Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-87203609-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° 114/2020 (AD CAMP) dictada en la Actuación N° 13289-8755-2011 y, por ende, el Cargo FE 11/2011 formulado en relación al PE N° 08 008 ES02 000078 E. Con costas a la D.G.A.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2021-62433755-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 13 de Julio de 2021 En Buenos Aires, se reúnen los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura para resolver en los autos caratulados: “PAMPA ENERGÍA S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, expediente EX-2020-87203609- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Que mediante RE-2020-87197968-APN-SGASAD#TFN la firma referida, interpone, por apoderado, recurso de apelación contra la Resolución N° 114/2020 (AD CAMP) dictada por el Administrador de la Aduana de Campana el 11/02/2020 en la Actuación N° 13289-8755-2011 mediante la cual se confirma el Cargo FE 11/2011 por u$s103.090,16 formulado en concepto de diferencia de derechos de exportación en relación al PE N° 08 008 ES02 000078 E. Explica que mediante dicha operación documentó la exportación de nafta, clasificable por la PA 2710.11.49.990 W y que los derechos de exportación fueron liquidados automáticamente por el SIM aplicando la fórmula estipulada en la Resolución ME N° 394/07. Añade que, tiempo después, la aduana consideró que el precio internacional utilizado por el SIM en la fórmula de determinación de la alícuota aplicable resultaba incorrecto en tanto, el precio internacional aplicado, no era el correspondiente al día de oficialización/registro del PE y, en virtud de ello, le formuló el cargo que se confirma mediante la resolución apelada.
Describe el marco legal aplicable y detalla que la Resolución ME N° 394/07 (en la que se fundan los cargos) determinó una fórmula de fijación de alícuota cuando los precios internacionales superen o igualen el valor de referencia allí determinado y, asimismo, estableció que, cuando el precio internacional resulte inferior al valor de referencia, corresponde la aplicación de una alícuota del 45% siempre que, el precio del barril, supere los u$s 45. A tal fin, dispuso que la Aduana debía considerar las cotizaciones diarias de dicho precio, que serían fijadas diariamente por la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización. Menciona que, en la práctica, la Secretaría de Energía, informaba a la Aduana diariamente, al final del día, las cotizaciones internacionales a efectos de que ésta las cargara en el SIM y así pudieran liquidarse correctamente las alícuotas correspondientes de las PA involucradas en la resolución cuestionada de modo que, tales cotizaciones, recién se aplicaban a los PE que se oficializaban al día siguiente.
Se opone al reclamo aduanero alegando que actuó conforme a derecho al documentar el PE involucrado y que los derechos de exportación fueron liquidados y pagados correctamente de acuerdo a la liquidación practicada por el propio SIM y sostiene que es imposible contar con la cotización correspondiente al día del registro ya que la misma se conoce recién al cierre de los mercados de ese mismo día. Asimismo, subraya que la correcta lectura del art. 728 del CA, establece que la alícuota aplicable será la determinada a la fecha de registro del PE más allá de los elementos (cotización internacional) que la componen y la determinan. Entiende que, en virtud del criterio adoptado por el servicio aduanero, todas las destinaciones estarían sujetas a rectificación, lo que vulneraría el principio general de inalterabilidad de la declaración aduanera.
Plantea que, pretender la revisión de la liquidación que el propio SIM genera, vulnera el principio de los actos propios y se opone a lo dispuesto en el art. 793 in fine del C.A. correspondiendo, en consecuencia, la aplicación de la teoría del efecto liberatorio del pago. Cita jurisprudencia. Subsidiariamente, plantea la inconstitucionalidad de la Resolución ME N°394/07 a la luz de la doctrina sentada por la Corte en el caso “Camaronera Patagónica”. Cuestiona, asimismo, las tasas de interés pretendidas por el fisco y solicita su morigeración. Ofrece prueba. Hace reserva del Caso Federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II.-Que mediante IF-2021-23614079-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Sostiene que no ha hecho más que aplicar lo establecido en la Resolución ME N° 394/2007 y los artículos 726, 728 y 792 del C.A. en tanto establecen que el momento imponible es el día del registro de la operación y no el día anterior. En virtud de ello afirma que, si bien la liquidación fue hecha por actora a través del SIM al oficializar la operación sobre la base del último precio internacional informado por la Secretaría de Energía, dicho precio no era el correspondiente al día del registro por lo que, la alícuota aplicada, no fue la correcta. Destaca que el cargo tiene su fundamento en las facultades de revisión de las actuaciones y documentos cancelados conferidas al servicio aduanero en el art. 9, ap. 2, inc. d) del Decreto N° 618/1998 y los artículos 348 y 1018 del CA, las que de ningún modo, conllevan a la afectación de la seguridad jurídica en el efecto liberatorio del pago. Cita jurisprudencia. Destaca que el pago no extingue la obligación aduanera cuando su importe es inferior al debido. Se opone a aplicación de la doctrina sentada en el fallo “Camaronera” alegando que este tribunal no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes a no ser que la Corte hubiese declarado la inconstitucionalidad de las mismas, lo que no ocurrió. Justifica la validez de la Resolución N° 394/07 en lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 25.561 en materia de hidrocarburos y las prórrogas contenidas en las Leyes 26.204; 26.217; 26.732 y 26.217. Destaca que mediante esas leyes se le otorgaron expresamente facultades al PE para establecer las alícuotas de que se trata, las que podían ser delegadas en el Ministerio de Economía. En subsidio, solicita la aplicación, mutatis mutandi, de la doctrina emanada del fallo dictado por este tribunal en la causa “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA c/DGA s/recurso de apelación” Expte. N° EX-2020-15395348- -APN- SGASAD#TFN. Ofrece prueba. Hace reserva del Caso Federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas. III.-Que, mediante PV-2021-29951072-APN-VOCXIX#TFN se declara la causa como de puro derecho.
Mediante PV-2021-35628304-APN-VOCXIX#TFN se elevan los autos a esta Sala G, la que los pasa a sentencia mediante IF-2021-36823878-APN-VOCXIX#TFN IV.- Que la Actuación N° 13289-8755-2011, agregada mediante los IF-2021-23615493-APN-DTD#JGM e IF-2021-23615787-APN-DTD#JGM, se inicia a fs. 1/6 con el recurso de impugnación impetrado por la actora el 18/04/2011 contra el cargo FE N° 11/2011. A fs. 17ref./19ref. se agrega el Informe Técnico N° 43/2011 (SE FVEX). A fs. 20ref./20ref.vta. se agregan copias del anverso y reverso del sobre contenedor del PE N° 08 008 ES02 000078 E. A fs. 22 se agrega el cargo en cuestión notificado el 04/04/2011. A fs. 23/24 obran los prints de pantalla correspondientes a destinación cancelatoria. A fs. 28 se emite la Nota 389/2012 (DV FOLP) ratificatoria del cargo formulado. A fs. 33/34 se emite Dictamen N° 327/2015. A fs. 39/40, el 11/02/2020, se dicta la Resolución N° 114/2020, notificada el 24/11/2020. Mediante IF-2021-23616116-APN-DTD#JGM se agrega el contenido interior del sobre del PE.
V. Que, de la reseña expuesta, resulta que mediante el PE N° 08 008 ES02 000078 E la recurrente documentó, con fecha 01/10/2008, la exportación a consumo bajo el régimen de precios revisables de mercadería clasificable por la PA 2710.11.49.990 W.
Que los derechos de exportación correspondientes a dicha operación fueron liquidados y pagados por la firma de acuerdo a la liquidación practicada por el SIM sobre la base del precio internacional informado por la autoridad competente. No obstante ello, el servicio aduanero formuló el cargo FE N° 11/2011 por u$s103.090,16 en concepto de diferencia de derechos de exportación en tanto consideró que, el precio internacional tenido en cuenta para calcular la alícuota aplicable, no era el correcto en los términos de la Resolución ME N° 394/2007 por no corresponder a la fecha de oficialización del PE en cuestión sino a una fecha anterior.
Que dicho cargo fue impugnado por la recurrente y confirmado mediante la resolución venida en apelación.
Que corresponde decidir si esta última es ajustada a derecho.
VI.-Que, a tal efecto y en forma preliminar, cabe aclarar que, mediante el art. 4 de la Resolución ME N° 394/2007 se fijó una fórmula para calcular la alícuota de derechos de exportación aplicable para los hidrocarburos comprendidos en su Anexo I (entre ellos, el de autos) para el caso en que el Precio Internacional supere o iguale el Valor de Referencia. Asimismo, en el art. 5 de la norma referida, se estableció que, si el Precio Internacional era inferior al Valor de Referencia, correspondía aplicar una alícuota del 45%.
Finalmente y en cuanto es relevante a los fines del presente, se dispuso que, a los efectos de aplicar el valor del Precio Internacional de los productos señalados, la D.G.A. debía considerar las cotizaciones diarias de dicho precio, el que sería fijado diariamente por la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización dependiente de la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (cfme. arts. 7 y 8).
VII. Resta señalar que, de conformidad con lo estipulado en los arts. 726 y 728 del CA, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación y demás tributos que gravaren la exportación para consumo, corresponde aplicar el régimen tributario; la alícuota; la base imponible y el tipo de cambio vigentes a la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo.
VIII. Que en el sub lite no se halla en discusión que, el Precio Internacional que se tuvo en cuenta a efectos del cálculo de los derechos de exportación correspondientes a la operación de marras, no era el vigente al día del registro de la misma como dispone la normativa citada sino, una cotización fijada con anterioridad, desfasaje producido por la dificultad operativa de la carga de los datos informados diariamente por el organismo competente a la Aduana en el SIM a través del cual, el exportador, efectuó su declaración.
Que la recurrente se opone a la pretensión aduanera arguyendo, esencialmente, que los derechos referidos fueron correctamente abonados de acuerdo a la liquidación practicada por el propio SIM por lo que, pretender su revisión, sería contrario a la doctrina de los actos propios y del efecto liberatorio del pago.
IX.-Que, en las condiciones reseñadas, la primera de las cuestiones a abordar en el sub examine se refiere a la prohibición del venire contra factum proprium, aplicable a la Administración en aquellos casos en los cuales pretenda contradecir su conducta.
X. Que, evidentemente, se presenta una antinomia entre distintos principios aplicables que deben ser ponderados en el caso en concreto a fin de lograr una decisión que armonice prudencialmente los distintos intereses involucrados. En ese marco de comprensión, no puede pasar desapercibido que, proteger la posición de un administrado que obtuvo una ventaja a partir del yerro del accionar administrativo, traduciría una desproporción del reparto de las cargas públicas en función de los mandatos establecidos por el legislador. Así las cosas, si bien la entidad de la conducta administrativa puede tener relevancia jurídica, no es menos cierto que no puede hacer sucumbir el principio de juridicidad. No en vano es propia de las prerrogativas exorbitantes administrativas la posibilidad de ir contra sus propios actos y revocar sus actos ilícitos en su propia sede cuando el destinatario del acto conoció su irregularidad. Solamente los actos administrativos dictados en ejercicio de facultades materialmente jurisdiccionales pueden sustraerse de los efectos de una revisión de su legalidad a posteriori. Es que, en efecto, aun los actos administrativos firmes y consentidos son susceptibles de ser revisados, excepto que el legislador expresamente cohíba su revisión a posteriori como en el caso de los ajustes tributarios que resultan precedidos de una determinación de oficio.
XI. Que, desde esta óptica, no encuentro óbice para que el ente administrativo pueda desentenderse de lo actuado previamente si, finalmente, el obligado tributario terminó cumpliendo su obligación en una medida inferior a la que demandaba el régimen jurídico aplicable. Tengo para mí que, por el contrario, existe la necesidad de restablecer sin dilaciones el imperio de la juridicidad. En definitiva, como ya he señalado, no está en discusión que el impuesto se determinó sobre base imponible y una alícuota que no correspondía debido a un sistema informativo que comunica los precios con posterioridad a su declaración.
XII. Que, tal enfoque de la cuestión, no desatiende el derecho que asiste a los administrados a la protección de su confianza legítima, aspecto éste que ha preocupado inicialmente a la doctrina administrativista y que, por cierto, últimamente también ha sido objeto de tratamiento por la doctrina tributaria. La formulación del principio de confianza legítima parte del caso de la “viuda de Berlín” en el que, a la afectada, se le exigía la devolución de las sumas de su pensión percibidas indebidamente pero de buena fe debido a la información oficial equivocada que se le había proporcionado. En el caso que la falta de servicio de la autoridad administrativa hubiera generado una expectativa que resultara frustrada, el camino adecuado sería la iniciación de una acción de responsabilidad del estado por los eventuales daños acaecidos, pero no puede predicarse de esa situación el mantenimiento de una situación absolutamente irregular. En definitiva, no debe olvidarse que, el mantenimiento o protección de un beneficio conseguido al margen de la disposiciones vigentes, implica un quebrantamiento de las reglas de la justicia distributiva y, en particular, de la regla constitucional que impone la igualdad ante las cargas públicas, como también del principio de legalidad, acentuado en el campo tributario por la vigencia del principio de reserva de ley, que impide a la administración la creación de situaciones jurídicas que no fueron previstas por el legislador al tiempo de instituir la gabela, ya que frente a la vigencia irrestricta del principio de reserva a los fines del pago del tributo según la ley, es imposible que esa regla sea pospuesta en función de la confianza que pudo tener el interesado frente al actuar erróneo de los funcionarios cuando fueran contrarios a las previsiones del legislador.
XIII. Que, en esta inteligencia del asunto, se ha expresado que “La doctrina del venire contra factum proprium non valet no puede vincular a la Administración cuando la conducta precedente no se ajusta a la ley imperativa aplicable al caso, ya que la tutela de las expectativas generadas en los administrados no puede primar sobre el principio de legalidad al que se encuentra sometida la actividad del Estado” (del voto de la Jueza Elena Highton de Nolasco in re "Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/EN - PJN y otro s/amparo ley 16.986” - CAF 011174/2020/1/RS00103/11/2020).
XIV. Que, en ese orden de ideas, procede recordar que es regla elemental de hermenéutica jurídica la que aconseja que, frente a distintos criterios de interpretación posibles, se privilegie aquel que permite armonizar la norma en cuestión con el orden jurídico restante y con las previsiones de la Constitución Nacional.
XV. Que, sin perjuicio de lo anterior, es menester tratar la incidencia que tiene la conocida doctrina del efecto liberatorio del pago. Al respecto, es necesario hacer notar que su aplicación en la materia tributaria resulta circunscripta a dos casos específicos: a) Cuando se pretende aplicar un tributo con efecto retroactivo y el contribuyente ya ha cumplido con la prestación tributaria sobre la base de la legislación vigente al tiempo de la efectiva cancelación y b) Cuando la diferencia que se reclama proviene de un error determinativo del ente fiscal o de la rectificación de criterios interpretativos de las normas aplicables. Si bien en este último caso no estamos ante un acto de naturaleza jurisdiccional que pudiere encontrarse amparo por la cosa juzgada material, lo cierto es que, por razones de política legislativa, se pondera que debe privilegiarse, en ese caso específico, la estabilidad del acto administrativo determinativo de la obligación fiscal.
Que las conclusiones referidas surgen de la doctrina establecida por la jurisprudencia de la Corte en los Fallos "Don Pedro Ordoqui. Su sucesión" (Fallos: 151:103); "Don Manuel Manrique y otros contra la Provincia de Buenos Aires, sobre devolución de dinero -Impuesto a la herencia-" (Fallos: 152:268); "Don Ignacio Guillermo Parera contra la Provincia de Buenos Aires, por inconstitucionalidad del impuesto a la herencia" (Fallos: 161:270); "Sociedad Anónima Luis Magnasco y Compañía contra la Provincia de Buenos Aires, sobre devolución de sumas pagadas por contribución territorial" (Fallos: 167:5); "Banco Español del Río de la Plata v. Municipalidad de la Capital s. repetición" (Fallos: 180:16); "Rosa Curioni de Demarchi v. Provincia de Córdoba" (Fallos: 209:213); "Gerónimo Avelino Quirno v. Prov. de Santa Fé" (Fallos: 210:611); "S.A. Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal v. Gobierno de la Provincia de Salta" (Fallos: 237:556); "Bemasconi Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Agrícola, Ganadera, Financiera, Comercial, Inmobiliaria e Industrial v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (Fallos: 321 :2933) y "Susana Ernestina Teresa Guerrero de Louge v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (Fallos: 321:2941), entre muchos otros. Que en los casos citados, si bien se hizo hincapié en que los pagos efectuados por la contribuyente de acuerdo a las liquidaciones realizadas por el Fisco local poseen efectos liberatorios pues, de no ser así, se lesionarían principios de raíz constitucional como el derecho de propiedad y el de seguridad jurídica, lo cierto es que, esa doctrina, no es aplicable al caso bajo examen toda vez que la valuación es responsabilidad del obligado tributario. El error provocado por un organismo administrativo que es ajeno a la relación tributaria puede tener repercusión en otras esferas, pero no puede tener efectos en el vínculo enjuiciado en el sub examine dado que no es automática la doctrina del efecto liberatorio del pago que, por el contrario, debe llevarse adelante caso por caso para establecer si encuentra amparo en la garantía que consagra el artículo 17 de la Constitución Nacional.
XVI. Que, en línea con lo expuesto precedentemente, cabe añadir que el cargo cuya procedencia se debate fue formulado en ejercicio de las facultades previstas en el art. 9 ap. 2 inc. d) del Decreto 618/97conforme el cual, es atribución del Director General de Aduanas, efectuar la revisión de las actuaciones y documentos aduaneros una vez concluida su tramitación ante las aduanas, de conformidad con las disposiciones aplicables, formular rectificaciones y cargos, así como disponer las devoluciones y reintegros que correspondieren. Tal disposición, en armonía con lo previsto en el art. 792 del CA en cuanto dispone en forma expresa que el pago no extingue la obligación tributaria aduanera cuando su importe fuere inferior al debido, refuerzan mi convicción entorno a la improcedencia de la aplicación de la invocada doctrina de los actos propios y del efecto liberatorio del pago.
XVII.-Que, resta agregar que, así como el principio de inalterabilidad de la declaración aduanera invocado por la actora no impide su rectificación por el propio declarante cuando ella es procedente (ver art. 322 CA), tampoco imposibilita la actividad de la autoridad aduanera para formular los cargos y los reajustes que por derecho pudieran corresponder.
XVIII.-Que, en torno al planteo de inconstitucionalidad de la Resolución ME N°394/07 basado en la doctrina sentada por la Corte Suprema en el caso “Camaronera Patagónica”, estimo que las cuestiones planteadas son sustancialmente análogas a las consideradas en oportunidad de emitir mi voto en la causa “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SA s/recurso de apelación”, expediente Nº EX-2020-15395348- -APN-SGASAD#TFN, de fecha 18/02/2021.
Que, en efecto, la resolución cuestionada es un reglamento dictado en el ejercicio de una delegación impropia de facultades legislativas, la que se encuentra permitida en la específica materia aduanera, por cuanto el principio de legalidad en lo fiscal, debe optimizarse a la luz de las singularidades que presenta todo lo relativo al comercio exterior.
XIX.-Que, en este orden de ideas, cabe hacer notar que, los reglamentos administrativos como el de la especie, se dictan en ejercicio de facultades que, por imperativo constitucional son de iure propio y, por consiguiente, no tratándose de reglamentos delegados en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, no requieren ser sometidos a consideración del Congreso para su aprobación o rechazo. El reglamento cuestionado, en su condición de norma jurídica, goza de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria desde su irrupción en el ordenamiento jurídico, por lo que, la falta de aprobación, no tiene entidad para modificar el curso de la decisión.
XX. Que, a mayor abundamiento, debe tenerse presente que el art. 755 de la Ley 22.415 ha sido incluido en el Digesto Jurídico Argentino, aprobado por la Ley 26.939, ratificándose la delegación impropia del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional para fijar los derechos de exportación. La insistencia de la política legislativa no puede ser soslayada.
XXI. Que, en orden a los argumentos expuestos en este voto considero que corresponde confirmar la resolución apelada.
XXII. Que las costas deben imponerse por su orden en atención a la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre el tema.
Que, por todo lo expuesto, voto por:
Confirmar la Resolución N° 114/2020 (AD CAMP) dictada en la Actuación N° 13289-8755-2011 y, por ende, el Cargo FE 11/2011 formulado en relación al PE N° 08 008 ES02 000078 E. Costas por su orden. La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que me remito al relato de los hechos realizado por el Dr. Licht. En resumen, en autos se cuestiona la Resolución aduanera que intimó a la actora el pago de la diferencia de derechos de exportación, por aplicación de la Res.
MEP 394/07.
Específicamente, debe decidirse si procede la aplicación de la alícuota liquidada por el SIM al momento del registro de la destinación sobre la base del precio internacional informado por la Secretaría de Energía, o la alícuota que considera la Aduana en la resolución apelada.
Corresponde recordar en este punto, respecto de la determinación de los derechos de exportación, la doctrina de la Sala "E" de este Tribunal - con integración diferente a la actual- recaída en la causa: "Petrolera Río Alto S.A." sent. del 06/10/04, en la que la Dra. García Vizcaíno señaló que "si el Estado ha implementado el Sistema Informático María debe garantizar a los contribuyentes su efectividad, sin generarles cargas adicionales por deficiencias del Sistema”.
Que no se encuentra controvertido que el Sistema Informático María computaba el tipo de cambio comprador y no el vendedor (en el puntual caso de autos se trata del coeficiente) por lo cual en este aspecto la contribuyente pudo considerarse razonablemente liberada de su obligación tributaria, al haber efectuado un ingreso adecuado al Sistema Informático, no pudiendo invocar la aduana el error en este Sistema. En este aspecto, pues, se aplica la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del efecto liberatorio del pago, salvo dolo o culpa grave de la apelante, lo que ni siquiera se ha invocado en la especie".
Que la Corte Suprema ha sostenido en "Armando Victorio Garibotti", del 20/11/72 (Fallos, 284:232), que el error "en cuanto a la corrección del ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de las autoridades receptoras de impuestos no perjudica al contribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa grave de éste (Fallos, 258:208; 259:382 y otros)", ya que exigencias notorias tanto de la estabilidad de los negocios jurídicos como del orden justo de la coexistencia, imponen el reconocimiento de la existencia de agravio constitucional en la reapertura de cuestiones definitivamente finiquitadas y sobre la base de una modificación posterior e imprevisible del criterio pertinente en la aplicación de las leyes que rigen el caso.
Que, en síntesis, como resume Dino Jarach, conforme a la doctrina del efecto liberatorio del pago formulada por la Corte Suprema, salvo que la administración sea inducida al error por el dolo del administrado, "rige el principio que el organismo recaudador debe cargar con sus propios errores" (Finanzas Públicas y derecho tributario, pag. 449 Ed. Cangallo Buenos Aires, 1989).
Con posterioridad a la mencionada norma, se dictó la Resolución MEF 599/10, en la que invocándose precisamente las dificultades de carácter operativo relativas a la carga en el SIM, conforme surge de los Considerandos de la misma, por el art. 1° se sustituye el art. 7 de la Res. MEP 394/07 en el sentido de que, a efectos de determinar el precio internacional de los productos incluidos en el Anexo 1 la Dirección General de Aduanas considerará las cotizaciones correspondientes al segundo día hábil anterior al del registro.
Que en el mismo sentido se ha pronunciado la Excma. CNACAF en varias causas caratuladas: “PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA C/DGA”. Por ejemplo, en sentencias de la Sala 1 causa 1:449/2013 (TFN 27439-A) del 25/02/14, Sala 2 causa 24.678/11 (TFN 27.238-A) sent. del 21/6/2012, Sala 3 causa 41.090/2013 (TFN 31014-A) del 05/06/2014, y Sala 4 causa 3588/2016(TFN 31001-A) del 17/03/16.
Dichos fundamentos de la Jurisprudencia citada, en adición al efecto liberatorio del pago, y también sumados a la obligación de decidir en caso de duda a favor del Administrado, me impulsan a mantener el criterio -al cual adherí oportunamente- desplegado por el Dr. Horacio Joaquín Segura con fecha 8 de abril de 2019, in re: “PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA C/DGA”. Expediente 31.002-A que tramitó ante la Vocalía 21ª. de este Tribunal.
Que por lo expuesto, siguiendo los razonamientos de dichos precedentes que por economía procesal doy aquí por reproducidos, entiendo que corresponde revocar la resolución apelada en estos autos, con costas a la DGA.
Por ello, voto por:
Revocar la Resolución N° 114/2020 (AD CAMP) y, por ende, el Cargo FE 11/2011 formulado en relación al PE N° 08 008 ES02 000078 E. Con costas a la DGA.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
De conformidad al acuerdo que antecede por mayoría, SE
Revocar la Resolución N° 114/2020 (AD CAMP) dictada en la Actuación N° 13289-8755-2011 y, por ende, el Cargo FE 11/2011 formulado en relación al PE N° 08 008 ES02 000078 E. Con costas a la D.G.A.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2021.07.13 10:44:46 ART Date: 2021.07.13 11:34:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.07.13 12:44:10 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.07.13 12:44:56 -03:00
Fin de la sentencia