Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121983
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.983, "Rodríguez, Cristian Eduardo contra Maruf, Ángel Daniel y otro. Pago de fondo de desempleo y otros", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, se pronunció nuevamente sobre los intereses moratorios, ordenando se practique una nueva liquidación (v. fs. 1.873/1.881 vta. y sent. ampliatoria de fs. 1.898/1.902).
Se interpusieron, por la codemandada Vial Agro S.A., sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.893/1.897 vta. y 1.930/1.935).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio la sentencia de fs. 850/871 vta.?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 1.893/1.897 vta.?
En su caso:
3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del interpuesto a fs. 1.930/1.935?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Cristian Eduardo Rodríguez, condenando a Ángel Daniel Maruf y a Vial Agro S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de fondo de cese laboral, indemnizaciones previstas en los arts. 18 de la ley 22.250; 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y rubros de naturaleza salarial (v. sent., fs. 1.644/1.657 vta.).
En la misma fecha, el actuario practicó liquidación (v. fs. 1.661) donde, de conformidad con las previsiones del art. 48 de la ley 11.653 (texto según ley 14.399), procedió a adicionar intereses al capital de condena.
La coaccionada Vial Agro S.A. impugnó esta última decisión (v. fs. 1.734/1.735 vta.) y además se alzó contra la sentencia y liquidación mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.738/1.746 vta.), el que fue concedido por el órgano de grado a fs. 1.763/1.765.
Ya en sede extraordinaria, esta Corte resolvió anular la sentencia ampliatoria de fs. 1.748/1.749 -la cual, refiriendo al tratamiento de una cuestión sustancial (cual era, la adición de intereses al capital de condena), pretendía convalidar la liquidación efectuada por el actuario a fs. 1.661-, por varias razones, a saber: a) no haberse llevado a cabo mediante voto individual de cada uno de los miembros del tribunal respecto de cada una de las cuestiones; b) tener una escasa y poco precisa fundamentación que poca relación tenía con el contenido de la impugnación; y c) resultar contradictoria con la liquidación que pretendía ratificar (v. fs. 1.836/1.838 vta.).
En función de ello, procedió a dejar sin efecto la señalada liquidación de fs. 1.661, en tanto consagraba una extralimitación por parte del actuario respecto de los alcances de la sentencia, que nada decía sobre la aplicación de intereses. Asimismo, declaró que la modificación del art. 48 de la ley 11.653 por parte de la ley 14.399 resultaba inconstitucional, por lo que la facultad que dicha norma le otorgaba a los secretarios para practicar las liquidaciones, más allá de cual fuera la decisión de los magistrados de su tribunal, quedaba invalidada (v. fs. 1.838 vta./1.839 vta.).
Al arribar la causa al órgano de grado, la legitimada activa solicitó el dictado de una nueva sentencia ampliatoria que resolviera la aplicación de los accesorios. Aclaró que su parte no tenía agravio para poder recurrir el fallo dictado el día 13 de febrero de 2013, el que -sostiene- le fue notificado en forma conjunta con la liquidación, en tanto en ese momento se encontraba vigente la ley 14.399 que validaba la actuación del secretario, por lo que la supuesta omisión se encontraba salvada (v. fs. 1.857/1.858).
Corrido el traslado a los codemandados (v. fs. 1.860) y contestada la misma por la ahora recurrente (v. fs. 1.861/1.862), el juzgador consideró -a raíz de lo resuelto por esta Corte- que debía subsanar las inobservancias señaladas por este Tribunal y hacer lugar a la aplicación de los intereses -ya solicitada por el actor en su escrito de inicio-, ordenando se practique una nueva liquidación.
En tal sentido, dispuso que al capital de condena debían adicionarse los accesorios de la siguiente manera: a) desde la fecha de exigibilidad del crédito y hasta el día 18 de agosto de 2008, con arreglo a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires; y b) desde el 19 de agosto de 2008 y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva "digital" de esa misma entidad (v. sent., fs. 1.873/1.881 vta.).
II. Corresponde responder negativamente al interrogante planteado.
II.1. La sentencia de fs. 1.873/1.881 vta., además de presentar ciertas deficiencias (como ser que lo resuelto a fs. 1.880 y 1.881 no se corresponde de manera precisa con lo manifestado por la mayoría de los jueces del tribunal de grado a partir de sus votos; v. fs. 1.878/1.880), no cumple estrictamente con la anterior decisión de esta Corte cuando dispuso la anulación del pronunciamiento ampliatorio y de la liquidación que se practicara por Secretaría.
