Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-102310994-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución 918/19 (AD SALO), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 16546-185-2014/4, en cuanto condena a la firma PETROBRAS ARGENTINA S.A. (Actualmente PAMPA ENERGÍA S.A.) por la comisión de la infracción prevista en el art. 954.1 inc. a) del CA y formula cargo en concepto de perjuicio fiscal.
2Imponer las costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-19133015-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 21 de Febrero de 2025 Reunidos los Vocales de la Sala “F” Dres. Juan Manuel Soria (Subrogante), Pablo Adrián Garbarino y Christian Marcelo González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “PAMPA ENERGÍA S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”, EX-2019-102310994- -APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: La firma PAMPA ENERGÍA S.A. interpone recurso de apelación contra la resolución 918/19 (AD SALO), dictada en el marco de las actuaciones SIGEA 16546-185-2014/4, mediante la cual se la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art. 954.1 inc. a) del Código Aduanero (CA). Explica que la cuestión en debate radica en determinar si ha clasificado correctamente la mercadería exportada –nafta-, atendiendo a su uso y destino o si, por el contrario, corresponde atender exclusivamente a su composición química. Relata los antecedentes del caso: señala que documentó la exportación de nafta con destino a Paraguay clasificando la mercadería en la posición arancelaria (PA) 2710.12.49 “Naftas.
Las demás”; indica que la mercadería debió ser sometida al control físico y documental atento le fue asignado el canal rojo de selectividad; que luego fue liberada conforme, sin que existan constancias de extracción de muestra alguna. Indica que las operaciones se realizaron al amparo del régimen de precios revisables establecido mediante la resolución 2780/92 ex ANA por determinarse el precio en una fecha posterior al embarque. Refiere que años antes había comenzado una controversia en la Aduana en torno a la correcta clasificación de otras exportaciones de naftas, en base a resultados de análisis solicitados al INTI y que, en esta ocasión, el servicio aduanero consideró que la mercadería de autos resultaba ser idéntica a aquella y debía por tanto seguir la misma clasificación (2710.12.41.
“Naftas. Para petroquímica”), pese a que no se extrajeron muestras representativas para proceder a su análisis. Manifiesta que conforme surge del propio nomenclador es el uso el que manda para clasificar cada clase de nafta, razón por la cual no es posible definir a una nafta como para petroquímica solo por alguna de sus especificaciones. Agrega que surge expresamente del contrato suscripto con el importador que la nafta no iba a ser utilizada en la industria para petroquímica, porque en Paraguay no hay industria petroquímica y porque en el contrato no se les exigió topes máximos de compuestos indeseables (oxigenados en general y MTBE en particular, olefinas, metales pesados como el mercurio, arsénico y otros contaminantes) lo que implica que esas naftas no podrían nunca tener un destino para petroquímica.
Sostiene que se ha demostrado que la mercadería exportada es una nafta destinada al blending para la formulación de gasolinas, con incorporación de cortes de alto valor octánico y bioetanol, lo que además fue ratificado por la Secretaría de Energía. Se expresa luego sobre las cuestiones procedimentales, indicando en primer lugar que el funcionario actuante liberó la carga sin ningún cuestionamiento y, sin extraer muestras representativas de la mercadería involucrada. Cita el art. 343 del CA y la resolución general 1582/03, la que detalla el proceder que deben seguir los funcionarios aduaneros, y recuerda que la propia División Clasificación Arancelaria ha manifestado que no le resultaba posible emitir una opinión técnica sin tener a disposición el producto sobre el cual está debía ser emitida.
Realiza consideraciones preliminares en relación a las naftas, explicando en qué consisten, detallando sus usos y composiciones. Reitera que la Secretaría de Energía, en su carácter de autoridad de aplicación, ha validado la posición arancelaria en la que fue clasificada la mercadería al entregar las especificaciones técnicas detalladas en los contratos presentados, y que de toda la prueba rendida no surgen dudas de que las naftas deben ser clasificadas según su uso. Menciona que todas las naftas deben tener una destilación de proporción superior o igual a 90% en volumen a 210° C, por lo que las conclusiones a las que arribó el área técnica en el dictamen 4/14 son erróneas y no conmueven la clasificación propuesta.
Explica detalladamente que el informe técnico que sustenta la condena no posee rigor científico y no debe ser aceptado como fundamento válido. Realiza un análisis de la prueba rendida en las actuaciones administrativas, señalando que el primer informe de clasificación arancelaria indicó que no se reunían las condiciones para poder emitir un dictamen técnico; luego la División Minería y Combustible concluyó que la nota base de la denuncia omitió considerar que el uso de este tipo de naftas para la industria petroquímica es solo uno de los posibles usos, pero dado que el análisis químico no lo define, resulta necesario obtener el dato referido al efectivo uso que el destinatario final le dio al producto.
Cita y refiere a los informes emitidos por la Secretaría de Energía, el ITBA y las consultas efectuadas a los compradores de la mercadería y al Ministerio de Industria y Comercio de la República de Paraguay. Remite a la prueba producida en la causa 34.490-A de este tribunal. Explica cómo funciona el sistema de designación y codificación de mercaderías, para justificar su clasificación arancelaria de la mercadería objeto de la controversia. Reitera que la Secretaría de Energía otorgó la autorización de las exportaciones en trato, validando la posición arancelaria declarada, por lo que se verifica una incongruencia entre los actos del gobierno cuando por un lado autoriza la venta de la mercadería indicada, y por el otro, cuestiona la clasificación arancelaria a través de la Aduana con un evidente fin recaudatorio.
Sostiene que el reclamo tributario resulta infundado, con fundamento en la doctrina de la Corte en el caso “Camaronera Patagónica”, ya que los derechos de exportación exigidos han sido establecidos por una resolución ministerial - 394/07-, que no se encontraba ratificada por una ley del congreso. Posteriormente, se adentra en el análisis de la cuestión infraccional, manifestando que aun para el caso de que no se comparta el criterio clasificatorio sostenido, el reproche resulta absurdo toda vez que se trataría de un yerro técnico carente de culpa, por lo que no existe inexactitud entre lo declarado y lo verificado. Sostiene que declaró todos los elementos necesarios para permitir al servicio aduanero el control de la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería que se trate.
Agrega que, si se considerara configurada la declaración inexacta, ella no ha ocasionado la consecuencia tutelada por el inc. a) del art. 954.1, ya que los derechos de exportación exigidos resultan inconstitucionales. Por último, realiza una síntesis de la defensa, manifiesta que el reclamo tributario formulado en dólares y los intereses que eventualmente se exigirían resultan inconstitucionales, hace reserva de caso federal, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (IF- 2020-26511313-APN-DTD#JGM). Relata los antecedentes del caso y realiza la negativa de rigor. Efectúa en primer lugar un repaso sobre las características de la mercadería en trato, para concluir que en el caso los exámenes de laboratorio han arrojado un R.O.N. por debajo de los requerimientos para combustibles, siendo que el uso de las naftas dependerá justamente del R.O.N. y la curva de destilación. Agrega que, según el octanaje detectado en los informes del INTI, la nafta “physical” no constituye por sí sola una motonafta del ciclo Otto, sino que para ello resulta necesario subir su nivel de octanos (R.O.N.) a través de agregados que no fueron detectados en los exámenes de laboratorio, mientras que lo que si se detectó fue un alto contenido de parafinas, extremo que condiciona su uso como materia prima para la industria petroquímica.
Explica el concepto de “nafta para petroquímica” y refiere que necesariamente el uso de una nafta viene dado por sus características, siendo esto último lo que permite clasificar a la nafta en una u otra PA. Refiere que la posición arancelaria declarada por la actora es incorrecta ya que, efectivamente, se trata de nafta para petroquímica, clasificación a la que se arribó por aplicación de la regla general para la interpretación del Sistema Armonizado (“SA”) 3 a), que tiene además sustento en el dictamen técnico 60/19. Sostiene que, de ningún modo, el término petroquímico se circunscribe sólo al uso del producto exportado en una planta de crackeo. Respecto de las manifestaciones de la actora sobre los actos de la Secretaría de Energía, explica que está no toma muestras del producto que se pretende exportar, ni clasifica la mercadería de ninguna forma, sino que emite autorizaciones de acuerdo con los datos aportados por el propio interesado, por lo que no existe ninguna incongruencia sobre la unicidad del estado nacional.
Posteriormente, se adentra en el análisis de la comisión de la infracción tipificada en el art. 954, explicando que en el caso se verifican los dos elementos constitutivos del tipo necesarios para la configuración de la infracción, esto es, una declaración que difiera con el resultado de la comprobación y un perjuicio fiscal. Asimismo, agrega que de la compulsa de las constancias de la causa surgen acreditados los elementos subjetivos del tipo imputado. Indica que siendo la propia actora quien reconoce la controversia clasificatoria existente en la materia debió haber recurrido a la declaración con intervención del servicio aduanero, tal como lo prevé el art. 332 del CA, actuar que un buen hombre de negocios hubiera realizado.
Rechaza la pretendida aplicación de la doctrina emergente del fallo “Camaronera Patagónica” y sostiene que este Tribunal tiene prohibido considerar inconstitucionalidades. Sobre el reclamo de intereses, cita lo establecido por los arts. 794, 795 y 796 del CA y jurisprudencia que hace a su derecho. Hace reserva de caso federal, ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: El 09.11.22 se abre la causa a prueba. El 08.06.23 se agrega respuesta al oficio de parte de la AFIP. El 17.08.23 y el 18.10.23 se agregan respuestas a los oficios de parte de la DGA. Mediante PV-2024-130679001-APN-VOCXVIII#TFN se certifica la prueba producida. A continuación se declara el cierre del período probatorio, se elevan los autos a la Sala F y se ponen para alegar. Mediante IF-2025- 15407055-APN-VOCXVIII#TFN pasan a sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: Las actuaciones administrativas SIGEA 16546-185- 2014/4 se inician con el acta de denuncia por cambio de PA, respecto del PE 090057EC08000069W (09057ES02000070B). A fs. 2/6 luce el informe técnico 296/14 (DV MICO), que concluye que se ha declarado una PA distinta a la que correspondía a la mercadería exportada, beneficiándose el exportador con un tratamiento fiscal distinto y, por tanto, provocando un perjuicio fiscal. A fs. 7 obran los cálculos del perjuicio fiscal. A fs. 8/9 la Secretaría de Energía informa los precios de acuerdo a lo establecido por la resolución 394/07 y 127/08. A fs. 11 luce el resultado de la liquidación. A fs. 16/17 se agrega una respuesta al oficio de parte del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, emitida en el marco del sumario aduanero SC 57-31/2009.
A fs. 20 obra la nota 2688 de la Secretaría de Energía, en donde se indica que las destinaciones 08057ES02000096X, 08057ES02000101S, 08057ES02000106A y 08057ES02000108C corresponden al producto NAFTA, con alto contenido en parafinas (84 al 89%) y octano RON entre 62.5 y 76, entendiendo que se trata de refinado parafínico, que es un subproducto de la extracción de aromáticos de la nafta reformada. Se agrega que dicho subproducto no puede utilizarse en las formulaciones de gasolinas comerciales para el mercado argentino por su bajo valor octánico, por lo que se destina a otros mercados como materia prima para petroquímica y para elaborar solventes. A fs. 22 luce la nota 380/13 (DV CLAR), emitida bajo el asunto “Expediente SC 57-31/2009 (12517-420-2009)”, en donde se indica que el encuadre clasificatorio exige distinguir entre las naftas para petroquímicas y las gasolinas.
A fs. 24/27 obra el dictamen técnico 4/14, que se emite en marco de las actuaciones 12517-420-2009 y concluye que la mercadería se trata de “Nafta liviana, de los tipos utilizados para petroquímica”. A fs. 28/29 obra el permiso de embarque de la destinación de exportación 090057EC08000069W y a fs. 30/75 la documentación complementaria. A fs. 76 obra la nota 178/14 (Sec. V), por la que se determina la multa mínima para la destinación en trato. A fs. 77/80 luce la resolución 715/14, por la que se apertura sumario contencioso y se corre vista de lo actuado, lo que se notifica el 19.11.14 (fs. 87). A fs. 99/125 la actora contesta la vista conferida. A fs. 144 se tiene por contestada la vista y se resuelve no hacer lugar a la prueba ofrecida.
A fs. 149/151 la actora interpone recurso de revocatoria contra el auto de fs. 144, el que se rechaza a fs. 157/158. A fs. 164 obra la nota 68/17 (SIS), que comparte los términos del informe técnico 296/14 (DV MICO). A fs. 166 luce la nota 961/17 (DV CLAR), que indica que respecto de la destinación en trato no consta la extracción de muestras y en consecuencia los resultados de análisis necesarios. A fs. 167 obra la nota 56/19 (SIS). A fs. 170/173 se agrega el dictamen técnico 60/19, que concluye que la mercadería en cuestión se trata de nafta liviana, de los tipos utilizados para petroquímica. A fs. 175/176 la Secretaría de Energía informa los precios de acuerdo a lo establecido por la resolución 394/07 y 127/08.
A fs. 188 la actora solicita se pongan los autos para alegar. Finalmente, a fs. 189/194, obra la resolución 918/19 (AD SALO), apelada en autos y por la que se condena a la firma PETROBRAS ARGENTINA S.A. (actualmente PAMPA ENERGÍA S.A.) por la comisión de la infracción tipificada en el art. 954.1 inc. a) del CA.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada –918/19-, en cuanto condena a la firma PETROBRAS ARGENTINA S.A. (actualmente PAMPA ENERGÍA S.A.) por la comisión de la infracción prevista en el art. 954.1 inc. a) del CA, se ajusta a derecho.
La controversia de autos versa sobre la correcta clasificación de la mercadería exportada mediante el PE 090057EC08000069W (09057ES02000070B), bajo el régimen de precios revisables.
La actora sostiene que la mercadería debe clasificarse en las PA 2710.11.49.990W (Las demás – Naftas - Aceites livianos (ligeros)* y preparaciones). Por su parte, la Aduana entendió que por sus características técnicas debió clasificarse en la PA 2710.11.41.000G (Para petroquímica – Naftas - Aceites livianos (ligeros)* y preparaciones).
V.1. La presente causa tuvo su génesis en el informe técnico 296/14 (fs. 2/6 de las act. adm.). Allí se sostuvo que la discrepancia clasificatoria surge de la lectura de la documentación complementaria y del análisis de la destinación del asunto. Dicho informe refiere que en el contrato de compraventa se fijó el precio de la mercadería como nafta física o virgen, lo que a su criterio se denomina “nafta petroquímica” en los términos del Sistema Armonizado.
Luego agrega que “al no poderse determinar en el control documental la diferencia entre estas naftas y la documentada bajo la PA 2710.11.49.990W, se realiza la extracción de muestras correspondientes para su posterior remisión al Instituto Nacional de Tecnología Industrial” y continúa indicando que el INTI informó que “las muestras analizadas poseen un numero de octanos inferior al de la nafta común y nafta súper por lo que no sería apropiado para el uso de motores nafteros –ciclo Otto-, observándose que los valores de la curva de destilación de la muestra cumplen con lo normado por el Decreto 1129/2001 para naftas vírgenes”. En base a esto, el informe explica que de la lectura de los protocolos producidos y del dictamen de la División Clasificación Arancelaria se concluye que “las mercaderías que dieron origen a las presentes denuncias, se tratan –en los términos de la Nomenclatura- de aceites livianos (Ligeros)* que destilan, incluidas en las perdidas, una proporción superior o igual al 90% en volumen a 210°, según método ASTM D 86” (fs. 3 de las act. adm.). Como fundamento adicional para sostener la postura de la Aduana, se cita: (i) la respuesta de la Secretaría de Energía mediante su nota 2688/13, caratulada por expediente 1-256368-2018, donde se habría tenido a la vista los análisis de laboratorio y la documentación relevante, para concluir que “En función de las composiciones y octanos reportados, con alto contenido de parafinas y octano de RON entre 62.5 y 76, entendemos que se trata de refinado parafínico que es un subproducto de la extracción de aromáticos de la nafta reformada. Dicho subproducto, que no puede utilizarse en las formulaciones de gasolina comerciales para el mercado en Argentina por su bajo valor octánico, se destina a otros mercados como materia prima petroquímica y para elaborar solventes”; y (ii) la opinión del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), que refiere que “los cortes que no se usen para elaborar las gasolinas aptas para motores –ciclo Otto- pueden destinarse a otros usos, como el petroquímico, la elaboración de solventes, o para ser reprocesados en la misma u otra refinería.” (fs. 4 de las act. adm.).
Realizado el detalle de los fundamentos señalados supra, el informe concluye que es indudable que se ha declarado una mercadería distinta a la que correspondía; ello es así en razón del análisis de las muestras que fueron tomadas en el expediente enunciado en el primer párrafo (SIGEA 12517-420-2009).
Con posterioridad, se agregan al expediente dos de las notas citadas por el informe técnico, y enumeradas supra en este punto como (i) y (ii). Cabe aclarar aquí que ambas notas han sido producidas en el marco del expediente SIGEA 12517-420-2009 y sumario contencioso SC57-31/2009, actuaciones administrativas distintas a las que corresponden a este litigio. En primer lugar (fs. 16/17), luce respuesta al oficio del IAPG, quien indica, además de lo transcripto por el informe técnico del servicio aduanero que puede leerse supra, que “no es correcto afirmar que el hecho de que la nafta o gasolina no sea apropiada para motores –ciclo Otto- implique que tenga que ser utilizada para la industria petroquímica. Este es uno de los usos posibles, pero no el único. Asimismo, no es correcto afirmar que el hecho de que la nafta o gasolina no sea apta para motores –ciclo Otto- implique que tenga que ser nafta virgen”. En segundo lugar (fs. 20), se agrega la nota 2688/13 de la Secretaría de Energía de la que surge la conclusión transcripta por el informe técnico que puede leerse supra en (i). Lo que el informe técnico omitió mencionar, es que tal conclusión se corresponde a los análisis de laboratorio practicados sobre las muestras extraídas de las destinaciones 08057ES02000096X, 08057ES02000101S, 08057ES02000106A y 08057ES02000108C, destacándose que ninguna de ellas es objeto de la presente controversia.
A continuación (fs. 24/27) obra el dictamen técnico 4/14, emitido también en marco de las actuaciones SIGEA 12517-420-2009, que versa sobre las destinaciones mencionadas en el párrafo anterior, y se reitera son distintas a las de autos, concluyendo que la mercadería en cuestión se trata de “Nafta liviana, de los tipos utilizados para petroquímica”.
No obstante, a fs. 77/80 se resuelve correr vista a la firma exportadora imputándole la comisión de la infracción prevista en el art. 954.1 inc. a) del CA. Dicha resolución expresamente indica que “el área fiscalizadora inicia la actuación tomando en consideración los antecedentes habidos en el SIGEA 12517-420-2009 (Sumario Contencioso SC57-31/2009), registrados en esa dependencia, por lo que se procedió a realizar un estudio exhaustivo de la documentación de la destinación del asunto…Que teniendo en cuenta los resultados del abanico de destinaciones que fueron enviadas, el INTI informa que “Las muestras analizadas poseen un número de octanos inferior al de la nafta común y de la nafta súper por lo que no sería apropiado para el uso de motores nafteros ciclo Otto”. Asimismo, se agrega que oportunamente la Aduana San Lorenzo elevó los casos en consulta a la División Clasificación Arancelaria, quien se expidió indicando que “En el aspecto clasificatorio, las mercaderías en trato, por tratarse de naftas livianas de los tipos utilizados para petroquímica, se encuentran comprendidas en la partida 27.10 y dentro de ella, la subpartida regional 2710.11.4. NAFTAS, resultando clasificables en la P.A. 2710.11.41 “Para petroquímica””. Se reitera aquí que ni el sumario SC57-31/2009, ni los antecedentes de la División Aduana San Lorenzo, ni los supuestos análisis practicados por el INTI, ni lo informado por la División Clasificación Arancelaria lucen agregados al expediente administrativo. Luego de contestada la vista, a fs. 166 la División Clasificación Arancelaria sugiere remitir los actuados en devolución al Departamento Aduana San Lorenzo, toda vez que no están dadas las condiciones para emitir el correspondiente dictamen técnico debido a que, respecto de la destinación de autos, “no consta la extracción de muestras y en consecuencia los resultados de análisis necesarios para concluir con la clasificación arancelaria de las mercaderías allí documentadas…Finalmente, para que esta área pueda emitir el Dictamen Técnico solicitado se debería contar con los análisis de la mercadería documentada”.
Pese a ello, a fs. 167 la Sección Inspección Simultanea indica que corresponde continuar con el criterio objeto de la denuncia, y luego, a fs. 170/173, se emite sobre las presentes actuaciones el dictamen técnico 60/19. El propio dictamen vuelve a señalar en el punto 1) de sus considerandos, como paso previo al análisis, que “no se cuenta con análisis de laboratorio sobre muestras de la mercadería exportada”, para luego reiterar las inconsistencias ya señaladas respecto al informe técnico 296/14 (DV MICO). Asimismo, procede a indicar en su punto 6), sin ningún tipo de fundamento, que “las mercaderías que dieron origen a las presentes denuncias se tratan –en los términos de la Nomenclatura- de aceites livianos (ligeros)* que destilan, incluidas las perdidas, una proporción superior o igual al 90% en volumen a 210°C, según el método ASTM D86”. Seguidamente, reproduce un detalle con “los parámetros más relevantes de ese protocolo”, en donde puede verse un cuadro con descripción de una mercadería, sin indicarse a que protocolo se estaría refiriendo y sin explicar de dónde surge la información allí volcada. Se recuerda nuevamente que para la mercadería objeto de autos no se han extraído muestras representativas ni se ha practicado análisis de laboratorio alguno.
Bajo este manto de duda la Aduana dictó la resolución 918/19 (AD SALO), reiterando todas las inconsistencias arrastradas desde el informe técnico 296/14, base de la presente, y condenando a la firma exportadora por la comisión de la infracción prevista en el art. 954.1 inc. a) del CA y reclamando la diferencia de tributos.
V.2. De todo lo hasta aquí expuesto puede detectarse con facilidad que el servicio aduanero basó su condena infraccional en: (i) un informe técnico producido sobre la base de informes y análisis de laboratorio que no obran agregados a las actuaciones administrativas; (ii) actos producidos en un expediente distinto al presente (SIGEA 12517-420-2009), partiendo del análisis de documentación que no obra agregada a esta causa y tomando como válidas conclusiones de la Secretaría de Energía (Nota 2688/13) respecto a análisis de laboratorio practicados sobre muestras de destinaciones de exportación que no son las de esta causa (ver fs. 20 de las act. adm.); (iii) tergiversar la información brindada por el IAPG en su respuesta al oficio de fs. 16/17 de las act. adm., transcribiendo solo la parte que le resultaba útil y omitiendo las aclaraciones realizadas por el Instituto en el párrafo siguiente; y (iv) aun en pleno conocimiento de que no contaba con muestras representativas de la mercadería en cuestión y que no existían análisis de laboratorio de la mercadería exportada (ver fs. 166 y 170 de las act. adm.) avanzó igualmente, emitiendo un dictamen técnico carente de fundamento que reitera los errores ya advertidos y agregando un cuadro con la descripción de mercadería cuyo origen se desconoce. Es decir, resolvió condenar a la exportadora por una destinación en la que no extrajo muestras ni realizó análisis de laboratorio alguno.
Por todo ello, se concluye que la infracción imputada, así como la diferencia tributaria reclamada, no se encuentran debidamente fundadas, ni respetan lo establecido por el art. 895 del CA, que establece que en materia de infracciones no cabe la incriminación por analogía. Menos aún corresponde realizar aplicaciones analógicas extensivas en materia de determinaciones tributarias, considerando al resultado de la composición química de una mercadería aplicable directamente a otras sobre la que no se extrajo muestra alguna ni obran análisis químicos. Por lo expuesto, corresponde revocar la resolución apelada.
V.3. Asimismo, las divergencias incurridas entre el informe técnico 296/14 (DV MICO), el dictamen técnico 4/14, la posición de la División Clasificación Arancelaria de fs. 166 y el dictamen técnico 6019, conducen también a la razonable aplicación del principio jurídico del art. 898 del CA. Esta norma dispone que, en materia infraccional, en caso de duda, deberá estarse a lo que fuere más favorable al imputado, correspondiendo en función de ello revocar la resolución apelada.
VI. Costas: Atento a la aplicación del principio el art. 898 del CA, las costas deben imponerse en el orden causado, en tanto la Aduana pudo tener motivos para actuar como lo hizo.
En conclusión, por los fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden, VOTO POR:
1. Revocar la resolución 918/19 (AD SALO), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 16546-185-2014/4, en cuanto condena a la firma PETROBRAS ARGENTINA S.A. (Actualmente PAMPA ENERGÍA S.A.) por la comisión de la infracción prevista en el art. 954.1 inc. a) del CA y formula cargo en concepto de perjuicio fiscal.
2. Imponer las costas por su orden.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto que antecede, máxime cuando la cuestión de fondo sometida a examen de esta Tribunal resulta sustancialmente análoga a aquellas consideradas por la Sala “E” con fecha 22 de octubre de 2024 in re “PAMPA ENERGÍA S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (EX-2020-71440469-APN- SGASAD#TFN) y “PAMPA ENERGÍA S.A. c/D.G.A. s/ recurso de apelación” (EX-2020-73777546-APN- SGASAD#TFN); siendo que dichas sentencias han quedado firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada, habida cuenta que la propia DGA desistió de los recursos de apelación oportunamente interpuestos en las referidas causas. ASI LO VOTO.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Adhiero a la solución propuesta por el Dr. Soria para dar fin al entuerto.
Por ello en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la resolución 918/19 (AD SALO), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 16546-185-2014/4, en cuanto condena a la firma PETROBRAS ARGENTINA S.A. (Actualmente PAMPA ENERGÍA S.A.) por la comisión de la infracción prevista en el art. 954.1 inc. a) del CA y formula cargo en concepto de perjuicio fiscal.
2. Imponer las costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18a Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.02.21 00:47:05 -03:00 Date: 2025.02.21 12:09:01 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.02.21 12:42:15 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.21 12:42:16 -03:00
Fin de la sentencia