evidencias solventes de la Fiscalía para justificar la condena de Pachelo: 1) las afirmaciones de los tres jóvenes que se cruzaron con Pachelo minutos antes del hecho y con la víctima, 2) los testimonios de dos empleados de la estación de servicio quienes expusieron que al día siguiente del hecho cuando no se conocía la causal de muerte, “… Pachelo les preguntó por la mujer asesinada del Carmel…”, 3) las manifestaciones del cuidador de la tosquera y 4) dato más importante son las monumentales mendacidades de Pachelo en relación a su actividad y localización el día del hecho.
Reclamó la parte damnificada que ello constituye prueba harto suficiente para dictar un pronunciamiento condenatorio de haber sido analizadas conforme a las reglas de la sana crítica razonada. Pero ello no fue así, en tanto contraviniendo las más elementales reglas de la lógica el magistrado Andrejín utilizó como argumentos para derribar la teoría de la Fiscalía pequeñas circunstancias o contradicciones lógicas por el transcurso de 20 años del luctuoso suceso, en el caso, de los 3 menores que vieron a Pachelo detrás de María Marta. Para ello centró sus objeciones en proporcionarles relativa credibilidad, sin prestar la debida atención a los años transcurridos y sin siquiera tener en cuenta las veces que declararon en la IPP y juicios orales.
Reclamó el impugnante que debido al conocido trajinar que tuvo el caso, reprochable exclusivamente al Estado, debió de tenerse especialmente en cuenta cada testimonio y el estado de ánimo de cada persona que compareció teniendo en consideración todo lo mencionado. Prestar mayor atención, y considerar lo padecido por cada testigo en particular.
Sin embargo, destacó, pareciera que desde el inicio la solución ya la había adoptado con la firme creencia que Carrascosa y su familia tenían intervención en el hecho, para lo cual se vuelve a tener en cuenta distintas circunstancias que no sólo se ventilaron en los tres juicios orales y la instrucción, sino en una gran cantidad de entrevistas, noticias en televisión o medios escritos, tales como el contenido de la gotita en la cabeza de la víctima, expresiones los comisarios Degastaldi o Casafuz relacionados con las inexistentes circunstancias de evitar el ingreso de la Policía etc., etc., etc. Subrayó, a modo de ejemplo, que hasta tomó en consideración para desvirtuar dichos de testigos y afirmarse en la postura de la absolución, la declaración testimonial de Bártoli, olvidando que ha fallecido hace años, y su declaración no puede ser incorporada al debate ni ser mensurada por los Magistrados, habida cuenta que la aplicación de la regla de exclusión probatoria, (art. 211 del CPP) opera con plenitud, pues Bártoli, luego de haber prestado declaración testimonial, fue imputado por el delito de encubrimiento agravado. En suma, su declaración testimonial no existe en el proceso aun cuando alguna de las partes haya solicitado su incorporación. Proclamó el acusador particular que los Jueces tienen el deber legal de verificar la afectación de garantías constitucionales al permitir la incorporación al juicio, no pudiéndose obviar que el doctor Andrejín al mencionar la declaración testimonial de Bártoli tilda a la misma como "de dudosa credibilidad". Más allá del criterio jurídico expuesto, resulta ofensivo no solo a su memoria sino a la familia en pleno. Aseguró que si Bártoli no hubiera fallecido podría haberle quitado las dudas al Magistrado y así evitar tan humillante manifestación.
Advirtió el impugnante que las graves e injustificables mendacidades de Pachelo fueron advertidas por el Magistrado de mención, pero a todas ellas, a pesar de no tener justificación, las convalidó, forzando y retorciendo dichos de testigos. A modo de ejemplo: “…Dudó de Azpiroz, de Asorey y Cristiani y pone manto de sospechas de supuestas mendacidades en boca de Bártoli y Carrascosa, entre otros, pero no duda de las mendacidades del acusado Pachelo.
Criticó que se duda inexplicablemente también de aquellos tres testigos, por entonces adolescentes, por guardar relación de amistad con la familia Carrascosa- García Belsunce, Bartoli y Taylor, olvidando que declararon bajo juramento en reiteradas oportunidades y siempre fueron contestes en sus dichos. Sin embargo, no tuvo en consideración el Magistrado que el Tribunal de Casación no dudó de ninguno de ellos. Señaló a éstas como algunas de las consideraciones que, a criterio del impugnante, violan el sistema de las libres convicciones porque en el sistema de valoración de la prueba como el adoptado por nuestro legislador, el de la libre convicción, el juzgador, si bien no está sometido a reglas que prefijen el valor de las pruebas, sino que es libre para apreciarlas en su eficacia, tiene como único límite de que su juicio sea razonable. La decisión de la mayoría, sostuvo, se ha basado en aserciones genéricas y abstractas carentes de todo sustento fáctico y lógico omitiendo dar cualquier tipo de tratamiento a las cuestiones debidamente planteadas por esa parte y la Fiscalía.
En tal sentido, apuntó a la fuerte afirmación relacionada con la ausencia de material probatorio que permita tener por cierto que a María Marta García Belsunce la asesinaron en ocasión de facilitar, concretar o asegurar el éxito de un robo. Tal extremo, afirmó el quejoso, se encuentra debidamente justificado, no sólo por el modo de operar de Pachelo en incuestionables hechos de robo, sino por lo expuesto por la testigo Murray. Por todo lo expuesto es que la sentencia en crisis, al carecer de motivación suficiente –arts. 106 y 201 del C.P.P.-, es nula y así debe ser declarada.
Si bien algunas cuestiones de valoración probatoria que hacen al pronunciamiento absurdo ya han sido introducidas, también existen argumentos que lo convierten en arbitrario.
La manifiesta arbitrariedad se encuentra justamente en la forma de valorar las supuestas probanzas que se ponderaron porque en lugar de hacerlo para absolver o condenar a Pachelo fueron utilizadas para volver a empañar las conductas de Carrascosa, Bártoli, Horacio García Belsunce, Juan Hurtig, Binello y Gauvry Gordon, sin tener en cuenta que muy a pesar de cuanto se quiera exponer en relación a la forma de culminación del proceso la cosa juzgada ha recaído y por lo tanto ninguna mención debe de formularse a su respecto.
Partiendo de esa premisa, indicó el recurrente, es correcto asumir un control del razonamiento del Juez (formal-lógico), porque tiene la obligación constitucional de razonar correctamente y no violar las reglas que rige el pensar. En otras palabras, alegó, la sentencia es un acto del poder estatal que necesita legitimarse en algo más que en un mero hecho de fuerza, dado que el Derecho no es solamente voluntad o poder, sino también, y principalmente, Justicia (ver W. Goldschmidt “Justicia y Democracia” en La Ley 87, 324). Agregó que, ni la razón, ni las reglas de la lógica, ni la psicología, ni el sentido común (menos la experiencia) se ven volcadas en el voto en trato, pues se ha partido para arribar a la conclusión cuya revocación se pretende de falacias, esto es, errores de razonamiento (Conf. Cohen-Nagel Introducción a la Lógica Tomo 2 pag.214).
A pesar de no hacerlo saber de manera concreta sus argumentos conllevan a la inequívoca conclusión que el Magistrado llegó al juicio con el concepto claro: Carrascosa y su entorno fueron los causantes de la muerte de la víctima, acomodaron la escena, instalaron junto al médico la idea del accidente, intentaron frenar a la policía, cremar el cuerpo, etc., etc., olvidando que su función era la de juzgar la autoría de Pachelo en el hecho con mayor responsabilidad que cualquier otro caso traído a su conocimiento no solo por la trascendencia pública, sino por las conclusiones del Tribunal de Casación Penal Bonaerense. En dicha dirección, hasta llega a la evaluación del llenado de la bañadera, el tiempo que demanda, olvidando que todas esas cuestiones han pasado en autoridad de cosa juzgada. También olvidó que la actuación del “nobel Fiscal” (así lo denomina) no fue tan mala por ser nobel o por haber sido “engañado por la familia como se afirma”, porque de haber sido así no podría haber pasado por los rigurosos exámenes que atraviesa cualquier persona que tiene aspiraciones de ser Magistrado y téngase en cuenta que aún se encuentra en su cargo. Cada vez más cerca de ser sometido a juicio, por mal desempeño en el ámbito del Tribunal de Enjuiciamiento y por el fuero criminal departamental, tal la denuncia que está tramitando en su contra.
Remarcó que las "falacias o argumentaciones incorrectas"
generalmente son idóneas y eficaces para convencer a su destinatario, a veces persuasivas psicológicamente, siendo precisamente eso lo que intentó el Dr. Andrejín por el pre-concepto antes apuntado. "Lo que interesa destacar es que las falacias son generalmente empleadas para persuadir, pese a que se sustentan en argumentos lógicamente incorrectos. De ahí, pues la necesidad de conocer este tipo de razonamiento para evitar ser engañado o, al menos, confundido. Es necesario diferenciar las falacias de los paralogismos dado que estos últimos no constituyen, estrictamente hablando, razonamientos, porque son falsos o incorrectos por infringir las leyes lógicas..." (Ver Argumentación Jurídica de Nicolás A. Grajales y Nicolás Negri, Editorial Astrea, Página 212).
En cuanto al voto del Dr. Osvaldo Rossi, señaló el particular damnificado que comenzó el magistrado enumerando parte del alegato fiscal en lo relacionado con los mitos que han sido derribados. Se refiere a las mencionadas conductas oportunamente reprochadas a Carrascosa y demás personas de su entorno incluyendo a Gauvry Gordon.
Aseveró el impugnante que su posición es más grave aún, por la sencilla razón que el énfasis en dejar en clara su postura, con relación a ello es más que notoria. Es contundente. Ello se advierte de una simple lectura de su voto.
Hasta se sustenta en el fallo condenatorio “…de HGB, Binello, Bartoli, Gauvry y Juan Carlos Hurtig…” exponiendo que la condena no debe ser desvalorizada ni inexistente “por obvias razones que no amerita sean puntualizadas.” Entiende el quejoso que la circunstancia de la decisión del Juez que: “las razones obvias no hayan sido necesario puntualizarlas” descalifica su argumento por completo, por la sencilla razón que no se llega a comprender si quiso exponer y dejar en claro que la condena debe merituarse como un cargo para los nombrados o si por el contrario se tenía que considerar a los fines de dedicarle la absolución a Pachelo. Los argumentos evidencian -al igual que el doctor Andrejín- que llegaron al debate con la clara necesidad de no escuchar ni evaluar probanzas porque su conclusión y decisión estaba sellada con antelación. Advirtió el recurrente sobre el grave error de los temas que llegan a la prensa y cuentan con una enorme difusión en los medios, pues no hacen más que pre constituir decisiones y generar graves conclusiones que conllevan a decisiones arbitrarias y equivocadas.
Analizando la circunstancia introducida por la Fiscalía con relación a la asistencia letrada del Dr. Ribas a Michelini (argumento analizado por el Dr. Rossi) es un tema para nada menor. Todo lo contrario.
Los Magistrados con la experiencia sobrada que percibieran la notoria y pública actuación profesional de Ribas al imputado Pachelo (como testigo en los albores) y a la postre lo ven asistiendo a Michelini (en el segundo juicio) debería de cerrarle cualquier conclusión en cuanto a los hechos y circunstancias que deban de acallar ambos involucrados con la asistencia del mencionado profesional. Si a ello se le suman las distintas conversaciones por demás elocuentes, llamativas y hasta ilegales, la idea debería de concluir inmediatamente. Pero no fue así. Todo lo contrario. Lo cierto y concreto es, afirmó el particular damnificado, que ninguno de los dos Magistrados de la mayoría tomó con la seriedad y contundencia necesaria -como sí lo hizo el magistrado de la minoría- los graves y múltiples indicios unívocos que existen en este proceso en contra de Pachelo, porque prefirieron exprofeso dejarlos de lado y en consecuencia incumplir la delicada labor que el Estado les confirió de juzgar a los ciudadanos. El indicio de mendacidad más importante y contundente por sí solo llevaría sin duda a un pronunciamiento condenatorio, se vincula con el hecho probado de que Pachelo desde el inicio mintió diciendo que no se encontraba en el barrio Carmel. Fueron varias las idas y vueltas con relación a ello.
Negar que los dos testigos de la estación de servicios Esso de Pilar (que ninguna relación de amistad o parentesco tienen con Carrascosa) les hubiera preguntado acerca de lo acontecido con la mujer asesinada en el Country, sinceramente es una ofensa a la inteligencia de quien recibe la explicación de Pachelo. Al igual que el robo del perro y la supuesta permanencia en el shopping aquel 27 de octubre.
Todas mentiras desvirtuadas, algunas con prueba objetiva y científica, otra por testimonios que no pueden siquiera ser tildados de tendenciosos o mendaces.
Trajo a colación el acusador particular lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la sentencia del 20 de noviembre del año 2001, al hacer lugar al recurso de queja interpuesto y dejar sin efecto lo resuelto por la alzada, en esa oportunidad formuló severas apreciaciones en punto al sustento jurídico de la resolución recurrida, señalando que “resulta una decisiva carencia de fundamentación en la resolución atacada, lo que implica que no constituya derivación razonada del derecho vigente(...) y la hace descalificable por aplicación de la doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad de sentencias, al afectar la garantía constitucional del debido proceso” (considerando 9º). Agregó que “resulta necesario llamar a la reflexión a los señores jueces y fiscales de las instancias inferiores intervinientes en causas de significativa repercusión como la presente sobre la necesidad(...) de extremar la atención en el encuadramiento legal de los hechos imputados a funcionarios o ex funcionarios. Pues resulta irreparable el daño producido por la ligereza en la apreciación de tales hechos al crear expectativas públicas de punición que, en caso de quedar luego desvirtuadas, alimentan sospechas o interpretaciones torcidas o aun malévolas sobre la intención de los órganos judiciales que en definitiva hacen respetar el ordenamiento jurídico. Nada se resuelve creando delitos de la nada ni buscando el tipo penal que permita el procesamiento con efectiva privación de la libertad para luego acomodar los hechos a la figura, invirtiendo así el orden lógico del razonamiento”
Prosiguiendo con el análisis de los votos de los jueces que se expidieron haciendo mayoría, aseveró el impugnante que no encuentran basamento en la prueba desarrollada a lo largo del extensísimo debate, habiéndose desechado injustificadamente abundantes y esenciales pruebas testimoniales producidas en el juicio, intentando vanamente fundar sus votos en consideraciones y cuestiones subjetivas a las que le dieron mayor importancia.
Esa tendenciosa y direccionada elección y supresión de pruebas -afirmó- constituye prístinamente una arbitraria fundamentación de la sentencia por parte de los magistrados por lo que la misma deberá ser casada por el Tribunal Superior.
Destacó que el doctor Andrejín señaló en forma injustificada que “Sin dudas, las versiones de los testigos se han apreciado sumamente ensayadas, calculadas, o al menos sin espontaneidad…”. Al respecto, han declarado bajo juramento de decir verdad ante los ojos del Tribunal casi un centenar de personas, todas intachables y todas han sido favorables a la acusación. Pero a diferencia de lo que infiere el votante, no fueron los allegados o conocidos de la familia García Belsunce quienes han prestado declaraciones más cargosas contra Nicolás Pachelo, sino los propios allegados del imputado. Ni siquiera los testigos de concepto traídos por la propia defensa lo han ayudado.
Remarcó que la defensa de Nicolás Pachelo no cuestionó ningún testigo ni consideró que exista posibilidad de falso testimonio durante los meses de debate, por tanto, no puede entonces el miembro del Tribunal desconocer las declaraciones. Es una arbitrariedad manifiesta en su fundamentación.
Subrayó el recurso que el doctor Andrejín se ocupó de defender la actuación del fiscal Molina Pico justificándolo de este modo: “la crítica sobre la labor de MOLINA PICO recae sobre la pésima indecisión del por entonces novel agente fiscal …. Empero, son las acciones del entorno cercano a la víctima las que mejor explican el yerro en que incurrió.”
Pero el razonamiento debe ser absolutamente inverso al desarrollado. Es decir, se castiga a la familia por haber considerado inicialmente que se trataba de un accidente doméstico como si se tratara de una instalación dolosa de esa situación. Debe remarcarse –sostuvo el impugnante- que si el señor Carrascosa tuvo una percepción errónea de la escena al encontrar a su cónyuge, cuestión absolutamente comprensible teniendo en cuenta la unanimidad de testimonios, queda zanjada cualquier duda con respecto a su accionar y el del resto de la familia desde el momento que permitió entrar en forma inmediata a la masajista Beatriz Michelini y luego a infinidad de personas para que se encarguen de la situación de emergencia: desde los médicos y ambulancistas de 2 empresas distintas llamadas al azar, pasando por estudiantes de medicina que residían en el barrio, además de una enorme cantidad de allegados.
Pero, fundamentalmente, la presencia en el velatorio del fiscal Diego Molina Pico y el comisario Degastaldi desligan en forma contundente cualquier negligencia que pueda querer cargarse sobre la familia. No fueron a visitar a amigos. Fueron a cumplir su función. La familia debió suponer que si había que llevar adelante alguna medida para deslindar dudas sobre el accidente las personas idóneas a cargo deberían haber hecho todo lo que correspondía.
El hecho de ser un novel fiscal como lo califica en forma amable el doctor Andrejín no lo exime de su responsabilidad. Más aún cuando estaba al lado de un comisario de fuste y de experiencia que justamente no era novel. Por el contrario.
El comisario relató en el debate oral que no sabe porque razón no se hizo la autopsia en forma inmediata, como marca la ley. Lo que resulta arbitrario es la torsión argumental que realiza el votante para cargarle en la cuenta de la familia la idea de accidente sobre el hecho y deslindar al investigador a cargo.
Constituye una inequívoca responsabilidad del fiscal haber tomado este hecho como un accidente doméstico. Si se hubiera actuado de acuerdo con la ley y a la objetividad investigativa del Ministerio Público Fiscal otra hubiera sido la historia.
Lo que queda claro es que para salvar su cargo como fiscal ha desviado la investigación cargando la culpa sobre la instalación de un accidente sobre la familia. Esa actitud resulta absolutamente injustificable y fue la madre de todos los problemas. Lo que resulta incomprensible es que el doctor Andrejín se haga eco de esa infantil excusa del fiscal (que tomó intervención desde el velatorio mismo) para lavar la imagen del fiscal y para poner sombra sobre la actuación familiar, lo que deriva en el intento de igualamiento de la sospecha sobre la familia con respecto a la hipótesis Pachelo.
Reafirmó el impugnante que la hipótesis sobre la responsabilidad de la familia quedó cancelada por cosa juzgada con grado de firmeza. A pesar de ello, el miembro del tribunal utiliza esa sospecha para desligar a Pachelo. Así, la distinta valoración de la prueba queda clara también en este punto, ya que para achacarle sospechas a la familia no respeta la letra formal de su absolución firme y aferrándose a pequeñas cuestiones subjetivas y no importantes pretende embarrar a Carlos Carrascosa para poder igualarlo en el barro de Pachelo.
Es decir, alegó, se cambia la vara de interpretación de acuerdo con la conveniencia o no con su objetivo y voluntad de absolución. Cuando ayuda a su cometido respetar cerradamente una resolución judicial así lo hace sin importar la verdad material, pero para endilgar culpas sobre la familia Belsunce no acepta la situación de absolución firme y les carga responsabilidades ajenas.
Se citó en el recurso un párrafo que -según se sostiene- demuestra acabadamente la cuestión: “Para que se comprenda con cabalidad: la calidad firme perdura en reconocimiento de las absoluciones dispuestas, pero el material probatorio presentado en este actual juicio permite valorar y extraer razones que devienen trascendentales para definir la situación de los ahora imputados, por cuanto en las conductas de los ya absueltos subyace todavía prueba de una deliberada simulación favorecedora del ocultamiento de la realidad conocida, o al menos su posibilidad -pues, no se alcanzó siquiera certeza negativa que excluya las chances.”
También manifiesta textualmente que “…extraer indicios de culpabilidad por vía de presencia y oportunidad o de una mendacidad nada robusta, deviene demasiado débil, por la amplitud que entraña las condiciones de vida dentro de un barrio cerrado con multitud de personas viviendo allí o terceros ingresantes a bordo de vehículos que no pasaron filtro de identificación; por mantenerse todos, en pie de igualdad de acercamiento a cualquier unidad funcional…”, pudiéndose verificar nuevamente como opera esta manera de torcer la argumentación arbitrariamente igualando situaciones.
Recalcó el impugnante que Nicolás Pachelo ha mentido en forma constante durante todo el debate. Viene mintiendo como testigo desde el primer día y ha continuado mintiendo como imputado hasta el último día. Mintió deliberadamente para desincriminarse a lo largo de los años e hizo mentir a la masajista Michelini a quien le pagó el abogado. También, alegó, pretendió que su madre mienta a su favor, destacando que se hallaron escritos en poder de su madre con una cronología de los hechos objetivamente falsa con títulos como “versión mejorada”, así como ticket de compra de juguete para utilizarlo como coartada, lo que derivó en el trágico suicidio de la señora Ryan. Sin embargo, apuntó el damnificado, el doctor Andrejín considera que la mendacidad constante de Nicolás Pachelo resulta débil como indicio de culpabilidad por vía de presencia y oportunidad. Lo que resulta débil, alegó, es su argumento de descargo: la presencia, la oportunidad y la mendacidad de Pachelo son contundentemente cargosas, ya que desde el primer día ha intentado colocarse en el Paseo Alcorta en el momento del hecho. El propio Nicolás Pachelo dijo en forma reiterada que ese domingo había sido un domingo más y que tuvo que reconstruirlo mucho tiempo después cuando declaró en diciembre de 2002 como testigo y por esa razón no podía recordar sus movimientos.
Sin embargo, destacó el recurrente, esas manifestaciones resultan contradictorias con toda su actividad desplegada después del hecho junto a su abogado Ribas en forma coordinada con el fiscal Molina Pico, lo que fue admitido en el primer día de debate por el propio letrado y fundamentalmente fue desmentida por el propio Pachelo el último día de debate, cuando manifestó libremente que el día Viernes 1 de noviembre de 2002 (5 días después del por entonces accidente) el presidente del Carmel, señor White le dijo que no constaban fehacientemente sus salidas del Country el domingo 27 de octubre de 2002 y por lo tanto el propio Pachelo comenzó a constatar dicha situación.
Por lo tanto, remarcó, Nicolás Pachelo se encuentra estudiando minuciosamente su domingo 27 de octubre de 2002 desde los primeros días y sabe perfectamente cada movimiento que hizo en aquella fecha. De tal forma, indicó, todas sus mendacidades son indicio de culpabilidad clara, más aún con sus condiciones personales como su alto coeficiente intelectual; su calidad de delincuente habitual en el country; que los domingos por la tarde con el cambio de guardia (lo que motivó la colocación de un guardia especial hacia su persona) y su diagnóstico de Trastorno Psicopático Narcisista.
Por todo ello, reclamó el quejoso, no puede el votante hacerse el distraído e interpretar livianamente que la mendacidad, presencia y oportunidad de Pachelo no son indicios claros de culpabilidad dando a entender que había muchos vecinos en la misma situación y posibles visitantes del barrio.
Aseveró el particular damnificado, con relación a los tres testigos que vieron a Nicolás Pachelo en el momento del hecho y en lugar del hecho, los jóvenes Asorey, Cristiani y Azpiroz, que el doctor Andrejin debió explayarse un poco más para desvirtuar sus dichos ya que se trata de testigos directos esenciales de cargo.
En este sentido, advirtió, se ha descartado lisa y llanamente las declaraciones en el debate de los tres testigos tomándose de una sola contradicción del testigo Azpiroz a lo largo de los años en una de sus cinco declaraciones testimoniales dándole esencial entidad a una contradicción antigua y demoliendo sólo con eso todos los testimonios que son plenamente válidos.
Citó textualmente un fragmento de la argumentación: “Sus dichos se muestran así ausentes de confianza suficiente; peculiarmente, la remarcable contradicción ya era a las claras del conocimiento de ASPIROZ al asumir posición en el asiento de testigo -incluso, la Fiscalía resaltó una supuesta obviedad del interés de la Defensa de contrarrestar la versión oral con la declaración de 2018-; ASPIROZ arrastraba consciente la diferencia de sus exposiciones y su posición como testigo de calidad dirimente o al menos tan significativa -se hizo cargo ante la voz del Juez Presidente del Tribunal, de haber sido quizás, última persona (fuera del ejecutor mortal) en ver con vida a la Sra. GARCIA BELSUNCE-. O bien, fue siempre consciente de las diversas versiones brindadas durante su adolescencia y cuando ya mayor de edad, o fue alertado de las referencias contradictorias con la consecuente resignificación de su cualidad de testigo importante para la postura acusatoria -y de allí la necesidad en este juicio celebrado de reivindicarse como sujeto veraz-. Cualquiera que fuese la alternativa, deja subsistente como premisa razonable, que carece de confianza en su credibilidad, incluso por el momento en que se dio la variación del recuerdo.”
Frente a ello, señaló el impugnante, la prueba debe ser evaluada en todo su contexto. La credibilidad de los testigos Asorey, Cristiani y Azpiroz es indudable. Han declarado todos desde los 13 años por primera vez ante el Fiscal Molina Pico de idéntica manera a la que declararon en el curso del debate.
Es falso lo que afirma Andrejín diciendo que Azpiroz ha dado diversas versiones durante la adolescencia. Siempre ha declarado el mismo contenido en todas las instancias a lo largo de los años salvo en el año 2018. Bueno, entonces para el vocal sentenciante esa es la que debe prevalecer.
Es decir, Azpiroz declaró a pocos días del hecho que vio doblar a Nicolás Pachelo hacia la izquierda siendo un adolescente intachable e insospechado de cualquier falsedad. Tanto es así que la presencia de Pachelo en el lugar desde el primer momento efectuada por estos 3 adolescentes fue negada constantemente por el imputado y terminó siendo reconocida por éste debido a las constancias indubitables. Esto es, subrayó el recurrente, los tres jóvenes tenían razón y lo dijeron cuando ningún otro dato objetivo había sido dado a la luz. A pesar de que el fiscal Molina Pico no consideró relevante que estos jóvenes hayan visto al vecino ladrón en el momento y lugar del hecho cuando éste afirmaba estar en el centro de la Ciudad con su madre, a 50 kilómetros de distancia.
Sostuvo la parte que se pudo ver veinte años después como estos tres ahora adultos ratificaron en el debate en forma amplia y a los ojos del Tribunal los testimonios que siempre habían dado. También se pudo apreciar que se trata de personas intachables y que no tienen motivo alguno para mentir. En tal aspecto, recordó que además de que Azpiroz ratificó haber visto doblar a la izquierda a Nicolás Pachelo, los señores Asorey y Cristiani (que lo vieron antes de doblar) también declararon bajo juramento que Azpiroz ya les había dicho desde el primer momento que había visto doblar a Pachelo hacia la casa de María Marta García Belsunce.
Frente a los testimonios concordantes y complementarios, estos deben ser evaluados en forma conjunta, resultando indignante ver como se le da mayor importancia a una única y antigua diferencia en la versión de uno solo de los testigos para tachar a los tres.
En cuanto al móvil de robo, se destacó que el vocal Andrejín también se esforzó por ponerlo en duda en forma irrazonable “Pero para medición importantísima de este asunto, si el resultado de la autopsia alimentó la idea de que el cofrecito pudo ser robado por el agresor, y que desde entonces CARRASCOSA constató qué otros valores faltaron -a decir de él, alguna suma de dinero oculta dentro del estuche de los anteojos-, silenció por cuantioso tiempo el despojo del rodado a bordo del cual, justamente, paseaba GARCIA BELSUNCE momentos antes de la agresión armada cuando entró a su casa”
Afirmó el recurrente que quedó ampliamente acreditado durante el debate a través de los innumerables testimonios de familiares, allegados y de las directivas a cargo de la fundación “Damas de Pilar” que la caja fuerte metálica que estaba a cargo de María Marta en el momento del hecho fue sustraída. Incluso se formuló una denuncia a pocos días del hecho que el fiscal Molina Pico aceptó a regañadientes como un expediente separado, en lugar de tomarlo como lógico móvil vinculado al homicidio como lo declararon infinidad de testigos.