En otras circunstancias propondría también la anulación de este nuevo fallo, pero me disuade de ello la confluencia de varias razones. La primera tiene que ver con el tiempo que ha demandado la tramitación de la causa (obsérvese que, en lo sustancial -aunque no en lo accesorio-, se sabe su resultado desde febrero del año 2013, al menos respecto de dos de los demandados), retraso que se ha debido a la impensada postura adoptada por el Tribunal de aprobar una liquidación que desdice lo que él mismo había resuelto. En segundo lugar, el crédito del trabajador (ese sujeto de preferente tutela constitucional según se ha dicho innumerables veces) sigue aún insatisfecho, a más de una década de promoverse el reclamo. Más tarde, el criterio restrictivo que siempre ha exteriorizado este Tribunal al tiempo de decretar la invalidez de otro tribunal por las falencias que pudieran afectar sus fallos, en tanto tales insolvencias no afecten los derechos fundamentadles de las partes. Y, por otra parte, saber que desde hace casi siete años se discute la corrección de un aspecto accesorio de la sentencia (el de los intereses), pone en crisis la aspiración de un proceso justo, de la tutela judicial continua y eficaz, y el derecho a obtener decisión de los conflictos planteados en un tiempo razonable, tal como lo exige el art. 15 de la Constitución provincial.
El hecho de que los yerros en los que se incurriera no impidan un suficiente ejercicio de la facultad revisora, y -fundamentalmente- la credibilidad del sistema judicial, hacen que me abstenga de usar ese excepcional remedio de la nulidad oficiosa y considere que, en el caso, deviene exagerado proponer la nulidad del nuevo pronunciamiento.
II.2. Sin perjuicio de lo anterior, convencido de que las consecuencias que conllevan este tipo de infracciones no resulta gratuita para los justiciables, al prolongar más allá de lo razonable los procesos judiciales, me veo en la obligación de requerir a los jueces del tribunal de trabajo interviniente, que extremen el celo en el cumplimiento de los requisitos formales, constitucional y legalmente exigibles, en los pronunciamientos y decisiones que de aquí en adelante emita el órgano jurisdiccional que integran.
III. En razón de todo lo expuesto, no cabe anular de oficio la sentencia impugnada.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Entiendo que corresponde responder afirmativamente al primer interrogante planteado.
I.1. Es preciso recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio; además, que el empleo de dicha potestad se justifica cuando las falencias que exhibe el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora (causas L. 99.248, "Rodríguez", sent. de 4-V-2011; L. 107.395, "Sueyro", sent. de 25-IV-2012 y L. 121.034, "Pinto", sent. de 14-VIII-2019).
I.2. Los apuntados yerros se encuentran presentes en la nueva sentencia dictada en la instancia y justifican la solución anunciada.
Es que lo decidido por el órgano jurisdiccional de grado en la resolución de fs. 1.873/1.881 vta. en tanto juzga procedente la aplicación de intereses, claramente contraría el pronunciamiento dictado en las actuaciones por esta Suprema Corte el día 15 de noviembre de 2016; concretamente, ignora las consideraciones plasmadas por el ministro ponente al abordar en su sufragio la inicial cuestión propuesta (v. apdo. III.3.a.), que recibió la adhesión de los restantes.
En dicha ocasión, agudamente cuestionó este Tribunal la convalidación efectuada por los jueces de la instancia de la liquidación realizada por el actuario que incluyó intereses apartándose de los alcances de la condena dispuesta en la originaria sentencia, la decisión se apoyó en pilares rectores del proceso: el principio de congruencia y el instituto de la cosa juzgada. Sin embargo, insisto, ello fue enteramente omitido por el tribunal del trabajo, y al respecto, es mi opinión que la gravedad de este error no puede dejar de desatenderse, incluso, ponderando las vicisitudes que tuvo la tramitación de la causa.
Por cierto, que aun si se dejara de lado ello, también habría de observarse cierta discordancia interna en la resolución, pues lo que surge de la opinión mayoritaria de los magistrados y lo que finalmente se ordena en lo tocante a la fecha desde la cual se deberían computar los accesorios conforme la tasa pasiva digital no guarda armonía.
II. En virtud de lo expuesto, debe anularse de oficio la sentencia de fs. 1.873/1.881 vta., y con ello, su ampliación de fs. 1.898/1.902.
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Contra lo resuelto en el pronunciamiento de fs. 1.873/1.881 vta., se alza la codemandada Vial Agro S.A. mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.893/1.897).
I.1. Denuncia que el tribunal de origen en la sentencia de fs. 1.644/1.657 vta. no se manifestó sobre los intereses, lo cual fue consentido por las partes, por lo que, afirma, no puede reeditarse a través de un nuevo fallo una cuestión precluída y alcanzada por los efectos de la cosa juzgada.
Manifiesta que el pronunciamiento ahora recurrido obrante a fs. 1.873/1.881 vta., al modificar una sentencia anterior, firme y consentida, viola las prescripciones de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional y la doctrina legal que cita.
I.2. Por otro lado, objeta que en la liquidación practicada a fs. 1.882 vta. y 1.883, en vez de utilizar el capital de $92.373,17 -tal como se estableció en la sentencia de fs. 1.644/1.657 vta.-, se calculó con una suma de $151.970,67 que -afirma- no se sabe de dónde surge.
II. El recurso es inadmisible.
II.1. Liminarmente, cabe advertir que la magnitud económica de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado en la especie por el monto liquidado en concepto de intereses y la diferencia entre el capital de condena establecido por el a quo a fs. 1.644/1.657 vta. y el establecido a fs. 1.882 vta. y 1.883- no supera el importe mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 11.593), razón por la cual la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 -primer párrafo, in fine - de la ley 11.653 (causa L. 91.039, "Ballester", sent. de 3-IV-2008; e.o.).
En este contexto, la competencia del tribunal queda limitada a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, supuesto que se configura cuando esta Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 93.096, "Mañay", sent. de 3-VI-2009; L. 94.368, "Casella", sent. de 18-VIII-2010; L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; e.o.).
II.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone claramente, desde que, mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal, el impugnante trae a consideración, por un lado, agravios que remiten al análisis de cuestiones de hecho y prueba, como lo son los atinentes al instituto de la cosa juzgada, y como tal, detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 122.425, "Martínez", resol. de 5-VI-2019; L. 122.338, "Alfonso", resol de 29-V-2019 y L. 121.976, "Amado", resol. de 20-XII-2018) y, por el otro, precedentes que han sido elaborados sobre la base de casos con presupuestos fácticos distintos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, su invocación resulta también ineficaz para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014 y L. 118.712, "Grecco", resol. de 2-IX-2015).
II.3. Luego, cabe desestimar el agravio que cuestiona la liquidación efectuada a fs. 1.882 vta. y 1.883.
Sin perjuicio de ello se ha de señalar que los supuestos errores de liquidación deben ser enmendados en la instancia de origen, pues son ajenos a los recursos extraordinarios (art. 48, ley 11.653; causas Ac. 88.713, "Schmidt", sent. de 5-XI-2003; Ac. 99.509, "Domeq", resol. de 13-VIII-2008; e.o.), y más allá del acotado marco de examen por el que transita el recurso, desde la lectura de las constancias de autos observo que el planteo aquí traído ha sido tratado en la instancia de grado -a partir del dictado de una ampliatoria-, con resultado favorable a la impugnante (v. fs. 1.898/1.903 vta.). Por ende, no corresponde que esta Corte se pronuncie sobre esta cuestión, ya que las circunstancias sobrevinientes la han convertido en abstracta (causas L. 103.559, "Abrain", sent. de 10-X-2012; L. 117.323, "Garnica", sent. de 25-X-2017; e.o.).
III. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Sin perjuicio de dejar a salvo la opinión que expuse al dar respuesta a la primera cuestión planteada en este acuerdo, en tanto surge del criterio mayoritario del Tribunal la decisión de no anular de oficio la sentencia de grado, he de ingresar al tratamiento de los restantes interrogantes aquí propuestos.
I.2. Luego, concuerdo con mi distinguido colega doctor de Lázzari acerca de la insuficiencia del valor de lo cuestionado y que en consecuencia corresponde abordar el recurso en el estrecho marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En ese contexto, el medio de impugnación debe ser desestimado. La interesada no denuncia la eventual transgresión de doctrina alguna referida a la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial, lejos de ello, cita precedentes vinculados con temas procesales -como evidentemente lo es aquel referido al instituto de la cosa juzgada-, lo que resulta inhábil en el restringido carril por el que se analiza el agravio (causa L. 98.699, "Juárez", sent. de 21-XII-2011).
II. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Tal como lo señalé en la cuestión anterior, el tribunal de grado modificó la sentencia de fs. 1.873/1.881 vta. -del 21 de abril de 2017- a partir del dictado de una ampliatoria por la cual resolvió calcular nuevamente el capital de condena al limitar la aplicación de la multa del art. 132 bis Ley de Contrato de Trabajo al período transcurrido entre mayo de 2007 y hasta la fecha del cargo de la presentación de la constancia de pagos -marzo de 2013- (v. fs. 1.898/1.902).
Asimismo, adecuó los intereses y los honorarios de los profesionales intervinientes al monto de la nueva liquidación practicada.
II. Contra este pronunciamiento se alza nuevamente la citada codemandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.930/1.935).
Denuncia el tribunal de origen en la sentencia de fs. 1.644/1.657 vta. no ordenó aplicar intereses, por lo que, habiendo sido consentida por las partes, no puede reeditarse a través de una nueva sentencia una cuestión precluída.
En tal sentido alega que la sentencia ahora recurrida obrante a fs. 1.898/1.902 transgrede la doctrina legal de la Corte sobre el instituto de la cosa juzgada así como también las prescripciones de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional.
III. Habida cuenta de que en la presente impugnación (deducida a fs. 1.930/1.935), la codemandada cuestiona la violación de la cosa juzgada en idénticos términos a los desarrollados en el remedio extraordinario de fs. 1.893/1.897 vta., y que -en el caso- el valor de lo cuestionado en esta instancia extraordinaria -representado por el monto liquidado en concepto de intereses- tampoco supera el importe mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 11.593), cobran virtualidad los argumentos expuestos al abordar la cuestión anterior a los que brevitatis causae me remito.
IV. Por ello, corresponde rechazar, también por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la tercera cuestión en el mismo sentido.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Siendo que aquí el valor de lo cuestionado en esta instancia extraordinaria tampoco supera el importe mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y que los fundamentos de la impugnación son análogos a los esgrimidos en el recurso analizado en la anterior cuestión, por los argumentos que allí esgrimí cabe desestimar el recurso conforme se decide en la parte final del sufragio que inaugura este acuerdo.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la tercera cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, con costas
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