Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 33.862-I
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar las resoluciones apeladas, con costas a la parte actora.
II. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación en virtud de lo dispuesto en los considerandos V y VII de la sentencia. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-74654773-APN-VOCIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 29 de Junio de 2023 El Expte. Nº 33.862-I y sus acumulados, caratulado “PADREVITA, Juan Pablo s/Recurso de Apelación”, a resolución de la Sala "B" de este Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Magallón dijo:
I. Que a fs. 262/336, fs. 626/700 y fs. 1092/1166 los Sres. Juan Pablo Padrevita, Stella Maris Ramírez y Daniela Padrevita en carácter de herederos del contribuyente José Antonio Padrevita, interponen sendos recursos de apelación contra las Resoluciones Nro. 116/2010 (DV ORR1), Nro. 117/2010 (DV ORR1) y Nro. 115/2010 (DV ORR1), emitidas por la Dirección Regional Oeste de la AFIP-DGI.
Los actos administrativos apelados les determinan con carácter parcial la materia imponible en el impuesto al valor agregado, en la suma de pesos trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veinticinco con veintiséis centavos ($385.425,26) por los periodos fiscales 01 a 12 de 2004 y la suma de pesos un millón cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y cuatro con cuarenta y cuatro centavos ($1.058.284,44) por los periodos fiscales 01 a 12 de 2005, con más la suma de pesos un millón ciento veintiún mil trescientos veinticuatro con veintitrés centavos ($1.121.324,23) en concepto de intereses resarcitorios. Cabe advertir que las resoluciones en pugna poseen un idéntico tenor desde que se refieren al procedimiento de determinación de oficio iniciado en cabeza del contribuyente Jose Antonio Padrevita quien fallece antes de la notificación de la vista, la que finalmente se concreta en la persona de cada uno de sus herederos forzosos. Ello así, teniendo presente que los escritos recursivos expresan los mismos agravios, éstos serán expuestos de manera conjunta.
En primer lugar, los apelantes sostienen que mediante un accionar poco claro la Administración Tributaria Nacional pretende imponer a la sucesión del fallecido José Antonio Padrevita el falso carácter de titular por deuda propia de la pretensión fiscal que tiene sobre el accionar de la actividad del fallecido y que fuera fiscalizada por ese organismo en momentos de estar con vida el referido contribuyente. Asimismo, se agravian respecto de la extensión del acto de apertura del sumario material por la supuesta infracción que se les notifica, haciendo hincapié en el carácter subjetivo de la pena.
Corresponde precisar que sin instrumentar el agravio como una excepción por falta de legitimación pasiva, esgrimen que no les corresponde hacerse cargo de la pretensión fiscal dirigida al causante, emparentando tal improcedencia con una vulneración de su derecho de defensa al no haber intervenido en la investigación fiscal previa, invocando por ello la nulidad de lo actuado.
Con respecto al ajuste proyectado explican que el causante era un contribuyente individual persona física dedicado a la distribución y venta en forma mayorista y minorista de tarjetas telefónicas de la compañía TELECOM S.A, desplegando concretamente un servicio de intermediación en la cadena de distribución. Impugnan la determinación de oficio practicada -a su entender- sobre base presunta, indicando que el Fisco Nacional no ha acreditado los impedimentos que tuvo para hacerla sobre base cierta.
Sostienen que se intenta determinar la materia imponible sobre la base de una equivocada presunción, considerando que no se han seguido las disposiciones emergentes de la ley del impuesto al valor agregado en cuanto a la liquidación del tributo pues el crédito fiscal computado por el contribuyente surgía únicamente de las notas de crédito que confeccionaba para el cobro de las comisiones a los subdistribuidores del producto comercializado. Exponen que aquella situación podría haber sido constatada fácilmente por la auditoria si efectuaba un correcto análisis del funcionamiento del rubro en cuanto a las modalidades de comercialización, lo que no ha ocurrido en el caso.
Insisten en que era necesario que se proceda a la impugnación de los libros y la documentación respaldatoria como requisito previo a la utilización de la base presuntiva. Entienden que al no haberse constatado ninguna irregularidad la AFIP recurrió al método indiciario con un afán recaudatorio, realizando un “ajuste de escritorio” sin fundamentación técnica que lo avale, sin permitir la producción de la prueba ofrecida oportunamente con el descargo, obviando los datos suministrados como por ejemplo las liquidaciones presentadas, facturas de compras debidamente conformadas por la compañía telefónica y nómina de cheques recibidos por algunos de los contribuyentes que manifestaron no haber realizado nunca operaciones con el verificado.
En suma, aseveran que si se analizan profundamente los elementos fiscalizados surge que nada pudieron encontrar y solamente les llamó la atención la existencia de notas de crédito emitidas por los clientes mayoristas del contribuyente en donde se descontaba la comisión cobrada por las ventas de las tarjetas objeto del negocio.
Seguidamente, exhiben una serie de planteos referidos al modo en que se desarrolló el procedimiento y esgrimen la afectación de principio de congruencia, principio de razonabilidad y el derecho de defensa. En esa línea, invocan además la aplicación de la teoría de los actos propios, en tanto previo a la determinación de oficio que se impugna, el organismo había fiscalizado al contribuyente por los periodos 2001 a 2003 en el IVA sin que surjan ajustes aun cuando la operatoria llevada adelante por el contribuyente fue siempre la misma. Por último, demandan la nulidad de las actuaciones administrativas, entendiendo que existen vicios en la causa, la finalidad y la forma de los actos emitidos.
Por último, plantean la prescripción de las acciones de fisco para determinar la materia imponible con respecto a los periodos fiscales del 2004, en atención a la improcedencia de la aplicación de la suspensión de los plazos establecida en la ley Nº 26.476.
Citan jurisprudencia. Adjuntan prueba documental y ofrecen pruebas testimoniales y pericial contable. Hacen reserva del Caso Federal. Solicitan se revoquen las resoluciones apeladas, con costas al Fisco Nacional.
II. Que a fs. 367/386, fs. 730/748vta. y fs. 1184/1202vta. la representación fiscal contesta los recursos. Ante todo, rechaza el agravio de los apelantes con respecto a su carácter de responsables por deuda ajena. Sostiene que evidencian una gran confusión con relación a la determinación de oficio que apelan, en la cual se les determina la deuda reclamada en autos en su carácter de responsables por deuda propia. Explica que los herederos son contribuyentes –responsables por deuda propia- aunque no se hubiera verificado a su respecto el hecho imponible, pues asumen el carácter de continuadores de la persona del causante, es decir que responden por una deuda propia, aunque con beneficio de inventario hasta el límite del acervo hereditario. Ello así, resultan los legitimados pasivos a los fines de la pretensión fiscal, citando las normas tributarias y civiles aplicables al caso.
Rebate el planteo de nulidad. Manifiesta que a los efectos de su procedencia interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, señalando que los apelantes no han indicado concretamente cuales son las defensas de las que se habrían visto privados de oponer, recordando que no procede la nulidad por la nulidad misma.
Rechaza el planteo de prescripción y sostiene que la suspensión del plazo dispuesto en la ley Nº 26.476 es de carácter general y aplicable a todos los contribuyentes, teniendo como único requisito para su procedencia que la prescripción se encuentre en curso, tal como ocurre en el caso de autos. En lo atinente al fondo de la controversia, refuta el argumento de los actores según el cual los ajustes se hicieron sobre la base de presunciones. Expone que el procedimiento se ha realizado sobre base cierta habida cuenta que la auditoría fiscal utilizó los datos aportados por el propio contribuyente. Agrega que los apelantes presentan defensa contra una supuesta infracción que no se encuentra establecida en los actos recurridos.
Insiste en que nunca se cuestionó la facturación de las tarjetas telefónicas que el difunto adquirió de la empresa de telecomunicaciones –como erróneamente se plantea en los escritos de apelación- sino en cambio el modo peculiar de reflejar la comisión de sus respectivos clientes. Que el mecanismo cuestionado es la falta de generación del débito fiscal en cabeza del segundo distribuidor, el que debía facturar la comisión reconocida por el contribuyente, facturación que sumada a la de este último por la porción que le dejaba la actividad, redundaría en la recaudación total del impuesto involucrado en todas las etapas de comercialización de las tarjetas de pulsos telefónicos.
Concluye que todas las manifestaciones esgrimidas por los apelantes no se encuentran respaldadas en pruebas categóricas, motivo por el cual las determinaciones de oficio practicadas gozan del principio de legitimidad, solicitando su confirmación.
Cita jurisprudencia. Acompaña los antecedentes administrativos y se opone a la prueba ofrecida por la parte actora. Hace reserva del Caso Federal y solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas a los apelantes.
III. Que a fs. 756 y fs. 1207 se decide acumular al Expte. N° 33.862-I los Exptes. N° 33.864-I y N° 33.865-I.
Que a fs. 1228 se resuelve no hacer lugar a la prueba informativa, testimonial y pericial contable. Que a fs. 1254 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “B” y a fs.1257 se ponen para el dictado de la sentencia.
IV. Que a los fines de dar tratamiento a los agravios esgrimidos por los apelantes, resulta conveniente en primer lugar exponer los hechos constatados por la investigación fiscal que sustentan los ajustes proyectados.
Que a fs. 288/296 del Cuerpo Principal II de los antecedentes administrativos (O.I N° 208.872 –ex 991.080/8-) obra agregado el informe final de la fiscalización seguida al contribuyente José Antonio Padrevita, la que tuvo su origen en el análisis de la actividad de intermediación en la distribución de tarjetas telefónicas, requiriendo información a las compañías de telefonía celular con respecto a los distribuidores de tarjetas. De los datos aportados se seleccionaron los casos con el fin de verificar aspectos relevantes a ser incluidos en la metodología de control denominada “Distribuidores de tarjetas telefónicas” confeccionada por la Division Servicios de la D.A.F.E sobre la referida operatoria.
Que entre los casos seleccionados se incluyeron el del Sr. Padrevita, quien se desempeñaba como distribuidor de tarjetas telefónicas emitidas por TELECOM PERSONAL S.A. siendo uno de los principales en función del volumen de unidades comercializadas. Se indica que, no obstante, el contribuyente se encontraba inscripto en las actividades económicas “Servicios de Transporte urbano de carga” y “Servicios N.C.P”, lo que no reflejaba la realidad de la actividad comercial que llevaba adelante, según pudo constatar la auditoría.
Que requerido el contribuyente a los fines que aporte la documentación contable e impositiva, como asimismo detalles sobre la actividad que llevaba adelante, contestó todos los requerimientos cursados. En lo atinente a la operatoria comercial, explicó que las partes intervinientes son: (i) la compañía telefónica que presta el servicio de telecomunicaciones al consumidor; (ii) los intermediarios, que prestan un servicio de intermediación en la distribución de las tarjetas y que actúan como proveedores de servicios para la cadena de distribución; (ii) el público usuario (consumidor del servicio).
Expuso que la compañía telefónica tiene como ingresos gravados el valor de venta de las tarjetas al público consumidor y su costo son las comisiones que le facturan los intermediarios distribuidores. Por su parte, los intermediarios se subdividen en dos grupos: mayoristas y minoristas. Dentro del primer grupo se ubicaría el Sr. Padrevita cuya ganancia bruta surge de la diferencia entre las comisiones facturadas a la licenciataria y las cedidas a los sub-distribuidores y comercios minoristas (kioscos, locutorios). A esa diferencia le detraen sus gastos y así se determina el resultado neto. A su turno, el ingreso de los minoristas estará dado por la comisión que perciben por la venta al público usuario de las tarjetas, a los que le detraen sus gastos para obtener el resultado neto.
Concretamente, y referido a su función dentro de esa cadena de comercialización, el contribuyente explica que presta el servicio de distribución a sub-distribuidores mayoristas y minoristas de tarjetas telefónicas percibiendo una comisión facturada a TELECOM PERSONAL S.A. consistente en un 13% aproximadamente del valor facial de cada tarjeta. Su utilidad está dada por la diferencia entre aquel importe y la comisión cedida por él a los segundos distribuidores a quienes les reconoce una retribución que ronda el 10% del valor facial antes aludido, de lo cual surge que sus ingresos netos corresponden a un 2% o 3% del valor de las tarjetas comercializadas.
Que en orden a lo informado por el contribuyente, el organismo fiscal observa la modalidad de liquidación del impuesto al valor agregado en razón de la información surgida de los libros y la documentación aportada. Ello así, indica que el Sr. Padrevita procede al cómputo del débito fiscal generado por las comisiones facturadas a la licenciataria y la detracción del crédito fiscal calculado en función de las comisiones cedidas a los sub-distribuidores.
Se pone en conocimiento que la Administración Tributaria ha detectado como una práctica habitual en ese tipo de actividad que la retribución reconocida a los sub-distribuidores era documentada a través de notas de crédito emitidas por el primer distribuidor -en este caso el verificado- en contraposición con la normativa fiscal vigente (Ley N° 20.631 y Dictamen N° 74/82 de la Dirección de Asuntos Técnicos y Jurídicos de la AFIP-DGI). En el caso particular del contribuyente Padrevita, se pudo constatar que la cuasi totalidad de las notas de crédito registradas en su Libro IVA Ventas correspondía a comisiones cedidas a los segundos distribuidores por la venta de tarjetas telefónicas.
Que en ese orden de razonamiento, la auditoría fiscal destaca que de acuerdo a la operatoria y en función de la expresa prohibición legal de reemplazar facturación de proveedores o prestadores por documentación emitida por el usuario del servicio, entendió que correspondía la impugnación del crédito fiscal proveniente de las notas de crédito antes citadas.
Que a los fines de proceder al ajuste, se realizó la circularización de los prestadores del contribuyente a quienes les emitió las notas de credito, según surge de los registros en los libros aportados por aquel. Del cotejo se observó que la firma HISPANO ARGENTINA S.H con CUIT 30-69168532-9 fue el único prestador que le emitió factura por su comisión, ingresando los débitos fiscales correspondientes. En base a los datos registrados en el Libro IVA Ventas se solicitó información a distintos distribuidores respecto de las facturas y notas de crédito recibidas por el contribuyente (ver Cuerpo de Circularizaciones –Notas). En una primera instancia se circularizó a los principales sub-distribuidores seleccionados en base al volumen de operaciones y los importes involucrados declarados por el Sr. Padrevita, obteniéndose un porcentaje de respuestas cercano al 50%. Posteriormente, se reiteró nota de requerimiento a los contribuyentes que no habían respondido en un primer momento y se amplió la muestra al resto de subdistribuidores declarados de acuerdo a los registros del verificado, lográndose un porcentaje de respuestas cercano al 55% del total circularizado en tal oportunidad. Por último, se circularizó a los sub-distribuidores que no habían dado respuesta en ocasiones anteriores enviando las notificaciones a otros domicilios obtenidos a partir de la consulta a la base de datos de la AFIP.
Que de las respuestas obtenidas surgieron cuatro situaciones a saber: (i) los contribuyentes que habían manifestado no haber efectuado operaciones con el fiscalizado (respuestas negativas); (ii) los que reconocen haber celebrado operaciones con el Sr. Padrevita pero por importes distintos a los declarados por el fiscalizado o en periodos anteriores a los verificados; (iii) la información brindada por los terceros coincide con lo registrado (respuestas positivas); (iv) algunas circularizaciones fueron devueltas por no haberse localizado a su destinatario.
Se cotejaron los débitos fiscales declarados por los circularizados que no respondieron los requerimientos con los respectivos créditos fiscales computados por el Sr. Padrevita considerándose correctos aquellos cuyos montos eran inferiores a los consignados en las DDJJ.
A partir de los datos obtenidos se confeccionaron planillas de cumplimiento de requerimientos notificados y de aceptación y/o impugnación de notas de crédito computadas por el contribuyente, según el análisis efectuado (ver Cuerpo de análisis de Proveedores Circularizados de los antecedentes administrativos). Por lo merituado, se expuso que el ajuste propuesto se basa en la impugnación de los créditos fiscales provenientes de las notas de crédito emitidas por el responsable y no reconocidas expresamente por los sub-distribuidores del fiscalizado.
Se informa que con fecha 27/09/2007, previa toma de vista de las actuaciones por parte del Sr. José Antonio Padrevita, se efectuó la notificación de los ajustes proyectados mediante el procedimiento establecido en el art. 100 inciso b) de la ley 11.683, otorgándole el plazo legal para la aceptación de aquellos o la exhibición de las pruebas necesarias para desvirtuar los mismos (ver fs. 254/281 del Cpo. Principal). Que transcurrido el plazo, el fiscalizado no dio respuesta alguna.
Que seguidamente, a fs. 316/318 del Cpo. Principal II de los antecedentes administrativos obra agregado el informe complementario de la auditoria en el cual se vuelve a precisar que “La fiscalización a efectos de la determinación del ajuste se centró en aquellos distribuidores que respondieron no reconociendo las operaciones registradas por el fiscalizado. De manera que el ajuste fiscal resulte incontrovertible en sede administrativa y judicial. Se han dejado de lado casos de dudosa certeza por falta de respuesta y que resultaban de baja significatividad respecto del ajuste total propuesto, por lo que se consideraron suficientes las tareas realizadas” (vide fs. 318).
Que a fs. 342/378 obra agregada la resolución de vista N° 01/2009 (DV ORR1), notificada en fecha 12/02/2009 en el domicilio fiscal del contribuyente, siendo recibida la cedula por la Sra. Stella Maris Ramírez quien se identifica ante los oficiales intervinientes como la viuda del Sr. José Antonio Padrevita. Que a fs. 386 se presenta la Dra. Daniela Giselle Payero en carácter de autorizada por la administradora de la sucesión de Jose Antonio Padrevita, tomando vista de las actuaciones y a fs. 394/395 la misma letrada solicita prórroga a los fines de contestar la vista notificada. Que a fs. 415/472 del Cpo. Principal III, se presenta el escrito de descargo contra la resolución de vista notificada.
Que dado el fallecimiento del causante, a fs. 473/476 del Cpo. Principal III obra agregada la Nota N° 176/09 (DV ORR1) emitida por la División Jurídica en respuesta a la consulta efectuada por la fiscalización respecto a los pasos a seguir al haber tomado conocimiento en fecha 09/02/2009 del fallecimiento del Sr. José Antonio Padrevita, suceso ocurrido el 07/12/2008 (fs. 381 del Cpo. Principal). Que seguidamente, a fs. 477/480 obra el Dictamen N° 10/226/09 en el que se instruye “Por todo lo precedentemente expuesto, este Servicio Jurídico concluye que en el presente caso, a la luz de los antecedentes obrantes en las actuaciones que dan cuenta del fallecimiento del contribuyente Padrevita, José Antonio CUIT N° 20-11027714-9 y su correspondiente comunicación al Organismo con fecha anterior a la notificación de la vista de las impugnaciones y cargos formulados por el Organismo en la O.I N° 99.108/8, correspondería que el área técnica competente notifique la misma a cada uno de los herederos de la sucesión de José Antonio Padrevita, siendo estos responsables por deuda propia de las obligaciones que constituyen el objeto de la pretensión fiscal”(vide fs. 480).
Por lo merituado, el organismo fiscal procedió a notificar las resoluciones de vista a los Sres. Padrevita Juan Pablo, Padrevita Daniela y Stella Maris Ramírez, en su carácter de herederos del fallecido contribuyente José Antonio Padrevita, manteniendo los argumentos esgrimidos en la Resolución N° 01/2009 (DV ORR1). Luego de interpuestos los respectivos descargos, se emiten las resoluciones de determinación de oficio, en las que se confirman los ajustes oportunamente proyectados (ver fs. 46 y 194 de la actuación Nro. 100056-3057-2007/12; fs. 44 y 194 de la actuación Nro. 10056-3057-2007/13; fs. 43 y 195 de la actuación Nro. 10056-3057-2007/14).
V. Que previo a todo análisis conviene recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo a pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. CSJN in re "Sopes Raúl Eduardo c. Administración Nacional de Buenos Aires" sentencia del 17/11/87, Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sala V "Tunesse, María del Carmen Flavia c. Ministerio del Interior s/juicio de conocimiento sentencia del 13/4/98, “Manzino, Silvia B.”, T.F.N., sala “D”, sentencia de fecha 17/03/2006, entre otros). Que en ese orden de ideas, en primer término este juzgador advierte que sin haberse articulado el agravio como una excepción de falta de legitimación pasiva, los apelantes sostienen que no resulta ajustado a derecho que el Fisco Nacional, por su carácter de herederos forzosos, les reclame la deuda determinada en cabeza del causante. Ello así, por cuestiones de lógica precedencia, cabe dar tratamiento al mencionado agravio.
Que en sus escritos recursivos los actores exponen que mediante un accionar poco claro la AFIP pretende imponer a la sucesión de José Antonio Padrevita el falso carácter de titular por deuda propia respecto de la pretensión fiscal que tiene respecto de la actividad del fallecido que fuera fiscalizada en vida de aquel. Asimismo, aun cuando no surge de los actos la imposición de sanciones, esgrimen la improcedencia de la instrucción de sumario exponiendo un extenso planteo sobre la subjetividad de la infracción fiscal, cuyo tratamiento deviene inoficioso desde que se advierte de la lectura de las resoluciones apeladas que no se han impuesto sanciones.
Que en lo relativo a la sucesión, esgrimen que la AFIP –DGI nunca se apersonó en el expediente del proceso sucesorio para reclamar la deuda determinada, el cual estuvo abierto durante más de un año, entendiendo que al no haber procedido de tal modo no puede luego pretender hacer el reclamo en cabeza de los herederos.
Que conforme ha sido transcripto en considerandos precedentes, en fecha 26/01/2006 mediante la O.I N° 991080/8-208872 se dio inicio a la investigación fiscal seguida al contribuyente Jose Antonio Padrevita, quien fallece en fecha 07/12/2008, antes de la notificación de la resolución de vista que fue concretada en su domicilio fiscal por los oficiales a su viuda Sra. Stella Maris Ramírez.
Que seguidamente, el Fisco Nacional efectuó las consultas pertinentes a los fines de reencauzar el procedimiento por haber tomado conocimiento del deceso del contribuyente. Ello así, previa intervención de las áreas legales y la emisión del dictamen jurídico, se instruyó sobre la necesidad de notificar la vista a cada uno de los herederos en su carácter de responsables por deuda propia, dándoles la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, todo lo cual obra agregado en los antecedentes administrativos y fue detallado en el considerando IV de esta sentencia, transcripción a la que remitimos en mérito a la brevedad.
Que a la luz del agravio introducido corresponde analizar las normas aplicables a los fines de decidir si se encuentra ajustado a derecho el procedimiento de determinación continuado en cabeza de los herederos del contribuyente José Antonio Padrevita.
Que en tal sentido, cabe recordar que en nuestro derecho civil, como consecuencia lógica del sistema de sucesión de la persona adoptada por nuestro Código -el cual presupone que la transmisión de la herencia se opera instantáneamente en el momento de la muerte y que el heredero continúa la persona del causante, conforme lo establece el art. 3420 del CC- la sucesión indivisa no constituye una persona de existencia ideal o ficticia, ni es una creación legal con personería independiente de los herederos, ni origina la formación de una sociedad sino de un condominio (conf. Fallos: 304:571 y sus citas de 191:43 y 187:586). La designación del administrador se explica por la necesidad práctica de concentrar en una sola persona la realización y la responsabilidad de los actos indispensables en el manejo de los bienes, tales los conservatorios de los derechos e intereses de la comunidad.
Ahora bien, distinta es la situación en materia de derecho tributario, en el que doctrinariamente se suele clasificar a los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria principal en dos grandes categorías: contribuyentes (sujetos pasivos por deuda propia) y responsables (sujetos pasivos por deuda ajena) subdividiendo a estos últimos en diversas especies entre las cuales está la sustitución tributaria, los agentes de retención y los agentes de percepción.
Que el artículo 5 de la ley N° 11683 bajo el título de "Responsables por deuda propia" determina que están obligados a pagar el tributo al Fisco en la forma y oportunidad debidas, personalmente o por medio de sus representantes legales, como responsables del cumplimiento de su deuda tributaria: los que sean contribuyentes según las leyes respectivas; sus herederos y legatarios con arreglo a las disposiciones del Código Civil.
Que en la reglamentación de esa ley, se dispone que, sin perjuicio del deber que incumbe a los responsables indicados en el artículo 16 del texto legal (que regula la determinación de oficio de la materia impositiva), el cónyuge supérstite y los herederos o sus representantes legales están individualmente obligados a presentar las declaraciones juradas que el contribuyente fallecido no haya aportado, incluyendo la materia imponible del caso hasta la fecha del deceso, así como a ratificar o rectificar el contenido de las presentadas por aquél, cuando lo requiriese la Dirección General (art. 26, decreto 1397/1979), debiendo los administradores de las sucesiones y, a falta de ellos, el cónyuge supérstite y los herederos o sus representantes legales, presentar declaraciones juradas relativas a los impuestos correspondientes a períodos fiscales posteriores al fallecimiento del causante (art. 27).
Que de las normas transcriptas surge que el procedimiento administrativo tributario regula las consecuencias impositivas de la sucesión universal por causa de muerte estableciendo que los herederos y legatarios del contribuyente son responsables por deuda propia. Y, claro está, que esa responsabilidad se encuentra limitada al acervo o legado recibido cuando se acepta la herencia con beneficio de inventario o se es legatario de cuota, de bienes o de sumas de dinero. En otras palabras, el heredero no ha verificado el hecho imponible pero como sucesor universal de quien lo hizo responde por una deuda propia y hasta el límite de lo recibido cuando hay beneficio de inventario.
Que la temática ha sido analizada por la jurisprudencia de esta Sala “B” –en su anterior composición- en los autos “Sucesión de Francisco A. La Grottería s/recurso de apelación impuesto al valor agregado - impuesto a las ganancias- bienes personales” -sentencia del 18/05/2001- (ver también “Manubens, Blanca Rosa s/apelación”, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “B”, sentencia del 13/05/2011), siendo su criterio confirmado por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en sentencia de fecha 23/10/2008, donde se dijo “(…) Las determinaciones impositivas fueron efectuadas sin tener en consideración que con la declaratoria de herederos había cesado el estado de indivisión patrimonial originado con la muerte del causante y que, en consecuencia, el ente ‘sucesión indivisa’ al que aludían los actos administrativos recurridos ante el tribunal a quo había dejado de existir como sujeto distinto e independiente de la persona del causante al tiempo en que fueron dictados. A partir del dictado de la declaratoria de herederos, los contribuyentes eran los derecho habientes, continuadores de la persona del causante, motivo por el cual correspondía declarar la nulidad de aquellos actos” (el subrayado es propio).
Que a la luz de las consideraciones vertidas en la citada jurisprudencia puede precisarse que a los fines de responder por la materia imponible determinada por la AFIP con respecto al impuesto al valor agregado por hechos imponibles perfeccionados en cabeza del contribuyente antes de su fallecimiento, resultan obligados sus herederos forzosos y hasta el límite de la cuota particionaria o hasta el límite de la aceptación con beneficio de inventario si correspondiere, en el carácter de responsables por deuda propia. Por lo merituado, no asiste razón al planteo esgrimido por los apelantes según el cual el Fisco Nacional no se encontraba legitimado a exigirles el pago de la deuda determinada en cabeza del causante Sr. José Antonio Padrevita, concluyendo que todo lo actuado ha resultado ajustado a derecho.
Que en este orden de razonamiento, corresponde rechazar el planteo de nulidad intentado por los recurrentes y que se emparenta con el agravio bajo tratamiento, pues sostienen que se ha vulnerado su derecho de defensa en el procedimiento, en tanto no habrían participado de aquel. En efecto, es dable recalcar que tal como surge de los antecedentes administrativos, el curso de la investigación fiscal contó con la participación del Sr. Jose Antonio Padrevita, quien respondió todos los requerimientos y estuvo a derecho desde el inicio de los trámites de la orden de intervención. Que acaecido su fallecimiento, la continuación del procedimiento en cabeza de sus herederos se desplegó respetando la ley de rito, notificándose a cada uno de ellos la resolución de vista, permitiéndoles la toma de vista de las actuaciones, la interposición de los escritos de descargo y el ofrecimiento de la prueba; finalmente se les notificaron las resoluciones determinativas de oficio, las que impugnan habiendo presentado cada uno de ellos, en tiempo y forma, los escritos de apelación ante este Tribunal.
Que en tal contexto, corresponde rememorar que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar.
Que, respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Que, asimismo, se observa que se encuentran bien motivadas en tanto efectúan un tratamiento y análisis de los hechos constatados por la fiscalización actuante y el derecho aplicable al caso, de manera que no existen elementos que hagan suponer que las resoluciones carecen de justificación.
Que ello así, respecto de la pretendida vulneración del debido proceso adjetivo que habría podido generarse en sede administrativa provocando la limitación del ejercicio pleno del derecho de defensa, ello no se observa en el caso de autos, toda vez que - como se adelantó - los apelantes pudieron presentar sus descargos en contestación a la vista que se les corriera y los recursos contra las determinaciones de oficio. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que “...cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (conforme CSJN, fallos 205:549, 247:52, 267:393).
Que en definitiva, se contempla que los agravios de los demandantes, en cuanto a la nulidad de los actos se refiere, están construidos sobre argumentos que hacen a la disconformidad con la forma en que resolviera el Juez Administrativo, circunstancia que tiene que ver con el fondo de la cuestión sometida a juicio de este Tribunal, es decir, que la mera discrepancia con la decisión del Fisco, en cuanto a la interpretación de los hechos ocurridos y la aplicabilidad de la Ley, no resulta fundamento válido para determinar la nulidad del acto.
En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B- 485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que seguidamente, corresponde dar tratamiento al planteo de prescripción de las facultades del Fisco Nacional para determinar el impuesto por los periodos fiscales 01/2004 a 11/2004, introducido por los actores.
Que a los efectos de aplicar el ordenamiento jurídico vigente al caso bajo análisis, se impone atender a la plataforma fáctica que lo identifica, la que a continuación se describe:
i) El impuesto determinado corresponde al impuesto al valor agregado, períodos fiscales 01/2004 a 11/2004, razón por la cual el cómputo del término se inició el 01/01/2005 (art. 57, ley 11.683).
ii) El 24/12/2008 el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 26.476, que en su artículo 44 dispuso con carácter general la suspensión por un año del curso de la prescripción, computada desde la publicación de la norma en el boletín oficial.
iii) El 12/03/2010 el organismo fiscal notifica la vista determinativa a las Sras. Stella Maris Ramírez y Daniela Padrevita y en fecha 19/03/2010 al Sr. Juan Pablo Padrevita. Seguidamente, en fecha 17/06/2010 notificó a todos los herederos las resoluciones determinativas de oficio que se impugnan en los presentes autos.
Concretamente, debe examinarse si la acción del Fisco Nacional para determinar el impuesto se encontraba prescripta -tal como sostienen los apelantes- al momento del dictado de las resoluciones en crisis.
Del relato de los antecedentes emerge que las partes discrepan en torno a la viabilidad de la aplicación al caso de la suspensión del curso de la prescripción, en razón de lo dispuesto por la citada ley de blanqueo, sancionada en fecha 24/12/2008. Cabe recordar que el citado precepto dispone en su art. 44: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”. En tal sentido, cabe anticipar que el agravio introducido por los apelantes -según el cual resultaría inaplicable a su caso lo previsto en el transcripto artículo 44- no puede prosperar. Ello así, por cuanto la postura asumida por la recurrente en torno al alcance de la expresión “con carácter general” no es aquí compartida, en virtud de que el texto legal que nos ocupa es, indudablemente, de una claridad meridiana. Como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 308:1745; 320:2145).
Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la primera fuente para determinar tal voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796, consid. 11 y sus citas) sin que quepa a los jueces sustituir a aquél, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700); las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado específico (Fallos 295:376), máxime cuando aquel concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos 295:376).
Acerca de esto último, cabría adicionar que la cuestión que aquí se debate ya ha merecido tratamiento por parte del Máximo Tribunal, en ocasión de establecerse similares alcances para la ley 23.495 del año 1987 –que instauró un régimen de normalización impositiva y cuyo artículo 49 establecía que se suspendía “con carácter general por el término de 1 (un) año, el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”– resolviéndose que la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo transcripto alcanzaba a la generalidad de los contribuyentes, toda vez que no se había establecido vinculación exclusiva entre la suspensión y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria (Fallos 314:1656).
Vale destacar que dicho criterio fue ratificado por el mismo tribunal in re “AFIP-DGI c/Paredes Cereales Sociedad Anónima s/recurso extraordinario” del 15/10/15 –adhiriendo al dictamen de la Procuración General de la Nación del 29/5/15–, en donde, con relación al artículo 44 de la ley 26.476, se pronunció por la aplicación literal del precepto.
Ello así, cabe concluir que la suspensión anual resulta plenamente aplicable al presente caso, por ser aquella de carácter general, no siendo condición para ello que el contribuyente hubiera adherido al régimen de blanqueo contenido en la ley. Por lo considerado, a los fines de resolver la cuestión planteada, incumbe exponer el cómputo de la prescripción según el criterio establecido en las consideraciones que preceden.
El 01/01/2005 se inició el cómputo del término, presentándose al 24/12/2008 la primera causal de suspensión, en razón de la publicación en el Boletín Oficial de la ley 26.476, que en su artículo 44 disponía, para todos los contribuyentes, un año de suspensión de los plazos en curso. Cabe precisar que, hasta operada la citada suspensión, habían transcurrido tres (3) años, once (11) meses y (23) veintitrés días del término previsto en el artículo 57 de la ley 11.683. Una vez reanudado el plazo el 24/12/2009, ocurre que el 17/06/2010 se notificaron las resoluciones determinativas de oficio, habiendo transcurrido hasta entonces cuatro (4) años y casi cinco (5) meses del plazo prescriptivo de cinco años establecido en la ley de rito.
Que del análisis propuesto se colige que a la fecha de notificación de las Resoluciones N°115, N° 116 y N° 117 del año 2010 (DV ORR1), las acciones y poderes del fisco para determinar de oficio el impuesto se encontraban expeditos. En consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción planteada por los apelantes.
Que toda vez que el planteo de prescripción no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N, in re “Colorín IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI” sentencia del 2 de Julio de 2013).
VII. Que finalmente, es dable adentrarme al tratamiento de la cuestión de fondo discutida en autos. Que como bien ha quedado establecido en el informe final de fiscalización -transcripto en el considerando IV de la presente sentencia- el organismo fiscal impugna el mecanismo mediante el cual se ha documentado la relación jurídica comercial entablada entre el Sr. José Antonio Padrevita -distribuidor- y los sub-distribuidores a quienes les cedía parte de la comisión que aquel percibía de la firma TELECOM PERSONAL S.A. por el servicio de intermediación en la distribución de las tarjetas telefónicas. Que en concreto, el Fisco Nacional observa la falta de generación del débito fiscal en cabeza del subdistribuidor, el que debía facturar la comisión reconocida por el contribuyente, facturación que sumada a la de este último por la porción que le dejaba la actividad, redundaría en la recaudación total del impuesto involucrado en todas las etapas de comercialización de las tarjetas de pulsos telefónicos. Que la tesis fiscal arguye que el Sr. Padrevita procede al cómputo del débito fiscal generado por las comisiones facturadas a la licenciante y la detracción del crédito fiscal calculado en función de las comisiones cedidas a los sub-distribuidores. Indica que si bien es una práctica habitual en el rubro que la retribución reconocida a los redistribuidores sea documentada a través de notas de crédito emitidas por el primer distribuidor, ello resulta manifiestamente contrario a lo establecido en la normativa que rige el impuesto al valor agregado. Ello así, destaca que de acuerdo a la operatoria y en función de la expresa prohibición legal de reemplazar facturación de proveedores o prestadores por documentación emitida por el usuario del servicio, se procedió a impugnar el crédito fiscal proveniente de aquellas notas de credito. Que así planteada la controversia, es dable dilucidar sí la metodología empleada por el Sr. Padrevita para documentar la operatoria comercial que concretaba con los sub-distribuidores es la que cumplimenta las previsiones dispuestas en la ley del tributo.
Que desde el punto de vista formal es evidente que el criterio utilizado por el aquí verificado no se ajustaba a las exigencias legales pues la nota de crédito no resulta ser un documento suficiente para suplantar la factura que debieron emitir los sub-distribuidores, conforme las previsiones contenidas en la ley del impuesto al valor agregado (ver artículos 1, 3, 10, 11, 12, 27 y 28 de ley N° 20.631, t.o. 1997). En efecto, cabe rememorar que la nota de crédito es un documento legal que se utiliza en transacciones donde se produce un descuento posterior a la emisión de la factura, una anulación total de la factura, un cobro de un gasto incurrido de más o la devolución de bienes, y nada de ello ocurría en el caso bajo análisis. La nota de crédito es un comprobante que debe cumplir con los requisitos y formalidades exigidos para los comprobantes emitidos por las operaciones originarias; asimismo, deberán ser emitidas únicamente al mismo receptor de los comprobantes originales para modificar las facturas o documentos equivalentes generados con anterioridad, consignándose el número de las facturas o documentos equivalentes asociados o el período al cual ajustan, referenciando los datos comerciales consignados o vinculados a los comprobantes originales, de corresponder (ver Anexo IV apartado a), punto 2 de la Resolución General N°1415/2003).
A su turno, AFIP emitió opinión sobre la temática en el Dictamen N° 74/1982 (D.A.T.J del 20/10/1982) en el que sostuvo que resultaba esencial que la documentación respaldatoria de operaciones de compra y prestaciones recibidas sea la emanada de los respectivos proveedores y prestadores de servicios, no pudiendo ser sustituida por comprobantes emitidos por el propio sujeto del tributo, como ocurre en el caso de autos Asimismo, en lo que a la materia refiere, es dable mencionar los Dictámenes N° 10/1993 (DAT del 26/01/1993) y N° 77/2002 (DAT del 29/07/2002) en los que se analizó puntualmente el caso de la provisión de servicios por las compañías telefónicas, dejándose en claro que los distribuidores de las tarjetas telefónicas son intermediarios entre el usuario del servicio y la empresa prestadora del mismo, resultando sujetos pasivos del IVA por el importe que retribuya dicho servicio de intermediación (comisión), debiendo por tanto emitir la factura.
Que en el caso bajo análisis se presentaba la particularidad de que el Sr. Padrevita le emitía la factura a TELECOM PERSONAL por las comisiones percibidas por el servicio de intermediación que cumplía en la distribución de las tarjetas telefónicas, no obstante lo cual, al momento de contratar con los subdistribuidores no ocurría lo mismo, tergiversando la liquidación del impuesto pues aquellos omitieron emitir la factura por la comisión que Padrevita les cedía también por el mismo servicio. A dicha anomalía se sumó la improcedente emisión de las notas de crédito -y cómputo de crédito fiscal- por el verificado, contradiciendo las normas legales de documentación de los créditos y débitos, resultando procedente el ajuste realizado por el Fisco Nacional.
Que según surge de los escritos recursivos, los apelantes intentan justificar la utilización de los documentos cuestionados por el Fisco Nacional en la realidad de la operatoria o los modos consuetudinarios del rubro, invocando la aplicación al caso del principio de la realidad económica consagrado en el artículo 2° de la ley 11.683. Sin embargo, yerran en sus alegaciones cuando aseguran que tal extremo no fue ponderado por la fiscalización. En efecto, de la lectura del informe final de la auditoría surge que es la misma AFIP la que sostiene que, luego de ponderar la información recepcionada de los prestadores relacionados con Padrevita, decidieron sustentar el ajuste sólo en la impugnación de los créditos fiscales provenientes de las notas de crédito emitidas por el responsable que no fueron reconocidas expresamente por los sub-distribuidores.
Vale decir, que ante la imposibilidad de tomar como válidas para el cómputo del crédito fiscal a las notas de crédito que el contribuyente había emitido y registrado en sus libros, el Fisco Nacional se abocó simplemente a la comprobación de la veracidad de las operaciones que se habían celebrado, impugnando solo aquellos casos en los cuales los prestadores las habían desconocido.
Que si bien este Tribunal debe ajustarse a la materia imponible determinada y controvertida por el contribuyente, analizando su posible revocación a la luz de las probanzas rendidas en la causa, es claro que más allá de la decisión de la fiscalización de impugnar únicamente el crédito fiscal surgido de las operaciones que fueron desconocidas -aplicando un criterio de realidad económica-, lo cierto es que la normativa aplicable es clara y no presentaba duda interpretativa alguna, en cuanto a que los subdistribuidores con quien contrató el Sr. Padrevita debieron emitir factura por la comisión que aquel les cedía, resultando inhábiles las notas de crédito que emitía el verificado a fin de computar el crédito fiscal. Por lo merituado, correspondía entonces a la parte actora aportar las probanzas a los fines de desvirtuar la tesitura fiscal y ello no ha ocurrido en el caso. En efecto, la única probanza de la que los apelantes pretenden valerse es un listado de cheques (ver fs. 84/86 de autos) que habrían sido emitidos por los prestadores que respondieron los requerimientos desconociendo haber operado con Padrevita. Cabe destacar que el referido listado contiene únicamente una serie de datos sin exhibir los documentos que respalden su veracidad.
Que en definitiva, la parte actora no ha presentado en esta instancia -ni precedentemente- elementos de convicción que posibiliten tener por acreditada la realidad integral de las operaciones que el organismo le ha observado por haber sido desconocidas por sus co-contratantes, impugnando el crédito fiscal computado a partir de ellas.
Que así las cosas, no caben dudas de que correspondía a los apelantes demostrar la real concordancia entre lo que se consignó en las notas de crédito registradas en los libros -aunque improcedentes, según la normativa aplicable- y lo que aconteció en la realidad de los hechos, a fin de tornar procedente el cómputo de crédito fiscal contra ese débito supuestamente verificado en cabeza de los referidos prestadores; pero ello no ha tenido lugar en las presentes actuaciones.
Que tal como explicara nuestro Más Alto Tribunal, por la propia mecánica del impuesto …“el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Alcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986). Que, ello así, se debe dejar sentado que siendo que el acto administrativo en cuestión goza de la presunción de legitimidad dispuesta por Ley es deber de la aquí recurrente aportar la prueba que avale sus dichos y, a su vez, desvirtúe las conclusiones a las que arribó el Juez Administrativo en las resoluciones, respecto del ajuste efectuado, el cual por su parte se encuentra sostenido en base a la información recabada por el Organismo conforme se ha señalado.
Que, en consecuencia y teniendo en consideración que “la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante, es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito” (cfr. CNCiv., Sala C -La Ley T. 117:808, 11371-S), corresponde no hacer lugar a la parte actora en lo que es materia de agravio con relación al ajuste referido.
Que a lo merituado debe adicionarse que no asiste razón a la actora cuando plantea que la determinación de oficio se ha efectuado sobre base presunta y dedica un capítulo completo al análisis de las presunciones aplicadas al caso. Que ello es así pues, tal como surge de los antecedentes de la causa, el organismo fiscal ha contado con la información suministrada por el contribuyente José Antonio Padrevita en vida, siguiendo una determinación de oficio sobre base cierta.
Que en virtud de lo expuesto, al no haberse arrimado elementos de convicción -en esta instancia o en sede administrativa-, considero que resulta procedente la impugnación del Fisco Nacional respecto de ciertos créditos fiscales computados por el Sr. José Antonio Padrevita en los períodos fiscales 01/2004 a 12/2005, siendo obligación de sus herederos forzosos Sres. Juan Pablo Padrevita, Daniela Padrevita y Stella Maris Ramírez responder por la deuda determinada en cabeza del causante conforme las resoluciones que se impugnan.
Que finalmente, advierto que las resoluciones emitidas por el Fisco Nacional poseen un error en lo relativo al quantum reclamado a los herederos, pues se ha puesto en cabeza de cada uno de ellos la totalidad de la deuda determinada, siendo que como se expuso en el considerando V de este voto, deberán responder hasta el límite de la cuota particionaria. Por lo merituado, considero que corresponde la reliquidación del ajuste en parte proporcional a cada uno de los actores en los presentes autos.
El Dr. Pérez dijo:
Que adhiere al relato de los hechos de la causa que efectúa el Vocal preopinante como a los fundamentos expuestos como sustento del rechazo de la nulidad y de la prescripción, como así también respecto de la procedencia del ajuste fiscal.
Que, por otra parte, tal como lo ha señalado esta Sala “B”, en anterior composición parcial, en la causa “Innocenti, Fernando Bladimiro”, sentencia del 22/4/2014, el art. 5° de la ley de procedimiento tributario, en el capítulo que regula los "Sujetos de los deberes impositivos", en su parte pertinente prevé: "Están obligados a pagar el tributo al Fisco en la forma y oportunidad debidas, personalmente o por medio de sus representantes legales, como responsables del cumplimiento de su deuda tributaria: los que sean contribuyentes según las leyes respectivas; sus herederos y legatarios con arreglo a las disposiciones del Código Civil...".
A partir de tal manda legal y remitiéndonos al Código Civil -vigente a la fecha de los hechos de la causa-, extraemos lo siguiente: "La sucesión o el derecho hereditario, se abre tanto en las sucesiones legítimas como en las testamentarias, desde la muerte del autor de la sucesión..." (art. 3282); "Cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignorase la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia" (art. 3410); "El heredero debe cumplir las obligaciones que gravan la persona y el patrimonio del difunto, y las que nacen de la transmisión misma de ese patrimonio, o que el difunto ha impuesto al heredero en esta calidad" (art. 3431); "Mientras no esté dada la posesión judicial de la herencia, los herederos que deben pedirla no pueden ejercer ninguna de las acciones que dependen de la sucesión, ni demandar a los deudores, ni a los detentadores de los bienes hereditarios. No pueden ser demandados por los acreedores hereditarios u otros interesados en la sucesión" (art. 3414); "Los terceros interesados pueden exigir que el heredero acepte o repudie la herencia en un término que no pase de treinta días, sin perjuicio de lo que se dispone sobre el beneficio de inventario" (art. 3314). "Los acreedores de la herencia gozan contra el heredero, de los mismos medios de ejecución que contra el difunto mismo, y los actos ejecutorios contra el difunto lo son igualmente contra el heredero".
La ley 11.683 instituye a los herederos como sujetos obligados al cumplimiento de los deberes fiscales en el carácter de responsables por deuda propia, "con arreglo a las disposiciones del Código Civil". Emigrando pues a este último cuerpo normativo, aprehendemos que la apertura de la sucesión se efectiviza a partir de la muerte del causante, y que cuando la misma tiene como sucesores a ascendientes, descendientes y/o cónyuge, los mismos entran en posesión de la herencia desde el día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad o intervención judicial. Por el contrario, en el supuesto de que los herederos no coincidan con los sujetos dcscriptos, deberán requerir la herencia judicialmente, no pudiendo mientras tanto ser demandados por ningún acreedor de la herencia. Por último, le cabe a los terceros interesados -entre ellos los acreedores- el derecho a exigir al heredero que acepte o repudie la herencia en un término que no exceda de treinta días, presumiéndose que toda aceptación de herencia es efectuada bajo beneficio de inventario.
Asimismo, al fallecer el contribuyente sin que se le hubiera efectuado la determinación tributaria, no afecta la transmisión de la deuda tributaria a su heredero, en atención a que en nuestro derecho "el heredero es la prolongación del causante mismo y, en consecuencia, es deudor de la obligación fiscal, por lo cual carece de importancia que ésta hubiere sido o no, materia de determinación por la autoridad fiscal, aparte de que la obligación se perfecciona por la realización del presupuesto de hecho (Giuliani Fonrouge, Carlos M.: "Derecho Financiero" - 9a ed. - Ed. La Ley - Buenos Aires - 2004 - pág. 380)"; agregando que "Si la propia Ley de Procedimiento Tributario establece que quienes deben pagar el tributo al Fisco en caso de fallecimiento del contribuyente son sus herederos 'con arreglo a las disposiciones del Código Civil' es razonado, razonable e imperativo consultar las normas del derecho común para definir la calidad de heredero y las obligaciones que ello acarrea, a fin de satisfacer las obligaciones tributarias del causante cuyo cumplimiento la ley adjetiva tributaria le impone como responsable por deuda propia" (CNACAF, Sala I, "Harrington, Patricio), y Harrington T.R. Llabres de s/recurso de apel. y rev. Limitada", 15/11/05).
En definitiva, entonces, “la muerte del contribuyente extingue su condición de tal, pasando la cualidad de sujeto pasivo al sucesor universal o particular. De esta manera los herederos van a responder por las obligaciones tributarias nacidas e impagas en vida del causante” (Fernando J. Diez, “Herederos Y Legatarios Del Contribuyente. La Sucesión Indivisa Como Sujeto Pasivo De Las Obligaciones Y Los Deberes Tributarios”;https://trivia.consejo.org.ar/content/files/1663777276_b75217681c638109b0 a1.pdf )
Cabe precisar que, como señala el autor citado “el hecho de que la deuda tributaria no esté liquidada a la fecha de la muerte del causante no impide su transmisión a los sucesores o herederos de las obligaciones y deudas tributarias devengadas. En este caso, las actuaciones se entenderán con cualquiera de los sucesores y se deberá notificar la liquidación resultante, a todos y cada uno de los interesados que consten en el expediente”
Y agrega asimismo que “Vale recordar que el artículo 2280 del Código Civil y Comercial establece que los herederos responden por las deudas del causante con los bienes que reciben, o con su valor en caso de haber sido enajenados. En virtud de este principio los herederos del contribuyente quedan obligados sólo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos”. Y agrega que “En todos estos supuestos que hemos analizado, el contribuyente era responsable por deuda propia por ende, cuando fallece, sus herederos se encuentran obligados al pago de sus deudas tributarias en la medida del valor de los bienes recibidos del mismo”.
Que ello así, con dicho alcance, voto por confirmar los actos venidos en recurso, en todas sus partes. Con costas.
El Dr. Porporatto:
Que adhiere al voto del Dr. Magallón.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
I. Confirmar las resoluciones apeladas, con costas a la parte actora.
II. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación en virtud de lo dispuesto en los considerandos V y VII de la sentencia. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente. Se deja constancia de que el plazo de treinta días acordado involucra el retiro y devolución de dichos antecedentes.
Regístrese y notifíquese. Cumplido, procédase a su impresión y agregación al expediente papel. Date: 2023.06.29 10:49:02 ART Date: 2023.06.29 12:28:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.29 17:20:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.29 17:20:52 -03:00
Fin de la sentencia