Abriendo la norma
TOMO:XX REGISTRO: 009 FOLIO:126/143
Caleta Olivia, 08 de julio de 2026.
Estos autos caratulados: “INCIDENTE DE NULIDAD EN AUTOS: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 1 S/INVESTIGA MUERTE” Expte. Nº 88.832/26, N° de Juzgado de Recursos 8460/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 17/20, el Sr. Juez de Instrucción, decide: “…I.-RECHAZAR el pedido de nulidad de la Defensa obrante a fs. 01/06.”
Contra dicha resolución el Sr. Defensor Particular doctor Marcos Palacios interpone recurso de apelación a fs. 22/24, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 25. En esta instancia es mantenido a fs. 31 por el Dr. Palacios, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, 35/41 y vta., quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la Defensa se agravia sosteniendo la errónea valoración de los hechos, indicando que la resolución contiene afirmaciones objetivamente inexactas respecto de las constancias de la causa. Sostiene que el imputado manifestó expresamente haber intentado reanimar al victima mediante maniobras de auxilio, indicando que esa circunstancia reviste especial relevancia porque la propia defensa sostuvo que determinadas fracturas costales descriptas resultan compatibles con maniobras de RCP, hipótesis omitida en el informe biomecánico cuestionado.
Indica la afectación del derecho de defensa y contradicción, refiriendo que el juez omite considerar un cuestión medular, la propia perito Criminalística reconoció expresamente la imposibilidad de arribar a conclusiones categóricas debido a la insuficiencia de datos provenientes de la autopsia, así indica que en fecha 07 de abril de 2026, conforme a la notificación recibida esta defensa compareció al lugar fijado para la realización de la labor pericial encomendada a la Lic. María Florencia Calgaro, oportunidad en la cual la profesional manifestó a quien suscribe expresamente que no realizaría el informe biomecánico debido a que no contaba con los datos médico-forenses necesarios prevenientes de la autopsia. Indica que por esa razón se retiro de la oficina. Esa defensa sostiene que se vio materialmente impedida de ejercer de manera efectiva las facultades previstas por el art. 243 del C.P.P.
Argumenta que no obstante ello, el informe pericial fue posteriormente confeccionado el mismo día, según consta la fecha y firma en autos e incorporado al expediente sin intervención ni control efectivo de esa defensa.
Concluye al respecto que la resolución recurrida incurre así en una contradicción insalvable: a) por un lado, reconoce que el informe es preliminar, incompleto y sujeto a futura ampliación. b) pero simultáneamente admite su utilización como sustento incriminante para intensificar la imputación penal, agravando la condición de su defendido. Por otra parte se agravia esa defensa entendiendo que la resolución reproduce sin análisis crítico afirmaciones efectuadas por la parte querellante que no encuentran adecuado respaldo en las constancias objetivas incorporadas al expediente.
Refiere a que las constancias fotográficas no evidencian la existencia de hematomas externos en el cuerpo de la fallecida en los términos afirmados por la acusación. No se acreditan lesiones genitales traumáticas compatibles con agresión sexual.
Expresa que las afirmaciones de la querella exceden el contenido objetivo de las constancias incorporadas al expediente y no pueden ser receptadas acríticamente como extremos plenamente acreditados.
Por último la defensa refiere que existe un perjuicio, la pericia biomecánica cuya nulidad se solicito fue utilizada como fundante para modificar y agravar la imputación penal atribuida al Sr. Sergio Navarro, produjo efectos procesales concretos, alteró sustancialmente la situación jurídica del imputado, condicionó el curso de la investigación.
En esta instancia al ampliar fundamentos el Dr. Palacios, sostiene que Indica que el informe pericial criminalístico se realizó el mismo día 07 de abril , mismo día en que esa parte se hizo presente en el lugar y se le informe que no se realizaría , posteriormente el informe se remite a esa parte el día 14 de abril, y el día 15 de abril se citó a declaración indagatoria al imputado, se le leyó el cambio de calificación a homicidio doloso doblemente agravado a causa de las "nuevas pruebas" reunidas donde se menciona el informe criminalístico de la licenciada Calgaro . La lesión al derecho de defensa se encuentra plenamente configurada y resulta verificable, actual y trascendente.
Reitera el agravio expresado en cuanto a la violación al derecho de defensa privando completamente al imputado y a su defensa técnica del ejercicio efectivo de las facultades previstas por el art. 243 del CP.
Confirma los agravios expresados en la primera oportunidad en cuanto a la errónea valoración de los hechos, en relación a las maniobras de reanimación practicadas por el imputado, como así también en cuanto a la errónea valoración de las constancias objetivas de la causa en cuanto se reproducen las afirmaciones efectuadas por la querella, que no encuentran adecuado respaldo en las constancias objetivas incorporadas al expediente.
Expresa la defensa que se vio privada de participar en la producción del acto pericial, circunstancia que impidió ejercer un control efectivo sobre una prueba de naturaleza eminentemente técnica y científica.
Esa defensa sostiene que la arbitrariedad se profundiza cuando se advierte que las conclusiones periciales fueron construidas a partir de información proveniente de una autopsia cuya completitud y consistencia fueron expresamente cuestionadas por esa parte.
Cita doctrina.
Argumenta que conforme los arts. 158 y 159 del CPP de Santa Cruz, corresponde declarar la nulidad absoluta del informe pericial biomecánico obrante a fs. 292/303 por haberse omitido las disposiciones concernientes a la intervención y asistencia efectiva del imputado y su defensa técnica en un acto procesal esencial.
Sostiene que en idéntico sentido el art. 164 del CPP de Santa Cruz establece que la nulidad de un acto alcanza a todos aquellos actos consecutivos que de él dependen, razón por la cual corresponde extender los efectos invalidantes a toda resolución o agravamiento procesal sustentado directa o indirectamente en la pericia irregularmente producida.
Cita doctrina.
Concluye que no hay acusación sin prueba y no hay pruebas sin la debida defensa.
Que a fs. 43 de corre vista a la Querella y al Fiscal de Cámara.
III.-Al contestar la vista oportunamente conferida el Sr. Fiscal de Cámara, doctor Carlos Rubén Rearte, expresa: "El recurrente hace especial énfasis en que la propia perita criminalística le manifestó durante el día de 7 de abril del 2026, la imposibilidad de arribar a conclusiones categóricas debido a la insuficiencia de datos provenientes de la autopsia. Por tal motivo, el letrado entendió que no se iba a llevar adelante el acto pericial y se retiró del lugar. No obstante, señala que el informe fue posteriormente confeccionado e incorporado el mismo día a los autos principales, sin el control de la defensa vulnerándose el artículo 243 del C.P.P. Continúa la defensa que la pericia biomecánica fue confeccionada con palmaria violación al derecho de defensa en juicio, al debido proceso legal y al principio de contradicción consagrados en el art. 18 de la C.N. y en los arts. 158, 159 inc. 3, 160 y concordantes del C.P.P., privándolo de proponer puntos de pericia, controlar el desarrollo efectivo del acto, formular observaciones técnicas, requerir aclaraciones, designar consultor técnico, ejercer el contradictorio.
Asimismo, solicitó la nulidad de la declaración indagatoria por conexión al informe pericial, sin perjuicio de desarrollar agravios que escapan al objeto de la presente incidencia. En segundo término, y teniendo a mi vista el "Incidente de copias (apelación) Juzgado de Instrucción N.° 1 S/ Investiga Muerte, Expte. 88.832/26 y Nro. de Recursos 8415/26", se desprende que en fecha 31 de marzo de 2026, a fs. 236 (incidente de apelación), obra el decreto que ordena en su "Punto VI" dar intervención a la Lic. María Florencia Calgaro a los fines que el día 7 de abril de 2026, a las 09:00 hs., realice la pericia biomecánica en referencia a las lesiones producidas en el cuerpo de la víctima Ada Barrozo Quilo e informe todo otro dato de interés.
Este decreto, en igual fecha y a fs. 243 (incidente de apelación), fue debidamente notificado por el Juzgado de Instrucción a todas las partes, especialmente a la defensa bajo el código de validación 70b533e3. Lo que derivó en que el defensor a fs. 260 (incidente de apelación) propusiera como perito de parte al Dr. Néstor Gustavo Sosa a fin de controlar la prueba pericial, presenciarla, proponer operaciones correspondientes, formular observaciones y emitir un dictamen respectivo. Sin perjuicio de ello, el 6 de abril de 2026, un día antes de llevarse a cabo la medida, a fs. 267/268 (incidente de apelación), la Lic. Calgaro presenta ante el órgano jurisdiccional un escrito, en el cual solicitaba una serie de datos (ampliación del informe médico de autopsia, ampliación de ficha antropométrica y ampliación de pericia toxicológica) a fin de poder realizar la pericia biomecánica.
Ambas circunstancias (el ofrecimiento de perito y lo manifestado por la licenciada), motivaron al Juzgado de Instrucción a dictar el decreto de fs. 269/270 (incidente de apelación). Allí, en primer lugar, se resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa por no revestir el perito propuesto la idoneidad habilitante conforme lo prevé el art. 238 del C.P.P., toda vez que se trata de una pericia criminalística y el Sr. Néstor Gustavo Sosa es médico legal y no licenciado en Criminalística. Por otra parte, se le hizo saber a la perito oficial que debía dar comienzo a las operaciones ordenadas en la fecha y hora ya consignadas (7 de abril del 2026 a las 09:00 hs.), informándole que, una vez obtenidos los demás resultados de las pericias ordenadas se le remitirán sus resultados.
Este acto procesal fue notificado a todas las partes, puntualmente a la defensa bajo el "código de validación 73143071".Así las cosas, la Lic. María Florencia Calgaro confeccionó y presentó el informe preliminar de la pericia biomecánica a fs. 296/307. Recibido el mismo a fs. 316 se ordenó notificar su recepción, lo que se sustanció a fs. 317.Sentado ello, se observa de las constancias de autos que el Juzgado de Instrucción ha cumplido estrictamente con todas las formalidades que ordena y prescribe, bajo pena de nulidad la manda procesal. Toda vez que, al momento de ordenar el acto pericial, la judicatura notificó con la correspondiente antelación a las partes que el día y hora en que se llevaría a cabo.
Lo que habilitó al defensor a proponer un perito de parte, sin perjuicio que al momento de hacerlo erró en la especialidad del profesional, pues requirió la designación de un médico legal para intervenir en una pericia criminalística, tal equivocación imputable a la defensa no puede ser utilizada para alegar una vulneración al art. 243 del C.P.P., menos aún cuando se está ante un informe preliminar, que es un acto reproducible y no definitivo, el cual puede ser posteriormente controlado por las partes. Allende de que existe cierta probabilidad que durante el avance de la investigación y con la obtención de los resultados de las demás pericias, se realice un informe definitivo. Asimismo, se constata el cumplimiento del último párrafo del artículo 242 del C.P.P., por cuanto, al momento de recibirse el informe preliminar elaborado por la Lic.
Calgaro se notificó a las partes para que puedan examinarlo por medio de otros peritos, facultad que no fue ejercida por la defensa pese a tener pleno conocimiento de que podía proponer a un especialista en la materia. De las formulaciones expresadas, y a criterio de esta Fiscalía no existe causal de nulidad alguna. No existió acto alguno que haya afectado al principio del debido proceso, control de prueba, ni mucho menos a la asistencia del imputado. En otras palabras, no hubo lesión a garantía constitucional que requiera extirpar del proceso algún acto viciado de nulidad. Por el contrario, considero que se han respetado tanto el derecho de defensa como así también las garantías constitucionales.
IV.-Corresponde ingresar al tratamiento de los agravios planteados por la Defensa, en el análisis del planteo de nulidad de la pericia Biomecánica.
Liminarmente, cabe señalar que esta sede judicial no pone en duda todas las afirmaciones realizadas por el Letrado de la Defensa, pues las mismas deben ser analizadas bajo el principio de buena fe procesal. Sobre el particular, en los autos caratulados:
“PAISMAN, DOMINGO VICTOR S/ Abigeato” Expte. Nº P-39.401/24, N° de Juzgado de Recursos 7554/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "En primer lugar, debemos contextualizar la situación del imputado.
Basándonos en el principio de buena fe procesal, que implica que ciertas afirmaciones de las partes, respecto de sus clientes, tienen presunción de ciertas sin necesidad de ser acreditadas, verbigracia, situación laboral, educativa, sociofamiliar, salvo que sean motivo de debate central, el imputado, según afirman ambas partes recurrentes, pertenece a una comunidad de nuestros pueblos originarios..."
La doctrina procesal ha establecido, sobre el principio de buena fe procesal que: “Entre los poderes acordados a los jueces, el CPN incluye el de "prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe" (art. 34, inc. 5º, párr. d])… Existen, por el contrario, dos clases de actitudes procesales reñidas con la vigencia de aquellos deberes. Una de ellas es la del litigante que deduce pretensiones o defensas cuya falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad… La otra actitud que transgrede los deberes de lealtad, probidad y buena fe es la del litigante que opone injustificada resistencia a la marcha del proceso, mediante la realización de actos tendientes a obstruir o dilatar su curso normal, tales como la promoción de incidentes o la deducción de recursos manifiestamente inadmisibles… Como resulta fácil advertir, tanto en uno como en otro caso la conducta de la parte deja de ser la manifestación de su habilidad o capacidad defensiva, para adquirir el carácter de temeraria o maliciosa.”
(Conforme Manual de derecho procesal civil, 22ma. edición actualizada y ampliada, Lino Enrique Palacio; Carlos E. Camps. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2022. Libro digital, descarga y online ISBN 978-950-20-3038-8)
En base a lo expuesto, tengo por ciertos, como adelanté, las afirmaciones del letrado en cuanto a la concurrencia y a las manifestaciones que le realizara la perito.
Asimismo, ello se desprende de lo observado en el incidente de copias de los autos principales “JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 1 S/INVESTIGA MUERTE”
Expte. Nº 88.832/26, N° de Recursos 8415/26, que se encuentran en trámite ante esta sede a mi cargo.
Así en los autos referenciados se pudo establecer que a fs. 236 mediante proveído de fecha 31 de marzo de 2026 en punto VI, se dispuso la intervención de la Licenciada Florencia Calgaro a fines de que en fecha 07 de Abril de 2026 a las 9.00 hs, se realice pericia Biomecánica, encontrándose notificada la Defensa a fs. 243, conforme surge de constancia de ese incidente a fs. 243.
A fs. 267/268 luce escrito presentado por la perito Lic. Calgaro de fecha 06 de abril de 2026 en el cual solicita al Juez de Instrucción, para efectuar la pericia Biomecánica ordenada, la ampliación de informe médico de autopsia, ampliación de ficha antropométrica del Sr. Navarro, Sergio Fabián y Ampliación de la Pericia Toxicológica.
A fs. 269 el Juez de Instrucción dispone la intervención al médico Forense para realizar la ampliación del informe médico de autopsia, ampliación de ficha antropométrica del Sr. Navarro y la intervención del laboratorio regional de investigación forense del poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz.
Asimismo en punto V.-, hace saber a la Lic. en Criminalística que deberá dar comienzo con las operaciones periciales ordenadas a fs. 234 punto VI, en la fecha y hora allí consignadas, haciéndole saber que una vez que se obtengan los resultados de las pericias ut supra ordenadas serán remitidas al Gabinete Criminalístico a la brevedad.
Que de lo allí dispuesto se encuentra notificada la defensa conforme surge de fs. 270 vta. Que a fs. 296/307 obra informe presentado por la licencia Calgaro respecto de pericia Biomecánica, indicando en sus conclusiones lo que a continuación Transcribo:"Con los elementos actuales, no es posible acreditar ni descartar como fueron producidas las lesiones en el cuerpo de la víctima Ada Barrozo Quilo. La totalidad de los datos disponibles bajo Expediente Penal N° 88.832/26 resultan insuficientes para la aplicación de un modelo biomecánico direccional." "...Esta perita ha solicitado formalmente una ampliación de puntos periciales (fs.265/266) para poder abordar un trabajo biomecánico completo."
Que a fs. 316 obra proveído de fecha 14 de abril de 2026 mediante el cual el juez de instrucción en punto V. indica el carácter del informe presentado por la licenciada Calgaro, expresando que se recepciona informe preliminar de biomecánica, siendo notificado a la defensa conforme surge de constancias a fs. 317.
Analizadas las constancias de estas actuaciones, no obra agregada acta por parte de la licenciada Calgaro respecto de la presentación del Sr. defensor en día 7 de abril, fecha fijada para el inicio de la pericia Biomecánica, como así, se observa que la defensa se encuentra debidamente notificada de la fecha de inicio como de la recepción de informe preliminar.
Sin perjuicio de ello y como quedó expresado, damos por cierta dicha afirmación, considerando que lo expresado por la defensa, en cuanto a lo que le hubiera de manifestar la perito el día 7 de abril cuando se presentó para presenciar la operaciones propias de la pericia encomendada, quien le refirió que no contaba con los elementos necesarios para realizar la pericia, resultan atendible en esta instancia.
Sin perjuicio de ello, debemos distinguir el tipo de informe que elaboro la licenciada y que obra agregado a fs. 297/307.
Como se reseñó, la primer orden que emite el Juez de Instrucción es la de elaborar una pericia, la que debe instrumentarse conforme las normas establecidas en los arts. 237 ss. y cc. del CPP.
Todo ello fue debidamente notificado.
Cuando la licenciada Calgaro en su escrito mani9fiesta todos los reparos y la información requerida para poder realizar el acto pericial encomendado, no dice otra cosa que, conforme las normas que regulan su conocimiento aplicado al ámbito forense, la misma era materialmente imposible, lo que implica, como bien lo dice la experta, es que las conclusiones no pueden establecer, de manera científica y categórica, una mecánica del hecho punible investigado en autos.
Sin perjuicio de ello, el A quo teniendo en cuenta ello, ordena, en lugar de la pericia un informe con los datos obrantes en la causa, que no es otra cosa, que un informe preliminar por la propia imposibilidad señalada por la experta.
Este informe preliminar, debidamente notificado a las partes, no tiene ni reviste las características de un acto pericial, por la propia imposibilidad señalada por la experta.
Sobre el alcance y forma de la pericia como medio probatorio, en los autos caratulados “DIVISIÓN INVESTIGACIONES Y NARCOCRIMINALIDAD P.M. S/ Investiga Presunta Infracción Art. 119 del C.P.A.” Expte. Nº 34243/22-D, N° de Recursos 6971/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº1 de Las Heras, sostuve que: "Ahora bien, lo siguiente que podemos encontrar en el expediente relativo a las pericias encomendadas, es la recepción a fs. 357/380 del informe de la práctica ordenada a fs. 349. Se advierte, tal como lo ha invocado la defensa, que jamás se estableció la fecha y lugar en que las diligencias ordenadas se practicarían, por lo que nunca se le hizo saber esa circunstancia a las partes con anterioridad al comienzo de realización de las operaciones (art. 242 del C.P.P.) La sola notificación de que fue ordenada la pericia no basta para cumplir la exigencia legal, pues el fin de la misma es brindarle a las partes la oportunidad de asistir en las operaciones y controlar la prueba, por sí o por intermedio de la designación de peritos de parte, de conformidad con lo establecido en los arts. 191 y 243 del C.P.P., garantizándose de ese modo el contradictorio, para lo cual necesariamente deben conocer la fecha en que se van a realizar las actividades ordenadas.
Es decir, en el caso no se observaron las formas propias establecidas por el código en el art. 191 y el art. 242 del CPP, por lo que entiendo que corresponde declarar la nulidad de la misma y proceder a ordenarla nuevamente con control de las partes del proceso. Para entender lo expresado, hay que centrar el análisis en el artículo 242 del CPP. segundo y tercer párrafo. El sistema de pericias en el ordenamiento procesal penal, tiene un principio general que está regulado en el primer y segundo párrafo del artículo citado. Para todos los actos periciales, bajo pena de nulidad, deberá hacerse saber a las partes, y expresamente la ley señala al Ministerio Público Fiscal, a la parte Querellante y a los Defensores, la orden de la pericia dispuesta, quienes serán los peritos intervinientes conforme lo señalado en el primer párrafo, con antelación al inicio de las operaciones.
Es decir que también deberá hacerse saber la fecha y por supuesto el lugar donde se llevarán a cabo las mismas, para poder ejercer, las partes obviamente, el derecho que le asigna el artículo 243 y el contradictorio. Este es el principio general, va de suyo que y una vez recepcionada la información, la misma quedará incorporada a la causa de manera legal. Hasta aquí el principio general. Las excepciones reguladas son dos y que implican que el Sr. Juez de Instrucción fundado en razones de urgencia verificables en cada causa o por la simpleza extrema de la misma, las ordene sin necesidad de notificar dicha orden. Pero para que ello sea válido, le impone la obligación, en el tercer párrafo del artículo 242 del CPP. en análisis, de notificar que se realizó la pericia, que pueden examinar sus resultados por medio de otro perito y pedir, si fuera posible su reproducción.
Estos dos mecanismos son los regulados en la ordenanza procesal para llevar adelante todos los actos periciales. Ambos mecanismos, bien leídos, siempre tienen control de las partes (léase Ministerio Público Fiscal, Querellante y Defensa), el del principio general lo tienen previo a su realización y en el momento de llevarse a cabo las operaciones periciales, y los de excepción (urgencia o extrema simpleza) un control posterior del mismo. En autos, y conforme lo reseñado, tal como lo plantea la defensa, estamos ante un supuesto de pericia regulada en el principio general explicado supra, pues para encuadrar este supuesto en las excepciones, en primer lugar debió el A quo así consignarlo (léase urgencia o extremada simpleza) y para el caso que hubiera omitido dicha fundamentación, debería poder explicarse la misma por las características del informe pericial ordenado (extrema simpleza) o la urgencia en su elaboración con control posterior de la parte, hecho que no se puede evidenciar en autos, ni en un sentido o el otro.
El acto al momento de ser ordenado, por cualquiera de estos mecanismos, debe justificarse en dicho momento, es decir cuando se ordena el acto pericial, allende exista una deficiencia en acreditar o fundar las causales de excepción, pues y aún fundándolas, si esos fundamentos no se verifican (urgencia y simpleza extrema) por más que se invoquen, los mismos devienen nulos. Asimismo, cabe destacar, en este caso y como se dijera supra, la posibilidad de la renovación de la pericia, lo que "importa la realización de una nueva pericia, con nuevos peritos, pero referida a los mismos puntos que la anterior, afectada de algunos de los vicios o falencias indicadas...La renovación puede ser total o relativa.
Será total cuando siendo posible los nuevos peritos realicen nuevamente todas las operaciones y prácticas sobre las cosas o personas objeto del peritaje. Será relativa cuando por haberse perdido, alterado, o consumido la cosa o fallecido la persona, o alterado el estado de lugares, sea imposible efectuar nuevamente los exámenes y estudios, en cuyo caso los nuevos peritos emitirán su opinión tomando como base el contenido del anterior dictamen. La renovación será dispuesta por decreto del juez o tribunal, el que se notificará a las partes para que puedan ejercer su derecho de acompañar a los nuevos peritos de parte." (Eduardo M. Jauchen, TRATADO DE LA PRUEBA EN MATERIAL PENAL, Ed. RUBINZAL - CULZONI, págs. 420-421).- En el caso que nos ocupa, no existe impedimento en reeditar la pericia ordenada sobre el video “20211205_173556” que se encuentra contenido en el DVD agregado a estos autos, obtenido de la pericia efectuada a los celulares secuestrados, la que fue llevada a cabo cumpliéndose con las exigencias legales establecidas por la ley de forma, como se dijera supra.
No puedo pasar por alto que en la resolución que resuelve rechazar el planteo de nulidad, el A quo sostuvo “este magistrado considera – y observando el párrafo segundo del art. 242 del C.P.P- el supuesto que se cuestiona puede verse abarcado por las excepciones dispuestas por el artículo de mención, ya que por la gravedad y circunstancias del caso (encontrándose una persona privada de su libertad) y los damnificados por el accionar delictivo, a la espera de la resolución, se debe dar “Tratamiento Urgente”. Cierto es que en la citada norma procesal establece, como señalé, supuestos de excepción a la notificación a las partes en forma previa a la realización de la pericia, siendo éstos cuando haya suma urgencia o que la indagación sea extremadamente sencilla.
Se ha dicho en doctrina que “Tanto la “suma urgencia” como que “la indagación sea extremadamente simple” – circunstancias que tornaría procedente omitir la notificación previa de la diligencia- son facultades del juzgador, componentes de su arbitrio técnico, que deben fundarse, para no incurrir en arbitrariedad, imposible de subsanar su se trata de una diligencia definitiva e irreproducible (art. 18, 28 y 33 C.N., a afectar el debido proceso y arts. 167 incs. 2º y 3º, y 168, párr. 2º). Para obviar la valla impuesta por el art. 200 es preciso, respaldar con razones atendibles lo imperioso del apremio o la sencillez del caso (art. 123 última oración); el defecto habilita la casación (art. 456 inc. 2º)” Código Procesal Penal de la Nación.
Anotado. Comentado. Concordado, Francisco J. D'Albora, Abeledo Perrot, 2011, página 470. En estos casos, la ausencia de notificación referida no ocasionará la nulidad del acto, pero debe cumplirse con lo dispuesto por el último párrafo de la norma, notificando a las partes, bajo la misma sanción, que se realizó la pericia, que pueden hacer examinar sus resultados por medio de otro perito y pedir, su fuera posible, su reproducción. En este caso, se han combinado los dos supuestos, es decir una pericia que cae en la regla general, se ordena y notifica de manera incompleta, y para suplir el yerro, se utiliza el mecanismo de las pericias reguladas en forma de excepción, y a renglón seguido, y sin que transcurriera el plazo para que la parte puede impugnar la pericia, conforme lo normado en el artículo 242 “in fine” se utiliza la información que la misma aporta para rechazar el sobreseimiento peticionado.
Sintetizando, de la combinatoria irregular de los dos procedimientos, tenemos como resultado en la causa que la defensa no pudo válidamente confrontar con la información que aportó la pericia, la que fue utilizada para rechazar la solicitud de sobreseimiento que la misma había realizado. Ello implica un perjuicio concreto a la defensa técnica eficaz que da lugar a la sanción de nulidad del acto irregular. Ello, hace nulos los actos señalados, porque se evitó y se le cercenó a la defensa su posibilidad de oponerse a la información que arrojó la pericia y se la utilizó como fundamento para resolver en contra de lo que peticionó. Es esta situación la que vulneró la efectiva defensa en juicio del imputado, lo que amerita la sanción de nulidad de los actos, tanto la orden de la pericia, la notificación de la recepción de la misma y la resolución a renglón seguido, de la solicitud de la defensa, sin que esta pudiera manifestar nada sobre el informe.
La expresión de agravios en los recursos planteados contra el auto que rechaza el sobreseimiento, al igual que la misma manifestación frente al auto que rechaza la nulidad, que realizan la impugnación de los informes, nunca pueden suplir la confrontación material y eficaz, conforme la teoría del caso de la defensa, en el momento de producirse las operaciones, o al final de las mismas en caso de excepción. Si bien la combinatoria de ambos sistemas de realización de pericia no deben ser realizada porque obedecen a lógicas distintas, lo cierto es que en autos, allende esta combinatoria, la establecida en el segundo párrafo ni siquiera fue cumplida acabadamente, pues se notifica la agregación del informe pericial con fecha 1 de febrero de 2023 a la Defensa, y se resuelve el rechazo con fecha 3 de febrero de 2023, (conf.
Arts. 151 y 154 del CPP.), del sobreseimiento peticionado. Por otra parte, se aprecia una suerte de contradicción en la argumentación de urgencia del A quo en el rechazo de la nulidad, porque en las pericias anteriores ordenadas y practicadas sobre los celulares secuestrados, se realizaron con el imputado detenido, y no se invocaron razones de urgencia, determinándose día y hora en que se realizarían las operaciones (fs. 74 y 310), con notificación de ello a las partes (fs. 74 vta. y 310 vta.), conforme fue reseñado supra, por lo que las devenidas razones de urgencia en este estadio no podrían sostenerse válidamente, pues nos encontramos aún en la etapa de instrucción y con el imputado también detenido.
Esto permite concluir que no es posible utilizar como argumento de la urgencia, la circunstancia de que el imputado está detenido sin caer en una contradicción, ya que antes también lo estaba y no fue invocada la situación para realizar una pericia urgente. Y en segundo lugar, porque luego de afirmar en la resolución que rechaza el planteo de nulidad, la existencia de cuestiones de urgencia en los términos del art. 242 del C.P.P., el Sr. Juez no espera los tres días desde la notificación a las partes de que se recibió el informe pericial a fin de que puedan “hacer examinar sus resultados por medio de otro perito y pedir, si fuera posible, su reproducción” (art. 242 último párrafo C.P.P.); dictando la resolución que rechaza el pedido de sobreseimiento antes del vencimiento de dicho plazo, utilizando y valorando para fundar su decisión, el informe pericial en cuestión.
En virtud todo lo expuesto, corresponderá declarar la nulidad de la pericia obrante a fs. 357/370 debiendo el A quo ordenar la realización un nuevo peritaje a iguales fines, estableciendo fecha, hora y lugar en el que se realizarán las operaciones (art. 242 C.P.P.), notificando a las partes en forma previa con la antelación suficiente a los fines del art. 243 del C.P.P." ; en la causa los autos autos caratulados: “INCIDENTE DE NULIDAD EN AUTOS: "JUZGADO S/INSTRUCCIÓN (S.A.B.)” EXPTE. Nº 66984/18, N° DE JUZGADO DE RECURSOS 7185/23, procedentes del Juzgado de Instrucción nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "Teniendo en cuenta estas pautas hermeneúticas, se observa que en autos la Lic. V.S. el 02 de mayo de 2018, a fs. 62 vta., fija fecha para entrevista con M.C., a los fines de realizar la pericia encomendada, para los días 22 y 23 de mayo a las 9.30 horas y para el día 24 de mayo a las 11.30 horas, en la sede del Juzgado del Menor.
A fs. 63 en fecha 18 de mayo de 2018 el Sr. Juez de Instrucción ordena notificar a las partes, conforme lo previsto por el art. 242 del C.P.P., la fecha de la pericia psicológica fijada por la Lic. V.S., notificación que se cumple mediante cédula librada al Defensor Particular, Dr. H.J.N., en fecha 18 de mayo de 2018, recibida en la Oficina de Notificaciones el 21 de mayo de 2018, y diligenciada el mismo 21 de mayo de 2018, a las 10:30 pareciera decir el instrumento (pues no es claro el número consignado para la hora), conforme surge de la cédula de notificación obrante a fs. 72 y vta..- Es decir, que la notificación se practica a menos de 24 horas de dar comienzo con las operaciones periciales, ya que las entrevistas comenzaban el 22 de mayo a las 9:30 horas (fs. 62 vta. y 63), esto es sin la antelación suficiente para que la parte pueda ejercer los derechos que le acuerda el art. 243 C.P.P. de proponer perito de parte dentro de los tres días a contar de las notificaciones establecidas en el art. 242 de dicho cuerpo legal.
A ello se suma que si bien la Lic. V.S. estableció a fs. 62 vta. que las entrevistas se realizarían en la sede del Juzgado del Menor, en la providencia de fs. 63 el Sr. Juez consigna que se realizarán en la Sede del Gabinete Médico, Social y Profesional sito en calle Irigoyen entre Senador Almendra y 9 de julio, sede del Juzgado de Primera Instancia de la Familia, y así se le notifica al defensor (conf. Fs. 73 y vta.). Luego, al presentar el informe pericial, se observa que, la psicóloga interviniente, utiliza también entre la metodología para cumplir su cometido, una entrevista diagnóstica con el Sr. C.C., de fecha 18 de enero de 2018, y entrevistas diagnósticas a M.C. los días 18, 19 y 23 de enero de 2018, que jamás le fueron notificadas a las partes en forma previo a su realización.
En lo restante, es decir, la entrevista previa según el art. 234 ter del C.P.P. con M. el día 17/08/18, y la audiencia en Cámara Gesell de M.C., nada puede objetarse pues ambos actos contaron con la notificación previa a la defensa conforme surge de fs. 15 y 16. En este orden, es necesario destacar que la irregularidad del acto señalada, se centra, básicamente, en el derecho constitucional-convencional de la defensa en juicio, razón por la cual, la sanción y la oportunidad de plantearla, es la establecida en el artículo 160 segundo párrafo del CPP, es decir nulidad absoluta, la que debe ser tratada y declarada en cualquier momento del proceso. Distinto sería el supuesto de una irregularidad que dé lugar a la sanción de nulidad relativa, la que podría ser saneada de manera posterior sin necesidad de fulminar el acto.
Como puede observarse de la reseña efectuada, la realización de la pericia no permitió a la defensa ejercer en forma efectiva los derechos que la ley le acuerda, no contó con el plazo establecido por el art. 243 C.P.P., para proponer un perito de parte y controlar la prueba, por lo que corresponde declarar su nulidad"; y en la causa autos caratulados: "OROZCO, ALEJANDRO RAMON S/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR ACCESO CARNAL" Expte. Nº 71275/19, N° de Juzgado de Recursos 7454/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "Cabe señalar que la pericia fue ordenada a fs. 6 y notificada debidamente a las partes. Ahora bien, en la misma no se consigna la fecha de realización, momento en el cual, las partes tendrán derecho a ofrecer sus peritos, si es que esa fuera su decisión.
Este decreto obra recién agregado a fs. 49 fechado el 30 de septiembre de 2019, donde se hace saber a las partes que la pericia psicológica se realizará el día 8 de octubre de 2019 a las 10:30 hs. A fs. 50 vta. se notifica al Ministerio Público Fiscal dicho proveído de fs. 49, con fecha 1 de octubre de 2019, siendo ésta notificación correcta y dentro del plazo de tres días hábiles de antelación. A fs. 51 vta. obra notificación a la Defensa Oficial del Decreto de fs. 49, con fecha 3 de octubre de 2019, lo que implica que, del cómputo de días hábiles, la fecha de realización de la pericia ordenada por el Sr. Juez de Instrucción el día 8 de octubre de 2019, esta parte contó sólo con dos días hábiles previos para que se ejerza, en su caso, el derecho de designar perito, siendo el día de realización del acto pericial, recién el tercero hábil.
Ello torna el acto en irregular, pues afecta directamente la garantía de defensa en juicio, conforme lo normado en el propio art. 242, por el 243, y los arts. 159 inciso 3) y 160 segundo párrafo del CPP. por lo que corresponde declarar su nulidad absoluta y la realización de una nueva pericia."
A mayor abundamiento y, sobre el mismo tópico, en los autos caratulados: “DIVISIÓN COMISARÍA SEGUNDA S/Investiga muerte en accidente de tránsito” Expte. Nº 79.710/22, N° de Juzgado de Recursos 7256/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "III.-Analizadas las presentes actuaciones, cabe señalar que la parte querellante solicita la nulidad de la pericia accidentológica por entender que la misma viola el principio de “juez natural” y el “debido proceso adjetivo”. Asimismo, se agravia de la resolución de fs. 108/112 con relación a que la considera arbitraria; a la ausencia de la perito en el lugar del hecho y la omisión por parte del Juez de Instrucción en cuanto a la participación de la parte querellante. La parte querellante entiende que se ha vulnerado el principio del Juez natural, toda vez que la experta encargada de realizar la pericia accidentológica fue la Lic. María Celesta Cortes, la cual, se encuentra radicada en la ciudad de Puerto Deseado y por consiguiente el expediente tuvo que ser remitido. Más allá de ello, en autos a fs. 62 se ordena dar intervención a la Lic. María F. Calgaro a fin que realice pericia accidentológica en base en los elementos y comprobaciones materiales que surgen de la causa. A fs. 63 obra informe del actuario donde pone en conocimiento que la Lic. Calgaro se encontraba de licencia desconociendo la fecha de reincorporación.
Posteriormente a fs. 74 luce nuevo informe del cual surge que la perito se encontraba enferma y se hace constar que el Gabinete Criminalístico del Poder Judicial de ésta ciudad se encuentra sin profesional. En decreto de fs. 74 se da intervención a la Lic. Celeste Cortez Perito Criminalística del Poder Judicial, con fecha 29 de marzo de 2023, notificado a la querella a fs. 75 vta. con fecha 31 de marzo de 2023.- A fs. 76 y con fecha 31 de marzo, la querella presenta escrito proponiendo puntos de pericia, no habiendo manifestación alguna por la designación de otra perito oficial en la causa, lo que claramente está más que motivado en autos. A fs. 78 y con fecha 5 de abril de 2023, el Sr. Juez de Instrucción hace saber la fecha establecida para la realización del acto pericial.
Frente a este decreto, la querella interpone un recurso de reposición, sin articular el de apelación en subsidio, a fs.79 con fecha 11 de abril de 2023, en el cual se agravia del lugar de realización de la pericia y señala que eso afecta el principio de Juez Natural. El mismo fue rechazado a fs. 80 en la misma fecha de interposición del mismo, por decreto fundado. A fs. 94 y una vez notificada la recepción del informe pericial, la querella impugna la pericia sin señalar ningún agravio sobre la designación de la perito ni del lugar de realización del acto. Frente a dicha impugnación, el Sr. Juez de Instrucción decide correr vista a la perito y las partes intervinientes. Las impugnaciones fueron evacuadas y el A quo emite un auto de rechazo, el que es motivo de apelación.
Varias consideraciones surgen en el presente para centrar la cuestión, pues la querella en su argumentación en la apelación, trata diversos temas y entiendo que le asigna al auto en crisis un alcance mayor al que el mismo tiene. Para ello y teniendo como objetivo asegurarle al recurrente la garantía de defensa en juicio, que es multidemensional y lo abarca y comprende; débese señalar que una cuestión es: a) la designación del perito (particular u oficial con sus distintas características, conf. Art. 241 del CPP.), otra es b) su idoneidad y calificación que lo acredita como experimentado en la materia (conf. art. 238 del CPP.); otra es c) el procedimiento que llevó a cabo para elaborar un informe (conf.
Art. 247 incisos 1) 2) y 4) del CPP.) otra es d) la información que ingresa al expediente como resultado de su actuación, (conf. Art. 247 inc. 3) del CPP) y finalmente otra es e) su valoración (Conf. Art. 247 “in fine” y 199 del CPP.).- Sentado ello, cabe señalar que todas y cada una de las cuestiones citadas pueden ser objeto de impugnación de las partes, pero débese tener en cuenta que los momentos para resolverlos son diferentes. La designación del perito y su idoneidad son objetos de impugnación en el momento en que los mismos son designados por el Juez. En este caso, el Sr. Juez de Instrucción designa a la Perito Oficial Licenciada Calgaro, como la misma no puede desempeñar el cargo pues se encuentra cursando una licencia, decide esperar a su reincorporación.
Al sostenerse la situación personal de la Licenciada Calgaro, el Sr. Juez con buen tino, designa otra Perito Oficial Cortés, con asiento en la ciudad de Puerto Deseado, quien pertenece al Poder Judicial de Santa Cruz, y se encuentra habilitada para ejercer su profesión en todo el territorio provincial. Claramente dicha intervención se motivó ante la necesidad de no dilatar el proceso, ante la ausencia de la Lic. Calgaro, atendiendo a los principios de celeridad y de tutela judicial efectiva. La querella consiente implícitamente su designación pues propone puntos de pericia para que sean evacuados en la práctica pericial, la que queda firme por el transcurso del tiempo establecido para impugnar.
Solo cuando se hace saber fecha, hora y lugar, la querella se agravia, fundado el mismo, en el principio de “Juez natural”; no de la designación en sí misma, sino en el lugar de realización de la pericia, aunque no alega ni motiva su escrito la imposibilidad de desplazarse, solo dice que debe hacerse en esta localidad, equiparando a la perito al Juez. El A quo rechaza el recurso de reposición, por lo que el supuesto agravio, improcedente en base a la fundamentación brindada, al ser rechazado dejó firme nuevamente la cuestión del lugar en donde la pericia se realizó. En este orden, retomando entonces, tanto la Perito Oficial nombrada como el lugar de realización de la pericia no pueden ser cuestionados en esta etapa, siendo actos regulares que no meren sanción alguna (léase nulidad relativa o absoluta) y que, por otra parte, además, son de práctica claramente común en el fuero penal de todo el país, por lo que todos los agravios sobre este aspecto corresponde rechazarlos.
Ahora bien, cuando se agrega el informe la querella lo impugna. Teniendo en cuenta la doctrina de los actos propios, lo que claramente impugna la parte querellante en el ejercicio de su derecho de defensa en juicio, es el procedimiento realizado por la perito y las conclusiones (léase información) a las que concluye. Son dos cuestiones diferentes que tienen un trámite similar pero que se resuelven en momentos, reitero, distintos. Correctamente el A quo corre vista de la impugnación de estas dos cuestiones a la Perito Oficial y a las partes. Todas se expiden sobre las impugnaciones, pero al momento de resolver, si se repasa la motivación del acto, el A quo, correctamente, se expide solo sobre la validez de las operaciones llevadas a cabo y no sobre la conclusión, esto es, la información que le aporta la pericia.
Sobre ésta no emite juicio alguno. Y ello así, pues como dije, si bien el trámite de impugnación de los procedimientos y de la información es similar, se resuelven, reitero, en momentos procesales diferentes, como no puede ser de otra manera. Hay que tener en cuenta que impugnar el procedimiento o la falta del mismo hace a la calidad de la información que se ingresa, allende el contenido de la misma. Si bien una resolución no es un acto académico, vale aquí explicar, vía hipótesis que, si imaginamos un informe pericial que solo cuenta con una conclusión, si haber realizado operación alguna o dado cuenta de ello, pues en ese supuesto caso, sea cual fuere su contenido, el mismo es irregular y deberá ser sancionado con la nulidad por no observar los parámetros establecidos por la ordenanza procesal.
Cuando el A quo rechaza la impugnación de la pericia, lo hace en referencia a la “impugnación” que la querella realiza de las operaciones llevadas a cabo por la perito, no se expide sobre el contenido de la misma ni sobre las impugnaciones que el apelante realiza sobre el mérito o demérito de ella. Y es que, en este aspecto, esa valoración, conforme lo expresado procedentemente en el punto e), deberá hacerla cuando resuelva la situación procesal de la imputada o cuando decida, en su caso, sobre la existencia o inexistencia de un delito. Reitero el concepto, cuando se impugna una pericia en lo que hace al aspecto de las operaciones y de la información que aporta, la primera debe resolverse en el momento del planteo previa vista de los peritos y de las partes.
Pero la que se refiere a la información y su valoración, deben ser tenidas presentes, una vez sustanciadas, para ser resueltas en el momento procesal oportuno. El A quo no ha valorado la información que aportó la pericia, solo se ha expedido respecto de las operaciones y éstas, comparto por sus mismos argumentos, respetan las normas que impone la ordenanza procesal, teniendo en cuenta las características del informe pericial realizado. Quedará para el momento procesal oportuno, conforme el principio de contradicción y como ha quedado trabada la litis en este punto del proceso, responder las impugnaciones realizadas por la querella. Sentado ello, además, debo expresar que la pretensa equiparación del perito que actúa como auxiliar de la Justicia, sea Oficial, Privado o de Parte (vid art. 238 del CPP.) no encuentra anclaje alguno en el derecho constitucional-convencional ni en la organización del proceso penal, mucho menos que eso se afecte fundado en que el informe se hubiera realizado en una localidad distinta al asiento del Tribunal, cuando no es un requisito esencial el traslado para realizar la operación en el lugar del hecho.
Respecto al planteo relacionado con la ausencia de la experta en el lugar del hecho, cabe mencionar que la perito en criminalística desarrolla su trabajo a partir de todos los datos de interés recolectados en la presente investigación, siendo estos los informes policiales, acta de inspección ocular, secuencias fotográficas, croquis, informe técnico mecánico, secuencias fílmicas, daños en los vehículos. Como bien lo señala la Lic. Cortés, la accidentología vial se desarrolla en dos etapas, siendo la primera de ellas el trabajo en el lugar del accidente en donde se recolecta todos los indicios para su posterior análisis; la segunda etapa, es aquella que corresponde al procesamiento de la información recogida en donde la experta aplica sus conocimientos específicos de su materia a fin de dar respuesta aquellos puntos de pericia.
Distinto el supuesto que, sabiendo día, hora y lugar, una parte exprese la imposibilidad de concurrir de manera fundada. Pero ello no sucedió en autos, por ello el A quo enfocó la cuestión de manera correcta. Asimismo, que el perito deba actuar de modo objetivo e imparcial, guiado por las normas de su ciencia, arte o técnica, y que pueda ser recusado o excusarse por las mismas causales que los jueces para garantizar la citada objetividad e imparcialidad (conf. Art. 240 del CPP.) no lo convierte en Juez ni lo equipara como órgano esencial del proceso, por lo que no puede aplicársele el principio de “Juez Natural”. Al expedirme sobre este principio, e n los autos caratulados “BOGACH SALAZAR CELMAN DAMIAN S/ Infracción art. 119 del CPA ” Expte.
Nº 29180/20-S, N° de Recursos 6613/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "...Que la resolución de estos estrados sea confirmatoria, reformatoria, revocatoria o nulificante, no implica que el Sr. Juez de Instrucción pueda apartarse, pues si bien el mecanismo de la excusación articulado no vacía de contenido lo resuelto por esta alzada, ya que hay un subrogante que interviene, afecta una garantía esencial del debido proceso y que es la del "Juez Natural".- Es centro y fundamento del sistema constitucional argentino el principio de juez natural (Art. 1 del CPP de la Provincia de Santa Cruz), que asegura la existencia de un órgano de judicial imparcial para el conocimiento de una determinada controversia o caso.
Sobre el particular se ha sostenido que "...Del contenido de la norma prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional surge que "ningún habitante de la Nación puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa". En consecuencia, es ilegítimo establecer como tribunales de justicia a comisiones especiales (tribunales ad hoc, de excepción o para la ocasión), creados especialmente para el caso o según la persona a Juzgar. Dicho de otro modo, la Constitución pretende garantizar a las partes la imposibilidad de que los órganos y los hombres del gobierno puedan seleccionar el tribunal competente para el proceso sometido a juzgamiento, propicia evitar toda manipulación para la determinación de un tribunal de excepción y la posibilidad de que por ley posterior al hecho se decida la avocación de tribunales a causas en trámite.
Entonces, esta garantía constitucional importa asegurar a los justiciables (acusador e imputado) la existencia de un órgano judicial, con jurisdicción y competencia, para intervenir en el caso. En definitiva se trata del derecho a un juez verdaderamente competente, que garantiza objetivamente el derecho al juzgamiento imparcial y equitativo por parte de un funcionario predeterminado por la ley previa y ese atributo de imparcialidad será la principal característica y garantía del proceso jurisdiccional judicial o debido proceso legal. Ha señalado la Corte Suprema de Justicia desde antaño que la garantía enunciada precedentemente encuentra adecuado cumplimiento en el juzgamiento del proceso por parte de tribunales permanentes, integrantes del Poder Judicial organizado según las cláusulas de la Constitución Nacional...Así las cosas, el juez o el tribunal debe haber sido creado por ley, que le otorgue jurisdicción y competencia para conocer en el delito que se trate y encontrarse en funciones (constituido) al momento de cometerse el hecho, ...Entonces, a nuestro criterio, brevemente, el juez o el tribunal natural es el creado y estructurado legítimamente (por una ley general fundada en la constitución), permanente, con jurisdicción y competencia normativamente adjudicadas para intervenir en una serie indeterminada de procesos, cuyo conocimiento le corresponde por ley.
Obviamente, es creado y estructurado antes de la comisión del hecho que origina el proceso punible y goza de absoluta independencia e imparcialidad. Precisamente, el fundamento de la garantía constitucional, que le asiste a todo justiciable (acusador o imputado) reposa en la intervención en el proceso de ese juez o tribunal seguro, confiable, equitativo e incuestionable. Como Afirma Julio B.J. Maier, asegurar la independencia e imparcialidad del tribunal es evitar que él sea creado o elegido, por alguna autoridad, una vez que el caso sucede en la realidad, esto es, que se coloque frente al imputado tribunales ad hoc, creados especialmente para el caso o para la persona a juzgar. "(conforme, Mariano Cúneo Libarona, en CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION COMENTADO Y ANOTADO DIRECTOR MIGUEL ANGEL ALMEYRA, COORDINADOR JULIO CESAR BAEZ, TOMO I, LA LEY ED. 2007, PÁG. 47, SS.
Y CC.) El sistema de división y equilibrio entre los poderes-funciones estatales, ha reservado a la función jurisdiccional, como competencia constitucional propia y específica, la de solucionar las controversias entre los particulares e inclusive, entre estos y el propio Estado, en ejercicio de función administrativa, sea este nacional, provincial y/o municipal (conf. art. 33 del C.C.), como bien lo señala el juego armónico de los arts. 116 y 109 de la Constitución Nacional, y el art. 131, ss. y cc. de la Constitución Provincial. En ejercicio de potestad reglamentaria propia de los Estados Provinciales, (vid art. 5, 75 inc. 12, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional) le corresponde a los poderes locales establecer las formas y modos de resolver las controversias, hecho que se materializa a través del dictado de los códigos de procedimientos y/o "procesales", que garantizan por un lado, el equilibrio entre las partes en pugna y por el otro, la legítima defensa de los derechos que invocan y los argumentos para manifestarlos, estableciendo como dato cierto, la solución y conclusión de las mismas, a través de las sentencias de los jueces y tribunales "lato sensu", acto que define esencialmente la competencia jurisdiccional, por sobre la función legislativa y la administrativa.
Es una de las garantías plasmada en el art. 18 de nuestra Carta Magna y es precisamente lo que tiende a proteger el art. 159 inc. 2 CPP SC y su concordante Art. 167 CPPNac. al prever como causal de nulidad la violación de disposiciones concernientes a la intervención del Juez.- El Dr. Claria Olmedo explica en su obra de referencia que :"Se llama Juez natural al juez de la constitución, es el designado conforme a las normas y a las garantías constitucionales. No actúa como "juez natural" el que lo hace sin reunir las condiciones impuestas por estas normas aseguradoras de la función judicial del Estado y de las leyes que en su consecuencia se dicten para el efectivo y correcto ejercicio de la jurisdicción por el órgano predeterminado..." (Tratado de Derecho Procesal Penal Tomo I Nociones Fundamentales Jorge A.
Clariá Olmedo, ed. Rubinzal Culzoni editores. Pag 247 edición 2008).- … Hay diferentes maneras de regular legislativamente el control constitucional-convencional. Dicho control de pacífica acogida y aplicación por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue evolucionando, hasta llegar a establecer que el mismo debe realizarse de oficio. Ello es doctrina a partir de los fallos "Mill de Pereyra, Rita y otros c/ Provincia de Corrientes" Fallos 324:3219 y "Rodriguez Pereyra, Jorge Luis y Otra c/ Ejercito Argentino s/ daños y perjuicios" Fallos 335:2333. En el proceso penal y a manera de ejemplo, el artículo 350 del nuevo código Procesal Penal Federal, establece como función de los jueces de control, la competencia en relación a los puntos que motivan los agravios y al control de constitucionalidad, que en la práctica debe leerse como control de constitucionalidad-convencionalidad.
En nuestro proceso penal provincial está regulado, pero se hace a partir de la sanción que implica la vulneración constitucional convencional de un acto, es decir a través del supuesto establecido en el segundo párrafo del artículo 160 que sanciona con nulidad y que en virtud de los derechos en ciernes, no es otra que la absoluta. Como bien explica el Dr. Nelson R. Pessoa en su obra "La nulidad en el proceso penal" de la editorial Rubinzal-Culzoni, nuestro sistema combina dos supuestos, uno de nulidades tasadas, donde se encuentran las genéricas, específicas y las implícitas y otro referido a garantías constitucionales y que hacen al control constitucional convencional de los actos del proceso.
El artículo 160 segundo párrafo del CPP. establece que "Solamente deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el artículo anterior (hace referencia al artículo 159 del CPP.) que impliquen violación de las normas constitucionales (lo que debe leerse como normas constitucionales-convencionales). A través de este mecanismo, y advertido que el Decreto señalado de fs. 475, por los motivos expresados, vulnera el principio de "juez natural" y que encuentra sustento normativo en el artículo 159 segundo párrafo pues refiere directamente a la intervención del Juez, corresponde declarar la nulidad absoluta del mismo y todo lo actuado en su consecuencia, debiendo asumir dicho magistrado la instrucción de la presente causa y continuar con la misma, conforme lo resuelto por el Sr.
Juez de Recursos subrogante...".- De lo expresado surge que el principio invocado no puede extenderse a los peritos intervinientes. Y como bien lo señaló el Sr. Juez de Instrucción fs. 80 “...que en las presentes actuaciones no se está delegando una facultad jurisdiccional, sino sólo se realizará una diligencia procesal ordenada por el suscripto, con lo cual no se vería afectado dicha garantía, que compromete sólo a los magistrados, ya que los peritos en el marco de un proceso penal revisten el carácter de auxiliares del Juez, en un área específica…”. Respecto al debido proceso, el recurrente entiende que se ha violado la garantía de defensa en juicio, bilateralidad, contradicción impidiendo ejercer su derecho de defensa, ser oído y cuestionar los cálculos y argumentos en los que se basó la experta.
A ello cabe decir que “Como derivación de la garantía constitucional de inviolabilidad de defensa en juicio y del principio de contracción del proceso en general, tiene particular importancia el de contradicción específicamente referido a la prueba. Concretamente se enuncia explicitando que la parte contra la que se oponga una prueba debe tener la oportunidad procesal de conocerla y discutirla. Para conocer de la prueba es preciso que se notifique no sólo el ofrecimiento y el proveído por el cual el órgano jurisdiccional la admite como tal, sino también el día, hora y forma de su producción, como también todos los actos procesales que refieran a la misma, como su postergación. Variación, o suspensión de cualquier naturaleza.
Todo ello permite a la o las partes, según corresponda, conocer la naturaleza e identidad del medio probatorio, el órgano que la practicará, la oportunidad de su producción y las condiciones en que se haga, posibilitando la oposición mediante las instancias pertinentes a todas las cuestiones que considere improcedente. Y luego la posibilidad de discutir la prueba ya producida, lo que refiere a las alegaciones sobre el mérito probatorio, para lo cual las leyes procesales establecen un periodo específico…” (Conf. “La Prueba en Materia Penal”, Eduardo M. Jauchen, Rubinzal Culzoni, 1996, pág. 31/32.) Del análisis de autos, surge que desde que la parte querellante se constituyó como tal, se la ha notificado de cada decreto y acto procesal a sustanciarse en el proceso, teniendo un rol activo en el mismo, toda vez que y adentrándonos específicamente en la pericia en cuestión, se reitera el racconto expuesto procedentemente.
A fs. 75 vta. se notificó a la parte querellante de la intervención de la Lic. Celeste Cortés, para luego éste proponer puntos de pericia a fs. 76, posteriormente a fs. 78 vta. fue anoticiado de fecha, lugar y hora de la audiencia. Ya a fs. 81/92 obra pericia accidentológica donde se aprecia que la misma evacua cada uno de los puntos periciales tanto los ordenados por el Juzgado de Instrucción como los propuestos por la querella. A fs. 94/96 el querellante impugna la pericia, por lo que el órgano jurisdiccional corre traslado a la perito y las partes. Por su parte la Lic. Cortés a fs. 98/99 contesta todos y cada uno de los puntos de impugnación. El derecho constitucional-convencional a la garantía de defensa en juicio y al debido proceso adjetivo y sustantivo, son derechos humanos esenciales que deben ser claramente operativos cuando los particulares se enfrentan al poder punitivo o disciplinario, especie del anterior, del Estado, más allá que las normas infraconstitucionales que los gobiernan pueden pertenecer al derecho procesal penal o penal, o al derecho procesal o procedimental administrativo o administrativo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido una doctrina inveterada, allende las distintas integraciones del cimero tribunal federal, respecto a que a lo que debe entenderse por debido proceso. Así se ha sostenido que: "En el fallo "Tarifeño" (CSJN. Fallos 325:2019 del 29/12/89) procedente al que se remitió en los que le siguieron en igual línea aunque de forma escueta, la Corte afirmó: Que esta Corte tiene dicho reiteradamente que en materia criminal la garantía constitucional consagrada por el art. 18 de la CN. exige la observación de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales -CSJN- Fallos: 125:10, 127:36, 189:34; 308:157, entre otros muchos.
Conforme considerando 3°" (Conforme DERECHO PROCESAL PENAL. ANALISIS PRACTICO DE LOS INSTITUTOS PROCESALES CONTENIDOS EN EL CPPN Y LAS MODIFICACIONES INCORPORADAS POR EL CPPF, DE ANGEL GABRIEL NARDIELLO Y ERNESTO M.
NAHIJIAN, EDITORIAL HAMMURABI JOSE LUS
DEPALMA EDITORES, ED. 2021, pág. 47). Considero que el Debido Proceso Penal ha sido garantizado, dado que hasta este estadio procesal se encuentra cumplidos con el conjunto de etapas formales concatenadas e imprescindibles y especialmente la parte querellante tiene un rol activo en el mismo, donde se le notificaron los actos procesales, controló la pericia en cuestión e incluso solicitó su impugnación. Finalmente, sobre la tacha de arbitrariedad de sentencia, en los autos "RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL S/ PROMOCIÓN A LA CORRUPCIÓN AGRAVADA POR LA MENOR EDAD DE LA VÍCTIMA", Expte. Nº 4187/11 (R-772/13/TSJ) del 31 de octubre de 2013, el Excmo. Tribunal de Justicia sostuvo que: "Como bien lo sostiene la doctrina, la causal de absurdo o arbitrariedad, en principio, sólo resulta procedente para revocar o impugnar un fallo cuando el vicio apuntado constituye un impedimento para declarar la ley aplicable, sea sustantiva o formal.
Para que tal vicio extraordinario se configure "...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación..." (Juan Carlos Hitters, "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", Editorial LEP, 2º edición, pág. 479). La Excma. C.S.J.N. sobre la doctrina de la arbitrariedad -desde sus inicios- estableció la distinción entre aquella y el error, pues sostuvo que le competía intervenir sólo "...en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes..." (Fallos, 112:384, 2/XII/1909, "Rey, Celestino c/ Rocha, Alfredo y Eduardo").
Por tal motivo, la Excma. Corte Suprema de Justicia diferenció la arbitrariedad de las simples equivocaciones o errores en la interpretación judicial: no cualquier desacierto u omisión da lugar al recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Es dable agregar que este Alto Cuerpo ha hecho suyo el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la arbitrariedad en interlocutorios tales como "Miranda, Epifanio Ulises s/ infracción art. 119 CP", Tº XIV, Rº 017, Fº084/094; "Soto, Víctor Ramón s/ homicidio simple" Tº XIV, Rº 014, Fº066/077; "Muñoz Juan Carlos s/ robo calificado por el uso de arma de fuego..." Tº XIV, Rº 004, Fº 014/019; "González, Bernardo Neris Oscar s/ privación ilegal de la libertad calificada en c/r..." Tº XIII, Rº 022, Fº 119/126; "Moraes Omar Enrique s/ apremios ilegales", Tº XIII, Rº 27, Fº 152/156; "Zamora, José Eduardo s/ incendio seguido de muerte" Tº XIII, Rº 34, Fº 191/199; entre otros.
En resumen, no resulta viable impugnar la fundamentación del fallo como lo hace la defensa, sobre la base de un punto de vista diferente, puesto que no ha demostrado que en el pronunciamiento condenatorio, haya incurrido arbitrariamente en un apartamiento del derecho aplicable o en omisiones sustanciales en la valoración de la prueba; siendo la discrepancia en la interpretación de los hechos insuficiente para sustentar la tacha de arbitrariedad." (La negrita es de mi autoría).- Surge claro de la explicación brindada supra, que el Sr. Juez de Instrucción se expidió sobre lo único que debía hacerlo en este estadio procesal, por lo que no corresponde hacer lugar al agravio planteado por el recurrente respecto a la arbitrariedad del auto en crisis."
Como podrá observarse, el informe ordenado en segunda instancia, lejos esta de poder ser tenido como un acto pericial al que se le apliquen todas y cada una de las normas procesales.
La forma de producción de este acto probatorio, no se rige por el artículo 237 ss. y cc. del CPP., sino que el mismo es un informe preliminar, que tiene el carácter de los informes que produce la autoridad administrativa cuando actúa como auxiliar de la justicia.
La realización e incorporación de la información del informe preliminar es regular, y no ha afectado la garantía de defensa en juicio. Este informe, para adquirir el carácter de prueba pericial, deberá realizarse cuando en los autos principales se cuente con la información requerida por la perito.
Por supuesto que el Juez tiene facultades tanto para ordenar una pericia como un informe preliminar, y valorar los resultados que arrojen los mismos en el marco de toda la información reunida por la prueba producida.
Y la perito tiene el deber de expresar, cuando se ha ordenado uno u otro acto, expresar si está o no en condiciones materiales y científicas de de realizarlo. Al momento en que la perito interviniente le expresa al Juez la imposibilidad material de realizar la pericia encomendada, y sin perjuicio de ello, el A quo solicita que elabore, con el material existente en los autos principales un informe preliminar, es a partir de allí que deja de poseer la calidad de un informe pericial propiamente dicho, para pasar a ser un informe preliminar.
Así, al no revestir el carácter de informe pericial, siendo esta valoración la expresada por el A quo cuando indica a fs. 316 que se trata de informe preliminar y no una pericia Biomecánica definitiva, debemos concluir que se trata de un informe que no requiere las formalidades establecidas en art. 237 y subsiguientes del C.P.P.S.C., teniendo, como dije, el mismo valor jurídico procesal que los informes elaborados por personal policial en los sumarios que dan inicio a las actuaciones prevencionales. Sobre el particular, en los autos caratulados:
“INCIDENTE DE NULIDAD EN AUTOS CARATULADOS:
DIVISIÓN COMISARIA LAS HERAS S/ INVESTIGA MUERTE Y LESIONES EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO”,
EXPTE. Nº I-33911/22, Nº de Juzgado de Recursos 7547/24, provenientes del Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Las Heras, sostuve que: "IV.B.-Aclarado ello, y analizadas las actuaciones se observa que en el informe prevencional de fs. 15 el Sr. Comisario Cristian Davies hace constar que “Se interiorizó a la sede judicial interviniente a través de la secretaria en turno –Dra. Paola Hormachea-, quien dispuso … se proceda a la extracción sanguínea de ambos conductores…”.- A manera de introducción del planteo formulado, y como forma de contextualizar la misma, corresponde señalar el funcionamiento del sistema procesal penal provincial en la etapa instructoria, el que se encuentra integrado por el Juzgado de Instrucción y la Policía Provincial, conjuntamente con el Ministerio Público Fiscal.
Obviamente que la Defensa, sea pública o privada, lo integra, pero es necesario, a fin resolver la cuestión planteada en el presente incidente, teniendo especialmente en cuenta la vista evacuada por el Sr. Fiscal de Cámara, las funciones atribuidas en especial a la Policía Provincial y al Juzgado de Instrucción. En este sentido, en los autos caratulados autos caratulados: “DIV. CRIA. 1 S/ INVESTIGACIÓN” Expte. Nro. 31256/22, N° de Recursos 6754/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "III.- Establecido ello, corresponde en primer término dar tratamiento al planteo de nulidad formulado por la defensa. Analizada la prueba tildada de nula por la defensa, junto al dictamen del Ministerio Público Fiscal emitido al respecto, entiendo que no le asiste razón en su planteo a la recurrente, pues no existe vicio alguno que acarree la nulidad del acta de constatación de fs. 60 y las secuencias fotográficas de fs. 61/62, así como del acta de fs. 66 y 67,y documental de fs. 69 a 84.
Respecto del Sistema de Enjuiciamiento Penal corresponde señalar lo siguiente a los fines de realizar un encuandre correcto de la cuestión. El Código Procesal Penal es sancionado por la Legislatura Provincial, pues es una facultad reservada y no delegada por los Estados Provinciales al Gobierno Federal (arts. 5, 75 inc. 12, 121, 122, 123 de la C.N.). Cuando se sanciona un código destinado a establecer el funcionamiento del Enjuiciamiento Penal, debe partirse de la base que quien enjuicia a una persona presuntamente autora de un delito es el propio Estado Provincial ("...y que asegure su administración de justicia, ... art. 5 de la C.N.). a través del poder-función que tiene la competencia material para ello (Poder Judicial), sin que implique que el resto de los poderes-funciones tengan también competencias en dicho proceso.
La Legislatura sanciona el Código, el Poder Ejecutivo a través de la Policía y de distintos organismos administrativos públicos, vgr. Servicio Penitenciario, etc., intervienen directamente en el proceso penal. El Estado detenta un único poder -imperium-, el que es necesario para el cumplimiento de sus fines constitucionales. Como bien señala Marienhoff en su Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, pág. 42, "Pero adviértase que el "Poder" del Estado es único; las "funciones" son múltiples." y dentro de cada una de estas funciones existen distintas materias y grados que definen competencias, pero la que actúa siempre es la persona jurídica de derecho público, es decir, el Estado Provincial.
(Conf. art. 146 del Código Civil y Comercial de la Nación) La Legislatura estableció específicamente competencias en el Código Procesal Penal, las que se integran y complementan con las facultades establecidas en la Ley de Seguridad Pública Nro. 3523, que establece las funciones de la Policía la de seguridad por un lado y la judicial por otro. Las competencias judiciales establecidas por esa Ley a la Policía Provincial son complementarias a las del CPP. (art. 43, ss. y cc.) En ese marco, el Artículo 175 del CPP. establece la función que le cabe, como competencia asignada a dicha Institución, señalándose las atribuciones en el art.176, la prohibición en el art. 177, y la comunicación y procedimiento en el artículo 178.