A pesar de todo ello, observó, el doctor Andrejín puso en duda en forma injustificada e incomprensible un hecho absolutamente acreditado en su afán arbitrario de desvirtuar sin motivo todas las pruebas de cargo. De esa forma, aseguró el recurrente, se mezcló sin razón el faltante de la bicicleta playera de la víctima que no fue denunciado en el momento del hecho, con la cuestión de la caja que sí lo fue desde siempre, asignándole además una actitud espuria y sospechosa a Carrascosa.
Ello expone como el doctor Andrejín en todo momento continuó con una conducta pre direccionada de plantar intenciones dudosas en forma subjetiva e infundada sobre el señor Carrascosa para descartar pruebas profusamente acreditadas con documentos, testimonios y constancias existentes desde hace veinte años.
Que la arbitrariedad también asoma, dijo, para desacreditar el modus operandi empleado por Nicolás Pachelo en otros hechos ilícitos por él cometidos en cuanto a similitudes de contexto, víctimas y momentos elegidos para su ejecución, aferrándose el votante a la letra de decisorios judiciales para cerrar la cuestión.
Así, resaltó, constantemente en su voto avanza sobre la conducta de la familia Belsunce para deslindar a Pachelo, cambiando la manera de apreciar la prueba en este punto, ya que su criterio es diametralmente distinto: “Pero tampoco es que el episodio en perjuicio de la Sra. ARECO contiene similitudes propias reconocibles en sintonía con el caso GARCIA BELSUNCE. Contra ARECO, si bien hubo sujeto armado que salió al encuentro de la solitaria moradora del apartamento, la violencia ejercida trasuntó en la exhibición de un armamento, pero nunca descerrajado, limitado a la exigencia de indicación del lugar de ocultamiento de dinero sin acometimiento físico, y resuelta la presencia de la víctima con encierro en el baño. Así por demás distante de la extrema violencia ejercida contra la Sra. GARCIA BELSUNCE. Y cabe recordar, el material probatorio determinó que PACHELO no fue el ejecutor del robo, es decir, el intruso al domicilio de la familia AUGE; tal así graduada la intervención criminal de PACHELO en este hecho (contra la Sra. ARECO), como partícipe necesario, fuente suministradora de llave que facilitó el acceso al ejecutor, y fuente informadora del momento oportuno para el ingreso tras cerciorarse mediante llamadas en que se identificó como Nicolás PACHELO y so pretexto de apariencia inocua de querer saber de la evolución de una carrera de autos clásicos por el marido de la damnificada. No hay razón válida para apartarse de las mismas conclusiones alcanzadas por los Jueces integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 15 que juzgó a PACHELO, más aún ante el estado de cosa juzgada consolidado. Como tampoco merece disolverse la autoridad de cosa juzgada en el proceso penal afrontado por PACHELO ante el Tribunal en lo Criminal Nº 7 con condenación impuesta en orden al delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.”
En el transcurso del debate –afirmó el impugnante- pudo apreciarse fácilmente que el real autor material de los hechos fue Nicolás Pachelo. Ello deviene indudable y fue debidamente acreditado en el transcurso del debate. Los vecinos Pigoni, Sansuste, Zancoli, así como el personal de seguridad, miembros de la Comisión Directiva del Carmel y demás constancias han demostrado que los palos de golf fueron sustraídos efectivamente por Pachelo, especialmente los domingos por la tarde en el Carmel. Pero en este caso el vocal no considera la prueba del juicio que demuestra cabalmente su autoría del robo y se basa en las constancias de la sentencia del Tribunal 7 que se limita a la figura de encubrimiento.
Con respecto al caso Marta María Areco de Auge, reclamó el impugnante, que se trata de un hecho evidentemente mellizo al de María Marta García Belsunce lo que fue demostrado con la declaración de la propia víctima, de su hijo Gastón Augé, declaraciones de ex amigos de Pachelo y el informe del Licenciado Salcedo.
En este caso, afirmó el particular damnificado, Nicolás Pachelo realizó inteligencia previa sobre la existencia de dinero en la casa de Augé, accedió a la vivienda sin necesidad de forzamiento (había sustraído la llave a su amigo) esperó que la víctima (mujer de avanzada edad) estuviera sola en la casa, ingresó con capucha para ocultar su rostro, colocó un arma en la sien de la víctima obligándola a encerrarse en el baño y luego escapó con el dinero por la puerta escenificando una salida por la ventana.
En el caso García Belsunce. la diferencia radicó en que la víctima en lugar de acceder voluntariamente al encierro en el baño, se resistió y enfrentó al agresor lo que obligó a Pachelo a matarla para que no lo reconozca posteriormente.
Este hecho fue cometido meses después del caso Belsunce y el doctor Ribas, defensor de Pachelo, se apuró en suscribir un pacto de juicio abreviado en el que acepta su responsabilidad penal en el hecho, pero en carácter de partícipe primario, manifestando que mandó a 2 personas de Pilar a llevar a cabo el hecho con un arma de plástico. Sin embargo, la propia víctima en el debate manifestó expresamente que el arma que le colocaron en la sien fue real, de material metálico y que pudo verle los ojos al agresor, agregando además que al ver a Nicolás Pachelo años después con barbijo en ocasión de este proceso, pudo apreciar los mismos ojos de la persona que la había atacado a ella, con una mirada oscura.
A pesar de todo esto, afirmó el recurrente, el doctor Andrejín se atiene a la fría letra de la sentencia de juicio abreviado que se trata de un pacto entre imputado y fiscal, quedando una vez más en evidencia que la vara del vocal Andrejín varía de acuerdo con lo que le convenga en su intención ineludible de exculpar a Nicolás Pachelo.
Aseguró el particular damnificado que también se advierte una clara arbitrariedad en el análisis que realiza en relación a los informes de las peritas Cariac y Rodríguez quienes realizaron un perfil del autor del hecho en el año 2014 en base a las constancias de la causa.
En ese momento histórico –recordó el presentante- el señor Carrascosa se encontraba condenado a cadena perpetua por haber sido condenado por homicidio agravado. A pesar de esa circunstancia, ambas expertas concordaron en señalar que de acuerdo con todas las constancias objetivas no consideraban que el viudo pueda haber cometido el hecho luctuoso.
Por el contrario, indicaron en forma concreta que Nicolás Pachelo tenía el perfil del autor de este hecho en particular. Por sus antecedentes delictivos en el propio barrio cerrado, su capacidad de estudio del contexto, su diagnóstico de psicópata narcisista que se compadece claramente con la escenificación del cuerpo posterior al crimen, y demás constancias. Remarcaron que Carrascosa es una persona con tendencia depresiva y pasiva, que no tenía conflictos ni motivos para llevar a cabo el homicidio y que no existían pautas objetivas que lo liguen a la autoría.
A pesar de estos informes -que iban contra el statu quo imperante en la causa en ese momento- las peritas señalaron a Pachelo y lo ratificaron en declaración testimonial durante el debate donde ratificaron su análisis y pudieron explayarse ante el tribunal y las partes. El licenciado Daniel Salcedo coincidió plenamente con las éstas y presentó un informe audiovisual amplio y fundamentado en constancias objetivas.
No le caben dudas al perito que el autor del hecho es el señor Pachelo. Frente a ello, el juez de primer voto en forma escandalosamente parcial y tendenciosa, lo único que tomó de todos los conceptos aportados es que la escena del crimen fue modificada por el autor.
Así lo expresa en forma textual: “Los licenciados en criminalística escuchados -CARIAC, RODRIGUEZ, SALCEDO- compartieron sus deducciones sobre variables de la colocación del cuerpo en la bañadera: el propósito de hacer perder rastros físicos diluidos en agua, demorar o despistar la investigación para evitar la individualización del autor. Fueron GAUVRY GORDON y CARRASCOSA los que fomentaron la idea de accidente. Ambos mostraron de manera paralela en sus dichos, una necesidad común, reafirmarse como la génesis de la errónea interpretación de la escena que se extendió al error de los que vinieron después” Resulta insólito ver que luego de que los 3 peritos a través de sus detallados informes -ratificados además por extensas declaraciones testimoniales- concordantes en asignarle autoría del hecho a Nicolás Pachelo, el doctor Andrejín solamente extraiga que el autor realizó una escenificación y encima eso se lo carga al médico Gauvry Gordon y a Carlos Carrascosa porque “fomentaron la idea de accidente”. El magistrado realiza una interpretación de la prueba intencionadamente parcial y arbitraria. Peor aún, indicó el impugnante, resultó el abordaje de los testimonios de los tres empleados de la estación de servicio Esso de Pilar, señores Mantovani, Monzón y Gutiérrez porque no sólo incurre en arbitrariedad manifiesta como en los puntos anteriores, sino que en este caso recurre a una fundamentación falsa, lo que podría constituir el delito de prevaricato. Explicó el acusador particular que debido al fallecimiento del señor Gutiérrez se incorporó por lectura su declaración de la instrucción, mientras que los señores Monzón y Mantovani pudieron deponer en forma personal ante el tribunal. Los tres relataron que el señor Pachelo se presentó a primera hora del lunes 28 de octubre de 2002 (al otro día de la muerte de María Marta) y les preguntó si sabían algo de la mujer que habían “matado” el día previo en el Carmel.
Hasta que se llevó a cabo la autopsia casi 40 días después todas las personas tomaron su muerte como un accidente, por lo que solamente el autor del hecho podía saber que se trataba de un homicidio.
No podía comprender Pachelo que no haya habido un escándalo en el Carmel por el asesinato que él había cometido. No se podía contener y no podía preguntar algo así a los vecinos porque sería auto incriminarse. Por lo tanto, consideró que podía obtener algo de información en la Esso ya que era un lugar concurrido por todos y además los empleados no eran personas de su entorno social.
Pero tuvo la mala suerte que esas personas recordaron esas preguntas, lo que además fue avalado por el testimonio incorporado por lectura de la fallecida Dolores Sanjurjo, quien declaró haberse encontrado con Pachelo en la estación y hablar del accidente de María Marta. Pero al retirarse Pachelo del lugar el señor Monzón le manifestó con sorpresa que Pachelo le hablaba de un homicidio.
Estas declaraciones concordantes son demostrativas de que solamente el autor del hecho podría preguntar eso. En este caso, remarcó, el doctor Andrejín no podía decir que se trata de personas allegadas a la familia y que pueden tener algún interés como hizo con Azpiroz, Cristiani y Asorey, ya que se trata de personas ajenas al círculo de la familia y de Pachelo.
Por eso –destacó el quejoso- no le alcanza con hacer un análisis arbitrario, sino que debe recurrir a una falsedad manifiesta ya que expresa que hay pruebas objetivas que los desmienten. Citó el fallo sobre este particular, en donde se sostiene que “Debe distinguirse que sus versiones se contraponen con material probatorio de base objetiva, con más la existencia de testigo que posicionó a PACHELO en otro lugar a mismo momento. De la nómina de llamadas entrantes y salientes almacenada por VAIC, se desprende que en fecha 28de octubre de 2002, el uso de la línea de telefonía celular de PACHELO (01144495646) registra consulta a casilla de mensajes de voz, a las 7:56 con impacto de celda de antena de influencia geográfica en Carmel; y utilización de telefonía fija y celular (de antena con injerencia en Carmel) en horarios siguientes -cabe recordar que en testimonio incorporado por lectura, la Sra. de SANJURJO refirió también encontrar a PACHELO en la ESSO aunque más tarde que la hora precisada por los empleados de la estación deservicio-.
En sus testimonios de fs. 671, 2353 y 7933 Balbina AVILA, entonces empleada doméstica del matrimonio PACHELO-DAVALOS, confirmó que para el horario de 6:00 a 7:00 señalado por MONTAVANI y MONZON, su empleador Nicolás PACHELO se encontraba en la casa.
Las planillas de fichaje de entradas y salidas del Carmel no registraron uso de tarjeta del socio PACHELO; y sólo merece asignarse cualidad especulativa a la verificación de uso de tarjeta de Guardia que no prueban la salida de PACHELO el 28 de octubre de 2002 para horario de 6:00 y 7:00; tampoco proyectables a salidas de PACHELO que para 29 y 30 de octubre evidenciaran que el uso de su teléfono celular no corresponde a localización en Carmel sino en la tosquera.”
Al respecto, afirmó el impugnante, es absolutamente falso lo que expresa el vocal al afirmar que la empleada doméstica Balbina Avila manifestó que Nicolás Pachelo el lunes 28 de octubre entre las 6 y las 7 de la mañana estaba en la casa. Es que la empleada de Pachelo -a pesar de ser llevada a declarar por él para salvar la coartada y poder desmentir a los empleados de la Esso- no afirmó en ningún momento que su empleador estaba a esa hora en la casa. Simplemente dice que supone que sí porque todos los días se levantaba más tarde y eso alcanza para que el doctor Andrejín mienta en su voto y diga que la empleada dijo lo que no dijo. Esto –reclamó el recurrente- no puede permitirse ya que va más allá de cualquier interpretación dudosa o arbitraria, habida cuenta que se afirma que un testigo dice algo que no dijo para poder sustentar su voluntad dolosa de descartar las pruebas de cargo contra Pachelo.
A esta falsedad le sumó otras dos supuestas pruebas objetivas que desmienten los dichos de los tres testigos. El VAIC que supuestamente sitúa a Pachelo en el Carmel es también un dato falso ya que consta el uso del celular a las 7: 56 hs. del lunes en la antena que supuestamente corresponde a Carmel. En primer lugar, destacó el particular damnificado, el técnico en comunicaciones repitió hasta el cansancio en sus declaraciones testimoniales que había 2 antenas que captaban la zona de Pilar centro y zona Carmel pero que no era algo taxativo y que podían entrar en cualquiera de las dos eventualmente. Pero fundamentalmente resulta absolutamente lógico que haya ido entre las 6 y las 7 a la Esso y a las 7.56 (una hora después se encuentre en la zona Carmel.
Asimismo, también refiere el ponente que las constancias de la puerta del country no registraron su salida, cuando ha quedado palmariamente demostrado que tampoco quedaron registros de sus ingresos y egresos del barrio admitidos por Pachelo el lunes e inclusive el día domingo del hecho. Esto es, ninguna de las supuestas pruebas objetivas que alega el vocal contradice la presencia de Pachelo en la estación de servicio. Pero además de ello, inclusive considerando que fuera así, en todo caso el vocal Andrejín podría haber supuesto que el hecho relatado por los mozos y Sanjurjo podría tener alguna diferencia o confusión horaria pero lo que no se puede nunca colegir es que el contenido de las declaraciones de estas 4 personas es falso. Se trata de una arbitrariedad insoportable.
Aseveró el acusador particular que no existe duda alguna que los tres empleados de la estación de servicio son testigos absolutamente veraces, no conocen a la familia Belsunce, no son enemigos de Pachelo ni tienen motivo para mentir a lo largo de 20 años con respecto a este tema. Asimismo, en el debate se pudo apreciar la legitimidad de sus declaraciones y la coincidencia en el tiempo.
La defensa del imputado Pachelo no realizó ninguna impugnación a sus declaraciones durante el debate ni invocó su falso testimonio. Ni siquiera intentó llevar a cabo un careo para contrastar sus dichos. Destacó que lo que la defensa no hizo lo hizo el Tribunal, eliminando las cuatro declaraciones testimoniales esenciales de cuajo.
Observó críticamente el impugnante que similar es la cuestión en relación con el testigo Dionisio Simón (ex-socio y gerente de la tosquera) ya que el juez ponente descalificó todo el contenido de su declaración testimonial diciendo solamente que el día que Simón manifestó haberse encontrado con Pachelo en la oficina de la tosquera, la misma ya estaba cerrada.
Esa supuesta cuestión objetiva también resulta arbitraria para desechar una declaración testimonial de cargo.” Y ahora para las jornadas del 29 y 30 de octubre (martes y miércoles siguientes al domingo 27 de octubre en que falleció la víctima), el uso del teléfono celular del encausado refrendó presencia en zona del Carmel (antenas 215, 394) o en geografías cuyas antenas de influencia (454, 209, 494) no fueron informadas como correspondientes a radio de la tosquera (lugar al que SIMON afirmó concurrió PACHELO). Por cierto, en importante contradicción propia, SIMON afirmó durante su testimonio ante el Tribunal que en mismo tiempo en que la cantera permanecía cerrada, PACHELO concurrió a sus oficinas administrativas…Las planillas de fichaje de entradas y salidas del Carmel no registraron uso de tarjeta del socio PACHELO; y sólo merece asignarse cualidad especulativa a la verificación de uso de tarjeta de Guardia que no prueban la salida de PACHELO el 28 de octubre de 2002 para horario de 6:00 y 7:00; tampoco proyectables a salidas de PACHELO que para 29 y 30 de octubre evidenciaran que el uso de su teléfono celular no corresponde a localización en Carmel sino en la tosquera”.
Resaltó el impugnante el tenor de este testigo, pues resulta una persona que dijo que Pachelo confesó su autoría 2 o 3 días después de la muerte de María Marta al preguntar por la vieja que habían matado, ratificando que había hablado con los mozos el día anterior y diciendo que el arma no iba a aparecer porque debe estar en La Pampa. Agregando el encartado Pachelo, además, que había gastado u$ 800.000 dólares estadounidenses por culpa de este caso.
Este testimonio tampoco fue tachado por la defensa ni intentó carearse el encartado con el señor Simón, limitándose a esbozar Pachelo luego que se retiró el testigo de la sala de audiencias, que éste declaraba en su contra porque estaba enojado porque no le abonó un porcentaje que el padre le había prometido.
Con esta infantil excusa el imputado intentó desvirtuar sus contundentes y pormenorizados dichos, pero no solicitó un careo a pesar de ser un hábil declarante, con alto coeficiente intelectual y una persona que intentó justificar lo injustificable durante el debate declarando casi 20 veces en forma locuaz y enérgica.
Pero a pesar de ello “no le dio la nafta” para intentar carearse con el señor Simón o con los mozos de la Esso, o con los 3 jóvenes que lo vieron en el lugar del hecho quienes declararon bajo juramento sobre circunstancias cargosas de extrema gravedad.
Quizás Pachelo sabía que tantas horas de testimonios bajo juramento de decir verdad de infinidad de personas intachables serían descartados de un plumazo por parte de 2 de los miembros del Tribunal, por eso no se preocupó en intentar contrastar o impugnar sus declaraciones.
Porque en donde hubo uniformidad absoluta fue con relación a que todos los testigos que depusieron en el debate, ya sea allegados a la familia Belsunce, personas ajenas al círculo social del country e incluso amigos de Pachelo, todos declararon en contra del imputado. Hasta los testigos ofrecidos por la defensa han declarado en su contra. Esa es una particularidad única que parece que no fue valorada debidamente por 2 de los vocales.
Cuestionó el recurrente que también se anuló fácilmente la declaración incorporada a través de un video del periodista Jorge Lanata en la que refiere concretamente y sin dudas que Pachelo le había confesado haber estado lavando su ropa en su casa el 27 de octubre de 2002. Para ello, basándose en la explicación dada por Pachelo durante el juicio -en la que dijo que se lo había dicho irónicamente al periodista-, se descartó este elemento de juicio, resultando difícil de creer que un periodista de la inteligencia, sagacidad y experiencia de Lanata puede confundir una afirmación irónica de una asertiva.
Afirmó que el acusador particular que, si el testigo Lanata expresó lo que expresó, dejando constancia, además, que le resultaba altamente sospechosa esa afirmación de Pachelo, debe confiarse en que interpretó correctamente dicha manifestación, sin que melle la infantil excusa de Pachelo o en la confusa declaración incorporada por lectura de su empleada doméstica.
El doctor Andrejín, destacó el impugnante, además de expresar que la empleada dijo cosas que no dijo, le otorgó a su antigua declaración testimonial incorporada por lectura un valor esencial para contrarrestar varias pruebas de cargo como los dichos del señor Lanata, así como las declaraciones de los empleados de la Esso que depusieron personalmente ante los ojos del Tribunal.
Apuntó que existen infinidad de escuchas telefónicas que se pudieron apreciar durante el debate y que resultaron altamente incriminatorias, cuyo contenido permite advertir que Pachelo negaba ante periodistas haber estado en el country desde las 17 hs aproximadamente; negaba que lo hayan visto 3 jóvenes corriendo por el country a la hora de los hechos -diciendo incluso que si fuera así el Fiscal lo tendría que haber metido preso-;- relataba que tenía miedo de que aparezca una persona -como el señor Rivero de la tosquera- diciendo que compró balas y manipuló una pistola calibre 32; conversaba con el abogado Guillermo Campos durante 20 minutos manifestando un temor injustificable sino fuera el autor del hecho a que aparezcan rastros genéticos de Pachelo en la casa de María Marta. Más aún, discutía con su madre por la coartada que pretendía imponerle, hasta el punto de que la señora Ryan terminó acabando con su propia vida. Señaló que por mayoría se rechazó la inclusión de dos escuchas en las que conversaba con el abogado Ribas de la que se puede desprender fácilmente que ambos sabían que Pachelo había estado en la escena del crimen.
Sostuvo el acusado que estos pocos ejemplos de las muchas escuchas incorporadas al juicio constituyen prueba de cargo relevante, ya que la única explicación concordante es que solamente el autor del hecho puede tener esas conversaciones telefónicas. Si fuera inocente no tiene porqué formular tales manifestaciones.
Observó críticamente el impugnante que de todo ello el vocal considera textualmente lo siguiente: “El producto de escuchas telefónicas siquiera atrajo sospecha cuantificable alguna de relato de conductas de PACHELO que evidenciaran su protagonismo en el hecho, ni confesiones, tampoco diálogos que se tradujeran en inequívoco compromiso incriminatorio; inclusive sus términos empleados con sus interlocutores demostraron persistente reclamo de una actitud malintencionada del entorno familiar de la occisa”.
Subrayó el recurrente que el acusado Pachelo mintió desde el momento del crimen hasta el último día del debate cambiando versiones, contradiciéndose, esbozando excusas infantiles y obligando a su madre a mentir para cubrirlo, y siempre con un claro objetivo de desincriminación. Pese a ello, el ponente iguala en su argumentación a las posibles inconsistencias que pudo tener al principio la familia, el médico de OSDE y otras personas, al considerar el hecho como un accidente con estas mentiras graves, intencionadas y concordantes que en forma inequívoca tienen como única explicación la autoría del hecho.
Aseveró el acusador que similar proceder adopta el segundo votante ya que se encarga en forma burda de descartar pruebas de cargo en forma arbitraria e injustificada y además pone en duda la hipótesis de responsabilidad de la familia García Belsunce que se encuentra cancelada por absolución firme.
Refirió el impugnante como cuestiones más significativas, que livianamente se descartó algo que quedó palmariamente acreditado por todos los testimonios obrantes en el juicio, tal la situación de deficiencia e ineficacia absoluta en la vigilancia, especialmente los domingos en el cambio de turno de 18 a 19 horas. Al respecto, han declarado una gran cantidad de vecinos, allegados, jefes de guardia, vigiladores, empleados del country sobre la cuestión de la seguridad en el Carmel y si hay una circunstancia que resultó unánime fue que la guardia era negligente y que además cometía delitos en el country -esto reconocido por los propios autores, incluso-. Pero también hubo unanimidad en la circunstancia de que debían vigilar a Pachelo especialmente porque ya había efectuado robos en el country. También se probó por las propias declaraciones de las víctimas que varios de los robos cometidos por Pachelo fueron esos días del fin de semana y en esa franja horarias.
A pesar de esto, observó el recurrente, el doctor Rossi se ocupó de decir sin más que dicha presunción de zona liberada quedó en un mero enunciado.
Cuestionó que el voto de dicho magistrado, en sólo tres párrafos rechazó una serie de pruebas de cargo absolutamente relevantes y debidamente acreditadas. Por caso, la declaración del investigador González que concurrió con la auditoría de un escribano público a entrevistar al empleado de la tosquera, señor Rivero, quien manifestó haber acompañado a Pachelo a comprar proyectiles a su pedido en los días previos a la fecha del crimen y haber visto a Pachelo disparar con un arma calibre 32 larga con esos proyectiles como los utilizados en el hecho y hallados en el cráneo de la víctima, fueron privados de todo valor por qué no se incautó el arma ni los proyectiles y al considerar el juez que los dichos no son precisos en cuanto a tiempo y lugar.
De igual forma procede con las cuatro declaraciones relacionadas con la confesión de Pachelo la mañana siguiente al crimen en la estación de servicio ESSO de Pilar.
En primer lugar, impugnó el recurrente, se puede advertir su parcialidad al solamente hacer referencia a la declaración de dos mozos -Mantovani y Monzón- cuando esta cuestión se complementa con dos declaraciones también agregadas por lectura por fallecimiento, como lo son la del mozo Gutiérrez y la vecina de Carmel, Dolores Sanjurjo. Tales declaraciones se complementan y resultan absolutamente intachables y creíbles. Sin embargo, se descartan al anteponer una comunicación registrada a las 7.56 (una hora después) que no es excluyente en cuanto a la antena utilizada y la declaración incorporada por lectura de la empleada doméstica de Pachelo, a quien también le hace decir lo que no dijo y que además no resulta contradictoria con lo manifestado por los testigos. Es decir, aseveró el acusado, el procedimiento es buscar un pequeño detalle en las declaraciones testimoniales que pueda ser puesto en duda, aunque sea un detalle menor y circunstancial que no se vincula con el contenido de la declaración misma. Sin embargo, ni el informe del VAIC, ni las constancias de la guardia, ni los dichos ambiguos e interesados de la propia empleada de Pachelo desmienten las manifestaciones de cuatro personas que se expidieron bajo juramento de decir verdad.
Recalcó que sus expresiones fueron son concordantes e insospechadas por tratarse de personas ajenas a las partes, hasta el punto de que el propio juez Rossi le dijo en el debate textualmente a Nicolás Pachelo: “¿Qué motivo pueden tener estas personas para declarar en su contra falsamente?”, lo que no pudo ser respondido por el imputado a pesar de ser una persona que tiene respuesta para todo.
Aparentemente, aseveró el recurrente, el doctor Rossi cambió de opinión porque en la sentencia los considera carentes de credibilidad. En cuanto al lavado de la ropa que en forma personal realizó Pachelo el día del hecho, con la declaración subida por lectura de la doméstica de Pachelo se buscó invalidar tal extremo.
Subrayó el impugnante que como argumento adicional agregó el juez Rossi que la lógica indica que no vaya Pachelo a preguntar a la estación de servicio sobre la muerte de María Marta, y que debería haberlo hecho dentro del propio country. Tal temperamento, afirmó, permite interrogarse si el magistrado carece de lógica, o si subestima a las partes de este proceso. O si las dos cosas juntas.
Es que, justamente, la inquietud que tenía Pachelo en esas horas no podía evacuarla en el country club ya que sería algo altamente incriminatorio, para personas muy cercanas a la familia Belsunce o los vecinos y vigiladores que ya sabían de sus delitos previos. Esa fue la razón por la cual Pachelo buscó un lugar ajeno y neutro donde estas personas podían haber accedido a la información por sus clientes, pero no pertenecían a su círculo social. Eran personas más lejanas y que si la idea del homicidio había surgido ellos podían tener la información.
En cuanto al móvil del hecho, existen una veintena de personas intachables allegadas a María Marta García Belsunce, familiares, miembros de Damas de Pilar, vecinos etc., todos los cuales -bajo juramento- dieron cuenta que la víctima estaba a cargo de la caja fuerte portátil de Damas de Pilar y que la misma desapareció luego de la muerte. Especialmente, las señoras Pieres y Burgueño en su calidad de miembros de la asociación. A pesar de ello, con una presentación efectuada tiempo después por parte de un abogado de la asociación -que tampoco excluye el robo- da por tierra con todo lo declarado testimonialmente ante los propios ojos del Tribunal.
De tal forma, señaló el recurrente, se descartó el móvil de robo para ensombrecer la situación de Carrascosa diciendo que puede tratarse de un crimen pasional. Tal proceder expone arbitrariedad al no considerar el contexto y la cantidad de pruebas dispar, siendo que también se declaró el faltante de dinero en la mesa de luz y de la bicicleta de la señora Belsunce que nunca apareció. Sin embargo, estas pruebas no bastan aparentemente o no resultan válidas, aunque consten en el debate.
Puso de resalto el escrito de interposición que el vocal Rossi se esforzó para no considerar las declaraciones testimoniales de Asorey, Cristiani y Azpiroz, pero a diferencia de Andrejín (quien le asignó falta de credibilidad) simplemente las desechó considerando que, aunque lo hayan visto a Pachelo en el lugar del hecho en el momento del hecho, no puede haber sido autor del suceso por una cuestión de lógica.
Explicó el presentante que Asorey, Cristiani y Azpiroz declararon haber visto a Pachelo dirigirse por un lugar que no tiene justificación para Pachelo y que, además, fue negado por el mismo en reiteradas oportunidades. Así, durante 20 años fue cambiando su versión a pesar de confesar que desde la semana siguiente al crimen comenzó a constatar sus propios movimientos por indicación del Presidente White. Pasó de negar haber estado ese domingo en el country, a decir que estaba en Paseo Alcorta; luego negar la presencia de los tres testigos; decir que los testigos mienten porque si no ya estaría preso; hasta que, finalmente, durante el debate fue admitiendo la posibilidad de haber estado presente de acuerdo a las pruebas que se iban sucediendo, incluso, hasta el último día del debate donde Pachelo dijo que no recordaba haber estado ahí pero que si llega a haber estado corriendo debe haber doblado a la derecha en lugar de a la izquierda.
A pesar de ello, señaló el acusador, en forma insólita y agraviante el doctor Rossi escribe en su: “El encartado si bien dijo no recordar haberse cruzado con los mismos, tampoco lo negó y la única discrepancia lo fue en cuanto señaló -seguramente cuando se dirigía a la playa de estacionamiento a buscar el automóvil de su esposa- haber girado hacia la derecha en el cruce con la calle que conduce hacia la finca de Carrascosa”.
Esto es, ninguna de las contradicciones y mendacidades con respecto a su presencia en el lugar es considerada como presunción de culpabilidad, recurriendo a su particular lógica para explicar: “Ahora bien, a esta altura cabe preguntarse si, no obstante tener en cuenta que era objeto de personalizada vigilancia, que ese horario era el del habitual éxodo de los no residentes, tómese como ejemplo precisamente el dos de los adolescentes testigos -Cristiani y Asorey que se retiraron con los padres del primero a las 18:17 hs.- , quienes por otra parte lo habían visto trotar en el mismo sentido y momento en que la víctima en su bicicleta rumbeaba hacia su domicilio, habría irrumpido tras ella con el objeto de darle muerte, más aún cuando en el suyo se hallaba en soledad su hijo de tan solo 7 años de edad, con el aditamento que pudiera haber sido observado por Asorey u otro circunstancial testigo.”
Sin embargo, toda la prueba arrimada al debate acredita que justamente Pachelo robaba a los vecinos (Zansuste, Pigoni, Zancoli, etc) en el horario de las 18 a 19 horas de los días domingo, siendo que el hecho de que su hijo se encuentre en su casa no indica nada relevante para desacreditar los dichos de los testigos. Incluso, a manera de ejemplo, señaló el acusador que varios testigos fueron amenazados e increpados por Pachelo en compañía de su hijo Felipe.
Ello expone un razonamiento arbitrario y caprichoso al no otorgar valor probatorio a testimonios con una simple presunción de lógica personal absolutamente tendenciosa.
Asimismo, criticó el quejoso, no puede tomarse como válida la infantil excusa de Pachelo de que “si lo vieron en el lugar del hecho, debe haber doblado a la derecha para ir a buscar el automóvil de su esposa que estaba en el estacionamiento de la entrada del country, pues carece de lógica dejar a su hijo en su casa, ir corriendo bajo la lluvia luego de bañarse, doblar a la derecha por un camino de tierra -recién bañado y bajo la lluvia- para subirse al automóvil Fiat Siena de su esposa y luego volver a su casa en ese vehículo para recoger a su hijo, cuando en la puerta de su casa se encontraba su propia camioneta que usaba siempre.
Se interrogó el acusador por qué no fue con su camioneta hacia Capital Federal, a lo que el acusado Pachelo esgrimió que tenía problemas de arranque, sin embargo, ese mismo día la usó durante todo el día yendo a Nordelta a jugar al fútbol y yendo a buscar a su hijo a la casa de Ximena Jausoro. Por qué no fue con su hijo en su camioneta hacia el estacionamiento de adelante donde estaba el auto de su mujer y cambió su vehículo ahí para irse a Capital Federal, así no se mojaba ni se embarraba luego de haberse bañado.
Ninguna de estas versiones argüidas por Pachelo tienen lógica porque son falsas ya que el mismo fue a pie corriendo porque cometió el homicidio en la casa de García Belsunce. Y luego tomó el Fiat Siena de su mujer (que estaba en su casa y no en la entrada) para huir del lugar en otro vehículo que no sea el que habitualmente usaba. Y, agregó el impugnante, huyó en ese vehículo luego del homicidio sin la tarjeta a su nombre ni a nombre de la esposa. Se valió de la tarjeta genérica que tenía el personal de seguridad en la puerta para que no quede registro.
Pero a pesar de salir en otro auto y sin tarjeta, logró ser captado por las cámaras a las 18.59, para luego llamar a las 19.00 horas a su madre (llamada registrada en el VAIC) y enviarla al Mundo del Juguete de Paseo Alcorta para armar la falsa coartada comprando la señora Silvia Ryan un juguete a las 19.40 horas.
Es muy fácil advertir -indicó el acusador- que un delincuente habitual como Pachelo, que vivía a metros del lugar del crimen, diagnosticado como psicópata narcisista, que utilizó días antes un arma con balas compatibles con las halladas en el cráneo de la víctima, que estaba en el lugar del hecho en el momento del hecho, negando su presencia injustificada en el lugar y que después fue objetivamente constatada, que además preguntó a personas sobre un homicidio al otro día del hecho, que dijo que había gastado 800.000 dólares en el caso, que aclaró que el arma utilizada estaría en La Pampa, que se preocupaba con sus abogados por la posibilidad que se encuentren rastros genéticos en la casa de la víctima, que obligó a su madre a armar una falsa coartada existiendo constancias escritas de ello y llevando a la misma a cometer suicidio, solamente puede ser el autor del hecho. No existe la posibilidad de que otra persona reúna todas estas características.
El voto de la mayoría parece justificar esa presencia debido a las explicaciones dadas por Pachelo, quién dio cuenta que pudo haber sido visto por los testigos Asorey, Aspiroz y Cristiani en el momento de ir buscar el auto que su mujer antes de retirarse del Carmel había dejado en el estacionamiento principal del Club House.
Remarcó el recurrente que recién en el año 2017 esa situación fue introducida por Pachelo como consecuencia de prestar declaración en los términos del art 308 del rito, ratificando en esa oportunidad la previa declaración qué en esos mismos términos prestó su ex – mujer, Inés Dávalos Cornejo.
Empero, destacó el acusador particular, sólo se cuenta con esas declaraciones, pues no existieron ni durante la investigación preliminar ni durante el debate medio de prueba alguno que confirmen dichas expresiones, siendo que no hubo ningún testigo, ni registros fílmicos, ni modulaciones de la guardia que haya constatado la supuesta salida de Inés Dávalos Cornejo del Carmel, como tampoco que su vehículo haya sido estacionado en el Club House.
De otro lado, tampoco existen registros fílmicos de las puertas de ingreso o egreso del Country indicando la presencia de algún servicio de combis que pudiera haber utilizado la nombrada para marcharse del Carmel, por el contrario, constan en la causa testimonios de los propietarios prestatarios de dichos servicios que niegan haber ido al Carmel ese domingo 27 de octubre del año 2002.
Los jueces que absolvieron -sostuvo el impugnante- dieron por acreditada la justificación de la presencia del acusado principal al lado de la víctima, en el lugar y a la hora del hecho, únicamente sustentado por las declaraciones de dos acusados defendiéndose de una imputación gravísima., sin perjuicio que una de las testigos-María Victoria Stupenengoque declaró en el debate, que ratificó haberla pasado a buscar a Inés Dávalos Cornejo, a las 19 hs. por CABA- específicamente por la casa de su madre- tiene una llamada entrante en su celular a esa misma hora, según consta en el VAIC tomada por una antena correspondiente a la zona de Don Torcuato.
Recordó el acusador que la defensa no trajo al juicio a Dávalos Cornejo como testigo sin nada que lo impidiera, lo que dejó absolutamente huérfanos y sin sustento probatorio serio la acreditación de esa trascendente circunstancia. En definitiva, aseveró, el doctor Rossi descartó profusa cantidad de prueba de cargo con argumentos propios ilógicos que no lo justifican y además toma por válidos dichos de Pachelo que son absolutamente mendaces y que no resisten un mínimo análisis de razonabilidad.
Tras indicar que no resulta el escrito de interposición del recurso el medio idóneo para comentar el voto del doctor Ecke, señaló que merece la pena remarcar solamente que, en consonancia con la crítica que se realizó aquí a los votos de los doctores Andrejín y Rossi por la manifiesta arbitrariedad y parcialidad, fue el propio colega de estos quien realizó una valoración poco común en cuanto a que va mucho más allá de lo que puede ser manifestar una disidencia.
Así el último párrafo del voto sirve para ilustrar sobre la gravedad de lo expresado por el presidente del Tribunal: “La justicia está representada por una mujer con sus ojos vendados, en una mano una balanza y en la otra una espada.
La mujer, inspirada en la diosa griega “Temis” que significa orden. Los ojos vendados, con el fin de destacar que la justicia solo mira a las personas, es decir, imparcial.
La balanza, igualdad con que la Justicia trata a todos (art. 16 de la Constitución Nacional)
La espada, simboliza la fuerza inflexible de la letra de la ley, “dura lex sed lex”.
En ese orden, en un plato de la balanza, se encuentran las diversas declaraciones vertidas por Pachelo (sin obligación de decir verdad), mientras que, en el otro, aquellas vertidas por la cuantiosa cantidad de testigos que han declarado bajo los parámetros de lo normado por el artículo 275 del Código Penal, las que se han mantenido, en lo esencial, incólumes a través de los años, entonces, ¿por qué el peso debería recaer en favor del imputado?, elijo confiar en el peso de la ley, en lo expuesto por aquellas personas que han declarado bajo juramento de decir verdad.
Pareciera que la pregunta ¿quién la mató?, a mi pesar, mantendrá su suspenso.
Como anillo al dedo, viene la expresión, “algo huele mal en Dinamarca” -William Shakespeare, obra Hamlet-“.
Afirmó el recurrente que este es otro eslabón más de una historia de 20 años de vergüenza judicial en este paradigmático caso que resulta de extrema gravedad desde el punto de vista institucional. Por ello, suscribiendo al pie la expresión vertida por el presidente del Tribunal y parafraseándolo podemos afirmar, “algo huele mal en San Isidro”.
Por ello, reclamó el presentante, corresponde dejar sin efecto la absolución del acusado Pachelo condenándolo, e hizo reserva de recurrir ante el Superior provincial y la Corte Federal.
IV. Que el Ministerio Público Fiscal denunció que los jueces de la mayoría han adoptado una resolución criticable en su argumentación pues, en el nivel de los hechos, la valoración del cuadro fáctico no se adecua a la sana crítica racional (arts. 106 y 210 del CPP), llegando de esa forma a un veredicto absolutorio respecto del acusado Pachelo que expone una absolutamente arbitrariedad de conformidad a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Explicó que los jueces que conformaron la mayoría carecieron de la imparcialidad necesaria para emitir un pronunciamiento válido al partir de un prejuzgamiento de los hechos basados en apreciaciones subjetivas sin otros fundamentos más que sus propias creencias, afirmando cuestiones falaces respecto de la prueba y desconociendo y contradiciendo el contenido de un fallo firme dictado por el Excmo. Tribunal de Casación provocando un strepitus fori.
Aseguró la acusación pública que los arbitrarios fundamentos de la mayoría evidencian una flagrante violación al debido proceso penal; la clara afectación a la garantía de juez imparcial y falta de objetividad manifiesta, todo lo cual demanda que deba ser vedada de manera imperativa de toda consecuencia jurídica que el fallo genere.
Recordó que el Superior provincial ha afirmado que “...La doctrina de arbitrariedad de las sentencias también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia de la defensa en juicio y del debido proceso que se dice conculcado exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente...” (SCBA LP P 129409 S 07/09/2020 Juez Torres (SD) Carátula: Altuve, Carlos Arturo - Agente Fiscal- s/Recurso de queja en causa n° 69.943 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguida a Rodas López, Juan).
Reseñó la parte recurrente que tanto que en los lineamientos de la acusación y en los alegatos finales, ese Ministerio Público Fiscal entendió probado inequívocamente y sin margen de error que: Nicolás Roberto Pachelo es el responsable indiscutido de la muerte de María Marta García Belsunce ocurrida el día 27 de octubre de 2002 aproximadamente a las 18.30 horas en su casa del barrio El Carmel Country Club de la localidad de Pilar.
En la ocasión, sustrajo la caja de seguridad metálica de la víctima que contenía documentación de valor económico de la damnificada. Para ello se valió del empleo de un arma de fuego del tipo revólver calibre 32 largo y, luego de golpearla en el rostro y en el cuerpo provocándole diversas lesiones, con el fin de darle muerte; consumar el robo; lograr la impunidad y aprovechándose de su estado de indefensión, le efectuó seis disparos en el cráneo.
Uno de ellos generándole una lesión en el sector de la bóveda craneana cuyo proyectil fue encontrado luego, debajo de su cuerpo. Los cinco restantes, a muy corta distancia, que le provocaron la fractura de su cráneo y el hundimiento de la zona fronto temporal que le causaron su muerte casi instantánea colocándola luego en la bañera y amañando así la escena del crimen para lograr la impunidad.
El hecho, afirmó, resultó configurativo de los delitos de homicidio triplemente agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego, por su comisión criminis causae y por alevosía en concurso real con robo calificado por el uso de armas por los que debía responder a título de autor penalmente responsable (artículos 41 bis, 45, 55, 80, incisos 2° y 7°, y 166, inciso 2°, del Código Penal).
Explicó la parte recurrente que sustancial, se demostró en el juicio con prueba de calidad que Nicolás Pachelo había sido situado en forma irrefutable a 30 metros de la casa y 10 minutos del crimen; que su personalidad se correspondía con la de un psicópata con todos los rasgos compatibles con el autor del hecho; que robaba los domingos en esa misma franja horaria en el mismo barrio y precisamente a casi todos los vecinos de la damnificada; que odiaba a la víctima y era la única persona en conflicto con ella por la sustracción de su perro -lo que motivó una custodia del encartado puertas adentro del barrio restringiendo sus movimientos-; que tenía doble motivación por odio y por robarla; que menos de un año después cometió un hecho calcado; que a días del crimen tenía en sus manos un arma de idénticas características a la utilizada para cometer el crimen y para la cual había adquirido balas; y que enarboló una coartada absolutamente falsa para colocarse fuera de la escena del hecho, y que a poco más de doce horas del crimen -cuando todos sostenían que la víctima había muerto por un accidente doméstico- interrogó a al menos tres testigos preguntándoles por la mujer que “habían matado en el country” cuando sólo el asesino podía saber ese detalle.
Frente a ello se interrogó el recurrente sobre “¿la duda razonable contra qué? ¿contra un fantasma que entró al country cortando campo del que no se supo más nada en veinte años sin motivación ni causa cuando se verificó que no hubo intrusiones externas?”. Expresó que en el cao no hay hipótesis alternativa.
Reseñó que se presentaron más de ochenta testigos sólidos que no dejaron marco a duda alguna, comprometieron seriamente al acusado, entre los que sustancialmente corresponde señalar a: Pedro Aspiroz; Santiago Asorey; Marco Cristiani; Miguel Ángel Monzón; Walter Eduardo Mantovani; Dionisio Simón; Carlos Alberto González; Mario Rivero; Ángel Becerra; Alejandro Elorz; Fernando Sansuste, Aníbal Pigoni; Alejandro Aráuz Castex; María Elena Chicato; Patricia Ferreyra; María Eugenia Cariac; Liliana Rodríguez; Miguel Cometto; Christian Blanco; Gastón Auge; Marta María Areco de Auge y Daniel Salcedo. Sus versiones juramentadas han sido filmadas. Sólo falta auditarlas por este Tribunal de Alzada.
Señaló la Fiscalía que las dieciséis veces que Pachelo decidió declarar ante el Tribunal por casi doce horas contradiciéndose una y otra vez con más sus declaraciones incorporadas por lectura al juicio confirmaron también esos extremos. Sin embargo, los jueces por mayoría resolvieron, escandalosamente, absolver a Nicolás Roberto Pachelo.
Tras reseñar los argumentos expuestos por el juez de primer voto para descartar los elementos probatorios sobre los que las acusaciones buscaban estructurar la condena del acusado Pachelo por los hechos acontecidos en la casa de la familia García Belsunce, la acusación pública sostuvo que con notable y previsible designio el juez de segundo voto se dirigió a pretender demostrar que los mitos que habían sido derribados por la Casación, a su parecer, no habían desaparecido. Esto es, lejos de avalar el fallo del superior jerárquico que había adquirido firmeza, se empeñó en ensuciar a la familia en una acción deliberada de no sólo absolver al responsable revictimizándolos sino, además, pretendió colocar en la mesa la posibilidad no latente relativa a que la familia y, particularmente, el viudo, podrían haber tenido intervención en el hecho.
A modo de consideraciones generales, se señaló en el recurso que esa Fiscalía viene sosteniendo desde el primer planteo de recusación la irregular conformación del Tribunal, como así también aquellas resoluciones por esa mayoría dictadas, como el tratamiento sobre admisibilidad y procedencia de prueba; la separación de las causas, primero y, la alteración del orden luego, que le permitió colegir, ya para ese entonces, que todas aquellas resoluciones tenían como norte derribar la teoría del caso de esta acusación pública en detrimento del descubrimiento de la verdad y en beneficio de Nicolás Pachelo, su entorno, abogados y autoridades judiciales que resolvieron de modo antagónico.
En igual sentido, recordó, sostuvo que la primigenia intervención del Magistrado Gaig, quien ya había actuado en la instrucción, generaba dudas ciertas y fundadas respecto de la posibilidad que los magistrados hubiesen sido influidos por su colega, generando temor de parcialidad cierto y concreto, todo lo cual se observa ahora claramente cristalizado en los votos de los jueces Andrejin y Rossi.
Señaló el acusador que no era muy difícil advertir, ya por ese entonces, tanto en la actitud de los magistrados como en sus resoluciones, que efectivamente tendían a inclinar la balanza previo a conocer las pruebas que en el debate oral y público se les debían presentar, para que tras la celebración del juicio y ante la inmediatez de la producción de prueba en el marco de un proceso adversarial, poder deliberar y arribar a una conclusión válida conforme las exigencias convencionales, afectando de este modo seriamente el debido proceso legal que debe regir en todo Estado de Derecho.
Ello, postuló la fiscalía, generaba un temor cierto y concreto de parcialidad, pues se evidenciaba, cuanto menos, en esos jueces de la mayoría, una actuación basada en preconceptos que derivaban en una decisión tomada a priori basada en conocimiento previo.
Recordó que, como principio troncal, el motivo de la existencia de una etapa plenaria propia del sistema acusatorio-adversarial es que los juzgadores actúen despojados de todo prejuicio, fundando su resolución en la prueba que se produzca en el transcurso del debate y ante su inmediatez. Todo lo que para ellos forzadamente no ocurrió.
Ello se encuentra plasmado en el principio 4.2 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal (Reglas de Mallorca), en cuanto establece que “...los Tribunales deberán ser imparciales. Las legislaciones nacionales establecerán las causas de abstención y recusación. Especialmente, no podrán formar parte del tribunal quien haya intervenido anteriormente, de cualquier modo, o en otra función o en otra instancia en la misma causa. Tampoco quienes hayan participado en una decisión después anulada por un Tribunal Superior...”.
De este modo, destacó la parte recurrente, se cuestionó oportunamente la validez de la intervención del Dr. Gaig, para luego, una vez que el nombrado debiera apartarse, plantear las irregularidades plausibles suscitadas en relación a la designación del Dr. Andrejín, quien se incorporó al Tribunal sin que se practicase el sorteo de ley, a la sazón, ingresando al juicio por la ventana.
Afirmó la fiscalía que resultaba claro que el ex secretario del juez Rossi se desvivía por ingresar al debate y cumplir el mandato de absolver que le imponía el segundo, como se vio, su histórico jefe Rossi, otrora y por décadas compañero de banco del magistrado Hernán San Martín quien condenara en el año 2007 a Carlos Carrascosa por el mismo caso, en un proceder burdo.
Aseveró el acusador que, desde los albores, conforme se iban suscitando los pasos previos para la preparación del debate, firmemente se planteó el temor cierto y fundado de parcialidad, el cual huelga señalar se cristalizó en la resolución ahora cuestionada, lo que acredita la gravedad institucional invocada.
A efectos de no resultar reiterativos, indicó el recurrente, deberán valorarse como prueba los recursos y presentaciones interpuestas por esta parte ante ese Tribunal de Alzada que permitirán ilustrar lo antes expuesto y cuyos fundamentos entendemos acreditan holgadamente el temor de parcialidad que se vio plasmado en la resolución ahora recurrida. Transcribió el recurrente lo manifestado por el juez Rossi a esa parte en una de las audiencias de debate al señalar de propia boca expresamente: “…Desde el mismo inicio que nos recusaron y a partir de esa recusación que yo entiendo que ha sido absolutamente agraviante absolutamente agraviante…yo me he sentido agraviado, por usted por el Dr. González que recién se refirió al Dr. Rodríguez Jordán y le dijo haga la denuncia le doy la lapicera, es agraviante eso es agraviante, estamos?… “ (ver audiencia de debate del día 15 de julio de 2022).
Así entonces, no sólo se sintió agraviado por la fiscalía lo que motivaba su excusación temprana sino que salió al cruce en defensa de uno de los defensores de Pachelo que ingresaba al juicio también meses antes de su inicio cuando, en rigor, había sido defensor oficial ante ese Tribunal; de entrañable relación con Rossi y enemistado con el propio Presidente del Tribunal a partir del planteo que fue analizado en las audiencias previas como la propia designación del letrado cuando, en rigor, había sido defensor oficial en los albores de este mismo proceso, en consecuencia, del hoy particular damnificado Carlos Carrascosa. Por esa razón al haber pedido su apartamiento también formulamos la correspondiente reserva casatoria (ver audiencia preliminar del día 8 de junio de 2022).
Sin embargo, pese a ello, decidió aferrarse al expediente como lo hiciera su colega de la mayoría al que llevó al juicio el propio Rossi. Rememoró el impugnante que, en su oportunidad, se formuló la correspondiente reserva de casación respecto de la resolución que dispuso denegar la incorporación como prueba al debate de una serie de intervenciones telefónicas realizadas al abonado telefónico de Nicolás Roberto Pachelo en las que, el interlocutor ocasional, era el abogado Roberto Ribas. Aquellas escuchas –aseveró la fiscalía- no dejaban marco a duda alguna de la presencia de Pachelo en la escena del crimen. Sin embargo, precisamente el voto de la mayoría en la misma incidencia (Rossi y Andrejin), las echaba por tierra en el afán de necesariamente completar el designio de absolver.
Al respecto, destacó, que la intimidad de la persona es resguardada por medio del establecimiento de la inviolabilidad de su correspondencia y papeles privados, amparado por el artículo 18, de nuestra Constitución, el 11.2 de la Convención Americana de Derechos y el artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que debe extenderse a las otras formas de comunicación interpersonal, como las telefónicas, telegráficas, telefax, correo electrónico, etc.
El motivo de la extensión del amparo constitucional a las demás formas de comunicación reconoce su razón de ser en que toda comunicación interpersonal, es realizada por las personas que, al valerse de cualquiera de estos medios de comunicación, tienen una expectativa de intimidad, que supone que sólo será conocido el contenido de dicha comunicación por su receptor.
Este es el fundamento por el que se reconoce que las comunicaciones telefónicas son acciones privadas de los hombres y por tanto están protegidas por el derecho de raigambre constitucional a la intimidad (Alejandro Carrió “Garantías constitucionales en el proceso penal” 4ta. edic., pág. 342, Hammurabi, Buenos Aires, 2.004. Asimismo, Luis M. García, “La intervención de las comunicaciones telefónicas y otras telecomunicaciones en el Código Procesal Penal de la Nación: Un cheque en blanco para espiar nuestra vida privada. 1ra. Parte” En: Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Volumen:6, 1997, pág 410)
Así, expresó el impugnante, el derecho a la intimidad es un derecho de los denominados derechos personalísimos, que es inherente al ser humano, inalienable, perpetuo y oponible erga omnes y que sólo puede limitarse o restringirse cuando exista una ley que así lo disponga. Es decir, que este principio cede cuando la comunicación afecte ilegítimamente a terceros y que, al igual que para las demás garantías constitucionales, las limitaciones deberán emanar de disposiciones concretas de las leyes, que circunscriban la órbita en que pueden aplicarse durante el proceso penal, y de interpretación restrictiva.
Por ello el secreto de las comunicaciones telefónicas está comprendido por los artículos 18, 19, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, como derivación del derecho a la intimidad y privacidad, y que, por lo tanto, merece ser protegido contra injerencias arbitrarias.
Ahora bien, es preciso diferenciar los casos en los cuales el Estado interviene en las comunicaciones telefónicas sin el conocimiento de quienes intervienen en ellas, de los casos en los cuales, cuanto menos, una de las partes tiene conocimiento de la existencia de dicha intervención; pues allí no existe expectativa de privacidad alguna.
Tal es el caso de autos, pues –remarcó la fiscalía- el producido de las intervenciones telefónicas del abonado utilizado por Nicolás Roberto Pachelo, ordenadas por el magistrado garante de intervención inicial, el cual se encontraba interceptado desde el día 14 de diciembre de 2002, se desprende, sin lugar a duda, que tenía pleno conocimiento que su teléfono se encontraba intervenido. Tal lo que emerge de las comunicaciones del 14 de diciembre de 2002 entre Inés Dávalos (teléfono fijo de la casa de Pachelo) y un NN masculino -casette N° 4 lado "A" loc 59 abonado 02322 422 440:
NN: "Se puede hablar por este teléfono?"
ID: No se NN: Bueno llámame urgente de un celular Comunicación del 15 de diciembre entre Nicolás Pachelo y Silvia Ryan -casette N° 2 lado “A” loc 22, abonado 1144495646 NP: "Tengo el teléfono recontra pinchado desde ayer"
Comunicación del 16 de diciembre entre Nicolás Pachelo y Silvia Ryan casette N° 3 lado "B" loc 2, abonado 1144495646 NP: "Tengo tan tan tan pinchado el teléfono que no me anda"
Comunicación del 17 de diciembre entre Nicolás Pachelo y Silvia Ryan casette N° 5 lado "A" loc 22, abonado 1144495646 NP: "Si tengo el teléfono recontra pinchado..."
Por ello, postuló el acusador público, si Pachelo tenía pleno conocimiento o cuanto menos una seria sospecha respecto de la intervención telefónica, ello pudiera haber pasado inadvertido por el hábil letrado, por no encontrarse notificado de los alcances de lo previsto por los artículos 60 y 162, máxime cuando en la propia audiencia de debate, el propio Dr. Ribas afirmó haber colaborado activamente con el Fiscal instructor aún antes de conocerse que María Marta García Belsunce había sido asesinada (ver audiencia)
Así entonces, no puede hablarse de afectación al derecho a la intimidad, al secreto profesional, al derecho de defensa cuando, precisamente, al tener conocimiento de su existencia cedió la expectativa de privacidad que la norma tutela No desconocemos la Acordada 17-2019 dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tanto exhorta a los jueces con competencia penal para que, de conformidad con el artículo 18 de la Constitución Nacional y las normas reglamentarias que así lo disponen, extremen los recaudos necesarios para establecer límites objetivos en la incorporación de elementos probatorios al expediente penal, excluyendo: (i) cualquier comunicación entre los abogados y sus clientes (ley 23.187, arts. 6° y 7°)…, no obstante lo cual consideramos que no resulta de aplicación en autos. La expectativa de privacidad, llevada al extremo, importaría el ridículo de pretender afirmar que si un letrado se encuentra con su asistido frente a un fiscal y público en general en el pasillo de tribunales y a viva voz le grita “no le digas al Fiscal que recién tirarse el arma con la que mataste a…. en el tacho de basura de la esquina” el representante de la acusación pública deba tapar sus oídos y pretender no haber escuchado dicha afirmación realizada a viva voz y en público, por tratarse de una conversación entre el imputado y su defensor. En tal caso, si el fiscal no actúa de oficio estaría incumpliendo con su deber.
Como dato adicional y de fuste, señaló el recurrente que no puede pasarse por alto que el letrado Roberto Ribas aceptó el cargo como defensor de Nicolás Pachelo recién el día 11 de octubre de 2017 (fs. 8158) pues inexplicablemente antes era un testigo. Por lo demás, dichas escuchas ya habían sido autorizadas por el juez de intervención y la defensa nada había objetado sobre aquellas habiendo precluído su eventual acción sobre el punto.
Citando jurisprudencia, sostuvo el impugnante que corresponde incluir como prueba el producido de las intervenciones telefónicas realizadas respecto del abonado utilizado por Nicolás Roberto Pachelo cuando su interlocutor era Roberto Ribas y que las mismas sean escuchadas por V.V.E.E. -como lo hicieron los jueces del Tribunal a quo- previo a resolver sobre la presente.
En otro orden, señaló la fiscalía la arbitrariedad en cuanto a la prevalencia de las versiones escritas por sobre la oralidad; en lo que importó una violación del sistema acusatorio, al principio republicano de gobierno, el debido proceso; mediando además ausencia de fundamentación sobre la duda.
Explicó que en forma arbitraria el voto de la mayoría consideró de manera antojadiza que debían primar ciertas versiones escritas por ante las brindadas en la oralidad en clara contraposición con lo establecido por el artículo 366 del CPP, y el criterio sostenido jurisprudencialmente: respecto a que "...Los elementos indicados en el párrafo cuarto del artículo 366 del Código Procesal solo pueden incorporarse al debate al efecto de verificar contradicciones, incongruencias u omisiones, ya que la versión oral no puede suplirse por la documentada" (TCPBA Sala 4 LP 76064 774 S 13/09/2016 Juez Kohan (SD) Carátula: "M. S. ,F. A. s/ Recurso de Casación"); "La versión de los testigos prestada en el juicio oral debe priorizarse a fin de dar vigencia práctica a los principios de inmediación y contradictoriedad sobre los que se estructura el juicio oral en un sistema acusatorio, no obstante, cuando se advierte que la testigo varió su declaración en el juicio en aspectos relevantes para consolidar situaciones que no se dieron en la realidad, la confrontación con su declaración previa (aun cuando no haya sido utilizada en el juicio como herramienta de litigación) es legítima, en tanto persigue el objetivo de evidenciar genuinas inconsistencias y, por ese medio, controlar la calidad de la información, contribuyendo -en términos epistémicos- a la 'averiguación de la verdad'” (TCPBA Sala 1 LP 102228 377 S 04/05/2021 Juez Carral (MI) Carátula: "M. ,P. A. s/Recurso de Casación").
Advirtió que, sin perjuicio de posteriores desarrollos, tal proceder se expuso con especial énfasis en el tratamiento del testimonio de Pedro Aspiroz el cual se seleccionó y fraccionó de manera antojadiza por la mayoría basándose en meras conjeturas y prejuicios. Aseveró el quejoso que esos magistrados lejos de respetar los principios que rigen el procedimiento convencional y constitucional en un Estado de Derecho, se apartaron de la sana crítica racional y exigible para fundamentar su voto, en clara violación a lo normado por el artículo 371 del rito.
Indicó el acusador público que la valoración de los testimonios está confiada a los magistrados, quienes los ponderan a través de las normas que rigen la sana crítica con los elementos de verosimilitud y crédito que puedan merecer dichos testimonios, con normas no rígidas, sino razonables para formar el juicio de certeza (S.C.J.B.A., Ac. P. 31.666 “Lizarraga, Hugo Ramón”, del 22-3-1983), circunstancia que no ha ocurrido en autos, pues se ha forzado la prueba para arribar a la absolución que mediante el presente indudablemente debe revertirse.
Reafirmó el impugnante que se produjo prueba testimonial, documental y pericial con la entidad suficiente como para reconstruir el hecho con el grado de certeza requerido en esta etapa, siendo que los elementos presuncionales de cargo no están afectados por contraindicios, manteniendo de esta forma su pluralidad, sus rasgos de univocidad y la cohesión de su entrelazamiento, que en el contexto de la prueba y en el orden normal de las cosas, acreditan la responsabilidad penal que le cabe a Nicolás Roberto Pachelo por el quehacer delictual que se le imputó. Agregó, que también en autos la falta de fundamentación se observa en los votos cuestionados por cuanto los mismos, por un lado, parecen afirmar que no habría sido probado con la certeza requerida para la etapa, que Nicolás Roberto Pachelo fue el autor material del homicidio de María Marta García Belsunce. Es decir, resuelven por duda en favor del imputado. Sin embargo, por otra parte, como ya se observará, afirman temerariamente que la familia, en especial Carlos Carrascosa, fue el autor del crimen, ello no sólo de manera arbitraria y violatoria de toda garantía constitucional, sino desoyendo y, aún más tergiversando lo resuelto a su respecto por el Tribunal de Casación.
Afirmó la fiscalía que es obligación de los jueces valorar todos los medios a su alcance para disipar la duda en la que fundan su decisión; ello debería ocurrir mediante el análisis lógico, conglobado y concatenado de todas las probanzas colectadas y los elementos de prueba producidos durante el transcurso del debate e incorporados al juicio. Claro está –reclamó el recurrente- que, mínimamente, para ello habría que haber prestado atención durante su producción, pues cuanto menos se observó en uno de los jueces (Rossi) una actitud nunca vista, incluso una postura corporal de desinterés en ocasión de producirse la prueba que ahora se evidencia en su escueto voto, del que surge sin más que no tuvo en cuenta lo ocurrido, como si no hubiere estado presente en la sala de audiencias. Ello –sostuvo- no sólo quita seriedad y validez a su dictamen, sino que es rayano con la falta de respeto a la víctima -recordemos que entre otros hechos se ventilaba el homicidio de una mujer-, como así también al sistema judicial y a la sociedad en su conjunto.
Afirmó el acusador oficial que la decisión de la mayoría de resolver “por duda” no se encuentra mínimamente fundada y que, por esa razón, la sentencia no puede erigirse como una derivación razonada del derecho vigente conforme las constancias de la causa.
Denunció el impugnante que tanto el juez Andrejin como el juez Rossi partieron de un preconcepto: que el homicidio de María Marta García Belsunce fue pergeñado por su propia familia. Ninguno de los dos magistrados, sin embargo, dio explicaciones de por qué esto era así, ni tampoco se hicieron cargo de las consecuencias que generaba el apartamiento del fallo firme dictado por los jueces Violini, Carral y Ordoqui, para quienes no había dudas que los familiares no habían sido parte de ninguna conspiración.
Esta cuestión, aseguró, de por sí importa una arbitrariedad por falta de imparcialidad, puesto que aquella idea rectora desde la cual abordaron el caso es únicamente una apreciación subjetiva sin otro fundamento más que sus propias creencias. Por caso, se afirma en el fallo que los familiares de la víctima montaron una “operatoria”, lo que implica que varias personas llevaron adelante una “operación”, que no es otra cosa que una “ejecución de algo”, que en este caso sería el homicidio. Y ello se afirma sin explicar de qué pruebas surgiría que se está ante esa “operación” y no, por ejemplo, ante conductas aisladas. Para que pueda haber una “operatoria”, tiene que haber un acuerdo de voluntades, y este acuerdo, que no surge de la prueba, es preconcebido por el juzgador, tomándolo de base para realizar las arbitrarias y antijurídicas valoraciones.
Igual preconcepto emerge en la segunda cuestión, al tratar la autoría, cuando el Juez Andrejin afirma que los dichos de Guillermo Bártoli son de “relativa credibilidad”, pero no da una mínima explicación de por qué ello es así. Empero, ello no quita que no haya habido una razón, pues dicha afirmación sólo se entiende al reparar en que Bártoli fue uno de los imputados por encubrimiento del homicidio de la víctima, resultando ésta, y no otra, la causa por la que el voto mayoritario considera que su testimonio no merece credibilidad.
Afirmó la fiscalía que esta idea subyacente explica también por qué valoró los dichos de Susana Murray de la forma en que lo hizo. Así en un fragmento de su declaración, esta testigo contó en el debate que Horacio García Belsunce le preguntó si María Marta había mantenido algún conflicto con alguna persona, y el juez, al valorarlo, afirmó, sin más, que se trataba de una “rara anticipación de búsqueda de posibles sospechosos”. Lo cierto es que, más allá de la nula credibilidad que merece este relato - y a que Andrejín para llegar a esa conclusión afirmó que Murray dijo cosas que no dijo-, esas preguntas realizadas por cualquier persona que perdió un familiar en circunstancias inusuales suelen ser valoradas por un observador objetivo como un esfuerzo por averiguar la verdad de los hechos, más no como lo hizo aquí el juez. Y más aún cuando la propia testigo, en una coyuntura sobre la que el juez no reparó, dijo que Horacio le hizo esa pregunta el día 3 de diciembre de 2002, es decir, al día siguiente de conocerse el resultado de la autopsia. Sin embargo, el juzgador lo valoró de esa manera porque, como se viene diciendo, juzgó el caso convencido de que fue todo una “operatoria” de la familia, y entonces le pareció lógico que si Horacio García Belsunce indagaba acerca de si alguien tenía motivos como para matar a María Marta, era para encontrar un chivo expiatorio a quien ellos pudiesen culpar. Postuló el recurrente que los jueces que hicieron mayoría juzgaron el caso valiéndose de un prejuicio, o de una idea preconcebida, por lo que es posible afirmar que aquel juzgador no fue imparcial y que, por lo tanto, se está ante un déficit que impide desde todo punto de vista poder considerar al pronunciamiento como una derivación razonada del derecho vigente conforme las constancias de la causa.
Por otro lado, destacó, la decisión dictada pueda ser considerada lo que se conoce en la doctrina jurídica como strepitus fori, pues lo afirmado por los jueces en mayoría contradice lo dicho por el Tribunal de Casación en el caso “Carrascosa”, el cual ha pasado en autoridad de cosa juzgada. Pese a sus esfuerzos por restarle importancia al fallo de la Casación y de afirmar que en muchas cuestiones primó la duda, lo cierto es que esa Alzada, en su voto, dijo mucho más que lo que Andrejin y Rossi tuvieron en consideración. Al respecto, recordó que conforme la doctrina de la Suprema Corte "...No existe posibilidad alguna de reeditar una cuestión que ha quedado afectada por la cosa juzgada, sin que ello no implique el peligro de caer en lo que la doctrina ha denominado desde larga data en el strepitus fori.." (SCBA LP C 112905 S 14/09/2011 Juez DE LAZZARI (SD) Carátula: Semillero El Ceibo S.A. s/Concurso preventivo. Incidente de autorización de autorización judicial).
Aseguró que la coexistencia de dos fallos contradictorios atenta de forma directa contra la coherencia que debe reinar en el sistema jurídico, puesto que el Estado, como autoridad, no puede afirmar una cuestión y al mismo tiempo desconocerla. La seguridad jurídica demanda una correlación y correspondencia entre los distintos pronunciamientos, lo que aquí se encuentra seriamente comprometido.
En dicha dirección, reparó el impugnante que el voto mayoritario sostiene que “...Lo peculiar del caso en este sentido, es que en cuanto al depósito del cadáver hasta torso superior dentro de la bañadera, no advierto que derive natural ni necesariamente para sus ulteriores descubridores, en interpretación unívoca o exclusiva de un resbalón y/o golpe fatal contra una viga o contra el intercambiador de la ducha, o contra ambos, sufrido por la infortunada (o como algunos dijeron durante el juicio, torpe) víctima. La inspección ocular a la casa de la víctima efectuada por el Tribunal no aportó misma conclusión inmediata, ni por la visualización del reducido espacio del baño, ni por la estructura del techo, ni por las características de las canillas conservadas en bidet o del intercambiador de la ducha todavía en poder del actual morador de la vivienda”. A lo que el juez Rossi agregó en su adhesión “(…) teniendo en cuenta que lo observado en la escena del hecho, y las improntas que presentaba el cadáver -fractura de cráneo con pérdida de sangre y de masa encefálica-, no se correspondían con las secuelas de un accidente, y que esa tesis fue introducida por Carlos Carrascosa (...)”. Esto es, los dos jueces afirman que hubo una escenificación por parte de la familia, lo cual posee correlato con la idea de lo que llamaron “operatoria”, y sostienen que del cuadro de situación no parecía que se estuviera ante un accidente.
Sin embargo, ello no parece que pueda ser compatibilizado con el fallo dictado por su superior en el caso “Carrascosa”, siendo que allí se estableció que “(…) debe tenerse por cierto y probado que la causa real de la muerte se descubrió luego de aserrar la calota, pues con anterioridad, ‘nada hacía sospechar que las lesiones que presentaba la occisa hubieran sido producto de un arma de fuego’” y, por otro, que “(…) forzoso es concluir que la ‘entidad’ de las lesiones no es un parámetro que pueda valorarse en contra del justiciable, si para personas mucho más preparadas que él, no se consideró un indicio de cargo y si en definitiva, la sola entidad de una lesión no es indicativa, aisladamente considerada, de que el encartado supiera de la comisión de un delito”.
Es decir, el Tribunal de Casación tuvo por cierto que, tanto Carrascosa, como sus familiares y todos aquellos que se presentaron en el velorio, bien pudieron desconocer que estaban ante un homicidio, y que no se trataba de una tesis “introducida”, como afirma el tribunal por mayoría. Al haber adquirido firmeza ese fallo pese a los recursos interpuestos, lo allí estipulado debe erigirse como verdad procesal que no es pasible de ser revisada.
Así entonces, refirió la fiscalía, en un claro apartamiento de las exigencias del sistema jurídico, el fallo mayoritario sostuvo que el cuadro de situación en que fue encontrada María Marta no indicaba que se estuviera ante un accidente, o, dicho de forma más clara, que difícilmente no se estuviera ante un homicidio. Precisamente –destacó- este punto de vista fue el sustentado por la mayoría de los jueces que entonces integraban el Tribunal en lo Criminal nro. 6, para quienes la entidad de las lesiones no era compatible con ninguno de los elementos que se encontraban en el lugar donde ocurrió, y fue justamente esta afirmación la que se dedicó a rebatir el juez Violini en su voto.
Si bien los jueces Andrejin y Rossi intentaron explicar su apartamiento de aquella verdad que se tuvo por acreditada, al afirmar que el caso “Carrascosa” se definió por duda en favor del entonces acusado, no tuvieron en consideración que el fallo casatorio tuvo por ciertas circunstancias objetivas que ellos debieron haber respetado. Incluso, mucha de la prueba producida en aquel debate no fue ahora nuevamente ofrecida en el juicio en la creencia -que ahora parece ingenua-, que muchas cuestiones ya habían sido zanjadas en aquella ocasión y que sus conclusiones iban a ser respetadas por los ahora juzgadores.
Asimismo, en una clara muestra de la arbitrariedad con la se dictó la sentencia que se pone en crisis, el juez Andrejin en un tramo de su voto, a diferencia de como hizo con el fallo del Tribunal de Casación, se valió de una decisión adoptada por otro tribunal de otra jurisdicción para tener por acreditada una cuestión y la esgrimió cual si se tratara de una verdad irrefutable.
En efecto, indicó, al fallo dictado por los jueces integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 15 de la Justicia Nacional que juzgó y condenó a Pachelo por el delito de robo agravado por haberse ejercido violencia en la víctima, cometido mediante la utilización de llave verdadera sustraída, en calidad de partícipe necesario.
Al respecto la Fiscalía alegó que el caso de María Marta García Belsunce guardaba similitud con aquel que había damnificado a la familia Auge, más precisamente a Marta María Areco, y, que, si bien allí Pachelo había sido condenado como partícipe necesario, se argumentó que dicha calidad de partícipe había sido pactada por las partes en un acuerdo de juicio abreviado. Que, por esa razón, lo concluido no podía erigirse como una verdad procesal, a diferencia de como sí ocurre con el fallo del Tribunal de Casación en “Carrascosa”.
Se explicó que la damnificada Areco de Auge había declarado en torno a cuestiones sobre las que aquel Tribunal Oral no había tomado conocimiento en virtud del acuerdo -ya que no se celebró un debate oral-, y que dejar de valorar pruebas por el solo hecho de que no fueron ponderadas por otro tribunal en otro proceso atentaba contra la búsqueda de la verdad material.
Argumentó el recurrente que, tanto a nivel académico como jurisprudencial, se reconoce la necesidad de distinguir entre la verdad material o sustantiva y la verdad procesal o jurídica, lo que tiene particular consecuencia en las sentencias dictadas por motivo de un juicio abreviado, ya que este instituto se aplica a partir de un acuerdo entre las partes, que son las que “pactan” en qué consistieron los hechos y su calificación legal. Más allá de la función de control de la jurisdicción, como bien explica Taruffo, en estos casos se genera una verdad procesal negociada, que aparecería como una “cosa privada de las partes”, y, en consecuencia, en el proceso “debería suceder todo aquello que las partes quieren y nada más o distinto de eso que las partes quieren”. Explica el profesor italiano “Se trata, en sustancia, de una concepción negocial según la cual pertenecería exclusivamente a las partes, a través de la alegación u objeción o no objeción de los hechos, el poder de establecer qué cosa debe o no debe ser probada, y también el poder de determinar qué cosa debe o no debe ser tenida como verdadera a los fines de la decisión” (Taruffo, Michele “¿verdad negociada?” Revista de Derecho. Vol. XXI - Nº 1 – Julio 2008. P. 140). Hay, como se advierte, una renuncia a la búsqueda de la verdad material y se procede de acuerdo con aquella verdad procesal que las partes presentan. Sin embargo, remarcó el acusador, a diferencia de la forma en que lo hizo el juez Federico Ecke en su voto en soledad y sabiéndose vencido, Andrejin afirmó que no había razón válida para apartarse de las mismas conclusiones alcanzadas por los jueces integrantes de aquel Tribunal en lo Criminal. Entendió que se había determinado que Pachelo no había sido el ejecutor del robo, es decir, el intruso que ingresó al domicilio de la familia Auge, pero no tuvo en cuenta que aquel tribunal tuvo ello por probado en virtud únicamente de la confesión de Pachelo a sus amigos, lo que emerge de la lectura del propio fallo.
Es decir, o bien Andrejin tuvo por probado que Pachelo no entró en la casa de los Auge, sólo por la versión que aquel dio, lo que no parece del todo lógico, o bien lo trató como una “verdad” por el sólo hecho de que fuera afirmado por una sentencia firme, lo que sí parece haber ocurrido. Es decir, tomó lo probado por aquel tribunal como una verdad procesal que no podía ser discutida, lo que queda en clara evidencia cuando afirma que no hay razón válida para apartarse “(…) más aún ante el estado de cosa juzgada consolidado”. Y ello, incluso, en contraposición de la prueba producida en este debate, siendo que Areco declaró en este juicio sobre cuestiones que no pudieron ser ventiladas en aquel, justamente, en virtud del acuerdo abreviado referido.
Esta conducta del juez demuestra que el caso fue juzgado arbitrariamente por partida doble: por un lado, porque se desconoció la naturaleza del acuerdo subyacente en el juicio abreviado al que antes se hizo referencia, pero, por otro, y en lo que es aún más grave, porque aplicó un criterio distinto al utilizado con relación al fallo dictado por su superior jerárquico, del que más aún debió haberse sentido vinculado.
Recordó el recurrente que se expuso durante el juicio que el fallo del Tribunal de Casación zanjaba la situación vinculada a la familia de la víctima, es decir, que ellos no habían sido parte de lo que luego Andrejin llamó “operatoria”.
Contra ello, Rossi, a los fines de rebatir los argumentos, consignó que, en realidad, en aquel fallo se había consignado que “resulta indudable que la tesis referida al accidente fue sugerida en primer término por el encartado (Carrascosa)”. Sin embargo, de la lectura de esa porción del fallo, se advierte con suma facilidad que la cita fue sacada de contexto, siendo la frase completa expresa que “Resulta indudable que la tesis referida al accidente fue sugerida en primer término por el encartado, pero ello, por sí solo, no basta para afirmar que se cometió delito”, y, dos párrafos luego, emerge que “(…) ha quedado probado que el mismo día del hecho autoridades policiales y judiciales tomaron conocimiento de que María Marta García Belsunce había fallecido de modo traumático, y que el mecanismo de producción de la muerte generaba dudas, y esa noticia se obtuvo gracias al llamado que hizo uno de los coimputados”.
Es decir, el juez Rossi, con una estrategia que oscila entre lo grave y lo infantil, extrajo del voto del Dr. Violini únicamente lo que le resultaba funcional a los efectos de contrariar los argumentos de la fiscalía, pero lo cierto es que en el voto se sostiene que no pudo probarse ninguna conducta que pudiese encuadrar en el delito de encubrimiento.
Agregó que el juez de primer voto sostuvo que la familia buscó “evitar o demorar la eventual pesquisa, diluir la obtención de pruebas en tiempo inmediato al fallecimiento, despistar a investigadores”, y ello fue refrendado por Rossi. De tal modo, salvo que Rossi considere que dichas conductas no constituyen acciones de relevancia penal, está claramente contradiciendo el fallo del Tribunal de Casación.
De seguido, comenzó a señalar el recurrente en forma particular los argumentos sobre los cuales se intentó sostener la decisión impugnada, alertando en primer término sobre la introducción de datos falaces en el análisis de la prueba, entendiendo que, cualquiera sea la forma en que se pronuncie este Cuerpo, necesariamente deberá arbitrar las medidas que estimen corresponder en pos garantizar el correcto desenvolvimiento de la administración de justicia.
Afirmó el acusador público que no se trata de meros yerros involuntarios sino de actos intencionales, dado que todas esas afirmaciones falaces fueron vertidas en pos de dar sustento a lo que decidieron llamar la “operatoria” de la familia para evitar el accionar de la justicia. Explicó que la valoración del testimonio de Susana Murray efectuada por el ponente da cuenta que: “No huelga indicar que, la Sra. Susan MURRAY recordó que tiempo antes de practicarse autopsia sobre el cuerpo de su compañera en Missing Children, Horacio GARCIA BELSUNCE la citó a un lugar neutro e hizo preguntas para sorpresa de ella, acerca del posible conocimiento de un amante de la Sra. GARCIA BELSUNCE o de alguien en conflicto con la fallecida; lo que vuelve a dejar subsistente la rara anticipación de búsqueda de posibles sospechosos sobre los que descargar culpabilidad ante un caso de homicidio, cuando ya había sido aclamada desde misma fuente la muerte accidental”.
Sin embargo, de la declaración de la testigo, cuya deposición se encuentra grabada y puede ser perfectamente verificada y auditada emerge que sobre esta cuestión la testigo dijo: “El 3 de diciembre me llama Horacio García Belsunce para pedirme que urgentemente nos reuniéramos; yo estaba volviendo de Capital, y nos encontramos en un café en San Isidro (...) donde al entrar él me dijo que le habían hecho la autopsia a María Marta y que le habían encontrado 5 tiros en la cabeza. Yo quedé shockeada, muy mal, jamás había imaginado algo así. Allí me empezó a preguntar sobre qué podría haber pasado, que pensáramos. Me preguntó cómo se llevaba María Marta con el marido. Yo me acuerdo de haberle preguntado ‘¿vos sospechas del gordo?’, y él me dice ‘no, no, el gordo zafó porque llegó después de la guardia’. Me seguía insistiendo si había alguien o algún caso de Missing y de más. Yo estaba con la cabeza que me explotaba y le dije (...) mirá juntémonos con Patricia Reyes (...) a ver si ella escuchó algo o piensa algo. Así que fuimos a la YPF que está en Panamericana pasando el peaje; ahí él volvió a contar a Patricia sobre el resultado de la autopsia, y nos empezó a preguntar qué pensábamos que podría haber pasado. Yo le comenté que María Marta una vez me había comentado que estaba sospechando del señor Pachelo por el robo del perro (...)”
En este punto, la declaración de Murray fue conteste con la brindada en fecha 19 de febrero del año 2003, oportunidad en la que también dijo que Horacio García Belsunce la contactó inmediatamente después de la autopsia, y que, lo primero que hizo, fue contarle su resultado. A contrario de ello, Andrejín afirma que esto ocurrió “tiempo antes de practicarse autopsia”, cuando de ambas declaraciones emerge que se juntaron el 3 de diciembre de 2003, es decir, al día siguiente de conocerse su resultado. Por otro lado, sostiene también que “la citó a un lugar neutro e hizo preguntas para sorpresa de ella acerca del posible conocimiento de un amante”, lo que es ciertamente llamativo, puesto que, al no estar enemistados, ningún lugar en el que se juntasen podía llegar a tener o no connotación de neutralidad; lo real es que fueron a tomar un café a un conocido bar de San Isidro denominado “Seven Eleven”.
Pero peor aún es lo dicho en torno a la “sorpresa” de la testigo y a que fue consultada sobre un “amante”, cuando claramente ello no es lo que surge de sus dichos. Murray fue clara al afirmar que su estado de shock se debió a la noticia de la muerte, y que las preguntas de Horacio fueron en relación a si sabía qué pudo haberle pasado a su hermana, e incluso si podía tener algo con la actividad de Missing Children, más nada dijo en torno a ningún amante.”.
Como se ve, el juez inventó cuestiones que, no sólo no habían sido dichas por la testigo, sino que eran contradictorias a sus afirmaciones, y, en base a ello, dedujo una actitud conspirativa por parte del hermano y su entorno, que fue justamente la base sobre la que estructuró su pronunciamiento.
Igual demérito se advierte en el tratamiento del ponente sobre los dichos de Carlos Carrascosa, más precisamente sobre dos cuestiones puntuales. La primera de ellas es la relacionada a la bicicleta con la que se había trasladado la víctima antes de arribar a su casa y ser muerta. Sobre este particular el fallo sostiene que Carrascosa dijo “(...) el que mató a María Marta seguramente es el que se llevó la bicicleta”. Luego, analizó tal cuestión al tratar la autoría, y agregó “Y, en lo que deviene por demás llamativo -y sugestivo de un acomodamiento forzado de la realidad vivenciada, o al menos retratando a un testigo poco convincente-, CARRASCOSA puso de manifiesto que el atacante de su cónyuge se llevó consigo la bicicleta en la que arribó al domicilio tras dejar el hogar de los BARTOLI”.
Sin embargo, esto no es cierto, pues Carrascosa no dijo que el que mató a María Marta seguramente se llevó su bicicleta. En primer término, Andrejin no repara en que Carrascosa nada dijo de la bicicleta sino hasta que fue consultado por ella por parte del Presidente del Tribunal, pero, además, con palabras textuales, lo que dijo fue “(...) la bicicleta no apareció, nunca. La robaron, seguramente (...) la bicicleta no apareció nunca (...) La verdad que yo, en ese momento, no tenía idea (...)”. Como se observa, más allá de la irrelevante manifestación en torno a que pudo haber sido robada, Carrascosa en ningún momento vinculó la desaparición de la bicicleta o su robo con el hecho del homicidio. Fue Andrejin el que dijo que él lo hizo, pero no fue así, como queda claramente en evidencia.
Por otro lado, el juez que abre el acuerdo afirmó que Carrascosa dijo algo que no dijo, fue el referido a la sustracción de la caja metálica con los fondos de la asociación “Amigos de Pilar”. Sobre este particular, el ponente calificó de “poco convincente” a Carrascosa, y luego, analizando sus dichos, refirió “en contradicción con PIERES -cabe resaltar, en cuanto a un diálogo telefónico: preguntando por la caja metálica, el por entonces reciente viudo, refirió no haberla visto nunca -CARRASCOSA expresó primero, que la cajita que después apareció, -para luego corregirse a sí mismo y rectificar-, que no apareció y se hace la denuncia”. Es decir, sostuvo que Carrascosa dijo que había aparecido y que luego se “rectificó”. Sin embargo, nuevamente el juez incurre en la misma práctica -la mentira- puesto que así no sucedió. De la reproducción de la grabación de la audiencia de debate emerge que dijo “(...) María Marta estaba cumpliendo la función de tesorera en ese momento (...) en el momento que murió, por eso la famosa cajita que después aparece, bah, que después no aparece y se denuncia el robo, la tenía María Marta porque estaba haciendo la suplencia de la tesorera que se le había muerto un hijo (...)”. Escuchada en contexto, se advierte sin lugar a dudas que no se trató de una “rectificación” como afirma Andrejin, sino que a lo que se refería el testigo era a que había “aparecido” la cuestión de la cajita; es decir, que había tomado conocimiento de que María Marta tenía en su poder la caja con dinero y que la misma había sido sustraída. Aseguró el recurrente que únicamente un intérprete malintencionado puede colegir que se trató de una “rectificación”, término que, si bien posee diversos significados, está claro que Andrejín lo utilizó en su significación referida a “modificar la propia opinión que se ha expuesto antes” (conf. Real Academia Española). Y lo que es aún peor, Andrejin se valió de un “yerro” gramatical de Carrascosa y sin siquiera formular una pregunta aclaratoria, para utilizar ese yerro del lenguaje de un anciano de 79 años que declaró durante más de tres horas como si se encontrara “al acecho” para utilizar cualquier equivocación en su contra o en favor de Nicolás Pachelo. Y ello resulta evidente porque lo expuso a los efectos de demostrar una contradicción entre Carrascosa y la testigo Pieres, que fue la que afirmó que la cajita nunca apareció y que, por poder estar relacionado con el homicidio, fue a informarlo a la fiscalía.
En otro orden, señaló el impugnante que fallo fue anunciado en otra sala distinta a la que se había celebrado el juicio, la cual no tenía capacidad para alojar a familiares y amigos de la víctima, el mismo día del vigésimo aniversario en que se supo que la damnificada había sido víctima de un homicidio. Por entonces -aseveró- ya circulaban noticias periodísticas sobre la previsible absolución por mayoría a manos de los jueces Andrejin y Rossi que así lo hicieron, lo cual motivó una presentación peticionando en sentido contrario, lo que jamás fue contestado, siendo que la multiplicidad de medios que recogieron con anticipación el carácter del veredicto absolutorio por este hecho expone una violación a la manda del art. 371 en cuanto al carácter reservado de la deliberación.
Afirmó el acusador que, para poder justificar su decisión, los jueces que hicieron mayoría incurrieron además en una serie de valoraciones que, por sí mismas, y por atentar contra reglas básicas de la lógica, no pueden conformar las exigencias habidas en materia de fundamentación de la decisión, la cual expone una fragmentaria e indebida evaluación de los medios de acreditación, causal de arbitrariedad señalada en numerosos fallos de la Corte Federal y la CIDH que citó en su presentación. Reclamó el presentante que a esta altura debería estar zanjada la cuestión referida a la actuación de la familia de la víctima y a la decisión inicial del fiscal instructor, que el fallo por mayoría se esfuerza por presentar como una “pésima indecisión” provocada por los primeros, en tanto fueron las que hicieron incurrir al entonces “novel Fiscal” en el error de no disponer la autopsia, y menciona, cual si pudiese justificar una actuación por fuera del marco de la ley, que otros funcionarios como el también entonces fiscal federal Romero Victorica y el policía Degastaldi habían encontrado reparos por parte de la familia. Sin embargo, parece no repararse en que Degastaldi era una autoridad, así como, por su influencia, también lo era Romero Victorica, a quien convocó justamente la familia por el cargo que ostentaba. Pero aún hay más, en tanto sin fundamentarse en prueba objetiva, en el voto se pretende presentar que las conductas desplegadas frente a estos surtieron “efectos exitosos” en el fiscal de instrucción, cuando como el mismo juzgador dice, el que fue tratado de “bocón” y al que se le dijo que iba a tener problemas si no se iba, no fue a él. Es decir, no fue al fiscal provincial a quien se le habrían dicho esas frases sino, supuestamente, a Romero Victorica y a Degastaldi, con lo que es realmente difícil comprender por qué el ponente considera que estas coyunturas pudieron afectar la actuación del fiscal o que estuvieran dirigidas a él.
Pero lo más grave, es que se advirtió en que la familia sostuvo que se trataba de una muerte provocada por un accidente en la bañera. Entonces, si el código de forma en su artículo 251 impone que “Se ordenará la autopsia en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad”, y si la familia jamás ocultó que se trataba de una muerte violenta, no se entiende por qué razón el juez pretende justificar la actuación deficitaria del agente fiscal, siendo que, se tratara de una muerte por accidente o de un homicidio con cinco disparos en el cráneo, la autopsia debía hacerse de todos modos. Y como nadie en la casa intentó hacer creer a Molina Pico que María Marta había muerto por causas naturales, no queda más que concluir que la mayoría quiere justificar lo injustificable o bien desconoce la normativa aplicable.
Pero, además, destacó, el certificado de defunción sólo podía ser expedido por los médicos forenses, circunstancia ésta que no ocurrió porque el fiscal instructor no ordenó la autopsia. Y decimos esto, pues era la única autoridad que se hallaba obligada a disponer la diligencia e incumpliendo con la manda legal, autorizó sin más la inhumación.
De ello se derivó que el propio fiscal -al omitir la autopsia- estaba también legitimando la falsedad ideológica que luego se produjo, pues ningún médico de cochería se encontraba ni se encuentra facultado para emitir un certificado de defunción respecto de una muerte traumática, pues ello requiere necesariamente intervención policial/judicial y, el certificado, en consecuencia, es expedido por el médico autopsiante.
Subrayó el recurrente que nunca se ocultó al fiscal y al personal de la cochería encargada de hacer el servicio respecto de una muerte traumática y en una jurisdicción ajena al domicilio que se consignó como lugar de fallecimiento, pues se la estaba velando en Pilar y eso nunca estuvo controvertido.
Sin embargo, se utilizó una apreciación de Carrascosa, soslayando que se encontraba en estado de shock, responsabilizándoselo por haber “instalado una hipótesis falsa” cuando al mismo tiempo fue el fiscal quién solicitó que se le aporte un certificado de defunción (obviamente de una muerte no traumática, caso contrario, aquél nunca pudo haber estado en poder de la familia, a quienes se les estaba requiriendo).
Así, mientras la actitud de Carrascosa mostraba su estado de conmoción por la muerte de su mujer, a quien encontró con medio cuerpo en la bañera con agua y sangre y su cabeza sumergida -producto de la escenificación realizada por Nicolás Roberto Pachelo- y mostrando que nada tenía que ocultar, precisamente porque abrió la ventana y le dijo a Michelini “Beatriz subí, María Marta tuvo un accidente”, el juez ponente deliberadamente sostuvo que no solo Carrascosa instaló la versión del accidente sino que además refirió (aunque sin decirlo textualmente), que de alguna manera intentó evitar que ingrese Michelini a la casa, pues sostuvo que abrió la ventana que da hacia la entrada de autos y le dijo “Beatriz, María Marta tuvo un accidente”.
Recalcó que esta dialéctica escogida durante tantos años para perjudicar a Carrascosa y al entorno de la fallecida María Marta García Belsunce, fue también utilizada ahora para afirmar que la autopsia no se hizo porque la familia no quiso haciendo que un fiscal y el jefe de las más altas jerarquías policiales de San Isidro (Aníbal Degastaldi) incumplieran con sus funciones básicas, elementales y obligatorias: no realizar la autopsia en un accidente que, desde el inicio, reunía características tan particulares que la propia familia procuró la concurrencia de autoridades judiciales. Puso de resalto que Carrascosa no fue testigo de lo que en ese momento se creía que había sido una caída pues eso habría ocurrido, según se pensaba, mientras la víctima estaba sola. Entonces, nadie podía explicar la mecánica del hecho ni cualquier otra circunstancia que permitiera a las autoridades judiciales y policiales establecer lo propio. La única manera de determinar fehacientemente el mecanismo de producción de las lesiones que le ocasionaron la muerte era mediante la presencia en el lugar -junto con Molina Pico y Degastaldi- de los peritos correspondientes, fundamentalmente médico forense y luego mediante la realización de la autopsia que hubiera concluido cuestiones fundamentales: la tipología de las lesiones -y otras cuestiones atinentes a la mecánica del hecho, etc.- y a partir de las pericias complementarias descartar o confirmar patologías clínicas que la pudieran haber llevado a perder la conciencia, intoxicaciones medicamentosas o de otro tipo de sustancias, etc..
Cuando históricamente -y también ahora- se sostuvo que Carrascosa instaló la hipótesis del accidente, debemos representarnos a quien o respecto de quien se impuso esa teoría, pues teniendo pleno conocimiento tanto la autoridad judicial como policial, que quien instalaba esa hipótesis no estaba al momento del “accidente” sería admitir que si Carrascosa creyó que era un accidente, el fiscal y el policía debían sin más confiar en su apreciación.
En busca de mayor claridad, indicó el impugnante, Carrascosa les dijo a Molina Pico y a Degastaldi -y ellos lo sabían- lo que él creyó que pasó. Carrascosa no dijo “yo la vi caerse de la bañera”. Justamente porque no estaba. Entonces, nadie podría creer lógicamente que pudo instalar algo que ni siquiera dijo haber visto de suerte tal que quienes debieron despejar cualquier tipo de duda, eran las autoridades allí presentes, iniciando de inmediato y sin dilaciones la pertinente investigación.
Postuló que la función del fiscal es dudar, investigar y no limitarse a ninguna versión de nadie y mucho menos de aquel que potencialmente pudiera ser el autor del hecho. Salvo que alguien crea que la actuación del fiscal se limita a dirigirse a la escena del hecho, brindar sus condolencias a los familiares, no iniciar ninguna investigación hasta, cuanto menos, 72 horas después, solicita un certificado de defunción necesariamente apócrifo y finalizar, sin más, su intervención.
Sostener que Carrascosa “instaló la hipótesis del accidente” para lograr su impunidad -de lo contrario no advertimos cuál sería el sentido-, demuestra a las claras que el único ocultamiento de los hechos fue producido por agentes estatales y no por los deudos de la víctima. Adunó el recurrente que cualquier estudiante avanzado de derecho o agente policial recién egresado de la academia hubiera actuado como corresponde, mal que le pese a los magistrados que hicieron mayoría, que para inculpar a la familia eximen de toda responsabilidad al fiscal, al punto casi de colocarlo en el rol de víctima.
Descartó que la familia de la víctima haya obstaculizado la investigación o impedido la autopsia, sino que llamaron a la autoridad competente, y por ello el fiscal arribó al lugar.
Denunció que la lectura del voto que hizo mayoría por parte de cualquier persona objetiva parece sugerir en todo momento que el caso se resolverá por certeza negativa, puesto que, si todas las pruebas indican, como se menciona constantemente, que fue el círculo de la familia el que introdujo la hipótesis del accidente, el que impidió u obstaculizó que llegara la policía, que hizo incurrir en error al fiscal (a quién coloca en lugar de víctima), y que luego mintió a lo largo de los años, la conclusión lógica que debiera extraerse es que Pachelo era inocente.
Sin embargo, concluyó que persiste un cuadro de alta duda que indiscutiblemente desvanece el estado de certidumbre necesario para considerarlo culpable del acometimiento letal, a la par de siquiera haberse desechado otra hipótesis alternativa del hecho que reportaría como ajenos al homicidio a cualquiera de los tres encausados.
Calificó la fiscalía de más desconcertante aún lo dicho en torno a que “(…) Mal puede considerarse que en este presente juicio, con la prueba introducida, lo que fue duda en otros procesos (tanto para CARRASCOSA, como para GAUVRY GORDON) se hubiese transformado en certeza, esto es, que se disipara el estado de dubitación que se ponderó como base para absolver al cónyuge de la víctima, no sólo por el homicidio sino también por el encubrimiento, o al médico que decidió callar el cuadro traumatológico advertido y mal documentarlo; o que se hubiesen esfumado las categóricas pruebas valoradas y raciocinios explicados por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 y recurso mediante, por el Órgano Casatorio luego, para los confirmados culpables de encubrimiento”. Aparece inaceptable que el juez no haya reparado en la totalidad de las pruebas novedosas –si se quiere- que fueran producidas en este juicio y no así en los otros.
No se está criticando aquí solamente que se arribe a un estado de duda, lo que se critica también es que se pretenda afirmar que el cuadro de situación era igual al de los juicios desarrollados por ante los tribunales 1 y 6, cuando claramente no fue así, y ello puede acreditarse por el mero hecho que la gran cantidad de los allí imputados pudieron ahora manifestar su verdad bajo juramento en el plenario al igual que lo hicieron personas ajenas al círculo familiar (vgr. Michelini; Ortiz; etc) complicando por otra vía la situación procesal de Pachelo.
Con claras muestras de arbitrariedad, aseveró el recurrente, el ponente otorgó a la prueba testimonial el mismo valor que poseía para esos jueces en aquel entonces, y ello jamás pudo haber sido así –salvo que se dieran las explicaciones necesarias, cosa que tampoco ocurrió-, pero el mero hecho de que no se trataban de elementos de prueba de idéntica naturaleza ameritaba que fueran ponderados de manera diversa.
Caso contrario, no se explica por qué califica al testimonio de Guillermo Bártoli como de “relativa credibilidad” o a Carlos Carrascosa como “poco convincente”. Y peor aún, otorgándole credibilidad a las diversas, contradictorias y absolutamente mendaces versiones de Pachelo que fueron derribadas con prueba objetiva en todas las jornadas de debate. Ello sin brindar la debida fundamentación al respecto.
Sostuvo la fiscalía que a los fines sustentar una absolución que ya estaba resuelta, de manera constante se buscaron, por un lado, nimiedades o detalles en los elementos de cargo para vedarlos de todo valor probatorio, y, por otro, presentar prueba objetivamente dudosa cual si se tratara de una verdad irrefutable y revelada.
Así se afirmó que el imputado Pachelo estuvo presente en el barrio en el momento del homicidio, pero igual al resto. Sobre el particular, subrayó el impugnante quedó completamente demostrado en el debate que mientras se estaba produciendo el asesinato de María Marta García Belsunce, Nicolás Pachelo se encontraba dentro del country y que, durante décadas, lo negó enfáticamente.
El ponente analizó la prueba referida al lugar en donde estaba el encartado de mención al momento del hecho, que sí ubicó entre las 18:10 y 18:45 horas, siendo que en un sesgado y desacertado análisis, el juez determinó los horarios basándose en el tiempo en que tarda en llenarse la bañera, lo cual, si bien fue planteado en el debate, resulta ciertamente dudoso que se pueda extraer alguna conclusión si no se sabe ni la presión con la que salía el agua ni tampoco hasta qué punto habían sido abiertas la o las canillas.
Pero, sea como fuere, sí pudo concluir que para ese entonces Pachelo se encontraba en el country -según apuntó- al igual que muchas otras personas, y, en virtud de esto, señaló “(…) extraer indicios de culpabilidad por vía de presencia y oportunidad o de una mendacidad nada robusta, deviene demasiado débil, por la amplitud que entraña las condiciones de vida dentro de un barrio cerrado con multitud de personas viviendo allí o terceros ingresantes a bordo de vehículos que no pasaron filtro de identificación; por mantenerse todos, en pie de igualdad de acercamiento a cualquier unidad funcional; y por la indeterminación de las eventuales actividades de PACHELO entre que dejó Carmel y se alejó de la zona de influencia de la antena 394”.
Apuntó críticamente el recurrente que, a juicio de la mayoría, el hecho que la prueba demostrara sin margen de dudas que Pachelo se encontraba en el lugar del hecho, no constituía de por sí un indicio, porque otras personas también se encontraban allí. A ello, el juez Rossi agrega que el deficitario sistema de seguridad habría incluso permitido que terceros ajenos al lugar ingresaron sin haber sido registrados.
Esta coyuntura, destacó el escrito de interposición, es de por sí demostrativa que se analizó esta cuestión sin atender al resto de la prueba fragmentándola como único medio para forzar la absolución pretendida, siendo inconcebible que los juzgadores hayan pasado por alto que, si bien había muchas otras personas en el country, Pachelo fue el único de todos ellos que pretendió por veinte años ubicarse fuera del lugar en el momento del homicidio.
Durante todo este tiempo, Pachelo intentó introducir un ticket de compra de un juguete para su hijo a los efectos de demostrar que se encontraba en otro sitio y también intentó, por prolongado lapso, discutir la veracidad de los informes del V.A.I.C., llegando incluso a alegar que habría sido el viento el que hizo que la antena de su teléfono celular impactara en la antena del country El Carmel.
Pero, además, tampoco puede soslayarse que, minutos antes de que Carrascosa hallara a su esposa asesinada, Pachelo llamó a su madre con el claro fin de hacer que concurriera a El Mundo del Juguete a comprar un regalo, es decir, era el único de todo el barrio que, incluso antes de que se detectara la muerte, estaba bregando por contar con una coartada. En este punto, destacó, corresponde mencionar algunas escuchas telefónicas que resultan de sumo interés en las que Pachelo intentó ubicarse constantemente fuera del country en el preciso horario de muerte que sólo el asesino podía conocer.
Así, relataba: "...yo estoy afuera desde el primer día porque yo estaba en el centro con mi vieja en paseo alcorta comprándole un regalo a Felipe, yo tengo el ticket, la compra del regalo de Felipe a las 19.35 pagado con visa en el mundo del juguete..." [17/12/2002 - CASSETTE N° 5 LADO B - LOC 22 DEL ABONADO 1144495646] También, mencionaba “...yo estoy recontra tranquilo, de hecho no estaba físicamente en el club, entendes?...”
[17/12/2002 - CASSETTE N° 5 LADO B - LOC 22 DEL ABONADO
1144495646] En ese mismo sentido, en aquel momento expresaba:
"...gracias a dios yo no estaba en carmel en ese momento porque si hubiese estado y estaba solo en mi casa, bueno, se armaba un quilombo, gracias a dios estaba con mama en paseo alcorta porque si no, no sé de qué me disfrazo...igual te lo tienen que probar...” [19/12/2002 - CASSETTE N° 8 LADO A - LOC 22 DEL ABONADO 1144495646] y "...ese domingo físicamente no estuve en carmel a la hora de lo que le pasó a esta señora,..yo estuve en carmel a las cinco y media, entré después de jugar al futbol, me bañe, me cambié y me fui con mi hijo a bs.as. a comer y a comprar un regalo para su cumpleaños…" [07/01/2003 - CASSETTE N° 29 LADO A - LOC 22 DEL ABONADO 1144495646] También, "...yo ingresé a las cinco y media. me debo haber ido a las seis y cuarto, seis y veinte. más de cuarenta minutos en bañarme y cambiarme no puedo haber tardado…"
[07/01/2003 - CASSETTE N° 29 LADO A - LOC 22 DEL ABONADO
1144495646].
Tampoco se reparó en que había sospechas que en esa franja horaria y particularmente los días domingo se habían asaltado en las casas aledañas, y que la prueba vinculaba indudablemente a Pachelo a punto tal que fuera condenado otrora por la detentación de bienes ajenos sustraídos en aquellas propiedades linderas a las de la víctima.
Y tampoco se sopesó adecuadamente que Pachelo reunía todas las características compatibles con las del autor del hecho y un trastorno psicopático y narcisista de la personalidad que le posibilitaba ejecutar un hecho como el que se examina con una pésima relación con la víctima quien a gritos exigía su expulsión del country y a quien le tenía pánico. A pesar de todo esto, para los jueces que hicieron mayoría se encontraba en igualdad de condiciones que el resto de las personas habidas en el country y, por lo tanto, descartó de un plumazo la cuestión como elemento de cargo.
Criticó, por otra parte, que los tres testigos sólidos que vieron a la víctima y al victimario juntos a minutos del crimen: para esos jueces “no valen”, siendo que también quedó demostrado sin lugar a dudas que Nicolás Pachelo fue visto trotando detrás de la víctima minutos antes de su muerte. Ello así, desde que tres testigos desde el año 2002 lo ubican en esa situación, tratándose de Pedro Aspiroz de Achával, Santiago Asorey y Marco Cristiani quienes, al momento del hecho tenían trece años y, mientras se encontraban caminando dentro del country El Carmel hacia sus viviendas, visualizaron a Nicolás Pachelo detrás de la víctima a poco más de diez minutos del crimen.
Resaltó la fiscalía que su presencia fue declarada por ellos infinidad de veces en dos décadas. Esto es, en diciembre de 2002 -apenas iniciaba la investigación-; en la investigación por el encubrimiento llevada a cabo durante el año 2007 y en el juicio oral contra Carlos Carrascosa. También lo hicieron en 2017 en la nueva investigación y ahora en el presente debate oral.
En este punto, el juez ponente analizó la circunstancia referida a si Pachelo estuvo corriendo en la misma dirección que María Marta minutos antes del hecho. Para ello, ponderó las declaraciones de los jóvenes – casi niños en aquel entonces- Asorey, Cristiani y Aspiroz, y las confrontó con las del propio Pachelo -a partir de su última versión, introducida en 2017-, siendo que, especialmente la de Aspiroz y Pachelo, diferían en torno hacia donde éste había doblado cuando trotaba en la misma dirección que María Marta. Según Aspiroz aquel había doblado en la misma dirección que ella, esto es, para su casa, y según Pachelo, habían doblado por caminos diferentes, puesto que él estaba yendo a buscar su auto al estacionamiento del Club House (circunstancia que no había introducido sino hasta que vio comprometida su situación procesal).
Sobre el punto quienes hicieron mayoría optaron por darle veracidad a la versión de Pachelo, tachando la deposición de Aspiroz de “auto-contradictori (a), falto de consistencia y de confiabilidad”. Para así sopesarlo, señaló el recurrente, tuvieron en cuenta que el joven había dado en el primer juicio una versión sobre esta circunstancia, luego otra en la Fiscalía en el año 2018, cambiando la declaración, diciendo que no había visto doblar a Pachelo, y finalmente en el debate, vuelto a la versión original, confesando que no había dicho la verdad en la segunda ocasión porque tenía que enfocarse en un examen de facultad y no quería ser un testigo indispensable.
Además, consideró el juez que este joven, al igual que los otros dos, guardaban relación de amistad o pertenencia al grupo de la familia. En virtud de ello, quitó todo tipo de valor a la prueba, y afirmó “(…) debe procurarse certidumbre reparando en otras evidencias que demuestren por sí mismas que PACHELO ingresó a casa de la víctima (...)”.
Con esto se advierte que se quitó a estos testimonios todo tipo de valor probatorio. Empero, tal decisión devino claramente arbitraria, por cuanto que, los tres testigos habían coincidido en haber visto a Pachelo correr en la misma dirección y a metros de María Marta minutos antes de su homicidio; coyuntura que los tres venían afirmando desde un primer momento, desde el año 2002, cuando eran menores de edad, contradiciendo la versión de Pachelo.
Reclamó el acusador que un mínimo análisis de la totalidad de la prueba invitaba a tener en cuenta que el imputado había afirmado categóricamente que él jamás había estado ahí y que había sido imposible que los chicos lo vieran; llegó incluso a tratarlos de mentirosos y de afirmar que estaban incurriendo en el delito de falso testimonio. Empero, quince años después, al declarar en los términos del art. 308 del C.P.P, ante la clara evidencia de que no iba a poder contrarrestar los tres testimonios objetivos, confesó que efectivamente lo podrían haber visto, porque había ido trotando a buscar un auto en una dirección similar, cuestión sumamente novedosa -aunque inverosímil- sobre la que nunca había dicho nada. Esta coyuntura no fue siquiera valorada en el voto mayoritario, pese a que cualquier juzgador imparcial debía haberse interrogado ¿por qué razón el imputado Pachelo negó por tantos años que los chicos lo vieron corriendo a metros de María Marta García Belsunce?. Al respecto, señaló, con sólo indagar la prueba habría advertido que la razón por la que había hecho eso surgía de la propia boca de Pachelo, en tanto en las escuchas telefónicas incorporadas -que seguramente el juez Andrejin tuvo oportunidad de ponderar, pero también extrañamente desatender-, aquel le refirió a su interlocutor: “(…) y con respecto a los chicos, está claro que el fiscal no les cree, según los chicos yo estoy corriendo atrás de la bicicleta de María Marta. eso es 5 minutos antes de que le peguen no sé cuántos tiros en la cabeza. Eso para el fiscal, o el fiscal está totalmente loco que lo mete preso a Carrascosa o es mi hermano o mi íntimo amigo (…) porque nadie que le atestigüen 3 chicos menores de edad de identidad reservada que le digan yo lo vi corriendo atrás de la bicicleta de María Marta y 20 minutos después le meten 5 o 6 corchazos en la cabeza, cualquier fiscal te mete en cana, y por menos también (...)” [23/04/2003. CASSETTE N° 36 - LOC 51 DEL ABONADO 1144495646]. También, en otra oportunidad, afirmó “(…) yo se perfectamente que yo no estaba así que la persona que diga que me haya visto, si es que lo dice en una causa, habría que ver el tema del falso testimonio porque no es cierto, no es fidedigno. Yo no estuve ni dando vueltas, ni por arriba de la casa, ni en la pileta, ni en el jardín, ni vestido de mujer, ni con enanitos en el jardín (...)" [6/1/2003. CASSETTE N° 27 LADO A - LOC 22 DEL ABONADO 1144495646].
Y, además, que “con respecto a 3 testimonios de identidad reservada, habría que ver si no son uno de los 30 falsos testimonios que tiene el fiscal encarpetados. No vaya a ser cosa que alguna de esas 3 personas que me vieron estén en la carpeta de los falsos testimonios" [22/1/2003. CASSETTE N° 46 LADO A - LOC 22 DEL ABONADO 1144495646]. En el mismo sentido también refirió: "...Yo no corrí esa noche, yo dije una y diez mil veces que llegue de jugar al futbol en cancha de 11, muerto, con las piernas acalambradas, llovía, fui con mi hijo, no salí a correr, me quedé con mi hijo, me bañe, me cambié y partí hacia bs.as. Lo he aclarado una y mil veces …"
[22/01/2003 CASSETTE N° 46 LADO A - LOC 22 DEL ABONADO
1144495646] Con esto, emerge que Pachelo tenía claro que no quería ser ubicado en ese momento y en ese lugar, con lo que, el cambio en su versión, esto es, que iba a buscar un auto corriendo, debió aparecer ante cualquier persona con un mínimo de objetividad como una excusa acomodaticia. Si bien el juez de primer voto dio credibilidad a Pachelo en lo referido a que estaba yendo a buscar el auto, pero no tuvo en cuenta que su salida del Country con el vehículo se dio a más de 40 minutos luego del cruce con los jóvenes, con lo que es de extrañar que no se haya preguntado mínimamente qué fue lo que hizo con su auto Pachelo en todo ese tiempo. Desde este punto de vista, subrayó el acusador, no debería haber dudas de que esta última versión no juramentada de Pachelo fue vertida con el claro designio de evitar dicha prueba de cargo, y que no se condice con ningún otro elemento de la causa.
Sin embargo, los jueces Andrejin y Rossi, facilitándole la defensa incluso más de lo que Pachelo podía imaginar, ponderaron la prueba separándola del resto del cuadro probatorio. Únicamente presentado el caso cual, si se tratara de un simple contradicho entre un imputado y un “testigo contradictorio”, era posible volcarse por la versión de Pachelo, y así lo presentaron los jueces en sus votos.
Más aún, afirmar que los jóvenes mintieron, como surge en definitiva de la posición mayoritaria, y sugerir que ello ocurrió porque eran cercanos al grupo de amistad de la familia, implica también creer que unos padres hayan expuesto a sus hijos de trece años de edad a que declararan una mentira en la causa criminal más mediática de la que se posee registro, contra un sujeto a quien los niños le guardaban temor reverencial, siendo que incluso lo llamaban “Voldemort”, y a quien todos ellos consideraban sumamente peligroso por su prontuario en el barrio. Afirmó la fiscalía que es ciertamente imposible que seis padres se hayan puesto de acuerdo en algo así; no lo afirmamos como acusadores públicos, sino como padres de niños menores de edad.
Agregó el impugnante que si se creyera, como parecen hacerlo los jueces Andrejin y Rossi, que efectivamente mintieron, y que también fue ello parte de la famosa “operatoria”, no se explica por qué no ordenaron la extracción de testimonios ante el supuesto flagrante delito conforme la manda del art. 287 del C.P.P. como tampoco lo hicieron con el resto de los testigos, cuyas declaraciones según los jueces “se han apreciado sumamente ensayadas, calculadas, o al menos sin espontaneidad;
esperable,(...) y por si fuera poco, también visibilizados sin dificultad, con un sentido rígido de pertenencia a grupo determinado en desmedro de la soltura de la declaración y con opiniones absolutas formadas en la simple creencia o sentimiento.."
Se preguntó el impugnante ¿cómo pudieron adivinar los chicos veinte años antes que Pachelo circulaba por esa misma calle que ahora reconoció haber recorrido en ese mismo horario?.
Puntualizó el acusador que tras negar categóricamente y por años su presencia en el lugar, Pachelo reconoció finalmente que en realidad pudo haber sido visto en circunstancias en que fue a buscar el auto de Inés Dávalos, quién lo había dejado en el estacionamiento de la entrada al Barrio. Refirió que ese día retornó de jugar al fútbol, buscó a su hijo Felipe por la casa de un amigo en el Barrio “La Herradura” de Pilar, ingresó a Carmel a las 17:37 horas, llegó a su casa, se bañó, se cambió, dejó a su hijo de siete años solo en su casa, corrió por las calles de El Carmel y fue en búsqueda del auto que, según sus dichos desprovistos de cualquier elemento que los sustente, se encontraba con las llaves colocadas.
Al respecto, evocó el presentante lo expuesto por el Dr. Federico Ecke en su voto en solitario en cuanto sostuvo que “Aquella coartada carece de razonabilidad, ya que por el principio de logicidad, una persona no se bañaría previo a correr, menos si ya la lluvia se había hecho presente, y sin dejar de lado que su hijo menor de edad quedaba en soledad en la casa. Lo lógico, pues, habría sido que se haya bañado, y juntamente con su hijo, se hubiera dirigido con su camioneta hacia el estacionamiento principal, y allí realizar el traspaso de vehículos, siempre tomando en cuenta que, como bien aseveró el imputado, los autos se dejaban allí con llaves puestas. A preguntas de este juez del porqué no lo habría realizado de dicha manera, respondió que su camioneta poseía un desperfecto con el burro de arranque, por ello la dejaba en la barranca para poder encenderla sin necesidad de solicitar ayuda. Sin embargo, ese día, fue a jugar al fútbol, terminó el partido, buscó a su hijo por La Herradura y retornó al Carmel, un sinfín de oportunidades en las que la camioneta se encendió y apagó y el mecanismo de arranque no falló...”
Pues bien, la única verdad comprobada e incontrastable es que los tres jóvenes observaron a Nicolás Pachelo correr, momentos previos a los últimos minutos de vida de María Marta García Belsunce, lo observaron con ropa deportiva, y, uno de ellos, Aspiroz, lo vio doblar hacia la izquierda en dirección a la casa de la víctima.
A pesar del celoso empeño de la mayoría por derribar los dichos de Aspiroz, afirmó la fiscalía que lo cierto es que aquel sostiene el mismo relato desde hace veinte años (habiendo incluso explicado la circunstancia apuntada en cuanto a lo declarado en 2018), a diferencia del defendido Pachelo incluso cuando ostentaba el carácter de testigo.
De modo que son erradas las afirmaciones de Andrejin y Rossi en cuanto sostienen que “el testigo ya se había expresado en otro sentido, más semejante al testimonio de 2018, conforme lo detallado en el fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 1-” pues ello no surge de ningún apartado del acta de debate celebrado por ante ese Tribunal, y tampoco hay elemento alguno que avale la afirmación “PACHELO se reportó como tal persona al trote. Lo cierto es que el recorrido advertido por los tres testigos hasta su separación redunda ahí en congruencia con lo explicado por el imputado: elegido un camino para, a pie, alcanzar el automóvil en el sector de estacionamiento común del Carmel, allí dejado por Inés Dávalos, entonces esposa del encausado, quien abordó un transporte rentado hacia la ciudad de Buenos Aires” más que los ensayados y algunos improvisados dichos del imputado. Y mucho menos cierto es lo afirmado en punto a que “el encartado si bien dijo no recordar haberse cruzado con los mismos, tampoco lo negó y la única discrepancia lo fue en cuanto señaló -seguramente cuando se dirigía a la playa de estacionamiento a buscar el automóvil de su esposa- haber girado hacia la derecha en el cruce con la calle que conduce hacia la finca de Carrascosa”, puesto que, como se demostró, lo negó desde el 2002 hasta el 2017 con lo que es ciertamente sorprendente que ahora se le otorgue veracidad respecto al lugar en que dobló.
De otro lado, objetó el impugnante, resulta inexplicable la negación del conflicto previo y enemistad entre Nicolás Pachelo y María Marta García Belsunce, siendo que prácticamente casi la mitad de los testigos que depusieron en el juicio dieron cuenta del conflicto que había -a raíz del secuestro del perro- y de la intención que tenía María Marta en echarlo del club.
El juez ponente para llegar a esta trasnochada afirmación analizó lo referido al perro del matrimonio, que había sido secuestrado y por el cual se había exigido un rescate. Al hacerlo, citó sucintamente las palabras de todos aquellos testigos que se refirieron al tema en el juicio; reconoció que habían dado cuenta del rumor y que María Marta estaba convencida que Pachelo había sido el autor; pero, sin embargo, concluyó sin mayores explicaciones que se trataba de evidencia “contrapuesta” e “inconsistente”. Para agregar: “Pero, aún de concederse la hipótesis en cuestión, tampoco se vislumbra siquiera suficiente- un indicio de culpabilidad en desmedro de PACHELO: si ocurrió, más allá de una actitud ruin por parte de extorsionador, la acción cataloga como de poca significancia para que, ante la opción de no pagar, genere encono o enemistad contra sus seleccionadas víctimas a punto de determinar la decisión de darles muerte, y para colmo, que sea tan fuerte ese sentimiento homicida para persistir silenciado desde julio de 2001, es decir, por más de un año, en el que por cierto, no se verificó ningún conflicto entre ambas partes, pues en rigor en septiembre de 2002 se orquestó una reunión por causa que comprometía en todo caso y en mayor medida, a otros vecinos expuestos al riesgo de represalias (PIGONI, SANSUSTE, ZANCOLI) como fuente perjudicial contra PACHELO como socio del barrio cerrado y destinado afrontar procesos penales e incluso a exigencias de resarcimientos por los daños patrimoniales ocasionados -nótese que en el expediente en que fuera documentada la investigación por encubrimiento contra PACHELO, el 22 de septiembre de 2002 se produjo diligencia de inspección en el domicilio del imputado-”.
Sostuvo la fiscalía que más allá que claramente la sustracción del perro no constituye algo de “poca significancia”, y tal vez más aún para una pareja sin hijos, lo cierto es que, sin perjuicio de lo que Andrejin encuentre justificado o no, la prueba demostró que María Marta sentía que tenía una relación de enemistad con Pachelo, y que le había dicho a su círculo que le tenía temor por considerarlo una persona peligrosa. Tanto es así, que la propia Susana Murray, testigo convocada por la defensa de Pachelo, confesó que, cuando Horacio García Belsunce le pidió que pensara con quién podría tener problemas María Marta, lo primero que le vino a la mente fue que María Marta le había dicho que sospechaba de Pachelo por el robo del perro Tom. Ello expone -aseveró el impugnante- otra demostración de cómo la mayoría parcializó los testimonios de los testigos tomando únicamente la porción que, a su designio, beneficiaba a Pachelo. Aun así, estuviera justificado o no, no es algo que competa a los jueces decidirlo. De hecho, la experiencia demuestra que se generaron enemistades históricas por cuestiones de mucha menor importancia desde las cuales se comienza a escalar hasta niveles inimaginables. Esto, por supuesto, sin perjuicio que el apoderamiento de un perro y pedir un rescate no constituya una cuestión de “poca significancia”, como afirma el votante. Así, -nuevamente- prescindiendo de analizar la prueba de forma integral, concluyó este juez que no había enemistad por no advertir motivos suficientes, cual si se tratara de una operación matemática que pudiese ser determinada por estándares objetivos.
Puntualizó el acusador que tampoco se trata de evidencias contrapuestas, “Carmen ABERAZTAIN refirió que María Marta GARCIA BELSUNCE le dijo que al perro se lo habían robado y que sabía que había sido PACHELO, quien pidió rescate, tres mil o cinco mil dólares, María Marta dijo que no iba a denunciar ni a hacer nada porque le tenía miedo, era un personaje peligroso, que robaba, que María Marta estaba preocupada por los robos en Carmel pero muy por arriba; el jardinero Fabrizio COURREGES rememoró que el perro Tom se extravió, no apareció nunca más, que le llegó un comentario del alguna persona en el Carmel, de que una vez a la Sra. GARCIA BELSUNCE le pidieron rescate por el perro; la trabajadora de casa de familia Ema BENITEZ expuso que la señora llegó hasta el vecindario donde ella reside para pegar fotos del perro por si aparecía; Nora BURGUES de TAYLOR recordó que un día el perro desapareció y María Marta colocó panfletos por Pilar, con mención del número de su teléfono celular, y que en cierta ocasión, pidieron recompensa al teléfono fijo, que ella no sabía quién hizo esos llamados, o al menos la víctima no se lo contó; su esposo, Miguel TAYLOR precisó que fue Nicolás PACHELO quien se llevó el perro y al tiempo, una noche, pidió rescate, en un momento señaló a María Marta como quien se lo contó, aunque en otro pasaje de su testimonio, prefirió dudar si acaso CARRASCOSA o GARCIA BELSUNCE se lo confiaron;
Viviana DECKER aseveró que al perro lo secuestró alguien que pidió rescate y que María Marta imaginaba que había sido PACHELO, porque era la persona que estaba robando en el Carmel, incluso que la reunión de seguridad se convocó por el secuestro del perro a la par de los robos en el barrio cerrado, y a resultas de lo cual se asignó custodia a PACHELO por ambas causas; Irene HURTIG señaló que en septiembre de 2002 concurrió a una reunión de consorcio convocada por María Marta, en que muchos socios contaron de episodios de inseguridad relacionados con PACHELO, y que en esa ocasión, su hermana expuso que el perro supuestamente extraviado en realidad sospechaba que PACHELO lo había sustraído, resolviéndose que sólo se colocaría vigilancia a sus movimientos porque no lo podían echar, y en particular, recordó que María Marta al terminar el encuentro le dijo que tuviera cuidado con este tipo que es peligroso; Sergio Féliz LOPEZ, integrante de la subcomisión de seguridad en Carmel, memoró que en septiembre de 2002 hubo una reunión con treinta o cuarenta vecinos, en la que ARAUZ CASTEX expuso problemas referidos a PACHELO, y que María Marta casi con certeza fue la primera en levantar la mano para decir que 'cómo sabrán mi perro desapareció, me enteré que una señora que trabaja en otra casa, se enteró por otra señora que trabaja en otra casa que su perro estuvo en casa de Pachelo, me pidieron plata pero no quiero pagar; la empleada doméstica Cristina BARRIENTOS, que trabajó en casa de la familia Fister, sostuvo que en una oportunidad que no supo puntualizar, al salir a caminar, se encontró con una empleada de PACHELO, cuyo nombre no supo decir, quien le comentó que PACHELO tenía al perro y pedía rescate, y que esta situación se la relató a su empleadora; Alejandro ARAUZ CASTEX refirió que en la ya aludida reunión, convocada por serie de robos, fue FISTER quien trajo a mención los dichos de su empleada doméstica y entonces María Marta anoticiada, entró en pánico; Fernando SANSUSTE, vicepresidente de club Carmel, sostuvo que la reunión por temas de seguridad se generó por la sustracción de palos de golf, él mismo uno de los damnificados, y que el robo del perro de María Marta era un rumor por el que terminó señalado PACHELO a partir de la confirmación de PACHELO vinculado al asunto de los palos de golf; Nicolás GONZALEZ del CERRO, vocal de la comisión, también recordó que el encuentro de vecinos se motivó en la sustracción de bienes a Sansuste, Zancoli, Pigoni y Ferrer, en tanto que según tuvo entendido, María Marta sostenía que el perro pudo haberse ido, pero que luego barajó la hipótesis que estuvo en casa de PACHELO; Débora LUACES, residente del Carmel, indicó que una amiga suya afirmó que jugó con el perro Tom en casa de Nicolás Pachelo; no obstante, Raquel FAIT lo desmintió, explicó que en un asado de mediodía en tiempo que no recordaba, en casa de una amiga apodada Connie, acudió también la familia PACHELO con un perro, y que Nicolás comentó que lo había hallado perdido por el barrio, que él no lo dijo pero entendió que lo levantó del Carmel”.
Sin dudas no todos los relatos son exactamente iguales (lo que demuestra, a diferencia de lo sostenido por esos jueces, que se evidencian sinceros y espontáneos), pero tampoco hay dudas de que apuntan todos en un mismo sentido, esto es, que a María Marta le habían robado el perro, que ella creía que era Pachelo, que se le había exigido un rescate que, por consejo de su marido, decidió no pagar, y que le guardaba temor por considerarlo una persona peligrosa, siendo que incluso lo vinculaba con los robos habidos en el country.
Al respecto, y en sentido contrario, sostuvo acertadamente el Dr. Federico Ecke en voto minoritario: “En este punto es central el extravío del perro labrador negro, de nombre Tom que el matrimonio quería y cuidaba como un hijo, los llamados extorsivos recibidos en la casa, solicitando dinero, recordando los testimonios de las personas que aseveraron observar al mencionado can en manos del imputado (Raquel Fayt, Miguel Cometto, Ema Benítez, a quien la empleada doméstica de Pachelo había hecho saber que el perro, efectivamente, se había encontrado en la casa de su empleador, teoría también auditada por quien se encargaba de la proveeduría del barrio, Alfredo Torres), siendo que el sometido a proceso daba como respuesta que lo había hallado perdido, y lo “había levantado”. Ello conculca a todas luces, con la propia versión otorgada por Pachelo en juicio, una vez auditada la versión de Miguel Cometto, quien hizo saber que los dos perros Rottweiller “se los compró para bajar los decibeles y discusiones por la tierra que levantaban los camiones que iban a la tosquera, que él no era amante de los perros”)”
Concluyó el votante que: “...la animosidad existente entre víctima y victimario, tomando como piedra basamental el pedido de rescate por el perro labrador negro, y que era voz populi que María Marta, quien recordemos había integrado la sub-comisión de disciplina del barrio, ansiaba la retirada de Nicolás Pachelo de Carmel, lo que, por cuestiones burocráticas no se realizó, al resultar el nombrado hijo de un socio fundador. Tal vez, si hubiese primado la sensatez y la noción del peligro existente por sobre el Estatuto Social, este caso no se hubiese judicializado, empero, nunca lo sabremos. El leitmotiv, no fue aquel suceso ya mencionado del perro Tom, sino las consecuencias emergentes a partir del mismo, esto es, que se encontró con custodia personal (mal o bien) de manera permanente, su libertad de acción disminuida, y como caja de resonancia, aquel episodio en el cual, a uno de sus descendientes, en el house de menores, le hicieron saber que su papá era un “chorro”, como así la imposibilidad de futuras intrusiones, su radio de acción se vio disminuido, lo que hoy, lo trajo a juicio…” (lo resaltado nos pertenece)
Nuevamente -sostuvo el recurrente- se analizó desatendiendo la totalidad de la prueba reunida: analizando la mayoría esta cuestión del perro sin reparar en los dichos de los testigos, o analiza los dichos de los testigos sin considerar que María Marta pidió la exclusión del imputado del country; o en que, si bien había otros vecinos en situaciones similares, a ninguno de ellos le habían secuestrado el perro y exigido un rescate por el mismo. Menos aún se tuvo en cuenta para realizar tan ligera afirmación que, de la prueba reunida, surgía claramente que la intención de la víctima de echarlo del Country podía generar en el imputado la determinación de darle muerte. Y finalmente, mucho menos tuvo en cuenta que de todos los vecinos que tuvieron algún conflicto con Pachelo (hizo referencia puntualmente a Zancoli, Sansute y Pigoni) la única mujer justamente era María Marta.
Afirmó la fiscalía que parece pretender olvidar el juez ponente que, conforme surgió del debate, por una controversia económica, Pachelo fue capaz de destruir los vidrios de una concesionaria y amenazar de muerte a Mariano Maggi, o como también lo hizo respecto del padre de Débora Luaces o Nora Burgués entre otros, o también como lo hizo con Fernando Pascual cuando fue convocado por Roberto García Moritán y Helio Vera para reclamarle por los robos de los que fueron víctimas Nicanor Cetrá, Carlos Zapana, etc. (al tiempo que el propio Pachelo reconoce el hecho de Areco De Auge).
Menos aún tuvo en cuenta que por una simple discusión Pachelo le dijo -y lo confesó- a su propia madre que se tirara por la ventana, lo que triste y casualmente terminó ocurriendo tras finalizar una llamada telefónica con su hijo. Con ello, señaló el presentante, no hay dudas que se desatendió a la personalidad, que no sólo emerge de los informes de los especialistas, sino también de los dichos de todos sus familiares que declararon sobre él, todo lo cual habría invitado a considerar como viable que efectivamente una persona con el trastorno de personalidad padecido por Nicolás Pachelo era capaz de formarse un designio homicida contra una persona como María Marta García Belsunce.
Destacó la fiscalía en este sentido, que una vez más el acusado Pachelo -como lo hizo en casi todas las conductas que se le atribuyen y al igual que jueces de la mayoría-, se empeñó en negar el tan probado accionar alegando que todos mienten menos él, incluso la propia víctima. Esto -expuso- viene corroborado también por aquello lo que surge de las intervenciones telefónicas en donde sostenía que era falso lo que manifestaba la víctima sobre la solicitud de rescate por su mascota. En otra dirección, puso de resalto el impugnante que, como complemento de toda la prueba reunida, y además de las pericias incorporadas por su lectura al juicio (fs. 7784/7805 del principal y fs. 1218/1220 de la causa nro. 2083 del Tribunal Oral Criminal Nro. N°15 de Capital Federal-incorporada al juicio-) se materializaron en audiencia pública de juicio los testimonios de las profesionales intervinientes quienes se expidieron acabadamente sobre las características de personalidad de Nicolás Pachelo.
Todas ellas llegaron a una idéntica conclusión en cuanto a que, a modo de resumen y entre otras cosas, Nicolás Pachelo es un psicópata narcisista capaz de matar. Así, en primer lugar, las peritas Chicatto y Ferreyra -quienes habían realizado la correspondiente pericia sobre Pachelo en el año 2004 en el marco de otra investigación- se explayaron en el debate como testigos de la acusación pública.
Calificó el recurrente de llamativo y alarmante el modo en que intentaron derribar las conclusiones que presentaron las peritas señalando sin tapujos que la evaluación les fue asignada en fuero nacional y por las sustracciones de bienes sufridas por Cetra, Areco, Nocetti y no por el homicidio de María Marta García Belsunce.
Con esa introducción, se sostuvo que no aportaron dato concluyente alguno que vincule específicamente identidad entre el justiciable con la ejecución del homicidio por cuanto los puntos de peritaje en la ocasión conservaban interés en reportar compulsividad al juego y que el trastorno de personalidad psicopática detectado se ligó a la enunciación de ausencia de remordimientos, de empatía con los demás, de omnipotencia, de conflictividad de las emociones.
Recordó el presentante que Ferreyra había señalado que “...una persona con trastorno psicopático es proclive a realizar una conducta letal y continuar con su vida con total normalidad, ya que hay ausencia de culpa y remordimiento; que no puede aseverar que Pachelo hubiese tenido ira por los episodios de sus padres, pero lo que se evidenció fue ninguna emoción afectiva ante el relato de sus muertes…”.
La licenciada Chicatto habló de la existencia de un trastorno psicopático, rígido, estructurado en el tiempo e inmodificable. Que posee un monto de ira importante y que en él prevalece por sobre todo la conducta de acción. Describió a Nicolás Pachelo con las siguientes palabras: “Actúo, impongo, domino, logro lo que quiero y digo que esto es así”.
Destacó, como punto de suma interés, que en este caso se está frente a una personalidad -irreversible- que combina la psicopatía y el narcisismo, y ello es lo que le da gravedad al asunto al punto de llamarla “combinación letal”.
Ahora bien, destacó el recurrente, independientemente del motivo por el cual fueron convocadas para realizar la evaluación, no puede de ninguna manera desconocerse su resultado, nuevamente analizarlo como un elemento aislado y mucho menos descartarlo por haber sido confeccionado en función de un objeto procesal distinto al aquí ventilado, puesto que el trastorno psicopático de la personalidad diagnosticado por las expertas no varía en función del delito que se esté juzgando como sorpresiva y antojadizamente afirma el juez de primer voto, con la adhesión del quien le sucediera en la votación. Y si para el caso, tenía alguna inquietud en torno al diagnóstico arribado y sus alcances, podría haber recurrido a las preguntas aclaratorias que el código de forma le habilita.
Más incoherente aún -postuló- resulta la justificación a la que se recurrió si se tiene en cuenta que aquellas exposiciones juramentadas se pronunciaron en un mismo sentido que las de sus colegas María Eugenia Cariac y Liliana Patricia Rodríguez, cuyos relatos simplemente se limitaron a enunciar sin siquiera valorarlo.
Estas últimas, especialistas en criminología y criminalística, respectivamente, confeccionaron un informe en el año 2014 (fs. 7784/7805), siendo que por ese tiempo el hoy particular ofendido Carlos Carrascosa se encontraba detenido y condenado en orden al delito de homicidio agravado Pachelo”) sin que ninguna autoridad judicial se lo indique desde que el punto de pericia resultaba ser: “Désele intervención oportunamente a la Titular de la Coordinación de Policía Científica, Regional Atlántica a fin que se analice las particularidades del homicidio (escena del crimen, modalidad), establezca un perfil psicológico del o de los homicidas, de ser posible y de cualquier otro dato o información que sea de interés…”
Aquí, entre otros puntos de interés, concluyeron que: Nicolás Pachelo “Reúne todas las características de personalidad que poseería el autor material del crimen”, restándole arbitrariamente cualquier valor probatorio los votantes de la mayoría, se refirieron sucintamente que aquellas concluyeron que “el o los involucrados en el crimen, dispusieron una escenificación”, que “esta modificación de la escena primigenia -alterando las condiciones y resultados inmediatos al acometimiento concretado- consistió en reposicionar el cuerpo de la víctima una vez culminado el ataque, removiéndolo del espacio en que yacía” y que en función de ello, “no advierto que derive natural ni necesariamente para sus ulteriores descubridores, en interpretación unívoca o exclusiva de un resbalón y/o golpe fatal contra una viga o contra el intercambiador de la ducha, o contra ambos, sufrido por la infortunada (o como algunos dijeron durante el juicio, torpe víctima). La inspección ocular a la casa de la víctima efectuada por el Tribunal no aportó misma conclusión inmediata, ni por la visualización del reducido espacio del baño, ni por la estructura del techo, ni por las características de las canillas conservadas en bidet o del intercambiador de la ducha todavía en poder del actual morador de la vivienda” introduciendo nuevamente sus sospechas con relación a la familia de la víctima. Afirmó la fiscalía que una vez más se incurrió en una valoración sesgada de la prueba producida, por cuanto ello debió analizarse también en función de los dichos de Nicanor Cetrá, Matías Noceti y Marta María Areco, todas víctimas de Pachelo y quienes hicieron referencia a situaciones de escenas amañadas.
En el caso de Cetrá, manifestó específicamente que al llegar a su hogar un domingo por la noche no notó nada inusual, acostó a sus hijas en la cama y luego, cuando se disponía a jugar videojuegos, notó que la consola no estaba en su lugar, que todo estaba ordenado y, que le tomó un tiempo darse cuenta que su domicilio había sido robado. También contó que, en una abertura ubicada en el lavadero de su domicilio, había sido colocada una radio de poco valor y que según la policía que investigó el caso, el objeto fue dejado en ese lugar para simular que el intruso había egresado por allí. Incluso fue el propio Pachelo quien con posterioridad al hecho procuró desviar la atención hacia la empleada doméstica que prestaba funciones en la casa de Cetrá, al punto que su domicilio fue allanado, por supuesto con resultado negativo.
En el mismo sentido actuó Pachelo respecto a los hechos que damnificaron a Matías Noceti y Moller Ortega, colocando un cheque propiedad del segundo en el domicilio del primero de ellos, nuevamente escenificando el lugar, procurando distorsionar el curso de la investigación y generando sospechas entre los propios Noceti y Ortega a quienes intentó enfrentar.
Tampoco puede pasar por alto -reclamó el quejoso- el esmerado esfuerzo de los jueces por desvincular el hecho que damnificó a Marta María Auge al que ya se hizo referencia, lugar que también fue “escenificado” en tanto allí se dejó un ventanal abierto, simulando haber escapado por allí, cuando en realidad el autor se retiró utilizando las llaves de la vivienda, circunstancia que fue confirmada por el encargado del edificio, quién observó documentación de la familia Auge en las inmediaciones de la salida de servicio, espacio que según refirió la Sra. Areco en el debate, no era usualmente utilizado por los habitantes del edificio, ni que hablar de la imposibilidad de haber saltado por un tercer piso enrejado hacia el vacío. Sobre este específico acontecer, puntualizó el escrito recursivo, constituye un hecho “molde” que inexplicablemente para la mayoría no es ni parecido.
Explicó que el 13 de septiembre de 2003, a menos de un año del crimen de María Marta García Belsunce; Nicolás Roberto Pachelo protagonizaba un hecho calcado y por el que fuera condenado por sentencia firme por aquel robo agravado a título de partícipe necesario.
La damnificada, Marta María Areco de Auge, depuso en el juicio al igual que su hijo Gastón Auge, expresando la primera las circunstancias de tiempo; modo y lugar que caracterizaron al violento atraco.
Narró haber visto, en su momento, los ojos de su atacante y añadió que, a poco de iniciarse este juicio visualizó por medios gráficos la figura pública de Nicolás Pachelo con un barbijo colocado y remarcó “esos ojos oscuros como los que había visto” (en referencia al robo que sufrió) sin querer agregar otras circunstancias.
