Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 62795
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada de fs.222/225vta., y hacer lugar a la demanda entablada por Ignacio Martín Pagliaro contra Mario Alejandro Latorre, calificando a la acción como reivindicatoria en ejercicio del iura novit curia (arts.2758 y sgtes. del Código Civil; art.163 inciso 6 del Cód. Proc.);
2En consecuencia, condenar al demandado a desocupar la fracción de terreno que constituye el objeto del presente juicio y a entregarla al reivindicante en el estado en que éste pueda entrar en su posesión, debiendo el accionado retirar a su costa el cerco existente, respetando los límites exactos (conforme la pericia de agrimensura practicada en autos), dentro del plazo de treinta días de adquirir firmeza la presente sentencia. Todo ello bajo apercibimiento de adoptarse las medidas que el juez de grado estime pertinentes y de ser cumplidas por el actor –y a costa del demandado- las tareas que sean necesarias para el efectivo cumplimiento de este decisorio (art.2794 del Cód. Civil; arts.163 inciso 7, 511, 513 y ccs. del Cód. Proc.);
3Imponer las costas del juicio de ambas instancias al demandado que ha resultado vencido en el proceso (art.68 del Cód. Proc.);
4Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal pertinente (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77).
Causa nº: 2-62795-2017 "PAGLIARO IGNACIO MARTIN C/ LATORRE ALEJANDRO S/ACCION NEGATORIA "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 75 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los quince días del mes de Mayo del año Dos Mil Dieciocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós, María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes, para dictar sentencia en los autos caratulados “Pagliaro Ignacio Martín c/ Latorre Alejandro s/ Acción Negatoria” (Causa N° 62.795), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes- Dr.Galdós - Dra. Longobardi -. Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1era. ¿Es justa la sentencia apelada de fs.222/225vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Peralta Reyes, dijo:
I. Ignacio Martín Pagliaro promovió acción negatoria en su condición de titular dominial del inmueble ubicado en calle Segundo Sombra n° 2767 de la ciudad de Tandil (Circ. I, sección D, chacra 31, manzana 31-a, parcela 39, matrícula n° 15.115 de este partido), donde dijo haber construido su vivienda familiar única y de ocupación permanente (véanse las escrituras de compraventa y de mutuo con garantía hipotecaria obrantes a fs.5/23 y las manifestaciones vertidas a fs.41/42). Sostuvo el actor que el inmueble de su propiedad mide 10 metros de frente por 44.95 metros de fondo, o sea que posee una superficie de 449,50 metros cuadrados. Y puso de resalto que al practicarse el correspondiente certificado de amojonamiento y nivel, pudo apreciarse que existía una intromisión en el sector del fondo de su terreno por parte de la finca lindera, tal como surge del croquis elaborado por el Agrimensor Nacional Danilo H. Jaque Careaga que se encuentra glosado a fs.29 (se desprende de este croquis que lo ocupado por el predio lindero es una pequeña fracción que cuenta con una superficie de 22 metros cuadrados). Aseveró el actor que, originariamente, las líneas de cercamiento consistían en alambres o encierres precarios, por lo que entabló conversaciones con su vecino Mario Alejandro Latorre, quien se comprometió a dar solución al problema planteado; más sostuvo que, de manera intempestiva y frente a su ausencia, esta persona comenzó a realizar una cerca de pallets, que son maderas de cajones reciclados que se unen de una forma muy simple (ver fotografías de fs.30 y manifestaciones de la demanda a fs.42/42vta.).
