Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 187304
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Declarar desierto el recurso interpuesto el 02/03/2026, con costas al apelante;
II. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 51, ley 14.967); III)
Expte. n.° 187.304 Juzgado Civil y Comercial n.° 10
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados " PALUMBO, ENZO VICENTE FERNANDO C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL " [c. 187.304] , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Rodrigo H. Cataldo y Alfredo E. Méndez.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Se encuentra desierto el recurso de apelación interpuesto por el actor el 02/03/2026?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Rodrigo H. Cataldo dijo:
I. En la sentencia de fecha 18/02/2026 la jueza de grado resolvió, por un lado, desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva aducida por Dietrich S.A., y por el otro, rechazar la acción intentada por Enzo Vicente Fernando Palumbo contra Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y -la ya aludida- Dietrich S.A. (en adelante "VW" y "Dietrich", respectivamente), con costas.
Para así decidir, ante todo tuvo presente que los incumplimientos alegados por el Sr. Palumbo refirieron a lo siguiente: (i) que las demandadas le impusieron un cambio de modelo del vehículo que originalmente el actor quiso adquirir; (ii) que el demandante no tuvo libertad de elegir la compañía de seguros por la cobertura de responsabilidad civil respecto del rodado adquirido; y, por último, (iii) que al comprador no se le hizo entrega de los cupones de pago para poder abonar en tiempo y forma las cuotas correspondientes al contrato celebrado.
En ese marco, no sin antes aclarar que en la especie se verifica una relación de consumo entre el pretensor y las emplazadas, la magistrada consideró, respecto del primero de los incumplimientos referidos, que la prueba producida en autos impedía considerar acreditado que haya existido una imposición, por parte de VW y Dietrich, respecto del vehículo adquirido por el Sr. Palumbo.
En torno al segundo incumplimiento, referido a la libertad de elegir la compañía de seguros, la decisora entendió que en la especie no se verificó una situación jurídica abusiva, en tanto la cláusula en cuestión habilitó a que el consumidor elija entre ocho posibles compañías, sumado a que el actor reconoció que en sede administrativa (ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor de este municipio) se le ofreció el cambio de compañía de seguros. A ello, añadió que " no se advierte que en el caso concreto la cláusula hubiere significado un perjuicio para el actor. El accionante manifiesta que el seguro era excesivamente oneroso por un seguro muy poco conveniente según valores de mercado y cobertura contratada. El accionante no ha acompañado ni ofrecido prueba alguna que de cuenta de esto. No hay comparación con otras compañías de la cual pueda inferirse la alegada onerosidad " ( sic ).
En tercer lugar, también consideró infundado el planteo del actor sostenido sobre un supuesto incumplimiento de las emplazadas por no haberse entregado los cupones de pago. Sobre el punto, la colega tuvo en cuenta que -de acuerdo con la prueba pericial contable- el consumidor contaba con otras vías para cancelar las cuotas, a lo que añadió que el interesado no consignó las sumas adeudadas.
Con arreglo a lo anterior, la colega decidió rechazar la acción intentada por el Sr. Palumbo contra VW y Dietrich, con costas al demandante en su calidad de vencido.
II. Contra dicho pronunciamiento el día 02/03/2026 se alzó mediante recurso de apelación el actor, quien presentó sus agravios en esa presentación. Las quejas fueron contestadas únicamente por la co-demandada VW en su escrito del día 31/03/2026, a cuyos términos me remito brevitatis causae . Tengo presente, asimismo, que con fecha 18/08/2026 el fiscal interviniente ante esta instancia abordó la vista oportunamente conferida por este tribunal en los términos del art. 52 de la ley 24.240.
Por las razones que a continuación diré, considero que los particulares argumentos expuestos por el recurrente en su expresión de agravios no logran superar el umbral dispuesto por el art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante, "CPCC"). Consecuentemente, propondré declarar la deserción del recurso.
Al respecto, tengo presente que el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que incumbe a los apelantes de motivar y fundar su queja como acto posterior a la concesión del recurso, señalando y demostrando, punto por punto, los errores en que se ha incurrido, o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera contrario a derecho (Gozaíni, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado , La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, p. 101/102; Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado , Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, t. I, p. 426).
En efecto, "criticar" es muy distinto a "disentir". La crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores fácticos y jurídicos que esta pudiere contener. En cambio, disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia. En tal sentido, es indudable que se tornará ineficaz cualquier pretensión bajo la apariencia de una expresión de agravios que se limite a manifestar una simple disconformidad con lo resuelto por el sentenciante de grado, sin siquiera evidenciar cuáles son los errores que contiene el fallo, o por qué se ha resuelto en forma contraria a derecho.
Bajo esas condiciones, advierto que las afirmaciones del quejoso se observan como una simple manifestación de disconformidad con lo resuelto por la juzgadora, sin indicarse los errores, omisiones o demás deficiencias que se atribuyen a la decisión (art. 260, CPCC).
En efecto, el quejoso sustentó su recurso sobre la base de cuatro cuestionamientos: (i) falta de aplicación de las cargas probatorias dinámicas; (ii) errónea valoración del deber de información; (iii) inadecuada valoración de la conducta del consumidor; y (iv) la imposición de costas.
En cuanto a lo primero, basta con decir que el recurrente no explica concretamente en qué consistió el error en el que supuestamente incurrió la jueza de grado. En su apoyo, afirmó que las emplazadas eran quienes " contaban con todos los datos sobre primas y pólizas contratadas " ( sic ), al punto de que no explicó en qué medida ello incidiría en la resolución del caso, ni tampoco indicó puntualmente respecto de cuál aspecto de la sentencia se quejó.
Por lo demás, cuadra hacer notar que el apelante supone que en los procesos de consumo rigen de forma automática las llamadas cargas probatorias dinámicas, cuando en realidad el art. 53, tercer párrafo, de la ley 24.240 prescribe un deber de colaboración a cargo del proveedor, cuyo incumplimiento -eventualmente- puede dar lugar a una presunción de veracidad de los hechos alegados por la contraria (Sáenz, Luis R. J. - Silva, Rodrigo, en Picasso, Sebastián - Vázquez Ferreyra, Roberto (dirs.), Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y anotada , La Ley, Buenos Aires, 2013, t. I, p. 670).
En segundo término, en torno al cuestionamiento referido al deber de información, el Sr. Palumbo solamente alegó, de manera genérica y dogmática, que no se acreditó el cumplimiento, por parte de las emplazadas, del referido deber informativo. Tras ello, el recurrente se limitó a transcribir dos fragmentos, sin precisar en qué medida la decisión impugnada no se ajusta a derecho o fue errónea.
En cuanto a la supuesta falta de valoración de la conducta del consumidor, el apelante sostuvo que él realizó una denuncia en sede administrativa, que inició el trámite de la mediación prejudicial y, seguidamente, dio curso al presente proceso judicial. " Conforme lo expuesto [afirmó el Sr. Palumbo] , se encuentra demostrada la predisposición del actor a fin de regularizar el pago y dar fin al litigio " ( sic ). Está claro que, de ello, no puede extraerse en modo alguno una crítica contra los particulares argumentos expuestos en la sentencia apelada, en tanto el interesado reparó en una circunstancia que no constituyó -ni constituye- uno de los hechos o extremos condicionantes de su pretensión. Es evidente que el progreso de la acción intentada no estaba supeditado a un cierto grado de predisposición por parte del pretensor, sino -ante todo- a la acreditación de los incumplimientos alegados. Estas líneas de la expresión de agravios, por ende, son a todas luces inconducentes para rebatir la línea argumentativa que justificó el temperamento cuestionado.
Finalmente, en lo que respecta a la imposición de las costas, advierto que, mientras en la decisión apelada se consignó que se impusieron al actor por su calidad de vencido -en virtud de lo prescripto por el art. 68 del CPCC que establece el principio objetivo de la derrota, plenamente aplicable a los procesos de consumo referidos a derechos individuales-, el recurrente se limitó a discrepar con ese aspecto de la decisión, sin dar razones que controviertan el razonamiento de la instancia anterior.
Por lo demás, es pertinente aclarar -tal como refirió la jueza a quo - que la condena en costas es distinta del beneficio contemplado en el art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor. Si el consumidor perdió el juicio, pero goza de esta última franquicia, debe igualmente ser condenado en costas -salvo que se den las circunstancias excepcionales que permiten apartarse de esa regla general, las que no han sido debidamente referidas por el quejoso; arts. 70 y ss., CPCC-, aunque no podrá ser obligado a satisfacerlas hasta que su solvencia no sea acreditada por la vía del incidente correspondiente (CSJN, 05/03/2026, "Tapia Araya", Fallos : 349:148; CNCiv., Sala A, 31/10/2025, "Rafel", expte. n.° 82.284/2017; esta cámara, Sala II, 29/10/2025, "Borrajo", n.° 182.893; idem , Sala II, 21/09/2021, "Cartucci", n.° 172.519; idem , Sala III, "Villaverde", 20/04/2026, expte. n.º 185.616).
Con base en todas estas razones, mociono declarar la deserción del recurso intentado, por no superar el umbral dispuesto por el art. 260 del CPCC (arts. 260 y 261, código citado).
III. En atención al resultado de los agravios del apelante, con arreglo al art. 68 del CPCC, juzgo que las costas de alzada deberían imponerse a él en su condición de vencido.
Por las razones expuestas, ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Rodrigo H. Cataldo dijo:
Corresponde declarar desierto el recurso interpuesto por el actor el 02/03/2026, con costas al apelante.
Por las razones expuestas, ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos .
Con lo que finalizó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) declarar desierto el recurso interpuesto el 02/03/2026, con costas al apelante; II) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 51, ley 14.967); III) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
En la ciudad de Mar del Plata se procede a la firma digital del presente conforme Ac. N° 3975/20 de la S.C.B.A.-
Firmas
Funcionario firmante: MENDEZ Alfredo Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: CATALDO Rodrigo Hernán - JUEZ
Funcionario firmante: ANTONINI Pablo Daniel - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 453-2026
Fin de la sentencia