La similitud de la modalidad delictiva apareció para todos evidente e innegable. Un sujeto encapuchado -como Pachelo había sido descripto por los menores del country El Carmel junto a la María Marta García Belsuncese presentaba un fin de semana en su apartamento eligiendo la oportunidad que Marta María se hallare en soledad -luego de regresar de jugar tenis- y, blandiendo un arma de puño; colocándosela en la sien y exigiéndole la entrega de una caja fuerte para luego encerrarla en el baño y luego fugar con los bienes sustraídos no sin antes escenificar el lugar como si hubiese escapado por un balcón cuando, en rigor, lo hizo por la puerta de servicio para disimular y burlar la investigación judicial por haberle sustraído las llaves de ingreso a su mejor amigo, a la sazón, el hijo de la víctima. Sobre el punto, trazó un absoluto y evidente paralelismo el profesional Daniel Salcedo llevado al debate también por esta acusación pública quien les entregó en la mano a esos jueces un pormenorizado análisis escrito y la correspondiente filmación audio visual.
Inexplicablemente, pretendiendo negar lo evidente, el fallo -por mayoría- sostiene: “...Pero tampoco es que el episodio en perjuicio de la Sra. ARECO contiene similitudes propias reconocibles en sintonía con el caso GARCIA BELSUNCE. Contra ARECO, si bien hubo sujeto armado que salió al encuentro de la solitaria moradora del apartamento, la violencia ejercida trasuntó en la exhibición de un armamento, pero nunca descerrajado, limitado a la exigencia de indicación del lugar de ocultamiento de dinero sin acometimiento físico, y resuelta la presencia de la víctima con encierro en el baño. Así por demás distante de la extrema violencia ejercida contra la Sra.
GARCIA BELSUNCE…”
Al respecto, indicó el presentante, corresponde reparar en el voto de la minoría “..Allí se reporta un modus operandi muy similar caracterizado por: a) víctima mujer, b) violencia física ejercida, c) empleo de arma de fuego, d) tarea de inteligencia; e) escenario del hecho (baño), y, f) móvil - robo de dinero-, pero se podría objetar mi razonamiento porque existieron distintos resultados, y ello es correcto, ¿por qué?. La diferencia sustancial fue que Marta María Auge fue dócil, accedió al pedido ilícito, al parecer María Marta García Belsunce ofreció resistencia y probablemente reconoció al autor, lo que selló su destino de vida, empero, en el caso Auge, el presunto sindicado ingresó ocultando su rostro con un pasa-montañas, el que cubría la totalidad de su cabeza, solo divisándose los ojos; en Carmel, solo poseyó un buzo con capucha negra, ante el reconocimiento efectuado por la víctima, no hubo más remedio que ultimarla en miras a lograr su impunidad.
Como “escenificación” del hecho, no resulta dato menor que, al retirarse de aquel departamento sito en la Avenida Las Heras N° 1946, 3 “A” de C.A.B.A, se dejó entreabierta la puerta ventana del balcón que comunicaba con la vía pública, el cual peritado, resultó ser un tercer piso, contando además con la seguridad de una reja superior a la propia del balcón, lo que torna imposible que quien se adentró en aquel inmueble, lo haya perfeccionado por dicha vía, sin embargo, una vez más, se modifica la escena del hecho con el objeto de crear incertidumbre en la investigación. En aquel expediente fue juzgado como partícipe primario, y no como autor, es cierto, desde la parte jurídica formal, pero, con la experiencia que uno ha cosechado a lo largo de los años como juez, infiero que si hubiese enviado a dos personas que nunca en su vida vio Auge (dos personas de Pilar, conforme dichos de Pachelo), era innecesario camuflarse.
Ello conlleva a discernir, sin hesitación alguna que, aquella persona que se adentró en el inmueble, podría ser reconocida por la víctima, y que realizó la inteligencia previa a fin de conocer que la señora se encontraría en soledad, ya que su marido e hijo se hallaban en una carrera de automóviles, en fin, otra coartada que se desploma. Pero aún hay más, ya que cuando Marta María Auge solicitó que previo a declarar, el imputado no estuviera presente en la sala, éste accedió al ruego con beneplácito, y hasta se podría decir, con urgencia, ¿cuál sería la razón?; la señora Marta María Auge destacó una mirada muy particular en el atracador, lo que este presidente lo concatenó con la declaración de Maggi: “vieron al diablo a los ojos” -cualquier similitud con la realidad reputa ser mera coincidencia-.
Inmerso en esta aporía, y sin, figuradamente, beber de la cicuta de la defensa, en cuanto se amparó en el derecho penal de acto -en contraposición con el de autor-, las serias evaluaciones refrendadas por María Chicatto y Patricia Ferreyra, adunando el informe criminalístico -forense confeccionado por las licenciadas María Eugenia Cariac y Liliana Rodríguez, dan pautas incontrastables de una personalidad psicopática y narcisista proclive a este tipo de eventos…”
Por otro lado, dirigió sus críticas la fiscalía hacia el tratamiento de un aspecto de la materialidad ilícita, en donde -afirmó- volvió a manifestarse la arbitrariedad con que se dictó la sentencia al momento de establecer el valor que debía asignarse a los elementos de prueba que permitían acreditar que se estaba en presencia y a juzgar un hecho inequívoco de robo.
Explicó el recurrente que María Marta García Belsunce tenía consigo una caja metálica que contenía valores de su asociación “Amigos del Pilar” que se la había llevado a su casa el viernes 25 de octubre de 2002 y luego, con posterioridad al homicidio, nunca más fue hallada.
Apuntó que el juez de primer voto aseveró que no fue posible predicar con validez que el homicidio fue “cometido en ocasión de un robo, ni para preparar, concretar, facilitar, asegurar el éxito de un delito de apoderamiento de bienes ajenos, o por encontrar que la víctima fuese un obstáculo que impedía su comisión”.
Señaló la acusación que en torno a la prueba referida a la caja metálica que contenía dinero y otros elementos de valor de la asociación sin fines de lucro “Amigos del Pilar”, que los razonamientos del tribunal resultan erráticos y de compleja interpretación, no obstante, puede colegirse que se evaluó que la prueba demostraba que su destino era incierto, como también que no existían elementos para vincular su desaparición con el acusado Pachelo.
Sin embargo, razonó el recurrente, la denuncia de Pieres fue acumulada a la principal del homicidio por el entonces fiscal interviniente, lo cual no constituye prueba alguna respecto de la existencia o no de la caja, con lo que claramente no se trata de un argumento que pueda justificar la conclusión a la que llamativamente arriba. Tal acumulación se concretó un mes y medio después a la formalización de la denuncia penal y la misma fue archivada un año luego cuando la causa principal se encontraba en pleno trámite, siendo que Pieres y Burgueño -conforme atestiguaron en el juiciohabían concurrido a ver al fiscal instructor con suma lógica al conocer que la víctima había sido víctima de un homicidio y conociendo con exactitud el detalle de la faltante.
De hecho, conforme se sigue de la causa conexa de referencia misteriosamente no unificada, ya el 12 de noviembre de ese mismo año había solicitado a las autoridades bancarias pertinentes el forzamiento de la caja de seguridad bancaria por no contar con las llaves provistas que se hallaban en el famoso cofre metálico (fs. 12 de la I.P.P. N° 17263-02 incorporada al debate).
Al respecto, destacó, corresponde descartar la supuesta contradicción entre los testimonios de Pieres y de Carrascosa; sustentada en el fallo sobre la circunstancia de que el viudo dijo primero que la caja apareció y luego se corrigió, afirmando que nunca apareció.
Es que, como podrá observarse de la video-filmación del debate, Carrascosa claramente se refirió a que el tema de la caja apareció después y no a que la caja apareció. Y ello es coincidente con el relato de Pieres y Burgueño en cuanto no le preguntaron inmediatamente a Carrascosa por el destino de la caja, puesto que acababa de fallecer su esposa. Y, además, ello fue aclarado automática y espontáneamente por Carrascosa en cuanto refirió acto seguido que la caja nunca apareció y en consecuencia su relato coincide plenamente con el de Pieres.
Por otro lado, si lo cuestionado por el ponente es una supuesta autocontradicción, ello tampoco se advierte que esto sea cierto, puesto que para que haya una autocontradicción tiene que haber dos afirmaciones contrapuestas, lo que no ocurre en el caso.
Señaló el impugnante que ambos testimonios coincidieron en que faltaba la caja, que Pieres llamó preguntando por la misma y que juntos la buscaron sin éxito en el domicilio en donde ocurrió el homicidio. Observó la acusación pública que el juez de primer voto afirmó que los dichos de Burgueño “zanjaron la cuestión”, sin que quede claro si la cuestión zanjada fue la supuesta contradicción que no fue tal o bien el destino del recipiente metálico; limitándose únicamente el fallo a relatar lo dicho por esta testigo -que en lo sustancial fue coincidente con Pieres y Carrascosa- sin explicitar de qué manera sus expresiones echaron luz sobre alguna cuestión incierta.
Afirmó el impugnante que la prueba fue concluyente en torno a dos coyunturas que no pueden ser seriamente discutidas: 1) Que María Marta se había llevado consigo la caja metálica que contenía una suma de dinero de la asociación antes del hecho y; 2) Que luego del homicidio la caja no fue hallada.
Sobre ello, y la determinación del fallo por mayoría respecto a que no había elementos como para sospechar que Pachelo poseyera en su poder aquel objeto, claramente, no tuvo en consideración el cuadro objetivo básico consistente en el hallazgo de una persona ultimada por seis disparos. Es que, a falta de un motivo sentimental o pasional para el terrible homicidio, el hecho de que no se halle un objeto de valor habido en la casa de la víctima indica con claridad que se está ante un robo; y, luego, si la prueba señala a Pachelo como el autor material del homicidio, necesariamente es dable concluir que fue éste quien se apoderó del objeto.
El a quo trajo a colación cuestiones como que “la denuncia se decidió lisa y llanamente, en razón exclusiva del resultado de la autopsia” o bien que “nadie hasta el examen del cuerpo sin vida de la víctima, había vinculado el deceso con la condición inubicable del recipiente metálico”, como si esto pudiese despertar alguna sospecha con el proceder de Pieres o Arauz Castex, siendo que mientras el hecho era un accidente no había motivos como para pensar que alguien pudo haber tomado la caja en cuestión. Con gran sentido común, sostuvo el recurrente, aquellos se formaron la hipótesis del robo cuando advirtieron que alguien había entrado en la casa y ultimado a María Marta, lo que resulta claramente comprensible y acorde a un razonamiento lógico; salvo para quienes conformaron la mayoría. Subrayó el acusador que para vedar de validez los dichos de estos testigos, se cayó nuevamente en valoraciones que nada tienen que ver con el asunto de la caja, como ser lo relacionado a Bártoli, Romero Victorica y White al dar intervención a las autoridades.
Tildó de sumamente arbitrario como descartan los dichos de Carrascosa calificando al testigo de poco convincente y todo a partir de la respuesta (que se aprecia sincera y espontánea -ver videofilmación del juicio-) a una pregunta del propio Tribunal en relación al destino de la bicicleta de la víctima.
Con parcialidad ostensible se manifestaron los jueces al decir “llamativo -y sugestivo de un acomodamiento forzado de la realidad vivenciada, o al menos retratando a un testigo poco convincente” en cuanto puso de manifiesto que el atacante de su cónyuge se llevó consigo la bicicleta en la que arribó al domicilio tras dejar el hogar de los Bártoli. Señaló el juzgador al respecto que “transcurrieron veinte años desde el fallecimiento de su esposa; prestó numerosas declaraciones durante los procesos penales desarrollados; escribió un libro en el que asentó sus vivencias e incluso resultó fuente informativa para libros escritos por algún periodista citado ante el Tribunal; fueron escuchados tantísimos testigos residentes en el barrio cerrado de estrecha relación con él, quienes reprodujeron el escenario que les describió; a partir del contacto mantenido con él, los funcionarios policiales rememoraron qué supuestos valores fueron anunciados como componentes del botín para la hipótesis de robo conectado al homicidio”, pero omite consignar, que la respuesta brindada por el Sr. Carrascosa estuvo motivada en una pregunta formulada por el Presidente del Tribunal en relación al destino de la bicicleta, siendo que la respuesta brindada por el testigo fue “la bicicleta no apareció nunca” y que, en su parecer, pudo haber sido sustraída sin mencionar persona alguna como falazmente afirma el pronunciamiento.
Incluso el Vicepresidente del Tribunal le volvió a preguntar si su esposa había ido a jugar al tenis y regresado de la casa de Bártoli a su domicilio en la bicicleta, respondiendo afirmativamente y aclarando que en ese momento no reparó en qué había pasado con la bicicleta. Lo cual es lógico teniendo en cuenta que acababa de morir su esposa en lo que se creía era un trágico accidente.
Agregó que tampoco se fundamenta la obsesión ni la relevancia que brinda Andrejin sobre el tópico, pues aquella supuesta sustracción siquiera fue consignada en el relato del hecho que se atribuye a Pachelo, por lo que tampoco implicaría violación alguna al principio de congruencia. Entonces, si no fue incluido en la materialidad fáctica ni tampoco fue una cuestión introducida a instancias del testigo, sino del Tribunal, no se advierte ni mínimamente cuál es el supuesto “acomodamiento forzado de la realidad” al que hace referencia el fallo por mayoría.
Cuestionó el recurrente, de otro lado, que el fallo se encargó de presentar a testimonios de dudosa verosimilitud como si fuesen capaces de revelar verdades por entonces ocultas, tal las declaraciones de Susana Murray y de Balvina Ávila, a quienes, a pesar de haberse contradicho y de haber demostrado conductas cercanas a un comportamiento delictual, trató como si fueran merecedoras de los más altos niveles de credibilidad. Puso de resalto que Susana Murray para el 19 de febrero del año 2003, esta testigo declaró que el viernes posterior al homicidio, esto es, el 1° de noviembre de 2002, se comunicó con Michelini para solidarizarse por el hecho desagradable de haber sido quien había encontrado a María Marta y “(...) que al hablar Beatriz Michelini le relata que ese día estaba muy triste, pero no estaba impresionada, que cuando llega a la casa de María Marta, nadie atiende, y entonces se va al club house a buscarla, donde encuentra a Carlos, y juntos vuelven a la casa, y es ahí donde él la encuentra a ella”. Sin embargo, en el juicio declaró que ya para el domingo siguiente a ese viernes, es decir, el 3 de noviembre de 2002, volvió a hablar con Michelini y se habría rectificado de esa cuestión diciéndole que ello no había sido así, que se había confundido; entonces, no quedan dudas que, cuando declaró en febrero del año 2003 y también durante su “gira mediática” por los canales de televisión en aquel momento, Michelini ya se habría rectificado, pero de todos modos Murray afirmó que Carrascosa había sido visto por aquella en el club house. En otras palabras, confesó haber incurrido en un falso testimonio.
Pero, además, cuando en este mismo juicio, el representante del particular damnificado le preguntó a la propia Beatriz Michelini acerca del tópico, negó categóricamente haber pasado por el club house, haber visto a Carrascosa allí, que incluso ese no era el camino que debía abordar y también negó haberle referido eso a la Sra. Murray, aclarando asimismo que, en su creencia, “la señora se equivocó entre tanto embrollo de todo esto”.
Afirmó el recurrente, que la “operatoria” a la que hace referencia el voto de la mayoría, no sólo no fue tal por parte de la familia de la víctima sino por, cuánto menos ciertos testigos de cargo de aquel momento -y el claro ejemplo es la Sra. Susana Murray- utilizados convenientemente para imputar a Carlos Carrascosa y otros allegados a María Marta y quienes no tuvieron reparo alguno en mentir alevosamente en un expediente penal para dar verosimilitud a la versión que sostenía el fiscal instructor. Resultó llamativo que la testigo, al ser preguntada por la fiscalía en relación a una contradicción suscitada con un acta de la causa, se excusó refiriendo que “(...) sinceramente le puedo decir, veo la firma, reconozco la letra pero no tengo recuerdo de haber ido a eso.
Le quiero… ¿Le puedo explicar alguna situación que he tenido en mi vida? Yo tuve una enfermedad bastante complicada hace unos cuatro o cinco años, que por la batería de medicamentos y de calmantes que me dieron, tengo pérdida de memoria de distintos bloques de épocas. O sea, hay tres meses de mi vida de ese momento que no recuerdo y hay bloques de mi pasado que no voy recordando. A lo mejor esto está en eso” (el resaltado nos pertenece).
Destacó la fiscalía que nadie, salvo los jueces Andrejin y Rossi, puede considerar verosímil semejante absurdo -con apariencia delictual- y hacer prevalecer un testimonio de ese tenor por sobre aquellos brindados desinteresadamente por más de ochenta testigos a los que temerariamente calificaron de ensayados, calculados, o al menos sin espontaneidad. Pero la arbitrariedad es más grave aún -afirmó- respecto a la valoración de los testimonios de los empleados de la estación de servicio, los cuales la mayoría evaluó negativamente al señalar respecto de Montavani y Monzón que “sus versiones se contraponen con material probatorio de base objetiva, con más la existencia de testigo que posicionó a PACHELO en otro lugar al mismo momento”.
Así, el testimonio incorporado por lectura de la empleada doméstica que para ese momento cumplía funciones en la casa de Nicolás Pachelo, Balvina Ávila, para los jueces que hicieron mayoría confirmó “que para el horario de 6:00 a 7:00 señalado por MONTAVANI y MONZON, su empleador Nicolás PACHELO se encontraba en la casa”, cuando ello ni siquiera surge de la lectura de las testimoniales incorporadas por lectura.
Nuevamente, aseveró el recurrente, se hace prevalecer una forzada interpretación de la versión escritural por sobre la oralidad propia del debate, y por el otro le otorgan grado de “prueba objetiva” al testimonio de una persona que era empleada del imputado y que modificó su relato en las tres ocasiones en que declaró, sin brindar los jueces fundamento alguno por el cual debía prevalecer una de las versiones incorporadas por lectura, por sobre otras personas que a lo largo de los años se mantuvieron contestes en sus dichos, que no poseen vínculo con ninguno de los involucrados y que dieron cuenta de sus dichos ante los jueces respondiendo las preguntas aclaratorias y todo ello con el debido contralor de las partes. Más grave resulta, aseguró, que los jueces tampoco explicaron por qué escogieron una versión por sobre otra de las tres brindadas por la empleada, dando por hecho que la Sra. Ávila se mantuvo en sus dichos las tres ocasiones en que declaró, sin precisar de donde surgiría lo que ellos afirman; no pudiéndose soslayar que Ávila refirió haber ingresado a la casa principal el lunes luego de las 07.30hs por lo que bien podría ya haber regresado Pachelo de la estación de Servicio donde mantuvo el diálogo con los empleados.
Respecto de las modificaciones del relato de la testigo, apuntó el impugnante que en una oportunidad dijo haber visto a Pachelo e Inés Dávalos salir el lunes a las 07.30 horas juntos a llevar a sus hijos al colegio; mientras que en otra indicó que Pachelo se levantó después de las 09:30 de la mañana.
Frente a ello, observó cuál de sus versiones debe ser considerada la real, siendo que de su última declaración surge que a la primera convocatoria fue llevada por su jefe Pachelo, mientras que a la segunda lo hizo el luego abogado de éste, el Dr. Ribas, indicando que el letrado incomprensiblemente se encontraba presente en las declaraciones y que le habían comentado que tenía que ir a declarar por el homicidio de la Sra. María Marta García Belsunce, en donde se lo acusaba a su jefe y en el hecho había involucrada una empleada doméstica, lo que claramente no requiere mucha experiencia para poder afirmar la falta de espontaneidad y libertad con la que declaró Avila.
Y menos aún puede pasar por alto que incluso la Sra. Ávila en su última declaración afirmó que al llegar ese domingo alrededor de las 20:00 horas, observó que en la casa de sus empleadores se encontraba estacionado el automóvil de Inés Dávalos cuando no se encuentra controvertido que Pachelo egresó del Country con ese vehículo a las 18:59 horas. Por otra parte, en punto a la ropa que habría descolgado o colgado según las diferentes versiones, también se observan contradicciones en sus tres declaraciones, incluso en una ocasión afirmó que el Sr. Pachelo no se cambiaba seguido de ropa, para en otra declaración referir que había ropa deportiva blanca lavada para colgar; todo lo cual evidencia que no puede seriamente valorarse dichos testimonios por sobre los demás.
Con alarma, destacó, por muchísimo menos -y mediante una interpretación maquiavélica- califican de testigo “poco convincente” a Carrascosa por los ya mencionados asuntos de la bicicleta y la caja metálica de la Asociación “Amigos del Pilar”.
Afirmó el acusador oficial que los jueces, en una actitud que entendieron debiera ser analizada cuanto menos administrativamente, acomodaron la prueba a una resolución que ya estaba tomada desde antes que comience el debate.
De lo expuesto, sostuvo, es claro que de ninguna de las versiones plasmadas en las tres testimoniales brindadas por la Sra. Avila surge que pueda dar cuenta, como afirman los jueces, que Pachelo no salió previo a las 09.00 horas de su domicilio hacia la estación de servicio, para luego regresar sin que Ávila lo advirtiera. Especialmente si se repara que, además, la testigo se encontraba previo a ingresar a cumplir sus labores en una dependencia con acceso independiente, sin acceso a las llaves de la vivienda donde habitaba la familia Pachelo; es decir, ocupaba una habitación emplazada fuera de la casa principal de su “patrón”, por lo que mal podría indicar lo que sucedía en el interior de la residencia mientras ella no se encontraba allí, pudiendo Pachelo ingresar y egresar de su vivienda sin ser advertido por Ávila.
También cuestionó el impugnante la ponderación de los testimonios de Miguel Ángel Monzón y Walter Mantovani, empleados de la estación de servicio Esso de Pilar en el año 2002, quienes sostuvieron desde ese momento y en cuatro oportunidades cada uno, haber estado con Nicolás Pachelo en su lugar de trabajo el 28 de octubre de 2002, en horas de la mañana, cuando este les refirió “saben algo de la mujer que mataron en el country”.
Dichos testimonios, junto al del jefe de estos cuya declaración se encuentra incorporada por lectura (fs. 497/500), se mantuvieron a lo largo del tiempo sin fisura alguna y demostrando completa credibilidad. Así lo hicieron en el juicio y Pachelo decidió no carearse con ellos.
Subrayó el quejoso que fue tan elocuente y convincente la locución de esos testigos -sin relación con ninguna de las partes- que fue el propio juez Rossi quien en una de las tantas declaraciones en el juicio del Pachelo le consultó de si sabía por qué razón sin enemistad ni conocimiento los mozos podrían persistir en mencionar lo que dijeron como un vital elemento de cargo, respondiendo el acusado no saberlo, siendo que la otra pregunta que hizo el juez Rossi al imputado en sus doce horas de declaración en el juicio en las dieciséis oportunidades en que decidió hacerlo fue: como se encontraba el estado de salud de su hijo.
Postuló la fiscalía que sólo el asesino podía preguntar de ese modo cuando se creía que la muerte de María Marta García Belsunce se correspondía con un accidente doméstico.
Tras evocar el análisis que el presidente del tribunal efectuó de los dichos de Mantovani, sostuvo el recurrente que su aporte fue contundente, no sólo por su contenido sino porque el testigo dio razón de sus dichos. Agregó que el juez Ecke, en relación con MigueI Monzón, indicó que trabajaba en la estación ESSO de Pilar en el año 2002, siendo su turno de 06:00 a 16:00 horas, siendo una de las clientas más habituales la señora María Marta García Belsunce, quien llevaba allí sus reuniones laborables. Destacó que un lunes de octubre de 2002, se presentó Pachelo, antes de las 07:00 horas, y les preguntó a él y a su compañero de trabajo (Walter) si sabían algo de la mujer que habían matado en el country. Pidió un café, se sentó, leyó diarios para luego retirarse. Ese mismo día, pero a las 09:00 horas, se presentó en la estación Leticia Luaces y, llorando, contó que María Marta había muerto en un accidente ayer, siendo que, en ese entonces, no lo relacionó con lo consultado por Pachelo, ya que Luaces se refirió a un accidente y, hasta esa hora del 28 de octubre, no existían rumores respecto de asesinato alguno en un country de la zona.
Indicó el testigo que no era habitual que Pachelo se presente en la estación a esa hora y refrendó que los clientes habituales de la mañana temprano eran otros, quienes arribaban entre las 07:00 y 07:30 horas. Sostuvo el testimoniante que sabe que Pachelo fue a buscarlo a la estación donde laboraba con posterior a prestar su declaración, pero como ya se avecinaban varios medios de noticias, su capataz le cedió diez días de franco, hasta que “se tranquilice todo”.
Incluso, coincidió con aquellos relatos, lo expuesto testimonialmente en sede fiscal por el restante empleado de la estación de servicio -Cresencio Gutiérrez-, lo que obra a fs. 497/500, y fuera incorporado al debate por lectura con anuencia de las partes, ello marcado por su deceso. Subrayó el recurrente que durante el curso del juicio se pudo establecer como modus operandi del acusado Pachelo se encontraba, por un lado, la escenificación de los lugares para despistar y ganar tiempo, como así también, con posterioridad a la ejecución, intentar averiguar qué se sospechaba acerca de los hechos y su autoría, circunstancias relatadas por los protagonistas en el debate; pero aún más esto también surge de las conclusiones de la pericia practicada sobre el imputado por las expertas en la materia quienes declararon también en el presente debate De allí se desprende que las conductas atribuidas por los testigos a Nicolás Roberto Pachelo se corresponden con el trastorno psicopático de la personalidad que afirmaron los peritos padece Pachelo; dentro de las características de dicha patología además de la falta de empatía nos encontramos con lo que denominaron la necesidad de dominio, control y triunfo; siendo que para poder triunfar debe asegurarse que nadie se centrara en su conducta y por eso la necesidad de averiguar qué es lo que se sabía.
Que también se buscó descartar los testimonios juramentados de Mantovani y Monzón, afirmando que Pachelo se encontraba en El Carmel para ese momento, realizando una forzada interpretación del V.A.I.C y de los dichos de comisario inspector Christian Blanco, afirmando, sin más, que el teléfono de Pachelo habría sido captado por una antena que tenía a El Carmel como zona de cobertura, omitiendo precisar que dicha antena conforme se explicara en el debate, también poseía como zona de cobertura el área de la estación de servicio, la que se encuentra muy cercana al Barrio El Carmel.
En cuanto refiere el juez Rossi que no se registraron modulaciones de esa salida ni quedó registrada en las filmaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en la entrada del country corresponde resaltar que, una vez más, resulta ser -cuanto menos- una interpretación errada. Ello, desde que, conforme fue probado en la investigación y durante el juicio, Nicolás Pachelo y/o Inés Dávalos, ese día llevaron a sus hijos al colegio por lo que necesariamente debiera haber al menos una modulación y tampoco la hay, lo que demuestra -una vez más que aquellas modulaciones eran inexistentes y no pueden tenerse en cuenta en lo más mínimo.
Respecto a los registros fílmicos, no puede valorarse elemento alguno, desde que, en aquel momento la instrucción no requirió aquellos soportes correspondientes a ese horario por lo que directamente no se cuenta con ellos, a diferencia de lo manifestado por Rossi al decir que no está registrada la salida. Es decir, destacó el recurrente, o el juez Rossi no leyó las piezas incorporadas por lectura al expediente o deliberadamente intenta confundir al lector.
Rescató el acusador el testimonio de Dolores Sanjurjo que obra a fs. 506/507 -incorporado por lectura, pero desconsiderado por la mayoría- pues ilustra -además de reforzar sobremanera los testimonios de los empleados de la estación de servicios ESSO- que ese día, horas más tarde al encuentro con los empleados, estuvo también con Nicolás Pachelo en ese lugar, lo que demuestra una vez más, que ese día Pachelo entró y salió varias veces del country y que inclusive frecuentaba ese sitio.
Reclamó el impugnante que no debe dejar de repararse en las manifestaciones del acusado Pachelo captadas en la intervención telefónica dispuesta por la justicia, en donde formula expresiones que únicamente el homicida podría formular, las que dan cuenta del conocimiento con los testigos compatibles con el determinante diálogo y que, una vez más de modo extorsivo, siempre intentó desligarse de la situación haciendo alusión a que son otros siempre los que mienten y no él: “...no me preocupan los nuevos testimonios raros inventados porque el mozo ese que dice que a las 7 de la mañana fui, imaginate si yo le voy a ir a preguntar a un mozo boludo al día siguiente que matan a una mina a un mozo de un bar, es como ir a la comisaria y preguntar lo mismo…" [09/01/2003 - CASSETTE N° 32 - LOC 22 DEL ABONADO 1144495646] “...si yo estoy acá hablando por teléfono con vos, es porque el fiscal mucho a este mozo no le cree te podrás imaginar, sino no estoy hablando por teléfono con vos, el único que le pudo haber preguntado o la única que le pudo haber preguntado a ese mozo una cosa así al día siguiente es el que la mató y nadie más…" [09/01/2003 - CASSETTE N° 32 - LOC 22 DEL ABONADO 1144495646] “...tendrías que ser un retrasado mental para matar a una mina e ir al día siguiente a una estación de servicio y decirle a un mozo si no sabe nada de una mina que mataron, sinceramente tenes que colgarte el cartel de retrasado mental en la frente y pedirle al fiscal que te venga a buscar…” [09/01/2003 - CASSETTE N° 32 - LOC 22 DEL ABONADO 1144495646] "...pude haber ido tranquilamente pero dudo enormemente en ese horario, yo no me levanto a esa hora...por eso te digo que no lo puedo ni negar ni afirmar…" [09/01/2003 - CASSETTE N° 32 - LOC 22 DEL ABONADO 1144495646] "...realmente mucho que aclarar no tengo. el que tiene que aclarar es el, de donde lo sacó, demostrarlo, demostrar que su testimonio es verídico y sino buscarse un buen abogado..." [18/01/2003 - CASSETTE N° 42 LADO A LOC 22 DEL ABONADO 1144495646] Además refería: “...no te puedo contestar si fui o no fui porque yo voy bastante seguido y realmente yo no me acuerdo que hice ese lunes…" [18/01/2003 - CASSETTE N° 42 LADO A LOC 22 DEL ABONADO 1144495646] “..el mozo está totalmente descartado, no le creen pero ni en la esquina..” [18/01/2003 - CASSETTE N° 42 LADO A LOC 22 DEL ABONADO 1144495646] "...te imaginaras, es una estación de servicio donde yo voy bastante seguido y va mucha gente de pilar y mucha gente de carmel, es un punto de reunión (...) yo lo conocía, en la Esso hay 3 mozos...hay 3 mozos desde hace no sé 5 años...no sé son siempre los mismos mozos de toda la vida (...) claro, los conocía de vista a los 3 que hay ahí, no tengo ni idea sus nombres, ellos tampoco deberían saber el mío porque yo no hablo con los mozos, te imaginarás que cuando yo voy tomo un cafe, me voy a juntar con alguien y voy a leer el diario y nada mas, yo no hablo con los mozos (…) está si, esta a un puente, o sea vos salís de Carmel, haces un puente y ya estas ahí, es más directo que ir a cualquier bar de Pilar..." [09/01/2003 - CASSETTE N° 32 - LOC 22 DEL ABONADO 1144495646].
Criticó el recurrente la valoración del testimonio de Dionisio Simón, pues aún si era el único que sabía que a la víctima la habían mataron a balazos, tampoco resulta de interés su aporte. Explicó el recurso que el nombrado testimonió que a los dos o tres días del crimen -cuando en rigor para todos era un accidente- Pachelo le preguntó “...qué pensaba de la muerte de la “mina” que habían matado en Carmel si no aparecía el arma.”. Nuevamente –remarcó el acusador- sólo el asesino podía hacer ese cuestionamiento ya sabiendo entonces que el homicidio se había ejecutado mediante el uso de un arma de fuego.
Expresó Simón no tener enemistad alguna con Pachelo ni pleito de ninguna índole pendiente y el contrainterrogatorio no surtió ningún efecto más que corroborar una verosimilitud inobjetable.
Destacó que quien se pronunció en minoría precisamente valoró que de la muerte de María Marta se enteró el martes (29) o miércoles (30) siguiente porque Nicolás Pachelo fue a la tosquera y le preguntó qué pensaba de la muerte de la “mina” que habían matado en Carmel si no aparecía el arma. A lo que le respondió, que, si el arma no aparecía, no había pruebas, y Pachelo le replicó: “el arma debe estar en la Pampa”. Agregó que Pachelo le comentó que le había preguntado a los mozos de la ESSO si sabían quién la había matado. Fue en aquel momento, entonces, cuando en su mente se interpuso la idea que quien le estaba relatando aquello había acometido contra la víctima, sobremanera, sopesando el episodio del perro negro, bastante grande, cuidado, al cual Pachelo había llevado a la tosquera, expresándole que “se lo había encontrado”. Con posterioridad a la muerte de María Marta García Belsunce, Nicolás Pachelo vendió su 33% de la propiedad de la cantera, por la suma de 1.800.000 dólares, expresándole al testigo “esta vieja me costó 800.000 dólares”, en relación con la señora María Marta García Belsunce, respecto de los honorarios de Roberto Ribas.
Recalcó que el recurrente que este testimonio pone de relieve un aporte no menor, y adicional a lo expuesto por los empleados de la estación de servicio, pues como lo explicó quien quedó en minoría, a la generalidad de “la mataron” –expresado en la estación ESSO- podría haber sido por varios métodos, empero, en este testimonio ingresa aquel medio que ulteriormente, a través de la autopsia, se diera a conocer que se trató efectivamente de un arma de fuego.
Por el contrario, el argumento de la mayoría para descartar el valor probatorio de esta declaración se limitó a intentar acreditar que no se había verificado ”...para el 29 y 30 de octubre, ni aún en días anteriores, llamadas interrelacionadas de los teléfonos de uso por PACHELO y línea telefónica de SIMON -como hito razonablemente esperable si debían comunicarse para definir encontrarse mientras las oficinas no funcionaban-. Sí intercambios de llamadas en días siguientes, 31 de octubre, 1, 2, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 26, 28 de noviembre, dando para PACHELO igual localización correspondiente a antenas 215 y 394."
Es decir ponderaron las mendacidades de Pachelo por sobre el testimonio de una persona solamente por el hecho que no se conocieran las antenas en las que impactaron sus comunicaciones, y porque no habrían hablado telefónicamente días previos a mantener la conversación aquí relatada afirmando que no podían colegir que se encontrara en el lugar en la fecha señalada, cuando precisamente el testigo no dijo que la conversación mantenida con Pachelo había sido telefónica, por lo que mal puede pretenderse que lo captasen antenas mientras conversaba personalmente con Pachelo.
En igual sentido, destacó la fiscalía que en el año 2002 la tecnología de telecomunicaciones era analógica no digital por lo que mal podríamos haber obtenido la geolocalización de un aparato como sí podría realizarse con la tecnología de esta era, en caso de encontrarse habilitada la función. Lo más asombroso es que, de afirmar que fue mendaz, pues en definitiva es lo que traslucen, debieron, como en el resto de los casos, asegurar que mintió y proceder conforme la manda legal respectiva instando la correspondiente denuncia (artículo 287 del CPP y 275 del CP). Quizás la respuesta a este interrogante –señaló el recurrente- venga dada por la afirmación de ese testigo de conocer que Pachelo se había hecho acreedor en tiempo concomitante al hecho de una suma multimillonaria en dólares habiendo entregado según dijo al abogado Ribas la suma de U$S 800.000 cuando aún era un testigo y para lograr su impunidad que aún hoy, por este fallo, posee virtualidad.
Trajo a colación el acusador que Pachelo fue condenado por los robos también juzgados en el mismo juicio a una pena inferior inclusive a la pactada por las partes en las tratativas de juicio abreviado, siendo que la mayoría “…poco a poco va generándole su libertad -bregamos que luego que este recurso sea resuelto- como un mecanismo más para beneficiarlo pretendiendo forzarse que su defensa insista en varias oportunidades con su excarcelación”.
“Prueba cabal de ello y muestra de los beneficios que por contrapartida se le otorgan fue el hecho de no ordenar la detención del coimputado Marasco -pese a haber sido condenado a seis años de prisión y el pedido expreso de esta parte- y así trazar un paralelismo en la equidad que ahora reclama su defensa con una sola finalidad que no es otra que su soltura en tiempo record.
Que también objetó el recurrente la ponderación del testimonio brindado por Carlos Alberto González en el juicio y el incorporado por lectura de Mario Rivero –en razón de su fallecimiento- los que, en relación con las videofilmaciones presentadas por ésa acusación pública en el debate, se erigían en elementos objetivos que demostraron con certeza que en tiempo concomitante al hecho el acusado Pachelo era usuario de un arma de fuego de idénticas características de la utilizada para ejecutar a la víctima. Incluso, que había comprado municiones de ese mismo calibre sin querer ser descubierto ni avistado durante su adquisición.
Para desvirtuar aquellos elementos, el ponente indicó que la video filmación reproducida en la sala de juicios, no evidenció las manifestaciones que el investigador privado González adjudica a Rivero, pues fue el primero quien insertó en sus preguntas la referencia explícita conveniente a su interés de pesquisa, mientras que Rivero lo corrigió justamente en la ubicación temporal de esos disparos: con mención de noviembre, y de un período en que ya estaba el lío del country, es decir, repercusión mediante del resultado de la autopsia de diciembre, ergo, por fuera de trascendencia para la investigación…”, en tanto el juez Rossi añadió: “...En lo que refiere al aporte del investigador privado Carlos González, más allá de no haberse precisado las fechas en las que el entrevistado hiciera referencia a la adquisición de proyectiles y a los disparos efectuados en la laguna, no hubo incautación del arma ni de los plomos, o de otra medida o testimonio que confirme tal aserto, con el agregado de que el resero estableció lo relatado -en responde a indicativas preguntas- sin poder precisarlo, en los meses de septiembre octubre o noviembre de 2002…”.
Sobre el particular, reclamó la acusación, basta que se observe las filmaciones aportadas y los complementarios testimonios para dejar atrás tan la intencional fulminación de la evidencia dirimente.
Sobre este aspecto, destacó la fiscalía, nuevamente Pachelo expuso su mendacidad al expresar que no conocía a Rivero, pese a que la prueba indica claramente lo contrario. El análisis de la I.P.P. 14-02-14842-2002 aportada por esta parte al juicio expone que la adquisición de las municiones a manos de Pachelo lo fue hacia el 3 de octubre de ese año, a la sazón, menos de un mes antes del asesinato, desde que, Rivero mencionó como dato objetivo para recordar cuando ocurrió y ubicar temporalmente aquella compra de proyectiles, el robo ocurrido en octubre de 2002 objeto de la I.P.P. mencionada.
Subrayó el recurso que el voto de la Presidencia indica la validez de la prueba a través de un lógico análisis y no sesgado al referir: “...Y si uno observa el video, aquel lugar fue sindicado por Rivero a los 09 minutos de los 21 que en total dura, ¿a qué me refiero?, que entabló una larga caminata para exhibir el lugar donde los tiros habían sido ejecutados, lo que da a entender que conocía perfectamente el espacio donde ello había sucedido. Valga la redundancia, a consultas de los investigadores en torno a la existencia de otro lugar donde Pachelo haya probado el arma, refirió que no, que solo lo hizo apuntando hacia el agua. No se debe hacer mayor esfuerzo para entender que Pachelo se dirigió hacia dicho lugar, con el único fin de que aquellas municiones, nunca fueran halladas a posteriori de su designio criminal, conocía el lugar, y actuó en consecuencia. Relató Rivero que el revólver era de calibre 32 largo, que no andaba bien y que era “medio” blanco. Añadió que, en una oportunidad, posterior al robo de la tosquera, Nicolás Pachelo le exigió que lo acompañe a comprar balas para dicho revólver, que fueron a un lugar en una esquina de Pilar, “donde venden pájaros”, y que allí lo obligó a bajar del auto para que lleve a cabo la compra, entregándole el dinero y aguardándolo en la esquina, “él no se quería bajar, cuando fuimos a Del Viso sí, pero en Pilar no”. También agregó: “...Si regresamos sobre nuestros propios pasos, arribaremos al momento en el cual Pachelo desconoció en audiencia a Mario Rivero, sin embargo, es el propio Rivero quien dijo trabajar en la tosquera desde el año 1991, que Nicolás tenía 13 años aproximadamente, que tenía otros dos hermanos, de otra madre, y que, una vez que Pachelo se encontró privado de su libertad por delitos que afectaron el bien jurídico “propiedad”, sus hermanos expresaron: “si este loco sale, va a venir a quemar todo”. Por lo tanto, Nicolás Pachelo sí conocía quién era Mario Rivero, pero, al verse acorralado con la noticia de un video de investigación privada, decidió optar por la decisión de desconocerlo, sabiendo que lo comprometería severamente…” . En cuanto al aporte de la testigo Beatriz Michellini, expuso el recurrente que se lo interpretó de manera aislada, atomizando los indicios y sesgando los elementos que en conjunto conforman la contundente prueba de cargo en relación con la autoría de Nicolás Roberto Pachelo respecto del homicidio de María Marta García Belsunce.
Aseguró que el juez Rossi en su crítica al alegato Fiscal, quitó importancia y trascendencia al acreditado vínculo entre Pachelo y Michelini y, los numerosos contactos telefónicos registrados entre los abonados de ambos en fechas claves, soslayando también la circunstancia que compartieran abogado defensor para esa época y la actitud de la Sra. Michellini, tanto en este juicio como en el pasado.
Indicó el quejoso que la circunstancia que Michellini para el año 2011 fuera representada por el abogado de por el entonces testigo Pachelo no puede más que valorarse como otra hábil y exitosa maniobra de Nicolás Roberto Pachelo tendiente a dominar, controlar y triunfar.
En esta dirección, no puede dejar de recordarse que para ese entonces Michellini había negado de manera rotunda y contundente que la voz que se escuchaba en el llamado al 911 efectuado le perteneciera, llegando a afirmar que nunca podría haber sido suya pues ella "no tuteaba ni a sus padres"; mientras que aquí en este debate reconoció haber llegado después de Carlos Carrascosa, para luego hacerlo Bártoli y por último "el chico alto que era un vecino" en referencia a Piazza, qué otra finalidad puede otorgarse a esa actitud más que de montar un halo de sospecha hacia Carrascosa y la familia de la víctima para desvirtuar todos los indicios que ya para ese entonces conducían sin lugar a dudas a Nicolás Roberto Pachelo "amigo" de su hija y defendido de su abogado Agregó que no pudo pasar inadvertido para los jueces la circunstancia ocurrida en el debate en relación al denodado esfuerzo realizado por la testigo -que compareció con abogado defensor- de negar y omitir responder que Ribas había sido su abogado; verdaderamente si se visualiza la filmación del debate a diferencia de la crítica efectuada el juez Rossi al alegato fiscal, se podrá observar sin lugar a dudas lo ocurrido; cada vez que se le preguntaba por el Dr. Ribas, a los gritos Michellini decía "el abogado de Beatriz Magdalena Michelini DNI trece millones (…) es el doctor Eduardo Ludueña…", lo que motivó un llamado de atención por parte del Presidente del Tribunal.
En igual sentido, sostuvo el recurrente, tampoco puede soslayarse que al momento de contestar la vista en torno al pedido de detención efectuado por el Ministerio Público Fiscal el Dr. Rodríguez Jordán -co abogado defensor de Pachelo- solicitara la eximición de prisión de Michellini, como si él también ejerciera su defensa; nada de esto fue señalado por el voto de la mayoría.
Adunó que, como otro claro ejemplo de la arbitrariedad, el juez Rossi descontextualizó las palabras del Ministerio Público Fiscal, en lo referido al tratamiento de Michellini; exponiendo una supuesta crítica de manera peyorativa a la vestimenta de la testigo, pretendiendo gravemente tergiversarlo como si este Ministerio hubiera efectuado un comentario clasista, cuando, simplemente, llamó la atención -y fue lo que se manifestóque una testigo fuera la única que compareció acompañada por su abogado defensor, que -a diferencia de los demás testigos- aguardara a prestar declaración en el pasillo por donde acceden los jueces a la sala de audiencias, que estuviera con anteojos cubriendo su rostro y que al momento de declarar, en lugar de hacerlo también como los demás testigos, se pusiera prácticamente sobre los estrados y a upa del Tribunal, tal cual en la oportunidad esa mayoría les permitió.
Recordó el impugnante que las mentiras advertidas en torno a los dichos de Michellini, escudarse de modo permanente en su supuesta falta de memoria, casualmente referir no contar en su poder con las fichas de las clientas que pudieran vincularla a los delitos por ellas sufridos y en los que "casualmente" participara Pachelo, fueron los extremos que llevaron a solicitar su detención, puesto que en contraposición con lo realizado por los jueces de la mayoría en este debate entendemos que si advertimos la comisión de un delito frente a nuestras narices actuamos en consecuencia. Destacó el impugnante que siempre tuvo pleno conocimiento que este no iba a ser un juicio fácil, por lo extenso, complejo, la cantidad de "personajes" que contribuyeron a impedir que se supiera la verdad y por los prejuicios que se ocuparon de construir alrededor del homicidio de María Marta García Belsunce; pero una vez transcurrido el debate adquirió la tranquilidad de haber podido derribar los mitos a diferencia de lo peyorativamente sostenido por el juez Rossi, tanto así que cuanto menos el voto de la minoría también lo comprendió como lo hizo esa parte honesta y profesionalmente.
Prueba de todo ello fue que en el marco de la I.P.P.
14-00-005042-22/00 que obligaron a iniciar por fuera del juicio el pasado 21 de octubre Michellini fue notificada de sus derechos y allanada por orden a diferentes delitos por su intervención en el presente suceso a través de un magistrado de garantías ajeno a los intereses de esa mayoría.
Al respecto hizo propio el voto del Dr. Ecke en relación a la evaluación de la declaración de Beatriz Michellini en el debate, al sostener "...BEATRIZ MICHELINI resultó ser la masajista de confianza de María Marta García Belsunce, quien arribaba, puntualmente, los Domingos a las 19:00 horas a la residencia de los Carrascosa. Relató que ofrecía sus servicios a varios socios del Carmel, entre los que se hallaba la, entonces, mujer de Pachelo, Inés Dávalos Cornejo, y algún otro que resultó víctima de una sustracción de palos de golf (Sansuste). En alguna oportunidad, la nombrada fue a su casa, que los tratamientos eran masajes moderadores, los que se hacen dos o tres veces por semana. Que una sesión de masajes dura, aproximadamente una hora como máximo, y que Dávalos Cornejo iba sola o con su bebé. A preguntas fiscales respecto de las charlas que mantenía con sus clientes, y en especial, la nombrada Dávalos Cornejo, respondió: “Yo con mis clientes no hablaba, hacía fuerza física para los masajes, los cincuenta minutos estaba en silencio”, lo que, cualquier persona que haya experimentado una sesión de masajes conoce que no suele reinar el silencio absoluto. Manifestó que María Marta la esperaba siempre con la puerta abierta, “sin llave”. Del análisis del VAIC de las llamadas telefónicas entre la casa de Pachelo y Michelini del último trimestre del año 2002, emergen las siguientes comunicaciones:
• El 24/10 dos, (tres días antes del suceso criminoso)
• El 29/10, una comunicación, en la que Michelini llamó a Pachelo (dos días posteriores).
• El 30/10 previo a la diligencia policíaca de la noche.
• El 31/10 una serie de llamados telefónicos de la casa de Pachelo hacia Michelini, en un rango de seis horas posteriores a que la policía se haya constituido para llevar a cabo las diligencias encomendadas por la fiscalía.
• El 12/11 declaró en la fiscalía de Pilar, dos comunicaciones con la casa de Pachelo. Fue la dicente quien dijo que su declaración lo fue cercana al mediodía, las llamadas promediando las 09:17 horas, ergo, antes de la deposición oral.
• El 03/12, del celular de Pachelo a su casa (un día después de autopsia), y ante la pregunta de ¿por qué la llamó Pachelo ese día tan especial?, responder la testigo: “A lo mejor, ese 03 de diciembre de 2002, el llamado desde el celular de Pachelo, fue para ofrecerme un abogado”. • El 16/01/2003, día posterior a su indagatoria, una comunicación de la casa de Pachelo/Dávalos hacia Michelini, ¿las razones?, no las recordó. Como bien se refleja, en cada oportunidad en la que Michelini tuvo una intervención de relevancia en el marco del expediente, las llamadas con Nicolás Pachelo, se entrecruzaban, pareciera que el propio destino deparó que se conjugaran los eventos esenciales de la órbita judicial con los masajes del matrimonio Pachelo-Dávalos Cornejo. En ese sentido, fue Pachelo quien expresó que el aumento de frecuencia de llamadas, ello con el cotejo de las restantes semanas, se debía exclusivamente, a que su mujer quería verse en forma en la época estival. Sostuvo la declarante que existió una llamada con Nicolás Pachelo en la cual el nombrado le ofreció un abogado, a lo que habría respondido que no, manifestando que Bártoli también le ofreció asesoría letrada, y también se negó. Ante ello, resulta de mayor logicidad que haya sido Bártoli quien le ofrendara el servicio de abogacía, por un lado, porque ofrecía masajes a dicho matrimonio, pero el más sobresaliente, porque Michelini estuvo involucrada en las diligencias primigenias; recordemos que ella, Bártoli, Carrascosa y Horacio García Belsunce estuvieron presentes, y fueron citados, en las inmediaciones de la morada aquel 30 de octubre de 2002, cuando se practicaron las primeras medidas. En contrapartida, Pachelo no tenía razones para tal ofrecimiento, o tal vez sí, al simple efecto de resguardar su accionar, y conocer al dedillo lo sucedido en aquella escena del crimen…”.
Señaló que con lo expuesto se observa también la parcialidad y arbitrariedad del voto de la mayoría al valorar y justipreciar las probanzas colectadas, las que de ser evaluadas de manera armónica y conjunta no permite arribar a otra conclusión que la condena de Pachelo a prisión perpetua por el hecho que le fuera atribuido por la acusación.
Por otro lado, señaló el recurrente, el acusado Pachelo declaró dieciséis veces durante el juicio, por un lapso aproximado de once horas, sin poder rebatió absolutamente nada. Efectuó relatos inverosímiles, vacíos de contenido y alegó sobre la prueba producida. No aportó ningún elemento de interés para su defensa.
Se contradijo en infinidad de oportunidades brindando distintas versiones acerca de un mismo tópico, negándose -en general- a responder preguntas de la fiscalía o seleccionó cuales respondía, cuáles no y determinó sobre qué temas se le podía preguntar. Apeló en muchísimas oportunidades al transcurso del tiempo como estrategia para justificar su negativa a responder o dar cuenta de sus propias manifestaciones. Mostró una inequívoca memoria selectiva dando algunos detalles sin ninguna relevancia y no recordando los datos fundamentales, a la vez que no presentó testigos para contrariar la prueba de cargo y varios de los que sí fueron ofrecidos por su defensa, por el contrario, reforzaron la hipótesis de la acusación.
No acudió a la posibilidad de efectuar careos, a excepción de, tal vez, la testigo de menor relevancia, Raquel Fayt. Y a pesar de haber sostenido que sus afirmaciones iban a ser avaladas por prueba documental, no acompañó ninguna y no utilizó, a través de su defensa, el contrainterrogatorio para, cuanto menos, intentar poner en crisis la veracidad de los dichos de los testigos traídos por esa acusación.
La estrategia de Pachelo consistió en esperar que los testigos finalicen su testimonio, se retiren de la sala y recién ahí, en esa misma jornada o en otra, sentarse ante los jueces para explicar básicamente, según sus dichos, las motivaciones que los habrían llevado, según él, a declarar en su contra. Bronca, enemistad, odio, vínculo con los García Belsunce o cuestiones patrimoniales. La diferencia esencial radica en que siempre su versión solitaria y sin respaldo alguno la efectuó sin obligación de decir verdad.
Afirmó el recurrente que la forma discursiva de armar su mentira y el comportamiento para verbal del imputado que lo acompañó durante el juicio resulta indistinguible de un discurso verdadero para aquel que carece de experiencia y sentido común -y también para dos experimentados jueces del Tribunal en lo Criminal N.º 4 de San Isidro-, siendo que los dichos de Pachelo no hicieron más que reforzar la hipótesis acusatoria y sin embargo los juzgadores, sin fundamento alguno, otorgaron verosimilitud a sus expresiones.
Apuntó el recurrente que, en su primera declaración testimonial de 2002, ahora incorporada por lectura y que forma parte de su descargo, Pachelo manifestó que ingresó al Club a las 17:30 después de jugar al fútbol, con su hijo Felipe. Llegó a su casa, se bañó, se cambió y llegó a ver cinco minutos de uno de los partidos de fútbol que se transmitían ese día, no sabía si los últimos de Boca-River o los primeros 5 minutos de Independiente. Sin poder precisar el horario exacto, salió con su auto dirigiéndose hacia Buenos Aires. Dijo que a la altura de Del Viso se dio cuenta que había olvidado su billetera, por lo que retomó y volvió a Carmel a buscarla, dejando el auto en marcha, con la puerta abierta en la calle. Ingresó a la casa para buscar la billetera, no tardó más de un minuto, y dos minutos en volver a salir del Club.
De allí volvió a dirigirse hacia Capital por Panamericana, pasó por Avenida Libertad N.º 184 donde se domiciliaba su madre (antes de arrojarse por una ventana), a la cual dijo haber llamado previamente por teléfono para que baje dado que la esperaba con el auto en la puerta de su casa. Aseguró que, una vez que descendió su madre, Silvia Ryan, ascendió al auto y juntos se dirigieron hacia el shopping Paseo Alcorta, estacionando el auto en el tercer piso del estacionamiento del shopping.
Que a las 19:40 horas, según el horario del ticket (aportando datos del mismo) abonado con VISA (aportando también algunos datos del cupón, pero sin hacer referencia al horario del mismo), perteneciente a su madre, compraron un regalo de la madre de Pachelo para su hijo Felipe. Afirmó que el cupón de la compra, es decir, el original del mismo está en poder de su madre.
Antes de continuar, destacó que esta versión es la más cercana al momento del asesinato de María Marta que brindó Pachelo y que en la audiencia del día 21 de octubre Pachelo y su defensa permitieron ingresar al debate como elemento válido.
Luego, al ser convocado en el año 2017 a prestar declaración en los términos del art. 308 del C.P.P., previo decir que tratará de ser lo más preciso posible, sostuvo que fue a jugar al fútbol y sin señalar horarios, regresó a Carmel junto a su hijo Felipe. Permaneció aproximadamente una hora u hora y media donde se bañó, se cambió y partió hacia Buenos Aires a comprar un regalo de cumpleaños para Felipe junto a su madre.
Argumentó que como tenía una camioneta Ranger cabina y media y su mujer y sus otros dos hijos se encontraban en Capital Federal y debían volver los cinco, se fue con un vehículo marca Fiat propiedad de Inés Dávalos que ella había dejado estacionado en el estacionamiento del Club House de mayores. Dijo que desde su casa hasta el estacionamiento del Club House fue solo, atravesando el Club House de menores que queda previo al Club House de mayores. Dijo no recordar haberlo hecho corriendo ni haberse cruzado con nadie. Buscó el auto, volvió a su casa.
Buscó a su hijo y partieron juntos hacia Capital Federal entre las 18 y las 19 horas, buscando a su madre por su casa y luego se dirigieron hacia Paseo Alcorta.
Fin de la sentencia