Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7839
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la pretensión de deserción del agravio pedida por el demandado al contestar agravios.
2Rechazar los agravios vertidos por la parte actora y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios. Costas en la instancia a la actora en su condición de vencida por el princi-pio objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC. Regúlese el honorario del Dr. Carlos G. Toledo Vargas como letrado patrocinante de la parte demandada en el veinticinco por ciento (25%) de lo que se le regule oportunamente en primera instancia (arts. 13, 18, 24 y concordantes de la ley 3330)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7839 Sentencia: 2965 Actor: Silvia Carolina Paez Demandada: Carlos Eduardo Liendro Objeto:compensación económica Fecha: 18/08/2022 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los 18 días del mes de agosto de dos mil veintidós se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “PAEZ, Silvia Carolina c/ LIENDRO, Carlos Eduardo s/ compensación económica” Expte. 18.237 del año 2019 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, La-boral y de Minería de la ciudad de Pico Truncado, secretaría de familia, que ingresaron en esta instan-cia bajo el Nº 7839. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Mo-nelos, Griselda I. Bard y Juan Pablo Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que la Sra. Silvia Carolina Páez a fs. 63 con el patrocinio del Dr. Marcelo Nieva Figueroa, letrado adjunto de la Defensoría Oficial de Pico Truncado, solicita compensación económica contra su expareja el Sr. Carlos Eduardo Liendro, con quien conviviera en concubinato desde el año 2008 sin hijos en común. Afirma que éste se hizo cargo de proveer los recursos económicos para sostener los gastos del hogar y los que irroga la convivencia mientras ella trabajaba como empleada doméstica has-ta que se quedó sin trabajo en 2018 año en que en diciembre se separaron. Invoca que la ausencia del mercado laboral, su edad y enfermedad le dificulta su reinserción en el mercado laboral, lo que la obliga a iniciar demanda para que se fije una compensación económica por el término de cinco años y la mantención durante ese periodo de la obra social brindada durante la convivencia lapso en que es-pera conseguir trabajo para mantenerse. Afirma no haber transcurrido el plazo de caducidad del ar. 44 del Código Civil y Comercial. Indica el desempeño laboral del demandado en la empresa Magenta S.A. y su ingreso. Funda la competencia, ofrece prueba e indica el derecho. Se dispone, por providencia simple de fs. 64, tener por promovida la demanda de compensa-ción económica dándole el trámite del juicio ordinario.
II. Que corrido traslado de la demanda a fs. 66 se presenta Carlos Eduardo Liendro con el patrocinio del Dr. Carlos G. Toledo Vargas a tomar intervención y contestar el traslado de la demanda. Formula negativa y rechaza los documentos acompañados por no constarle la autenticidad y niega los hechos invocados. Reconoce que hubo convivencia, pero niega que se haya hecho cargo de proveer los recursos económicos para solventar los gastos del hogar. Niega la dificultad de reinsertarse en el mercado laboral alegada o que le corresponda compensación económica o su obra social y percibir $60.000 de sueldo. Niega vínculo u obligación de asistir económica a la actora o que la demanda re-sulte procedente en la forma planteada. Sostiene que la unión de hecho que lo vinculara con la actora de ninguna manera crea dere-chos, salvo el de la obra social y eventualmente el de pensión en caso de fallecimiento pero nunca de carácter alimentario o compensación económica como se reclama.
Explica que las normativas indicadas por la actora se refieren a las uniones convivenciales reguladas por el Código Civil y Comercial que, sostiene, nada tienen que ver con los concubinatos, como fue el caso de autos. Se explaya sobre el tema en términos que se tienen presente. Hace hincapié en la falta de registración por lo que no le sería aplicable, en su interpretación, el tema de la compen-sación económica, sobre todo cuando no está acreditado el empobrecimiento de la situación económi-ca. Afirma que el concubinato no tiene efectos para el futuro. Dice que la edad de la actora no es obs-táculo para conseguir trabajo y que puede lograr cobertura médica mediante el carné hospitalario y atención en hospital de Pico Truncado al no estar su parte obligada a proveerle asistencia económica ni asistencia médica. Funda en derecho su posición y ofrece prueba.
III. Que a fs. 75 se celebra la audiencia preliminar y se provee la prueba ofrecida por las par-tes. Certifica la actuaria sobre la prueba producida y se ponen los autos para alegar a fs. 91. Obran los alegatos del actor a fs. 98 y del demandado a fs.99/100. Tras oír al Sr. Agente Fiscal a fs. 103 a fs. 104 se dispone el pase a despacho para dictar sentencia que obra a fs. 105/108 que rechaza la deman-da con costas a la actora y difiere la regulación de honorarios.
Ya dentro del SIPED la actora interpone y expresa agravios mediante el PE 130.790/2021 del 1/6/21 que le es concedido por PE 123.411/2021 en relación y con efecto suspensivo el 24/6/2021. Por PE 335.801/21 ya en la instancia se corrige teniendo por concedido el recurso libremente y con efecto suspensivo. El demandado los contesta por PE 275363/2021.
Elevados los autos se integra el tribunal con el Dr. Juan Pablo Olivera; se llama autos a senten-cia y se fija al orden de estudio, que se modifica posteriormente quedando en definitiva como se indi-ca al comienzo: el suscripto, la Dra. Bard y el Dr. Olivera.(ver PE 5875539).
IV. Que disconforme con lo decidido la actora apela y motiva el recurso por PE 130790/2021 solicitando se revoque la sentencia y se conceda la compensación solicitada y la cobertura de obra social, por causarle gravamen la resolución. Cuestiona que la sentencia invoque una defectuosa valo-ración de la prueba rendida y la ausencia de análisis del caso con perspectiva de género. Sostiene ha-berse acreditado desequilibrio manifiesto respecto de su ex pareja, el demandado y que el desajuste empeoró su situación patrimonial como pérdida de chances pues al momento de la ruptura no contaba con ingresos para un sostén mínimo al no tener otra ocupación laboral mientras el demandado mantu-vo su situación económica por desempeñarse laboralmente en MAGNETA y actualmente en SAE. Señala los dos modos de manifestarse el desequilibrio y realiza un relato de hechos ampliando lo ex-puesto en el libelo de inicio. Sostiene que la sentencia la coloca en situación de desventaja pues ahora debe afrontar sola una serie de gastos que antes eran compartidos y que por su edad se encuentra en desventaja en el mercado laboral mientras el demandado estaba en mejor situación pues después de la ruptura había logrado cambiar de trabajo a otra petrolera y ella escapar a otro domicilio sin trabajo y sin ingresos.
Remarca que el demandado en el responde no negó la existencia de un desequilibrio económi-co manifiesto y se refirió a la posibilidad de hacer tratamiento médico en el hospital y hace referencia a la prueba aportada por su parte. Respecto de su historia clínica dice que acredita que realizaba un tratamiento médico con prestaciones en la obra social del demandado, quien al terminar la relación la dio de baja. Le agravia que la sentencia rechaza su pretensión sin fundamentos claros y carentes de perspectiva de género basada en los estereotipos que se mantienen en la actualidad quitando valor a los haceres diarios del hogar. Cita doctrina respecto de los presupuestos sustanciales que es necesario efectuar en operación lógica compleja con doble comparación interna de la pareja evaluando la situación económica de uno de los cónyuges o convivientes frente al otro no solo cuantitativo del reflejo de la composición de patrimonios sino de los bienes inmateriales y las potencialidades de desarrollo. Dice que se exige tam-bién un análisis temporal que exige revisar la evolución patrimonial de cada uno de los convivientes antes del comienzo de la relación, durante el transcurso y al tiempo del cese de la vida en común. Cita la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer sobre cuando debe ser otorgada la compensación económica y formula consideraciones que se tienen presente. Cita jurisprudencia. Respecto de la perspectiva de género sostiene que impone decidir recordando que nuestro sistema jurídico consagra el reconocimiento del derecho de las mujeres de vivir libres de vio-lencia y discriminación, de modo que es deber jurídico considerar las especiales situaciones en que viven muchas mujeres en el país y se refiere a las obligaciones de los estados firmantes de la Conven-ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género para hacerla efectiva. Pide se revoque la sentencia apelada y se haga lugar a la compensación económica más la obra social que se peticiona.
V. Que al contestar los agravios el demandado sostiene que no se ha realizado una crítica concreta y razonada de la sentencia mencionando que parte de la sentencia considera equivocada, y ser el memorial un relato de hechos por lo que pide se declare desierto.
Señala que contra lo expuesto correspondía a la actora la carga de la prueba. Afirma que de la jurisprudencia y doctrina citada en el memorial surge que el desequilibrio económico solo se refiere a las uniones matrimoniales y las uniones convivenciales no estando previsto para el caso de autos un concubinato o unión de hecho. Y recuerda que en el responde señaló que los concubinatos no crean derechos salvo la obra social y eventualmente el de pensión en caso de fallecimiento, pero nunca de carácter alimentario o compensación económica que se reclama, ni para este caso tampoco crea obli-gaciones. Dice que la normativa en que se basa la acción está referida a las uniones convivenciales que regula el Código Civil y Comercial y que no es el caso de autos.
Desde otro ángulo destaca que la actora no ha acreditado un empeoramiento de su situación o desequilibrio económico por lo que es manifiestamente improcedente su petición fundada en esa insti-tución. Niega que el concubinato tenga efectos para el futuro una vez ocurrida la separación ni siquie-ra con respecto de los bienes y menos de una compensación o prestación alimentaria u obra social. Niega que la edad sea obstáculo para conseguir trabajo ni la existencia de una enfermedad incapaci-tante y que cuenta con la posibilidad de atención en el hospital de Pico Truncado. Pide el rechazo de los agravios.
VI. Que a fin de ingresar al examen de los agravios se hace necesario eliminar la broza que complica esta tarea.
Existe en el responde y en la contestación de agravios una confusión que no puede pasarse por alto desde que pretende distinguir el concubinato de las uniones convivenciales del art. 509 y siguien-tes del Código Civil y Comercial. Este cuerpo normativo en el art. 509 define:
“Ámbito de aplicación: Las disposiciones de este Título se aplican a la unión basada en rela-ciones de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que convi-ven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo.”
Debe diferenciarse de la primera postura legislativa local que reguló sobre la “unión civil”, la ley 1004 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que posibilitaba la inscripción en el Registro Públi-co de Uniones Civiles para los integrantes de la pareja con domicilio en la Ciudad Autónoma de Bue-nos Aires.
No hay diferencia entre el concubinato y la unión convivencial que pretende el demandado. El Código Civil y Comercial se aparta de la denominación de concubinato. El principio de la realidad muestra que una gran cantidad de parejas que tienen un proyecto de vida en común y no celebran matrimonio como surge de los censos y por lo tanto estos grupos familiares informales pero con vin-culación afectiva, económica, sexual y emocional tiene que ser respetada y no discriminada por las leyes cuando la sociedad las ha admitido y no le otorga un sentido peyorativo y negativo que revelan censura social al término concubinato respetando los derechos humanos de las personas y las familias. Por ello recurrió a una denominación neutra de unión convivencial con una mayor precisión técnica. Pero es pura broza pretender que la unión convivencial requiere la inscripción. No se la requie-re para tener el reconocimiento de los efectos regulados en el título III del libro segundo en cuatro capítulos. Los artículos 510, 511 y 512 del nuevo código establecen:
“Art. 510. Requisitos: El reconocimiento de los efectos jurídicos previstos por este Título a las uniones con vivenciales requiere que: a) los dos integrantes sean mayores de edad; b) no estén unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el se-gundo grado; c) no estén unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta; d) no tengan impedimento de li9gamen ni esté registrada otra convivencia de manera simultánea; c) mantengan la convivencia durante un período no inferior a los dos años.” “Art. 511 Registra-ción. La celebración de la unión convivencial, su extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado, se inscriben en el registro que corresponde a la jurisdicción local, sólo a los fines probatorios. No procede una nueva inscripción de una unión convivencial sin la previa cancelación de la prexistente. La registración de la existencia de la unión conviven-cial debe ser solicitada por ambos integrantes.” “Art. 512 Prueba de la unión convivencial. La unión convivencial puede acreditarse por cualquier medio de prueba; la inscripción en el re-gistro de uniones convivenciales es prueba suficiente de su existencia.” De los tres artículos transcriptos se desprende que no estamos en presencia de dos instituciones distintas como pretende la parte demandada. De las constancias de autos se desprende que el deman-dado, amén de la copia certificada del instrumento público de fs. 1, en el responde reconoce que hubo convivencia, aunque pretende, infundadamente, que la normativa de las uniones convivenciales nada tienen que ver con los concubinatos. La inscripción tiene solo un fin probatorio.
Las citas y consideraciones de la parte actora sobre el derecho de las mujeres de vivir libres de violencia y discriminación y que es deber jurídico considerar las especiales situaciones en que viven muchas mujeres en el país y las referencias a las obligaciones de los estados firmantes de la Conven-ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género para hacerla efectiva-la no hacen a la cuestión pues en la demanda no se hace referencia que la actora haya sido objeto de violencias.
VII. Que una vez desbrozado el tema a tratar debo señalar que el tribunal tiene un criterio amplio y en tanto exista una crítica, aunque no tenga suficiencia técnica, no aplicamos el apercibi-miento del art. 265 del CPCC.
No obstante ello, observo que no se señala claramente en los pretensos agravios donde se en-contraría el error de la sentencia cuando cuestiona que invoca una defectuosa valoración de la prueba y sostiene que no se encuentra acreditado el desequilibrio económico sufrido como consecuencia de la separación que a su juicio lo está.
El escrito de inicio no da precisiones sobre como la convivencia afectó sus posibilidades de mantener o mejorar su situación económica. La sentencia analiza los dichos de la única testigo (que se declara amiga de Carolina) en resumen no criticado y del que surge que la actora “trabaja… trabaja limpiando casas, planchando, esas cosas” y, si bien hace referencia a depresión y ataques de pánico (no invocados en el inicio) no hace referencia a pérdidas de chance o desequilibrios sufridos por la actora a raíz de la separación, que son circunstancias por acreditar en estas acciones. No se critica el razonamiento de la Sra. Jueza a quo en cuanto pone de resalto que, en la de-manda, no se indica cual sería el motivo concreto por el cual le resulta difícil reinsertarse en el merca-do laboral no obstante haber indicado a fs. 63 que durante la convivencia trabajó como empleada do-méstica y que no existe elemento incorporado que demuestre cuales fueron las condiciones de vida anteriores a la separación ni las condiciones actuales de vida que denoten el desequilibrio económico sufrido.
La primera carga que tiene toda persona que promueve una demanda es la de afirmar y luego, según los términos en que quede trabada la litis, la de probar. No se realizó en el libelo de inicio afir-maciones tendientes a explicar las circunstancias por las que la unión convivencial le provocó un des-equilibrio en materia de capacitación, profesionalización o potencialidad para obtener ingresos o gene-rar recursos como se razona en agravios. La única testigo indica al declarar a fs. 89 conforme el inte-rrogatorio de fs. 85, respecto del nivel de vida de la actora, expresa que es normal, ella trabaja lim-piando casas, planchando esas cosas… como resume la sentencia a fs. 106 vta. El art. 524 del Código Civil y Comercial exige para la procedencia de la compensación eco-nómica se acredite un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación eco-nómica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura; un daño injusto ante el cese de la unión que debe repararse con fundamento en la equidad y que compense el desequilibrio, para lo cual el art. 525 del Código Civil y Comercial detalla varias circunstancias que se toman en cuenta.
Por ello se requiere una visión hacia el pasado para determinar el menoscabo y una perspectiva a futuro con idea de equilibrio económico para evitar la discrecionalidad. Así dentro de la casuística podemos señalar los casos que la del conviviente que deja su carrera o estudios por la crianza de los hijos o por acom-pañar la carrera del conviviente o que colaboraron en el crecimiento del negocio del otro, como señala el anteproyecto, pues no resulta justo dejar desamparado al miembro que invirtió su tiempo en tareas que no se traducen en réditos económicos. El instituto de la compensación económica es una novedad introducida en el Código Civil y Comercial vigente hace siete años que busca compensar el desequilibrio manifiesto de la situación con causa adecuada en la ruptura de la unión convivencial en uno de los convivientes y busca compensar-lo en la medida de las posibilidades del otro miembro de la unión.
Para ello se debe recurrir a un análi-sis comparativo de la situación patrimonial de cada uno de los integrantes al inicio de la relación y al momento de la separación y recién acreditado un desequilibrio provocado por su dedicación en bene-ficio de la unión. Si bien la apelante en su agravio trae doctrina y jurisprudencia, que en realidad trata de suplir la parquedad del escrito de inicio, lo cierto es que no acredita donde se encuentra el error de la senten-cia.
En realidad, nada se acreditó con respecto de las circunstancias que requieren la procedencia de la compensación. La única testigo que prestó declaración señaló que continuó realizando tareas de servicios domésticos (sin registrar conforme el certificado de fs. 1 bis) y el demandado es operario de la construcción conforme los recibos de sueldo que acompañó la actora a fs. 2.
Se agravia la recurrente y sostiene que “el Señor Liendro, al contestar la demanda, NO negó la existencia de un desequilibrio económico manifiesto…” pero lo cierto es que la parte actora no invocó expresamente la “existencia de un desequilibrio económico manifiesto” que lo obligara a admitirlo o negarlo. Ergo no es crítica válida que considerar.
Dentro de las pruebas ofrecidas se encuentra la prueba documental pero que fuera negada, re-chazada y desconocida (fs. 66 capítulo negativas, segundo párrafo) sin que se ofreciere prueba para validarla. Se acusa a la Sra. Jueza de haber rechazado la “pretensión sin fundamentos claros, carentes totalmente de perspectiva de género, echando por el piso la relación desigual basada en los estereoti-pos que se mantienen en la actualidad, quitando valor a los que haceres diarios del hogar.” Pero no indica en que parte de la sentencia juzgó una jueza sin perspectiva de género ni cuales eran los fun-damentos no claros. No basta con citar doctrina y jurisprudencia, sino que se debe demostrar los motivos que indi-quen que aplicación de ellas hay que utilizarlas en autos para llegar a un resultado distinto.
Por estas consideraciones respondo a la primera cuestión en forma afirmativa al considerar que la sentencia es justa. Por ello voto por la confirmación y el rechazo de los agravios.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VIII. Coincido con el análisis de los agravios formulados por el primer votante y adhiero a su voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IX. Que por las consideraciones expuestas al responder a la primera cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar la pretensión de deserción del agravio pe-dida por el demandado al contestar agravios. 2º) Rechazar los agravios vertidos por la parte actora y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios. Costas en la instancia a la actora en su condición de vencida por el principio objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC. Regúlese el hono-rario del Dr. Carlos G. Toledo Vargas como letrado patrocinante de la parte demandada en el veinti-cinco por ciento (25%) de lo que se le regule oportunamente en primera instancia (arts. 13, 18, 24 y concordantes de la ley 3330) 3º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
X. Adhiero a la propuesta formulada por mi colega por considerarla justa y equitativa.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 18 de agosto de 2022.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resulta-do de la votación citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circuns-cripción Judicial:
1. Rechazar la pretensión de deserción del agravio pedida por el demandado al contestar agravios.
2. Rechazar los agravios vertidos por la parte actora y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios. Costas en la instancia a la actora en su condición de vencida por el princi-pio objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC. Regúlese el honorario del Dr. Carlos G. Toledo Vargas como letrado patrocinante de la parte demandada en el veinticinco por ciento (25%) de lo que se le regule oportunamente en primera instancia (arts. 13, 18, 24 y concordantes de la ley 3330)
3. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Oli-vera no emite opinión ni firma por no existir disidencia. FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201147S.221 Tomo: XCVII Sentencia:2965 Folio Nº: 028/035 Secretaria: 1
Fin de la sentencia