Abriendo la norma
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-124844139-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 10 de Noviembre de 2025 En el día de la fecha, reunidos los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación), para resolver el expediente 41.707-I caratulado “PADIC S.A. s/ recurso de apelación”:
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 94/125vta. se interpuso recurso de apelación contra la Res. 291/2014 que determinó de oficio el impuesto al valor agregado (en adelante IVA) de los períodos fiscales 5 a 10/2007, intimó su pago con más intereses resarcitorios y aplicó una multa equivalente a tres tantos (300%) del impuesto defraudado (cfrme. arts. 46 y 47 inc. “b”, ley 11.683).
La recurrente detalló que la actividad del único proveedor impugnado por el fisco -Latosha S.A.- es la venta de pellets de soja y girasol, destinados a la alimentación de las vacas de ordeñe, posibilitando así el desarrollo de su actividad: el tambo.
Recordó que, si bien el fisco inició el procedimiento de determinación de oficio en el IVA, impuesto a las ganancias (en adelante IG) y salidas no documentadas (en adelante ISND), luego de la medida para mejor proveer dejó sin efecto dicho procedimiento respecto de los dos últimos, por considerar efectivamente acreditada la compra de los pellets de soja y de girasol y que las mismas responden a las facturas emitidas por el proveedor impugnado.
Destacó que el punto controvertido resulta sólo aparente, puesto que no es válido sostener que las compras se encuentran probadas y que existió un único proveedor en el período y, al mismo tiempo, sostener que Latosha S.A. no fue el proveedor de los productos en cuestión.
Resumió su actividad de ordeñe y señaló que su principal cliente es Mastellone Hnos. S.A., que impone exigencias extremas para recibir la producción. Agregó que para ello realiza gastos de suma importancia dado que la realidad de la actividad indica que la alimentación no puede dejar de darse un sólo día.
Destacó que, al momento de las operaciones, el proveedor no estaba en la base de facturas apócrifas. A su vez, detalló que los pagos fueron realizados con cheques “cruzados y no a la orden” y fueron debitados de la cuenta corriente del Banco Galicia, de su titularidad.
Señaló que el cómputo del crédito fiscal exige la concurrencia de los elementos formales y materiales, que, en el caso, se encuentran cumplidos.
Indicó que el fisco impugnó los créditos fiscales fundándose sólo en incumplimientos fiscales de terceros. Planteó la inconstitucionalidad de la ley 26.860 y se basó en ello para solicitar la prescripción de la determinación de impuesto y aplicación de multa por los ejercicios 5 a 10/2007.
Solicitó que se revoque la resolución recurrida pues no existe vínculo entre los antecedentes de hecho y las causales de derecho que permiten conectar ambos supuestos.
Señaló que los indicios invocados por el fisco podrán poner en evidencia otros hechos, tales como ciertos incumplimientos fiscales del proveedor, pero de ninguna manera, ponen en duda quién fue el efectivo proveedor de la mercadería.
Recordó que la verificación del domicilio fiscal, de la impresión de comprobantes y del cumplimiento fiscal de un determinado contribuyente son atribuciones del fisco que, de ninguna forma, pueden ser atribuidas a otro contribuyente. Agregó que PADIC S.A. realizó constataciones, tales como verificar la validez de las facturas emitidas, la inscripción en AFIP y la no inclusión en la base apoc, entre otras; también practicó las retenciones y las depositó al fisco.
Reiteró que el pago lo realizó con cheques “cruzados” y “no a la orden”, en un todo de acuerdo con los mecanismos legales a su disposición para procurar que el cheque sea cobrado en una cuenta. Justificó que si el beneficiario circuló el cheque, ese hecho está fuera de su competencia.
Advirtió que la manifestación del Sr. Sintiolo, lejos de justificar la tesis del fisco, acredita no sólo la sustantividad de las operaciones sino también la individualización del proveedor de los productos.
Resaltó que las facturas de compra impugnadas fueron informadas al fisco como existentes en el CITI ventas del vendedor.
Destacó que la propia AFIP autorizó al proveedor la emisión de comprobantes clase “A”, lo que presupone que la propia AFIP hizo la constatación de datos patrimoniales que le permitieron evaluar la solvencia del proveedor y su comportamiento fiscal.
Sostuvo que, los hechos colectados por el fisco para fundar la impugnación del crédito fiscal vinculado con las operaciones de compra, constituye una clara violación al principio de legalidad que emana de la CN. Mencionó que el fisco no sólo ratificó la validez de las facturas impugnadas, sino que también lo confirmó con el reconocimiento de una de las imprentas circularizadas.
Detalló que en la etapa administrativa aportó los remitos y las órdenes de pago emitidas que se corresponden con la cancelación de las facturas emitidas por Latosha S.A., así como también aportó los comprobantes de retención emitidos.
Manifestó que la contabilidad no fue objetada por el juez administrativo y de allí surge la correcta registración contable de las facturas y documentos complementarios.
En la etapa administrativa, acompañó un informe veterinario con el que afirma haber demostrado que los pellets de soja y girasol forman parte de la alimentación de las vacas de ordeñe, sin los cuales no podrían haber producido la cantidad de litros de leche vendidos en ese período.
Explicó que las compras fueron realizadas con la intermediación del Sr. Sintiolo, quien emitía una factura por el 1% de cada compra que se realizó en concepto de comisión por venta. Agregó que en cada factura surge la cantidad de toneladas y precio unitario, correspondiéndose en exacta cuantía con las cantidades y precios facturados por Latosha S.A.
También en la etapa administrativa, aportó informes históricos de los dominios que surgen de los remitos para acreditar que las operaciones impugnadas se corresponden con el tipo de vehículo idóneo para el transporte. Consideró vulnerado el principio de capacidad contributiva por cuanto el fisco niega su facultad de computar el crédito fiscal correspondiente a transacciones que efectivamente ocurrieron y que fueron acreditadas y reconocida su veracidad por el propio organismo. También consideró que, mediante la denegación de la prueba pericial técnica y pericial contable, se vulneró su derecho de defensa, el debido proceso adjetivo y las garantías procesales reconocidas por nuestra CN.
Con respecto a los intereses resarcitorios, manifestó que bajo ninguna hipótesis puede considerarse la existencia de mora culpable, resultando ello un presupuesto imprescindible para su aplicación.
Adujo que la acción para aplicar multa se encuentra prescripta por dos razones: la primera, en razón de la inaplicabilidad de la ley 26.860 por su vicio constitucional y, la segunda, por aplicación del principio de ley penal más benigna, toda vez que las suspensiones establecidas por las leyes 26.476 y 26.860 resultan inaplicables en materia de multas, por ser posteriores al vencimiento de las respectivas DDJJ.
Por último, planteó que no se configuró el elemento objetivo de la sanción impuesta, ni se acreditó en debida forma el aspecto subjetivo que la figura infraccional requiere.
Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura, ofreció prueba y peticionó que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 137/160vta. se presentó el fisco nacional, contestó el traslado del recurso y acompañó los antecedentes administrativos (en adelante aa). Por los argumentos que expuso, solicitó que oportunamente se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 170 se abrió la causa a prueba, a fs. 298 se clausuró el período probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “C”. A fs. 304 se pusieron los autos para alegar, haciendo uso de su derecho la actora a fs. 319/341 y el fisco a fs. 342/346. Finalmente, a fs. 347 se llamaron los autos para dictar sentencia.
IV. Que primeramente debo señalar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfrme. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros); ni tampoco a ponderar exhaustivamente todas y cada una de las pruebas producidas en la causa, sino sólo aquellas que se estimen conducentes para fundar las conclusiones a las que se arriba (Fallos 321:1776 entre otros).
V. Que por una cuestión de orden lógico en el tratamiento de las cuestiones, corresponde me expida primeramente sobre los planteos previos de prescripción y de nulidad -falta de fundamento, causa y oposición a la prueba-; toda vez que de ser acogidas favorablemente, derivarían en la declaración de prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar el gravamen apelado, o bien en la nulidad de la resolución.
V.1. En lo concerniente al planteo de prescripción articulado por la actora por entender que resulta inválida la aplicación de la ley 26.860 que extiende el plazo de prescripción de la acción fiscal para determinar o exigir el pago de tributos y aplicar sanciones, porque –según su criterio- viola el art. 52 de la CN al haber tenido como cámara de origen el Senado y no la de Diputados, cabe puntualizar que este argumento resulta insuficiente para desplazar la aplicación de dicha ley al caso de autos, a poco que se advierta que –tal como lo afirma el ente fiscal- , no se trata de una ley que creó, modificó o derogó gravamen alguno. Ello así, corresponde, sin más, rechazar el planteo previo articulado.
V.2. En cuanto a la nulidad planteada, cabe tener presente lo dicho por nuestro más Alto Tribunal, en cuanto a que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley, y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (Fallos 324:151, entre tantos otros).
Al respecto, debe recordarse que la causa del acto administrativo comprende los antecedentes o circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso llevan a su dictado, es decir, que este elemento se presenta como la constatación o apreciación de un hecho, mientras que la motivación se refiere a la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo, y en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del acto. Su exigencia está fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, toda vez que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen su emisión.
Del análisis del acto recurrido, como de las actuaciones seguidas por el ente recaudador, surge que contiene los elementos jurídicos formales y sustanciales (cfrme. art. 7°, ley 19.549) y se cumplieron los procedimientos establecidos para su emisión, posibilitándose al contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar una defensa adecuada, no vislumbrándose que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan la resolución apelada -como simplemente invoca la actora-, ni que haya existido agravio alguno a su derecho de defensa. Nótese que el fisco no sólo que se apoyó en el informe veterinario para descartar el ajuste en IG y SND, sino que el rechazo de la prueba ofrecida en la instancia anterior también fue debidamente fundado de acuerdo a las constancias de fs. 28/30; resultando entonces que el planteo de la actora sólo se basó en una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra la decisión relativa al fondo del asunto, pero que no afecta la validez del acto.
Por ello, corresponde rechazar la defensa de nulidad articulada.
Con relación a las costas de este considerando, si bien los agravios fueron tratados previamente, lo cierto es que no fueron articulados por la recurrente como excepción en los términos del art. 171 de la ley 11.683, sino como otras defensas más contra el acto apelado y con la finalidad de obtener su revocación, por lo que, al no haberse generado una actividad procesal autónoma, no corresponde imposición de costas a su respecto.
VI. Que sobre la cuestión de fondo, es importante señalar anticipadamente que la controversia a decidir es –únicamente- si corresponde el ajuste del cómputo del crédito fiscal en el IVA por distintos períodos con origen en la impugnación del proveedor Latosha S.A.
De la resolución apelada, el informe final de inspección –en adelante IFI- y los aa surge que la actividad principal de la recurrente es la “Producción de leche de ganado bovino”, cerrando sus ejercicios comerciales en abril de cada año (v. fs. 39/43, Cpo. IG y fs. 335/338, Cpo. Ppal, aa).
Al notificarse de la “vista”, la actora acompañó documentación junto con su descargo y tras ello el fisco dispuso la producción de medidas para mejor proveer (v. fs. 107/121, 137/263 y 264/266, Cpo. Ppal. IVA, aa). De todo ello surge que el proveedor impugnado se encuentra inscripto en la actividad “Venta al por mayor en comisión o consignación de semillas” (v. fs. 39, Cpo. Latosha S.A., aa).
De los antecedentes por los cuales se lo calificó de apoc, se observa que no pudo ser localizado, declarando quien contesta que desconoce a la firma (v. fs. 1/10 y 134/135, Cpo. Proveedor Base Apoc, aa).
Circularizada la imprenta, su titular informó que los trabajos fueron solicitados por la Srta. Valeria y el Sr. Comesaña y retirados por el Sr. Gustavo Rodas. Según los inspectores surgen diferencias, ya que la imprenta no informó los lotes de facturas tipo A del número 0001-551 al 1050, del 0001-1051 al 1550 y del 0001-1551 al 1800 que corresponden a facturas emitidas por el presunto proveedor apoc a la actora (v. fs. 41/51 y 135, Cpo. Proveedor Base Apoc, aa).
No posee cuentas bancarias, ni bienes registrables y no está inscripto –Latosha SA- como empleador (v. fs. 24 y 134/136, Cpo. Proveedor Base Apoc, aa). Presentó algunas DDJJ de IG (2006 y 2007) e IVA (7/2006 a 6/2008), con saldo a ingresar sólo en IVA del 2007 por $8.075,67 y 2008 por $1.218,82. Muchas DDJJ del IVA contaban con una relación débito-crédito igual a 1 (v. fs. 28/38 y 134, Cpo. Proveedor Base Apoc, aa).
Respecto a los medios de pago, el fisco tuvo en cuenta el IFI elaborado en la fiscalización dirigida a la firma Doble Efe S.A., del que surge que su presidente declaró que compraba soja a través del Sr. Martini, que hacía las veces de intermediario, ya que éste no emitía facturas propias, sino que le enviaba las facturas de Latosha S.A. (v. fs. 136, Cpo. Proveedor Base Apoc, aa).
Referido al lugar de entrega, declaró que el Sr. Martini le solicitaba que mandara el flete a la localidad de Adolfo González Chávez y Bordenave y que desconocía el lugar exacto de explotación de la soja, pues el fletero se encontraba en un lugar y de ahí lo llevaban al campo donde retiraba la soja (v. fs. 136, Cpo. Proveedor Base Apoc, aa).
Por todo ello, Latosha S.A. fue cargada en la base apoc el 6/7/2010 con fecha de detección 5/8/2009 bajo la condición “sin capacidad económica” (v. fs. 132/136, Cpo. Proveedor Base Apoc, aa).
Asimismo, la División Fiscalización tampoco pudo localizarlo en su domicilio fiscal. Tras ello, se cursó requerimiento al presidente de Latosha S.A., Sr. Germán Martínez, el que no fue cumplimentado. Por último, los oficiales fiscalizadores se constituyeron en el domicilio donde una vecina informó que el Sr. Martínez se había mudado hacía dos años (v. fs. 44/46, 104/109 y 124/125, Cpo. Latosha S.A., aa).
A requerimiento del fisco, la recurrente aportó libro IVA ventas y compras, EECC del ejercicio 2008, ajustes impositivos, cuenta corriente comercial del proveedor, DDJJ del IG del ejercicio 2008 y de IVA de los períodos 5/2007 a 4/2008. También acompañó el detalle de los cheques emitidos a la orden del presunto proveedor y debitados de la cuenta corriente del Banco Galicia (v. fs. 2/95, Cpo. IVA y 35/38, Cpo. Latosha S.A., aa). De la circularización al Banco de Galicia y Buenos Aires y HSBC Bank Argentina S.A., surge que todos los cartulares fueron emitidos a nombre del proveedor, cruzados y no a la orden, pero, a su vez, están todos endosados y ninguno fue depositado o cobrado por el proveedor, ya que el mismo, según base de datos del fisco, no posee cuentas bancarias (v. fs. 55/56 y 81/85, Cpo. Latosha S.A., aa).
Requerido a los beneficiarios de los endosos que indiquen los conceptos por los cuales recibieron los valores, no fueron respondidos. De la circularización al Banco Hipotecario, tampoco pudo obtenerse información acerca de la titularidad de los beneficiarios (v. fs. 88/100 y 119/122, Cpo. Latosha S.A., aa).
Contactado el Sr. Roberto Sintiolo, éste reconoció haber realizado operaciones de intermediación entre la actora y Latosha S.A., siendo el contacto el Sr. Germán Martínez. Agregó que se encontraban en alguna estación de servicios de la zona de Cañuelas y le entregaba las facturas de venta para ser entregadas al cliente. También informó que nunca se encargó del transporte, desconociendo la procedencia y destino del cereal vendido (v. fs. 114/118, Cpo. Latosha S.A., aa).
Como resultado, la fiscalización efectuó ajustes en IG, ISND e IVA.
Notificada la recurrente de los ajustes, aportó el “informe especial de médico veterinario sobre alimentación de vacas de ordeñe”, tras lo que el fisco ordenó medidas para mejor proveer, con las que pudo constatar que las compras de los pellets de soja y girasol se hallaban entre los insumos destinados a la alimentación de los animales. Además, logró establecer que las adquisiciones se efectuaron a un único proveedor y que las mismas responden a las facturas emitidas con el membrete de Latosha S.A. También confirmó que dichos bienes no requieren la utilización de cartas de porte (v. fs. 292, 294, 296/332 y 335/338, Cpo. Medidas para Mejor Proveer, aa).
Así, pudo comprobarse que las cantidades de litros de leche producidos y vendidos por la actora resultan contestes con los promedios de rendimiento, respecto de las vacas de ordeñe que reciben suplementos dietarios. Resultado de ello, es que el fisco dejó sin efecto el procedimiento determinativo de oficio respecto del IG (Res. 290/2014, vide fs.52vta) y del ISND (Res. 292/2014, vide fs.89).
No obstante, el fisco consideró que no quedó probado que esos bienes hayan sido provistos por el proveedor impugnado, por lo que mantuvo el ajuste en el IVA.
VII. Que en esa inteligencia, es preciso señalar que el fisco sólo cuestiona que las operaciones de compra hayan sido realizadas con el proveedor Latosha S.A., pero no niega la verdadera realización de tales operaciones: la entrega de los bienes y su correspondiente pago. En otros términos, no se discute aquí la veracidad de las operaciones de compra, sino que los comprobantes que dan derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA no corresponden al verdadero realizador de tales operaciones.
En este sentido, debe recordarse que el último párrafo del art. 12 de la ley del IVA (t.o. en 1997 y sus modif.), establece que: "en todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...".
Al respecto, la CSJN tiene dicho que: “Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto –en el caso- de los vendedores de los bienes...” (Fallos 338:169, considerando 9°, entre otros).
De la lectura de la resolución apelada, se observa que el fisco consideró que las facturas emitidas por el proveedor observado no merecen fe alguna, toda vez que –según el organismo fiscal- la realidad indica que éste no pudo realizar operación alguna, impugnándose, en consecuencia, el crédito fiscal computado procedente de dichos documentos (porque no pudo ser localizado, no posee bienes, ni cuentas bancarias, existen algunas incongruencias en la declaración de la imprenta, no registro su inscripción como empleador, registra relaciones débitos/créditos fiscales en IVA cercanas a 1, no se pudo localizar a los beneficiarios de los pagos, etc.). Sin embargo, a fs. 264/272 obra el informe veterinario en el que se trataron diversos puntos que no se encuentran discutidos en autos y que fueron considerados por el fisco a los fines de dejar sin efecto el procedimiento determinativo de oficio respecto del IG y del ISND. Del mismo también surge que los importes abonados por la actora al proveedor resultaron consistentes con los valores de mercado.
Asimismo, en la pericial contable obrante a fs. 185/222, ambos peritos coincidieron en que las facturas impugnadas cumplían con los requisitos establecidos en el art. 41 de la RG 100/1998. A su vez, acompañaron una serie de planillas de donde surge que las facturas impugnadas se encontraban registradas, con su crédito fiscal detallado -que coincide con el declarado en las DDJJ- y con CAI vigente al momento de su emisión (Anexo 2, 3, 4 y 8). Además, especificaron las retenciones practicadas e ingresadas y las órdenes de pago emitidas, con detalle del número de cheque y el débito en la cuenta bancaria; aclararon que los cheques del Banco Galicia Suc. Luján eran cruzados y no a la orden, lo que se condice con los resúmenes bancarios acompañados en los aa (Anexo 5 y fs. 70/74 cpo. ppal. IVA de los aa). También volcaron las fojas en que se encontraban registrados los pagos en el Libro Diario (Anexo 6). Por último, del detalle de las comisiones del Sr. Sintiolo, surge que las cantidades por él facturadas coinciden con las cantidades detalladas en cada una de las facturas del proveedor, como así también el porcentaje del 1% por él declarado; lo cual coincide con lo registrado en el Libro Diario (Anexo 7). Por otro lado, no resulta válido el argumento del fisco relativo a que el proveedor se encontraba en la base apoc, puesto que al momento de realizarse las operaciones no lo estaba. A igual conclusión arribo en lo tocante al CAI, pues en todos los casos se encontraba vigente y habilitado al momento de la facturación.
En cuanto a la declaración del presidente de la firma Doble Efe S.A. que el fisco consideró a los fines de resolver como lo hizo (v. fs. 11vta.), en la que afirmó que compraba soja a través del Sr. Martini, ya que éste no emitía facturas propias sino que le enviaba las facturas de Latosha S.A., vale puntualizar que esa acta se labró en el marco de la fiscalización realizada a un tercero (Doble EFE S.A.) claramente ajeno en estas actuaciones, por lo que no corresponde que dicha afirmación deba ser merituada en este caso.
Así, encuentro que el análisis de los puntos periciales permite tener por acreditado el circuito financiero y material de las operaciones y la vinculación entre ellos. Obsérvese que lo allí detallado coincide con el resumen documental en el que se aportó para cada factura su verificación de validez, resumen bancario, remito y factura por comisión (v. fs. 2/38, Cpo. Latosha S.A., aa). De allí también se puede confirmar que los dominios informados se corresponden con vehículos aptos para el traslado de la mercadería en cuestión (v. fs. 242/263, Cpo. Ppal., aa).
De las constancias comprobadas de la causa, encuentro que el ajuste fiscal, finalmente, se fundó en incumplimientos de obligaciones que claramente se encontraban en cabeza del proveedor impugnado y sobre las cuales la actora no posee –ni podría poseer- ninguna atribución o poder “de policía”. Tengo para mí que admitir el ajuste fiscal equivale a constituir al contribuyente en una suerte de responsable del cumplimiento de obligaciones sustantivas ajenas, sin norma legal que así lo establezca; a la vez que relevaría al fisco de su inexcusable deber de verificar, fiscalizar y cobrar las sumas adeudadas por los contribuyentes, utilizando las amplísimas herramientas que el legislador le otorgó en el art. 35 de la ley 11.683 (ver Dictamen de la PGN que la Corte hace suyo en Fallos 334:1854).
En efecto: acaso la pequeña relación entre el débito y el crédito fiscal declarado por el proveedor en sus DDJJ de IVA, o que no surjan empleados a su nombre, o que no haya sido ubicado en su domicilio fiscal, o algunas inconsistencias vinculadas a la impresión de sus facturas, o que los cheques emitidos -cruzados y “no a la orden”- hayan sido endosados y finalmente cobrados por terceros; ¿son cuestiones válidamente achacables a la actora?; claro que no. Además, es importante destacar que sobre cada operación –cuya veracidad no se encuentra cuestionada- la apelante recibió facturas con CAI vigente y habilitado (vide respuesta de los peritos contadores al punto 2, fs. 219vta. y 189), el proveedor no se encontraba en la base apoc y pagó –en todos los casos- con cheques cruzados no a la orden (vide respuesta de los peritos contadores al punto 11, fs. 220vta. y los anexos allí detallados), es decir, cumplió con todos los recaudos instrumentales a su alcance.
Por ello, no encuentra razones de peso para concluir en que no fue el proveedor Latosha SA el que proveyó los bienes que dan cuenta las facturas impugnadas.
Por todo lo expuesto, corresponde revocar el ajuste basado en la impugnación del proveedor Latosha S.A., con costas.
VIII. Que en virtud de la forma en que se resuelve deviene abstracto el tratamiento de los restantes agravios articulados.
La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada, con costas.
Se deja constancia que suscriben este pronunciamiento dos Vocales Titulares de la Sala C, conforme a lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2025.11.04 14:19:07 -03:00 Date: 2025.11.10 13:26:24 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.10 13:26:25 -03:00
Fin de la sentencia