En función de estos hechos, Ignacio Martín Pagliaro promovió la presente acción negatoria contra su vecino Mario Alejandro Latorre, a quien consideró legitimado pasivo por ser propietario del predio que linda con el fondo de su terreno y que -de manera ilegal e ilegítima- produce la turbación de su derecho de propiedad (fs.42). Reclamó el accionante que se reduzca a sus verdaderos límites el ejercicio del derecho real de dominio del demandado, permitiéndose el pleno goce del suyo. Sostuvo que debe ordenarse que la cosa se restituya a su estado anterior y que el accionado remueva los objetos introducidos en el predio de su propiedad (pallets). Dijo que del resultado técnico que arroja el croquis de agrimensura, surge que el demandado –de manera injustificada- se entromete en su derecho de dominio, obstruyéndolo de manera ilegal e ilegítima; por lo que la acción real intentada busca poner en sus justos límites el derecho de propiedad, haciendo cesar de manera definitiva la turbación (véanse las alegaciones de fs.41 y 43).
La demanda fue contestada por Mario Alejandro Latorre, quien se opuso a la pretensión del actor y solicitó el rechazo de la acción negatoria incoada en su contra (fs.69/72vta.). Luego de evacuar el actor el traslado de documentación que se le confiriera (fs.75/75vta.), se abrió la causa a prueba (fs.76) y se cumplimentó la recepción de las probanzas ofrecidas por las partes.
II. Cumplimentados estos trámites procesales se arribó al dictado de la sentencia de la anterior instancia, donde se rechazó la acción negatoria promovida por Ignacio Martín Pagliaro contra Mario Alejandro Latorre, con costas al actor vencido (fs.222/225vta.). Tras formular diversas consideraciones dogmáticas sobre la temática en escorzo -con citas de la Casación Provincial- (fs.223vta./224), sostuvo la sentenciante que para la procedencia de la acción intentada debe tratarse de meros actos de turbación por quien detenta un derecho real igual o distinto al del actor, con tal que no sea el de dominio, pues en este caso la vía adecuada para resolver el diferendo resulta la acción reivindicatoria y no la que aquí se pretende.
Prosiguió expresando que del escueto relato de la demanda, corroborado luego por la prueba producida y lo aseverado en la contestación de demanda, surge que no existieron actos de turbación con los alcances descriptos, sino que, por el contrario, el demandado -propietario del fundo lindero- se encontraba en ejercicio de la posesión de la franja de terreno que el actor alega como de su propiedad y arguye invadida (fs.224/224vta.). Examinó la juzgadora la prueba colectada en el proceso y señaló que de la misma resulta que el demandado adquirió su propiedad en el año 2002, habiendo realizado en esa época la medición y amojonamiento de su parcela, tras lo cual procedió a colocar un alambrado (fs.224vta./225).
Tuvo la a quo por acreditada la superposición o invasión entre el terreno del demandado y el del actor (tal como surge de la pericia de agrimensura de fs.170/175); pero sostuvo que el demandado se encontraba poseyendo como propietario dicha franja en la inteligencia de que formaba parte de su propio terreno, lo que importa descartar que se encuentren configurados los hechos de turbación exigidos por la norma como presupuesto de procedencia de la acción negatoria. Y así concluyó en que el supuesto de autos está aprehendido por el art.2758 del Código Civil que regula la acción reivindicatoria, lo que sella la suerte adversa de la pretensión deducida. Agregó que tratándose la negatoria y la reivindicación de diferentes acciones con distintos presupuestos para su actuación y defensa, no corresponde aplicar el principio iura novit curia para entender que lo que en realidad se pretende es la reivindicación de la porción de terreno en cuestión y resolver en consecuencia, puesto que tal proceder importaría vulnerar el principio de congruencia procesal consagrado en el art.163 inc.6° del C.P.C.C.
(fs.225).
III. La mencionada sentencia fue pasible del recurso de apelación interpuesto por el actor (fs.227), quien en esta instancia expresó sus agravios a través del escrito que luce a fs.242/245vta. Sostuvo el apelante que la pericia de agrimensura determinó que, más allá de la buena fe que pudo tener el demandado al momento de limitar su terreno con el alambre y luego sustituirlo con pallets, a éste no le asistía el derecho a llevar su construcción a ese límite. Y agregó que con independencia del nombre jurídico que les partes le adjudicaron a la acción o a la defensa, lo cierto es que ambos pretendieron que el perito agrimensor determinara los límites exactos de su fundo. Adujo que despejada la cuestión, la sentenciante de grado concluyó en que el terreno del actor ha sido invadido por el alambrado (y luego pallets) colocado por el demandado, pero entendió que la acción procedente era la reivindicatoria y no la negatoria, rechazando por este motivo la demanda (fs.242vta./243).
Criticó lo decidido en la sentencia apelada en el sentido de que la aplicación al caso del principio iura novit curia vulneraría el principio de congruencia, y adujo que el pronunciamiento no se ajusta a derecho porque no existe obstáculo para que el juez califique la pretensión según corresponde, declarando el derecho de los litigantes (fs.243/243vta.). Expresó que el decisorio impugnado ha incurrido en un exceso ritual incomprensible (fs.244). Y señaló que habiendo quedado las partes contestes en los hechos y en las pruebas rendidas, sólo corresponde dictar sentencia haciendo que el demandado remueva el límite trazado y lo lleve a sus justos confines. Sostuvo, en suma, que el accionado debe remover a su costa la construcción de pallets, bajo apercibimiento de hacerlo su parte a exclusivo cargo de aquél (fs.245). En la parte final de la pieza impugnatoria se dijo que la sentencia apelada expresó de manera concreta el contenido de la acción, las defensas y las pruebas, pero finalmente claudicó apartándose de la aplicación del principio iura novit curia y dejando la situación sin resolver, obligando a transitar un nuevo proceso con la misma finalidad y distinta denominación (fs.245, anteúltimo párrafo). No habiendo evacuado la demandada el traslado conferido, se llamaron autos para sentencia (fs.248) y se practicó el sorteo de rigor (fs.249), habiendo quedado el expediente en condiciones de ser abordado a los fines del dictado de este pronunciamiento.
IV. Corresponde puntualizar ab initio que los hechos motivantes del presente litigio se cumplieron íntegramente durante la vigencia del derogado Código Civil, siendo ésta la norma aplicable al caso (art.7 del C.C. y C.). No obstante ello, el ordenamiento ahora vigente sirve de valiosa guía interpretativa, conforme lo ha señalado este tribunal en numerosos precedentes (esta Sala, causa n°62.462 del 22/3/2018).
V. Tal como se desprende de la reseña efectuada en los apartados anteriores, en la sentencia apelada se tuvo por acreditado el extremo fáctico medular de la pretensión esgrimida por el actor Ignacio Martín Pagliaro, esto es, que existe una intromisión del demandado en el sector del fondo de su terreno (conforme emana del croquis de agrimensura obrante a fs.29). En efecto, ha quedado demostrado en autos que una pequeña fracción del inmueble del actor (que según dicho croquis de agrimensura adjuntado a la demanda cuenta con una superficie de 22 metros cuadrados), se encuentra ocupada o invadida por el terreno lindero de propiedad del aquí demandado Mario Alejandro Latorre. Este aspecto fáctico que, reitero, constituyó la parte esencial de la pretensión de autos, ha quedado plenamente corroborado por la pericia de agrimensura practicada por la Agrimensora Victoria Renata Di Batista, con la única diferencia de que esta perito le confirió una superficie levemente superior a la fracción de terreno ocupada por el accionado (fs.170/175vta.).
En la parte decisiva de este trabajo pericial que no ha merecido objeciones ni impugnaciones de ninguna índole (más aún, ha sido corroborada por el perito ingeniero en construcciones que dictaminó a fs.186/188), se sentaron las siguientes conclusiones: 1) Puntualizó la perito agrimensora, con arreglo a la imagen catastral que luce a fs.173vta., que la parcela 5 de propiedad del Sr. Latorre invade con la construcción sólida de su vivienda a la parcela 4, y hacia las parcelas 38 y 39 invade con un cerco de pallets, pero no invade con la construcción del quincho que tiene en su terreno (aquí debe repararse que la parcela 39 es la del actor Ignacio Martín Pagliaro, tal como consta en los croquis elaborados por el Agrimensor Jaque Careaga y agregados con la demanda a fs.28/29). 2) También expresó la experta que las mediciones y amojonamientos realizados por el Agrimensor Jaque Careaga -agregados con la demandason fidedignos y están correctamente realizados, solo que las mediciones por ella realizadas presentan una leve diferencia (fs.175 in fine).
Así precisó que, según su cálculo, la superficie que la parcela 5 invade a la parcela 39 es de 24,23 metros cuadrados (fs.174vta., cuarto párrafo). Insisto en que esta labor pericial alcanza plena eficacia probatoria, pues cuenta con el suficiente fundamento científico, se compadece con los demás elementos de la causa y no ha sido materia de cuestionamiento de ninguna naturaleza (arts.384, 474 y ccs. del Cód. Proc.).
Lo antedicho me lleva a sentar una conclusión fundamental en orden a la decisión que habré de adoptar, esto es, que a partir de las referidas conclusiones de la pericia de agrimensura, ha quedado plenamente demostrada la desposesión que padece el accionante de una pequeña fracción de la parcela 39 de su propiedad (calculada por la experta en 24,23 metros cuadrados). Esta es la situación que ha motivado el conflicto suscitado entre los contendientes y que, precisamente, se intenta remediar mediante la acción de autos; si bien en la demanda no se esgrimió la figura de la desposesión y se aludió a una turbación del derecho de propiedad del actor, encuadrándose el reclamo en la acción negatoria regulada en los arts.2800 a 2806 del Código Civil.
VI. Es evidente que en este punto medió un error de la parte actora en la calificación jurídica de la acción intentada, pues, como es sabido, aunque se trate de una desposesión parcial de una pequeña fracción de la parcela 39, igualmente nos hallamos en el campo de la acción reivindicatoria y no de la negatoria (como erróneamente se encuadró el escrito de demanda).
Precisamente, al resumirse la noción del ataque que habilita la acción reivindicatoria, se ha sostenido: “La noción de ‘pérdida de la posesión’ contenida en el art.2758 integra un concepto amplio de lesión al ejercicio del ius possidendi e importa toda disputa que lleva a un desapoderamiento total o parcial de la cosa, cualquiera sea el título y derecho –real o personal- que se pretenda o invoque para negar la entrega o restitución debida, y cualquiera sea la relación real que conecte o vincule al ocupante con la cosa, haya o no intervenido en su causa la voluntad originaria del propietario” (conf. Bono, en Código Civil y leyes complementarias, director Zannoni, coordinadora Kemelmajer de Carlucci, tomo 11, pág.790; lo destacado me pertenece). Y en nota al pie de página se trae un ejemplo que –notoriamente- concuerda con el sub caso, al señalarse: “Tratándose de inmuebles, puede haber exclusión absoluta total o parcial según que el desapoderamiento resulte de la totalidad de la cosa o de una parcialidad de ella (vgr., desapodera de manera parcial quien corre los alambrados invadiendo el terreno colindante, excluyendo así absolutamente al propietario de una franja de su terreno)” (conf. Bono, ob. cit. pág.790, nota n° 85).
Más adelante, al ocuparse este autor del ataque que hace procedente la acción negatoria, expresa lo siguiente: “La restricción o lesión al ejercicio de las facultades posesorias resultantes del acto o actos lesivos caracterizados precedentemente no debe revestir una gravedad tal que llegue a la supresión y, con ella, a la desposesión de la cosa (nota al art.2800), sea total o parcial, caso en el que corresponderá la acción reivindicatoria” (conf. Bono, ob. cit. pág.995, in fine; lo destacado es del suscripto). Y en otra nota al pie de página se vuelve a reiterar el ejemplo que transcribí en el párrafo anterior, al señalarse: “La desposesión puede ser total o parcial, según que la exclusión absoluta del poseedor lo sea del todo o de una parte de la cosa; en consecuencia, es igualmente desposesión, aun cuando se prive al poseedor de una parte de ella (p. ej., es parcial pero desposesión al fin, aquella por la que un vecino corre los alambrados o cercos e invade un tramo de superficie de terreno de su colindante” (conf. Bono, ob. cit. pág.995, nota n° 2). La medulosa doctrina citada conduce a la conclusión de que la demanda de autos ha sido equívocamente encuadrada en la acción negatoria contemplada en los arts.2800 a 2806 del Código Civil, pues tratándose de un supuesto de desposesión parcial del inmueble del actor, que ha sido invadido -en una pequeña fracción- por el alambrado y posterior cerco de pallets colocado por el demandado, no pueden quedar dudas de que la acción idónea es la reivindicatoria regulada en los arts.2758 a 2794 del Código Civil. Precisamente, utilizando como pauta hermenéutica el art.2248 del Código Civil y Comercial que regula la finalidad de las acciones reales y la lesión que las habilita, puede advertirse que la acción reivindicatoria corresponde ante actos que producen el desapoderamiento de la cosa, mientras que la acción negatoria “corresponde ante actos que constituyen una turbación, especialmente dada por la atribución indebida de una servidumbre u otro derecho inherente a la posesión”.
VII. Pero la mera circunstancia de que se haya incurrido en un error en el nomen iuris dado a la acción entablada por el actor, no obsta a que el juez realice la correcta calificación jurídica de la pretensión con arreglo a los hechos probados de la causa, en ejercicio de la prerrogativa que le confiere el brocárdico iura novit curia, receptado normativamente en el art.163 inciso 6 del Código Procesal. Así ha resuelto la Casación Provincial: “Según el principio ‘iura novit curia’ los magistrados pueden enmendar el derecho mal invocado y suplir el omitido, deviniendo necesario pronunciarse acerca de cuál es –en definitiva- el aplicable al caso. El ejercicio de dicha facultad no infringe los principios de congruencia y de defensa en juicio, puesto que es a los jueces a quienes corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas con independencia del derecho que hubieren invocado las partes, en tanto y en cuanto, no se alteren los hechos o se tergiverse la naturaleza de la acción deducida” (S.C.B.A., L 117775 del 29-3-2017, L 117269 del 14-10-2015, L 104344 del 5-10-2011).
Precisamente, en el campo de las acciones reales, se señala que se han planteado casos en los que el actor promovió la acción real negatoria y los tribunales modificaron el encuadre jurídico sosteniendo que la acción correspondiente era la reivindicatoria o viceversa; se trata de una aplicación específica del principio iura novit curia, según el cual el juez no está vinculado por las calificaciones jurídicas de las partes, sino que tiene reservada la calificación de la acción, la determinación del derecho aplicable y debe corregir cualquier error de los justiciables (conf. Zelaya, en Juicio de acciones reales, Kiper dirección, págs.313 y 314). Y en un fallo jurisprudencial que guarda analogía con el de autos, se resolvió un caso de acción negatoria donde el demandado ocupaba con una torre de enfriamiento una parte de la azotea de la cual la actora era condómino. Se dijo allí que la accionante estaba siendo desposeída porque el demandado poseía parte de la azotea (estando presentes el corpus y el animus), y que, por ende, a los fines de restablecerla en la posesión correspondía la acción reivindicatoria. No obstante este error en la invocación del derecho en que había incurrido la parte actora, el tribunal de alzada decidió que al juez le corresponde interpretar y aplicar el derecho – iura novit curia- y se hizo lugar a la acción reivindicatoria, condenándose al demandado a retirar la torre de enfriamiento de la terraza, con todos sus accesorios, en el plazo de cuarenta días de notificada la sentencia (CNCiv., Sala C, 24-8-1995, “Emefa S.A. c. Evans Eduardo G.”, L.L. 1996-B, págs.445 a 448, con nota de Gabriela Vazquez, Las acciones reales y el “iura novit curia”).
Esta es la misma solución que cabe adoptar en la especie, pues más allá del erróneo encuadramiento de la acción que se realizó en el escrito de demanda, ha quedado plenamente demostrada la desposesión que sufre el accionante de una pequeña fracción de la parcela 39 de su propiedad (con una superficie de 24,23 metros cuadrados, según la pericia de agrimensura), la que es poseída por el demandado (estando reunidos el corpus y el animus; art.2351 del Cód. Civil). Esta situación fáctica que emana con claridad de los escritos de demanda y contestación de demanda, ha quedado enteramente corroborada por los medios probatorios allegados al proceso, especialmente, por la ya analizada pericia de agrimensura (arts.330, 354, 384, 474 y ccs. del Cód.
Proc.). De allí que le corresponde al juez ejercer la prerrogativa conferida por el principio iura novit curia, calificando jurídicamente a la pretensión incoada con arreglo a las normas pertinentes, sin que ello implique la vulneración del principio de congruencia porque no se alteran los hechos ni se tergiversa la naturaleza de la acción deducida. Asimismo, en el caso no media ninguna afectación del derecho de defensa del demandado, quien ha tenido ocasión de brindar todos los argumentos que consideró pertinentes y de ofrecer las pruebas que estimó en apoyo de su postura procesal (arts.18 de la Constitución Nacional; art.15 de la Constitución Provincial). Por lo demás, el error en que incurrió el actor al encuadrar su demanda, se encuentra en parte motivado por la complejidad jurídica que presenta la delimitación de las acciones reales, y, además, porque la pequeñez de la fracción de terreno objeto de la desposesión, bien pudo haberlo conducido al entendimiento de que era pasible de una turbación en su derecho de propiedad (como erróneamente lo consideró), y no de una desposesión parcial de su inmueble (como en rigor sucedió).
Pero ante el incontrastable resultado que arroja la prueba colectada en el proceso, le corresponde al magistrado aplicar el derecho pertinente, con independencia del defectuoso encuadramiento realizado por el accionante, so pena de incurrir en un exceso ritual manifiesto y en una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva en pos de un adecuado servicio de justicia (S.C.B.A., C 105218 del 14-9-2011, C 95170 del 10-10-2007). Y ello porque el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales, pues no se trata del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva (S.C.B.A. C 109072 del 12-12-2012, C 107502 del 18-4- 2012, C 92313 del 10-10-2007, entre muchos otros).
Es evidente que luego de la tramitación de un amplio litigio judicial se debe procurar arribar a la solución del conflicto habido entre las partes, de manera que el proceso se convierta en una herramienta eficaz para dirimir las contiendas (art.15 de la Constitución Provincial). Así se muestra atendible el argumento del apelante al expresar que por no aplicarse el principio iura novit curia y dejarse la situación sin resolver, se lo obliga a transitar un nuevo proceso con la misma finalidad y la misma denominación (fs.245). Es indudable que esta situación no puede admitirse en modo alguno, por lo que debe resolverse el entuerto haciendo lugar a la demanda incoada, aunque calificando jurídicamente a la acción como reivindicatoria, en ejercicio de la prerrogativa que confiere a los jueces el principio iura novit curia (art.2758 y sgtes. del Cód.
Civil; art.163 inciso 6 del Cód. Proc.).
VIII. Por todo lo expuesto propicio al acuerdo revocar la sentencia apelada de fs.222/225vta., y hacer lugar a la demanda entablada por Ignacio Martín Pagliaro contra Mario Alejandro Latorre, calificando a la acción como reivindicatoria en ejercicio del iura novit curia (arts.2758 y sgtes. del Código Civil; art.163 inciso 6 del Cód. Proc.). En consecuencia, se deberá condenar al demandado a desocupar la fracción de terreno que constituye el objeto del presente juicio y a entregarla al reivindicante en el estado en que éste pueda entrar en su posesión, debiendo el accionado retirar a su costa el cerco existente, respetando los límites exactos (conforme la pericia de agrimensura practicada en autos), dentro del plazo de treinta días de adquirir firmeza la presente sentencia. Todo ello bajo apercibimiento de adoptarse las medidas que el juez de grado estime pertinentes y de ser cumplidas por el actor -y a costa del demandado- las tareas que sean necesarias para el efectivo cumplimiento de este decisorio (art.2794 del Cód. Civil; arts.163 inciso 7, 511, 513 y ccs. del Cód. Proc.). Las costas del juicio de ambas instancias se impondrán al demandado con arreglo a la regla objetiva del vencimiento (art.68 del Cód. Proc.). Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Longobardi, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: 1) Revocar la sentencia apelada de fs.222/225vta., y hacer lugar a la demanda entablada por Ignacio Martín Pagliaro contra Mario Alejandro Latorre, calificando a la acción como reivindicatoria en ejercicio del iura novit curia (arts.2758 y sgtes. del Código Civil; art.163 inciso 6 del Cód. Proc.); 2) En consecuencia, condenar al demandado a desocupar la fracción de terreno que constituye el objeto del presente juicio y a entregarla al reivindicante en el estado en que éste pueda entrar en su posesión, debiendo el accionado retirar a su costa el cerco existente, respetando los límites exactos (conforme la pericia de agrimensura practicada en autos), dentro del plazo de treinta días de adquirir firmeza la presente sentencia. Todo ello bajo apercibimiento de adoptarse las medidas que el juez de grado estime pertinentes y de ser cumplidas por el actor –y a costa del demandado- las tareas que sean necesarias para el efectivo cumplimiento de este decisorio (art.2794 del Cód. Civil; arts.163 inciso 7, 511, 513 y ccs. del Cód. Proc.); 3) Imponer las costas del juicio de ambas instancias al demandado que ha resultado vencido en el proceso (art.68 del Cód. Proc.);
4. Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal pertinente (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Longobardi por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, Mayo de 2018. –
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Revocar la sentencia apelada de fs.222/225vta., y hacer lugar a la demanda entablada por Ignacio Martín Pagliaro contra Mario Alejandro Latorre, calificando a la acción como reivindicatoria en ejercicio del iura novit curia (arts.2758 y sgtes. del Código Civil; art.163 inciso 6 del Cód. Proc.); 2) En consecuencia, condenar al demandado a desocupar la fracción de terreno que constituye el objeto del presente juicio y a entregarla al reivindicante en el estado en que éste pueda entrar en su posesión, debiendo el accionado retirar a su costa el cerco existente, respetando los límites exactos (conforme la pericia de agrimensura practicada en autos), dentro del plazo de treinta días de adquirir firmeza la presente sentencia. Todo ello bajo apercibimiento de adoptarse las medidas que el juez de grado estime pertinentes y de ser cumplidas por el actor –y a costa del demandado- las tareas que sean necesarias para el efectivo cumplimiento de este decisorio (art.2794 del Cód. Civil; arts.163 inciso 7, 511, 513 y ccs. del Cód. Proc.); 3) Imponer las costas del juicio de ambas instancias al demandado que ha resultado vencido en el proceso (art.68 del Cód. Proc.); 4) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal pertinente (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77). Regístrese, notifíquese por Secretaría y devuélvase a su Juzgado de origen.
JORGE MARIO GALDÓS PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II MARÍA INÉS LONGOBARDI VICTOR MARIO PERALTA REYES JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II
Ante mí CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia