Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-30894594-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad absoluta e insanable del procedimiento infraccional y revocar la RESOL-2023-429-E- AFIP-ADPASO#SDGOAI recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17124-5314-2019, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-82627572-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 26 de Agosto de 2026 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo para resolver el expediente EX-2023- 30894594-APN-SGASAD#TFN caratulado: “PAMPA ENERGIA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, y El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que mediante RE-2023-308992591-APN-SGASAD#TFN, se presenta la firma Pampa Argentina S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución- RESOL-2023-429-E-AFIP-ADPASO#SDGOAI, dictada en la actuación SIGEA 17124-5314-2019, mediante la cual se condena a la actora al pago de una multa de $ 11.111.095,51 y al comiso de la mercadería importada en relación al despacho 13073IT05000007C, cuya multa sustitutiva asciende a la suma de $40.383.663,51 por haber incurrido en la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero (“CA”). Realiza un resumen de los antecedentes del caso. Plantea la nulidad del sumario administrativo en razón de que no se agregó el sobre original del despacho por el cual se formuló la denuncia.
Agrega que el despacho de importación temporal resulta ser fundamental a los fines de verificar el origen de la mercadería, si la misma es de importación permitida o prohibida o si, en su caso, la actora contaba con alguna eximición tributaria, entre otras cuestiones. Expresa que, ante la falta de agregación del sobre original del despacho de importación temporal, la aduana carece del instrumento mediante el cual fundamenta su imputación infraccional. Arguye, que todo el procedimiento se sustentó en una impresión de pantalla que evidenciaba la existencia de un despacho de importación a consumo que cancelaba la DIT, aquí involucrada. En relación a la cuestión de fondo, manifiesta que al amparo del DIT 13073IT05000007C ingresó mercadería originaria y procedente de los Estados Unidos de Norteamérica, bajo la posición arancelaria NCM 8411.82.00.000X, en estado Usado al amparo del régimen de importación temporaria del art. 31. apartado 1 inc. 5) del decreto 1001/82, por un plazo de 180 días, prorrogado por otro de 363 días.
Señala que la mercadería declarada en el mencionado despacho de importación temporal habría sido cancelada mediante el despacho 14073IC83000114Y, estando el mismo en estado “oficializado”. Destaca respecto al comiso decretado -y conforme surge de fs. 7 de las actuaciones administrativas de la causa- que el servicio aduanero consideró que al ser usada la mercadería involucrada resulta prohibida conforme al régimen general (Resol. MEOySP 909/94 y modif.), correspondiendo su comiso y/o en su caso el pago de una multa sustitutiva de $40.383.663,51. Expresa que las disposiciones de la Resol. MEOySP 909/94, modificada en ese entonces por el decreto 2646/12, no constituyen una prohibición a la importación; por el contrario, entiende que regulan la posibilidad de importar bienes usados en tanto estén acondicionados en el país de origen o de procedencia por su fabricante original o en el país de destino, bajo determinadas circunstancias.
Agrega que la importación del bien en trato -contenido en el Anexo I.b) de la norma- no está prohibido, sino sujeto a determinados requisitos, que eventualmente, en una importación definitiva debieran de cumplirse. Asimismo, aclara, que sí existe una prohibición, pero para las mercaderías descriptas en el Anexo II, situación que no alcanza a la mercadería de autos. Cita jurisprudencia y doctrina en apoyo de su postura. Por último, plantea la condonación de la multa pretendida en los términos de la ley 27.260. Hace reserva del caso federal. Ofrece prueba. Solicita se dicte sentencia revocando la resolución aduanera con costas a la demandada.
II. Que por IF-2023-65224626-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera conferido. Formula una negativa genérica de los hechos y realiza una breve reseña de los mismos. Destaca que, respecto de la nulidad planteada por la actora, al momento de oficializar la destinación ya se encontraba vigente la Resolución General AFIP 2573/2009, que regula el resguardo documental en las destinaciones de importación y exportación; dicha normativa establece la obligación de la contraria del resguardo de la documentación, cuyo faltante alega la actora como causal de nulidad del procedimiento. Arguye, respecto a la cuestión de fondo que fue la recurrente la que se acogió voluntariamente a un régimen preferencial y no puede pretender desligarse de su responsabilidad aduciendo que la documentación debe ser acompañada por la Aduana. Cita jurisprudencia y doctrina. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas de la causa. Hace reserva del caso federal. Finalmente, solicita se dicte sentencia confirmando la resolución recurrida, con expresa imposición de costas a la contraria.
III. Que a fs. 1/4 de las actuaciones SIGEA 17124-5314-2019, obran agregados prints de pantalla de la destinación 13073IT05000007C, y a fs. 6 obra agregada la nota 4579/19 (SEOPRE), por la que se remiten las actuaciones a la División Control y Fiscalización Simultánea, a fin de que informe el valor en aduana de la mercadería, alícuotas que gravan la importación a consumo y si se trata de mercadería prohibida. A fs. 7/8 dicha dependencia informa que se trata de mercadería prohibida por el régimen general, atento su carácter de usada (Resol. -MEyOySP- 909/94 y mod.), las alícuotas aplicables a la mercadería en presunta infracción al art 970 del CA, como así también la liquidación de tributos y multa, respectivamente. A fs. 10/12 se agrega el acta de denuncia por la supuesta infracción al artículo 970 del CA en relación a la DIT 13073IT05000007C. A fs. 14 se liquidan la multa y los tributos relativos a la operación de autos. A fs. 17, se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA y asimismo se corre vista de lo actuado en los términos de lo normado en los art. 1001 del CA, a la firma “Central Térmica Güemes S.A”, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA. A fs. 21/41 se presenta la firma Pampa Energía S.A. (sociedad absorbente de Central Térmica Güemes S.A.), y contesta la vista conferida en los términos del art. 1001 del CA y acompaña documentación. A fs. 59 obra se agrega liquidación de la multa sustitutiva de comiso y de tributos. A fs. 60/67, obra la Resolución- RESOL-2023-429-E-AFIP-ADPASO#SDGOAI, aquí apelada.
IV. Que por IF-2024-86799558-APN-DTD#JGM, se presenta la actora y manifiesta que sin perjuicio del planteo de condonación formulado en el escrito de apelación en los términos de la ley 27.260, solicita se disponga la condonación de la multa, pero esta vez en los términos de la ley 27.743. Señala que el reclamo tributario formulado por el servicio aduanero, fue abonado al momento de oficializar el despacho de importación involucrado en autos. Cita y transcribe el art. 7, quinto párrafo de la ley 27.743, resaltando que al haberse abonado oportunamente los tributos correspondientes al reclamo cuestionado en autos, corresponde dictar sentencia teniendo por condonada la multa respectiva -de pleno derecho-. Entiende que en el caso de autos se cumplen todos los requerimientos para que se condone la multa, ello en razón de que la infracción se habría cometido con anterioridad al 31/03/24, la misma no se encuentra firme ni abonada y se cumplió con la obligación principal (pago de los tributos correspondientes), antes de la mencionada fecha. Solicita se condone la multa pretendida en autos y se deje sin efecto el comiso ordenado.
V. Que mediante PV-2024-123842502-APN-VOCXVIII#TFN, se corre traslado al fisco de la presentación efectuada por la actora, el que no fue contestado.
VI. Que posteriormente se elevan los autos a esta Sala “F” y quedan en estado de dictar sentencia.
VII. Que, en primer lugar, corresponde resolver en la causa si la Resolución RESOL-2023-429-E-AFIP- ADPASO#SDGOAI mediante la cual se le imputa a la aquí actora la comisión de la infracción prevista por el art. 970 del C.A. y al comiso de la mercadería con relación a la mercadería amparada por el despacho 13 073 IT05 000007 C, se ajusta a derecho.
Que, en primer término, corresponde aclarar que en virtud de lo dispuesto en el art. 1143 del C.A. este Tribunal tiene amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes.
Que, asimismo, el Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgarán conforme el procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por cual cuando la Aduana tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes acuerden (conf. art. 1080 y art. 1081 del CA).
Que, el art. 1101 del CA dispone que: "Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare".
Que del análisis de las actuaciones administrativas SIGEA 17124-5314-2019, surge que las mismas se inician a fs. 1/4 con los prints de pantalla de la destinación 13073IT05000007C. Seguidamente a fs. 6 se dispone mediante nota 4579/19 (SE OPRE), remitir las actuaciones a la División Control y Fiscalización Simultánea a fin de que se proceda a realizar la pertinente acta de denuncia por presunta infracción al régimen de destinación suspensiva prevista en el art. 970 y subsiguientes del CA respecto a la mercadería amparada por el DIT 13073IT05000007C, por encontrarse en estado salida, vencida con saldo, nacionalización oficializada. Asimismo, se solicita que dicha División informe el valor en aduana de la mercadería, alícuotas que gravan la importación a consumo y si se trata de mercadería prohibida, la fecha de infracción que resulta ser 16/09/2014. Posteriormente, a fs. 10/12 se labra el acta de denuncia en los términos del art. 970 del CA, agregándose la liquidación de tributos y multa a fs.14. El 29.12.19 se instruye sumario por la infracción tipificada en el art. 970 del CA y se corre vista a la importadora y se cita a la aseguradora -ver fs. 17/17 vta., de las actuaciones administrativas-. Asimismo, a fs. 21/41 se presenta la aquí actora y contesta la corrida de vista conferida.
Que, a fs. 60/67 luce la Resolución RESOL-2023-429-E-AFIP-ADPASO#SDGOAI aquí apelada, mediante la cual se condena a la firma Central Térmica Güemes S.A. (actualmente Pampa Energía S.A.) al pago de una multa de $ 11.111.095,51 y al comiso de la mercadería importada en relación al despacho 13073IT05000007C, cuya multa sustitutiva asciende a la suma de $40.383.663,51 por haber incurrido en la infracción prevista en el art. 970 del C.A.
Que, en virtud de lo expuesto y atento a que el procedimiento previsto para las infracciones tiene como finalidad investigar si se cometió una infracción (identificando a los responsables) no parece razonable admitir responsabilidad cuando no se cuenta en las actuaciones administrativas con el original de la carpeta de la destinación temporaria -o su copia certificada-, que es el documento esencial que motiva la denuncia, causa de la imputación de la infracción y el comiso de la mercadería.
Que, en efecto, la Aduana llevó a cabo el procedimiento infraccional en trato sobre la base de datos de impresiones de consulta informática relativas a la destinación cuestionada, ello no permite la efectiva constatación de la imputación endilgada, imposibilitando así el análisis de los fundamentos y los hechos por la que se sustanció la denuncia.
Que, en razón de lo expuesto y atento a que no parece razonable que se impute infracción y se exija el pago de multa sin que se agregue la destinación motivo de la denuncia, y resultando materialmente imposible el análisis de la cuestión traída a discusión; siendo que la agregación de la destinación y/ copia certificada de la misma, resulta indispensable para la resolución de la causa, corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable del procedimiento infraccional y revocar la Resolución RESOL-2023-429-E-AFIP-ADPASO#SDGOAI, con costas.
VIII. Que por la forma en que se resuelve la presente no corresponde analizar los demás agravios de la actora. Por lo expuesto, VOTO POR:
Declarar la nulidad absoluta e insanable del procedimiento infraccional y revocar la RESOL-2023-429-E-AFIP- ADPASO#SDGOAI recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17124-5314-2019, con costas.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Soria.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I. Que comparto la solución propiciada por el Vocal preopinante en cuanto corresponde declarar la nulidad del procedimiento infraccional, aunque considero necesario efectuar algunas precisiones respecto de la causa que la determina y, fundamentalmente, del alcance que corresponde atribuirle.
Ello así pues la ausencia de la documentación que sustenta la imputación no constituye, en el caso, una mera deficiencia formal susceptible de ser apreciada exclusivamente al momento de revisar la resolución condenatoria. El vicio se encuentra situado en una etapa anterior y alcanza al propio acto mediante el cual se dispuso la apertura del sumario.
II. El procedimiento previsto por el Código Aduanero para el juzgamiento de las infracciones exhibe una secuencia normativa que no puede ser alterada ni reducida sin desnaturalizar las garantías que procura resguardar. Cuando el servicio aduanero toma conocimiento de la presunta configuración de una infracción, el art. 1081 del Código Aduanero le impone practicar las diligencias necesarias para investigar los hechos.
La denuncia constituye, en ese contexto, la piedra basal de la investigación y de la eventual pretensión sancionadora.
No significa ello que la denuncia configure por sí misma la imputación definitiva —función que corresponde al posterior auto de apertura—, pero sí que delimita inicialmente el acontecimiento histórico sobre el cual habrá de desplegarse la actividad investigativa. No casualmente el art. 1082 del Código Aduanero exige que contenga una relación circunstanciada de los hechos reputados constitutivos de la infracción y la indicación, en cuanto fuere posible, de aquellas circunstancias que pudieran conducir a su comprobación.
Es a partir de ese núcleo fáctico inicial que comienza a adquirir contenido el principio de congruencia que habrá de gobernar todo el procedimiento y que, correlativamente, condicionará el ejercicio posterior del derecho de defensa.
La denuncia individualiza un hecho; la investigación debe comprobarlo y reunir los elementos que le otorguen sustento; el auto de apertura transforma aquel hecho investigado en una imputación formal; la corrida de vista permite al presunto responsable defenderse respecto de ella; y, finalmente, la resolución debe necesariamente guardar correspondencia con aquella plataforma fáctica.
Existe, por ello, una continuidad necesaria entre denuncia, investigación, apertura del sumario, vista, defensa y decisión.
Alterar ese orden importa quebrar el principio de congruencia y transformar al procedimiento infraccional en una sucesión de actos carente de la función garantista que el legislador le asignó.
III. Desde esa perspectiva, no comparto una interpretación según la cual la apertura del sumario constituiría el comienzo de la investigación.
El Código Aduanero dispone exactamente lo contrario.
Los arts. 1081 y siguientes regulan una verdadera etapa investigativa previa. El art. 1089 resulta particularmente claro al establecer que, cuando no se hubieren trabado medidas cautelares, el servicio aduanero debe proseguir la investigación hasta su conclusión, oportunidad en la cual las actuaciones son elevadas al administrador. Y recién entonces aparece el art. 1090.
Su encabezamiento no es indiferente: “Recibidas las actuaciones, el administrador...”, dispone la norma, y a continuación le reconoce tres alternativas: ampliar la investigación en aquellos aspectos que considere necesarios; desestimar la denuncia; o disponer la apertura del sumario.
La apertura, por consiguiente, no inaugura la investigación. Presupone una investigación que ya se ha desarrollado y que debe haber alcanzado un grado suficiente para permitir al administrador adoptar fundadamente alguna de aquellas tres decisiones.
Sostener lo contrario importaría prescindir de toda la regulación contenida entre los arts. 1081 y 1089 del Código Aduanero y convertir en jurídicamente inocua una etapa procedimental que el legislador reguló expresamente. Naturalmente, ello no significa que al tiempo de disponerse la apertura toda la prueba deba encontrarse agotada. El propio Código contempla la producción ulterior de medidas dirigidas al esclarecimiento de los hechos. Pero existe una diferencia sustancial entre completar una investigación y abrir un sumario para comenzar a investigar aquello respecto de lo cual todavía no se cuenta con un sustento documental mínimo. El art. 1094 confirma esta inteligencia al disponer que en la propia resolución que ordena la apertura el administrador debe determinar los hechos que reputa constitutivos de la infracción.
Difícilmente pueda determinarse fundadamente un hecho infraccional si no se encuentran incorporados a las actuaciones los elementos de cargo indispensables que permiten sostenerlo.
IV. En el caso concreto, esa falencia adquiere particular trascendencia.
Las actuaciones administrativas se inician con impresiones de consultas informáticas relativas a la destinación temporaria n° 13073IT05000007C; posteriormente se practica una liquidación, se formula denuncia por la presunta infracción al art. 970 del Código Aduanero y finalmente, el 29 de diciembre de 2019, se dispone la apertura del sumario.
Sin embargo, la carpeta correspondiente a la destinación de importación temporaria que constituye el presupuesto mismo de la imputación nunca fue incorporada a las actuaciones, ni en original ni mediante copia certificada.
Y no se trata de cualquier documento.
Para imputar el incumplimiento del régimen de importación temporaria previsto por el art. 970 del Código Aduanero resulta indispensable poder constatar, entre otros extremos, cuál fue exactamente la mercadería sometida al régimen, las condiciones bajo las cuales se autorizó su importación, el plazo concedido y sus eventuales prórrogas, las obligaciones asumidas por el beneficiario y las circunstancias relativas a su cancelación. Una impresión proveniente de una consulta informática puede acreditar la existencia registral de una destinación y determinados datos asentados en el sistema. No reemplaza la destinación ni permite reconstruir íntegramente el contenido jurídico y documental de la operación sobre cuya base se pretende aplicar una sanción.
Tampoco modifica esta conclusión la obligación de resguardo documental que la representación fiscal atribuye a la importadora con fundamento en la normativa reglamentaria.
Una cosa es determinar quién tiene a su cargo la custodia material de determinada documentación y otra, enteramente distinta, sostener que la Administración puede ejercer su potestad sancionadora sin incorporar al expediente el documento sobre cuyo contenido funda la imputación.
El deber de conservación documental del administrado no releva al órgano sancionador de reunir e incorporar los elementos de cargo necesarios para justificar su acusación. Mucho menos autoriza a trasladar al imputado la carga de integrar el expediente que la propia autoridad debe formar para sancionarlo.
V. La falencia señalada tampoco fue subsanada durante la posterior tramitación del sumario.
Esta circunstancia es, a mi juicio, decisiva.
No postulo que toda ausencia inicial de una carpeta DIT determine fatalmente la nulidad del procedimiento. Una conclusión semejante convertiría a la nulidad en una consecuencia ritual y automática, incompatible con el carácter excepcional con que debe ser apreciada.
Distinta es la situación cuando —como ocurre en autos— el documento que constituye el soporte esencial de la imputación no fue incorporado antes de la apertura ni durante toda la instrucción, pese a haberse avanzado desde la denuncia hasta la imposición de una sanción y de una multa sustitutiva de comiso de considerable entidad.
En esas condiciones, el procedimiento dejó de contar desde su origen con un elemento indispensable para verificar la correspondencia entre el hecho denunciado, el hecho investigado, el hecho imputado y el hecho finalmente sancionado.
Y allí la cuestión deja de ser meramente documental.
Lo comprometido es el principio de congruencia y, con él, el derecho de defensa.
La defensa no consiste únicamente en otorgar al administrado un plazo para presentar un escrito. Requiere que pueda conocer y controvertir los elementos de cargo concretos sobre los que descansa la imputación. Correr vista de actuaciones que no contienen el documento esencial del cual surgiría el incumplimiento atribuido satisface formalmente el acto procesal, pero no necesariamente la garantía que aquel acto procura tutelar.
VI. Precisado lo anterior, corresponde determinar el alcance de la nulidad.
Y este aspecto no constituye una cuestión menor.
El defecto no nace con la resolución condenatoria. La resolución constituye apenas la culminación de un procedimiento cuyo vicio se encontraba presente cuando se dispuso la apertura del sumario sin contar con el soporte documental indispensable para justificar aquella decisión.
Por ello, limitar la declaración de nulidad exclusivamente a la resolución definitiva dejaría subsistente el acto que se encuentra afectado por el vicio originario.
Pero existe, además, una consecuencia jurídica de particular trascendencia que impide adoptar semejante solución.
El art. 805, inc. a), del Código Aduanero dispone que la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos se suspende desde la apertura del sumario en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recaiga la decisión que habilite el ejercicio de la acción para percibirlos cuando dicho ejercicio se encuentre subordinado a aquella decisión.
La elección legislativa es inequívoca: el acto al que el Código atribuye aquel relevante efecto sobre la prescripción es la apertura del sumario.
De allí que declarar únicamente la nulidad de la resolución final, manteniendo incólume una apertura dispuesta sin los elementos indispensables que debían precederla, produciría una consecuencia difícilmente conciliable con el ordenamiento: un acto inválido conservaría, no obstante su invalidez sustancial, uno de sus efectos jurídicos más intensos en beneficio de la propia Administración que lo dictó, manteniendo suspendido el curso de la prescripción de la acción tributaria.
La nulidad no puede operar de ese modo.
Si el vicio radica precisamente en que el sumario fue abierto sin haberse cumplido adecuadamente la etapa investigativa que debía proporcionarle sustento, es ese acto —y no solamente la decisión final— el que debe quedar alcanzado por la declaración de invalidez.
De otro modo, se permitiría que la Administración obtuviera de un procedimiento viciado un efecto que el art. 805, inc. a), sólo reconoce a una apertura de sumario jurídicamente válida.
No puede admitirse que aquello que resulta insuficiente para sostener una imputación y una sanción resulte, al mismo tiempo, suficiente para mantener indefinidamente suspendida la prescripción de la pretensión tributaria.
Por ello, la declaración de nulidad debe retrotraer sus efectos al auto de apertura del sumario, inclusive, y alcanzar todos los actos dictados en su consecuencia.
Sólo de ese modo la nulidad guarda correspondencia con la verdadera ubicación temporal y jurídica del vicio comprobado y restablece íntegramente la situación que hubiera debido existir de haberse observado el procedimiento previsto por el Código Aduanero.
VII. En tales condiciones, al haberse dispuesto la apertura del sumario sin contar con la documentación esencial que debía proporcionar sustento a la imputación y no haberse subsanado tal deficiencia durante toda la instrucción, corresponde declarar la nulidad del auto de apertura obrante a fs. 17/17 vta. de las actuaciones administrativas y de todos los actos dictados en su consecuencia, incluida la Resolución RESOL-2023-429-E- AFIP-ADPASO#SDGOAI.
La solución propuesta torna inoficioso el tratamiento de los restantes agravios introducidos por la recurrente.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario obrante a fs. 17/17 vta. de las actuaciones administrativas SIGEA n° 17124-5314-2019 y de todos los actos dictados en su consecuencia, incluida la Resolución RESOL- 2023-429-E-AFIP-ADPASO#SDGOAI.
2. Costas a la demandada.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
Declarar la nulidad absoluta e insanable del procedimiento infraccional y revocar la RESOL-2023-429-E- AFIP-ADPASO#SDGOAI recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17124-5314-2019, con costas. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación), Pablo Garbarino y Christian Marcelo González Palazzo.
Date: 2026.08.20 16:21:34 ART Date: 2026.08.25 21:40:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.26 18:32:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.26 18:32:59 -03:00
Fin de la sentencia