Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2252/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz a fs. 36/44 y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 25/35.-
2Declarar de oficio la nulidad de los Fallos Nros. 4638 y 4718 dictados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, reenviando las presentes actuaciones a dicho Tribunal, a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a lo expuesto en los considerandos de la presente sentencia.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2252/18-TSJ Sentencia Nº: 740 Actor: PALACIO JULIO ALBERTO Demandada:
Objeto: PLANTEA RECURSO JUDICIAL - ART. 50 LEY 500 Fecha: 09/10/2023 Texto: TOMO XXIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 740 FOLIO Nº 4481/4490 PROT. ELECT. TSS1 015 S.231
Río Gallegos, 9 de octubre de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “PALACIO JULIO ALBERTO S/ PLANTEA RECURSO JUDICIAL - ART. 50 LEY 500”, Expte. Nº P-16.021/15 (P-2252/18-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz (cfr. fs. 36/44), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial. Esta última hizo lugar al recurso que -en los términos del art. 50 de la Ley Nº 500- incoara el Sr. Julio Alberto Palacio; revocó el punto segundo de los Fallos Nros. 4638 y 4718 del Tribunal de Cuentas; tuvo por aprobada fictamente la Rendición de Cuentas del ejercicio 2007 -Consejo Provincial de Educación- en el período y por los cargos imputados al actor; e impuso las costas a la autoridad administrativa vencida (cfr. fs. 25/35).-
II. Que el casacionista afirma que interpone el recurso por “...quebrantamiento de las formas y solemnidades sustanciales de la ley por parte del pronunciamiento de la Excma. Cámara de Apelaciones a causa de la violación de la ley aplicable al sub lite...” (cfr. foja 36 vta.). Expresa que su recurso se sustenta “...en una violación o quebrantamiento de la ley y doctrina legal aplicable al caso, en la violación al art. 17 de la Constitución Nacional, en la violación al principio de congruencia del art. 164 del CPCyC, en la incorrecta interpretación al caso de la normativa específica descripta en la Ley N° 500. Finalmente se cuestiona el Fallo del Tribunal por ser arbitrario, extralimitarse en sus alcances trasgrediendo los efectos jurídicos normados respecto de los Responsables de rendir cuentas públicas.” (cfr. foja 37).- Plantea que se han violado las disposiciones de los artículos 17, 18, 19 y 31 de la Constitución Nacional, concordantes con la Constitución Provincial (cfr. fs. 36 vta. y 43 vta.).-
Señala que la impugnación tiene su razón de ser en el principio republicano de gobierno por ser uno de sus pilares esenciales la rendición de las cuentas públicas (cfr. foja 37). Sobre el particular anuda que: “...disponer la aprobación ficta del Ejercicio vulnera la Ley N° 500 y junto con ello la disposición contenida en el Art. 123 de la Constitución Provincial, que otorga raigambre constitucional al control de las cuentas públicas.” (cfr. foja cit.).-
Estima que el fallo atacado incurrió en arbitrariedad y absurdo en la valoración de los hechos; y errónea aplicación de distintas normas legales (cfr. foja 37 vta.).-
Añade que la Cámara interpreta el artículo 54 de la Ley Nº 500 en forma incorrecta (cfr. foja cit.).-
Aduce que las causas de la arbitrariedad son: “Haber aplicado en forma equívoca la Ley N° 500, esquema normativo específico en materia de control público. Haber dado fundamentos aparentes. Haber incurrido en exceso ritual manifiesto. Haber omitido el análisis de la conducta del Responsable que de haber efectuado la rendición en tiempo oportuno, no hubiere generado toda una actividad oficiosa de la Administración en pos de obtener la rendición de la cuenta.” (cfr. foja 38).-
Argumenta que el Sr. Palacio se encuentra sometido a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas en su calidad de Funcionario encargado del manejo de recursos públicos, pero aclara que no es su condición la de dependiente ni la de administrado (cfr. foja 39).-
Destaca que la conducta del actor nunca se caracterizó por haber rendido las cuentas en tiempo y forma, ello sin perjuicio que el nombrado contó con innumerables oportunidades para regularizar las rendiciones adeudadas (cfr. foja 39 vta.).-
Subraya que la responsabilidad de los administradores perdura aunque hayan cesado en sus funciones y sólo serán eximidos de la misma una vez aprobadas las cuentas de su gestión (art. 25 de la Ley N° 500) (cfr. foja 41).-
Recuerda que existe una presunción pre constituida, lo que irroga una obligación legal de responder respecto de las observaciones del Tribunal de Cuentas, conforme lo estatuido en el artículo 43 de la Ley Nº 500 (cfr. foja cit.).-
Observa que: “Aprobación Ficta equivale a Aprobación en virtud del silencio, circunstancia que justamente no se verifica en autos, donde expresamente la Administración le efectuó una devolución por escrito al Responsable informando las Observaciones sobre su cuenta...” (cfr. foja 42).-
En atención a lo expuesto, estima que es motivo suficiente para casar la sentencia, la errónea aplicación del instituto normado en el artículo 54 de la Ley N° 500 (cfr. foja cit.).-
Añade que el fallo no analiza elementos fácticos importantes y que además efectúa una errónea aplicación de la normativa con rango constitucional que regula la actividad del Tribunal de Cuentas (cfr. foja 42 vta.).-
Estima que la Cámara incurre en una arbitrariedad al prescindir analizar la documental que obra en el expediente (cfr. foja 42 vta.). Sobre esta cuestión argumenta que existe un quebrantamiento de forma al omitirse considerar cuestiones oportunamente propuestas y no haberse ponderado con real justeza las normas aplicables (cfr. fs. 42 vta./43).-
A foja 60/61 vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto y a fs. 71/72 obra interlocutorio de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, declarándolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de ese derecho tanto el actor a fs. 75/77, quien, por los argumentos que expone, solicita se confirme la sentencia de Cámara; y el Tribunal de Cuentas, por intermedio de su Presidente, quien por las razones que brinda, peticiona que se deje sin efecto la sentencia atacada y se dicte un nuevo pronunciamiento (cfr. fs. 78/89).- El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo dictamina a fs. 91/94, por las razones que allí esgrime y a las cuales nos remitimos en razón de la brevedad, que los agravios expuestos por la parte recurrente no deben prosperar.-
A foja 98 se llaman autos para sentencia y a foja 99 pasan los presentes a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto las impugnaciones se fundamentan en quebrantamiento de forma; violación de la ley y doctrina legal; y arbitrariedad.-
Al ingresar al tratamiento del presente recurso casatorio, desde la óptica del quebrantamiento de forma alegado, diremos que el mismo está establecido por nuestra ley adjetiva para los casos en que: “...se hubieran violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia...” (cfr. art. 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto N° 2228/15-).
Este Alto Cuerpo ha considerado procedente este remedio procesal, por ejemplo, en casos de ausencia total de fundamentación de una sentencia, falta de mayoría de opiniones jurídicamente válidas (cfr. Sentencia, Tomos V, Reg. 166, Folio 857/859; VII, Reg. 229, Folio 1234/1238) o incongruencia palmaria por omisión total o parcial, de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Sentencia, Tomos III, Reg. 90, Folio 404/408 y VII, Sentencia, Reg. 229, Folio 1234/1238).-
El Tribunal de Cuentas para fundamentar el recurso de casación por quebrantamiento de forma afirma que: “Es evidente que el fallo que se casa no sólo prescinde de elementos fácticos importantes sino que además efectúa una errónea aplicación de la normativa que con rango constitucional regula la actividad del Tribunal de Cuentas, y principalmente el procedimiento del Juicio de Cuentas [...] La solución casatoria aquí planteada emerge como única vía apta para la reparación, aplicando la añeja doctrina que sostiene que las resoluciones judiciales que omiten considerar cuestiones oportunamente propuestas conducentes para la resolución del litigio, violan la defensa en juicio porque carecen de adecuada base de sustentación y deben descalificarse...Consecuentemente la posición de los distinguidos juzgadores, sin perjuicio de alejarse de la realidad jurídica objetiva o verdad real, como hemos dicho, provoca también un quebrantamiento de las formas y solemnidades esenciales.
En ese sentido el quebrantamiento de las formas y solemnidades esenciales emergentes del art. 2° de la Ley 1687 (sic), emerge claramente al no haber ponderado la Excma. Cámara, la real justeza en las normas aplicables y con ello el derecho constitucional vulnerado con su decisión.” (cfr. fs. 42 vta./43). Pues bien, conforme la transcripción reseñada advertimos que el recurrente no alega, ni demuestra las irregularidades que acarrearían la nulidad del procedimiento o la sentencia, aduciendo únicamente la supuesta violación del principio de congruencia, pero sin efectuar una crítica concreta y razonada que demuestre de qué modo se habría producido tal transgresión.- En este contexto, es aplicable lo ya dicho por este Tribunal Superior de Justicia, a saber: “...‘el quebrantamiento de formas debe ser concreto y específico’ (cfr.
Hitters, Juan Carlos, en ‘Motivos que habilitan la casación’, E.D., Tomo 101, pág. 814 y ss.); de allí que el recurso no se basta a sí mismo, (cfr. T.S.J. Santa Cruz, Tomo II, Interlocutorio, Reg. 197, Folio 329/330, de 6-Oct.-1989, entre otros) por cuanto cada recurso reconoce su personal impronta técnica que debe ser cumplimentada, ya que los requisitos exigidos por la ley ritual no son solemnidades redundantes, ni arcaísmos sacramentales que hayan perdido su justificación procesal y responden a la necesidad siempre actualizada de no quitar a los recursos extraordinarios provinciales su carácter de medios impugnaticios verdaderamente extraordinarios, que supone, por eso mismo, el previo requisito del cumplimiento de cargas inexcusables para evitar que, en la práctica, se concluya por desvirtuárselo (cfr.
Morello, A.M.; Sosa, G.L.; Berizonce, R.O.; en: ‘Códigos Procesales Prov. Bs. As.’, Tomo III, pág. 589; y T.S.J., Santa Cruz, Tomo II, Interlocutorio, Reg. 191, Folio 317/319). Así entonces, el quebrantamiento de las formas sustanciales se debe demostrar y probar exhaustivamente, siendo insuficiente la sola alegación ya que es imprescindible un despliegue argumental que indique la ausencia de la estructura jurídica motivante y lógica que debe presidir todo pronunciamiento de esta naturaleza definitiva; o que se muestren omisiones de evaluaciones indispensables que revelen trascendentes vacíos de juzgamiento, no subsanables en el ejercicio jurisdiccional y se quebrante de tal modo el derecho de defensa, en tanto este remedio extraordinario ha sido instituído y configurado en orden a la preservación de la estructura formal, congruencia y debida fundamentación de los fallos (T.S.J., Santa Cruz, Tomo I, Sentencia, Reg.
I, Folio 1/7; Tomo I, Sentencia, Reg. 2, Folio 8/12; Tomo I, Sentencia, Reg. 8, Folio 36/38, Tomo I, Sentencia, Reg. 10, Folio 42/45; y Tomo II, Interlocutorio, Reg. 181, Folio 297/299, entre otros)...” (cfr. Sentencia, Tomo X, Reg. 356, Folio 1917/1923).- Por las consideraciones realizadas, el quebrantamiento de forma acusado no tendrá favorable acogida.-
IV. En cuanto a la violación o errónea aplicación de la ley en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, cabe recordar que para que resulte procedente se debe demostrar la existencia de un defecto de apreciación legal con relación a los hechos y pruebas de la causa, y en la aplicación legal de un encuadre erróneo; esto es, que el embate del recurrente debe dirigirse a la actividad de juzgamiento de la Cámara en su tarea de subsunción de los hechos y en la correcta interpretación y aplicación de las normas cuya violación pretende (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 574, Folio 3266/3273, entre otros).- Así, el Organismo Fiscalizador Provincial denuncia la violación y errónea aplicación del artículo 54 de la Ley N° 500 el que regula el instituto de la aprobación ficta de las cuentas (cfr. foja 82 vta.).-
Como primera aproximación al tema bajo análisis, la jurisprudencia enseña que: “...al Tribunal de Cuentas, órgano de control previsto en la Constitución provincial, le compete examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos...El mencionado organismo despliega su actividad...como autoridad encargada de aprobar o desaprobar las cuentas rendidas por los obligados (conf. doctr. causa B. 60.034, ‘Ruiz’, sent. de 28-III-2012). En el ejercicio de sus atribuciones sobre el control de la hacienda pública y cuando se obstruyen sus actos o frente a la desobediencia de sus resoluciones, el art. 16 de ese mismo texto legal, lo faculta a imponer diferentes sanciones: llamado de atención, amonestaciones, multas y cargos pecuniarios hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio.
Así es que, en tal cometido, el Tribunal de Cuentas debe verificar la sujeción de la actuación estatal al ordenamiento jurídico positivo…” (cfr. SCBA, “Giannettasio Graciela María c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda Contencioso Administrativa”, causa LP B 64.489 S, del 13/10/2021).- Y también que: “…en un Estado de Derecho, los órganos públicos, a la vez que imponen la observancia de ciertas reglas, deben someterse a ellas: la sujeción de las administraciones públicas al principio de legalidad supone, entre otras cosas, que los actos y disposiciones que de aquellas emanan se conformen con las normas y principios de jerarquía superior instituidos por órganos representativos de la voluntad general, que constituyen de tal modo la juridicidad de aquel actuar así como que se correspondan con las reglas atributivas de la potestad para expedirlos (conf. doctr. causas B. 57.328, ‘Supermercados Mayoristas’, sent. de 31-V-2006; B. 63.174, ‘Martín’, sent. de 9-X-2013; B. 62.488, ‘Ubertalli’, sent. de 18-V-2016 y B. 60.169, ‘Beneventano’, sent. de 5-IV-2017).” (cfr.
SCBA, fallo cit.).- Por su parte, distinguida doctrina ilustra que: “...El concepto de rendición de cuentas (accountability) refiere a una forma específica de vínculo que las autoridades políticas establecen con la ciudadanía en los regímenes democrático-representativos […] Las EFS -así como el resto de los mecanismos de accountability- no son, por lo tanto, meros accesorios secundarios de la maquinaria institucional representativa sino que cumplen una función esencial. Si los mismos son débiles o ineficaces, la dinámica de la institucionalidad representativa se resiente. Las instituciones especializadas en rendición de cuentas cumplen consiguientemente un papel central en todo régimen representativo: asegurar que los gobiernos respondan a los intereses de sus representados...” (cfr.
Peruzzotti, Enrique: “Marco conceptual de la Rendición de Cuentas, págs. 1/2. Ponencia preparada para la Reunión Técnica de la Comisión de Rendición de Cuentas de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS), Auditoría General de la Nación, Buenos Aires, Argentina, 28 y 29 de agosto de 2008”, https://www.cfj.gov.ar/src/img_up/17062021.3.pdf).- Asimismo: “El Estado Democrático de Derecho asegura las libertades políticas de la ciudadanía y los derechos civiles de la población, estableciendo redes universales para el ejercicio de la responsabilidad política, legal y administrativa de las personas investidas con autoridad y para la rendición de cuentas.
Es decir, provee garantías para el ejercicio del status de la ciudadanía bajo la dominación legal del Estado democrático (O’Donnell, 1997a). En esta definición, la rendición de cuentas es un componente esencial. Al hablar de Estado Democrático de Derecho, necesariamente se habla de rendición de cuentas y de mecanismos para el control político.” (cfr. Gutiérrez Saxe, Miguel: “Fundamentos de la Rendición de Cuentas en un Estado Democrático de Derecho, pág. 428. Exposición presentada durante el II Curso Interamericano ‘Sociedad Civil y Derechos Humanos’, organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 13-17 de noviembre de 2000”, https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12086.pdf).- Ahora bien, teniendo presente que la sentencia de Cámara recurrida en casación, hizo lugar al recurso -que en los términos del artículo 50 de la Ley N° 500-, incoara el Sr.
Julio Alberto Palacio contra los Fallos Nros. 4638 y 4718 y, asimismo, revocó el punto segundo de dichos Fallos teniendo por aprobada fictamente la Rendición de Cuentas Ejercicio 2007 -Consejo Provincial de Educación-, todo ello por aplicación del artículo 54 del mencionado dispositivo legal, en atención a la trascendencia constitucional que irroga el deber de rendir cuentas en nuestro estado de derecho, corresponde a este Alto Cuerpo, como máximo guardián de la Constitución Provincial, analizar de qué modo la Cámara aplicó esa norma y, por consiguiente, si se patentiza la violación o errónea aplicación de la ley denunciada.- Ingresando en el análisis del instituto de la aprobación ficta de las cuentas, cabe señalar que el mismo se encuentra regulado en el artículo 54 de la Ley N° 500 que reza: “Cuando no se hayan formulado o notificado reparos o cargos dentro de los dos (2) años a contar desde la elevación de una rendición al Tribunal de Cuentas, o transcurrido ese término, desde la contestación del responsable, formulando descargos concretos sobre la misma, se considerará aprobada, transfiriéndose la responsabilidad que pudiera existir a los funcionarios que sean declarados culpables de la demora en la tramitación, quienes se excusarán de seguir entendiendo en el asunto y estarán a las resultas que se establezcan en definitiva.”.- Así, se adelanta opinión en el sentido que la recta interpretación del artículo de mención, teniendo presente las particulares aristas que reviste la obligación de rendir cuentas producto del manejo de caudales públicos, implica que a fin de tener por cumplida la aprobación ficta se considera que la cuenta se encuentra integrada o rendida desde el momento de su presentación si ella no ha sido observada, por lo tanto, mientras dure la observación, por ejemplo ante la falta de rendición de documental, la cuenta no se ha integrado y no puede iniciarse el cómputo del plazo bianual.-
Por cierto, el criterio interpretativo que aquí se propugna no implica restarle operatividad jurídica a la mencionada norma, es decir, en caso que el responsable cumplimente con la obligación de rendición a su cargo y, en consecuencia, ponga a disposición del Tribunal de Cuentas la totalidad de los documentos respaldatorios de los egresos verificados durante su periodo de actuación -cuenta integrada-, dicha circunstancia importa el inicio del cómputo del plazo bianual. Esto con fundamento en que el Órgano de Control tendría a su disposición toda la documentación necesaria para fallar el ejercicio, por consiguiente la demora en la tramitación del Juicio de Cuentas les sería, comprobadas estas circunstancias, imputable a sus integrantes.- A tenor del Fallo N° 4638 dictado por el Tribunal de Cuentas, advertimos que la mayor parte del cargo patrimonial formulado al responsable se fundamentó, concretamente, en cargos no rendidos (cfr. Considerando Sexto), constatándose de tal forma el quebrantamiento del entonces vigente procedimiento de rendición de cuentas establecido por el Decreto N° 08/80, circunstancia esta que deviene plenamente atribuible a la conducta del responsable y que subsiste a la fecha.-
En efecto, el mencionado Decreto, en su artículo 32, Apartado II, punto 1°), en su parte pertinente, dispone: “Las Rendiciones de cuentas se efectuaran por cargo dentro de los 60 días, cuando los pagos deban efectuarse en la Capital de la Provincia y dentro de los 90 días cuando los pagos deban realizarse en el interior fuera del ámbito provincial…”.-
Y también debemos remarcar que es el mismo Palacio quien, a través de las presentaciones realizadas, reconoce expresamente que se adeudaban numerosas rendiciones correspondientes a su periodo de actuación. Así, manifiesta el responsable: “Asimismo comunico a Ud. que con respecto a los demás cargos requeridos en Resolución N° 242 me encuentro abocado en la tarea de ubicar los expedientes para proceder a su rendición, dejando constancia que en total quedan pendientes la cantidad de 24 cargos.”. Posteriormente, expresa que: “…con respecto a los demás cargos requeridos en Resolución N° 242 me encuentro abocado en la tarea de ubicar los expedientes para proceder a su rendición, dejando constancia que en total quedan pendiente[s] la cantidad de 17 cargos.” (cfr. fs. 125 y 143 del Expte. Adm. Nº 814.177/07).- Delimitada la plataforma fáctica del caso, resultaría írrito beneficiar al administrador de fondos públicos quien, por un lado, omite el cumplimiento de sus funciones, en el caso el deber de rendición, y luego solicita la aprobación ficta de la cuenta, la que en esas circunstancias fue concedida por la Cámara, durante su periodo de actuación. En síntesis, se colocaría al funcionario administrador diligente con sus obligaciones en una situación desventajosa respecto al incumplidor, ya que este último se vería beneficiado por el mero transcurso del tiempo sumado, precisamente, a su inactividad.-
Como contracara de la situación analizada, también se presenta como obligación de cumplimiento imposible, exigirle al Tribunal de Cuentas que se pronuncie sobre partidas o erogaciones de fondos cuyo respaldo documental no fue puesto a su disposición por el responsable. Es decir, no estamos frente a un supuesto de silencio de la administración en el que se envió al Órgano de Contralor toda la documentación del ejercicio y este omitió pronunciarse sine díe.-
En este mismo sentido se ha pronunciado el Cimero Tribunal de Mendoza resolviendo que: “El control dentro del juicio de cuentas es el previsto en el art. 31 Ley 1003, en el que se puede comprobar si la cuenta está conforme a los modelos o instrucciones; si los documentos que justifican las partidas son auténticos, legítimos y suficientes; si la cuenta contiene alguna omisión en las partidas, si está acorde con los libros de la Contaduría General, y en su caso si se ha cobrado y recibido todo lo que ha debido cobrar o recibir y si las partidas concuerdan con los respectivos libramientos u órdenes de pago. En consecuencia, sólo cuando se considere ‘integrada’ la cuenta, comienza a correr el plazo anual de prescripción para tener por aprobadas las cuentas previsto por el art. 182 de la Constitución Provincial in fine.”.
(cfr. Sum. SCJ Mendoza, Sala Primera, “Falconi Fernando Luis c/ Honorable Tribunal de Cuentas s/ Acción procesal administrativa”, del 09/06/2008, www.rubinzalonline.com.ar. Cita Online: RC J 5207/10).- Que, en refuerzo de lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que: “El planteo efectuado por la demandante pretendiendo que las cuentas del ejercicio 1994 del organismo entonces a su cargo deben tenerse por aprobadas porque el Tribunal de Cuentas no se expidió en el plazo de doce meses establecido en el artículo de la ley 10.869, tampoco prospera. Es doctrina reiterada de esta Suprema Corte la inexistencia del régimen de caducidad de la competencia del aludido tribunal administrativo y de aprobación tácita de las cuentas del Estado (conf. doctr. causas B. 61.817, ‘Gómez’, sent. de 8-II-2006 y B. 56.824, ‘Brown’, sent. de 14-VII-2010) […] El procedimiento de rendición de cuentas constituye un procedimiento especial, realizado ante un tribunal administrativo, y como tal posee una regulación particular […] Lo dicho y las constancias de las actuaciones administrativas agregadas -sin acumular- a estos autos, descartan que el Tribunal de Cuentas hubiese incurrido en irregularidades en el trámite de la rendición de cuentas que nos ocupa.
Sin perjuicio de ello, bien vale recordar que las nulidades por vicios en el procedimiento son establecidas a fin de evitar que el incumplimiento de las formas se traduzca en perjuicio para alguna de las partes o las coloque en estado de indefensión. Si no se ha acreditado la existencia de un perjuicio concreto, ni se ha puesto en evidencia la infracción a la garantía de defensa en juicio, no hay motivo para predicar la invalidez del acto. En este tipo de procedimientos, las formas rituales no constituyen un fin en sí mismas, salvo supuestos excepcionales, que por su carácter esencial o por afectar derechos humanos o personalísimos indisponibles, conlleven por su sola infracción a la nulidad absoluta del acto (arg. art. 103, ord. gral. 267; causas B. 56.502, ‘Fittipaldi’, sent. de 13-VIII-2003; B. 60.970, ‘Simonetti’, sent. de 22-XII-2008; B. 58.990, ‘Melcon’, sent. de 1-VI-2011; B. 58.974, ‘Verona’, sent. de 17-VIII-2011; B. 65.621, ‘Sheridan’, sent. de 6-V-2015; B. 57.335, ‘Fernández’, sent. de 4-V-2016 y B. 65.185, ‘YPF S.A.’, sent. de 20-IX-2017)…” (cfr.
“Giannettasio Graciela María c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda Contencioso Administrativa”, causa LP B 64.489, del 13/10/2021).- Desde otro prisma, entendemos propicio subrayar que la aprobación ficta de la cuenta solo procede cuando la misma no haya sido aprobada o, en su caso, hubiere merecido aprobación parcial por parte del Tribunal de Cuentas. Es decir, dicho instituto no resulta aplicable a las sanciones pecuniarias que podría establecer ese Tribunal ante la comprobación de procedimientos administrativos irregulares (cfr. art. 19, inc. d) de la Ley N° 500).-
Al respecto, el más Alto Tribunal de Mendoza ha resuelto que: “En este caso no estamos frente a un ‘juicio de cuentas’ pues las partes admiten que no se ha producido perjuicio alguno y que la Administración ha cobrado su crédito. Se trata de una sanción aplicada en ejercicio de las facultades que le otorga al Tribunal de Cuentas el art. 42 de la misma Ley 1003...Se trata de una sanción administrativa de multa, expresamente prevista por la Ley. El Tribunal de Cuentas tiene facultades para su aplicación [...] En el caso que nos ocupa, la atribución de la conducta prevista por la norma, ‘procedimientos administrativos irregulares’, en cabeza del actor por su carácter de responsable del Ente Liquidador de EMSE, se trata de una responsabilidad que se sigue necesariamente del hecho de haber asumido la función de liquidador y de que, entre sus obligaciones, está detallada aquella de proteger y liquidar el activo a su cargo [...] Por lo expuesto, es que la norma sancionadora atacada por la acción procesal intentada no adolece de los vicios que le atribuye el actor en su demanda.
Ni su monto excede el máximo legal. Ni ha demostrado que el razonamiento de la autoridad de Cuentas esté viciado por desviación y otro defecto que lo descalifique.” (cfr. SCJ Mendoza, Sala Primera, “Peroni Jorge Osvaldo c/ Honorable Tribunal de Cuentas s/ APA”, causa 78.741, del 11/12/2006).- Ninguno de los tópicos precedentemente reseñados ha merecido debido tratamiento por parte de la Cámara en el caso que nos ocupa. Consideramos que no puede someterse a un simple cálculo aritmético, el transcurso de los plazos, la trascendente decisión de tener por aprobadas fictamente las cuentas públicas máxime cuando se constatan, como sucede en el sub lite, numerosos incumplimientos atribuibles al funcionario administrador y, a su vez, una actividad proactiva del Órgano Fiscalizador, conforme surge de las intimaciones cursadas a todos los responsables del ejercicio (cfr. fs. 74, 82, 112/114 y 121/123 del expte. adm. cit.).- En cuanto a la virtualidad casatoria de la vía intentada, la doctrina enseña que: “…la primer tarea que debe emprender el recurrente cuando se propone emplear esta vía extraordinaria, es la recta interpretación del pronunciamiento que se dispone a impugnar…Luego, debe recordarse que se está en el ámbito de la casación por errores de juicio, circunscripto, por principio, a las cuestiones de derecho…De ello se sigue que la suficiencia del RIL requiere que se citen los preceptos legales presuntamente violados o erróneamente aplicados...La carga que nos ocupa debe estar enderezada en primer término a alegar la violación o errónea aplicación de la norma o de la totalidad de las normas actuadas en la sentencia; obviamente, nos referimos a los preceptos citados por el a-quo que le dan sustento bastante al fallo […] A los fines de la suficiencia...es menester demostrar en qué consiste la violación o la errónea aplicación.
De modo que se trata de una crítica razonada; el recurrente debe suministrar los argumentos jurídicos que patenticen la infracción legal que denuncia.” (cfr. Tessone, Alberto J.: “Recursos extraordinarios. En los procesos civil y comercial, de familia y laboral de la Provincia de Buenos Aires”, Librería Editora Platense, La Plata, 2004, Tomo II, págs. 204/206).- En esa misma línea, entendemos que el casacionista ha logrado demostrar la violación o errónea interpretación de la ley denunciada, en el caso el artículo 54 de la Ley N° 500, por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones.-
Intimamente vinculado con este agravio se encuentra la arbitrariedad denunciada por el casacionista. Al respecto, la doctrina ha dicho que: “Otro tipo de sentencia arbitraria es la que aplica la norma atinente al caso, pero efectúa una exégesis errónea de la misma o la aplica mal. Esta deficiencia interpretativa admite diversas modalidades: interpretación ‘errónea’, ‘impropia’, ‘injusta’, ‘arbitraria’. Es usual agruparlas bajo el común denominador de sentencias que importan una ‘interpretación inadecuada’ de la norma…aplicable para la causa…” (cfr. De Santo, Víctor: “Tratado de los Recursos. Recursos Extraordinarios”, Segunda Edición Actualizada, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1999, Tomo II, pág. 370).- En efecto, la sentencia de Cámara omitió analizar la documental obrante en las actuaciones, como así también el hecho de que el Sr. Palacio no había cumplimentado íntegramente con su obligación de rendir las cuentas, siendo este último presupuesto, como ya explicáramos, el que torna operativo el inicio del cómputo del plazo establecido en el artículo 54 de la Ley N° 500.-
Desde este cuadrante, la Alzada realizó una errónea subsunción de los hechos bajo la norma aplicable, es decir un error de derecho en la valoración jurídica de los hechos.-
En sintonía, señala la doctrina que: “…cuando el RIL se dirige a impugnar cuestiones de hecho, la primer exigencia que debe observar el recurrente es la invocación de la doctrina del absurdo. Y pese a que el error, según la calificación de la SCBA, es fáctico, la mentada denuncia deber ir acompañada de la cita de los preceptos legales infringidos. El cumplimiento de este recaudo es ineludible, sea que el error se ubique…en la apreciación de la prueba o en la valoración y subsunción normativa.” (cfr. Tessone, Alberto J., ob. cit., págs. 212/213).-
Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación en orden a la causal de violación o errónea aplicación de la ley y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 25/35.-
V. El planteo efectuado por el Tribunal de Cuentas relativo a la supuesta violación en que habría incurrido el fallo de Cámara respecto a la doctrina legal de este Alto Cuerpo, no tendrá favorable recepción.-
Que, respecto de la alegada violación de la doctrina legal, debe recordarse que se encuentra reglada en el artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. En tal sentido, resulta preciso señalar que dicha normativa se refiere a la doctrina legal “…sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años…” (cfr. inc. a).-
En relación a los fallos citados por el recurrente, cabe señalar que la doctrina legal que hace viable el recurso de casación es solo aquella que emana de este Tribunal Superior de Justicia (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3349, Folio 5590/5594) y no la que deriva de la jurisprudencia de otro Tribunal. Por este motivo, deviene inatendible el argumento sustentado sobre la base de fallos dictados por otros Tribunales, en franca contradicción con lo dispuesto por los artículos 3°, inciso a) y 4°, inciso b) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
VI. Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, atento que la sentencia de Cámara resultó favorable a las pretensiones del Sr. Palacio motivo este en cuya virtud no acudió en casación, es viable en esta ocasión analizar el agravio del nombrado en cuanto al estado de indefensión alegado. Así, desde la óptica de las garantías del debido proceso, la Alzada, con cita de la Convención Americana de Derechos Humanos, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, destaca la indefensión a la que se habría sometido al Sr. Palacio considerando que: “...no fue citado previo al dictado del primer informe...A la luz de la conducta desplegada por el recurrente, esta citación hubiera -plausiblemente- permitido al interesado gestionar la entrega del expediente N° 627.697/07 Liquidación de Becas Universitarias, correspondiente a la rendición del cargo N° 14.201 “Transferencias Corrientes” $122.875,20 que terminara quemado en el incendio que afectó a la Presidencia del C.P.E. en junio del 2011...entre otras situaciones de indefensión que se observan en el expediente bajo estudio.” (cfr. foja 33 vta.).- Cuadra señalar que mediante Resoluciones Nros. 401-T.C.-09 y 028-T.C.-10 del Tribunal de Cuentas, se dispuso intimar la rendición de los cargos pendientes en los términos del artículo 28 de la Ley N° 500 (cfr. fs. 70/71 y 78/79 del expte. adm. cit.).-
Si bien es cierto que Palacio no fue intimado de los instrumentos reseñados, no podemos pasar por alto que el administrador ya se encontraba constituido en mora respecto a la rendición de los cargos pendientes por su actuación como administrador de fondos públicos por aplicación del Decreto N° 08/80.-
Por su parte, consideramos que, en el marco del juicio de cuentas, el acto central que viabiliza el ejercicio del derecho de defensa lo constituye el traslado del primer informe de auditoría al responsable conforme lo prescripto por el artículo 43 de la Ley N° 500.-
En ese andarivel, advertimos que mediante Resolución N° 242-T.C.-12 se dispuso correr traslado del primer informe a los responsables, entre los que precisamente se encontraba el Sr. Palacio (cfr. fs. 108/109 del expte. adm. cit.).-
Acto seguido, notificada que fuera la señalada resolución (cfr. foja 114 del expte. adm. cit.) y encontrándose fenecido el plazo otorgado para que el nombrado presentara su descargo, a través de la Resolución N° 370-T.C.-12 se lo intimó nuevamente a fin de cumplimentar con lo oportunamente solicitado (cfr. fs. 117/118 del expte. adm. cit.).-
Posteriormente, ante las reiteradas intimaciones cursadas por el Tribunal, el Sr. Palacio presentó descargo (cfr. fs. 125/126 del expte. adm. cit.), el que posteriormente fue ampliado conforme surge a fs. 143/144 del citado expediente, siendo dichas piezas analizadas por la auditoria actuante al momento de emitir el Informe Definitivo (cfr. fs. 152/160 del expte. adm. cit.), todo ello no obstante la declaración en rebeldía de los responsables (cfr. foja 161 del expte. adm. cit.).-
Sumado a lo expuesto, corresponde señalar que a partir de la notificación del Fallo N° 4638 (cfr. foja 222) también el responsable Palacio logró ejercer su derecho de defensa, materializándose dicha garantía a través de la presentación del recurso de revisión obrante a fs. 224/242 y de la contestación del traslado del Informe de la Fiscal de Cuentas (cfr. fs. 296/302 y fs. 309/310 del expte. adm. cit.).-
En conclusión, estimamos que, en cada instancia del proceso administrativo, el responsable contó con la posibilidad de ser oído por el Tribunal de Cuentas y aportar prueba en sustento de sus planteos defensivos.-
No obstante, advertimos que a través del punto segundo del Fallo N° 4638, el que fuera confirmado en ocasión del rechazo al recurso de revisión mediante el Fallo N° 4718, se resolvió: “Formular Cargo al Señor Julio Alberto Palacio, (DNI.11.777.906) de conformidad con lo mencionado en los puntos sexto, octavo y noveno del Considerando, por la suma de pesos trescientos trece mil setecientos cuarenta y cuatro con noventa y cuatro centavos ($ 313.744,94)…” (cfr. foja 215 del expte. adm. cit.).-
Liminarmente, consideramos que todo reproche patrimonial efectuado por el Tribunal de Cuentas debería fundarse en la concreción de un efectivo perjuicio -daño- al Fisco Provincial, el que desde luego tendría que encontrarse nítidamente explicitado por el Órgano de Contralor en su pronunciamiento, ya que poder conocer la fundamentación y motivación sobre la que se asienta la resolución en crisis es resorte esencial para examinar si dicho acto cumple con los requisitos esenciales prescriptos por el artículo 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 1260 (cfr. Decreto N° 181/79).-
Así, el cargo pecuniario formulado al Sr. Palacio tiene basamento en los Considerandos sexto, octavo y noveno del Fallo N° 4638. En efecto, el sexto reza: “Respecto de la observación 6) Cargos vencidos y no rendidos, se encuentran pendientes de rendición los siguientes...En consecuencia, corresponde formular cargo a los responsables de acuerdo al período que les comprende…”. Por su parte, en el Considerando octavo se expresa: “Que con relación a la Observación 9) Facturas en fotocopias, habiéndose verificado en las rendiciones efectuadas, la presentación de facturas y tickets-facturas en fotocopias; no constituyendo las mismas documentación valida a los efectos de acreditar las erogaciones...corresponde formular cargo a los responsables…”. Por último, el Fallo en su Considerando noveno detalla: “Que con relación a la Observación 10) Documentación a Consumidor Final, habiéndose observado la rendición de numerosos tickets a “Consumidor Final”, sin contener el nombre del establecimiento escolar al que corresponde el gasto, los mismos no se consideran documentos válidos a los efectos de la rendición…” (cfr. fs. 212 vta./214 del expte. adm. cit.).- Por los fundamentos señalados el Tribunal de Cuentas tuvo por acreditado el perjuicio fiscal y, en consecuencia, formuló el reproche patrimonial a los cuentadantes, resultando dicho razonamiento contradictorio con los fundamentos empleados, ya que solamente se invocan consideraciones en torno a incumplimientos formales los que, por sí solos, no resultan basamento suficiente para la imposición de un cargo pecuniario.-
A partir de esas consideraciones, juzgamos que no surge, con el grado de certeza necesario, la concreción de un perjuicio patrimonial a la hacienda estatal que sustente el cargo impuesto, menos aún se vislumbran, en forma clara y precisa, el presupuesto esencial de la responsabilidad, es decir, el perjuicio o daño; por el contrario, sí se constatan numerosos incumplimientos al deber formal de rendición, ya que los comprobantes no son “considerados válidos” o bien se acompañan en “fotocopia”. Mismo razonamiento resulta extensivo al Considerando sexto “cargos vencidos y no rendidos”, no resultando atendible que, el mero incumplimiento en la remisión de las rendiciones, implique per se la materialización de un perjuicio económico.- En consonancia con lo expuesto, se ha pronunciado el Tribunal de Cuentas de Mendoza: “Como ya lo ha manifestado [la] Secretaría Relatora en su Dictamen N° 621 ‘...la base para la imposición del cargo como sanción, es la existencia de un perjuicio patrimonial ocasionado a la hacienda pública como consecuencia de la acción u omisión imputable a quien tiene a su cargo el manejo de fondos públicos.
En este sentido, el cargo opera como un remedio reparador que tiende a reestablecer el estado patrimonial a la situación anterior a la producción del evento dañoso. Por otra parte, el cargo, como en general toda pena aplicada en el marco de un proceso desarrollado bajo los principios de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, tal el juicio de cuentas, debe ser aplicado ante la evidencia cierta e incontrastable de su producción’…” (cfr. “Pieza separada del Expte. N° 315-A-2013 - Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria, Fallo N° 16.527, Dispositivo 5°, Considerando V”, del 07/06/2014, www.tribunaldecuentas.mendoza.gov.ar.).- En ese mismo carril, también la jurisprudencia sostuvo que: “...Como recaudo de validez del acto administrativo la motivación cumple la finalidad de permitir que la Administración sometida a derecho dé cuenta de sus decisiones y que éstas puedan ser examinadas en su juridicidad por la justicia en caso de ser impugnadas, posibilitando el ejercicio del derecho de defensa de los afectados, el que comprende el derecho a una decisión fundada, es decir, que sea el resultado de la ponderación de todos los antecedentes […] Tal déficit de fundamentación de la decisión adoptada acarrea la declaración de nulidad de la misma en cuanto al cargo pecuniario impuesto…” (cfr.
SCBA, “Gómez Raúl Mario c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda Contencioso Administrativa”, causa LP B 61.817 S, del 08/02/2006).- En sintonía, se sostuvo que: “La aplicación del cargo previsto en el art. 16, inc. 3° de la ley 10.869 tiene como presupuesto la existencia de un perjuicio pecuniario al fisco, resultando insuficiente la mera detección de incumplimiento de índole formal (doc. causa B. 61.817, ‘Gómez’, sent. de 8-2-2006). La ausencia de aquél componente torna arbitraria la aplicación de la norma que prevé la sanción máxima. Por supuesto, ello sin perjuicio de que la falta formal -en la especie, ausencia de documentación- pueda dar lugar a otro tipo de sanción de las previstas en el régimen aplicable (v.gr. multa, v. causa B. 61.817, cit.); más nunca puede justificar el ingreso de montos a favor del fisco equivalentes a bienes cuyo faltante es tan sólo presunto.
Al no estar acreditado el perjuicio fiscal que requiere la aplicación de un cargo pecuniario, el Tribunal de Cuentas infringe la exigencia de explicitar circunstanciada y objetivamente en su decisión la conexión causal entre los actos del funcionario reputado responsable y la falta imputada...La falta de una adecuada ponderación de las circunstancias determinantes descalifica el accionar del Tribunal de Cuentas por evidenciar una motivación aparente...la obligación de motivar el acto administrativo, como modo de reconstrucción del iter lógico seguido por la autoridad para justificar una decisión de alcance particular que afecta situaciones subjetivas, a más de comportar una exigencia inherente a la racionalidad de su decisión, así como a la legalidad de su actuar (art. 108, decreto ley 7647/1970) y ser, también, derivación del principio republicano de gobierno (arts. 1°, Cont. nac.; 1°, Const. pcial.) es postulada prácticamente con alcance universal por el moderno derecho público (CSJN, Fallos 315:2771, 2930; 319:1379; 320:1956, 2590; 321:174; 322:3066; 324:1860; y sus citas).” (cfr.
SCBA, “González Gloria Carmela y otro c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda Contencioso Administrativa”, causa LP B 59.961 S, del 16/08/2017. Voto en minoría del Dr. Daniel Fernando Soria).- En síntesis, al omitir el Tribunal de Cuentas explicitar en forma clara y precisa la causa y motivación del Fallo N° 4638, sobre la que se asienta el cargo patrimonial impuesto a los responsables, se ha violado su derecho defensa en juicio con afectación de la garantía del debido proceso, ya que se privó al actor de su derecho a conocer acabadamente los argumentos del pronunciamiento para luego contar con la posibilidad de recurrir eficazmente el mismo, circunstancias éstas que tampoco tuvieron debido tratamiento por parte de la Alzada.-
Por lo expuesto, mediante el dictado del Fallo sub examine, se vulneró el artículo 1°, inciso f), punto 3° de la Ley N° 1260 de Procedimientos Administrativos en cuanto al deber de la Administración de fundar y motivar en debida forma sus actos (cfr. art. 7°, incs. b) y e) de la citada ley). Es importante recordar que el dispositivo legal mencionado es la norma de procedimiento aplicable ante toda la Administración Pública centralizada y descentralizada (como es el caso del Tribunal de Cuentas), con excepción de los organismos de seguridad.-
En atención a la trascendencia de los vicios que adolece el Fallo N° 4638 y su consecuente Fallo N° 4718, cabe inferir el perjuicio por el sólo incumplimiento de las exigencias procesales. Al respecto, el Máximo Tribunal de La Pampa consideró que: “Teniendo en cuenta que la ‘causa o motivo’ de un acto administrativo es un elemento esencial, definido por la ley como el conjunto de antecedentes de hechos como de ‘derecho’ que en cada caso determinan su dictado, tal apartamiento de la ley, o mejor dicho, la no aplicación del ‘derecho’, torna el acto administrativo -Resolución n.º 478/99- en nulo, de nulidad absoluta. Asimismo, tal nulidad absoluta es manifiesta, por cuanto en el caso, no resulta necesaria investigación alguna para desentrañar su irregularidad, pues surge, valga la reite-ración, en forma ‘manifiesta’ de la propia ley en comparación con el acto atacado. La conclusión arribada -que el acto es nulo de nulidad absoluta y manifiesta-, tiene diversas consecuencias o efectos. Así, es insusceptible de saneamiento (conf.: art. 88 de la Ley 951), pues cae su presunción de validez, se extingue por ilegítima; la acción para obtener la declaración de nulidad, es imprescriptible (conf.: art. 79 de la Ley 951); y con relación al tiempo, los efectos de la declaración de nulidad se remontan a la fecha de emisión del acto (conf.: art. 78 de la Ley 951), la nulidad actúa retroactivamente ‘ex tunc’…” (cfr. STJ La Pampa, Sala B, “Municipalidad de Santa Rosa c/ Jorge Horacio Ayerza; Oscar Alberto Sayago y Jorge Oscar Suarez s/ Demanda Contencioso Administrativa (acción de lesividad)”, Expediente Nº 23/05, del 04/06/2007).- Dada la naturaleza del caso, estimamos aplicable al sub lite, mutatis mutandi, lo ya dicho por este Alto Cuerpo, a saber: “...si bien los pronunciamientos de este Tribunal Superior de Justicia deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario provincial, constituye un requisito previo emanado de la función jurisdiccional, el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, ya que la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría ser confirmada.” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 476, Folio 2583/2586).- La decisión que debe ser dada en estos actuados por este Tribunal Superior de Justicia trata, en definitiva, del debido contralor del procedimiento administrativo.-
Recordemos que son requisitos esenciales del acto administrativo (en este caso la sentencia que impone el cargo al Sr. Julio Alberto Palacio) sustentarse razonablemente en los hechos y antecedentes verificados invocando el derecho aplicable, como así también estar motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto (cfr. art. 7º, incs. b) y e) de la Ley N° 1260); y que el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta por falta de causa (cfr. art. 14, inc. b) de la ley citada).-
A modo de conclusión de todo lo expuesto y no hallándose este Tribunal constreñido a las alegaciones jurídicas de las partes para determinar si la ley ha sido o no violada o erróneamente aplicada y si han sido o no infringidas las formas (cfr. art. 13 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), procede la declaración de nulidad de los Fallos Nros. 4638 y 4718 del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz.-
Asimismo, y como consecuencia de lo aquí resuelto, debemos advertir que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el procedimiento del juicio de cuentas.-
Por último, atento el modo como se resuelve, corresponde reenviar las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz a efectos que dicte un nuevo pronunciamiento ajustándose a las consideraciones aquí realizadas.-
VII. Que, conforme a los argumentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso de casación articulado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz a fs. 36/44 y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 25/35. Declarar de oficio la nulidad de los Fallos Nros. 4638 y 4718 dictados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, reenviando las presentes actuaciones a dicho Tribunal, a fin que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a lo expuesto en los considerandos de la presente sentencia; debiendo imponerse las costas por su orden (cfr. art. 68, segundo párrafo del CPCyC) atento el modo en que se resuelve la cuestión.- Por todo lo expuesto, y oído que fuera el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz a fs. 36/44 y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 25/35.-
2. Declarar de oficio la nulidad de los Fallos Nros. 4638 y 4718 dictados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, reenviando las presentes actuaciones a dicho Tribunal, a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a lo expuesto en los considerandos de la presente sentencia.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-; Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1015S.231 Tomo: XXIII Sentencia: 740 Folio N°: 4481/4490 Secretaría: 1
Fin de la sentencia