Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 94544440-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada.
2Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 30 inciso c), 82 inciso c) y 94 de la ley 20.628 (t.o. en 2019), en los términos que surgen del Considerando VII.
3Ordenar a la demandada a que adopte las medidas del caso para que cese de efectuarse a la actora retenciones en concepto de IG sobre sus haberes previsionales y que proceda al reintegro de las sumas retenidas de acuerdo con lo dispuesto en el Considerando VIII y IX, con más los intereses calculados de conformidad con lo establecido en el Considerando X.
4Las costas de ambas instancias se distribuyen por su orden, atento a la naturaleza de la cuestión debatida (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
10172/2021; PAGANI, GRACIELA NELIDA (TF 94544440-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de octubre de 2021.- PDP Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que con fecha 6/4/21 el Tribunal Fiscal de la Nación –en adelante TFN– resolvió no hacer lugar a la acción de repetición incoada por la actora, con costas.
Para así decidir, luego de exponer que la accionante encausó su pretensión en los términos de los artículos 76 inc. b), 81, 178 y 185 de la ley 11.683 –destacando que había interpuesto un reclamo administrativo previo–, con el objeto de que se declarara la inconstitucionalidad de las normas del impuesto a las ganancias –IG en lo sucesivo– que alcanza a su haber jubilatorio y a la pensión que percibe de su difunto esposo –ello con fundamento en el precedente “García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, del 26/3/19–, mencionó que también pretendía que se condenara al fisco nacional al cese –para el futuro y de manera definitiva– de efectuar retenciones sobre dichos ingresos, y al reintegro de todas las sumas de dinero que oportunamente le habían sido retenidas en tal concepto, con más sus respectivos intereses. Reseñó las expresiones vertidas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones y describió la prueba instrumental acompañada por la accionante, precisando que hasta ese momento las sumas retenidas alcanzaban el valor de $ 53.771,53.-
Señaló que la actora cuenta con 73 años de edad y que, de acuerdo con su situación patrimonial –describe los bienes y el nivel de vida del que goza–, se deduce que cuenta con una capacidad económica y patrimonial que se aleja considerablemente de una hipotética situación de vulnerabilidad. Destaca que la incidencia del IG en los ingresos de la actora alcanzó un 2,30% en 2019.
Efectuó una reseña normativa transcribiendo los artículos 2º y 79 inciso c) de la ley 20.628 (t.o. en 1997).
Rechazó que pudiera argumentarse que la jubilación es un débito que la sociedad tiene para con el jubilado, en lugar de una ganancia, por cuanto, si bien las rentas no presentan en sí mismas rasgos distintivos, existen signos o caracteres objetivos tales como la periodicidad, la habilitación de la fuente que los produce y su permanencia, que permiten identificarlos con relativa seguridad. Citó jurisprudencia y doctrina. Expuso que los montos percibidos por la recurrente en concepto de haberes jubilatorios son susceptibles de ser encuadrados en los preceptos de la ley del impuesto como ingresos alcanzados, debiendo tenerse presente que para impugnar un tributo con los argumentos introducidos por la actora debe demostrarse que en el supuesto concreto existe una violación de principios constituciones o derechos fundamentes, como el derecho de propiedad.
Planteó que la actora se limitó a solicitar la declaración de inconstitucionalidad en base al precedente “García, María Isabel” de la Corte Suprema, sin haber indicado cuáles serían las circunstancias que tornan a su respecto aplicable la solución allí decidida.
Sostuvo que corresponde analizar en cada caso concreto la posible afectación de los principios y derechos fundamentales del particular demandante.
Expresó que de la prueba producida en autos no surge que el tributo ingresado vía retención sea confiscatorio.
Destacó que de los elementos probatorios aportados en las actuaciones administrativas –acompañadas por la representación fiscal y que integran la causa– se desprende que la recurrente evidencia una situación diferente a la considerada por el Alto Tribunal en el precedente “García, María Isabel”.
II. Que contra dicha sentencia se alzó la parte actora, interponiendo el recurso de apelación el 19/4/21 y acompañando su expresión de agravios el 21/4/21. El recurso fue concedido el 26/4/21 y la contestación del fisco nacional fue presentada el 7/6/21.
En su memorial, luego de efectuar sendas transcripciones de la sentencia apelada, la actora explica que el 17/7/19 efectuó un reclamo administrativo ante la AFIP requiriendo que se le reintegraran todas las sumas de dinero que fueron retenidas de sus haberes jubilatorios y de su pensión –con más sus intereses–, y el cese para el futuro de manera 10172/2021; PAGANI, GRACIELA NELIDA (TF 94544440-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO definitiva. Explica que el fundamento jurídico de dicho reclamo se halló en la inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema de Justicia en la causa “García, María Isabel”, del 26/3/19.
Transcribe los artículos 82 inciso c), 20 inciso i) y 30 de la ley 20.628 (t.o. en 2019), el artículo 8º de la ley 27.260 y normas reglamentarias.
Dedica un capítulo –titulado “La Seguridad Social como Derecho Humano”– en el cual alude a diversos instrumentos supranacionales, haciendo también referencia a los artículos 14 bis y 75 inciso 23 de nuestra Constitución Nacional.
Cita jurisprudencia sobre la materia en debate y acusa que el resolutorio impugnado se ha desentendido de la recepción que ha hecho el propio TFN.
Bajo el título “Inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre el haber previsional”, especifica que su pretensión estriba en la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 23, inciso c), 79 inciso c); 81 y 90 de la Ley Nº 20.628 (t.o. en 1997, texto según leyes 27.346 y 27.430), efectuando explicaciones de los principios de integralidad, de igualdad tributaria y de protección de los sectores vulnerables, con abundante cita de jurisprudencia.
Señala que si bien nuestro sistema jurídico adoptó un régimen de control de constitucionalidad con efectos “inter partes”, de lo cual deriva que la declaración de inconstitucionalidad conlleva a la no aplicación de una norma en el caso concreto, dicho criterio debe ser reexaminado cuando se trata de procesos de tutela de los derechos de incidencia colectiva, a la luz de la reforma constitucional de 1994. Expresa que en dichos casos los efectos de cosa juzgada de la sentencia se extienden a otros sujetos que no han sido parte de tales procesos.
Aduce que la Corte Suprema de Justicia es el órgano que interpreta en último grado a la Constitución Nacional, de donde los tribunales inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a las sentencias de aquella. Partiendo de esa premisa –adiciona–, forzoso es concluir que en las futuras acciones judiciales que promuevan los jubilados y pensionados, los tribunales inferiores deben aplicar la doctrina judicial sentada por el Tribunal Cimero.
Señala que la conducta estatal y la norma atacada restringen y/ o alteran con absoluta arbitrariedad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, en particular los artículos 14 bis, 16 y 17, así como el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 9º del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Afirma que el resolutorio impugnado no resulta ajustado a derecho, desoyendo abiertamente no sólo los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino también todo el fuero federal con competencia en la materia.
Advierte que resulta explícita la ajenidad del resolutorio impugnado respecto de la interpretación que la nueva doctrina ha expresado en la materia, al punto de continuar esbozando viejas discusiones que no hacen mérito a la discusión suscitada, tales como el de la confiscatoriedad del tributo, incluso citando fallos desactualizados y superados como “Dejeanne, Oscar Alfredo y otro c/ Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) s/ amparo”, del 10/12/13, lo cual deja en evidencia la falta de racionalidad en el dictado de la sentencia, deviniendo en arbitrario y no ajustado a derecho.
Cita jurisprudencia y doctrina, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada en todas sus partes.
III. Que antes de ingresar al tratamiento de los agravios presentados por la actora, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que se proponen a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970).
IV. Que, asimismo, corresponde rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado 10172/2021; PAGANI, GRACIELA NELIDA (TF 94544440-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (conf. Fallos: 300:985).
Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)” (cfr. CNACAF, Sala III, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27.409/2012 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, Causa Nº 4502/2014 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa Nº 18124/2016 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33.113-I) c/DGI”, Causa Nº 83620/2016 del 16/10/18;
“Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa Nº 72673/2018 del 7/5/19, entre otros).
V. Que expuesto lo anterior, se impone efectuar dos aclaraciones de orden metodológico que permitirá exponer el escenario con mayor claridad.
En primer lugar, teniendo en cuenta que las actuaciones que se ventilaron en el ámbito del TFN fueron incorporadas al “Sistema de Gestión Integral de Expedientes Judiciales - Lex 100” en un sólo archivo, las piezas que conforman dicho expediente serán identificadas según su número de página. Así pues, la sentencia apelada obra en las páginas 460/465; la expresión de agravios en las páginas 482/517 y la contestación respectiva en las páginas 536/553.
En segundo lugar, siendo que el decreto 824/19 reordenó el texto de la ley de impuesto a las ganancias (ley 20.628) alterando su numeral –los entonces artículos 20, 23, 79, 81 y 90, correspondiente al texto ordenado en 1997, pasaron a ser los artículos 26, 30, 82, 83 y 94 del texto ordenado en 2019, respectivamente–, y toda vez que en autos las partes contendientes, al igual que el tribunal de grado, se han referido a uno y otro texto ordenado indistintamente, en el presente pronunciamiento habrá de especificarse, en cada caso según corresponda, a cuál texto corresponde la cita, adicionando al precepto en cuestión la expresión “t.o. en 1997” o bien “t.o. en 2019”.
VI. Que ahora bien, se colige que la materia elevada a consideración de esta Alzada se corresponde fundamentalmente con la constitucionalidad del régimen legal del IG respecto de los haberes previsionales que percibe la actora, lo cual se relaciona estrechamente con la pretensión de reintegro de las sumas retenidas en el pasado y con la de cese de las mismas en el futuro.
VII. Que en lo tocante a la premisa antedicha –la constitucionalidad del régimen en cuestión–, agravia a la apelante que el tribunal de grado centrara su análisis en torno de la previsión legal del impuesto y en la ausencia de probanza que diera cuenta que el mismo afecta sus derechos subjetivos, con especial mención de la capacidad contributiva y la garantía de no confiscatoriedad.
Al respecto, no puede dejar de ponderarse la gravitación que en esta temática genera lo resuelto por el Máximo Tribunal en la causa “García, María Isabel” del 26/3/19, aspecto sobre el cual esta Sala ya se ha pronunciado en asuntos que guardan similitud con el presente; ver la Causa N° 66.639/2019, in re “Clement, María Josefina c/EN-AFIP s/amparo ley 16.986”, del 24/6/20, a cuyos fundamentos corresponde remitirse en lo pertinente en honor a la brevedad. Allí se resolvió declarar la inconstitucionalidad de los artículos 23 inciso c), 79 inciso c), 81 y 90 de la ley 20.628 (t.o. 1997, con las modificaciones introducidas por las leyes 27.346 y 27.430), en orden a la pauta hermenéutica fijada por el Alto Tribunal en el pronunciamiento referido y otros posteriores.
En este sendero, cabe recordar que el Máximo Tribunal, entre otros extremos, sostuvo que correspondía “Confirmar la sentencia apelada en cuanto ordena reintegrar a la actora desde el momento de la interposición de la demanda y hasta su efectivo pago, los montos que se hubieran retenido por aplicación de las normas descalificadas. Hasta tanto 10172/2021; PAGANI, GRACIELA NELIDA (TF 94544440-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO el Congreso legisle sobre el punto, no podrá descontarse suma alguna en concepto de impuesto a las ganancias de la prestación previsional”. A lo antedicho corresponde añadir que María Isabel García – quien fuera la actora del referido precedente– padecía problemas de salud, siendo las enfermedades que la aquejaban determinantes para la definición de ese pleito.
Sobre el particular, cabe colegir que pautas tales como la edad, las condiciones de salud y la posible confiscatoriedad del impuesto, fueron tenidas en cuenta por esta Sala en la opinión provisoria emitida en las primeras medidas cautelares a las que fue llamada a resolver, centralmente en oportunidad de revisar el recaudo atinente a la verosimilitud del derecho invocado (conf. Causa N° 28.310/19 Incidente Nº 1 - DEMANDADO: EN-AFIP s/ INC APELACION- en autos: “BARRETO LIA C/ EN -AFIP- S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”, resolución del 20/2/20; Causa N° 32.519/2019 “LABORDA, CARLOS ANTONIO c/ EN - AFIP- s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”, resolución del 22/7/20; Causa N° 51.446/2019 Incidente Nº 1 – “ACTOR: VILLAR, DOLORES MARGARITA, DEMANDADO: EN -ANSES Y OTRO s/INC DE MEDIDA CAUTELAR”, resolución del 5/8/20; Causa N° 7.269/2020 “NEGRO, SUSANA DOLORES c/ AFIP s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”, resolución cautelar del 2/12/20, entre muchos otros), así como también en los amparos (ver en ese sentido “Clement, María Josefina”, ya citado; además Causa N° 59.422/2019 “ALAZRAKI, ERIC ARIEL c/ EN-AFIP s/ AMPARO LEY 16.986”, sentencia del 3/3/21, en el que se confirmó el rechazo de la acción de amparo).
Sin embargo, tal como esta Sala lo indicó en la Causa N° 830/21, in re “Lazzero, Dora Marta c/EN-M Hacienda-AFIP s/amparo Ley 16.986” y en “Valenzuela, Alejandro Amado y otros c/EN-M Hacienda- AFIP s/ amparo Ley 16.986”, ambas del 19/5/21, resulta también conveniente advertir que el Alto Tribunal ha ratificado la decisión de declarar la inconstitucional de la retención del IG en numerosas oportunidades, con prescindencia de ponderar las circunstancias concretas de vulnerabilidad del jubilado afectado. (cfr. CSJN, “Calderale Leonardo Gualberto c/ ANSES s/reajustes varios”, del 1/10/19; ver asimismo Sala IV, Causa N° 28.214/19, entre otros). Ello, claro está, obligó a este tribunal a revisar el criterio que había mantenido.
Siendo ello así, y acatando el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde hacer lugar al planteo introducido por la actora y declarar la inconstitucionalidad de los artículos 30 inciso c), 82 inciso c) y 94 de la ley 20.628 (t.o. en 2019), alcanzando al texto modificado por ley 27.617, en razón de que esta última norma, al sustituir el mentado artículo 30 en aspectos relativos al quantum de la “deducción especial”, la “deducción específica” y el “mínimo imponible”, no logra alterar el cuadro analizado por el Alto Tribunal en la causa referida.
Lo aquí expuesto, en lo sustancial, es concordante con lo afirmado por esta Sala en la Causa Nº 11.674/20 in re “Gutiérrez, Ricardo c/ AFIP s/ proceso de conocimiento”, del 8/9/21 (ver especialmente el Considerando VII).
VIII. Que en orden a ello, y de acuerdo con lo señalado en el Considerando VI, corresponde hacer lugar a la repetición de las sumas retenidas –observando los parámetros que se indicarán ut infra– y ordenar al organismo fiscal a que adopte las medidas del caso para que cese de efectuarse las retenciones objeto de autos sobre los haberes previsionales que percibe la actora.
Al respecto, si bien la accionante encausó su pretensión en los términos del artículo 81 de la ley de rito fiscal, no se soslaya que al presentar el reclamo ante la AFIP y al recurrir ante el TFN invariablemente manifestó que su pretensión contenía tres objetos: i) la declaración de inconstitucionalidad antedicha, ii) la repetición de las sumas retenidas y, iii) el cese de las mismas para el futuro y de manera definitiva.
Frente a ello, teniendo especialmente en cuenta que aquí se analiza lo concerniente a un componente del colectivo de beneficiarios de prestaciones de la seguridad social, no hacer lugar a la tercera de las pretensiones descriptas, a pesar de que sí se hace a la primera, significaría 10172/2021; PAGANI, GRACIELA NELIDA (TF 94544440-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO un innecesario aferro a las formas procesales en desmedro de los axiomas y derechos que se reconocen.
Al respecto, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia que “a pesar de que debe ser reconocida la trascendencia de las técnicas y principios tendientes a la organización y el desarrollo del proceso, no puede admitirse que dichas formas procesales sean utilizadas mecánicamente, con prescindencia de la finalidad que las inspira y con olvido de la verdad jurídica objetiva, porque ello resulta incompatible con el adecuado servicio de justicia” (CSJN, Fallos: 301:1067; 303:1150; 311:274; 312:61 y 317:757).
IX. Que con relación al alcance temporal del reintegro que aquí se ordena, habrá de alcanzar a todo período no prescripto, debiendo estarse a lo normado en los artículos 56, 61 y 69 de la ley 11.683.
X. Que en lo referido a los intereses que se adicionarán a las sumas a reintegrar, tanto en lo tocante al aspecto cuantitativo como al temporal, en la mencionada causa “Lazzero, Dora Marta” esta Sala recordó que en el derecho tributario ha sido consagrada la primacía de los textos que le son propios, de su espíritu y de los principios de la legislación especial, y sólo con carácter supletorio o secundario corresponde recurrir a los que pertenecen al derecho privado (art. 1º de la ley 11.683; CSJN, Fallos: 307:412; esta Sala, Causa Nº 46.010/03, in re “Torrente SACI y F (TF 18.333-I c/ DGI”, del 7/08/06 y Causa N° 10.877/2010, in re “Chevron Argentina SRL c/ EN -AFIP- DGI-resol 98/09 s/ Dirección General Impositiva”, del 10/6/14), destacándose que el artículo 179 de la ley de rito fiscal establece que “…en los casos de repetición de tributos, los intereses comenzarán a correr contra el Fisco desde la interposición del recurso o de la demanda ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, según fuere el caso, salvo cuando sea obligatoria la reclamación administrativa previa, en cuyo caso los intereses correrán desde la fecha de tal reclamo”. Por otro lado, también se rememoraron las disposiciones contenidas en la Resolución N° 314/04 del entonces Ministerio de Economía y Producción y en la Resolución N° 598/19 del entonces Ministerio de Hacienda.
En orden a las precisiones allí insertas –a cuyos términos corresponde remitirse–, establécese que la liquidación de los intereses deberá practicarse de la siguiente manera:
a) Cómputo: desde la fecha de presentación del reclamo administrativo (pags. 130/133) –17/7/19– hasta el momento del efectivo pago. Por su parte, los intereses correspondientes a las sumas retenidas con posterioridad a esa presentación se devengarán desde que cada suma mensual ha sido retenida.
b) Tasa: i) para los devengados a partir del 1/8/19, la efectiva mensual que publica la AFIP en cumplimiento de la Resolución Nº 598/19 (cfr esta Sala, Causa Nº 68.267/2018, in re “Veleda, Carlos Alberto c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo organismo externo”, del 7/11/19 –ver especialmente los Considerandos IX y X y la decisión adoptada– y Causa N° 71.657/2016, in re “Rodríguez Eladio Antonio c/ EN -AFIP s/ proceso de conocimiento", del 1/7/20), y ii) para los anteriores, la que surge de la Resolución N° 314/14, atento que la actora no cuestionó la constitucionalidad y aplicabilidad de la misma (cfr. causa “Clement, María Josefina”, Considerando IX).
XI. Que por último, en lo que a las costas del proceso concierne –lo cual involucra a las de ambas instancias–, debe recordarse que “es adecuada la distribución de las costas ‘en el orden causado’ cuando el tema debatido en el juicio es discutible y de singular complejidad (cfr., CSJN, Fallos 280:176, considerando 14° de la mayoría y 17° de la disidencia) o la cuestión es novedosa (CNFED, Sala Civil y Comercial, 4/11/69, ED 33-7), de tal modo que todo ello ha podido generar en el recurrente la creencia de que su pretensión era, al menos, opinable” (CNACAF, Sala I in re “Bernardino Rivadavia Soc. Coop. c/ Gobierno de la Nación s/ Cobro de pesos”, Causa N° 532, sentencia del 10/7/91). Por consiguiente, corresponde imponerlas en el orden causado, en atención a la novedad y complejidad de tema debatido (conf. esta Sala, Causa Nº 23.356/12 in re “Mackielo Andrea Laura c/ EN - BCRA - AFIP s/ Amparo Ley 16.986”, del 20/11/12), máxime si se pondera que así 10172/2021; PAGANI, GRACIELA NELIDA (TF 94544440-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO han sido impuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “García, María Isabel”, ya tantas veces mencionado.
XII. Que, finalmente, advirtiendo en este acto que el apellido de la accionante es Paganini —y no “Pagani”—, corresponde remitir las actuaciones a la Secretaría General a efectos de que se proceda a su recaratulación.
En mérito de lo expuesto SE RESUELVE:
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada.
2. Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 30 inciso c), 82 inciso c) y 94 de la ley 20.628 (t.o. en 2019), en los términos que surgen del Considerando VII.
3. Ordenar a la demandada a que adopte las medidas del caso para que cese de efectuarse a la actora retenciones en concepto de IG sobre sus haberes previsionales y que proceda al reintegro de las sumas retenidas de acuerdo con lo dispuesto en el Considerando VIII y IX, con más los intereses calculados de conformidad con lo establecido en el Considerando X.
4. Las costas de ambas instancias se distribuyen por su orden, atento a la naturaleza de la cuestión debatida (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese a las partes y al señor Fiscal General – mediante correo electrónico dirigido a la dirección oficial del Ministerio Público ante esta Alzada ([email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] y [email protected])–, remítanse las actuaciones a Secretaría General a efectos de que proceda a la recaratulación de la causa y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia