Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 133.317
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar por inadmisible, sin costas, el recurso de queja articulado por el Ministerio Público Fiscal.
Rigen los artículos 371 quáter, 433, 450, 452, 494, 530 y 531 del C.P.P.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal 0200-21750-21 133.317
En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala V del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces Manuel Bouchoux y Mario Eduardo Kohan, a los efectos de resolver la causa nro. 133317, caratulada “PALMA JUAN JOSE S/ RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR FISCAL” , conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX-KOHAN.
I. Con fecha 30 de mayo de 2024 el Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca resolvió rechazar el planteo de nulidad articulado por el Ministerio Público Fiscal contra el Juicio por Jurados llevado a cabo en la causa nro. 3697 (IPP 21750-21) y que culminó con la absolución de Juan José Palma en virtud del veredicto de no culpabilidad al que arribaran los miembros del Jurado. Asimismo, la mencionada judicatura instruyó a las partes "...a adoptar las medidas necesarias para preservar lo informado respecto de lo que los jurados habrían manifestado en el marco de la presente causa, a fin de velar por las garantías que revisten en su calidad de Jueces de la presente, para proteger a los miembros del jurado y prevenir que queden expuestos a presiones o a ser inducidos a dar explicaciones o a alterar sus puntos de vista, en atención a la especial garantía las cuestiones intrínsecas de la deliberación en que participaron los miembros del jurado..."
II. Contra esta resolución, el Sr. Agente Fiscal Marcelo Romero Jardín, dedujo recurso de casación cuyo rechazo por el parte del Tribunal de primera instancia motivó la interposición de la presente queja en los términos del art. 433 del Rito.
El impugnante sostiene que el a quo partió de la falsa premisa de que el Juicio se había desarrollado con normalidad y sin afectación del debido proceso; cuando -a su entender- existió en el caso un "supuesto de gravedad extrema" dado por la presunta parcialidad del juzgador de los hechos.
Aquí trae a colación la manifestación espontánea que formuló en sede de la Fiscalía el ciudadano que asumiera la presidencia del Jurado popular conformado en el caso y postula que un candidato habría faltado a la verdad cuando fue oportunamente interrogado en la audiencia de selección acerca del verdadero conocimiento que tenía de la familia de la víctima.
Deduce que, según lo expuesto por el presidente del Jurado, el referido candidato "...utilizó su conocimiento externo de la madre de las víctimas para emitir su voto e influir en el resto del jurado, habiendo emitido frases despectivas para con la víctima indirecta [en alusión a la madre de la víctima]..." En tal sentido, afirma que -en contra de lo sostenido por el a quoel juicio fue irregular pues, según las manifestaciones del presidente del Jurado, uno de los miembros sería "allegado a un familiar directo de la persona imputada y emitió opiniones y su voto en base a conocimientos externos y no a la prueba producida en el debate...", para más adelante señalar que "...[n]o se sabe a ciencia cierta como influyó dicho miembro en el resto del jurado a la hora de la votación..."
Considera que esta duda debiera decantar en la nulidad absoluta del juicio por no haberse desarrollado en forma "normal", lo que así vuelve a dejar peticionado.
Además, plantea "...la inconstitucionalidad de la toma de decisión en base a mayorías, con fundamento en fallos de la Corte norteamericana, que exigió la unanimidad como requisito constitucional en los veredicto..." Hace reserva del caso federal.
III. Recibida la queja en la Presidencia del Tribunal, fue asignada por sorteo para el conocimiento de esta Sala y se anotició a las partes. En tal ocasión, el Señor Fiscal de Casación, Fernando Luis Galán emitió su dictamen en formato digital en el que mantuvo los argumentos traídos por el recurrente.
IV. Cumplidos los trámites de rigor la causa se encuentra en condiciones de ser resuelta, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Es admisible la queja interpuesta?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el doctor Bouchoux dijo:
I. Nuestra ley procesal dispone en su artículo 433 del ritual -cf. ley 13.943- que corresponde al órgano que dictó la resolución analizar si el remedio casatorio se interpuso oportunamente, si el recurrente tiene legitimidad subjetiva y si la decisión es objetivamente recurrible. Tratándose del Ministerio Público Fiscal, conforme lo establece el art. 422 de la normativa ritual, las posibilidades de impugnación derivan de la autorización que la ley otorga a esa parte en determinados supuestos. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Arce, Jorge Daniel” (Fallos:320/2145) estableció que: “La garantía de la doble instancia en materia penal, ha sido consagrada en beneficio del inculpado”, y que: “...el Ministerio Público no se encuentra amparado por la garantía de la doble instancia en materia penal prevista en el art. 8°, párr. 2°, inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto es un órgano del Estado y no el sujeto destinatario del beneficio”.
II. En el presente caso, de manera oblicua, esto es, a través de un planteo de nulidad articulado ante el Tribunal que dictó la sentencia absolutoria emanada de un veredicto de no culpabilidad emitido por un Jurado Popular y del recurso de casación contra el rechazo de esa pretensión, la Fiscalía postula una revisión que la ley expresamente le niega. Resulta correcta la denegatoria del recurso de casación decidida por mi colega de la instancia, siendo dos las normas procesales que respaldan su temperamento: el artículo 371 quater inciso 7° que dispone que “La sentencia absolutoria derivada del veredicto de no culpabilidad del jurado es irrecurrible” y el artículo 452 in fine que establece que “En el procedimiento de juicio por jurados, el Ministerio Público Fiscal carece de legitimación para recurrir”
El fundamento de estas limitaciones recursivas reposa en que el veredicto emana del pueblo y, tratándose de un acto de soberanía popular, la ley le atribuye una legitimidad tal que importa que su decisión cierre definitivamente el caso traído a su consideración.
En esa línea, Harfuch explica que "[e]l veredicto del jurado es una decisión judicial y política emanada directamente del soberano. Por provenir de manera directa de una representación del Pueblo -único titular del poder político en una democracia-, el veredicto del jurado goza de un estatus muy particular, reconocido constitucionalmente . Esta es una de las razones por la cual, en prácticamente todas las latitudes, el veredicto del jurado es irrecurrible..." (Andrés Harfuch, "El juicio por jurados en la Provincia de Buenos Aires", ad Ad-Hoc, págs. 295/6).
En lo atinente a la validez constitucional de la regulación legal que establece la ausencia de legitimación para impugnar el veredicto de no culpabilidad (art. 371 quater inc. 7° in fine, C.P.P.) que el impugnante pone en tela de juicio, debo insistir en que no es la naturaleza del órgano que pretende impulsar la revisión lo que determina ese carácter "irrecurrible", sino justamente las características del la integración del jurado (pluralidad y heterogeneidad de estos "jueces accidentales") cuya decisión en tal sentido -producto de un particular procedimiento de debate interno y de generación de consensos- ha sido dotada por el legislador de una singular importancia; ello al punto de clausurar expresamente (y de manera definitiva) la posibilidad persecutoria del Estado por los hechos ya juzgados.
Con lo expuesto, queda claro que el legislador local ha decidido, en este tipo de juicios, negarle legitimación al Ministerio Público Fiscal para impugnar un veredicto de no culpabilidad emitido por un Jurado Popular, sustrayéndole al Estado, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento ordinario, la posibilidad de recurrir.
Lo fallado recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en la causa P. 137.671-Q ("Pitman, Lucas Leonel s/ queja en causa n° 113.577 del Tribunal de Casación Penal, Sala III), respalda este criterio. Entre otras cosas, señaló allí el Superior que "...en los supuestos en que el jurado es competente, la acusación no posee facultad legal de recurrir. Así lo establece la regla del art. 371 quáter inc. 7: '...la sentencia absolutoria derivada del veredicto de no culpabilidad del jurado es irrecurrible'. Esta categórica norma impide el posterior examen de la decisión desincriminatoria emitida por el jurado. De este modo, la cláusula del ne bis in idem, queda cristalizada en la tajante imposibilidad de revertir el veredicto de no culpabilidad del jurado..."
III. Sin perjuicio de que la inadmisibilidad de la vía intentada ya se encuentra sellada con los argumentos expuestos en los párrafos precedentes, las particularidades del caso sometido a examen ameritan otras consideraciones adicionales que, vale aclarar, no escaparon del análisis realizado por el Tribunal de primera instancia en el pronunciamiento que dio lugar al recurso de casación articulado.
Recordemos que el origen del planteo nulificante del Agente Fiscal, Romero Jardín, fue una declaración espontánea de un miembro del jurado en la sede de la Fiscalía, al día siguiente de la emisión del veredicto, en la que comunicó que otro de los integrantes del mismo habría efectuado algunas manifestaciones en el seno de la deliberación que denotaban su conocimiento y valoración negativa respecto de la madre de la víctima. En resumidas cuentas, bajo el criterio de que esta cuestión pudo haber influido en la decisión de otros jurados, el recurrente postuló la nulidad del veredicto por afectación del debido proceso y de la imparcialidad del Jurado.
De la lectura de la resolución recurrida, se advierte que en la audiencia de selección de jurados -voir dire- regulada por el art. 338 quáter del rito, el candidato en cuestión afirmó que conocía a las personas involucradas (imputado y víctima) del barrio, pero no era amigo, ni enemigo de ellas, ni siquiera tenía trato directo. Es decir, en el marco de la adversalidad plena que reina en dicho momento procesal, el postulante informó a las partes esa circunstancia y quedó sometido a las preguntas que aquellas estimaren pertinentes (de hecho, el fiscal lo interrogó). Vale señalar que ya la forma de selección de los potenciales jurados extraídos de las listas pre-conformadas anualmente, ofrece un marco de confiables garantías en términos de representatividad, que luego permitirá, a través de la intervención de las partes, una mayor selectividad, en pos de asegurar mejores posibilidad de contar con un jurado imparcial.
Pero además de haber tenido lugar una correcta litigación de las partes en la audiencia, el Tribunal destacó que aquellas no efectuaron recusación alguna (con y sin causa) respecto de los candidatos; habiendo quedado conformado el jurado que se consideró idóneo para juzgar el caso puntual conforme los parámetros de la materia.
Como bien concluyó el a quo, cobra vigencia aquí la doctrina de los actos propios, desde que los mecanismos legales en el proceso de selección de los jurados han sido estrictamente respetados en el caso. Esto por un lado.
En otro andarivel, el reclamo enarbolado por el Ministerio Público -que incluyó la transcripción en un acta de los dichos en sede fiscal del ciudadano que había sido jurado en el juicio- pone sobre el tapete otra cuestión que hace a la naturaleza del Juicio por Jurados y que -aún a título de obiter dictum- merece alguna consideración complementaria. Me refiero a al carácter secreto de las deliberaciones de los miembros del jurado una vez que fueron debidamente instruidos y que se produjera ante ellos toda la prueba en el debate.
El art. 371 quáter inc. 5° del C.P.P. postula, como salvaguarda del veredicto, la regla del secreto como “Reserva de opinión” para los miembros del Jurado conformado en el caso, y establece que éstos "...están obligados a mantener en absoluta reserva su opinión y la forma en que han votado…” En el ámbito de la provincia de Buenos Aires no se prevén excepciones expresas a la regla de reserva. El inciso 4° del art. 371 quater, C.P.P. ("Presiones para el voto") obliga a lo miembros del jurado "...a denunciar ante el juez, por escrito y a través del presidente, cualquier tipo de presión, influencia o inducciones que hubiesen recibido para emitir su voto en un sentido determinado...", quedando en tal caso facultado el juez para adoptar las medidas que estime pertinentes en pos de evitar el contacto de los jurados con terceros y medios de comunicación.
Pero este mecanismo que instrumenta la ley procesal bonaerense no funciona una vez emitidos los votos y arribado al veredicto (como ocurre con la ya mencionada regla de reserva) sino que está previsto para ser utilizado con anterioridad a éste, garantizando que los jurados puedan tomar decisiones libres de influencias externas y sin temor a represalias. Entonces bien, sobre estas premisas, se aprecia que en las instrucciones finales que el Tribunal impartió al jurado en este caso, el Juez técnico les indicó expresamente que "...nada de lo que ustedes digan en sus discusiones a lo largo de la deliberación va a ser registrado. La deliberación es secreta. Ustedes no dan razones de su decisión."
De allí que es abiertamente inadmisible el pedido del impugnante de que se cite a declarar en esta instancia, como testigos, a los once jurados restantes (excluido, claro está, aquel sobre cuya presunta actuación en la deliberación interna hiciera manifestaciones peyorativas sobre la madre de la víctima). Es que, por fuera de la impertinencia del requerimiento, cabe insistir en la naturaleza eminentemente secreta de la deliberación de los jurados y, por ende, en la imposibilidad de que lo que haya acontecido en ese marco de reserva (en este caso, supuestas irregularidades intrínsecas del jurado advertidas después de culminada su intervención) sea posteriormente evaluado o juzgado.
La Sala I de este Tribunal ha tenido oportunidad de expedirse respecto de un planteo similar al aquí examinado en la causa nro. 100.635 ("Sánchez, Isidro Ponciano s/ Recurso de Casación). Allí la defensa había promovido, tanto en la instancia departamental como ante esta Alzada, que se "...reciba testimonio a uno de los miembros del jurado, con el propósito de probar la existencia de irregularidades, en sustancia, adjudicables al presidente..."
En línea con lo sostenido por la judicatura de grado, mis colegas de este Tribunal, Maidana y Carral, concluyeron que "...[l]a interpretación necesaria de esta norma [en alusión al art. 371 quáter, inc. 5° del C.P.P.] para el caso, impone una respuesta negativa al interrogante de si es posible impugnar un veredicto rendido por 'irregularidades intrínsecas del jurado' advertidas después –y no antes-; a fin de habilitar la declaración testimonial de jurados..." Se sostuvo con acierto que, en definitiva, la pretensión del abogado, en pos de ejercer su ministerio, "...vulneró la regla del secreto del jurado, por lo que descarta la posibilidad de tomar declaración a un miembro del mismo sobre supuestas irregularidades intrínsecas a la deliberación anoticiadas ex post al veredicto..."
Volviendo al caso que nos ocupa, cito palabras de la resolución recurrida que comparto: "[l]os jurados participantes no deben relatar cómo se dieron las deliberaciones, las formas que utilizaron, cómo votó cada uno, ni la opinión que tuvieron o tienen de los hechos. Ello no puede ser comentado a ningún tercero [...] La confidencialidad es esencial para el propio funcionamiento del jurado, los jurados deben ser protegidos del hostigamiento. Entonces, la regla general consiste en que, una vez que el veredicto ha sido emitido, cualquier prueba que verse sobre 'lo dicho' por los jurados durante sus deliberaciones privadas resulta inadmisible." Lo ordenado en el punto II del fallo impugnado recoge precisamente estas cuestiones al "...[i]nstruir a las partes a adoptar las medidas necesarias para preservar lo informado respecto de lo que los jurados habrían manifestado en el marco de la presente causa, a fin de velar por las garantías que revisten en su calidad e Jueces de la presente, para proteger a los miembros del jurado y prevenir que queden expuestos a presiones o a ser inducidos a dar explicaciones o a alterar sus puntos de vista..." Una postura distinta como la que propone en este caso el Ministerio Público Fiscal conllevaría, lisa y llanamente, a derribar la regla del secreto del jurado.
Entonces, efectuados estos señalamientos adicionales motivados por la singularidad del caso, propongo al acuerdo rechazar por inadmisible, sin costas, el recurso de queja articulado por el Ministerio Público Fiscal (arts. 371 quáter, 433, 450, 452, 494, 530 y 531 del C.P.P.). Voto por la negativa.
A la misma primera cuestión, el doctor Kohan dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Bouchoux y me pronuncio por la negativa.
A la segunda cuestión, el doctor Bouchoux dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde rechazar por inadmisible, sin costas, el recurso de queja articulado por el Ministerio Público Fiscal (arts. 371 quáter, 433, 450, 452, 494, 530 y 531 del C.P.P.). Así lo voto.
A la segunda cuestión, el doctor Kohan dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Bouchoux. Así lo voto.
Por lo que no siendo para más, se dio por terminado el acuerdo dictando el Tribunal la siguiente RESOLUCION RECHAZAR por inadmisible, sin costas, el recurso de queja articulado por el Ministerio Público Fiscal.
Rigen los artículos 371 quáter, 433, 450, 452, 494, 530 y 531 del C.P.P.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JM
Fin de la sentencia