El artículo 178 establece la obligación de comunicar al Juez de Instrucción y al Fiscal todos los delitos que llegaren a su conocimiento. A partir de allí el Magistrado competente puede dejar que la Policía realice las actuaciones en sede policial, puede avocarse e intervenir requiriendo el envío de las actuaciones, (art. 178 último párrafo del C.P.P.) o dar distintas órdenes y contar con que la Policía siga interviniendo en carácter de auxiliar (art. 178 Tercer Párrafo del CPP.). Ello implica que en el inicio del sumario prevencional en delitos de acción pública o dependientes de instancia privada, cuando el Juez de Instrucción a través del Secretario interviniente ordena telefónicamente las medidas que realiza la Policía, esta ya no las efectúa por propias facultades y en los casos taxativamente enumerados en los artículos citados, sino por orden directa del Juez de Instrucción quien tiene la dirección del proceso penal, en esta primer etapa y previo a la elevación a juicio de la causa.
(Argumento Arts. 25, 185, ss. y cc. del CPP.) Sobre el particular se ha entendido que "Los deberes de las Fuerzas de Seguridad son variados, pero habrá que tener especialmente en cuenta que no son autónomos en sus decisiones. Desde el momento mismo de su intervención su actuación será dirigida vía telefónica por el Juez o Secretario del Juzgado que por turno corresponda y en su caso por el representante del Ministerio Público Fiscal o su Secretario. A tales efectos, la Policía recibirá instrucciones precisas a cumplir, quedando todas las actuaciones que se labren documentadas en actas en el sumario de prevención." (Conforme DERECHO PROCESAL PENAL, ANALISIS PRACTICO DE LOS INSTITUTOS PROCESALES CONTENIDOS EN EL CPPN Y LAS MODIFICACIONES INCORPORADAS POR EL CPPF DE ANGEL GABRIEL NARDIELLO Y ERNESTO M.
NAHIJHIAN, EDITORIAL HAMMURABI EDICION 2021, pág. 139) Cabe señalar que las atribuciones conferidas a la Policía Provincial en función judicial, son medidas de investigación necesarias a los fines del inicio de una investigación penal, y son definidos por el propio código Procesal Penal como "Actos de la Policía", ubicados en las distintas atribuciones de competencia que realizó el legislador de todas las partes del proceso penal, siendo el acápite probatorio legislado en el Título Tercero. Los mismos deben ser analizados en base a su competencia y su forma, como los actos de todas las partes del proceso penal, pero no pueden ser catalogados como medidas probatorias, pues las mismas, reitérase, tienen una economía procesal distinta y están reguladas en otro título del Código, tal como señalara en el párrafo anterior.
En ese sentido ha dicho la doctrina: “Las labores de averiguación, pesquisa, etcétera, genéricamente denominadas “tareas de inteligencia” realizadas por la policía, más que una aceptable técnica de investigación constituyen una actividad absolutamente esencial para las fuerzas policiales y cuerpos de seguridad y forma parte integrante de las funciones que en modo imperativo establece el ordenamiento procesal en los arts. 183 y 184 del CPP…”(CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN , COMENTADO Y ANOTADO, MIGUEL ANGEL ALMEYRA , LA LEY, AÑO 2007, PAG. 45) Asimismo, y en relación a la atribución de hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares mediante inspecciones, planos, fotos, exámenes técnicos, etc., que emerge del art. 184 del Código Procesal Penal de la Nación, norma idéntica a la contenida en nuestro art. 176 C.P.P.:, en la obra citada se dice : “Los informes médico legistas y periciales – al igual que las demás diligencias realizadas por las dependencias especializadas de la Policía Federal Argentina- son informes técnicos de la prevención, y por tener tal calidad, no son alcanzados por el procedimiento que marca el art. 258 ni revisten la calidad de pericias contempladas en los arts. 253 y sgtes., por lo que no son exigibles las garantías especiales de ese régimen, toda vez que son practicadas por la autoridad preventora y responden a las necesidades de inmediatez y urgencia que invoca el dispositivo en estudio, cuyo valor probatorio será apreciado por el juez”.
(OBRA CITADA, PÁGINA 49) Sostiene Jauchen sobre el particular que: “Informes policiales. Es cotidiano que, en el ejercicio de sus funciones, la policía produzca una diversidad de informes referentes a los distintos hechos y circunstancias que verifiquen al practicar el sumario prevencional. Mención especial merecen estos informes que a veces adquieren apariencia de dictámenes técnicos o intentan serlo; pues resulta importante su distinción con la prueba pericial, y la real delimitación con la que deben ser valorados…. Los puntos diferenciadores indicados permiten afirmar sin duda alguna que los informes técnicos o de cualquier otra naturaleza que incorpore la policía en el sumario prevencional, no son prueba pericial.
No obstante ello pueden ser valorados como prueba documental, pudiendo ceder su eficacia probatoria ante la simple prueba en contrario que durante el proceso se produzca por las partes, o de oficio, debido a que no han sido practicados con contralor de partes. De modo que si bien pueden ser tenidos en cuenta, si las partes objetaran el mérito de su contenido o conclusiones y aportaran prueba que así lo demuestre, deben ser desechados en cuanto a su poder de acreditación….” (Tratado de la prueba en materia penal, Eduardo M. Jauchen, Rubinzal Culzoni Editores, año 2006, pag.431, 432 y 434) Por tanto, en toda la tarea que realiza la Policía, en base a las normas señaladas del Código Procesal Penal, no se evidencia afectación alguna de garantías constitucionales, respetándose el art. 18 de la C.N., pues son normas que constituyen del debido proceso adjetivo.
El principio de supremacía ética del Estado, se garantiza con el estricto cumplimiento de las normas procesales penales citadas por parte de la autoridad policial en función judicial, pues las medidas llevadas a cabo en el marco procesal penal y constitucional-convencional, están destinadas al esclarecimiento de un hecho delictivo. La garantía de defensa en juicio implica dos aspectos del ejercicio del derecho de defensa de una persona, por un lado, la defensa material que ejerce el propio imputado y por otro, la defensa técnica efectiva que la realizan abogadas y abogados, particulares o públicos. El código de rito establece en el artículo 188 un estado procesal límite para hacerle saber al imputado la existencia de una instrucción en su contra para que éste pueda comenzar a ejercer su defensa material, pero le asegura desde el inicio de la investigación la defensa técnica de sus derechos a través de la Defensoría Pública Oficial.
Ese momento es antes de materializarse la declaración indagatoria, y si bien el mismo puede ser convocado por la autoridad jurisdiccional o presentarse espontáneamente, incluso cuando el sumario está en manos de la autoridad policial, se asegura su defensa en juicio con su asistencia técnica a cargo de la Defensa Pública Oficial, a partir del inicio de la instrucción propiamente dicha, que es cuando la misma es comenzada de oficio por el Sr. Juez de Instrucción previa recepción del sumario policial o cuando tiene por presentado el Requerimiento Fiscal de Instrucción (Art. 187 primer párrafo del CPP.). En ese Decreto, al darle formalmente inicio a la instrucción y dar intervención a la Defensoría Pública Oficial, se garantiza la defensa en juicio de la persona y de sus derechos, pudiendo el mismo tramitarse hasta el momento de la indagatoria en donde se le deberá dar intervención para que pueda defenderse materialmente.
Ello, pues hasta que no haya el requerimiento Fiscal de Instrucción o el Decreto de inicio de oficio de las actuaciones recepcionadas de sede prevencional, puede haber un acto de desestimación de la denuncia, lo cual impediría siquiera la formalización de la instrucción. Todos estos actos realizados por la autoridad policial se encuentran autorizados por el código de rito. … En definitiva, los actos que se intentan echar por tierra no revisten ningún vicio que implique su nulidad, (ni absoluta ni relativa) sino todo lo contrario, se encuentran amparados por las normas procesales penales que le otorgan competencia a la Policía Provincial como auxiliar de la justicia, bajo la cual y en cumplimiento de sus funciones, el funcionario policial actuó con premura y respondiendo a su obligación funcional.
Por todo ello, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado por la Defensa.". Sentado ello, surge claro que la medida llevada adelante fue dispuesta en el ejercicio de la actividad policial como auxiliar del Juez de Instrucción y en cumplimiento de los mandatos que emanan de éste, sin perjuicio de adelantar que, si en autos se hubiesen verificado los supuestos establecidos por la Ley, también el personal policial se encuentra facultado para realizarlo sin orden o disposición jurisdiccional, como se detallará ut infra..."
Bajo estas pautas de hermenéutica establecidas, el informe preliminar realizado por la perito ha sido regularmente producido, por lo que no corresponde tachar de nulo el mismo.
Sentado ello, una cosa es la producción del informe preliminar, que no suple la realización de la pericia ordenada cuando se cuente con toda la información requerida, la que deberá sustanciarse tal como se ordeno oportunamente, y otra es la valoración de ese informe, al igual que sucede con la información aportada por cualquier medio probatorio, la que será motivo de análisis en los autos principales, los que se encuentran a la espera del dictado del presente auto.
Para ser claro, la valoración del informe preliminar, junto a otra información, puede o no constituir un vicio in iudicando, pero ello será motivo de análisis en el principal no en el presente incidente, que solo hace foco en la producción regular del acto y su puesta en crisis por parte de la defensa.
Por lo expresado, corresponde confirmar el auto que rechaza el planteo de nulidad del informe preliminar, pues el mismo no constituye un acto pericial.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-CONFIRMAR el auto de fs. 17/20 en todo cuanto fuera materia de apelación.-
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia.- Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia