Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 123.391
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto por la defensa y confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravio (arts. 106, 209, 210, 373, 448, 450, 451, 530 y 531, CPP; 41 bis, 80 inc. 7 y 166 inc. 2, Cód. Penal).
II. Regular los honorarios profesionales de los defensores Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán por su labor desarrollada ante esta Sede en 20 Jus.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal Sala V 1402-71154-2 123.391 En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala V de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y Fernando Jorge Mateos, a fin de dictar sentencia en la presente causa N°123.391, caratulada “PACHELO RYAN NICOLAS ROBERTO Y MARASCO MATIAS OSVALDO S/ RECURSOS DE CASACION//PACHELO RYAN NICOLAS ROBERTO S/RECURSOS DE CASACION INTERPUESTOS POR PARTICULAR DAMNIFICADO Y FISCAL”, conforme el siguiente orden de votación: BOUCHOUX-MATEOS.
En lo que interesa destacar, el 2 de diciembre de 2022 los integrantes del Tribunal en lo Criminal N°4 del departamento judicial San Isidro, luego de realizado el debate oral, decidieron -por mayoría- absolver a Nicolás Roberto Pachelo con relación al hecho N°1 en el que resultara víctima María Marta García Belsunce.
Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal y los particulares damnificados, María Laura García Belsunce y Carlos Carrascosa, por medio de sus letrados apoderados, interpusieron recurso de casación, que con fecha 27 de marzo de 2024, los colegas de la Sala II de este Tribunal, encontraron procedente.
Consecuentemente, decidieron dejar sin efecto “el fallo absolutorio decidido por la mayoría respecto del denominado hecho N°1, convalidando el veredicto condenatorio de la minoría respecto del hecho antes individualizado con el alcance fijado en este pronunciamiento, condenando a Nicolás Roberto Pachelo Ryan como autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causae agravado por el uso de arma de fuego, quien entonces queda condenado en orden a estos delitos y los que oportunamente fijara el tribunal de origen por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por haberse cometido con efracción reiterado en cuatro oportunidades con relación a los hechos N° 2, 3, 6 y 9; y autor penalmente responsable del delito de robo simple reiterado en dos oportunidades con relación a los hechos N°8 y 10, todos ellos en concurso real, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas”.
Dicho pronunciamiento fue impugnado por los defensores particulares del acusado, Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán.
Efectuadas las vistas correspondientes y encontrándose la presente en condiciones de ser resuelta, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez Bouchoux dijo:
I. Los recurrentes denuncian violados o interpretados erróneamente los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución nacional (principios de legalidad, debido proceso, defensa en juicio y jerarquía constitucional de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos); 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (doble conforme); 25 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (principio de legalidad); 45, 51, 62, 80 inciso 7, 165 del Código Penal; 1, 3 , 106, 209, 210 y 373, 211 y 371 del Código Procesal Penal.
En primer lugar, plantean la extinción de la acción penal por prescripción.
Sostienen que, en el evento, no habría mediado sustracción o desapoderamiento y que, de haber existido, no se ha probado que el autor o autora de la muerte violenta haya sido la responsable de los bienes denunciados como presuntamente desapoderados.
Consideran que este Tribunal no meritó con justicia la determinante presentación del Dr. Sergio Pizarro Posse, apoderado de la asociación “Damas del Pilar”, concretada con posterioridad al hecho el 5 de mayo de 2003, en la que claramente afirmó que nada faltó en la entidad. Señalan que dicha aseveración contrasta con las testificales de Inés Haydée Burgueño y de María de las Mercedes Pieres, quienes consideraron que la caja metálica con valores de la asociación, no fue hallada en ocasión de ser buscada en momentos del hecho.
Añaden que el propio Carlos Alberto Carrascosa no recordó haberla visto y que Guillermo Bártoli, una de las primeras personas en asistir a María Marta, no advirtió que le faltara objeto alguno de valor (medallas y relojes). Opinan que el sentenciante no aclara cuál es la cuestión dirimente para dar por acreditada la faltante por sustracción y no por extravío. Aseveran que se esfuerza con insistencia especulativa en tener por demostrada la sustracción que serviría de basamento al homicidio criminis causae.
Concluyen que, si el homicidio no aparece agravado, la posibilidad de atribuírselo a Pachelo Ryan ha fenecido por cuanto fue indagado en los términos de lo normado en el artículo 308 del ceremonial con fecha 6 de octubre de 2017, mientras que el suceso principal investigado acaeció el 27 de octubre de 2002 (arts. 62 y concs., Cód. Penal).
Sin perjuicio de ello, estiman que, aún en el imaginario supuesto en que se considerara una sustracción (que fue descartada por la licenciada en criminalística María Eugenia Cariac, testigo de la acusación cuando declaró en el juicio el 29/8/22), el fallo atacado no hizo ninguna observación en torno a la distinción entre el homicidio criminis causae del artículo 80 (con amenaza de reclusión o prisión perpetuas) y la figura del homicidio en ocasión de robo del artículo 165 del código de fondo.
Esgrimen que, por duda, debe aceptarse el delito con menor reproche punitivo, cuya acción penal también estaría extinguida por prescripción. Por otra parte, alegan que se trae el pasado de su asistido incorrectamente, lo cual en su criterio constituye una intromisión y una injerencia inaceptables generadas por la imprecisión del objeto procesal al alejarse, la acusación, de la noción de culpabilidad y del llamado “derecho penal de acto”.
Afirman que el juicio fue impulsado por una ciega y obsesiva imputación, lo que ha significado y representado una persecución estatal inadmisible por arbitraria basada en las características de un “autor fabricado” y no en las acciones u omisiones punibles presuntamente achacables a una persona determinada.
Además, dicen que media un abierto menosprecio a la confidencialidad e intimidad al comunicarse penas que han caducado (cfr. arts. 43, Cons. nac.; 25, CADH; 20.3, Cons. prov.; 7.4, ley 25.326 en concordancia con la ley provincial 14.214; comentarios de Gregorio Badeni: “Tratado de Derecho Constitucional”, La Ley, segunda edición, Buenos Aires, 2006, tomo II, p. 1209 y ss.; Adrián González Charvay: “La protección constitucional de la intimidad”, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2012, p. 190 y sigs.). Como otro planteo, invocan la violación al principio de inmediación y la arbitrariedad en la valoración probatoria.
Argumentan que la falta de contacto de primera mano con la prueba producida llevó a incurrir en absurdos fácilmente comprobables. En ese sentido, mencionan que párrafos enteros fueron construidos sobre el prejuicio de la inexistencia de un camino que, en cambio, para todos los que participaron de la diligencia de inspección del escenario del hecho y sus adyacencias, quedó perfectamente en claro no sólo su cabal existencia y perfecto estado de conservación, sino que por el mismo inclusive podrían pasar vehículos de porte.
Se agravian los impugnantes de la falta de inmediación de los jueces de la Sala respecto de la producción de los testimonios apreciados como de cargo en infracción al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, consideran que se dictó una sentencia condenatoria, tras revocar la absolución, con base en la reinterpretación del sentido otorgado a fuentes personales de prueba. Entienden que ello resulta violatorio de la propia doctrina sentada por este mismo Tribunal conforme a la cual no procede la casación positiva en esos casos. Cita en apoyo de su postura la causa N°88.660.
Refieren que los videos del debate cubren fragmentos de declaraciones en tanto ciertas manifestaciones se produjeron sin mediar micrófonos, ya sea debido a que las partes se acercaban al estrado o porque los testigos señalaban en dispositivos o gráficos que los obligaban a deshacerse de los micrófonos por extensos minutos de sus deposiciones. En cuanto al tramo del fallo que reprocha a los magistrados que conformaron la mayoría de la sentencia absolutoria el no haber valorado el testimonio del periodista Jorge Lanata, indican que no resultó testigo en el debate -la Fiscalía desistió de su citación- y no se incorporó por lectura su declaración prestada en la IPP. En consecuencia, aducen que, si el Tribunal no hizo mérito de sus declaraciones (las prestadas en entrevistas cuyo contexto de producción no es dado), ello es lo que corresponde atento a que tampoco los dichos prestados por fuera del proceso conforman una declaración juramentada, requisito ineludible para su apreciación. Sumado a lo expuesto, señalan que no pudieron llevar a cabo el más mínimo derecho al contra examen, confronte exigido por los art. 8.2.f. y 14.3.e de la CADH y del PIDCP respectivamente. Esgrimen que, ausente el contralor y sin sometimiento al principio de contradicción, el dato en cuestión no es pasible de ser considerado técnicamente como “prueba”. Coligen que el fallo resulta arbitrario en sus consideraciones sobre Jorge Lanata, extendidas a lo largo de f s. 380 a 384 y particularmente a fs. 381. En otro agravio, reclaman la arbitrariedad del fallo basada en la supuesta ausencia de conformación de la debida mayoría del resolutorio revocado.
Señalan que la decisión que cuestionan (fs. 251 y sigs. y 256)
“achaca a los dos votos que conforman la mayoría del Tribunal de Juicio no haber alcanzado una mayoría legalmente conformada en sus fundamentos”. Luego de reseñar los votos de los magistrados que conformaron la mayoría, concluyen que en esta sede debe evaluarse el razonamiento empleado por los sentenciantes sobre la valoración de la prueba quedando circunscripto a la determinación de absurdo o arbitrariedad. Estiman que dichos vicios lógicos no pueden atribuirse a los sólidos votos que conformaron la mayoría del fallo del Tribunal de Juicio.
Sostienen que el fallo bajo examen tergiversa todo la prueba producida para llegar a conclusiones divorciadas de la realidad: no hubo secuestro del arma de fuego empleada en poder de Pachelo; no fueron hallados rastros de él en el interior de la vivienda de los Carrascosa-García Belsunce; no hubo conversación telefónica que lo incrimine a pesar de ser investigado desde el inicio; ningún objeto o animal perteneciente a la víctima ha sido individualizado o habido en su poder; el Tribunal en lo Criminal N°6 no ordenó la extracción de testimonios a su respecto como tampoco el N°1 ni las distintas Salas de la Casación provincial que se han pronunciado en diferentes momentos.
Puntualizan que el fallo construye un círculo de autores posibles partiendo de la “lógica del cuarto cerrado”, incurriendo en un yerro inadmisible ya desde sus premisas.
Afirman que, por ejemplo, a fs. 228 y 283, se asegura que el perímetro no fue intrusado ese día domingo 27 de octubre de 2002. Sin embargo, aducen que consta incorporado por lectura e l informe producido por la empresa de seguridad del country, del cual surgen las fallas de la seguridad vigentes al día del hecho y la vulnerabilidad de la seguridad del Carmel en la que el defensor de Carrascosa tanto insistió (ver videos del debate oral de Carrascosa celebrado en junio de 2007 incorporados por lectura).
Añaden que el mismo Maciel recordó que la alarma sectorizada perimetral no andaba muy bien, que las cámaras no funcionaban bien, que les faltaba mantenimiento, que las del fondo no funcionaban.
Advierten que González del Cerro hizo hincapié en la ventana de franja horaria en que se cortó la cámara del sector de lo de Carrascosa y en la falla de los sensores del perímetro que sacaron a “la sombra” ese día. Destacan que se determinó que las alarmas perimetrales fueron desactivadas a las 18 horas por orden del vigilador Vera y que la cámara 15 que enfocaba las inmediaciones de la casa, fue apagada a las 16:29 horas y no la volvieron a encender.
Asimismo, dicen que la Auditoría determinó que no funcionaban las zonas 11, 12 y 13 de los sensores perimetrales y la cámara 15 y que incluyó un informe de seguridad del 4 de octubre de 2002, por un intento de ingreso al domicilio del Puma Goity.
Expresan que, en el debate, comparecieron como testigos el periodista Carlos Strione y el Dr. Pablo Fernández, los cuales a la fecha del hecho hicieron notas en el lugar constatando aperturas del alambrado perimetral, tanto así que uno de ellos ingresaba por allí al interior del country sin control alguno.
Opinan que el testimonio del Sr. Sergio Félix López fue importante. Respecto a los vigiladores, esgrimen que, al cambiar la hora de muerte a las 18:30 horas, resulta evidente que si se investigaba esa pista debió investigarse a los vigiladores del grupo que salían y no a los que entraban, como el caso de V era sobre quien se dijo que fue quien apagó los sensores y las cámaras ese día, además de enviar a Villalba a Martinica con su hermano y autorizar a Mato a que se fuera antes porque tenía vigiladores de más.
Estiman que, si se liberó la zona, Nicolás Pachelo no tuvo nada que ver.
Por otra parte, con respecto a la caja metálica, dicen que parece incuestionable el escrito (incorporada por lectura) presentado el 5 de mayo de 2003 por el propio representante de la Asociación Amigos del Pilar, Dr. Sergio Pizarro Posse, en donde consignó que “vengo a poner en conocimiento del Sr. Fiscal la inexistencia de robo, fraude y/o desaparición de suma de dinero alguna perteneciente a mi representada”.
Destacan que la denuncia por robo fue archivada y que, pese a lo expuesto, el fallo (ver fojas 213), extrañamente concluye que quedó acreditada la faltante a pesar del claro tenor de la presentación formulada por la Asociación.
Con respecto a los mozos de la Esso, Mantovani y Monzón, señalan que sus testimonios fueron adoptados como prueba de cargo.
Aluden que, para ello, el Tribunal descalificó lo dado a conocer por la empleada doméstica de su defendido, Balbina Elva Ávila, quien había afirmado que, en el horario al que se hacía referencia, el acusado dormía. Cuestionan que, si el Ministerio Público es único, cómo es posible que unos acusen a Carrascosa y a sus próximos y otros, a Nicolás Pachelo. Sobre el punto, refieren que John Broyad es el actual Fiscal General de San Isidro, jefe de los acusadores de hoy y, sin embargo, participó, junto con Molina Pico, Grau y Apolo, en la acusación contra Carlos Alberto Carrascosa por homicidio y encubrimiento. Se preguntan si ello constituye un supuesto de gravedad institucional.
Plantean que, al apreciar las expresiones de Balvina Elva Ávila fuera del marco circunstancial que impulsara la férrea vigilancia personal de la que era objeto el acusado, se arriba a conclusiones desproporcionadas, arbitrarias e injustas, y se evalúan incorrectamente “fuentes personales de prueba” las que “el señor Juez de la casación no suele analizar en otros fallos”.
Alegan que, más allá de la diferencia en el horario señalado claramente atribuible a los más de catorce años de diferencia con los que prestó declaración, Ávila dio cuenta de que Pachelo, en el horario en que otros testigos dicen haberlo visto en la estación de servicios, estaba presente y durmiendo en su casa, lo cual siempre fue dicho en los mismos términos en una u otra declaración por la testigo. Postulan que debe darse absoluta preeminencia a las particularidades expuestas por la sincera testigo en su primera declaración debido a la proximidad temporal con el acaecimiento de las circunstancias sobre las que depuso.
Desde otro andarivel, exponen que todos los llamados de Pachelo durante esa mañana fueron captados por las antenas que cubrían Carmel, concretamente la antena 215, emplazada en calle 10 entre 11 y 12 del Parque Industrial de Pilar que, si bien cubre Carmel, a cuatro kilómetros no alcanza a la Estación Esso. Señalan que Carmel está en el medio entre la antena, por un lado, y la Esso en el otro extremo, distante la estación de servicios a diez kilómetros. Sostienen que parece evidente que la apertura de esa antena hasta las 14:00 horas muestra que no circuló por la Esso ni por las intermediaciones y descarta que lo declarado por el testigo Monzón hubiera ocurrido ese día.
Aseguran que, a partir de que la familia lo involucró públicamente, Pachelo comenzó a ir a la Estación de Servicios a leer el diario para ver que decían de él, no antes.
Aducen que, contra toda lógica y dos meses después, los mozos recordaron una alusión de Pachelo a una mujer que mataron en el country. Sin embargo, resaltan que esa misma mañana no la vincularon a la noticia que recibieron referida a que María Marta García Belsunce había fallecido en un accidente.
Coligen que, como sea, su asistido nunca estuvo a las seis de la mañana en la Esso y menos aún en la mañana del lunes 28 de octubre, circunstancia que estiman también se acredita por la ausencia de modulaciones a su respecto en esa mañana y de registros de su salida o regreso en los accesos del Carmel.
Invocan que, en este punto, el fallo rechaza la defensa más categórica en favor de Pachelo relativa a que “siempre hay un vigilador fijo ubicado en las cercanías de la vivienda, a unos veinte metros de distancia, sin perjuicio de las recorridas de otros vigiladores” (fs. 246 del fallo). Dicen que la inmediación falló a la hora de ver los videos de las jornadas con la prueba producida por la defensa que demuestra que desfilaron todos los vigiladores que perseguían a Pachelo y, en especial, l os afectados durante el día domingo 27 de octubre y en la mañana del lunes 28 de octubre de 2002.
Señalan que la Fiscalía se limitó a llevar al juicio sólo a Villalba -que no era el vigilador asignado el día del hecho- para demostrar que por sus problemas de visión el monitoreo a Pachelo no fue tal. Argumentan que la decisión que critican, al hacer referencia sesgadamente a las “capacidades” de ese vigilador, incurre en arbitrariedad. Añaden que, pese a que se auto percibió como el vigilador asignado al puesto 5, extrañamente el día del hecho lo movieron a La Martinica.
En apoyo de su postura, afirman que Nicolás Pachelo no tenía trato ni vinculación con los guardias y ni siquiera conocía sus nombres, es decir, no sabía siquiera quiénes eran los que lo seguían. Así, destacan que, en las escuchas de Pachelo con Ribas, surge que quería averiguar quién estaba ese día como "sombra" y que no sabía cómo contactarlos debido a que la empresa Cazadores había sacado a los vigiladores del Carmel y no brindaban sus datos. Concluyen que si Pachelo y los vigiladores hubieran estado vinculados de alguna manera como pretende la Fiscalía, esas conversaciones no tendrían razón de ser.
Con respecto al supuesto móvil del perro Tom, mencionan que a fs. 254 del fallo se lee que “en lo personal, la señora García Belsunce adjudicaba directa intervención en la sustracción de un perro de su propiedad y reclamos dinerarios para proceder a su devolución”. Mencionan que la cuestión se retoma a fs. 3 26.
Aducen que, al abrirse los diskettes de la computadora de María Marta, se demostró cómo era la verdadera historia detrás de la desaparición del perro Tom, contada por la propia María Marta.
Pese a ello, consideran que la sentencia atacada recoge los testimonios recortados todos con la misma tijera, pues “es evidente su parigual hechura -lo que el Tribunal de mérito en la mayoría conformada lo advirtió-, aducen todos ellos que el teléfono consignado era el celular y agrega el fallo bajo censura, como particular suspicacia, que precisamente los socios del country -tal como lo era Pachelo- eran los únicos que podían pedir la lista de los teléfonos fijos de sus vecinos del country”. Alegan que, e n el escrito donde María Marta relata los hechos sobre la desaparición de su perrito, deja en claro que los llamados provenían de la seguridad del Carmel y que, cuando le colocaron el detector, dejaron de llamarla para formular esos pedidos, lo cual la propia víctima conectó con el conocimiento de esa circunstancia por parte del personal de seguridad. Señalan que incluso consignó que el propio Álvarez (gerente de la empresa de seguridad del club) sospechó firmemente que alguien de su personal estaba implicado.
Opinan que el fallo adolece de una renuncia a la verdad jurídica objetiva que surge de las pruebas colectadas en la causa y que, por ende, no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Con respecto a la valoración del señalamiento que habría efectuado María Marta García Belsunce en la reunión del 15 de septiembre de 2002 celebrada entre los vecinos del country El Carmel solicitando que echaran a Pachelo, como móvil del homicidio, interpretan que si la víctima dijo algo en esa oportunidad -lo que según Arauz Castez no habría hecho, sino a todo evento la Sra. Pfister-, nadie le contó nada a Nicolás Pachelo acerca de lo que allí se dijo.
Interpretan que, si hubiera tenido algún rencor por el planteo de los socios para irse del Carmel, el blanco habrían sido Arauz Castex o White, quienes fueron a verlo por el episodio de los palos de golf y le pidieron expresamente -antes de la muerte de María Marta- que se fuera del country. Agregan que el tema del perro ocurrió un año y tres meses antes, en julio de 2001.
Subrayan que fue Carrascosa quien, en el debate, dijo que la mucama de Pachelo que hizo el comentario fue Balvina Ávila. Sin embargo, mencionan que los testimonios de la nombrada agregados por lectura -declaraciones de fs. 671/672; 2352/2353 y 7933/7935- como también el video del juicio oral del TOC Nº6 del día jueves 24 de mayo de 2007, demuestran que comenzó a trabajar el día 9 de septiembre del año dos mil dos. Estiman que mal pudo haber contado algo del perro Tom, desaparecido en julio del año anterior. Sumado a lo expuesto, afirman que Ávila señaló que el perro labrador que conoció de Pachelo era amarillo.
Refieren que Cristina Barrientos no supo identificar a qué supuesta empleada de Pachelo se referiría, no recordó quién era ni pudo interrogársela para consultar sus dichos.
Esgrimen que, en el juicio, hubo más de cinco versiones distintas sobre Tom y que el mismo Elorz declaró que investigó sin tener resultado positivo, mientras que Becerra dijo que llegaron a averiguar que Tom estuvo en una veterinaria de Pilar, aunque nunca identificaron al veterinario que supuestamente le advirtió a Cometto que tuvo un perro que era el de María Marta.
En cuanto al testimonio de Cometto, argumentan que no pudo decir a quien le vendió el perro por 150 pesos, que luego dijo que se lo había prestado a gente amiga que tampoco pudo identificar para finalmente afirmar que lo había regalado, aunque tampoco supo decir a quien. Añaden que no supo quién era el supuesto veterinario que le habría dicho que ese perro era de Carrascosa.
Acerca de la versión del testigo Dionisio Simón, manifiestan que, más allá del interés que pudiera guiar sus manifestaciones “algo” extemporáneas con relación a la fecha del hecho (veinte años después), la sospecha de que la causa de la muerte podía ser un homicidio fue comentada durante el velatorio. Sostienen que basta con repasar lo manifestado por María José Díaz Herrera (18/7/22) y John (Juan Carlos) Hurtig en tal sentido y lo incorporado por lectura en cuanto a lo expresado por Constantino Hurtig (diligencia del 19/10/22).
Dicen que, con evidente tono de rencor, Simón señaló que Nicolás nunca le entregó el tres por ciento de la venta de la Tosquera que su padre le habría prometido, porcentaje que le fue reconocido por Francisco Pachelo y Hernán Coudeau, medio hermano por parte de madre.
Asimismo, refieren que, en el primer renglón de fs. 270, se lee que luego de la muerte de Roberto Pachelo, el testigo Simón pasó a desempeñarse bajo las órdenes de los hermanos Pachelo en la tosquera donde refirió que había acontecido la charla.
Asimismo, señalan que, de la prueba rendida, surgió que entre Jaqueline Barbará y sus hijos -por un lado- y Nicolás Pachelo -por el otroexistía una disputa judicial por veinticinco millones de dólares que los enfrentó en un conflicto sin solución reflejado claramente, a su entender, en la animosidad de los testimonios de su medio hermano, hermanastros y madrastra, a quienes les resultaba conveniente la detención de Nicolás para licuar su parte accionaria con aumentos de capitales previo a disponer la venta de los bienes del acervo hereditario.
Concluyen que Pachelo no intervino en la confección (ni en el uso) del certificado médico falso en el que se consignaba que la muerte de María Marta García Belsunce había sido consecuencia de un paro cardio-respiratorio “no traumático”; no creó la idea de “accidente doméstico” sobre el suceso; no participó en la limpieza y alteración de la escena del crimen; no impidió que la autoridad policial ingresara al club de campo “Carmel” el día del hecho; no descartó “pituto” alguno; no contribuyó en la confección del identikit de “La Dama de Rosa” con el rostro de Inés Dávalos Cornejo (ex esposa de Pachelo, oportunamente también sospechada), el que Horacio García Belsunce exhibía en la televisión pidiendo la cooperación de la población para poder dar con ella; no se incautó arma de fuego alguna en su poder ni objeto alguno perteneciente a la familia Carrascosa-García Belsunce; no hay rastros de su ADN en el domicilio de la víctima.
Estiman que dichas consideraciones de interés para la defensa, incluso algunas de ellas mencionadas por la Casación, no son vistas en favor del acusado “sino como opciones de las que no se puede hablar porque involucran a personas ya juzgadas. Interesante, confuso y arbitrario”. Siguen con el análisis de las versiones de los testigos Pedro Miguel Aspiroz de Achával, Santiago Asorey y Marcos Cristiani.
Argumentan que a Pachelo se lo ve ingresar -en su camioneta negraa las 17:38 horas con su hijo Felipe de siete años a quien había ido a buscar a lo de Jimena Jausoro en el Barrio La Herradura después de terminar de jugar al fútbol en Benavidez. Sostienen que fue a buscarlo pese a que podía haber ido directamente cuando salió para Buenos Aires porque le quedaba de pasada, ya que el barrio La Herradura está en el camino de Carmel a Capital a 100 metros de la Panamericana. En ese sentido, aducen que, si Pachelo pretendía cometer algún ilícito, habría pasado a buscarlo más tarde al ir a Capital. En apoyo de su postura, mencionan que Jausoro explicó que podía haber dejado al niño hasta la noche sin problema.
Añaden que, a las 18:59 horas, se ve salir a Pachelo en el auto de su mujer nuevamente con su hijo Felipe. Infieren que en algún momento tuvo que haber ido a buscar dicho vehículo al estacionamiento, sí o sí, entre las seis y las siete de la tarde, lo cual debió demandarle el uso de unos minutos para ir hasta allí trotando y luego regresar en el Siena rojo.
Estiman que, como mucho, estuvo en su casa una hora y cuarto.
Entienden que, durante ese tiempo, por lo menos veinte minutos estuvo -como todos- mirando el partido Boca River hasta que a las seis se cortó la transmisión. Suponen que, fanático como es del fútbol, terminó de escuchar los minutos finales en la radio de la camioneta, lo que sucedió a las 18:07 horas tal como quedó acreditado en la causa. Aseguran que, a las 17:55:35 horas, recibió la llamada que figura de Raquel Castañeda, que en realidad corresponde a Mariana Páez Castañeda, quien trabajaba para Jannots Propiedades, manteniendo una conversación de 68 segundos acerca de la venta de la casa.
Por otra parte, consideran que la lluvia (que le impedía a María Marta practicar tenis) y la camioneta de la víctima estacionada en la puerta de la casa, demuestran que nadie podía dar por hecho que la casa estaba vacía. Sobre el punto, mencionan que la guardia tocó timbre varias veces y llamó por teléfono debido a que la camioneta de María Marta estaba ahí. Cuestionan que se interrogara a Pachelo acerca de por qué ese día tomó el pasaje o sendero, si los chicos Cristiani, Asorey y Aspiroz atravesaron el campito caminando y no fueron por el pavimento. Señalan que, en este punto, Aspiroz explicó que fueron por el pavimento -un camino bastante más largo- y que los otros dos jóvenes explicaron que en realidad se cruzaron. Opinan que el fallo que cuestionan incurre en absurdo y arbitrariedad descomunal, solo comprensible por la falta de inmediación. Esgrimen que el testimonio de Torres fue refutado por el contundente relato del vecino Ferrer, quien viviendo entre las casas de Pachelo y la de García Belsunce, cuando se le preguntó por dónde transitaba para llegar al Club House, a diferencia de los testigos allegados al grupo Carrascosa, objetiva y espontáneamente señaló que tomaba por el atajo del sendero en cuestión.
Argumentan que el planimétrico al que se alude resulta divorciado de la realidad. Aseguran que en la diligencia de inspección judicial que se efectuó durante el debate, para despejar toda duda con relación al sendero, pudo observarse una preciosa calle absolutamente transitable (acompaña imágenes).
Entienden que resulta absolutamente incomprensible sostener que Nicolás Pachelo recorrió setecientos metros haciendo un desvío en forma de herradura -único modo en que podía doblar hacia la izquierda- si podía transitar apenas doscientos metros para llegar desde su casa hasta la casa de la familia García Belsunce (distancia que aparece señalada en verde en la imagen). Añaden que n o se tuvieron en consideración las imágenes incorporadas por lectura al proceso.
En cuanto al horario en que presuntamente vieron al acusado, señalan que los testigos refirieron que, al terminar el partido de River/Boca a las 18:07 horas, unos minutos más tarde salieron para sus casas. Sin embargo, dicen que la propia Fiscalía mostró la salida del auto de la familia Cristiani a las 18:14 horas por el puesto dos. Con base en lo expuesto, entienden que no es cierto que se cruzaron a las 18:15 horas, sino que debió ser antes: “¿18:10 hs.?”.
Destacan que Aspiroz, en el juicio del 2011 al igual que en su declaración del 1 de junio de 2018 de fs. 8825/8829, traída a efectos de verificar sus contradicciones, incongruencias u omisiones (cfr. art. 366 del ritual) dijo que no lo había visto doblar. Estiman que “Al pequeño Aspiroz de entonces, ya le habían metido miedo sobre Nicolás su tía y sus padres, él decía conocer los hechos de robo y sobre lo del perro Tom, lo apodaban ‘VOLDEMORT’”.
También destacan que resulta absurdo que el imputado estuviera corriendo en short con un arma revólver calibre 32 largo que pesa 800 gramos descargado.
Esgrimen que no es cierta la hipótesis que se quiso instalar referida a que, por la lluvia, la víctima llegó más temprano a la casa y sorprendió a quien había entrado a la casa a robar. Sostienen que María Marta jugaba al tenis en el horario de 16 a 18. “Que haya regresado 18.15 estaba dentro de su rango horario, porque quedó explicado que el tiempo no jugado al tenis por la lluvia lo insumió tomando el té en lo de Bártoli. Si tenía la rutina del baño con llenado de bañadera antes de los masajes, no podía ir más tarde que a la hora en que finalmente fue”.
Con respecto a la cuestión de la cronometría que se estableció en la diligencia practicada en el lugar del hecho el 11 de julio de 2019 a fin de contrastar la veracidad o falsedad de los dichos de los menores, aseguran que: una persona tardaría un minuto con treinta y cuatro segundos para llegar trotando suavemente desde la casa de Pachelo a la casa de María Marta García Belsunce; que los menores dieron una diferencia de un minuto y cuarenta segundos desde que los pasó Pachelo hasta que la víctima pasó en bicicleta, tiempo más que suficiente para que el nombrado doblara, en un sentido o en otro; que no pudo ser visto en la calle que va a lo de Belsunce ya que hacer el trayecto entero con un trote suave insumió un minuto treinta y cuatro segundos y corriendo, como lo hizo el Oficial de policía Batalla, cuarenta y tres segundos.
Acerca de la evidencia física, argumentan que, mientras en los dos juicios anteriores el particular damnificado (junto a quienes revestían el carácter de imputados y defensas en aquellos procesos) sostenían la relevancia de los rastros levantados en los procedimientos junto con su perito de parte el Comisario Raúl Osvaldo Torre, en este juicio -de la mano de Salcedo- sustentaron exactamente lo contrario.
Explican que Torre relevó en el mismo año 2002/2003 las manchas en la antesala y determinó que eran de sangre humana. Agregan que explicó que, en la antesala, encontró proyecciones de sangre, para lo que empleó el test de HM, cromatofolio que arrojó sangre humana positiva. Detallan que está grabado afirmando y explicando lo expuesto y que también fueron las conclusiones de su extenso informe.
Aducen que, como esa prueba también venía a demostrar la ajenidad de Pachelo en el hecho investigado, en una muestra indiscutible de falta de objetividad, afirmaron exactamente lo contrario: “Que las evidencias colectadas de manchas hemáticas en la antesala y en el dormitorio no tienen relevancia alguna y que el hecho se habría circunscripto sólo al baño, para lo cual enterraron en el sótano al Perito Torre -tanto así que ni lo convocaron a prestar declaración pese a que estaba en la lista-, y sacaron de la galera a Salcedo, diciendo exactamente lo contrario que aquel. Como dato de color ambos peritos de parte son socios en la formación de la carrera de diplomatura en ciencias forenses”.
Postulan que una cosa son las manchas de sangre respecto a las cuales el autor del hecho podría pensar que si no se lastimó no debería haber sangre suya en la escena del hecho y otra muy distinta el ADN: el mismo principio de intercambio entre el escenario del hecho y el autor que explicó el propio Salcedo, se traduce en que en el escenario del hecho pueden quedar evidencias de ADN de todo orden, más allá de los rastros de sangre (piel, cabellos). Así, estiman que el gesto de ofrecerse para una extracción de ADN y su resultado negativo, no resultan elementos irrelevantes como pretende la Fiscalía.
Asimismo, aseveran que en la reconstrucción en 3D del homicidio, Salcedo nunca demostró cómo ni cuándo se comete el supuesto hecho de robo y que, al ser advertido por el Dr. Andrejin, su respuesta fue: “no sé por qué no está el robo, disculpe”.
Con relación al testigo Mario Rivero (o Ribero según fs. 8105/8106), advierten que, a la fecha de realización del tercer debate, fue escuchado a través de la grabación casera aportada por el investigador privado debido a que había fallecido. Consideran que le formuló constantes preguntas de carácter indicativo que, en el marco de un interrogatorio celebrado en el juicio oral, habrían resultado inadmisibles. Señalan que no prestó declaración juramentada.
Opinan que, si bien el fallo bajo examen toma sólo la primera versión del año 2003 en la que el testigo señaló que hubo disparos sobre la laguna de la tosquera, llamativamente omitió señalar las diferencias con la entrevista del año 2005 según la cual el lugar ya no era el lago de la tosquera, sino la entrada de ésta, distante a cientos de metros del otro lugar. Plantean que las diferencias entre el video que González grabó de la entrevista a Mario Rivero en el año 2003 y la grabada en el 2005 son muy alevosas: “en la del 2005 en el minuto 1:40 dice claramente ‘yo trabajo para el más chico, EL ME PAGA, estoy acá x él’, en alusión a Francisco Pachelo, evidenciando allí el interés de los hermanos de Pachelo que gobernó la producción de estas pruebas (quedó acreditado en el juicio la disputa por una herencia de veinticinco millones de dólares entre los mismos). Luego Rivero dice que Pachelo tiró 5 ó 6 tiros en la laguna, cuando en el video del 2003 dijo Pachelo tiró 2 ó 3 tiros en la puerta de la tosquera. Desde la puerta de la tosquera hasta el lago hay mínimo 120 mts”.
Como una autocontradicción del fallo respecto a la declaración de Mario Rivero, aluden que en los dos primeros renglones de la página 280 consta que “la alusión a un espacio de tiempo sin data exacta”. Sin embargo, señalan que en los últimos renglones de la página 279 se admite que habría ubicado los sucesos en el mes de noviembre (después de la muerte de María Marta García Belsunce) “y aludiendo a un período en el que ya estaba el lío del country, lo cual privaría de interés en esta investigación”.
Sostienen que, a contrapelo de lo que se afirmó en dos oportunidades en el fallo (que el testigo no brindó la data de los sucesos, pese a incurrir en contradicción y decir lo opuesto también en otra parte del fallo), Rivero dijo que “las compras de las balas fueron en NOVIEMBRE” y “después del LÍO del country” (en referencia al homicidio) sumado a que el testigo Simón declaró que Rivero nunca trabajó en la tosquera mientras que los testigos Coudeu y Francisco afirmaron que sí.
En apoyo de su postura, mencionan que el investigador filmó la supuesta compra de diez balas y que, durante el debate, al abrir el sobre, había doce proyectiles. Frente a ello, afirman que el Dr. Rossi pidió el ticket de compra de las balas que se veían en la filmación, ante lo cual el Fiscal Quintana dijo que se había extraviado.
Argumentan que el fallo desmerece la importancia de dicha irregularidad (fs. 279). En ese sentido, se agravian debido a la ausencia de respeto por las reglas de la cadena de custodia de efectos para validar sus contenidos, máxime tratándose de elementos colectados sin la intervención de un funcionario judicial y/o policial en diligencias que luego tampoco fueron recreadas por el testimonio de los sujetos intervinientes para su debido confronte en el debate (cfr. art. 8.2.f. y 14.3.e de la CADH y del PIDCP, respectivamente).
Por otra parte, esgrimen que las cámaras ocultas fueron hechas por Carlos González en violación a la ley 12.297 (art. 7) en tanto fueron realizadas por fuera de toda autorización judicial y del marco regulatorio establecido por dicha norma. Al respecto, añaden que el Sr. González tuvo antecedentes penales y eludió la exoneración porque estaba a seis meses de jubilarse.
Concluyen que el producido de su actividad no se encuentra amparado en ningún marco legal y se trata de prueba ilegal que debe excluirse del proceso, conforme a lo normado por el art. 211 del CPP. Como otra circunstancia que demuestra la arbitrariedad del fallo, mencionan la valoración del testimonio de Marcelo Fabián Maradei (fallecido en 2021), compañero de celda de Pachelo por el año 2005 a quien le habría “confesado” ser autor de la muerte de María Marta García Belsunce. Estiman que, una vez más, se menosprecian la oralidad y la inmediatez que caracteriza el obrar de los jueces de la instancia anterior quienes ponderaron que de haber existido aquella “confesión”, lo habría sido en medio de una circunstancia en la que no debía desecharse “la posibilidad de posicionarse ventajosamente” frente a sus pares del ámbito carcelario con la presunta admisión de autoría de un crimen violento mediatizado. Por otra parte, se preguntan por qué no fueron a buscar los proyectiles si desde el año 2003 sabían que Pachelo supuestamente disparó esa misma arma en el lago de la tosquera.
Advierten que tanto John Hurtig como Hernán Coudeu para el año 2003 habían dicho públicamente que hasta no verlo preso a Nicolás Pachelo no iban a parar: Hurtig, por obvias razones y “Coudeu debido a que si en 2003 lo metían preso con prisión perpetua, estando Nicolás vulnerable económicamente por estar condenado a prisión perpetua, en doce meses mediante aumentos de capital de la sociedad, le licuaban su capital quedándose con su 33% por monedas”. Estiman que el nexo entre Coudeu y los Belsunce fue Arauz Castex, quien a su vez presentó en la Fiscalía de Molina Pico un informe muy extenso en su contra titulándolo “ANÓNIMO”. Asimismo, en lo que respecta al modus operandi, sostienen que la modalidad detectada respecto de Nicolás Pachelo en los hechos precedentes que le valieron la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº15 de la Capital Federal como la serie de hechos que se le imputan en concurso material, ponen en evidencia su condición particular de escruchante.
En el acápite titulado “Sobre la arbitrariedad del carácter de irrealismo propio de representaciones simbólicas y otras calificaciones”, plantean que un tribunal de juicio no puede disponer de hechos pretéritos ya juzgados por sus tribunales competentes para modificar lo que se dispuso. Estiman que no puede ejercerse una suerte de superintendencia o revisión de la cosa juzgada ni de nuevo juzgamiento y tampoco de alzamiento a lo resuelto por los jueces naturales de esos hechos ya juzgados.
Entienden que la valoración de otros supuestos hechos delictivos como prueba de cargo que corresponde a hechos denunciados pero archivados, respecto a los cuales siquiera fue convocado a prestar declaración y tampoco pudo defenderse, afirmándolos como ocurridos y que ahora se citan como indicadores de un perfil criminal que evidenciaría una capacidad específica para resultar autor del hecho, constituye un desborde del objeto procesal que resulta inadmisible.
Interpretan que, en la construcción de un supuesto perfil criminal, se recurre a relatos míticos y no acreditados.
Alegan que la arbitrariedad del fallo sobre el punto queda demostrada por la omisión en la consideración de la evaluación realizada por la perito psicóloga María Eugenia Covacich y la mención de diagnósticos sin fundamentación alguna, cuyos puntos de pericia ni siquiera incluían los aspectos sobre los que se hicieron conclusiones. Así, afirman que el informe de Cicatto y compañía no tenía otro punto más que determinar si el imputado se correspondía con la caracterización de ansiedad propia del ludópata y fue producido en otra causa en la que ninguna posibilidad asistía a la defensa para designar un perito de parte.
Concluyen que debe desestimárselo como “prueba” frente a las conclusiones a las que fundadamente arribó la Licenciada Covacich, quien declaró también como testigo en el debate, y conforme a las cuales se descartó terminantemente respecto del nombrado, el perfil criminal propio del autor del hecho que nos ocupa.
Solicitan que se revoque el fallo condenatorio y se mantenga la absolución pronunciada por la primera instancia.
Formulan la reserva del caso federal.
II. En el memorial presentado, los letrados apoderados del particular damnificado, Gustavo Alberto Hechem y Sebastián Maison, consideran que la decisión de la Sala II de este Tribunal dejó en claro la certeza sobre la participación de Pachelo en el homicidio, ya que las evidencias reunidas forman un conjunto probatorio sólido que fue valorado siguiendo las reglas de la sana crítica racional (art. 210, CPP).
Estiman que el planteo de la defensa referido a la vulneración de la inmediación y, por ende, del debido proceso es infundado. Opinan que la revisión casatoria no requiere de inmediación en tanto su función es revisar la correcta aplicación del derecho y la valoración de la prueba, tal como se encuentra asentada en el registro documental y audiovisual del juicio oral. Señalan que la expresión del doctor Federico Ecke cuando dijo:
“Pareciera que la pregunta ¿quién la mató?, a mi pesar, mantendrá su suspenso. Como anillo al dedo, viene la expresión, ‘algo huele mal en Dinamarca’ -William Shakespeare, obra Hamlet-“, pone sombras sobre la honestidad de los restantes miembros del cuerpo.
Alegan que, fundamentalmente, la presencia en el velatorio del fiscal Diego Molina Pico y del comisario Degastaldi desligan en forma contundente cualquier negligencia que pueda querer cargarse sobre la familia. Recuerdan que la hipótesis sobre la responsabilidad de la familia quedó cancelada por cosa juzgada con grado de firmeza y que, pese a ello, el miembro del tribunal utiliza esa sospecha para desligar a Pachelo. Con respecto a los tres testigos que vieron a Nicolás Pachelo en el momento y en lugar del hecho -los jóvenes Asorey, Cristiani y Azpiroz-, entienden que el juez votante en primer término debió explayarse un poco más para desvirtuar sus dichos desde que fueron testigos directos esenciales de cargo.
Interpretan que queda al descubierto la maniobra dialéctica direccionada del magistrado. En ese sentido, remarcan que la prueba debe ser evaluada en todo su contexto. Así, consideran que la credibilidad de los testigos Asorey, Cristiani y Azpiroz es indudable en tanto desde los trece años -por primera vez ante el Fiscal Molina Pico- declararon de idéntica manera a la que lo hicieron en el curso del debate.
En cuanto al caso Auge, destacan que se trató de un hecho cometido meses después de la muerte de María Marta Belsunce. Aducen que el doctor Ribas, defensor de Pachelo, se apuró en suscribir un pacto de juicio abreviado en el que Pachelo aceptó su responsabilidad penal, aunque en carácter de partícipe, en tanto declaró que mandó a dos personas de Pilar a llevar a cabo el hecho con un arma de plástico. Destacan que la propia víctima en el debate manifestó que el arma que le colocaron en la sien era real, de material metálico, que pudo verle los ojos al agresor y que, años después al ver a Pachelo con barbijo, pudo apreciar los mismos ojos de la persona que la había atacado.
Por otra parte, les resulta insólito que el doctor Andrejín, luego de que los tres peritos a través de sus detallados informes (ratificados además por extensas declaraciones testimoniales) asignaran responsabilidad al encartado en el hecho, solamente extraiga que el autor realizó una escenificación y que dicha conducta se la cargara al médico Gauvry Gordon y a Carlos Carrascosa al haber fomentado la idea del accidente. Concluyen que se trata de una interpretación de la prueba intencionadamente parcial y arbitraria.
Afirman que la empleada de Pachelo, a pesar de ser llevada a declarar por al acusado para salvar la coartada e intentar desmentir a los empleados de la Esso, en ningún momento refirió que su empleador estaba a esa hora en la casa, sino que lo supuso debido a que todos los días se levantaba más tarde.
Plantean que ello no puede ser permitido por el Tribunal Superior desde que se afirma que un testigo dijo algo que “no dijo para poder sustentar su voluntad dolosa de descartar las pruebas de cargo contra Pachelo”.
Añaden que, conforme el VAIC, resulta absolutamente lógico que el imputado haya ido entre las seis y las siete a la Esso y a las 7:56 hs estuviera en la zona del Carmel.
En cuanto a Dionisio Simón, esgrimen que, si bien su testimonio fue tachado por la defensa, el acusado no intentó carearse limitándose a esbozar que declaraba en su contra porque estaba enojado debido a que no le abonó el porcentaje que su padre le había prometido. Aducen que se trata de una excusa infantil del imputado.
Argumentan que la infinidad de escuchas telefónicas que se pudieron apreciar durante el debate resultaron altamente incriminatorias: - Pachelo negaba ante periodistas haber estado en el country desde las 17 hs aproximadamente.
- negaba que lo hayan visto tres jóvenes corriendo por el country a la hora de los hechos (diciendo incluso que si fuera así el Fiscal lo tendría que haber metido preso).
- relataba que tenía miedo de que aparezca una persona (como el señor Rivero de la tosquera) diciendo que compró balas y manipuló una pistola calibre 32.
- conversó con el abogado Guillermo Campos durante veinte minutos en los que manifestó un temor injustificable a que aparecieran sus rastros genéticos en la casa de María Marta que se explica sólo si fue autor del hecho.
- discutía con su madre por la coartada que pretendía imponerle hasta el punto en que la señora Ryan terminó con su propia vida.
Estiman que similares críticas merece el voto del magistrado que se pronuncia en segundo lugar. Al respecto, señalan que el magistrado busca un pequeño detalle en las declaraciones testimoniales que pueda ser puesto en duda, aunque sea menor y circunstancial y no tenga que ver con el contenido de la declaración.
Aprecian que “ni el informe del Vaic ni las constancias de la guardia ni los dichos ambiguos e interesados de la propia empleada de Pachelo desmienten en ningún modo las manifestaciones de 4 personas en declaraciones testimoniales bajo juramento de decir verdad”.
Cuestionan la lógica que el vocal Rossi tuvo por válida: “¿Qué lógica tiene dejar a su hijo en su casa, ir corriendo bajo la lluvia luego de bañarse, doblar a la derecha por un camino de tierra (recién bañado y bajo la lluvia) para subirse al automóvil Fiat Siena de su esposa y luego volver a su casa en ese vehículo para recoger a su hijo, cuando en la puerta de su casa se encontraba su propia camioneta que usaba siempre?”.
Añaden que esa situación fue introducida por Pachelo recién en el año 2017 al prestar declaración en los términos del art 308 del CPP, oportunidad en la que ratificó la previa declaración que en esos mismos términos prestó su ex - mujer Inés Dávalos Cornejo.
Aseguran que no existió durante la investigación preliminar ni durante el debate medio de prueba alguno que confirme los actos defensistas: no hubo ningún testigo ni registros fílmicos y tampoco modulaciones de la guardia que hayan constatado la supuesta salida de Inés Dávalos Cornejo del Carmel o que acreditaran que su vehículo fue dejado estacionado en el Club House.
Esgrimen que, a pesar de los años transcurridos y del doloso direccionamiento de la investigación llevada a cabo por el fiscal Diego Molina Pico -lo que motivó la denuncia por encubrimiento agravado realizada por nuestro representado- las pruebas contra Nicolás Pachelo estaban latentes y siguieron durante el transcurso de los años. Solicitan que se confirme la sentencia de la Sala II de este Tribunal y la consiguiente condena de prisión perpetua contra el señor Nicolás Roberto Pachelo.
III. La Sra. Fiscal titular interina ante este Tribunal, María Laura D´Gregorio, propicia el rechazo del recurso interpuesto.
Señala que no advierte la concurrencia de ninguno de los vicios denunciados para tachar la sentencia por arbitrariedad normativa, fáctica, axiológica o lógica. En ese sentido, opina que los argumentos desarrollados por los recurrentes, antes que demostrar el apartamiento de la solución consagrada por el ordenamiento legal, la deformación de los hechos probados y evidentes, la elección de una posibilidad notoriamente injusta o la violación de las reglas del pensar correcto; solo muestran su disconformidad con la sentencia recaída.
Aduce que debe ser rechazado el pedido de prescripción.
Así, en cuanto a la sustracción de la mentada cajita metálica, considera que fue fehacientemente acreditada por el sentenciante que desarrolló el punto extensamente en el tramo de la resolución donde se analiza la ponderación de las pruebas y su vinculación con el homicidio acontecido en perjuicio de la víctima.
Por otra parte, entiende que el agravio referido a la posible ocurrencia de un homicidio en ocasión de robo, no resiste el mínimo análisis. En primer lugar, destaca que el imputado fue siempre intimado -desde su convocatoria a prestar declaración a tenor del 308 del CPP- por el delito previsto en el art. 80 inc. 7 del Código Penal.
Añade que las características de comisión del evento criminoso impiden acompañar el reclamo. Al respecto, menciona la cantidad de disparos (seis) que la víctima sufrió y que quedó más que probado, que luego del primero, que rebotó en su cabeza, en virtud del cual quedó en un estado de semi inconsciencia, los últimos cuatro disparos, fueron de remate. En consecuencia, entiende que nunca podría haberse subsumido este hecho en el art. 165 del Cód. Penal.
Afirma que el homicidio no fue el resultado del robo, sino que el mismo se produjo, ante la posible frustración de ese robo y el logro de la impunidad de su autor. Por ende, considera que se evidencia en la conciencia del encausado, la existencia de la conexión final, en su aspecto subjetivo, entre la muerte y el delito contra la propiedad, requerida por la figura aplicada.
Sumado a ello, señala que el acusado luego del hecho que se le imputa en esta causa (cometido el 27 de octubre de 2002), cometió otros hechos delictivos, los cuales fueron juzgados y sentenciados en causa N°2083 del registro del Tribunal Oral Criminal N°15 con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos, todos los cuales -en su criterio- hacen operativa la regla establecida en el párrafo sexto del artículo 67 inciso “a” del Código Penal, el cual establece que la prescripción se interrumpe solamente por la comisión de otro delito.
Sin perjuicio de lo analizado, entiende que el reclamo no fue esgrimido en la instancia el cual, de haberlo sido, habilitaría la revisión ante instancia casatoria.
Alega que nada de lo expuesto en punto al derecho penal de autor ha ocurrido en el presente caso, sino todo lo contrario, ya que el imputado fue condenado de acuerdo a las conductas ilícitas que desplegó, las cuales fueron plenamente acreditadas en base a un extenso material probatorio. Asimismo, en cuanto a la posibilidad del acusado de autoincriminarse, plantea que ello también quedó descartado desde que nada de lo que pudo surgir de las escuchas telefónicas entre Pachelo y su abogado se utilizó en su perjuicio.
Aduce que, en la sentencia puesta en crisis, el juzgador a través de un reexamen de toda la prueba producida en la instancia, ha ejercido su plena facultad de revisión con el objetivo (logrado) de suplir déficits de motivación o de fundamentación por parte de los juzgadores, quienes no han efectuado un debido razonamiento probatorio.
En ese andarivel, señala que, tal como lo refiere el juez votante a fs. 206 de la sentencia, se ha obtenido la grabación plena de cada declaración y el soporte tecnológico de la extensión de la audiencia de debate desarrollada, lo que permite, en consonancia con el fallo “Casal”, ejercer la amplia capacidad revisora de aquella, utilizando esos nuevos registros tecnológicos para superar paulatinamente el problema que suscita la inmediación, especialmente cuando se trata de pronunciamientos que vienen precedidos de una deficitaria motivación.
Interpreta que la inmediación, la relación de proximidad temporo-espacial, utilizada reflexivamente como medio de captación de datos efectivamente observables para hacerlos objeto de valoración racional explícita, será fuente de conocimiento racional, y, como tal, susceptible de verbalización y de valoración intersubjetiva, esto es, accesible a la crítica de terceros.
En cambio, considera que tomada como forma de percepción íntima - extrasensorial casi más que sensorial, de un lenguaje gestual subliminalmente emitido, fuente de datos esenciales tenidos por no expresables con palabras y por incomunicables, se convierte en una serie de blindaje del juicio, de coartada o vía de escape del deber de motivar y, por lo tanto, en peculiar garantía de irracionalidad del enjuiciamiento. Argumenta que, tomando como punto de partida de la segunda instancia una correcta y fiel documentación de lo acontecido en la primera y una sentencia motivada con el necesario rigor, la falta de ese contacto original con una parte del material probatorio no representa un obstáculo insalvable.
Con respecto a las críticas que plantea la defensa relativas a la valoración de la prueba, no encuentra configurada ninguna de las causales de arbitrariedad de sentencia planteadas.
Denuncia que los recurrentes se han apartado arbitrariamente de los fundamentos del Tribunal que se ciñó al análisis de la prueba rendida. Advierte que el sentenciante, en el meticuloso desarrollo de la cuestión planteada, aludió a la clara falta de motivación en la fundamentación de los argumentos que conformaron la mayoría que absolvió al imputado Pachelo, vista a la sentencia, reitera, como una unidad lógico-jurídica.
En su opinión, el fallo exhibe un razonamiento coherente, exento de fisuras lógicas, sustentando la certeza alcanzada en un razonamiento lógicamente correcto que por ello habilita el rechazo de la pretensión.
IV. Adelanto que el recurso no habrá de prosperar.
Los magistrados que integran la Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires consignaron en su fallo la materialidad ilícita sostenida por el titular de la acción pública que, según el alcance fijado durante el juicio, quedó delimitada como se transcribe a continuación:
“… ha quedado demostrada la intervención ejecutiva del acusado Nicolás Roberto Pachelo en el apoderamiento ilegítimo -valiéndose para ello del empleo de un arma de fuego calibre 32 largo aún no individualizada, apta para producir disparos- de una caja metálica de color gris de pequeña dimensiones perteneciente a la ‘Asociación Amigos del Pilar’ conteniendo tres chequeras a nombre de la ‘Asociación Amigos del Pilar’ de la cuenta 117000043/6 del banco HSBC (conteniendo la chequera nº1 los cheques que van del número 46501776 al número 46501825, la chequera n°2 conteniendo los cheques que van del número 51452176 al número 51452225 y la chequera nº3 conteniendo los cheques que van del número 52659651 al número 52659700), suceso acontecido el 27 de octubre del año 2002, entre las 18:10 y las 18:45 horas, aproximadamente.
Para ello, ingresó a la propiedad ubicada en la calle Santa Lucía sin número del barrio ‘Carmel Country Club’, sito en la calle Monseñor D´Andrea sin número de Pilar, donde residían María Marta García Belsunce y Carlos Alberto Carrascosa, y mientras se encontraba desarrollando su plan delictivo en el interior de la vivienda, advertida María Marta García Belsunce de la presencia del intruso, en la planta superior de la casa, a fin procurar su impunidad debido al conocimiento que de él tenía la víctima, procedió a propinarle golpes de puño en el rostro y en el cuerpo, producto del cual le provocó a la víctima las siguientes lesiones: equimosis fronto - temporo - malar izquierda (pómulo izquierdo) de 63 por 40 mm, equimosis fronto parietal derecha de 83 por 60 mm, equimosis de pabellón auricular de la oreja izquierda, equimosis en la cara posterior interna tercio superior de pierna derecha de 75 por 50 mm, equimosis en el tercio medio cara anterior de muslo derecho de 35 por 30 mm, equimosis en el tercio medio cara interna del muslo izquierdo de 40 por 50 mm y equimosis en el hueco popliteo izquierdo de 30 por 90 mm., para luego, con la inequívoca voluntad de darle muerte en busca de impunidad, efectuarle con el arma que portaba seis disparos sobre la damnificada, siendo que uno de ellos le provocó una lesión superficial (rebote) en el sector de la bóveda craneana (periostio de 5 por 5 mm de dimensión, impacto éste que rebotó en la cabeza de la víctima y que luego fuera encontrado debajo de su cuerpo), mientras los cinco restantes fueron efectuados a corta distancia (cuatro de ellos a una distancia aproximada de 0/1 de Raffo), siendo que uno de ellos le provocó una lesión contuso perforante con fractura de cráneo (sacabocado parietal de 25 por 15 mm) y los cuatro restantes impactaron en el pabellón auricular izquierdo, que le provocaron fractura con hundimiento en la zona fronto-esfeno-parieto-temporal de 65 por 35 mm de diámetro, siendo éstos los que provocaron el deceso inmediato de María Marta García Belsunce; dándose a la fuga en poder de la caja de la ‘Asociación Amigos del Pilar’ con los efectos anteriormente detallados” (sic, págs. 398 y sigs.). Asimismo, consideraron que las conductas descriptas debían subsumirse en los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado por ser ejecutado para lograr la impunidad y mediante la utilización de un arma de fuego.
1. Ahora bien, en cuanto a la controversia que gira en torno a la manera en que se valoró el material probatorio disponible, advierto que el planteo de la defensa es insuficiente para conmover lo resuelto por mis colegas de la Sala II.
Entonces, en el marco de una revisión requerida por los acusadores estatal y privado, que a la sazón generó que se revocara la absolución y se dictara una condena, procederé a revisar el pronunciamiento dictado por otra Sala de este Tribunal, a tenor del recurso de la defensa, interpuesto contra lo allí resuelto y de conformidad con los lineamientos emergentes del recurso horizontal.
De la mano de la consolidación de la casación horizontal ha surgido el planteo relativo a la tensión que se origina entre las garantías constitucionales del imputado y el derecho al recurso de la víctima. Estimo pertinente esbozar algunas breves consideraciones sobre el punto en tanto se encuentran vinculadas con la queja de la defensa referida a la violación de la inmediación.
Antes de la reforma constitucional de 1994, se consideraba suficiente la existencia del recurso extraordinario federal como vía para acceder a un tribunal superior en casos de condenas dictadas en la instancia casatoria. La incorporación al bloque constitucional de los tratados sobre derechos humanos a través del artículo 75 inciso 22 implicó la revisión de dicho criterio. En efecto, el artículo 8 párrafo segundo inciso “h” de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que toda persona inculpada de delito tiene derecho "de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior" y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclama que "toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley". La inserción de estas garantías convencionales implicó el surgimiento del derecho al recurso o garantía de la doble instancia para quien es perseguido penalmente que específicamente se refiere al recurso contra la sentencia de la persona que, por la decisión del caso, debe sufrir una consecuencia jurídico penal.
Asimismo, sobre la base del precedente "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2004, en el orden interno se fue delineando, a partir del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 328:3399), un recurso de casación de fisonomía amplia y eficaz, debiendo los jueces hacer un máximo esfuerzo de revisión, es decir, “exigiendo que el tribunal competente en materia de casación agote su capacidad revisora conforme a las posibilidades y particularidades de cada caso, revisando todo lo que le sea posible revisar, archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y de derecho, y constituyéndolo en custodio de la correcta aplicación racional del método de reconstrucción histórica” (Casación horizontal, nota de jurisprudencia CSJN, junio 2024).
Las fuentes convencionales y constitucionales también extendieron las atribuciones de las víctimas durante el proceso, marginadas durante mucho tiempo (Derecho Procesal Penal, Maier, Julio B., Parte General. Sujetos procesales, Editores del Puerto, Bs. As., 2003).
Nuestro ordenamiento procesal acuerda a la víctima cuando asume el rol de particular damnificado un conjunto de atribuciones: recurrir en los casos y por los medios y en la forma prevista para los representantes del Ministerio Público Fiscal, aun cuando dicho representante no recurra (arts. 77, 79 inc. 7, 83, 423 y concs., CPP). Por su parte, sabemos que los fiscales están legitimados para recurrir según las previsiones de los artículos 422, 452 y 481 del Código Procesal Penal.
Al respecto, no cabe duda de que la intervención de la víctima como sujeto del proceso penal se presenta como una manifestación del derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva asegurado convencionalmente a partir de los arts. 8 apartado 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1.1). Así, lo ha señalado la Suprema Corte provincial al recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresamente sostuvo que "...el acceso a la jurisdicción por parte de la víctima de un delito [...] deviene fundamentalmente del ciudadano (conf. Informe n°28/92 Com. IDH, ‘Herrera, Alicia Consuelo y otros’, 2-X-1992)” (conf. causa P. 137.823, sent. de 3-VI-2024).
El llamado derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido que asegure, en tiempo razonable, que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables y asegurar una adecuada reparación (Proceso penal y derechos humanos. La influencia normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal argentino. José I. Cafferata Nores, segunda edición actualizada, Editores del Puerto, 2011). Sentado lo expuesto, aun así, debo señalar que la duplicidad de instancias no debe confundirse con la doble conformidad sancionatoria, ya que tratándose esta última de una garantía instituida exclusivamente a favor del imputado (arts. 75 inc. 22, Cons. nac.; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; fallo “Juri”, CSJN), es inevitable que aparezca una cierta divergencia en cuanto al derecho al reexamen integral del fallo condenatorio debido a que, al recurso de la fiscalía y del particular damnificado, no se le concede el mismo alcance que determina la teoría de la máxima capacidad de rendimiento (que permite una fiscalización amplia e integral del veredicto), sino que debe demostrar la arbitrariedad de la decisión.
También en este sentido la Suprema Corte Provincial ha considerado que la circunstancia de que la víctima sea un sujeto beneficiario de las garantías del derecho internacional de los derechos humanos y que, por ende, pueda intervenir en el proceso penal como un sujeto procesal legítimo, no implica que se le deba extender la garantía del derecho al recurso expresamente prevista para las personas acusadas de la comisión de un delito (conf. causa P. 130.555, sent. de 11-VIII-2020).
Asimismo, diferenció el "derecho al recurso" que expresamente establecen tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.2. "h", CADH) como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5, PIDCP) que sólo le asiste al imputado del derecho a recurrir de la víctima que, además, según la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 329:5994) tiene una fuente convencional al emanar de los arts. 8.1 y 25 (CADH) y no el específico 8.2.h (conf. causa P. 137.823, sent. de 3-VI-2024).
Hago un pequeño paréntesis sobre el punto. La casación horizontal surgió jurisprudencialmente como la forma más adecuada para asegurar la revisión amplia de la sentencia condenatoria. En ese sentido, los distintos fallos de la CSJN fueron delineando la garantía en los supuestos de quien es condenado mediante una sentencia que revoca una decisión absolutoria (cfr. doctrina sentada por la CIDH en el caso “Mohamed vs. Argentina”). Para mayor abundamiento, me remito a los precedentes que tratan la cuestión: “Duarte” (Fallos: 337:901) y “Chamblá” resuelto en la misma fecha -5 de agosto de 2014- ; “P., S. M.” (Fallos: 342:2389) y “Maidana” (Fallos: 347:562).
En el ámbito provincial, y a raíz de lo fallado por la CSJN en el expediente “Carrascosa, Carlos Alberto s/ recurso de casación (P. 108.199, res. del 24/VI/2015), la Suprema Corte también fue formalizando una doctrina constante sobre la necesidad de que, en el caso en que la primera sentencia de condena en materia criminal provenga del órgano intermedio (casación positiva), sea este Tribunal quien garantice el contralor del fallo (v. P 129.413, res. 29/XI/2017, P. 119.094, res. 14/X/2015, P. 120.094, res. 28/X/2015, P. 126.355, res. 16/XII/2015, P. 120.997, res. 22/XII/2015, P. 126.248, res. 22/XII/2015, P. 124.628, res. 29/XII/2015, P. 126.436, res. 24/II/2016, P. 118.009, sent. 9/III/2016, P. 119.297, sent. 9/III/2016; P. 117.767, sent. 22/III/2016, P. 122.783, res. 30/III/2016, P. 122.189, res. 11/IV/2016, P. 116.888, res. 18/V/2016, P. 120.784, sent. 1/VI/2016, P. 125.811, sent. 15/VI/2016, P. 122.016, res. 13/VII/2016, P. 120.509, res. 24/VIII/2016, P. 117.956, res. 31/VIII/2016, P. 121.282, sent. 7/IX/2016, P. 125.767, sent. 23/V/2017, e/o).
Entonces, en el marco de una revisión requerida por los acusadores estatal y privado, procederé a revisar el pronunciamiento dictado por otra Sala de este Tribunal. En consecuencia, corresponde analizar si los jueces de la Sala II constataron adecuadamente la arbitrariedad en el razonamiento probatorio del tribunal del juicio (único supuesto que permitía la apertura del recurso fiscal) y, a la vez, garantizar el derecho del imputado a la revisión integral de la primera sentencia de condena.
En esa tarea, traigo a colación el fallo “V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua” en cuyo acápite “B.3.c El deber de motivación y las garantías contra la arbitrariedad del veredicto”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó ciertos lineamientos que posibilitan la casación positiva que aquí se cuestiona.
Remitiéndose a sus precedentes, dijo la Corte que “el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” y que “la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’ y conlleva una exposición racional de las razones que llevan al juzgador a adoptar una decisión. La relevancia de esta garantía se encuentra ligada a la correcta administración de justicia y a evitar que se emitan decisiones arbitrarias. Asimismo, la motivación otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática y demuestra a las partes que éstas han sido oídas” (considerando 254). Añadió que “la motivación de las decisiones adoptadas por los órganos encargados de impartir justicia no es sólo relevante para el inculpado del delito, sino que permite también el control ciudadano de los actos de gobierno, en este caso de la administración de la justicia y los expone a su escrutinio” (considerando 257).
Por otra parte, consideró que la valoración de la prueba no es un criterio arbitrario y que, en la reconstrucción de un hecho pasado, se emplea la lógica metodológica común a cualquier persona, esto es, el método histórico: “en un primer paso delimita las pruebas que tendrá en cuenta (heurística); a continuación valora si esas pruebas no son materialmente falsas (crítica externa); luego valora la verosimilitud del contenido de las pruebas (crítica interna) y, finalmente, llega a la síntesis” (considerando 262).
En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que se analiza es si el procedimiento penal en su conjunto ofreció mecanismos de salvaguarda contra la arbitrariedad y que permitieran comprender las razones del veredicto, es decir, que tanto el imputado y la víctima del delito o la parte acusadora comprendan las razones de la decisión de culpabilidad o inocencia adoptada.
En ese andarivel, surge del fallo cuestionado que “… la denuncia de arbitrariedad que nos convoca se funda, precisamente, en que el uso de la razón para conocer y juzgar de quienes impusieron su decisión en el fallo, ha prescindido de valorar elementos de carácter dirimente para el buen orden de dicha actividad y, en algún caso, también, se ha distorsionado el contenido de información atestiguada durante las sucesivas audiencias” (sic, pág. 206).
2. Retomando lo expuesto en el acápite anterior y ya adentrándome a abordar los planteos esgrimidos en el escrito recursivo, surge que -conforme fue reseñado- los recurrentes estiman que el órgano casatorio se encontraba impedido de asumir competencia positiva debido a los límites que impone el principio de inmediación.
La labor de revisión, como se dijo, implica llevar a cabo un control acerca de la corrección de las inferencias realizadas en una sentencia, precisamente en el sentido de si las premisas (explícitas o implícitas) brindan suficiente apoyo inductivo a las conclusiones.
A diferencia de lo que opina la defensa, no puede sostenerse válidamente, por ejemplo, que enunciados sobre la credibilidad de testigos son o no son controlables en casación. Lo mismo sucede para cualquier otro campo relacionado con la valoración de la prueba, ya que el desafío consiste en desentrañar qué brinda apoyo a un enunciado: si otro enunciado (explícito o implícito) o una percepción sensorial.
En ese andarivel, debe tenerse en cuenta que la motivación exige la reseña de las razones por las cuales el juzgador ha considerado que los hechos resultan probados según criterios objetivos y racionalmente controlables.
En lo que se refiere específicamente a las garantías en la práctica de la prueba, el principio de contradicción es -podríamos decir- la principal. Su efectividad depende en gran medida del cumplimiento, a su vez, de otras garantías que favorecen el examen contradictorio de la prueba y, por tanto, permiten la confirmación y refutación de hipótesis mediante la valoración en conjunto de la prueba: igualdad de armas, publicidad, oralidad, concentración y continuidad.
Sin embargo, una fuente personal de prueba no pone al juez en contacto con los hechos, ya que no es en sí mismo un método de adquisición de conocimiento. Es por ello que destacada doctrina ha señalado que uno de los grandes peligros de sobredimensionar los efectos de este principio, considerándolo un fin en sí mismo y no un medio para mejorar el sistema de decisión judicial, es hacer de él, desde el rigor formalista, un obstáculo insalvable para ejercer un efectivo control sobre la valoración de la prueba (Manual de razonamiento probatorio, Jordi Ferrer Beltrán, coordinador, primera edición mayo 2022).
Siguiendo esos lineamientos, la eficacia y la utilidad de la inmediación radica en que el juez está presente y que, dentro de los límites establecidos por las normas procesales, puede consultar a las partes y pedir aclaraciones a los testigos, observar a los declarantes y sus reacciones. Sin embargo, ese es el límite y la eficacia de la inmediación. La inmediación con la práctica de la prueba constituye una exigencia que tiene como finalidad evitar errores producidos por la intermediación de terceros, sin que sea en ningún caso un instrumento de valoración subjetiva de la prueba ni un límite al control de esa valoración en sucesivas instancias procesales. Es por ello que no resulta racional sostener que, de dicho principio, surge una especie de misteriosa intuición -lo cual supondría inmotivación- en virtud de la cual el juez conoce que el declarante está mintiendo o dice la verdad. Sabemos que ello constituye una afirmación que no encuentra sustento en el conocimiento científico: es absurdo afirmar que si un testigo es vehemente o parece muy seguro de lo que dice, esté diciendo la verdad o, a la inversa, que está mintiendo porque titubea, suda, desvía la mirada, etc.
Resulta oportuno recordar que la credibilidad del testigo no puede dirimirse porque así le "parezca" al tribunal "en virtud de la inmediación", sino porque lo manifestado por aquel es concordante con datos adquiridos en fuentes probatorias diversas. La mera seguridad subjetiva del juez no es suficiente donde el resultado objetivo de la prueba producida no permite una conclusión racional sobre la autoría del acusado. Las impresiones brindadas por la inmediación a los jueces son inocuas si no se motivan.
En consecuencia, lo que los jueces de la Sala II analizaron -no son esas reacciones físicas- sino las declaraciones prestadas junto con las preguntas que se les formularon que, en el caso, se encuentran registradas en su totalidad mediante un soporte audiovisual que posibilitó a este tribunal observar esas particularidades en cada uno de los sujetos que fue convocado al juicio, así como la actuación de las partes en la producción del acervo probatorio sometido a contradicción. Y si bien es cierto que en algunas ocasiones ciertos testigos o peritos debieron alejarse de los micrófonos para, por ejemplo, efectuar señalamientos en un plano, ello no impidió valorar sus declaraciones, las cuales además de ser audibles fueron completadas mediante el acta del juicio, la documentación incorporada y la elaborada durante el debate por los propios declarantes (así sucedió en el caso de los testigos que reconstruyeron el itinerario que hicieron el día del hecho sobre un plano del barrio cerrado, los cuales obran en la carpeta “Instrucción Suplementaria”).
Tal es así que el tribunal de la instancia, a un lado los motivos que sustentan la arbitrariedad de su decisión, prescindió de la transcripción extendida de los dichos de los declarantes debido a que los soportes tecnológicos permitieron registrar íntegramente las jornadas del debate (voto del señor juez Andrejin).
Ello demuestra que, tomando como punto de partida la correcta y fiel documentación de lo acontecido en la instancia, la falta del contacto original con una parte del material probatorio, dadas las particularidades del caso, no representa un obstáculo insalvable para la racional valoración de su rendimiento por otro tribunal. Incluso podría afirmarse que la revisión en una instancia de control -aun en el acotado margen que impone la apertura de la vía casatoria por parte de los acusadores público y privado- permitiría realizarla con cierto distanciamiento para detectar y subsanar eventuales desviaciones irracionales de la apreciación probatoria. En ese sentido, corresponde señalar que se trata de un hecho ocurrido hace más de veinte años respecto al que se celebraron otros juicios a los que concurrieron los mismos testigos que vienen siendo interrogados desde fines del año 2002, sumado a la repercusión mediática que el caso siempre tuvo.
Sobre el punto, los magistrados de la Sala II señalaron que la denuncia de arbitrariedad que en definitiva motivó que, en el marco del recurso fiscal y del particular damnificado, se impugnara el pronunciamiento del voto mayoritario de la instancia para luego -y a partir de las posibilidades que entendieron mis colegas ofrecía el caso concreto- decidir que era innecesaria la realización de un nuevo juicio y activar la competencia positiva, reitero, se fundó “… precisamente, en que el uso de la razón para conocer y juzgar de quienes impusieron su decisión en el fallo, ha prescindido de valorar elementos de carácter dirimente para el buen orden de dicha actividad y, en algún caso, también, se ha distorsionado el contenido de la información atestiguada durante las sucesivas audiencias” (sic, pág. 206).
Corresponde entonces señalar aquí que esta primera decisión de la Sala II de entender innecesario un nuevo juicio, en la medida que encuentra fundamento en las circunstancias concretas del caso -y con esto quiero decir que no puede establecerse como principio general-, no merece censura (arts. 460 y 461, CPP).
3. La defensa sostiene que el fallo de la Sala II de este Tribunal cuestionó la conformación de la mayoría que resolvió absolver a Pachelo. A fin de dar respuesta al agravio, conforme las fojas que mencionan los recurrentes, estimo pertinente reseñar algunos párrafos del voto del señor juez Mancini. Así, expresó a fs. 251/252 que: “No puede dejar de advertir que la adhesión del magistrado que se expide en segundo término agrega fundamentos que, como adición, no llegan a constituir el sustento argumental del razonar de la mayoría, pero que, por ello, tampoco podrían dejar de observarse, pues los argumentos por los cuales se pliega a la adhesión no pueden estar huérfanos de racionalidad y deben constituir, desde luego, una armónica comunidad de ideas y valoraciones que den núcleo suficiente al fundamento común requerido a las sentencias. Ello condición irrenunciable de validez, más allá de los parciales matices que pudieren exponerse sin mellar aquellas imprescindibles coincidencias” y agregó a fs. 256 que “Conviene entonces reiterar que, la adhesión con agregados del señor juez que opina en segundo término no contribuyó al salvataje del primer voto sino que, al contrario lo condujo al naufragio de ambos en los mares de la motivación” (sic).
Coincido con los argumentos vertidos por la Sra. Fiscal ante esta instancia quien destacó que, lejos de plantear una ausencia de mayoría de opiniones, en el pronunciamiento recurrido se destacó que el juez del segundo voto, al abundar sobre el voto del primero y adherir en lo concordante con agregados, no logró sortear los déficits de motivación que habilitaron la casación positiva del fallo del a quo.
En consecuencia, no puedo compartir la particular interpretación que esboza la defensa desde que la decisión puesta en crisis no cuestionó el requisito constitucional de mayoría de fundamentos que deben observar las decisiones judiciales y que habilitaría -en caso de inobservancia- la declaración de nulidad, invalidez que dicho sea de paso tampoco fue reclamada.
4. La hipótesis alternativa que reitera la defensa, frente a la teoría del caso de la acusación, referida a que la caja metálica perteneciente a la asociación “Damas del Pilar” no fue sustraída, resultó descartada por la información aportada por cada uno de los elementos de prueba analizados por los miembros de la Sala II.
En ese sentido, el examen de la evidencia desplegado en la decisión cuestionada logró demostrar la arbitrariedad en el razonamiento probatorio seguido por el tribunal de la instancia, pues solo mediante una justificación forzada podría considerarse que el fin de semana del 25, 26 y 27 de octubre de 2002, María Marta no llevó consigo la caja metálica donde habitualmente se resguardaban ciertos valores de la entidad (sumas de dinero recaudadas en el día, órdenes de pago y los cheques recibidos).
Dicha aseveración fue sostenida por los señalamientos efectuados por quienes eran, para esa época, integrantes de la asociación: María de las Mercedes Pieres e Inés Haydee Burgueño.
Pieres, tesorera de la institución, explicó que durante los fines de semana se llevaba la caja a su casa como manera de resguardarla para no dejarla en la oficina. Fue la encargada de custodiar la caja hasta que, por un problema personal, delegó la tarea en María Marta García Belsunce quien se había ofrecido a reemplazarla.
Burgueño confirmó que María Marta se hizo cargo aproximadamente a mitad de septiembre del año 2002, cuando Pieres sufrió un infortunio familiar que originó que, por un tiempo, suspendiera sus actividades en la asociación. Dijo que María Marta se llevaba la caja todos los días a su casa y que, algunas veces, podía dejarla en los casos en que no iba a estar y podían necesitarla.
Ambas testigos fueron coincidentes al expresar que, a mediados del mes de noviembre y por las actividades propias de la institución, decidieron llamar a Carrascosa para pedirle la caja. Al respecto, Burgueño señaló que, a los pocos días de la ausencia de María Marta, advirtieron que la caja no estaba y que, debido al duelo, esperaron unos días antes de llamar al esposo de la víctima. Aclararon que, al buscar en la casa, encontraron un manojo de llaves en la cartera de María Marta que estaba compuesto por la llave de la caja, la de la oficina y la de la caja de seguridad del banco. Incluso solicitaron que fuera revisado el vehículo de María Marta, que había quedado en poder del hermano, para descartar que la caja estuviera allí. Por su parte, Carrascosa evocó sin contradicciones la búsqueda de dicho objeto en su casa.
También fue valorado el informe de la asociación que cita la defensa. Obra a fs. 1815 y vta. de la causa principal una nota presentada el día 5 de mayo de 2003 por el abogado Sergio A. Pizarro Posse, apoderado de “Amigos del Pilar Asociación Civil”. Allí se consignó la “inexistencia de robo, fraude y/o desaparición de suma de dinero alguna perteneciente a mi representada” y “la pérdida de unas chequeras de titularidad de mi mandante oportunamente denunciadas en el mes de diciembre del año pasado …”. Asimismo, se expresó que el motivo de la presentación se debía a las versiones periodísticas emitidas por distintos medios de comunicación y se adjuntó un recorte periodístico de “El Diario Pilar”.
En el juicio, la testigo Burgueño aclaró que por ese entonces el periodista Grondona hizo circular -en su programa televisivo- la versión del móvil económico del asesinato de María Marta, adjudicándolo a la faltante de una donación. La testigo destacó que la noticia fue replicada por otros periodistas (Mirtha Legrand y Gelblung), aunque todo era mentira. Añadió que cuando ello sucedió, fueron a ver al abogado Pizarro Posse. Conforme lo expuesto, advierto que para la correcta valoración del contenido de la nota firmada por el apoderado de la asociación no puede prescindirse del contexto que ameritó su presentación. Al respecto, surge que la defensa no sólo se desentiende de esa información que fue mencionada en la propia nota, sino también de las explicaciones que sobre el punto aportó la testigo Burgueño en el debate.
Entonces “la inexistencia de robo, fraude y/o desaparición de suma de dinero” se encuentra inexorablemente ligada al descargo que hizo la entidad frente a los rumores periodísticos lanzados acerca de la faltante de una suma de dinero donada -y no otras, menos aun de la caja de seguridad portátil- que habría ocasionado una discusión con María Marta el día anterior a su muerte. Luego, en la misma nota, se dejó constancia de la denuncia de la faltante de las chequeras, que -como se dijo- se encontraban en la caja de seguridad portátil que no pudo se hallada.
Corresponde agregar que, contrariamente a lo que afirma la defensa, Carrascosa dijo en el juicio que, en algún momento, vio la caja en la oficina de María Marta y la describió (dijo “era gris con una manijita y una llave”). Por otra parte, y más allá de lo declarado por Carrascosa, resulta sensato que, tratándose de una de las actividades a las que se dedicaba su esposa, no pudiera aportar mayores precisiones al respecto. Lo mismo sucede en el caso de Bártoli, quien era cuñado de la víctima y no tenía por qué estar al tanto de los acuerdos que María Marta hacía en su lugar de trabajo o en la asociación, como llevarse una caja de seguridad porque otra integrante había sufrido un inconveniente.
A mayor abundamiento, estimo que el recuerdo que Carlos Carrascosa y Guillermo Bártoli pudieran tener acerca de la existencia de la caja, como información aportada al proceso, no reviste entidad probatoria para modificar las afirmaciones a las que razonablemente arribaron los magistrados de este Tribunal para desechar el argumento referido a la necesidad de instalar la sustracción de la caja para justificar el homicidio criminis causae.
En ese sentido, se destacó que: “… resultaría inexplicable que desde tan temprano se estuviera preconstituyendo prueba en apoyo de aquella sustracción -recalcaré que la apertura de la caja de seguridad es del 12/11/02 y la autopsia de los primeros días de diciembre de aquel año-, como también que, justamente, los bienes sobre los que se habría “elegido” hacer recaer la acción sustractiva involucrara una persona jurídica integrada por personas ajenas al entorno familiar, lo cual requeriría contar con su complicidad o su engaño, ampliando sobremanera ‘el entorno’ de implicados” (sic, pág. 211).
Por último, en la decisión cuestionada se precisó que la licenciada María Eugenia Cariac explicó que, si bien la hipótesis del robo fue descartada por la ausencia de desorden en la casa, la comprobación de la desaparición de algún objeto en el lugar del hecho era suficiente para dar asidero a una sustracción en tanto podía ocurrir sin alterar el sitio.
5. La defensa insiste en postular como hipótesis explicativa aquella referida a que las fallas en la seguridad del Carmel, a cargo de la empresa Cazadores, provocó la intrusión de, al menos, una persona extraña al barrio cerrado que cometió el hecho bajo juzgamiento. Asienta sus afirmaciones en la auditoría realizada por la propia empresa de seguridad y en determinadas declaraciones testimoniales.
Ahora bien, observo que el agravio de la defensa se estructura a partir de la información aportada por la mencionada auditoría, pero sin una mínima actividad probatoria que respalde sus inferencias y sin reparar en el razonamiento que siguió el magistrado de la instancia en el voto de la minoría cuando examinó y descartó esa hipótesis y tampoco en los abundantes argumentos vertidos por mis colegas para concluir que el ejecutor del homicidio se trataba de un miembro del barrio cerrado. En efecto, a un lado el distinto nivel de exigencia que le cabe a la comprobación de la hipótesis acusatoria (en términos de suficiencia de la prueba), lo cierto es que la hipótesis de la defensa -si se presenta en el juicio oral- debe ser sometida a una mínima corroboración a partir de la evidencia y ello, está claro, no importa inversión de la carga de la prueba. La posición minoritaria del Tribunal de Juicio acompañó la hipótesis del acusador privado en cuanto a que los domingos, en el cambio de guardia -18:00 a 19:00 horas-, se generaba una ventana que permitía actuar con total libertad. Y que, en particular el día del hecho, se produjeron distintas anomalías en la asignación de puestos de los vigiladores que en el juicio no fueron solventadas. Así, el magistrado consideró que todos los testigos componentes del staff de la “Empresa Cazadores” para aquella época fueron imprecisos en sus relatos dado que, en el interrogatorio, era notorio el empleo de la muletilla “no recuerdo”.
Incluso en la auditoría, sobre la cual la defensa basa su cuestionamiento, se mencionó que estaba presente el vigilador Carlos Alberto Villalba, pese a que fue demostrado que ese día había prestado servicios en otro barrio -La Martinica- por indicación del encargado de la guardia. Villalba (testigo 8) explicó, en el debate, que era el encargado de custodiar al acusado.
Constato que, en el decisorio recurrido, se analizó el testimonio de Eduardo Juan Canedi (testigo 34), presidente de la cooperativa de seguridad que en el año 2002 era sub gerente de operaciones de “Cazadores”, empresa encargada de la seguridad del club “El Carmel”. El nombrado recordó que no había nada roto en todo el perímetro del barrio y que, si bien en el mismo momento del hecho no se revisó debido a que se pensaba en un accidente, afirmó, a diferencia de lo que plantean los recurrentes, que no hubo intrusión externa al barrio.
Corresponde mencionar que, en el acta de debate, consta que el fiscal González pidió dejar asentado que el testigo mencionó que “una vez que se publicitó lo del pituto sin recordar si fue antes o después de que se conoció el resultado de la autopsia se realizó un relevamiento en todo el perímetro, y constató que no habría ocurrido una intrusión de afuera”. También fueron reseñados los dichos de Darío Gastón Bello (testigo 71), empleado del servicio de seguridad, quien dijo que el 27 de octubre de 2002 entró con Ortiz en la camioneta al Club Carmel y que ese día realizó el recorrido externo sin percibir señales de intrusión.
Por su parte Claudio Marcelo Maciel (testigo 80) admitió que la cámara que no funcionaba se encontraba en la parte de atrás del barrio, que no había ninguna cámara que diera a una casa, y que las que no funcionaban daban al perímetro.
Si bien la defensa menciona que el testigo González del Cerro ( testigo 6) hizo hincapié en la franja horaria en la que se había cortado la cámara del sector de Carrascosa y en la falla de los sensores del perímetro, se desentiende que también aseveró que nunca hubo intrusión o algún perímetro violentado en el club, lo cual dio lugar a que el fiscal Quintana solicitara la constancia de dicha manifestación en el acta del debate. Resta añadir que la propia víctima en la nota elevada a la Comisión Directiva del Club el 9 de septiembre de 2001 refirió “Considerando que hemos invertido una gran suma de dinero en colocar un cable de seguridad al perímetro, que hace imposible que se pueda traspasar el mismo sin que suene la alarma y se muestre en pantalla el sector afectado, sería conveniente para tranquilidad de todos los socios una explicación convincente por parte de la empresa de lo sucedido” (fs. 5, sin numerar, de la Instrucción Penal Suplementaria).
Por último, la ausencia de una intrusión externa o de cualquier otra circunstancia que afectara al perímetro fue asentada en el Libro de Actas del personal de seguridad de la empresa del barrio -“Diario libro de novedades correspondiente al objetivo Carmel C.C.”-, efecto incorporado al proceso, donde puede leerse que su chequeo no arrojó novedades durante la jornada del día 27 de octubre de 2002.
Frente a lo expuesto, además, debo señalar que la hipótesis de la defensa no ha logrado la corroboración suficiente que exigen los estándares de prueba. Los recurrentes parten de afirmar que la auditoría demostró que el sistema de seguridad instalado era defectuoso debido a que una cámara (la cámara 15) no funcionaba y los sensores del perímetro fallaban, sumado a lo que testificaron el periodista Strione (testigo 76) y el abogado Fernández Pereira (testigo 78). Luego, infieren que ello permite tener por acreditado que hubo una intrusión de una persona extraña al country.
Esa conclusión no puede aceptarse debido a que se trata de una inferencia que -en su justificación- se opone a la prueba disponible según la cual dicha invasión, el día en que se dio muerte a la víctima, no existió. Vale destacar que, el contenido de todo el cuadro probatorio debe examinarse a la luz de las hipótesis en conflicto, cuyo potencial explicativo debe corroborarse. En esa tarea, el tribunal debe evaluar cuál de cada una de esas hipótesis admite armónicamente los elementos de juicio y explica racionalmente lo sucedido, pues para que una hipótesis pueda ser tenida como válida es preciso que resulte confirmada por una pluralidad de pruebas, que dé sentido a las disponibles y no aparezca desmentida por alguna prueba fundamental contraria.
Entonces, aun en el caso en que una cámara del perímetro estuviera averiada y los sensores fallaran, dicha circunstancia no es suficiente para corroborar que el perímetro fue violado por el ingreso de un extraño debido a que la prueba rendida demostró que ese día no hubo anomalías en al alambrado que cercaba el barrio.
Dado lo expuesto, reitero, se desprende del adecuado examen integral del material probatorio, conforme se dijo en la decisión cuestionada que: “Esta circunstancia viene a acotar de manera notoria el universo de posibles autores del desapoderamiento y muerte violenta de la víctima, pues al ya mermado conjunto delimitado por las variables de que el asalto aconteció en el interior de un barrio cerrado, en el que no se verificó vulneración a su perímetro aquel domingo, en donde no ingresaban -en ese día- ni proveedores ni personal de servicios vinculados con el mantenimiento de las propiedades, es evidente que el ejecutor se encontraba en el Carmel pues, o era socio del club o ingresó con uno de ellos, o cuanto menos, con la autorización de un socio, siendo todavía posible que laborara aquel día en el barrio cerrado. No obstante, y en cualquier caso, además, el autor era conocido por la víctima (cfr. en este aspecto testimonios de Eduardo Juan Canedi, sub-gerente de operaciones de la empresa de vigilancia “Cazadores”, a cargo de la seguridad del predio, declaración de Sansuste, vecino y miembro de la comisión de “El Carmel”)” (sic, pág. 228).
6. Tampoco puedo compartir la teoría del caso sostenida por la defensa que, esgrimiendo nuevamente un examen parcializado del plexo probatorio, afirma que su asistido se encontraba en su casa durante la mañana del día 28 de octubre de 2002.
Al respecto, considero que los recurrentes se desentienden de las razones expuestas en el fallo criticado que demuestran que la valoración del rendimiento de las testificales de los empleados de la estación de servicios Esso, próxima al lugar del hecho, conformaron una de las inferencias cargosas que, a la postre y en la ponderación correlacionada con el resto, permitió fundamentar una resolución judicial condenatoria.
En clave de una concepción racionalista, una decisión sobre los hechos probados basa la justificación en el método de corroboración de hipótesis, no en la creencia de sujeto alguno, sino que repara en si está suficientemente corroborada la hipótesis sobre lo ocurrido que se declara probado.
La valoración del rendimiento de la testifical requiere de dos juicios. Uno primero -externo- sobre el hablante; otro sobre lo hablado. Esto último, a su vez, ha de examinarse en dos planos: en sí mismo, como discurso, para evaluar su grado de consistencia interna y desde el punto de vista de la información que contenga, que ha de ponerse en relación con la obtenida a partir de otros medios probatorios.
Así la práctica testifical se articula en tres tramos: el de la audición del declarante; el de la determinación del crédito que como tal pudiera o no merecer y el que tendría por objeto evaluar si lo narrado es o no cierto. Conforme se reseñó en el decisorio de la Sala II y pudo auditarse del registro audiovisual, los empleados del restaurant de la estación de servicios Esso, Walter Mantovani (testigo 44) y Miguel Ángel Monzón (testigo 45) fueron contestes al rememorar que el lunes 28 de octubre entre las seis y las siete de la mañana, cuando estaban preparando el salón para comenzar el día, llegó Pachelo quien, mientras encargaba lo que consumió, les preguntó si habían escuchado algo o sabían de “la mujer que mataron en el country”.
Ahora bien, la defensa -para derribar la fiabilidad de los testimonios de Mantovani y Monzón- funda su postura en las declaraciones de Balbina Ávila (empleada de Pachelo que trabajaba en su casa al tiempo del suceso) y en determinados llamados telefónicos que se cursaron en la mañana del día 28 de octubre de 2002.
Veamos. Ambos testigos explicaron que, al enterarse que la muerte de María Marta no se debió a un accidente, se les vino a la memoria la pregunta que esa mañana Pachelo les hizo. Fue así que Monzón comentó el episodio con otra vecina del barrio a quien conocía debido a que también acudía al local donde trabajaban, como tantos otros vecinos del Carmel. También refirieron el episodio, protagonizado por el acusado, que se produjo con posterioridad a que sus declaraciones trascendieran, quien ingresó a la Esso “enceguecido, de una forma violenta, desesperado” -según manifestara Mantovani- buscando a Monzón.
Entonces, pese a que las testificales fueron sometidas a confrontación, la defensa -interrogatorio mediante- no logró demostrar la existencia de motivaciones que permitan poner en duda su fiabilidad como fuente de prueba (móviles de venganza, espurios, exculpación de terceros, entre otros) y dieron acabadas explicaciones del modo en que entraron en contacto con los hechos, lo cual resultó corroborado, a su vez, por los testimonios de Gutiérrez y Sanjurjo.
Crescencio Alfredo Gutiérrez, cuya declaración se incorporó debido a su fallecimiento (audiencia del día 17 de agosto), fue el otro empleado de la estación de servicios que pudo dar cuenta de lo manifestado por Monzón, quien luego de que los medios de comunicación informaran que la muerte de María Marta no obedecía a un accidente, le comentó aquello que Pachelo preguntó esa mañana.
La declaración de fs. 506 y 507 de Dolores Gayan Sanjurjo fue incorporada al juicio, sin oposición, debido a que para la época del debate había fallecido (audiencia del día 21 de octubre). En lo que aquí interesa, se reseña que la testigo afirmó que “… la mañana del 28 de octubre de 2002 su esposo se comunicó con ella telefónicamente y le avisó del fallecimiento de María Marta, quien había tenido un accidente, que se había ‘golpeado en el baño’. Agregó, que luego del llamado, decidió concurrir al velorio, pero en virtud de la afectación que le generó la noticia, prefirió hacer algo de tiempo, razón por la cual concurrió a la estación Esso de Panamericana y ruta 25, de la cual resultaba cliente -como tantos otros socios según emergió de la prueba del juicio-, siendo que en dicho lugar le comentó al mozo Miguel Monzón lo ocurrido, quien se quedó azorado por la novedad sobre María Marta. Sostuvo que al rato arribó Nicolás Pachelo quien se sentó con la deponente, cosa que era habitual en los últimos tiempos, a quien le comentó que María Marta había tenido un accidente, que se había golpeado en el baño y fallecido, narración que el acusado escuchó sin hacer comentarios” y que “… tiempo después, cuando ya había tomado estado público que el fallecimiento de María Marta no era un accidente sino que se trataba de un homicidio, encontrándose la testigo en el restaurant de la estación de servicio de habitual concurrencia, el mozo Miguel Monzón le comentó que el lunes 28 de octubre, a la mañana temprano, el acusado Pachelo estuvo en el restaurant, antes del encuentro que mantuviera con ella, y le había preguntado si había escuchado algo respecto a una mujer que habían matado en un country. Señaló la testigo que puso en conocimiento del doctor José Licinio Scelzi las afirmaciones formuladas por el mozo de mención” (sic, págs. 239/249).
La fiabilidad -coherencia y persistencia- de la información aportada también fue evaluada por mis colegas de la Sala II quienes valoraron que: “Desde aquel tiempo, y hasta la fecha del juicio, los testigos Monzón y Mantovani se han mantenido firmes en la afirmación de tales sucesos, mientras al escenario de la imputación subieron múltiples personas -en diferentes roles y señaladas por aconteceres diversos- muchas de las cuales tienen zanjada ya su posible responsabilidad jurídico-penal. Nada de esto permeó hacia las expresiones que los testigos han afirmado desde siempre, a pesar del acoso periodístico -siendo evidente la vocación de no obtener una efímera notoriedad por el caso-, incluso, ni la inquietante presencia de Pachelo -con su estela de “mala reputación”- logró generar perturbación en el contenido de los dichos del testigo cuando, exaltado, el acusado fue por Monzón a la estación de servicios, según explicaron los testigos” (sic, pág. 237/238).
Para cuestionar la corroboración de las testificales de Monzón y Mantovani, como señalé, la defensa invoca el testimonio de Balvina Ávila. En primer lugar, Balvina Elba Ávila prestó testifical en distintas oportunidades: fs. 552/553; 671/672 y vta.; 2352/2353; 7933/7935 y vta., declaraciones que fueron incorporadas al debate por lectura dado su fallecimiento (jornada del 11 de octubre).
Consta en el decisorio puesto en crisis que Ávila, en la primera oportunidad (6 de enero de 2003), declaró: “… trabajaba en el domicilio de Pachelo sito en el country ‘El Carmel’ desde el día 9 de septiembre de 2002 en la modalidad de servicio doméstico cama adentro, ingresando los días domingos a las 19:00 o 20:00 horas hasta el día sábado a las 15:00 o 16:00 horas, en que se retiraba del domicilio” (sic, pág. 245).
Añadió que Pachelo y su familia arribaron el lunes 28 de octubre a la una de la madrugada y que los esperó despierta debido a que le debían entregar las llaves para poder ingresar temprano a la casa al día siguiente y cumplir su labor.
Asimismo, se reseñó que:
-“Afirmó que el imputado Pachelo se levantó a las 9:30 horas, y que cuando lo hizo le comentó a la testigo ‘viste lo que pasó Elva…, se murió una mujer de acá cerca… se cayó en la bañera’, recordándole la dicente que el día anterior había visto dos ambulancias en el interior del country, no hablando más del tema” (sic, pág.246).
-“Que de sus propias manifestaciones puede establecerse que desde su lugar de estancia, sólo ingresó al domicilio del acusado a la 7:30 horas, por lo que nada puede informar con anterioridad a ese tiempo, siendo que la dinámica que relata más luego, pone en actividad a la esposa del acusado encargándose del traslado de uno de sus hijos al colegio, quedándose la testigo al cuidado de los otros niños mientras el acusado descansaba, quien se levantó recién a las 9:30, aun cuando su aparato de telefonía registraba llamados salientes desde mucho tiempo antes.
Según los dichos, o estos primeros dichos, cuando se levantó el imputado estaba en posesión de la noticia -la cual le comentó a la testimoniante- de que se había muerto una mujer que se cayó en la bañera” (sic, pág. 247).
Del examen desplegado por los miembros de la Sala II, se desprende que en la segunda oportunidad en que prestó declaración testimonial -día 3 de junio de 2003- Ávila mutó el repaso de lo sucedido esa mañana y dijo que Pachelo y su esposa se levantaron juntos sin indicar el horario. Agregó que ambos le comunicaron la muerte de la señora García Belsunce. Asimismo, se advierte que la tercera versión fue aportada por Ávila en el año 2017, oportunidad en la que, pese a ratificar sus anteriores declaraciones, expresó que: “… fue ella quien le preguntó a Inés Dávalos -esposa del acusado Pachelo- si sabía que había pasado pues vio ambulancias el día anterior cuando arribó al Carmel, respondiéndole ‘falleció una señora de acá de otra casa’, eso fue a las siete de la mañana, aproximadamente, tomando como referencia que los chicos iban al colegio y el nene entraba a las 7:30 horas”. Añadió que “… el imputado ya estaba levantado por aquel tiempo, que Dávalos fue a llevar al niño al colegio, habiendo egresado Pachelo de la casa al mismo tiempo que su mujer, ‘salieron juntos’…” (sic, pág. 249/250).
También consta en el decisorio que la empleada afirmó: “… la esposa del acusado Pachelo luego de dejar al menor en la escuela hizo mandados, tras lo cual regresó a la casa. También dejó expuesto que Pachelo regresó luego, sin poder establecer -por falta de recuerdo- si lo hizo antes o después del regreso de su esposa al hogar” (sic, pág. 250).
A diferencia de lo que plantean los recurrentes, no puedo admitir que las conclusiones a las que se arribaron resultan “desproporcionadas, arbitrarias e injustas” y que se trata de una “diferencia en el horario señalado claramente atribuible a los más de catorce años de diferencia con los que prestó declaración”.
En primer lugar, no puedo dejar de señalar que entre la primera y la segunda testifical en las que Ávila hizo un cambio rotundo en cuanto a lo sucedido esa mañana, no transcurrieron catorce años como plantea la defensa, sino seis meses durante los cuales la situación de Pachelo -referida a las posibles sospechas sobre su relación con los hechos- ya era pública. Digo porque si la teoría del caso de la defensa se sustenta en intentar acreditar que el acusado se encontraba en su domicilio la mañana y en el horario en que Monzón y Mantovani -testigos de cargo sometidos al contradictorio- lo vieron en la estación de servicios preguntando por la mujer que habían matado en el country, según la función de los estándares de prueba en la distribución del riesgo del error entre las partes, debió respaldar su hipótesis en prueba disponible que permitiera otorgar apoyo suficiente para poder aceptarla como verdadera.
En ese andarivel, las solitarias afirmaciones de los recurrentes no alcanzan para demostrar la arbitrariedad que invocan. En efecto, como Ávila sostuvo en su primera declaración, si ingresó a la casa a las 7:30 hs, nada pudo informar acerca de lo que sucedió con anterioridad a ese tiempo. Luego, si bien dijo que el acusado descansaba, quien se levantó recién a las 9:30, no puede soslayarse que su teléfono registraba llamados salientes desde mucho tiempo antes. En ese sentido, el testigo Christian Daniel Blanco (testigo 39), Comisario Inspector jefe de la Dirección de análisis de las comunicaciones convocado por la Fiscalía, recordó que el relevamiento del VAIC arrojó que el primer movimiento del abonado del imputado se registró a las 7:57 hs cuando el usuario levantó un mensaje de la casilla para lo cual era necesario emplear una clave.
Siguiendo con el análisis, de considerarse fiables las expresiones de Ávila volcadas en su primera declaración, la defensa debió ser capaz de explicar los datos disponibles e integrarlos de forma coherente. En efecto, si Pachelo le comentó a Ávila esa mañana que la vecina había muerto debido a que se había caído en la bañera, la defensa debió reparar en la fuente de esa información para aportarla al juicio, teniendo en cuenta que, según sus propias manifestaciones en el horario del suceso, el matrimonio no se encontraba en el barrio y arribaron cuando ya se había dado inicio al velatorio de María Marta. Al respecto, también estimo acertada la inferencia de mis colegas que repararon en la circunstancia de que “si la noticia la hubiera recibido el imputado de regreso al Carmel en la madrugada del lunes -y siendo que encontró a su empleada despierta y dialogó con ella en ese momento-, no diera aviso allí de la fatal novedad” (sic, pág. 247). Tampoco puede objetarse por arbitraria la inferencia que alude a la incompatibilidad entre las distintas versiones de Ávila sobre lo sucedido esa mañana: “no pueden convivir en armonía las circunstancias de que el lunes 28 de octubre el acusado Pachelo se levantó junto a su mujer; y, a la vez, su mujer se levantó sola mucho antes de las 9:30 llevando a su hijo al colegio y su esposo no se levantó sino hasta las 9:30 horas” (sic, pág. 248). Conforme los criterios que he señalado sobre el proceso de valoración de las pruebas declarativas, especialmente en aquellos casos en los que no han sido sometidas a contradicción, como sucede con las declaraciones de Ávila, no es posible desde la lógica, la ciencia y la experiencia afirmar que el relato de la nombrada se mantuvo coherente y persistente durante la investigación. Sumado a ello, tampoco se encuentra respaldado por otras pruebas que permitan corroborar la información que aportó en sus distintas versiones. En ese aspecto del análisis, no puede pasarse por alto que Ávila era empleada de Pachelo y que tampoco pudo oírse en el juicio a Inés Dávalos Cornejo.
Lo mismo sucede con el informe de las antenas que cubrían el Carmel al que aluden los recurrentes. El especialista Blanco explicó que Movistar informó que eran tres las antenas que tenían cobertura en el barrio, aunque en virtud de las comunicaciones analizadas estableció que fueron dos las que tuvieron injerencia: la 394 (ubicada en la calle Chacabuco 502 de Pilar) y la 215 (ubicada en las calles 11 entre 12 y Camino Almirante Irizar, Parque Industrial Pilar). Asimismo, según el plano que acompañó el especialista (carpeta Instrucción Penal Suplementaria), la antena 215 se encuentra emplazada a 4,5 km del Carmel y distante a 3,4 km de la antena 394. La estación de servicios Esso (ubicada en Ruta 8 y Belgrano de Pilar) a 5,3 km de la antena 215 y a 3,4 km de la antena 394.
Entonces, a diferencia de lo que plantea la defensa y, con base en la explicación aportada por Blanco durante el juicio, la estación de servicios Esso se encontraba dentro del área de cobertura de ambas antenas (la 215 y la 394) que oscila entre siete y diez kilómetros a la redonda. Es por ello que el resultado de esa diligencia no aporta información dirimente para corroborar la hipótesis defensista y confirmar que su asistido se encontraba en su domicilio o en la estación de servicios, como declararon Monzón y Mantovani. Obsérvese que en la decisión puesta en crisis se concluyó que “… la comunicación saliente del celular usado por el acusado realizada aquel lunes a las 07:56:30 tomada por la antena 215 … bien pudo resultar la activación producto de una derivación de otra antena cercana que no estaba en condiciones en ese instante de abastecer el servicio requerido por el aparato de telefonía móvil ubicado bajo su radio” (sic, pág. 243). Por otro carril, estimo que conforme lo motivaron los jueces de la Sala II: “… aun cuando la consulta a la casilla de mensajes del teléfono móvil fuera efectuada desde el mismo domicilio del encartado Pachelo, el horario de su realización, a menos de cuatro minutos de las ocho de la mañana, en nada empece a la presencia de aquel tomando el desayuno, en el horario inusualmente temprano en que -nos dicen- Pachelo concurrió aquel día a la confitería situada en la estación de servicio Esso (sic, pág. 244). Así, tuvieron en cuenta el escaso tiempo que demanda trasladarse del barrio a la estación de servicios, distante a no más de cinco kilómetros y con facilidades de accesos, y la ausencia de inconvenientes extraordinarios en esa mañana que hubiesen sido informados que reclamaran más tiempo para cubrir ese trayecto.
Finalmente, los elementos de prueba que mencionan los recurrentes referidos a la ausencia de registros de salidas o regresos al country y de modulaciones de los vigiladores al respecto, tampoco permiten justificar la hipótesis fáctica propuesta por la defensa.
En ese sentido, advierto que, tal como se señaló en el fallo recurrido: “… los testimonios de los vigiladores, socios y el supervisor de la empresa encargada de la seguridad, dieron cuenta que junto a aquellas convivían tarjetas ‘genéricas’ que habilitaban el paso, usadas en ocasiones cuando los socios expresaban que no tenían la tarjeta personal en su poder. De hecho, para la salida del acusado la tarde del domingo en que asaltaron la casa de la víctima, registrada a las 18:59 hs., no se utilizó la tarjeta personal del imputado, tampoco la de su esposa” (sic, pág. 251).
Lo expuesto también queda demostrado debido a que, si como Ávila dijo, Pachelo y Dávalos Cornejo se fueron cada uno por su cuenta minutos después de las siete de la mañana, esa salida no se encuentra registrada, conforme se reseñó en el fallo criticado.
Asimismo, en cuanto a la ausencia de modulaciones de los vigiladores respecto a los movimientos de Pachelo y a las cámaras de seguridad, los miembros de Sala II señalaron que dicha evidencia marcha a contramano de la hipótesis que se pretende sostener. En primer lugar, debido a que -en la decisión de la instancia- no se especificaron las fuentes que permitieron concluir que de la ausencia de modulaciones o de los registros de las cámaras de seguridad emplazadas en la guardia del barrio podría inferirse que Pachelo permaneció en su domicilio. Al respecto, indicaron que: “… del acopio de audios e imágenes -más que numerososque llegan incorporados al juicio como prueba disponible, hace difícil encontrar entre ellos a los ‘registros de comunicaciones’ y de las cámaras de los accesos a los que se hace mención, reitero, la mañana siguiente a la matación de la víctima, elementos que habrían inspirado la convicción del juzgador, siendo éstos soportes materiales bien distintos a las planillas de entradas y salidas que el juez de primer voto examinó con el mismo sentido” (sic, pág. 253).
Sumado a ello, observaron que Ávila manifestó que Dávalos Cornejo salió con su hijo mayor para llevarlo al colegio, aspecto este sobre el cual se mantuvo uniforme en sus distintas declaraciones. Sin embargo, las modulaciones del personal de vigilancia no dieron cuenta de esa salida. Vale añadir que el debate permitió dejar al descubierto las dificultades e inconvenientes que presentaba la vigilancia del Carmel, más allá de la hipótesis fiscal -abandonada por falta de pruebas- y sostenida por el acusador privado en cuanto a la connivencia de ciertos vigiladores con Pachelo para cometer ilícitos. Al respecto y a modo de ejemplo, puede mencionarse que una de las víctimas del robo de los palos de golf y presidente del Club en el segundo semestre del año 2002 (que reemplazó a White cuando renunció), Fernando Andrés Sansuste (testigo 7), explicó que la seguridad en un club era algo muy caro: “un hombre más o un hombre menos sale mucha plata”. Expresó que pidieron a la empresa que hicieran todo lo posible para estar al tanto de los movimientos de Pachelo dentro del club, aunque no iban a designar una persona para que lo siguiera. Recordó que debían comunicar si notaban algo extraño, cuando salía y cuando entraba.
El testigo añadió que, en una oportunidad, la fiscalía pidió un detalle bien claro, dentro de un período determinado de quién había entrado, salido del barrio y en qué horarios. Dijo que la computadora registraba lo que quería, que proporcionaron lo que había y se aclaró que podía no tener certeza. Señaló que los libros de guardia eran responsabilidad de la empresa de seguridad y que nunca los había inspeccionado.
Tampoco es cierto que el único vigilador convocado por la fiscalía al juicio fue Villalba. A modo de ejemplo, puede mencionarse que Diego David Rivero (testigo 79) aclaró que Pachelo sabía que lo seguían porque se escondía entre las casas o apagaba las luces del auto. Refirió “Pachelo la hizo bien ese día porque se fue del barrio y no pasó la tarjeta”, expresión de la que se dejó constancia en el acta de debate.
Como señalé en párrafos anteriores, las fallas de seguridad también fueron admitidas por Claudio Marcelo Maciel quien, además, afirmó que Pachelo sabía que lo seguían y se los demostraba y que, a veces, salía a perderlos. Aclaró que había una tarjeta que estaba en la guardia que se utilizaba para abrirle a quienes se la olvidaban y que eso ocurría con mucha gente. Específicamente con respecto a las modulaciones, no recordó que las hubiera ese día -27 de octubre- en relación a Pachelo. Añadió que Alberto E. White le preguntó “si Pachelo estaba cuidado”, contestándole que sí. Dijo que la pregunta le resultó extraña debido a que, si se trataba de un accidente, no entendió por qué preguntaba por Pachelo.
Atilio Andrés Peretti (testigo 82) expresó que debía vigilar a Pachelo en el puesto cinco, aunque ese día lo mandaron al que estaba ubicado frente al golf (entrando a la izquierda). Refirió que no conocía a Pachelo ni éste le hizo ninguna propuesta. Aclaró que le informaron el nombre y la casa, tenía que reportar si entraba o salía, sin embargo, nunca le dijeron quién era. Que la orden de seguir a Pachelo se la dio Maciel. Recordó que, pese a ser el encargado de vigilar el frente de la casa, durante el tiempo que estuvo, no vio salir ni entrar a Pachelo. Manifestó que el día del hecho pidieron que hicieran silencio de radio, ya que habitualmente las novedades se daban cada hora.
Carlos Alberto Villalba aportó que modulaba cuando veía un bulto. Expresó que, en una oportunidad en que estaba detrás de la ligustrina, Pachelo le dijo que sabía que lo vigilaba. Agregó que, con posterioridad al hecho, alguien le refirió que tenía que decir que estaba en el Carmel. Los encargados de vigilar el día 27 de octubre de 2002 a Pachelo también prestaron testimonio durante el debate, aunque y tal como lo señaló el particular damnificado en el juicio, invocando su falta de recuerdo no pudieron aportar precisiones de interés para el esclarecimiento de los hechos. Tales los casos de Víctor Hugo Contreras (testigo 85) y de Ramón Alfredo Acosta (testigo 77).
El abordaje de la información analizada demuestra que no se advierten fallas en cuanto a la selección de las premisas -las que resultaron correctas- ni en las conclusiones que de ellas se desprendieron, todo lo cual lleva a justificar los argumentos expuestos por los magistrados de la Sala II en cuanto a que “… la pregunta muestra que Pachelo sabía que habían matado una persona, que es[a] persona era femenina que, en el coloquial uso en que fue utilizada la palabra ‘mujer’, venía especificando, cuanto menos, que no se trataba de una niña ni una joven, y que, además, esa persona había sido ultimada en un country” (sic, pág. 260) y que “Frente a ello, resulta simple derivar en la libertad de acción de Pachelo, particularmente, en la ventana de tiempo que se habría al momento de efectuarse los relevos del personal, justamente, en período en que los vecinos próximos a la casa de Pachelo -incluida la casa de Carrascosasufrieron los asaltos a sus domicilios. Es claro que, como se verá con más detalle, el propio acusado admite una salida del domicilio en busca de automóvil de su esposa el día del hecho que absolutamente nadie advirtió” (sic, pág. 328/329).
7. Si bien la defensa hace hincapié en la “verdadera historia detrás de la desaparición del perro Tom” para intentar justificar la inocencia del imputado, observo que desatiende que el ingreso al domicilio de la víctima no se atribuyó a una finalidad vengativa, sino a la sustracción de bienes ajenos (pág. 329).
Conforme se reseña en el fallo sometido a revisión, fueron múltiples y concordantes las testificales que dieron cuenta que la víctima sospechaba de la intervención de Pachelo en la desaparición del perro labrador, color negro, de nombre Tom. Así, se dijo que ello fue expuesto con detalle por: “… el viudo de la damnificada, señor Carrascosa, como también el testigo Horacio García Belsunce, María Laura García Belsunce, la testigo Patricia Reyes, quien laboraba con María Marta en la fundación, quien se enteró por boca de Susan Murray que la víctima sospechaba de Pachelo. Incluso la testigo Luaces, quien personalmente colaboró con la víctima en el pegado de afiches en Pilar en donde se solicitaba noticias respecto de quien pudiere aportar datos sobre el perro de mención, cuya imagen estaba retratada en aquellos anuncios.
En la misma dirección, fueron auditados los testimonios de Sansuste, Arauz Castex, como también Alfredo Atilio Torres, encargado de la proveeduría que funcionaba en el interior de El Carmel, quien agregó sobre este particular, que conoció al labrador negro -“Tom”- de María Marta, siendo sabedor que se lo habían robado, escuchando el deponente cuando una empleada le decía a la otra con la cual se encontraba charlando, que Pachelo tenía al perro en una “piecita”. Sobre los detalles de aquella charla, indicó, se trataba de personal doméstico, una era la empleada que trabajaba en la casa de Pachelo, y la otra no recordaba para quien laboraba. También Carmen Aberastain, amiga íntima de la víctima, dio cuenta que María Marta le comentó la desaparición del perro, el pedido de rescate y la convicción de la víctima que había sido Pachelo, a quien le tenía miedo. Irene Hurting se expidió en igual sentido.
En pareja dirección, Cristina Barrientos, empleada doméstica que trabajó en casa de la familia Fister, sostuvo que en una oportunidad la empleada del acusado Pachelo le comentó que éste tenía al perro y pedía rescate, situación [que] se la relató a su empleadora” (sic, págs. 326/327). En el contexto señalado, las objeciones referidas a si fue María Marta quien en la reunión del 15 de septiembre de 2002 -en la que (conforme lo expresaron Sansuste y Araoz Castex) se trató el tema de lo que debía hacerse con Pachelo debido a su clara participación en los robos de los palos de golf- llevó a colación la sustracción del perro o la señora Pfister o si los panfletos que prometían una recompensa por la devolución del perro contenían uno o varios teléfonos de contacto, carecen de virtualidad para desacreditar las contundentes conclusiones a las que arribaron los miembros de la Sala II.
Lo cierto es que las cartas que menciona la defensa demuestran que María Marta sabía que su perro no estaba perdido, sino que lo habían sustraído y que le llamaban la atención ciertos sucesos con la guardia del barrio (por ejemplo, por qué no sonó la alarma del perimetral a la hora que teóricamente Tom se escapó -conforme nota atribuida a la víctima de fs. 3, sin numerar, de la Instrucción Penal Suplementaria-, por qué el llamado se hizo al teléfono de la guardia del Carmel cuando no figuraba en ningún lado que el perro era de allí -conforme nota atribuida a la víctima de fs. 3, sin numerar, de la Instrucción Penal Suplementaria-, que luego de que el gerente de la empresa de seguridad colocara un detector de llamadas, no se formularan más comunicaciones con la finalidad de requerir dinero a cambio de la entrega del perro). A tal punto fueron sus sospechas que surge de los textos atribuidos a María Marta y acompañados a la Instrucción Suplementaria (fs. 5 y 6, sin numerar) que había formalizado una denuncia penal y que reiteraba la solicitud a la Comisión Directiva del Club para que le informara los vehículos de socios y no socios que habían ingresado al barrio durante la tarde del lunes 23 de julio de 2001.
Sobre ello no se advierte que se hayan recabado distintas versiones, más allá de las dificultades para establecer qué fue lo que sucedió con la mascota luego de su sustracción. Los hechos señalados no se enlazan con la teoría del caso de la defensa que pretende demostrar la inocencia de su asistido, sino que abonan la hipótesis acusatoria en cuanto a que existía una vinculación entre Pachelo y ciertos guardias de seguridad para sustraer bienes en las distintas propiedades del club.
En cuanto a las manifestaciones de Carlos Alberto Carrascosa (testigo 51), del examen del registro audiovisual, no surge que el nombrado tuviera certeza acerca de quién era la empleada que trabajaba en ese momento en la casa de Pachelo. Carrascosa señaló que: “Un día se presenta la Sra. de Pfister y le comunica que su mucama había hablado con la mucama de Pachelo, que se llamaba Balvina o Albina, que le comentó que el perro había estado dos días encerrado en la casa de Pachelo”. Explicó que, a raíz de ello, la comisión hizo una reunión por la seguridad debido a los robos de los palos de golf y otras sustracciones en las que no se había detectado que fuera gente de afuera. Aclaró que, además, en esos hechos, quien robaba quería hacer notar que era alguien de adentro, ya que, por ejemplo, cuando sustrajeron los palos de golf de Sansuste, a la mañana siguiente, apuntando hacia su casa, apareció un gorro de su bolsa. Que se hizo una investigación y se descubrió que el perro estuvo en lo de Cometto, donde lo había dejado Pachelo y que como nunca le pagó, decidió venderlo. Por su parte Cristina Esther Barrientos (testigo 10) dijo en el juicio que conocía a María Marta porque tenía una amistad con su empleadora, la Sra. Pfister. Que sabía que María Marta tenía un perro. Recordó que una noche en que salió a caminar, se encontró con la empleada de Pachelo quien le contó que Pachelo tenía el perro de María Marta y pedía rescate. Agregó que esa noche estaba con Silvina Monzón quien trabajaba en la casa de Martins. Explicó que no recordaba el nombre de la empleada debido a que Pachelo cambiaba muy seguido. Tampoco pudo precisar cuánto tiempo antes de la muerte de María Marta sucedió el encuentro. Añadió que le transmitió lo que escuchó a Pfister, quien reaccionó sorprendida. Dado lo expuesto, estimo que las consecuencias acerca de la incertidumbre sobre quién era la empleada de Pachelo que mantuvo la conversación con Barrientos deben ser asumidas por la defensa en tanto se encontraba en una posición inmejorable para aportar al juicio su testimonio si su estrategia era interrogarla para refutar los dichos de la empleada de Pfister, volcados en el debate que fueron ratificados por otros testigos, como Alejandro Araoz Castex (testigo 9). En efecto, nadie mejor que Pachelo para indicar quién pudo haber sido la empleada que habló con Barrientos, si Ávila no trabajaba para esa época en su casa.
Tampoco puedo coincidir con las apreciaciones de los recurrentes en relación a la testifical de Florindo Santiago Miguel Cometto (testigo 16). El nombrado especificó en el juicio el derrotero del perro a partir de que Pachelo se lo dejó en su criadero. En ese sentido, aclaró que primero se lo prestó a un amigo que alquilaba una quinta y que luego lo vendió o regaló a una pareja que se lo llevó. Agregó que, con posterioridad, el veterinario que atendía sus perros lo llamó para preguntarle si el labrador tenía algún problema en la pata a lo que le contestó que sí, ya que tenía una lastimadura curada.
No puedo dejar de mencionar que los recurrentes ignoran lo declarado por Raquel Fait (testigo 22) en el contradictorio. La nombrada, citada debido a que fue mencionada por Deborah Luaces (testigo 20), explicó que era amiga y testigo de casamiento de Lucas Laurens, primo de Pachelo, aunque aclaró que con el nombrado sólo se relacionaba en eventos sociales. Dijo que visitó el domicilio de Pachelo en distintas oportunidades (cuatro, cinco o seis veces) y que conocía a Inés. Recordó que, durante un asado al mediodía en casa de conocidos (una tal Cony), pasó Pachelo en la camioneta con un perro, un cachorro oscuro. Destacó que recordaba la situación porque había sido rara en tanto se trataba de un perro perdido en el country y había enojo por ese motivo. Al respecto, explicó que Lucas se preocupaba por su primo y le dijo: “hacés esto y vas a molestar en el Carmel”.
Pachelo y la testigo se enfrentaron en un careo en el que el acusado negó conocerla y afirmó que no había ingresado a su casa. Dijo que conocía a Cony y que no había levantado un perro en el country.
Sumado a ello, Nicanor Cetra Estrada (testigo 40) recordó que Nicolás lo llamó para pedirle si le podía cuidar un perro que había atropellado en la Panamericana. Aclaró que tenía sentido que se lo ofreciera al declarante, es decir no era descabellado, ya que sus padres tenían una quinta grande donde había cuatro caniles desocupados debido a que en una época tuvieron un criadero.
Por último, los recurrentes omiten considerar que también en la declaración de Alberto Enrique White de fs. 552, incorporada por lectura a pedido de la defensa y sin oposición de la contraparte (audiencia del 12 de octubre), consta que el nombrado expresó que, en la referida reunión, María Marta reprochó a la vigilancia no haber investigado el episodio del perro. En consecuencia, resulta razonable afirmar, como lo hicieron los magistrados de la Sala II, que el antecedente del perro si bien no constituyó el móvil del homicidio, permite explicar la actitud posterior asumida por María Marta “-quien se constituyó a partir de allí en proactiva protagonista de las acciones de los socios en busca de establecer mayores restricciones de movimientos de Pachelo y su esposa dentro del barrio cerrado, incluida la evaluación de la posibilidad de expulsión de ‘El Camel’, (cfr. testimonios de Carrascosa, Sansuste, Arauz Castex, White, entre tantos otros)-…” (sic, pág. 330).
8. Estimo que el intento de la defensa por desmerecer el testimonio de Dionisio Alcides Simón (testigo 59) tampoco merece prosperar. El testigo explicó que conoció al padre de Pachelo en el año 1976 cuando comenzó a trabajar con él en el rubro inmobiliario y luego en la cantera. Detalló que era socio de Roberto y poseía el 20% de la inmobiliaria. Señaló que, en el año 1989, comenzó a trabajar para Roberto en la tosquera, mediando mucha confianza entre ellos.
En lo que aquí interesa destacar, Simón dijo que se enteró “de la muerte de la señora” dos o tres días luego -martes o miércoles- debido a que “Nico” fue a la oficina y le hizo una pregunta “rara”. Afirmó que lo interrogó acerca de lo que pensaba de la mujer que mataron, si no aparecía el arma. Que le contestó que pensaba que no iba a pasar nada, a lo que Pachelo dijo “el arma debe estar en La Pampa”.
Agregó que, en la charla, Pachelo le comentó lo que le había preguntado a un mozo de la estación de servicios sobre si había algún comentario de la mujer que habían matado.
El testigo señaló que, en ese momento, pensó que la había matado por “el tema del perro”. Aclaró que había llevado al animal a la tosquera y que se lo vendió a un hombre a quien llamó “el mago”, dedicado a la venta de perros.
Recordó Simón que Roberto Pachelo le había prometido el 3% de lo producido por la venta del campo. Acotó que cuando Agustín y Pancho Pachelo vendieron sus partes le dieron lo prometido, no así el acusado. Sentado ello, estimo que “el rencor” al que alude la defensa que habría movido a Simón a testificar en contra del imputado, implica arribar a una conclusión que no encuentra correlato en la prueba disponible. Para desestimarla, los jueces de la Sala II tuvieron en cuenta que, ya en el expediente Nº39.124 del ex Juzgado Criminal y Correccional N°11 de San Isidro caratulado “Pachelo, Roberto Luis s/suicidio”, incorporado como prueba al juicio, Simón se había expedido en términos comprometedores hacia al acusado dando cuenta de su problemática relación con el padre como también de la violenta conducta asumida sobre el anuncio de que daría muerte a Roberto Pachelo, quien a los pocos días amaneció en la casa que compartían con un disparo en la cabeza.
Por otra parte, tuvieron en cuenta que Pachelo, en su descargo, negó la charla recreada por Simón, afirmando que en el año 2001 decidieron cerrar la tosquera y poner en venta el predio, que no se volvió a abrir y que, desde que se cerró, no tuvo contacto personal con el testigo quien se marchó a otra tosquera. Asimismo, dijo que Simón lo llamó varias veces reclamándome un porcentaje (3%) sobre la parte correspondiente al imputado, lo cual nunca le reconoció, lo que motivaría los dichos del testigo inspirados en dicho rencor.
Nuevamente advierto que las especulaciones vertidas por el imputado y, por ende, las conclusiones a las que arriban sus defensores no encuentran respaldo en la evidencia disponible. En efecto, conforme fue reseñado en el fallo sujeto a revisión, entre Simón y el acusado, fue registrado un intercambio de llamadas durante los días 31 de octubre y 1, 2, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 26, 28 de noviembre de 2002 que dieron lugar a la apertura de las antenas 215 y 394.
El testigo Blanco explicó que, para esa época, la antena 215 -por su cercanía- comprendía en su área de cobertura a la tosquera.
También los registros dieron cuenta de la activación, por aquellos días, de diversas antenas -tales como las 454, 209, 494- que respaldan que en su desplazamiento Pachelo pudo acudir a la tosquera, situada a poca distancia del centro de Pilar donde se ubica la antena 394 (cfr. Vaic, Chacabuco 502 a 598, e/Pedro Lagrave e Hipólito Yrigoyen, Pilar). Aunado a lo expuesto, se reprodujo la escucha telefónica entre Simón y Pachelo -casete 12, loc. 51, del 2 de abril de 2003- en la que los interlocutores pusieron de manifiesto que la tosquera debía reabrirse. Previo a ello hubo un mensaje de voz de Pachelo al testigo. Otros registros, como el del 15 de abril de 2003, demostraron que la relación subsistía, incluso por temas que excedían cuestiones puramente comerciales.
9. Considero que la defensa tampoco logra desbaratar el análisis y fundamentación que, de los testimonios de Santiago Asorey (testigo 62), Marco Cristiani (testigo 63) y Pedro Miguel Aspiroz de Achával (testigo 65) junto a otros elementos de prueba ya referidos, hizo la Sala II para tener por acreditada la autoría del acusado en el hecho endilgado.
Marco Cristiani, en lo que aquí interesa, explicó en el debate que sus abuelos tenían una casa en el barrio Carmel -la que se identifica en el mapa como Peralta Ramos-. Aseguró que el día del suceso, estaba en el club house de menores mirando el partido River Boca. Recordó que salió cuando terminó el partido y regresó caminando con Pedro y Santiago. Expresó que hicieron el camino que hacían siempre acortando por la cancha de paddle y que, antes de llegar a la esquina de “lo de Levis”, se cruzaron con Pachelo. Aclaró que iban en dirección a Peralta Ramos. Que el cruce sucedió en la esquina de Piazza y Levis, en la misma dirección por la calle lateral. Añadió que lo vio corriendo esa cuadra porque cruzó enfrente y quedaron detrás En cuanto al acusado, describió que vestía un short y tenía colocado un buzo negro. Explicó que a Pachelo le decían el innombrable por los libros de Harry Potter, que sabían que había robado y que le tenían respeto. Ante la pregunta de la defensa, aseguró que nunca fue influenciado para decir algo.
Al igual que Cristiani, Santiago Asorey dijo que vio el partido en el club house de menores y que ni bien terminó el superclásico volvió con Marco a la casa de los abuelos de éste porque desde allí volvía a Buenos Aires con los papás de su amigo.
Conforme fue reseñado en el fallo, acorde al registro audiovisual del testimonio, también Asorey sostuvo que salió del house de menores caminando con Marco y Pedro Aspiroz, cruzaron el descampado ubicado detrás de las canchas de paddle y que, al llegar a la esquina de la casa de Piazza, doblaron a la derecha, momento en el que observó a un hombre trotando en pantalón corto y con un buzo negro con capucha. Aclaró que Marco y Pedro le dijeron que era Pachelo, que si bien de cara no lo conocía, su madrina le había comentado que era una persona peligrosa. Dijo que cuando estaban en el estacionamiento de la casa de Marco, escuchó los rayos de una bicicleta y ahí vio a María Marta pasar en la misma dirección que iban ellos y Pachelo.
Refirió que al enterarse de que a María Marta la habían matado, inmediatamente su mente asoció a esa persona que era peligrosa, lo que motivó que fuera a contarle a su padre lo ocurrido esa tarde. Afirmó que luego, sus padres lo llevaron a declarar a Pilar. Aseguró que sus padres no incidieron para que declarara de alguna manera. También señaló que a Pachelo, entre ellos, le decían Lord Voldemort porque era el villano o el innombrable, y les inspiraba miedo.
Por su parte, Pedro Aspiroz recordó, al igual que sus amigos, que apenas terminó el partido River Boca fueron para su casa debido a que tenían que regresar a Buenos Aires. Aclaró que conocía al acusado Pachelo del barrio y de verlo en el club house, que nunca había hablado con él, aunque sabía que era “un tipo complicado, que afanaba, con algún antecedente violento con algún vecino, no era una persona de buen nombre en el barrio”. Dijo que escucharon que iba trotando por detrás y que estaba vestido con un buzo negro con capucha y un short blanco. También vio a María Marta en bicicleta quien lucía un piloto. Explicó que conocía a María Marta debido a que de joven había hecho lío y ella se encontraba en el tribunal de disciplina del country.
El testigo aseguró que primero Pachelo “dobla a la izquierda y después María Marta”. Señaló que no recordaba cuantos metros separaban a María Marta de Pachelo, pero podía afirmar que estaba más cerca de la casa de Carrascosa que de Asorey. Añadió que vio a Pachelo llegando a la boca calle. Dijo que María Marta lo saludó a la altura del cono blanco, que lo saludó y dobló. Que Pachelo estaba pasando la entrada de los Asorey, bastante más adelante.
Respondió el interrogatorio de la defensa y confirmó que Pachelo dobló a la izquierda. Aclaró que él también debió continuar en esa misma dirección, pero no lo hizo debido a que ya en esa época Pachelo generaba temor.
Dijo que le comentó lo sucedido a sus padres en una cena familiar con posterioridad a que se enteraran que fue un asesinato.
Los miembros de la Sala II estimaron que: “Todas estas referencias encuentran acompañamiento objetivo en el hecho que el partido al que aluden concluyó a las a 18:07 horas -según se estableció sin disputa en el fallo- y a las 18:17 se comprueba la salida del automóvil de la familia Cristiani, por la cámara 3 de la dársena de salida de socios” (sic, pág. 359/360).
Ahora bien, advierto que los recurrentes, desentendiéndose de los argumentos brindados, cuestionaron los testificales reseñadas -que tuvieron oportunidad de confrontar- expresando su opinión personal contraria a lo resuelto sin adunarle ningún desarrollo que, controvirtiendo los fundamentos del fallo, evidencie la arbitrariedad que invocan.
En efecto, su estrategia de intervención en la práctica de la prueba propuesta por la contraparte para discutir la credibilidad y fiabilidad de la información aportada por los testigos se sustenta únicamente en las afirmaciones volcadas por Pachelo en su descargo sin proponer medios de prueba alternativos.
Así, la defensa centra su análisis en sostener que durante el tiempo en que permaneció en el barrio -entre las 17:38 y las 18:59 hs-, Pachelo miró el partido River Boca y cuando se cortó la transmisión, fue trotando al estacionamiento para ir a buscar el automóvil Siena rojo con el que se lo vio salir del country junto a su hijo. Niegan que el trayecto realizado por Pachelo ese domingo, sea el señalado por los testigos Cristiani, Asorey y Aspiroz. Acerca de las versiones de Pachelo, debe tenerse en cuenta que conforme fue explicado en la decisión sujeta a revisión, en un primer momento el acusado intentó ubicarse fuera del Carmel en el horario en que supuestamente se había dado muerte a la víctima. Ello surge de las entrevistas que mantuvo con periodistas, a las que Pachelo accedía para esa época, incorporadas al juicio. De esos relatos se desprende que luego de bañarse y cambiarse, marchó junto a su hijo hacia Buenos Aires para comer y comprar un regalo, actividad que no le habría demandado más de cuarenta minutos. En virtud de ello, estimó que salió del barrio aproximadamente a las 18:15, 18:20 o 18:25 hs. En algunas de esas entrevistas, aclaró que no había corrido encapuchado esa noche. Sin embargo, esa información resultó desvirtuada cuando el registro de las cámaras de seguridad del barrio demostró que “su egreso de ‘El Carmel’ aconteció a las 18:59 horas conduciendo el automotor que resultaba ser de uso común con su mujer, Inés Dávalos Cornejo, lo cual dejaba su estancia en ‘El Carmel’ abarcando el período en que García Belsunce debió ser muerta (sic, pág. 358).
Al respecto, tal como lo señalaron los jueces de Casación, si bien pudo escucharse a Pachelo decir en el juicio que reconstruyó lo sucedido ese día “para atrás” en base al único dato cierto que tenía, esto es el ticket de compra extendido por el comercio donde su madre había adquirido un juguete para su hijo, la prueba examinada demuestra que, al menos, en un primer intento Pachelo reconstruyó lo que había hecho el día del hecho “para adelante”, tomando como referencia el horario en que había llegado a su casa del Carmel.
Asimismo, los jueces advirtieron que: “… existía ya por aquel tiempo, cuanto menos enero del año 2003, testimonios que lo estarían ubicando no sólo en el country, sino en proximidades de la casa de la víctima corriendo, circunstancias que fueron enteramente desacreditadas por Pachelo, sin reservas, especulando que podrían ser pasibles de acciones por falso testimonio que la fiscal tendría bajo evaluación” (sic, pág. 358). Siguiendo con el análisis, advierto que la prueba disponible arroja la existencia de otro elemento que ha sido omitido por la defensa: el horario del ticket fiscal factura B número 0189-00028679 no fue corroborado por el informe emitido por la tarjeta de crédito empleada -perteneciente a la señora Silvia M. Ryan, madre del acusado- en el que se determinó que la compra fue realizada el día 27 de octubre de 2002 a las 21:01:59 a través de la terminal 37143160 del establecimiento ”El Mundo del Juguete”.
Sobre el punto, Pachelo dijo haber tomado conocimiento -recién en las audiencias de debate- sobre la discrepancia horaria entre el ticket emitido por el local comercial y el cupón de la tarjeta utilizada para el pago de la operación. Sin embargo, de las constancias obtenidas en el domicilio de la señora Silvia Ryan, secuestradas durante el allanamiento dispuesto en el departamento de su propiedad en el marco del expediente en donde se investigó las causales de la muerte de la nombrada requerido como prueba en este proceso (cfr. causa N°37.321 del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°42, Secretaría N°106, caratulada “Ryan, Silvia Magdalena s/muerte dudosa”), se desprende que hasta su madre conocía esa diferencia.
En ese sentido, se estableció que: “Incluso, el informe de la empresa Visa sobre el horario asentado en el cupón obraba en la causa y, además, notas periodísticas incorporadas por lectura al debate dan cuenta que el acusado se expidió durante un reportaje sobre estas discrepancias en torno al horario de la operación de compra desbaratando entonces su argumentación en torno a que los desajustes de horario los conoció en el juicio (cfr. revista “Gente”, del 03 /6/03)” (sic, pág. 377).
Al respecto, comparto las razonables conclusiones a las cuales arribaron los magistrados en tanto “lo actuado no deja de exponer el denodado esfuerzo por producir un falso acontecer en derredor del horario de venta signado en el ticket fiscal” y que “ese horario en modo alguno sirve para su exculpación” (sic, pág. 376).
Del mismo modo, se destacó que “Bien podía entenderse que, si fuere un día normal para el acusado, la reconstrucción de lo hecho por él aquel domingo constituyó un desafío que debió abrevar en algunos datos ciertos que lo orientaran en tal menester, pero es más difícil de comprender que las estimaciones trazadas por el acusado en base al horario de ingreso al country, o la del ticket de compra de un juguete -que lo habrían llevado a un errado cálculo respecto a la salida del barrio que lo alejaba de la escena del crimen en tiempo concomitante-, no buscara despejar ello a partir de un dato mucho más exacto y específico situado a su alcance” (sic, pág. 357/358).
Retomando el relato de los tres testigos que vieron a Pachelo correr en dirección a la casa de la víctima, el acusado nuevamente, conforme fue observado, pasa de negar el episodio a acomodar su versión para intentar aportar una explicación ante las persistentes manifestaciones de Aspiroz, Cristiani y Asorey. En ese sentido, admitió en el juicio que negó a los chicos porque no los vio y que, si lo habían visto, el confundido era el declarante. Así, explicó que en el caso en que hubiera corrido por el lugar, ello podía deberse a que había ido a buscar el automóvil que su esposa dejó en el estacionamiento del country con las llaves puestas. Dijo que no recordaba por cuál sendero fue y que, si bien podía haber tomado por el camino de la casa de Cristiani, negó terminantemente haber doblado para la casa de Carrascosa. Añadió que siguió recto, derecho al estacionamiento. Ante las preguntas aclaratorias del Tribunal acerca de los motivos que lo habrían llevado a correr por la calle de tierra -sendero- en un día de lluvia ya que iba a ensuciarse teniendo en cuenta que después de mirar el partido se había bañado -conforme sostiene la defensa-, contestó que venía de jugar al futbol y que por eso estaba con short.
Al confrontar sus relatos, la fiscalía apuntó que en la cuarta declaración dijo “estaba en mi casa, me bañé, me cambié, agarré una mochila, luego voy a buscar el auto al club house”. Y que en la declaración del 15 de diciembre refirió que “venía de jugar un campeonato de futbol, llego a mi unidad funcional, me baño, me cambio y no recuerdo si vi los últimos minutos del partido”. Respondió que no recordaba nada en particular y si se bañó antes o no, en tal caso, se había equivocado “si los chicos dicen que estaba vestido así”.
Uno de los tópicos de discusión en el debate versó sobre las características de la calle de tierra o sendero ubicada, según los planos del barrio adjuntados, entre las calles San Carlos y Santa Rita a la altura de las casas de los vecinos Sánchez, Osimi, Zanelli y Couto.
Pachelo consideró que el sendero era muy transitable, incluso para un auto, que pasaba el cuatriciclo de la seguridad, el Melex, que había pasto y surcos de 50 cm, que pasaban con las bicicletas y las motos, tratándose de un camino interno que usaba todo el mundo.
La defensa plantea que el testimonio de Alfredo Atilio Torres (testigo 23), dueño de la proveeduría del country y encargado de repartir el diario, fue refutado por el vecino Eduardo David Ferrer (testigo 5). Torres dijo que, por esa calle, si llovía, no se podía transitar y recordó que, en una ocasión, estuvo a punto de sufrir un accidente con su moto al intentar transitar por ese sendero. Por su parte, Ferrer aclaró que el camino se utilizaba como atajo.
Más allá de la particularidad que puede aportar el hecho de que esa tarde llovía, en cuanto a la conveniencia de transitar un camino de tierra, ninguno de los testimonios mencionados resulta dirimente para zanjar la cuestión: queda claro que algunos vecinos podían preferir transitar el camino de tierra y que otros lo evitaban.
Ahora bien, el punto es que hubo tres testigos que en el juicio dijeron que Pachelo hizo un determinado recorrido que excluía la posibilidad de que hubiera tomado el camino bajo cuestión. En ese sentido, se evidencia una respuesta genérica de los recurrentes y sin hacer pie en los concretos argumentos vertidos en la sentencia de condena.
La declaración del acusado comparte, en tanto prueba de naturaleza personal, los mismos problemas que el resto de las pruebas declarativas y, por tanto, su valor probatorio debe someterse a los mismos criterios epistémicos, a los que me referí. En consecuencia, deviene indispensable determinar el valor procesal de sus explicaciones y su idoneidad probatoria. En ese sentido, advierto que a las contradicciones en las que incurrió el acusado -que fueron puntualizadas- se suman lagunas probatorias. Me explico, los recurrentes formulan otras interpretaciones posibles respecto del valor de convicción de la prueba que, en todos los casos, encuentra como único sustento los propios dichos del acusado, los cuales, a juzgar por el extenso análisis llevado a cabo en la pieza cuestionada, fueron mutando a medida que buscaban corrección cuando eran múltiples las pruebas que se alineaban señalando la falsedad de lo sostenido.
A ello corresponde añadir que al acusado le basta con mostrar que existe una explicación alternativa razonable más favorable para él, es decir, una alternativa realista no sólo como hipótesis posible sino también con cierto grado de fundamentación probatoria. En el caso, la ausencia de una explicación alternativa, razonable y con cierto apoyo probatorio impide que puede ser utilizada como refuerzo o corroboración de la hipótesis desincriminante.
Por último, no puede perderse de vista que la actualidad de la inspección ocular (en la cual se llevó a cabo una pericia de cronómetro según afirma la defensa) y de las imágenes adjuntadas en el recurso, impiden retratar el sendero tal como se encontraba a la fecha del hecho, ocurrido hace más de veinte años. Por lo tanto, se torna dificultoso recrear las mismas condiciones como para afirmar que el recorrido que hizo corriendo el oficial de policía Batalla insumió el mismo tiempo que pudo haber hecho Pachelo, amén de otras circunstancias que podrían incidir en la medición (v.gr. estado físico, velocidad del trote, etc).
10. La defensa sostiene que la evidencia física -rastros de sangredemuestra la ajenidad de su asistido. No puedo compartir la postura. Para arribar a esa conclusión, los recurrentes critican la actividad probatoria llevada a cabo en los distintos procesos por el particular damnificado debido a que, en el juicio seguido a Carrascosa, se valió de las conclusiones de Raúl Osvaldo Torre mientras que, en este juicio, fundó sus expectativas en la labor del licenciado Daniel Salcedo.
Debe tenerse en cuenta que la forma en que se busca la verdad y se percibe la información puede verse afectada, por ejemplo, si el perito solo busca pruebas que confirmen una hipótesis (sesgos contextuales y sesgos de confirmación), lo que en ciertas ocasiones sucede con los especialistas que intervienen en representación de los intereses de los particulares damnificados o de la defensa.
Teniendo en cuenta este aspecto de la valoración de la prueba pericial, se ha dicho que es necesario evaluar la racionalidad del método empleado y que el experto debe demostrar la fiabilidad de lo que dice (Los estándares de cientificidad como criterio de admisibilidad de la prueba científica. Juan Manuel Alcoceba Gil, Rev. Bras. de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 4, n. 1, p. 215-242, jan.-abr. 2018; caso “Daubert Vs Merrell Dow Pharms”, 1993).
Asimismo, para identificar la calidad de las afirmaciones periciales, los jueces deben prestar atención a tres grandes rubros: quién es el sujeto que informa, qué es lo que informa y cómo ha sido la presentación de la información.
En ese marco, no puede pasarse por alto que el lugar donde se cometió el hecho, por distintos motivos (entre ellos, la asistencia para intentar reanimar a la víctima), no fue resguardado en forma inmediata como para evitar su contaminación o alteración.
Entonces, estimo que conforme fue explicado en el juicio por la licenciada en criminalística de la policía científica, María Eugenia Cariac, quien intervino en el año 2014 cuando aun Pachelo no se encontraba imputado, las proyecciones relevadas en la antesala no se vinculan -de acuerdo a la evidencia disponible- con lo que ocurrió en el baño en donde la víctima García Belsunce fue golpeada y le dispararon en la región izquierda de su cabeza.
En ese sentido, la perita destacó que las lesiones sangrantes fueron en la cabeza y que en la antesala no había manchas en el piso, por lo que las muestras de la pared podían deberse a la manipulación del colchón, de toallas, etc. También aclaró que el luminol arroja falsos positivos y que no había goteo en la alfombra, mientras que la existencia de una mancha hemática aislada -detrás del cuadro- encontraba explicación racional en la contaminación.
Conforme se reseñó en el fallo de la Sala II, la licenciada aseveró que: “El perfil genético mayoritario era de la víctima y algún marcador masculino que pudo llegar por saliva, sudor y contaminación asociado a maniobras posteriores.
Todos los disparos tienen signos de vitalidad, y debieron ser realizados en corto tiempo, el que no ingresó fue realizado a distancia, los otros en proximidad. El primero pudo alterar la capacidad de reacción, sin defensa o disminuida” (sic, pág. 307).
Dijo que si la zona sangrante estuvo entre el bidet y el inodoro y hubo coágulo es que estaba con vida, colocándosela con posterioridad en la bañera. Destacó que, si hubiese ocurrido al revés, el agua-sangre debió estar entre el bidet y el inodoro.
En refuerzo de la aludida contaminación de la escena y del relativo o nulo valor probatorio que puede atribuirse a las inferencias realizadas por algunos expertos, consta en el decisorio cuestionado que la especialista explicó que si bien existía un indicio según el cual la víctima pudo haber sido sorprendida en la habitación, ya que próximo a ella fue hallado el “pituto”, el daño en la mampostería se relevó recién en enero del año 2003 -es decir, mucho tiempo después del hecho- por lo que también debía evaluarse la posibilidad de que haya sido ocasionado con posterioridad y no en su realización. Así, estimó que resultaba dudoso que fuera un efecto balístico para lo cual hacían falta más evidencias (por ej. transferencia de material). Aseguró que el primer proyectil (“pituto”) pudo quedar subcutáneo y caer con el movimiento del cuerpo.
En función de lo expuesto, estimo que las inferencias realizadas a partir del relevamiento de lo que Torre interpretó como proyecciones de sangre y la ausencia de ADN que pertenezca al imputado, no resultan idóneas para derribar la sólida fundamentación del fallo condenatorio.
11. Los recurrentes cuestionan la valoración del testimonio de Mario Rivero y solicitan que se excluya la cámara oculta realizada por el investigador Carlos Alberto González (art. 211, CPP).
En primer lugar, advierto que, conforme se desprende del acta de debate, el Ministerio Público Fiscal solicitó la incorporación de la declaración de Rivero de fs. 8105/8106 debido a su fallecimiento. El testimonio fue incorporado sin oposición de la defensa (audiencia del 5 de octubre). Al igual que lo plantearon al momento de alegar, los recurrentes esgrimen que las cámaras ocultas violentan lo establecido por la ley 12.297 debido a que, como González no estaba registrado, su accionar deviene ilegal.
La ley 12.297 (modificada por las leyes 12.381 y 12.874) exige en su artículo séptimo que el personal de seguridad privada debe estar habilitado por la autoridad de aplicación para prestar servicios e integrados bajo relación de dependencia con empresas de seguridad constituidas en los términos que exige la normativa. Dentro del personal que presta servicios de seguridad privada, se encuentran comprendidos los detectives privados (art. 4 inc. “e”) quienes sólo pueden realizar el siguiente servicio “Obtención de evidencias en cuestiones civiles o para incriminar o desincriminar a una persona siempre que exista una persecución penal en el ámbito de la justicia por la comisión de un delito y tales servicios sean contratados en virtud de interés legítimo en el proceso penal” (arts. 5 inc. 2 y 40). La ley 12.297 establece sanciones pecuniarias para las personas físicas o jurídicas que contraten servicios de seguridad privada con un prestador no habilitado (art. 20). Asimismo, la autoridad de aplicación puede imponer sanciones a la prestataria que incumpla las normas de la ley (art. 45 y sigs.).
Efectuada esta breve reseña legal, aprecio un error en la línea argumentativa empleada por los recurrentes en tanto se confunden aspectos bien diferentes.
La habilitación que exige el artículo séptimo de la ley 12.297 para que el personal de seguridad privada preste servicios no puede interpretarse como la exigencia previa de una autorización judicial para la obtención de evidencias y mucho menos, derivar en la ilegalidad de la prueba recabada. Desde la óptica de la libertad probatoria (art. 209, CPP), no encuentro que exista una norma específica que excluya o subordine la admisión de medios probatorios que no tienen una regulación específica a presupuestos o condiciones particulares desde que dicho principio implica la admisibilidad de las pruebas pertinentes al objeto que se pretende acreditar, como puede suceder en el caso de los llamados medios subrepticios de prueba (v.gr. cámaras ocultas).
Ahora bien, la validez de una prueba se relaciona con los límites constitucionales impuestos. Es decir que las grabaciones audiovisuales son elementos de prueba factibles de ser incorporados al proceso desde la óptica de la libertad probatoria siempre que no se haya afectado alguna garantía constitucional.
En el caso, para el examen sobre la validez de la prueba y su introducción al proceso, la defensa no invoca que en su obtención hayan resultado afectados derechos o garantías constitucionales del imputado, sino que alude a una supuesta falta de habilitación de la empresa prestataria del servicio -detective privado-. No sobra añadir sobre el punto, que la parte realiza dicha afirmación sin acompañar documentación que la respalde. Tampoco advierto que se haya visto restringido el control de esa prueba a la defensa quien tuvo la posibilidad de interrogar en el debate a quienes solicitaron el servicio del detective privado (Juan Carlos Hurtig. testigo 43), a quienes escucharon lo que Rivero había manifestado (Francisco Pachelo, testigo 58) y al propio González (testigo 68) encargado de realizar las filmaciones, y también de atacar el contenido de las grabaciones, es decir, su autenticidad, credibilidad o relevancia. En función de lo expuesto, no encuentro inconvenientes para aceptar las grabaciones realizadas por González a Mario Rivero. A continuación, abordaré el análisis de las testificales que permitieron corroborar el extremo que la defensa critica.
Juan Carlos Hurtig explicó en el juicio que concertó una reunión con el hermano del acusado, Francisco Pachelo, y con el investigador privado Carlos González, la cual se llevó a cabo en el bar “Ibérico” sito en la Avda. Córdoba y Uruguay de la Ciudad de Buenos Aires. Aseguró que, en el encuentro, Francisco Pachelo se sentó a la mesa y expresó “yo no soy como mi hermano” y que “mi hermano mató a tu hermana”. Además, le contó que Nicolás estaba con un arma calibre 32 largo en la tosquera tirando tiros, circunstancia de la que tomó conocimiento debido a que se lo informó el peón. También le refirió que fueron a comprar balas 32 largo a la “pajarera”, que en la tosquera Nicolás tiró algunos tiros y le prometió que le regalaría el arma. Que todo ello había ocurrido días antes del homicidio de García Belsunce.
Hurtig manifestó que, a partir de lo narrado por Francisco Pachelo, el investigador privado, con la intervención de un escribano a fin de dar fe pública de lo que se iba a registrar, se entrevistó con el casero y grabó la conversación con una cámara oculta. Agregó que el sujeto se llamaba Rivero y que el investigador también fue a la pajarera donde registró que, efectivamente, vendían balas calibre 32 largo y las adquirió.
Por su parte, de manera coincidente, Francisco Pachelo refirió que Mario era jardinero, casero, levantaba la barrera para entrar. Que un día le dijo “viste la vieja que mataron en Carmel”, “la Belsunce”, “bueno la mató Nicolás”. Expuso que al preguntarle cómo lo sabía, le respondió que una semana antes Nicolás le pidió que lo acompañara a comprar municiones, que las adquirieron en Del Viso y no en la armería de Pilar. Que lo sucedido lo comentó con su hermano Hernán y armaron una reunión con Juan Hurtig en un bar. Destacó que Mario buscó las municiones, era un revólver 32 que Nicolás le dijo que después se lo iba a regalar.
En oportunidad de declarar en sede fiscal, en lo que aquí interesa, Mario Rivero (fs. 8105 y sigs.) explicó que trabajó en la tosquera en el año 1991 hasta 1992 cuando se fue a trabajar a otro lugar. Dijo que luego trabajó para Nicolás Pachelo. Recordó que, aproximadamente en el año 2000, Pachelo iba a la tosquera armado con un revólver. Aclaró que, en una ocasión, fueron con Pachelo a la pajarería a comprar balas. Expuso que no recordaba la fecha y que podía haber sucedido en el 2000. Aclaró que en la pajarería trabajaba un amigo de Nicolás.
Al igual que Dionisio Simón, Rivero recordó que habían ingresado personas a la tosquera y que, por ese motivo, le pidieron a Nicolás que comprara un arma que nunca le entregó.
El investigador Carlos Alberto González entrevistó al nombrado Rivero a fin de establecer si podía ser cierto aquello que le había referido a Francisco Pachelo. Fue así que realizó las cámaras ocultas que fueron visualizadas en el debate.
Se advierte que en el video de la cámara oculta del año 2003, ante la pregunta de si Pachelo había tirado o no con el arma en la tosquera, Rivero respondió “no fue ahí nomás” haciendo un gesto con el brazo. Agregó que Pachelo concurrió a la tosquera en un auto rojo, que fueron a comprar balas a Del Viso en una esquina donde vendían pájaros. Afirmó que las balas eran calibre 32, que compró unas quince balas, que eso ocurrió después del robo. El entrevistador le preguntó si fue en octubre del año pasado, o septiembre. Rivero expresó “septiembre, octubre, o noviembre” porque hacía calor. Aclaró que Nicolás no se quería bajar y lo mandó a comprar las balas. Que creía que “ya tenía el lío del country”. Añadió que Nicolás le dijo que el revólver se lo iba a dejar y que probó unos tiros, que no salían todos los tiros. Ubicó el suceso después del robo a la tosquera.
En la entrevista realizada en el año 2005, el investigador lo interrogó acerca del lugar en el que Pachelo había estado tirando con un revólver 32. Rivero dijo “vino y tiró ahí”. Al pedirle que diera precisiones, expresó “ahí” y se lo observa señalar. El entrevistador le preguntó si en la anterior ocasión, había mencionado que tiró en la puerta, a lo que Rivero contestó que no. Reiteró que había estado trabajando en el año 1991 cuando Nicolás era chico.
En su defensa, Pachelo no sólo rechazó las conductas que Rivero le adjudicó, sino que manifestó que no lo conocía y negó que hubiera trabajado en la tosquera. Alegó que habría comenzado a trabajar en el año 2003 para Francisco y “la otra parte de la familia”, ocupación que dijo Rivero se ganó durante catorce años por la cámara oculta.
Reseñada la prueba que la defensa intenta desmerecer, advierto que las manifestaciones de Mario Rivero, como bien se expresó en la resolución cuestionada presentan “el carácter de indicio, pues, en definitiva, viene exponiendo que en un período cercano a la muerte de García Belsunce, el acusado tenía a disposición un revólver calibre 32, el cual sabía manejar, con el que realizó práctica de tiro y, además, utilizó a una persona interpuesta para adquirir la munición correspondiente al arma que, prometió entregar, pero jamás lo hizo” (sic, pág. 280).
También conforme se analizó y se destaca en el fallo criticado “la presencia de Rivero no era desconocida para los que frecuentaban la cantera familiar, siendo que Francisco Pachelo, Hernán Coudeu y Dionisio Simón dieron cuenta de él, lo que es relevante a los fines de juzgar si estaba en donde dice Rivero que estaba, pues de lo que se trata no es de establecer si Rivero era empleado de la explotación comercial de la tosca sino si frecuentaba la parte del fondo del predio, en el sector del campo destinado al ganado.
Y ello ha sido acreditado, siendo extensos los años en que aquel trabajó en la antigua tosquera de Roberto Pachelo, habiendo sido contratado -según lo detalló Rivero- por Jaqueline Barbará -quien fue pareja de Roberto Pachelo-, incluso expuso, que ya en el año 1991 al 1992 había prestado servicio allí, teniendo conocimiento y buen recuerdo de Roberto” (sic, pág. 280).
Y si bien es cierto que no precisó una fecha al mencionar los meses de septiembre, octubre o noviembre, tampoco puede predicarse que haya resultado contradictorio en tanto insistió en que el episodio ocurrió después de que ingresara gente a robar a la tosquera al igual que lo declaró Dionisio Simón.
Al respecto, si se tiene en cuenta que el asalto a la propiedad ocurrió el 3 de septiembre de 2002 conforme fue denunciado en la IPP 14.842 por ante la Fiscalía Nº2 de Pilar, no resulta descabellado inferir que Pachelo probó el arma que se había comprometido a entregar en la tosquera inmediatamente después del robo, esto es en el mes de septiembre u octubre.
En ese contexto, estimo que, si los disparos se produjeron en el espejo de agua de la cantera o más próximos a la puerta de ingreso, es un dato que no reviste entidad esencial como para desestimar el indicio. Ello debido a que, según la prueba analizada, fue Pachelo quien prometió comprar un arma, que el arma se trataba de un revólver calibre 32, que se dirigió junto a Rivero en su vehículo rojo para comprar balas a una pajarería y que luego, de regreso a la tosquera, la disparó, advirtiendo Rivero que a veces las balas salían y otras veces no. Este último dato resulta coincidente con lo manifestado por el perito Villarruel quien concluyó que las balas tenían poca energía cinética debido a la “poca carga de pólvora”, la “punta defectuosa”, a que “falló el fulminante” o “la pólvora estaba vieja”. Asimismo, la diferencia en la compra de los proyectiles tampoco resulta sustancial desde que lo que se pretende acreditar es la venta de balas en un local comercial destinado a otro rubro, como se observó en la cámara oculta, escenario que no cambia si en lugar de doce se compraron diez.
La circunstancia de que Pachelo no desconocía el manejo de armas también resultó corroborada por la conversación que el nombrado mantuvo con Dionisio Simón el 15 de abril de 2003 en la que le comentó un encuentro que mantuvo con una persona que le debía dinero, a quien le dijo que del bar no iba a salir si no le pagaba y que “me hago el que voy a buscar la pistola al auto”. A ello debe sumarse que en el juicio se reprodujo la escucha telefónica del día 15 de enero de 2003 (audiencia del 5 de octubre) referida a una comunicación entre Pachelo y NN Facundo. En ese diálogo, que Pachelo explicó se trataba del periodista Facundo Pastor, el acusado -adelantándose a lo que iba a suceder conforme lo planteó la Fiscalía- refirió “puede aparecer alguien diciendo que compraste una pistola 32 o que fuiste a comprar balas”.
Debe tenerse en cuenta que la actividad probatoria es llevada a cabo en el proceso por todos los sujetos que intervienen con la finalidad de introducir todos los elementos que puedan servir de base a la decisión jurisdiccional y que revisten aptitud para producir conocimiento acerca del objeto a probar. En este sentido, es función de la defensa introducir los elementos de convicción que estime útiles a sus intereses particulares procurando demostrar su aptitud para poner en evidencia el fundamento de las pretensiones esgrimidas o la falta de fundamento de las deducidas por la parte contraria.
Los principios de contradicción e igualdad de armas permiten participar directamente en la formación de la prueba y ejercer el control de la prueba ya existente. Asimismo, dicha actividad es la que plantea la división entre pruebas de cargo y de descargo que de otro modo perdería sentido, siendo que la propuesta de unas y otras, corresponderá respectiva y principalmente a la acusación y al imputado.
Entonces, y más allá de la posibilidad de encontrar los proyectiles en el lago de la tosquera, advierto que la parte se limita a negar la prueba sobre la que los acusadores construyeron su juicio hipotético en relación a la ocurrencia de los hechos reseñados.
Con respecto a las expresiones de Marcelo Fabián Maradei, fue convocada al debate su hermana Viviana Maradei (testigo 38) quien expuso que Marcelo para el año 2005 compartía lugar de detención con Nicolás Pachelo en la sede de la División de Investigación Penal y Administrativa (D.I.P.A.) que poseía la Prefectura Naval Argentina en el barrio de Retiro de la ciudad de Buenos Aires. Añadió que alrededor del 2012 o 2013, visitó a su hermano detenido en el marco de otro proceso penal en la unidad carcelaria N°1 de Lisandro Olmos, ocasión en la que le informó que Pachelo le confesó haber matado a María Marta García Belsunce y que se había descartado del arma arrojándola debajo de un puente donde corría agua. Aclaró que su hermano le pidió contactar a los abogados de Carrascosa, lo que nunca hizo. Detalló que, fallecido su hermano, se enteró a través de la televisión que se había presentado ante una Fiscalía de Pilar porque buscaba -con esa información- obtener un beneficio personal. Dijo que siempre buscaba algo para su defensa y que había sido condenado a veinticinco años de prisión.
Pese a encontrarse en la nómina de los testigos ofrecidos por la Fiscalía, Marcelo Maradei no pudo ser escuchado debido a que falleció mientras se encontraba detenido el 19 de agosto de 2021 (cfr. consta en el acta de debate, día 10 de agosto).
En primer lugar, estimo apropiadas las conclusiones de los miembros de la Sala II cuando, al pronunciarse sobre la relevancia de los dichos de la testigo consideraron que: “El testimonio de la deponente no mereció deméritos por parte de la mayoría. No se le endilgaron a la testigo sesgos, circunstancias o actitudes motivadoras de reparo en orden al diálogo que evocó en su relato. En cualquier caso, lo disputable se centra en el contenido de verdad de lo que le manifestó su hermano en aquella ocasión” y que “Desde luego que la imposibilidad de examinar directamente al mentado Maradei resulta un extremo que, sin tocar la validez de evaluar tales datos, acota el campo de investigar con diligencia la verdad de sus afirmaciones” (sic, pág. 387).
Y si bien la incidencia de la prueba en el aumento de la probabilidad de que sea verdadera la proposición que afirma la ocurrencia de lo dicho por Pachelo en relación a la muerte de la víctima podría verse disminuida por los intereses del propio Maradei quien pretendía “beneficios”, no se advierte la posición ventajosa que en el ámbito carcelario podría obtener el acusado admitiendo el homicidio de García Belsunce en el cual, si bien no resultó imputado, fue público que era uno de los sospechosos desde el primer momento.
A diferencia de los jueces que conformaron el voto de la mayoría en la instancia, tampoco observo las contradicciones que se señalan. Tanto Rivero como Maradei aludieron a la existencia de un arma en poder de Pachelo con la que se dio muerte a la víctima. Como referí, Rivero vinculó la compra del revólver calibre 32 al asalto ocurrido en la tosquera y no descartó que ello hubiera sucedido en septiembre u octubre. Rivero no dijo que Pachelo conservó el arma y luego efectuó disparos en la tosquera, sino que dio a entender que luego de comprarla fue a probarla en la tosquera. Tampoco deviene razonable inferir que con la genérica expresión “ya estaba el lío del country”, Rivero intentó decir que el episodio con el arma ocurrió en diciembre cuando se practicó la autopsia sobre el cadáver de la víctima, primero porque dijo noviembre -además de septiembre y octubre, mencionando así una ventana temporal previa al hecho sumado a que la expresión “ya estaba el lío del country” asoma más como una conjetura que una afirmación asertiva del testigo (creía que [Pachelo] “ya tenía el lío del country”)-. Resta añadir que el caso fue mediático desde el inicio. Debe agregarse que la estrategia defensista se centró en negar lo manifestado por Maradei. Una vez más, Pachelo negó conocer a Maradei y expresó que nunca había compartido una celda ni espacios comunes. Destacó que las celdas eran unipersonales debido a la peligrosidad de las personas que allí se alojaban.
Sin embargo, para desmentir al imputado, la Fiscalía aportó -conforme se desprende del acta de debate (día 10 de agosto), la causa Nº2399 del Tribunal Criminal Nº16 de Capital Federal. Asimismo, se exhibió documental por escrito y fotografías que acreditaban que había SUM, espacios comunes y que Pachelo había conocido a Maradei en su lugar de detención, celda en la que tenía compañeros. Así, se destacó que en dicha causa el imputado Veliz refirió que Pachelo le comentó que estaba por una causa pesada y que era un pesado de la causa García Belsunce. En el mismo juicio declaró Pachelo quien nombró a Maradei siete veces. Sumado a lo expuesto, en la sentencia que aquí se analiza se afirmó que “Frente a la contundencia de las probanzas arrimadas al juicio, finalmente, Pachelo desanduvo el camino y expresó que ‘uno debía sacar pecho en esos lugares, porque sino, pierde’. La expresión, en su sencillez, importa no sólo reconocer que Maradei compartió alojamiento con Pachelo, sino también, que el mentado diálogo existió” (sic, pág. 388).
Por último, con acierto, se resaltó que era imposible que Viviana Maradei pudiese tener conocimiento de “aquel diálogo carcelario si no fuera por boca de su hermano, siendo que la testigo carece de toda vinculación con Pachelo” (sic, pág. 388).
12. La perita psicóloga María Elena Chicatto ( testigo 28) del Cuerpo Médico Forense de la justicia nacional y la psicóloga Patricia Noemí Ferreyra (testigo 26) que se desempeñó como perita de parte de Nicanor Cetrá declararon en el debate como testigos de la acusación.
Las profesionales intervinieron en el año 2004 para realizar una evaluación que les fue encomendada por las sustracciones de bienes sufridas por Cetra, Areco y Nocetti (quienes también comparecieron en el juicio). El expediente del Tribunal en lo Criminal Nº15 fue incorporado por lectura y contiene la pericia que Chicatto reconoció en el juicio. Ambas profesionales concluyeron que Nicolás Pachelo evidenciaba un trastorno psicopático de la personalidad.
Chicatto especificó que halló rasgos: disociativo, en tanto no lograba integrar globalmente los afectos, conductas y pensamientos, manejándose por acción, lo cual prevalecía por sobre las restantes áreas; negador, rígido, no aceptaba cuestiones que no fueran de su decisión personal, podía llegar a mantener una desmentida de manera férrea y oposicionista, iba por la manera contraria a la sociedad.
De manera coincidente, Ferreyra “Expuso que el nombrado presenta un trastorno psicopático de personalidad, que genera la ausencia de culpa y remordimiento por las acciones ejecutadas. Agregó que una persona con trastorno psicopático es proclive a realizar una conducta letal y continuar con su vida con total normalidad” (sic, pág. 311).
En el marco de la causa del Tribunal Oral Criminal Nº15 de Capital Federal, en el año 2014, las especialistas en criminología y criminalística Liliana Patricia Rodríguez y María Eugenia Cariac elaboraron el informe de fs. 7784/7805, incorporado por lectura.
Rodríguez entrevistó a Pachelo, cuando aún no era imputado, y a Carrascosa y concurrió al juicio a prestar testimonio (testigo 54). Dijo que Pachelo tenía rasgos de personalidad de tipo egocéntrico, presentaba omnipotencia y se sentía superior al resto, poseía un discurso poblado de verbos, con capacidad de contar sus experiencias.
Se señaló en la decisión bajo análisis que la perito “Sostuvo que las características de Pachelo resultan compatibles con lo descripto. Agregó que el psicópata no se angustia, por ello no pueden cambiar, resultando personas que no vienen por decisión propia a la consulta sino por orden judicial. Ante la evidencia contundente, siguen negando, incluso a veces ante la existencia de pruebas de ADN” (sic, pág. 314).
Con respecto a Carrascosa lo caracterizó como pasivo, con tendencia depresiva y una personalidad que no resultaría compatible con el perfil inferido del autor del crimen.
Añadió que Pachelo tenía un conflicto previo, según los dichos de las personas que vivían en el barrio respecto del robo y pedido de rescate de una mascota, a quienes amenazaba e intimidaba.
A modo de ejemplo y en correlato con lo expuesto por Rodríguez, puede mencionarse la testifical de Alejandro Arauz Castex (testigo 9) quien refirió que, en una ocasión, Horacio García Belsunce fue citado a una mediación con Pachelo por una denuncia por difamación. Dijo que, debido a la violencia verbal, la mediación se cerró sin acuerdo y que, a los pocos días, la secretaria del estudio recibió un llamado en la que le anunciaron “decile al puto de tu jefe que le voy a romper la boca”. Agregó el testigo que formuló la correspondiente denuncia.
Por su parte, Fernando Sansuste (testigo 7) recordó que, en el club, había un rechazo hacia la persona de Pachelo por una cantidad de hechos. En cuanto al episodio de los palos de golf, dijo que Pachelo había explicado que llevó los palos para vender porque tenía un empleado en la cantera que se iba a casar y trabajaba de caddy en un club de golf, que había juntado palos que le habían regalado. Agregó que, con posterioridad a la reunión que se mantuvo con el acusado por ese motivo, recibió el llamado telefónico de Pachelo a su casa de Buenos Aires, pese a que no lo conocía y ni siquiera lo ubicaba físicamente. Añadió que Pachelo le dijo que le gustaría tomar un café porque había algunas confusiones. Señaló que creía que antes de ese llamado, el intendente del club lo llamó para comentarle que, en el jardín de su casa en una de las ramas de un árbol, habían dejado colgada una de las protecciones de los palos de golf. Aclaró que no le gustó, ya que lo sintió como “algo intimidatorio, lo tomó como un mensaje extraño”. También comparecieron al juicio Matías Noceti (testigo 41), Ignacio Giménez Zapiola (testigo 56), Nicanor Cetra, María Victoria Stupenego (testigo 57), Gastón Auge Areco (testigo 60) y su madre Marta María Areco (testigo 61) quienes relataron las sustracciones de las que fueron víctimas y explicaron cómo descubrieron que el acusado estaba involucrado, además de radicar las correspondientes denuncias.
Las testigos María Laura García Belsunce (testigo 29) y Nora Margarita Burgués (testigo 14) relataron episodios violentos que sufrieron con posterioridad a la muerte de la víctima.
Así, García Belsunce recordó que, en una ocasión en que estaba comiendo con su marido en el shopping Paseo Alcorta, Pachelo se acercó y le tiró un plato de comida, diciéndole: “tomá esto es para Carlitos que se debe estar cagando de hambre en la cárcel”.
Burgués de Taylor refirió que, además de las amenazas que recibió en su domicilio, en una oportunidad cuando salía de la fiscalía junto a su abogado, el acusado intempestivamente se cruzó, se paró frente al vehículo en el que estaban y con sus manos hizo el ademán de disparar un arma de fuego contra la declarante y soplar el caño. Tuvo consigna policial en su casa por las amenazas.
La licenciada María Eugenia Cariac (testigo 53) se expidió de forma conteste y concluyó, al igual que su colega, sobre la personalidad del acusado y la posibilidad de cometer un hecho como el aquí juzgado. Conforme lo expuesto, cabe resaltar que fueron convocados al juicio testigos que narraron episodios que los involucraron en forma directa al afectar sus intereses. Tampoco advierto que, en el ejercicio de esa actividad se hayan vulnerado derechos del acusado, en tanto la prueba fue admitida y practicada de acuerdo a las formalidades que establece la normativa procesal, permitiendo la intervención de las partes y la posibilidad de proponer pruebas contrarias a las ofrecidas de modo de vencerlas y/o corroborar una hipótesis fáctica distinta e incompatible o que impugnen su fiabilidad.
Muestra de ello, resulta la participación de la perita de parte licenciada María Eugenia Covacich (testigo 72) y del experto en comunicación verbal Hugo Eduardo Lescano (testigo 89).
Covacih, manifestó que tomó contacto con la información a través de lo que le había contado la defensa o el propio imputado, no observó videos, informes, ni conocía los antecedentes del imputado.
Por su parte, Lescano luego de mantener una entrevista por videoconferencia con Pachelo, concluyó que el nombrado no había dado muerte a la víctima por su respuesta negativa ante la concreta pregunta. A diferencia de lo que plantean los recurrentes, tal como lo señaló en el juicio el particular damnificado, la prueba fue oportunamente ofrecida y la parte pudo someter a las testigos al interrogatorio que considerara conveniente a sus intereses, así como ordenar la producción de las pericias que estimara idóneas a su estrategia. Es evidente que no se observa que la defensa se haya visto impedida de ejercer el debido contralor de la prueba, lo cual claramente no se asocia al juicio que en su momento tuvo lugar en el fuero nacional por otros hechos en los que resultó involucrado Pachelo, sino en el presente.
Estimo que en un sistema de libertad probatoria nada impide que la técnica de perfilación criminal, como la mencionan los recurrentes, constituya una herramienta válida para orientar una investigación criminal y que la información recabada sea empleada para sustentar la teoría del caso, como lo hizo la parte acusatoria. Sobre el punto, no advierto que dicha información menoscabe los derechos a la confidencialidad e intimidad del acusado que mencionan los recurrentes.
En primer lugar, no se advierte -tampoco la parte lo denuncia- que el acusador se haya valido de información ilícita ni que la haya empleado con una finalidad contraria a las leyes o a la moral pública, sumado a que la fuente de los datos es pública y se ha obtenido por quien en el ejercicio de las funciones que le son propias -el Ministerio Público Fiscal- se encuentra facultado para ello.
La información que se recabó no tiene la finalidad de culpar a una persona de un crimen ni se asocia con el llamado derecho penal de autor que vincula la definición del delito (delito como “delito natural”) a lo que el sujeto es.
Por el contrario, es una técnica que se utiliza para establecer ciertas características del sujeto activo a partir de las señales dejadas en la víctima y en la escena del crimen, cualquiera fuera el delito cometido. Por ejemplo, en el modus operandi se buscan conductas como método de aproximación a la víctima (por engaño o sorpresa), momento del día elegido para actuar, zonas seleccionadas para abordar y atacar a la víctima, arma utilizada y fuerza necesaria para controlar a la víctima, cómo accede el sujeto a la escena del crimen y cómo la abandona.
El conocimiento adicional que puede aportar un perfilador es información, hipótesis y formulación teórica sobre tipos de delincuentes, que a su vez el investigador agregara al plexo indiciario que ha colectado Así, su contribución implica una especulación racional basada en su familiaridad con las dimensiones psicológicas de los autores de los delitos graves, con la evaluación de los escenarios del crimen y resultados médico legales y la familiaridad con otras investigaciones.
El perfil criminal puede brindar una orientación acerca de las características y huellas que sirvan como patrones para encontrar al culpable de uno o más delitos, tal como fue explicado por las peritas Cariac y Rodríguez en el juicio.
Sentado lo expuesto, no puedo acompañar a los defensores, en tanto, por un lado, las pruebas admitidas y practicadas fueron tomadas en consideración para justificar la decisión que se adoptó y por otro, los hechos probados a los que se aplicó el derecho han sido obtenidos racionalmente a partir de los elementos de juicio aportados al proceso.
Así fue expuesto en el fallo recurrido, cuando los jueces de la Sala II concluyeron “Estas conductas, todas posteriores al hecho, deben ser analizadas en su vinculación con otras circunstancias anteriores al homicidio de la damnificada, ello a fin de no prescindir de una mirada integral que pueda generar un más pleno rendimiento acreditante.
Y en ese aspecto, las partes acusadoras trajeron al conocimiento disponible en el juicio lo que emerge de testimonios y filmaciones, respecto de la disponibilidad de armas y municiones por parte del acusado, como también, de una práctica de tiro que el encartado realizó en los fondos de la tosquera, ello en proximidad temporal con el hecho que nos ocupa” (sic, pág. 273).
13. Con respecto a la testifical de Jorge Lanata, observo que tanto en la resolución de la instancia como en el fallo que se analiza, no fue valorado el testimonio del conocido periodista, sino lo expuesto en una nota cuya video filmación se reprodujo en el juicio con anuencia de la defensa (audiencia del día 24 de agosto de 2022).
Si bien en el voto del señor juez Mancini se señala que Jorge Lanata declaró bajo juramento durante la investigación y fue uno de los testimonios sobre los que se estructuró el requerimiento de elevación a juicio, más allá de esa mención a título de observación, no fue su testifical la que se analizó a continuación sino -como expresé- la reproducción de un segmento televisivo en el que el periodista Lanata fue entrevistado por otros cronistas, oportunidad en la que relató las circunstancias de un diálogo que había mantenido con Nicolás Pachelo, quien reconoció que había lavado indumentaria que usó el 27 de octubre de 2002 para facilitar el trabajo del servicio doméstico.
En primer lugar y respecto a la apreciación de los recurrentes referida a que el video en cuestión “no es pasible de ser considerado técnicamente como prueba”, no advierto -dada la generalidad del planteo- cuáles serían las objeciones que desde el punto de vista normativo intenta esgrimir la defensa para cuestionar la admisibilidad de dicha prueba.
Conforme surge de la compulsa del registro audiovisual de la audiencia del día 24 de agosto de 2022, el Ministerio Público Fiscal a raíz de las declaraciones de Pachelo formuladas en la jornada anterior exhibió -sin oposición de la defensa- una entrevista realizada a Jorge Lanata. Explicó el Fiscal que en respuesta al interrogatorio sobre lo testimoniado por el periodista Pablo Duggan acerca de la entrevista con Jorge Lanata, el acusado refirió “yo sobre lavar ropa ninguna posibilidad, hablé con Lanata pero se agravió porque en definitiva no le di la nota. Yo lo tenía como fidedigno”. El Fiscal agregó que le llamaba la atención que dos periodistas confluyeran en un mismo punto: la responsabilidad de Pachelo en el caso. Seguidamente se reprodujo el video (CD CNº5499, video 22/08/22, audio Jorge Lanata, lavado de ropa) conforme al cual Lanata aseguró que en una conversación con Pachelo, éste le confesó que aquella noche lavó sus prendas de vestir para ayudar a su empleada doméstica.
Esta circunstancia también fue referida por Horacio García Belsunce, quien recordó que en un encuentro que mantuvo en la ciudad de Punta del Este, Lanata se lo comentó.
Asimismo, observo que se trató de una cuestión planteada oportunamente en la resolución de prueba (art. 338, CPP) en la que el Tribunal sujetó la pertinencia de la prueba testimonial de los periodistas Jorge Lanata, Pablo Duggan y Hernán Capiello a que dieran a conocer datos novedosos que no afectaran el secreto profesional (fs. 9939 y 9955 y vta., cuerpo 50), por lo que no hay sorpresa para el imputado que tuvo la posibilidad de ejercer todas las facultades que por su calidad le son conferidas de controlar la prueba a producir, solicitar nuevas medidas y finalmente alegar.
En consecuencia, conforme el devenir del juicio, se admitió una prueba tendiente a desacreditar las manifestaciones que el propio imputado introdujo relativas a un indicio relevante en relación al hecho que se busca acreditar. En ese sentido, es necesario tener en cuenta que -como fue explicado por los peritos- quien disparó el arma de fuego con la que dio muerte a María Marta, debió manchar sus ropas con sangre.
Tampoco encuentro que la valoración de esa video filmación haya sido arbitraria.
Los magistrados de la Sala II destacaron que Pachelo reconoció la existencia de la charla con el periodista y admitió la respuesta, aunque adujo que había utilizado una ironía y sostuvo que el periodista se expidió de esa forma en venganza por haber desistido el imputado de concurrir a una entrevista a un programa de televisión que aquel tenía.
Por otra parte, con acierto, señalaron que “para desacreditar el valor de las probanzas que apuntaban a un lavado de prendas del acusado” (sic, pág. 381) el Tribunal de la instancia, por mayoría, recurrió nuevamente al testimonio de Ávila que, en realidad, como se señaló, eran varios y no uno. Así, analizaron que en su primera testifical del día 6 de enero de 2003, la empleada de Pachelo dijo que, al comenzar su jornada laboral a las siete de la mañana del lunes posterior al crimen, luego de levantar al niño de siete años y prepararlo para ir al colegio, tendió la ropa “…que la esposa de Pachelo dejó lavada”.
Estimaron que la afirmación de Ávila referida a que la ropa que tendió el lunes la dejó lavada la esposa del acusado resultaba una inferencia, si se tenían en cuenta sus horarios y días laborales sumado a que Inés Dávalos Cornejo no estuvo ese domingo a la tarde en su casa.
En cuanto a la declaración brindada el día 4 de junio de 2003, señalaron que Ávila afirmó que aquel domingo, luego de verificar que no había nadie en la casa principal, se dirigió a su cuarto para dejar sus cosas y fue a la galería a ver si había ropa colgada que -con generalidad- era la que lavaba el día sábado “pues la señora no junta la ropa”. Añadió que había ropa ya colgada que era de los chicos y la señora, quizá calzoncillos del acusado, prendas que había dejado lavadas y que, por no estar secas “dejó todo como estaba.”
Ávila también expuso que no resultaba común que Pachelo lavara su ropa y señaló que ese lunes 28 de octubre, en el canasto de la ropa para lavar, estaban los botines de Pachelo. No recordó si había ropa de futbol. En definitiva, de manera razonable, concluyeron que la ausencia de solidez que emergía de las distintas versiones de Ávila impidió extraer conclusiones definitorias sobre el punto.
14. Conforme lo expuesto, también debe ser rechazado el planteo de prescripción que postula la defensa, fundado en la incorrecta subsunción legal.
A partir de la reseña efectuada, se puede advertir que la parte insiste en su pretensión de mutar la calificación legal mediante una reiteración de argumentos contraria a lo decidido.
Así, en primer lugar, en cuanto a la existencia de la sustracción de la caja metálica perteneciente a la institución “Damas del Pilar” o “Asociación Amigos del Pilar” que ese fin de semana la víctima llevó a su domicilio, me remito a lo expuesto en el acápite 4.
Sumado a ello, considero que de la descripción de los hechos analizados surge con claridad la existencia de las particulares exigencias subjetivas del artículo 80 inciso 7 del Código Penal.
La exigencia de la conducta incriminada se ciñe a que el fin delictuoso funcione como motivo determinante del homicidio, resultando que será suficiente una decisión, que puede darse incluso súbitamente, siempre que concurran los motivos antes señalados.
De tal forma, entiendo apropiado considerar que Pachelo ha realizado el hecho típico con una determinada intención, motivación o impulso que permite establecer la presencia del designio especial que requiere la figura en estudio.
Es por lo hasta aquí expuesto que la conducta del agente constituye -según mi parecer- un incuestionable homicidio “criminis causae” en la inteligencia que su accionar fue dirigido en desmedro del bien jurídico “vida”, para de esta manera intentar no ser descubierto.
En el caso de autos, resulta claro que Pachelo acometió a María Marta García Belsunce con un arma de fuego cargada, apuntó de cerca y le terminó disparando seis proyectiles hacia una zona vital. Accionar que desarrolló en atención a la resistencia opuesta por la víctima -demostrada por los golpes que en vida recibió- para procurar su impunidad y evitar ser reconocido en tanto se trataba del vecino.
En función de lo expuesto, estimo que el planteo de extinción de la acción penal por prescripción es impróspero y debe ser rechazado, desde que los recurrentes se desentienden de lo resuelto por la Sala II de este Tribunal y dogmáticamente afirman que no se encuentra acreditada la calificación legal del hecho, omitiendo analizar y controvertir todos los fundamentos que se tuvieron en consideración para confirmar el encuadre legal por el cual el acusado fue indagado y requerido que, como surge de lo dicho precedentemente, resulta el adecuado de acuerdo a los hechos comprobados de la causa.
15. El 27 de octubre del año 2002 la señora María Marta García Belsunce recibió seis disparos de arma de fuego, previo a ser golpeada, que provocaron su fallecimiento, además de sufrir la sustracción de una caja de seguridad portátil que pertenecía a una de las instituciones en las que se desempeñaba.
Desde el inicio de la investigación, se barajaron dos hipótesis fácticas: que el autor del hecho era alguien ligado al entorno de María Marta García Belsunce (Carrascosa, absuelto por sentencia firme) o que se trataba del vecino del barrio cerrado, Nicolás Pachelo. Pese a ello, Pachelo fue formalmente imputado recién en el año 2017. Con anterioridad, tuvo acceso al expediente y oportunidad de efectuar -a través de sus abogados de confianza- los descargos que estimaba convenientes a sus intereses. Como señalé, en el marco de la tarea revisora encomendada a este Tribunal (fallo “Casal” de la CSJN; arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP), advierto que la fundamentación que ensayan los defensores en sus alegaciones no alcanza a derribar la desarrollada por los jueces de la Sala II al motivar su decisión.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que argumentar es ofrecer un plexo de razones y de evidencias para sostener una conclusión. Es decir, no se trata de dar un determinado punto de vista, sino de la posibilidad de preferir una solución a otra debido a que algunas conclusiones reconocen apoyos más fuertes que otras, que tienen sustentos débiles.
Entonces, la conclusión a la que la defensa pretende que se arribe debe estar fuertemente asistida por razones y, los argumentos, son los modos de explicar y defender esas razones que deberían dar cuenta de la corrección de su hipótesis.
Ahora bien, las razones que esgrimen los defensores no logran que la pretensión que proponen sea aceptable desde que el control de la inferencia probatoria no aparece como sólida.
En efecto, pese al tiempo transcurrido y a la participación podríamos decir sui generis de Pachelo -en tanto no era parte del proceso- desde el inicio de la investigación por el año 2002, no advierto que la defensa haya propuesto pruebas contrarias a las ofrecidas por la otra parte procesal de modo de corroborar una hipótesis fáctica distinta, incompatible o que impugne la fiabilidad de otras pruebas.
En ese camino, tampoco observo que las diferentes hipótesis alternativas que trae la defensa cuenten con un mínimo apoyo empírico. Asimismo, sin que esto implique entrometerme en la libre decisión de la estrategia escogida, desplegar y corroborar dichas hipótesis que se esgrimen en el recurso casatorio implican la necesidad de confrontar en juicio público muchas de las pruebas de la acusación, lo que no hizo. Me explico, más allá de la dificultad de intentar comprender la teoría del caso de la defensa -obviamente, por fuera de negar la participación de su asistido-, observo que la escasa prueba de la que intentó valerse no aporta la información esperada para contrarrestar la proposición de la parte contraria, conforme fue analizado en el desarrollo de este voto.
A modo de ejemplo y por su importancia, no puedo dejar de señalar que los primeros esfuerzos de Pachelo se centraron en demostrar que en el horario de la muerte de la víctima no se encontraba en el country. Sin embargo, quedó acreditado exactamente lo contrario, pese a su insistencia en que desconocía el horario de la compra informado por Visa y que las antenas lo ubicaron en la ciudad de Buenos Aires con posterioridad a las 19.32 hs, momento en el que aún se encontraba bajo el radio de cobertura de las antenas ubicadas en Pilar.
Tampoco se advierte que, frente a lo testimoniado en el juicio por quienes lo vieron trotar por las calles aledañas en dirección a la casa de la víctima momentos antes del desenlace fatal, la defensa se haya valido de enunciados empíricamente contrastables que aporten solidez a la inferencia probatoria que propone. Lo mismo ocurre con las declaraciones de los empleados de la estación de servicios Esso a quienes les llamó la atención la pregunta realizada por Pachelo al día siguiente de ocurrido el hecho, sumado a las testificales de aquellas personas que pudieron dar cuenta de lo expresado por los trabajadores de dicha empresa.
La prueba que la defensa intentó conectar con la hipótesis que planteó respecto del hecho investigado se centra en la propia declaración de su asistido, que evidencia un grado de confirmación muy poco elevado por no decir nulo en tanto se trató de una prueba ambigua, que no logró ser articulada con otras ni pudo ser revisada a la luz de otra información. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la libre valoración también la permite al juzgador no dar por probados enunciados fácticos que estime insuficientemente probados.
Ante ello, los elementos de juicio ponderados por mis colegas de la Sala II contaron, desde lo individual, con el grado de fiabilidad suficiente y, en su conjunto, el pronunciamiento en crisis exhibe suficiente motivación para considerar probado el factum consagrado y atribuido a Pachelo como hecho probado.
En ese andarivel y reitero desde la concepción racional de la prueba, los recurrentes insisten sobre la misma hipótesis, formulando otras interpretaciones respecto del valor convictivo, pero omiten destronar el razonamiento que siguieron los magistrados de la Sala II para justificar el grado de corroboración que cada hipótesis sobre los hechos recibió del conjunto de prueba aportado.
En ese sentido, dijo el juez Mancini “Desde luego que los numerosos indicios que se vienen aposentando contra la proclamada inocencia del acusado Pachelo, quedarían en la nada si, por caso, mediaran contraindicios de igual peso o, mejor aún, existieran elementos directos que señalaran la no intervención del acusado en el hecho” (sic, pág. 354). Añadió “Es que no sólo muestran que, efectivamente el acusado estaba en ‘El Carmel’ cuando aconteció el asalto al domicilio de la víctima, sino que, además, era la única persona que se encontraba próxima a la víctima, en el momento en que aquella se acercaba al ingreso de la casa, en tiempo concomitante con el período en que se debieron desarrollar las acciones” (sic, pág. 373).
Los jueces de la Sala II de este Tribunal han expresado cuáles son los plurales indicios que estimaron plenamente acreditados y cuya valoración en forma conjunta sirvieron de fundamento al razonamiento que les permitió formar convicción sobre el acaecimiento del hecho y la autoría del acusado, a saber: a) próximo al horario en que ocurrió la muerte de María Marta García Belsunce, tres testigos vecinos -Cristiani, Aspiroz y Asorey- observaron a Pachelo trotar en dirección al domicilio de la víctima a quien también vieron, momentos después, dirigirse hacia su casa en bicicleta; b) resultó acreditada la faltante de la caja de seguridad portátil de la institución “Damas del Pilar” que María Marta llevaba a su domicilio, lugar en el que fue hallado un llavero dentro de la cartera de la víctima que tenía la llave de dicha caja y de la de seguridad de la entidad bancaria, pertenecientes a la institución; c) quedó demostrado que Pachelo tuvo inconvenientes en el barrio “El Carmel” debidos a la sustracción de distintos bienes (por ej. los palos de golf) pertenecientes a otros vecinos que solicitaron que se tomaran medidas a su respecto, entre ellos se encontraba María Marta quien sospechaba que su mascota (el perro Tom) también había sido hurtado; d) en la mañana siguiente -28 de octubre de 2002- es decir, cuando aún no se había ordenado la realización de la autopsia, entre las 6:00 y las 7:00 hs, Pachelo fue visto en la estación de servicios Esso ubicada en cercanías del barrio, punto habitual de encuentro de sus habitantes.
Mientras se encontraba en el local consumiendo, les preguntó a los empleados del restaurant Monzón y Mantovani si habían escuchado algo o sabían de “la mujer que mataron en el country”; e) a los dos o tres días de la muerte de María Marta, Pachelo le comentó a Dionisio A. Simón, empleado de la tosquera, la charla que había mantenido en la estación de servicios. Simón agregó que el acusado, además, le hizo una pregunta “rara” referida a que podía pasar si no aparecía el arma con la que habían matado a la mujer; f) la autopsia de la víctima determinó que, previo a ser golpeada, falleció como consecuencia de las lesiones causadas por los proyectiles que le fueron disparados en la región fronto-esfeno-parieto-temporal izquierda, cinco de los cuales perforaron el cráneo; g) las pericias practicadas sobre los proyectiles extraídos del cuerpo de la víctima determinaron que fueron disparados por un revólver calibre 32 y que tenían poca energía cinética debido a la “poca carga de pólvora”, la “punta defectuosa”, a que “falló el fulminante” o que “la pólvora estaba vieja”; h) Mario Rivero, trabajador de la tosquera, vio a Pachelo con un revólver y lo acompañó a comprar balas calibre 32 a una pajarería ubicada en Del Viso donde se desempeñaba un amigo del acusado.
Añadió que Pachelo probó el arma disparándola y que no siempre salían los tiros; i) mientras Pachelo estuvo en la sede de la División de Investigación Penal y Administrativa, le confesó a otro detenido, Marcelo Maradei, que había matado a María Marta García Belsunce y que se había descartado del arma; j) el acusado se encontraba dentro del “Carmel” en el momento en que se produjo la muerte, resultando ineficaces sus intentos de ubicarse en un lugar distinto al del hecho; k) ninguna de las versiones que aportó el acusado, acompañado por su defensa, para intentar desvirtuar el análisis integral y armónico del conjunto de indicios y su sentido, fueron respaldadas por prueba fiable. En definitiva, y en lo que importa para decidir el caso, el extenso voto que sustenta la condena de Pachelo analiza una pluralidad de indicios concordantes que, en lo sustancial y de manera compilada, se mencionaron en el párrafo precedente, aunque no se agotan en esa enunciación puesto que se complementan e integran con otros del mismo tenor (v.gr. ref. a los testimonios e informes forenses de modus operandi y sobre la personalidad del acusado o a lo que surge “de la particular vinculación entre Beatriz Michelini y el imputado Pachelo”, sic, pág. 390) a partir de los cuales los jueces de la Sala II extraen una certera conclusión en torno a la culpabilidad del acusado, la cual no merece censura, conforme la respuesta que se ha dado a cada una de las alegaciones defensistas.
En consecuencia, la decisión sometida a revisión no puede ser tachada de arbitraria ni desacertada o incompatible con el conjunto de prueba analizado, en tanto demostró que es razonable concluir que el veredicto que desestimó la culpabilidad del acusado no mostró correlato con los hechos, los elementos de prueba descriptos en la acusación y la evidencia recibida en el proceso.
De modo tal que la defensa no logra demostrar que el pronunciamiento en crisis contenga un análisis que adolezca de graves desaciertos u omisiones que autoricen a descalificarlo como acto jurisdiccional válido, ni que lo concluido contradiga de manera palmaria las reglas de la lógica o la experiencia.
Por último, debe tenerse en cuenta -conforme lo ha expresado por nuestro Máximo Tribunal provincial en reiteradas ocasiones- que si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva.
En consecuencia, no advirtiendo la configuración de las infracciones legales denunciadas por la defensa, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de casación deducido, con costas y regular los honorarios profesionales de los defensores Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán por su labor desarrollada ante esta Sede en 20 Jus (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 41 bis, 45, 55,166 inc. segundo y 80 inc. 7, Cód. Penal; 106, 209, 210, 448, 451, 530 y 531, CPP).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada el señor juez Mateos dijo:
Adhiero al voto del doctor Bouchoux por los mismos fundamentos. Solamente adicionaré algunas consideraciones de índole general con relación al análisis probatorio realizado por los señores jueces de la Sala II del Tribunal de Casación Penal para sostener el reproche de culpabilidad en cabeza de Pachelo, derrotero motivacional que se mantiene enhiesto a partir del escrutinio realizado por mi colega en la medida de los agravios deducidos por la defensa.
A la luz de la libertad probatoria que rige en el proceso penal, tanto con relación al ejercicio de la actividad probatoria (art. 209, CPP), como al sistema de libre convicción razonada o sana crítica racional (arts. 210 y 373, CPP), ninguna duda cabe que la convicción del tribunal puede estar fundada en prueba indiciaria (cf. Roxin, Claus, Derecho Procesal Penal, Editores Del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 106), tal como ha sucedido en el presente caso.
Bajo ese piso de marcha, teniendo en vista la pluralidad de inferencias de cargo valoradas por la Casación (Sala II) para sustentar la condena cabe recordar que a fin de evitar obtener “una visión fragmentada, parcial y poco esclarecedora de los hechos” (Jauchen, Eduardo M., Tratado de la prueba en materia penal, 1ª. Ed. 1ª reimp., Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2009, p. 654) resulta necesario “valorar la prueba indiciaria en forma general, y no aisladamente, pues cada indicio considerado separadamente, podrá dejar margen para la incertidumbre, la cual podrá ser superada en una evaluación conjunta” (Cafferata Nores Osé I. – Hairabedián Maximiliano, La prueba en el proceso penal, 6ta. Ed.,Lexis Nexis, Bs. As., 2008, p. 221).
Esa premisa viene admitida de antaño por “la Casación italiana, al señalar: ’No importa que cada uno de los indicios separadamente considerados no pueda conducir a la afirmación de culpabilidad, bastando que ella resulte fundada en el conjunto y coordinación de todos’. Así, el aforismo: ‘quae singula non probant, simulunita probant’ (‘las cosas que singularmente consideradas no prueban, prueban reunidas’)” (Chaia, Rubén A., La prueba en el proceso penal, Hammurabi, Bs. As., 2010, p. 652, nota al pie 224).
De esta forma, la eficacia de la prueba de indicios depende de la valoración conjunta que se haga de ellos teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no de su tratamiento particular, separado o aislado pues, por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad (CSJN, “Veira, Héctor R.”, causa N° 3668, V. 328. XXII., 24/04/1991, Fallos: 314:346; LL, 1991-C-446 y ss.).
Como lo ha explicado mi colega en su voto al que presto íntegra adhesión, los datos indiciarios tomados por lo señores Jueces de la Sala II se encuentran legalmente incorporados al proceso y las inferencias respetan las reglas de la lógica y la experiencia común, en otros términos: resultan razonables (cf. Chaia cit., p. 653) y por su cantidad, calidad y sincronicidad son idóneas para sustentar el juicio definitivo de reproche contra Pachelo. Así, siguiendo la clasificación de Eduardo M. Jauchen (Tratado de la prueba en materia penal, cit.) -quien toma, a su vez, la de Gorphe (Francois, De la apreciación de las pruebas, Ejea, Buenos Aires, 1950)-, de todo el despliegue argumental realizado por la Casación se advierte la presencia de:
* Indicio de presencia u oportunidad física de Pachelo en la escena delictiva (ref. a lo atestado por Cristiani, Aspiroz y Azorey), no resultando necesaria la comprobación exacta de la presencia del imputado en el lugar y tiempo, bastando inferir que se encontraba en las proximidades del lugar de los hechos (cf. Juauchen, op. cit, p. 592), inferencia que cobra peso frente al fundado descrédito ortorgado a las explicaciones ensayadas por el imputado (cf. Juauchen, op. cit, p. 593 y Rocha Degreef, Hugo, Presunciones e indicios en juicio penal, 2da. Ed., Ediar, Buenos Aires, 1997, p. 104) y considerando que el hecho indiciario surge de información testimonial plural (cf. Juauchen, op. cit. p. 593).
* Plurales indicios de participación en el delito derivados de lo acontecido en la tosquera muy probablemente días antes de los hechos (ante la presencia de Rivero -también en la pajarería de Del Viso, sumado a las simetrías entre el arma, sus municiones y las características especiales de la percusión-) y días después (ante la presencia de Simón), y lo sucedido en la estación de servicios Esso horas después de los sucesos (ante la presencia de Monzón y Mantovani).
* Indicio de capacidad delictiva proveniente de la personalidad del imputado derivado del análisis que se realiza en el fallo sobre el modo y contexto de la muerte (testimonios de las profesionales María E. Chicatto, Patricia N. Ferreyra y María E. Cariac), los informes forenses de modus operandi a la luz de las experticias psicológicas del incuso, su historial violento y las condenas por otros delitos contra la propiedad; inferencia que, como lo explica el doctor Bouchoux -convalidando lo atestado en la sentencia-, no importa adoptar un derecho penal de autor sino recoger esos datos con fines procesales probatorios dentro del derecho penal de acto, al solo efecto de ponderar la probabilidad de que el sujeto sea el autor del hecho concreto por el cual se lo juzga (cf. Jauchen, op. cit., ps. 595/598). * Indicio sobre el móvil delictivo especialmente en orden a la matación de la víctima derivado de la circunstancia de su inesperada irrupción en el lugar del desapoderamiento y el conocimiento previo entre ambos (y los reparos que aquélla tenía sobre el ofensor), con las consecuencias negativas esperables para el victimario.
* Indicio de actitudes sospechosas procedentes de los comportamientos de Pachelo posteriores a los hechos (en ref. a la vinculación con Michelini y en ref. a lo expresado al detenido Maradei). * Indicio de una mala justificación derivado de los desarrollos y conclusiones de la Casación en torno a la insatisfacción (cuando no mendacidad) de las explicaciones brindadas por el acusado Estando fuera de toda discusión -como se dijo más arriba- la posibilidad de alcanzar la certeza sobre la participación responsable del imputado a través de prueba indirecta, el análisis de los motivos de agravio que se realiza en el sufragio precedente da cuenta que en el recurso de la defensa no se consigue desnaturalizar la esencia del razonamiento fundante del reproche así estructurado, integrado por una serie de eslabones que -enlazados unos con otro- dotan de certeza a la conclusión asertiva de culpabilidad, siendo que es probable que los indicios individualmente considerados sean ambivalentes (cf.
CSJN, Fallos 311:948), por lo que se impone su análisis en conjunto a los efectos de verificar que no sean equívocos, esto es: que todos reunidos no puedan conducir a conclusiones diversas, lo que no se evidencia que acontezca en el presente caso. Frente a los indicios de cargo ponderados no se presentan suficientes explicaciones plausibles, razonadas y demostradas (contraindicios) que lleven a debilitarlos como plexo compuesto así integrado. De otro lado, tampoco se avizoran contrapresunciones que, siguiendo a Mittermaier, a diferencia de los contraindicios, “se dirigen a probar que no puede creerse al acusado capaz de haber cometido el delito (Por ejemplo: el acusado ha sido hasta entonces de una conducta irreprensible); o también, los hechos en que se fundan demuestran que no tenía la facultad (Por ejemplo: el acusado carece de la fuerza física necesaria para consumar el crimen) ni la capacidad (Por ejemplo: para cometer el delito era necesario cierta aptitud técnica que no posee el acusado) suficientes para cometerle; […] o que sus mismos intereses le forzaba a obrar en sentido contrario (Por ejemplo: el acusado vivía a expensas de aquel a quien se ha encontrado asesinado); y que su constitución física no autoriza a creer que pudiera haber triunfado de los obstáculos que debió encontrar al cometer el crimen.
Otras veces, los hechos de donde nacen las contraprestaciones consisten en actos personales del acusado, y difícilmente se concilian con la existencia de la culpabilidad; otras, en fin, los hechos demuestran que estando el acusado lejos del lugar del crimen, le ha sido imposible ejecutarlo” (Mittermaier, Karl Joseph Anton, Tratado de la prueba en materia criminal, “Criminalistas perennes 2”, Eugenio Zaffaroni-Francisco Muñoz Conde dirección, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 374).
El análisis que se hace en el fallo condenatorio sobre los eventos, comportamientos y circunstancias previas, concomitantes y posteriores a los hechos tenidos en su consideración conjunta y ensamblada como hechos indiciarios de culpabilidad, viene a dar respuesta positiva a los interrogantes que, nuevamente siguiendo a Mittermaier, cabe formularse en el caso: “¿Hay entre las circunstancias especiales que acompañan al delito, algunas que designen a un individuo como relacionado de algún modo con el hecho principal?”; “¿Puede fijarse la inculpación contra un individuo determinado, con mayor razón que contra cualquier otro?”, siendo que para responder a estas preguntas importa, entre otros factores, “Examinar las huellas que se dirigen hacia el lugar del delito” (mutatis mutandi en ref. a los dichos de Cristiani, Aspiroz y Asorey); “Investigar si con anterioridad al crimen, ha existido entre tal individuo y la víctima una relación tal” (en ref. al episodio con la mascota de la víctima y, en términos más generales, el vínculo receloso exteriorizado por la víctima respecto de Pachelo, al igual que muchos otros moradores del country); “si en los actos de esta misma persona pueden verse los preparativos del delito o el hecho de haberse procurado los medios” (en ref. a otros hechos contra la propiedad -previos, en este caso- y lo que surge de los dichos de Rivero con relación a lo acontecido muy presumiblemente días antes de los hechos).
Nuevamente. Desde esta perspectiva, el desarrollo argumental de la Casación, refrendado por el amplio escrutinio que realiza mi colega preopinante -a cuyo sufragio presto lisa y llana adhesión en el mismo sentido y por sus mismos fundamentos-, importa la expresión de motivos y explicaciones razonables que, partiendo de la información relativa al caso y que integra el material de convicción arrimado al debate, permite sustentar con la certeza necesaria la autoría responsable de los hechos en cabeza de Pachelo, dando razones para desbaratar las justificaciones formuladas por el acusado y marginando cualquier halo de duda razonable.
A fin de cuentas, el concurso de circunstancias o indicios considerados por los señores magistrados de la Sala II del Tribunal de Casación Penal (de diferente especie, como se vio, y que concuerdan y convergen entre sí), ponderados bajo el prisma de la lógica y la experiencia y según el curso ordinario y natural de las cosas, conducen asertivamente hacia la culpabilidad del imputado importando una cadena de inferencias compuesta de un gran número de eslabones (hechos indiciarios) sobre los cuales no se ha evidenciado circunstancias invalidantes y cuya capacidad de rendimiento brinda sustento suficiente para poner el reproche de culpabilidad en manos del encartado.
Es mi voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor juez Bouchoux dijo:
Que, en orden al resultado arrojado por el tratamiento de la cuestión precedente, entiendo que corresponde rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto por la defensa y confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravio (arts. 106, 209, 210, 373, 448, 450, 451, 530 y 531, CPP; 41 bis, 80 inc. 7 y 166 inc. 2, Cód. Penal).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el señor juez Mateos dijo:
Adhiero al voto del señor juez Bouchoux en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ASI LO VOTO.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. RECHAZAR, con costas, el recurso de casación interpuesto por la defensa y confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravio (arts. 106, 209, 210, 373, 448, 450, 451, 530 y 531, CPP; 41 bis, 80 inc. 7 y 166 inc. 2, Cód. Penal).
II. Regular los honorarios profesionales de los defensores Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán por su labor desarrollada ante esta Sede en 20 Jus.
Regístrese, notifíquese y oportunamente radíquese en origen.
Fin de la sentencia