Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 36126-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
5144/2023 LAS PALMITAS ARGENTINAS B SRL (TF 36126-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, junio de 2023.
VISTOS Y
1. Que, mediante pronunciamiento del 11/08/22, el organismo jurisdiccional: (i) revocó la resolución 26/2012 relativa al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2008, con costas; y (ii) reguló los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora (fs. 610/618).
Para así decidir, sostuvo que la cuestión debatida exigía determinar si la utilidad derivada de la enajenación del inmueble que tuvo lugar el 15/11/07 por el que la actora ejerció la opción prevista en el art. 67 de la ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones), requería un reemplazo por otro bien en el plazo de un año (criterio fiscal) o el inicio de obras de construcción en ese término, con la USO OFICIAL consecuente acreditación de su finalización dentro de los cuatro años subsiguientes (posición de la contribuyente).
Precisó que los conceptos que integrarían la reinversión requerida surgían del anexo de la determinación de oficio titulado “bienes de uso de reemplazo”, a saber: construcción de galpones, aguadas, mangas y corrales, alambrados, máquinas, rodados y movimiento de suelo. Detalló que las referidas inversiones -admitidas por el Fisco- fueron efectuadas dentro del año de la enajenación, equivalían a $1.175.258,35 y representaban el 36% del precio del inmueble vendido que ascendía a $3.271.750. En el escenario descripto, señaló que las referidas inversiones implicaron el inicio de la construcción de modo que la parte actora contaba con cuatro años más para completar el 64% restante.
Puso de resalto que la legislación contempla tres supuestos según se venda bienes muebles o inmuebles en los que rige un plazo de un año mientras que el reglamento permite que la construcción de un edificio sobre un terreno -iniciada dentro del año de la enajenación y finalizada en el plazo de cuatro años- forme parte del régimen de venta y reemplazo.
Indicó que el artículo 96, cuarto párrafo, del decreto reglamentario de la ley de Impuesto a las Ganancias, prevé que ante el incumplimiento de compra, de inicio de la construcción o de finalización de esta última, el contribuyente debe imputar la utilidad generada al ejercicio en que se produzca el vencimiento del plazo correspondiente (1 año -inicio- o 4 -finalización-). En consecuencia, coligió que la falta de conclusión de la construcción iniciada por la actora en el año 2008 solo podía motivar un ajuste en el ejercicio 2012.
En el contexto descripto, circunscribió su análisis a la posibilidad de calificar rubros tales como “galpones y especialmente movimiento de suelo” como inicio de “la construcción de un edificio” en los términos del segundo párrafo del art. 96 del decreto 1344/98 (fs. 615).
Afirmó que el criterio fiscal era improcedente por cuanto puede haber edificación en el marco de un proyecto ganadero. En ese sentido, destacó que el régimen de venta y reemplazo está consagrado para sujetos de la tercera categoría que llevan adelante una actividad comercial, industrial, financiera, de servicios, minera e incluso ganadera, por lo que “no existiría ninguna razón para excluir a alguna de ellas” (fs. 616).
Señaló que el art. 96, segundo párrafo, del decreto reglamentario de la ley del Impuesto a las Ganancias, dispone que el bien de reemplazo de un inmueble puede ser la “adquisición de otro”, sin condición alguna, con la única excepción de que se destine a bien de uso. Así pues, esgrimió que “podría tratarse de un terreno que se destina al estacionamiento de rodados de la empresa o un campo destinado a un proyecto ganadero, sin importar cómo está conformado el inmueble a nivel edilicio”. Seguidamente, puso de resalto que la norma alude al supuesto “construcción en el inmueble de edificio” de lo que -según su criterio- se infiere que “la extensión a cuatro años manifiestan la idea de un tratamiento amplio pero lógicamente apuntando a construcciones que requieran un mayor plazo de realización” y “que se integrarán funcionalmente al inmueble” (fs. 616). En este punto, se cuestionó si, en el caso bajo análisis, el movimiento de suelos o la construcción de aguadas, corrales, mangas, alambrados, etc., pueden implicar el inicio de una obra edilicia y la correlativa prórroga de cuatro años. A tal fin, remarcó que el Fisco Nacional había admitido la amortización del 2% para cada uno de aquellos rubros (cuota asociada a inmuebles) lo que comporta un reconocimiento de que el movimiento de suelo y las inversiones sobre el terreno constituyen inmuebles y/o incorporaciones estables y permanentes al terreno adquirido. Añadió que el movimiento de suelo -al que la demandada atribuyó el carácter de amortizable- es la base de cualquier actividad o construcción posterior; circunstancia que implica admitir la habilitación de la obra. Adicionalmente, aseveró que “no puede pretenderse llamar edificios solo a aquellos que inequívocamente están construidos bajo el régimen de propiedad horizontal” (fs. 617).
Advirtió que en el sub examine se incorporaron fotografías de viviendas para el personal, más una residencia en construcción, que si bien fueron posteriores al 15/11/08, requirieron de movimientos de suelos (caminos) que las benefician y hacen lo propio respecto a los galpones, comederos para engorde a corral y bombas.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
Puntualizó que se trataba de construcciones adheridas al suelo en las que se destacaba el hormigón (aguadas) y esgrimió que las obras de infraestructura eléctrica, sanitaria y telefónica formarían parte del inmueble.
Concluyó que el movimiento de suelo resultaba suficiente para considerar el inicio de la construcción de todos aquellos bienes que tengan la característica de estar adheridos al inmueble con carácter permanente.
Consideró que el resto de las inversiones que deberían analizarse para verificar el cumplimiento del plazo de cuatro años supra detallado y su monto (alambrados, corrales, mangas y aguadas) llegaban a cubrir la suma a reinvertir; caso contrario, indicó que la eventual inobservancia sería imputable al período fiscal 2012 pero nunca al ejercicio 2008.
2. Que, disconforme con el pronunciamiento, la demandada interpuso y fundó su recurso de apelación (fs.636 y 642/651, respectivamente), que no fue replicado por su contraria.
Se agravia de que el a quo consideró verificado el inicio de obra dentro del plazo de un año, sin que dicho extremo se haya acreditado. Alega que la controversia involucra la interpretación y alcance de las expresiones “inicio de obra”
USO OFICIAL
o “construcción de un edificio” que habilitarían la aplicación del art. 96 del decreto reglamentario de la ley del Impuesto a las Ganancias y la consecuente extensión del plazo de reinversión a cuatro años. En este punto precisa que los conceptos validados por el a quo como indicadores de que ha mediado una “construcción de un edificio”, constituyeron meras inversiones en un proyecto ganadero activadas de forma improcedente por parte de la aquí actora.
Remite al criterio expuesto en el acto apelado relativo a la ausencia de la condición requerida por la normativa aplicable para contemplar la ampliación del plazo de reinversión, esto es, el inicio de obra para la construcción de un edificio. En apoyo a su tesitura refiere a los dictámenes 3/2019 y 73/2006 y esgrime que el principio de reserva de ley impide consentir la interpretación según la cual el “movimiento de suelo” comporta una actividad inherente al inicio de construcción de un edificio. Por el contrario, la califica como inversión en el marco de un proyecto ganadero.
Por último, pone de manifiesto el perjuicio irrogado al erario coparticipable.
3. Que, según la ley del Impuesto a las Ganancias, cuando un contribuyente -con rentas de tercera y cuarta categoría- obtiene un resultado por la venta de un bien mueble amortizable o un inmueble afectado a la explotación como bien de uso, tiene la opción de: a) imputar la ganancia de la enajenación al balance impositivo; o b) afectarla al costo del nuevo bien de reemplazo. De hacer uso de la opción de venta y reemplazo, el costo impositivo del nuevo bien se verá disminuido en el monto de la ganancia afectada. Por lo tanto, éste será el costo sobre el cual el contribuyente calculará las amortizaciones y el costo computable en el caso de venta del bien.
La mentada opción consiste en imputar la ganancia obtenida por la enajenación de los bienes a través del cómputo de una menor amortización deducible, es decir que en los años de vida útil del nuevo bien se verá reflejada la mencionada utilidad.
De acuerdo a lo previsto por la normativa vigente en período fiscal 2008, en el supuesto de que el bien reemplazado fuera un inmueble, el ejercicio de la opción requería acreditar que: (i) el referido inmueble haya estado afectado a la explotación como bien de uso, como mínimo, con una antigüedad de dos años al momento de su enajenación; (ii) el importe obtenido en la enajenación del inmueble se reinvierta en el bien de reemplazo o en otros bienes de uso afectados a la explotación: y (iii) ambas operaciones (venta y reemplazo) se efectúen dentro del término de 1 (un) año (conf. art. 67, de la ley del gravamen).
A su turno y en lo que aquí interesa, el art. 96 del decreto reglamentario de la ley del Impuesto a las Ganancias exige que el ejercicio de la opción debe manifestarse dentro del plazo establecido para la presentación de la respectiva declaración jurada correspondiente al ejercicio en que se produzca la venta del bien. Asimismo dispone que “por reemplazo de un inmueble afectado a la explotación como bien de uso, se entenderá”: (i) la adquisición de otro inmueble; (ii) la compra de un inmueble y “ulterior construcción en él de un edificio”; y (iii) la sola construcción efectuada sobre terreno adquirido con anterioridad. En este punto, la norma preceptúa que “la construcción de la propiedad que habrá de constituir el bien de reemplazo puede ser anterior o posterior a la fecha de venta del bien reemplazado, siempre que entre esta última fecha y la de iniciación de las obras respectivas no haya transcurrido un plazo superior a UN (1) año y en tanto éstas se concluyan en un período máximo de CUATRO (4) años a contar desde su iniciación”. Por su parte, el referido artículo aclara que si no se adquiriera el bien de reemplazo dentro del plazo establecido, o no se iniciasen o concluyeran las obras dentro de los términos allí fijados, “la utilidad obtenida por la enajenación de aquél, debidamente actualizada, deberá imputarse al ejercicio en que se produzca el vencimiento de los plazos mencionados, sin perjuicio de la aplicación de intereses y sanciones, de conformidad a lo previsto por la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones”.
Así pues, los contribuyentes podrán hacer uso de la franquicia denominada “roll over” en tanto se trate de un bien inmueble afectado a la explotación como bien de uso y siempre que el producto de su enajenación se destine CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV a la adquisición de otro con igual destino (conf. esta Sala in re “Moroni Omar Ernesto c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 14/06/17).
4. Que, conforme surge de las constancias de la causa, el 15/11/07 la actora vendió el campo Pozo Muerto por $3.271.750 y obtuvo una utilidad de $2.530.816,87 que justificó el ajuste negativo realizado en la declaración jurada del período fiscal 2007. Según el criterio fiscal, de conformidad con el tercer párrafo del art. 67 de la ley del Impuesto a las Ganancias, la opción para afectar el referido beneficio al costo del nuevo bien debió efectuarse, en el caso, hasta el 15/11/08, esto es, en el plazo de un año desde que se vendió el bien inmueble que se pretende reemplazar (fs. 10/11).
De acuerdo a lo informado por la contribuyente, la reinversión del año 2008 fue: (i) construcción de galpones ($31.855,99); (ii) aguadas ($186.297,39); (iii) mangas y corrales ($275.177,77); (iv) movimiento de suelo ($551.848); (v) alambrados ($101.453,43); (vi) máquinas ($25.676,75); y (vii) rodados ($108.000,02) (fs. 11).
En la etapa de fiscalización, el Fisco observó el ítem referido a USO OFICIAL “movimiento de suelo” por corresponder a gastos “las operaciones realizadas con El Mojón S.R.L., Nuevas Pampas S.R.L. y Picat Hnos. S.A., al tratarse de movimientos de suelo y servicios de rolado”. Idéntico temperamento adoptó con respecto a las operaciones realizadas con Campos y Haciendas Don Joaquín por ser posteriores al 15/11/08 y “tratarse de gastos y no inversiones en activos” (fs. 11). Respecto a los restantes bienes, la AFIP consideró cumplido el plazo anual exigido por la normativa aplicable y reputó procedente el uso de la opción.
Así pues, según surge del acto determinativo recurrido, la inspección actuante había concluido que las reinversiones realizadas en el 2008 ascendieron a la suma de $728.460,35 que no llegó a cubrir el monto de la utilidad obtenida por la venta del inmueble en 2007 (esto es, $2.530.816,71) y practicó un ajuste negativo de $551.848 en concepto de gastos realizados en el año 2008 que habían sido activados por la responsable (fs. 12).
Frente al descargo presentado por la actora, el organismo fiscal aseveró que la extensión del plazo anual a cuatro años “es aplicable al caso de construcción de un edificio” y no a una “explotación ganadera” (fs. 18). Con respecto al concepto “movimiento de suelo” activado por la contribuyente y considerado gasto por la inspección, la resolución determinativa advirtió que el “Plan de desmonte y Plano del proyecto de Inversión” aportado por la actora en su descargo contempla “la puesta en producción para la actividad ganadera de 4.000 hectáreas y 1.000 hectáreas para agricultura de las 10.141 hectáreas de campo, tal como lo establece la reglamentación vigente, ya que las restantes se consideran como base para la propagación de la diversidad genética de las diferentes especies del lugar”. Según el “Plan de Desmonte”, el objetivo es habilitar tierras para la ganadería de modo que “la cobertura del suelo se hará con Gatton Panic. El mismo se realizará con un tractor y rolo de 3 metros de ancho con cajón sembrador de tal manera de no producir ningún daño a las especies arbóreas y realizar la siembra de pasturas en forma inmediata” (fs. 19). Ello así, la AFIP consideró que asistía razón a la actora en cuanto a la activación del ítem “Movimientos de suelos” puesto que respondía al plan de desmonte autorizado por el organismo correspondiente de la provincia de Santiago del Estero “que implican mejoras al campo para ponerlo en condiciones de realizar la actividad ganadera que pretende la contribuyente”. En consecuencia, aceptó que “todas las mejoras realizadas dentro del plazo de un año con que contaba la contribuyente para realizar la opción (…) sean afectadas a la opción de venta y reemplazo y las que excedan dicho plazo sean rechazadas” (fs. 20).
En este contexto, el organismo fiscal advirtió que la actora había ajustado las amortizaciones y el costo de los nuevos bienes conforme lo dispuesto por el art. 67 de la ley del Impuesto a las Ganancias, solamente respecto de los rubros “Rodados” y “Maquinarias” y había omitido proceder de igual manera con relación a los “inmuebles afectados por la opción” (fs. 20). A tal fin, acompañó la planilla obrante a fs. 25 como parte de la resolución determinativa que detalla los bienes afectados a la opción de venta y reemplazo, la porción del costo atribuido a dicho régimen y los ajustes por las nuevas amortizaciones a considerar en todos los bienes alcanzados por la opción, a saber: rodados -$108.000-, maquinarias -$25.675,75-, instalaciones (aguadas -$186.297,39-, mangas y corrales -$275.177,77- y alambrados- $101.453,43-), galpones -$31.855,99-, y movimientos de suelo - $446.798-.
Disconforme con el criterio fiscal, la parte actora alegó ante el a quo que su proyecto se encuentra comprendido en el supuesto de “construcción de un edificio” al que se refiere el art. 96 del decreto reglamentario de la ley del Impuesto a las Ganancia por cuanto respeta el espíritu del legislador que pretende fomentar la producción y el volumen de negocios. En ese mismo orden de ideas, puso de resalto que el sistema de venta y reemplazo no es un mero mecanismo de diferimiento del gravamen en el supuesto de sustitución de bienes amortizables sino “un recurso de neutralidad fiscal frente al congelamiento de las inversiones que se puede producir respecto de los bienes de capital cuando el resultado de sus operaciones están sometidos conjuntamente con los réditos ordinarios a la alícuota común” (fs. 31).
Para sustentar sus dichos, solicitó la producción de prueba pericial técnica que fue admitida y presentada a fs. 67 y 77/81, respectivamente. De acuerdo a lo manifestado por los expertos (ingeniero agrónomo propuesto por la parte actora e CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV ingeniero civil por la demandada), la empresa actora estuvo dedicada en un principio a la explotación forestal y, con posterioridad, comenzó un proyecto consistente en la transformación de 5000 hectáreas de montes en 4000 hectáreas de pasturas para bovinos y en 1000 hectáreas de campo limpio apto para la siembra de cultivos (fs. 78 y 79). En su informe, los peritos: (i) detallaron los ítems principales que debían desarrollarse para concretar el referido proyecto, a saber: movimiento de suelo, aguadas, “apotreramiento”, corrales, vivienda y galpones y obras menores e imprevistos; (ii) se expidieron con respecto al avance de obra por cada uno de los rubros supra expuestos al 15/11/08; y (iii) certificaron que a esa fecha “estaba realizado el 26,05% de la obra equivalente a $1.172.250” -según el perito propuesto por la parte actora- o bien que “el avance de obra es de un 25,5%” que surgía de dividir la suma invertida ($1.146.632) por el monto total del proyecto ($4.500.000) - de acuerdo a la respuesta del perito de la demandada- (fs. 78vta. y fs. 79vta.).
Por otra parte, el profesional interviniente por la parte actora precisó que “hasta la finalización del plazo de 4 años el porcentaje de obras a realizar serían del 73,95% equivalente a $3.327.750” e informó que en la visita al campo el 21/02/13 pudo verificar que “la empresa realizó el 85% del proyecto total y que se siguen USO OFICIAL realizado obras para la concreción total del proyecto” (fs. 80). A su turno, el perito del Fisco Nacional, que también participó de la visita ocular del establecimiento rural, manifestó que pudo apreciar que “un campo de monte virgen en sí mismo no tiene utilidad productiva alguna”. Ello así, explicó que en una primera etapa de un proyecto agrícola es necesario pasar la topadora para limpiar y voltear arbustos y malezas a fin de dar paso a la utilización de la sembradora, fumigadora y cosechadora para dejar el campo en condiciones de sembrar cultivos tales como sorgo, maíz, soja y algodón.
En lo que refiere a un proyecto ganadero, aclaró que se dejan árboles sin voltear para brindar sombra al ganado. Seguidamente, puso de resalto que “así como la construcción de un edificio para alojamiento de personas representa una obra civil, de igual forma un proyecto ganadero es similar a una obra civil ya que requiere realizar costosas instalaciones para alojamiento y cuidado de ganado” (fs. 80/80vta.).
A efectos de ilustrar el costo del emprendimiento explicitó que una vaca necesita -en forma diaria- 60 litros de agua y 15 kg de materia seca para sobrevivir. Así pues, teniendo en cuenta que el proyecto de la actora pretende albergar 3.000 cabezas, se requiere contar 180.000 litros de agua y 45.000 kg de alimento por día, para lo cual es necesario: (i) construir “grandes represas, instalaciones de bombeo y eléctricas, tanques australianos, bebederos, acueductos”; (iii) habilitar enormes áreas para el pastoreo de los alimentos rodeados de extensas líneas de alambrado; y (iii) garantizar un estándar sanitario a través de infraestructura adecuada que incluya corrales, mangas, toriles, casilla de operar, bañadero de hacienda, etc., para las tareas de vacunación, inseminación y control veterinario. En el referido contexto, el experto constató que las instalaciones citadas ya fueron ejecutadas en tres de los cuatro módulos que conforman el proyecto. De este modo, aseveró que a febrero de 2013, “distando apenas 3 meses del 15/11/2012 dicho proyecto cuenta con un 75% de avance, pero si tenemos en cuenta que ya está avanzado el desmonte en el cuarto módulo, ese avance puedo estimarlo tranquilamente en un 80%” (fs. 80vta. y 81). Además, se adjuntan como parte del informe: (i) 27 fotografías de las instalaciones tomadas por los expertos; (ii) una planilla conteniendo un “detalle de facturas de reinversión (presentadas ante AFIP) – año 2008” por un importe neto (sin IVA) de $1.146.632,58; y (iii) 6 facturas (fs. 90/128). En este punto, cabe destacar que los profesionales aseguraron haber tenido a la vista los planos con la diagramación modular del proyecto, una planilla indicativa de los diferentes costos incurridos durante el año 2008 y las facturas respaldatorias de las erogaciones más relevantes que se encuentran agregadas al expediente (fs. 79/79vta.). A su turno, el Fisco impugnó el informe pericial por falta de conocimientos técnicos de los expertos para refrendar sus afirmaciones (fs. 86/88).
El 17/05/13 la parte actora presentó como hecho nuevo una manifestación suscripta por contador público relativa a los montos invertidos en el proyecto al 15/11/12 y agregó la documentación de respaldo. En dicha ocasión, destacó que aquella información no estaba disponible en el momento de presentación del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal el 27/04/12 y acredita que “se encuentra cumplimentada la totalidad del monto reinvertido” (fs. 138/568). A su turno, la AFIP aseveró que la información agregada por la contribuyente demostraba que no había concluido la obra en los plazos establecidos por la normativa aplicable “por lo que el beneficio pretendido resulta, a todas luces, improcedente” (fs. 583/583vta). Por último, cabe añadir que según surge de la prueba documental acompañada ante la AFIP, la empresa fue autorizada a llevar adelante un plan de desmonte por una superficie de 450 hectáreas con fines agrícolas y 4.000 hectáreas de desarbustado en el predio “Fracción de Terreno de Campo Lote Nº 1” por resolución 25/08 emitida por la Dirección de Recursos Forestales y Medio Ambiente de la provincia de Santiago del Estero. El referido “Plan de Desmonte” incluía la apertura de una calle cortafuego perimetral, la división de la superficie en potreros de 200 hectáreas aproximadamente, y la esquematización de actividades para los cinco años subsiguientes, a saber: (i) primer año: tareas de construcción de las calles cortafuegos, demarcación de las cortinas, construcción de potreros, “desarbustado” e implantación de pastura mediante siembra directa, construcción de represas y aguadas, con más instalaciones ganaderas adecuadas; (ii) segundo año: desmonte ganadero, potreros, aguadas, siembre de pasturas e introducción de animales; (iii) tercer año: habilitación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV de potreros, construcción de mejoras, introducción y comercialización de vientres; (iv) cuarto año: venta de animales en peso, continuación de tareas de “apotreramiento” y construcción de mejoras como los años anteriores y rotación de cultivos; y (v) quinto año: venta de animales, mantenimiento de pasturas implantadas y sanidad animal (fs. 233/258, antecedes administrativos).
5. Que, la opción prevista en el art. 67 de la ley del Impuesto a las Ganancias está destinada a favorecer la sustitución de bienes de uso por cuanto otorga la posibilidad de diferir la gravabilidad de las utilidades generadas por su enajenación mediante la reducción de la amortización del bien de reemplazo. A tales efectos, la normativa aplicable exige el cumplimiento de determinados requisitos (conf. en especial el art. 96 del decreto reglamentario de la ley del Impuesto a las Ganancias).
En el caso y conforme surge del memorial de agravios desarrollados por la recurrente ante esta Alzada, la controversia requiere determinar: (i) si el proyecto agrícola-ganadero llevado a cabo por la actora en el inmueble rural de su propiedad califica como “construcción efectuada sobre el terreno adquirido con anterioridad”; y (ii) si el “movimiento de suelo” realizado dentro del plazo anual a contar desde la USO OFICIAL fecha de venta del inmueble rural reemplazado constituye “iniciación de las obras respectivas”.
Con respecto a la primera cuestión, cabe remitir al contenido del “Proyecto de Desmonte” aprobado por las autoridades provinciales y que fue verificado in situ por los peritos designados en la causa conforme surge de las descripciones reseñadas en el considerando precedente. Así pues, resulta acreditado que el acondicionamiento del inmueble rural para desarrollar la explotación agrícolaganadera propuesta por la actora exigía la construcción de una serie de bienes que: (i) fueron calificados por el propio Fisco Nacional como inmuebles por accesión amortizables en un 2% anual en los términos del art. 83 de la ley del gravamen que alude a las “amortizaciones de edificios y demás construcciones sobre inmuebles” (conf. planilla integrante del acto determinativo que consta a fs. 25); y (ii) contemplados en forma conjunta revelan la existencia de una edificación con un destino común o bien la presencia de una misma unidad de explotación.
En nada modifica lo expuesto el hecho de que el art. 96, segundo párrafo, del decreto reglamentario vigente en el período fiscal aquí involucrado, refiera a la construcción de un “edificio” puesto que una acepción literal y acotada del vocablo conduciría a descartar la referida opción para aquellos casos en que los contribuyentes pretendan construir sobre terrenos rurales a fin de optimizar la producción y la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias. Así pues, la procedencia del criterio fiscal equivaldría a validar un distingo arbitrario entre distintas actividades productivas, favoreciendo la inversión que alienta el instituto de venta y reemplazo en unas y no en otras.
En esa misma línea y contrariamente a lo alegado por la demandada, es dable mencionar que cuando el decreto reglamentario pretendió limitar el alcance del término “edificio” se refirió a “la edificación y venta de inmuebles bajo el régimen de la ley 13.512” (conf. art. 90). Por su parte, la RAE define como “edificio” a toda construcción estable hecha con materiales resistentes para ser habitada o para otros usos. Ello así y teniendo en cuenta que en el sub examine el proyecto ganadero presentado por la actora comporta una reforma edilicia integral destinada a transformar el destino del inmueble rural afectado, resulta razonable aplicar el plazo extendido acordado por el art. 96 del decreto reglamentario de la ley del Impuesto a las Ganancias. Máxime cuando la demandada atribuyó el carácter de construcciones sobre inmuebles a las instalaciones efectuadas en el 2008 que forman parte del proyecto ganadero y -en los hechos- comportan la ejecución parcial de aquél. En lo que refiere a la segunda cuestión controvertida, cabe recordar que el Fisco Nacional admitió la existencia de una reinversión de $446.798 en concepto de “movimiento de suelo” y validó su calificación como bien de reemplazo amortizable dado que fue efectuada en el término de un año (fs. 25). En consecuencia y atento a que la aludida reinversión comporta asimismo una actividad preparatoria y necesaria para la construcción ínsita en el “Proyecto de Desmonte” llevado adelante por la sociedad actora (conf. pericial técnica de fs. 77/81 y documental obrante a fs. 233/258 de las actuaciones administrativas), es plausible identificarla con la iniciación de las obras relativas a la “construcción” aquí involucrada, tal como lo exige el tercer párrafo del art. 96 de la ley del Impuesto a las Ganancias.
En efecto, según lo expuesto por el Fisco Nacional, el movimiento de suelo responde al plan de desmonte autorizado por el organismo correspondiente de la provincia de Santiago del Estero “que implican mejoras al campo para ponerlo en condiciones de realizar la actividad ganadera que pretende la contribuyente” (conf. acto determinativo, fs. 20);
En este punto, se observa que en ocasión de responder la consulta vinculante 12/15 (SDG TLI), la Dirección de Asesoría Técnica de la AFIP-DGI sostuvo que: (i) “destacada doctrina menciona como parámetros razonables, a ser tomados como guía por parte de los contribuyentes, a los previstos por el `...anterior reglamento aplicable al caso de venta y reemplazo de bienes inmuebles en el impuesto a los beneficios eventuales -la citada resolución general 2.278- disponía en su art. 7°: Se entenderá que existe iniciación de las obras cuando, una vez aprobado los planos respectivos, se acredite -mediante elementos de juicio que resulten fehacientes para cada caso-, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) adquisición de los materiales básicos para la iniciación de la obra CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV a construir; b) contratos celebrados con las empresas contratistas; c) efectivización de las tareas de construcción iniciales sobre el terreno (nivelación, excavación, etc)` (La venta y reemplazo de inmuebles en la ley de impuesto a las ganancias, Guillermo Michel, La Ley Online)”; y (ii) “las demoliciones necesarias, así como ciertos movimientos de tierra, bases, armado de instalaciones centrales, rampas y pozos de cocheras comunes a los bloques A, B y C se han realizado con una anticipación mayor al año al momento de la venta” (el destacado es propio) (conf. art. 7º de la resolución general 2278/1980, derogada por el art. 8º de la resolución 2140/2006 a partir del 1º/12/06).
Resta añadir que en el año 2008 y dentro del plazo anual exigido por la normativa aplicable, no solo se verificó la actividad relativa al “movimiento de suelo” sino que la actora también acreditó haber efectuado la construcción parcial de las instalaciones que forman parte del proyecto integral supra descripto y a las que el Fisco confirió el tratamiento previsto en la ley del gravamen para “los edificios y demás construcciones inmuebles” (conf. art. 83); circunstancian que, en virtud de las particularidades propias del presente caso, coadyuvan a tener por verificada la iniciación de obras a la que alude el tercer párrafo del art. 96 del decreto USO OFICIAL reglamentario.
Por lo demás, no resulta atendible la alegada falta de conclusión de la obra total proyectada en el plazo legal de cuatro años puesto que, en todo caso, dicho extremo encuentra solución en la normativa aplicable y no legitima el ajuste practicado en el ejercicio 2008, tal como lo indicó el pronunciamiento apelado. Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, se advierte que el memorial del Fisco Nacional luce insuficiente frente a cada uno de los elementos analizados por el a quo para dejar sin efecto la pretensión fiscal y no permite tildar de irrazonable la evaluación de la prueba que llevó adelante el Tribunal Fiscal.
Al respecto, cabe agregar que la demandada se agravió por la falta de valoración de la impugnación que formulara a fs. 86/88 respecto a la pericia obrante a fs. 77/81 y a la documentación de fs. 90/128 fundada en la falta de competencia técnica de los profesionales intervinientes para analizar constancias contables y facturas respaldatorias de los trabajos ejecutados en el inmueble. Sin embargo -y en lo que aquí interesa-, lo cierto es que las planillas acompañadas por los expertos: (i) incorporaron el ítem “movimiento se suelo” atribuible al ejercicio 2008 y lo cuantificaron en idénticos términos al concepto receptado y ajustado por la inspección y plasmado en el acto determinativo ($551.848 - $76.000 - $29.050 = $446.798) (conf. fs. 11, 25 y 92); y (ii) relevaron y cuantificaron los ítems relativos a la construcción de instalaciones que fueron admitidos y computados por el Fisco Nacional en la determinación de oficio como reinversión en “bienes de uso de reemplazo” (salvo en “movimiento de suelo” en el que la AFIP excluyó las facturas posteriores al 15/11/08) (fs. 25 y 90/92). Ahora bien, a diferencia de la demandada, los peritos atribuyeron los mentados bienes e importes al proyecto integral de construcción e edificación (esto es, en términos porcentuales de avance de obra) que, a criterio del a quo y de este Tribunal, reúne las condiciones necesarias para habilitar la extensión del plazo de cumplimiento denegada por la AFIP.
Sobre tal base, corresponde rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar el pronunciamiento apelado, sin costas dada la falta de actividad útil de la contraria. ASÍ SE RESUELVE.
6. Que, en atención a lo decidido por el Tribunal Fiscal respecto a los honorarios fijados a favor de la Dra. Luisa Elvira del Valle Argañaras por las tareas desarrolladas ante el a quo, que fueron apelados por altos a fs. 626, corresponde devolver las actuaciones a fin de que se practique una nueva regulación toda vez que el punto 3º del pronunciamiento obrante a fs. 610/618: (i) aplicó la ley 27.423 a la segunda etapa del proceso que finalizó el 10/09/13 (fs. 588); y (ii) refirió a la actividad desarrollada en la tercera etapa procesal cumplida a pesar de que la parte actora no hizo uso de su derecho a alegar (fs. 606). ASÍ TAMBIÉN SE DECIDE.
Regístrese, notifíquese, ofíciese al Representante del Fisco mediante Deox para que se expida sobre la liquidación de la tasa de justicia incorporada el 10/03/23 y el pago acreditado el 5/05/23 por ese mismo concepto; y oportunamente devuélvase al organismo de origen a los fines dispuestos en el considerando 6º supra.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia