Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-46405729-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 172/2020 (AD SALO), dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo, en fecha 17/03/2020, en la actuación SIGEA N° 16546-185-2014/74, en cuanto fuera materia de agravio.
2Costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-87350418-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 8 de Septiembre de 2026 General de Aduanas s/ apelación”
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término a fin de resolver en los autos caratulados “PAMPA ENERGÍA SA c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente N° EX- 2020-46405729-APN-SGASAD#TFN El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución N° 172/2020 (AD SALO), dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo, en fecha 17/03/2020, en la actuación SIGEA N° 16546-185-2014/74, en cuanto dispone condenar a la actora al pago de una multa equivalente a $ 9.872.547,10 por encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 954 apartado 1 inciso a) del C.A. Asimismo, le reclama el pago de tributos por la suma de U$S2.364.225,09, en virtud de las determinaciones tributarias de los cargos Nros. 108 a 113 del 2015, más los intereses del art. 974 del C.A., todo ello en relación a las destinaciones N° 11057EC08000021D, 11057EC08000022E, 11057EC08000082K, 11057EC08000089R, 11057EC08000090J y 11057EC08000094N.
II. Fundamentos de la apelación: Se presenta por apoderado PAMPA ENERGÍA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución aduanera anteriormente citada. Explica cual es la cuestión en debate y relata los hechos del caso. Manifiesta, en primer lugar que, la Aduana no extrajo muestras de la mercadería involucrada y que ello la inhabilita a cuestionar la posición arancelaria propuesta. Relata que, el servicio aduanero cuestionó la clasificación propuesta a partir de las conclusiones a las que arribó la División Clasificación Arancelaria en otro sumario en el que si se extrajeron muestras sin acreditar que la nafta exportada en aquel sumario resultaba idéntica en su composición a la aquí denunciada. Por ello, sostiene que el accionar aduanero fue abusivo y contrario a los procedimientos reglados, y agrega que, tanto en materia infraccional como en materia tributaria rige el principio de tipicidad o legalidad, es decir que quien alega un hecho es quien debe probarlo y quien formula una imputación infraccional debe acreditar la materialidad del hecho. Cita jurisprudencia a favor de sus dichos. Explica que el funcionario actuante liberó la carga, previa verificación física y documental y que pretender cuestionar las calidades técnicas de la mercadería luego del libramiento y sin extracción de muestras resulta un contrasentido y violenta el procedimiento reglado en el C.A.
En segundo lugar, indica que el uso o destino final de la nafta es determinante a la hora de su clasificación en el nomenclador, que en el país de destino de la mercadería no existe industria petroquímica y que además el comprador confirmó que la nafta no tuvo ese destino. Sostiene que, la especificación de la compra/venta de las naftas exportadas no corresponde a una nafta para petroquímica, y que, por el contrario sí muestra aptitud para el uso como corriente de blending. Refiere que existe una posición arancelaria para la nafta para petroquímica (2710.12.41) y otra posición residual para todas las demás naftas (2710.12.49), es decir que, se debe clasificar las naftas conforme su uso y unicamente debe proponer la partida “Para Petroquímica”, cuando se exporta para ser utilizada para petroquímica.
Sostiene que la denuncia se sustenta en el Dictamen N° 4/14 emitido por la División Clasificación Arancelaria en el sumario 09-057-SC031-/2009, que fue emitido en una causa diferente, en relación a cargas distintas, sin que estuviera acreditada su identidad con la causa. Se explaya sobre la prueba recolectada en el trámite de las actuaciones administrativas y en otra causa que tramita ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Manifiesta que, en virtud del principio de unicidad del Estado resulta contradictorio que la Secretaría de Energía autorice operaciones que luego son cuestionadas por la Aduana. Agrega que, los derechos de exportación exigidos al momento de documentar los permisos de embarque resultan inconstitucionales ya que se han exigidos en violación al principio de legalidad y cita el fallo “Camaronera”.
En lo que hace a la cuestión infraccional, afirma que el reproche resulta infundado, dado que no existe una diferencia entre la mercadería declarada y el resultado de la comprobación. De igual manera, explica que se produjo la vulneración al principio de legalidad que debe regir la actividad del Estado. Especifica que no se ha probado inexactitud alguna que sea punible, existiendo únicamente una divergencia clasificatoria y cita jurisprudencia. En cuanto a los pretendidos derechos de exportación, aclara que no existió perjuicio fiscal, resultando inconstitucionales por aplicación del precedente “Camaronera Patagónica”. Cita el principio de confianza legítima y afirma que no existe la pretendida antijuridicidad que el servicio aduanero replica, ya que no desplegó ninguna conducta contraria al ordenamiento jurídico.
Agrega que el elemento subjetivo tampoco se configuró en la causa y solicita la aplicación del principio in dubio pro reo del art. 898 del CA. Cuestiona la liquidación efectuada en dólares, así como la tasa de interés. Finalmente, ofrece prueba y solicita se dicte sentencia y se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: La representación fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados que no fueran objeto de su expreso reconocimiento o surjan de las actuaciones administrativas. En forma preliminar efectúa un repaso de la características de la mercadería. Relata que la nafta ligera es uno de los componentes de la gasolina, con 70 octanos aproximadamente, mientras que la pesada carece de calidad para tal fin. Agrega que el R.O.N. que arrojaron los estudios del INTI efectuados en el SIGEA 12517-420-2009 (Sumario Contencioso Nro. SC57- 31-2009)- antecedentes tomados por el área fiscalizadora y que dieron lugar a un estudio exhaustivo de la documentación de la destinación objeto de autos- fue inferior al umbral citado.
Manifiesta que el R.O.N. indica la presión y temperatura a la que puede ser sometido un combustible antes de auto detonar, siendo que un R.O.N. bajo implica necesariamente una baja tolerancia a la auto detonación, extremo que indefectiblemente tacha al carburante analizado de inadecuado para su uso en motores (por su poco poder antidetonante, rasgo medular bajo la óptica de la compresión, concepto inescindible de los motores nafteros – ciclo Otto). Aduce que la denominada “nafta para petroquímica”, de la P.A. NCM 2710.11.41, se repele clasificatoriamente de la “nafta excluidas para petroquímica”, de la P.A. NCM 2710.11.49. Estima como contradictorio que la actora insista en que la mercadería deba ser clasificada según su uso, y para fundamentar ese “uso” se refiera a “aptitudes técnicas”.
Sostiene que la actora insiste con que el producto exportado no tiene uso petroquímico atento a que en Paraguay no existe una planta de refinación, sin considerar que -en ningún modo- el término petroquímico se circunscribe sólo al uso de estos productos en una planta de crakeo. Argumenta que no se afectó el principio de unicidad del Estado, ya que la Secretaría de Energía emite la autorización de acuerdo con los datos aportados por el propio interesado, siendo que la Aduana puede cambiar un canal de selectividad ante sospechas fundadas. Considera que el contrato entre privados no resulta ser oponible al Fisco, especialmente si tiene fundadas sospechas sobre las operaciones derivadas de aquel.
En lo que hace al reproche infraccional, entiende que la infracción del 954 del C.A. se encuentra plenamente configurada, resultando un verdadero deber jurídico del declarante para con el Fisco que lo manifestado goce de veracidad. Puntualiza que el sistema aduanero descansa sobre la base de la veracidad y exactitud de las declaraciones efectuadas acerca de la naturaleza, calidad y propiedades de las mercaderías que constituyen los objetos de las destinaciones u operaciones que se realizan en las aduanas, como también de todos los demás datos relevantes que puedan ser requeridos en la destinación u operación de que se trate. Rechaza los fundamentos esgrimidos por la recurrente, en lo que hace al precedente de la CSJN en autos “Camaronera Patagónica”.
Defiende la liquidación tributaria, así como la tasa de interés aplicable. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 16546-185-2014/74 se inician con la denuncia de fecha 29/05/2015. A continuación, se agrega el Informe Técnico N° 131/2015 (DV MICO). A fs. 9/44 se efectúan las liquidaciones de los derechos de exportación y se formulan los respectivos cargos, notificados a fs. 16/22 con fecha 26/06/2015. Seguidamente, a fs. 69/72 se incluye el Dictamen Técnico N° 4/2014. A fs. 98/102 se dispone la instrucción de sumario y corrida de vista, en fecha 20/10/2015, notificada el 22/10/2015 (fs. 107/108). A fs. 109/129 la actora contesta vista. A fs. 221/226 luce el Dictamen técnico N° 014/2020 y a fs. 238/243 obra la resolución apelada en autos, notificada a fs. 245 con fecha 25/06/2020. Por cuerda, sin agregar, se agrega el SIGEA 16546-185-2014/75 con el recurso de impugnación de la actora contra los cargos 108/103 del 2015.
V. Que, en fecha 15/02/2022, por PV-2022-14505142-APN-VOCXIV#TFN se abrió la causa a prueba, la que se produjo mediante el IF-2023-29528515-APN-SGASAD#TFN. A continuación se certificó la prueba producida y por PV-2026-75473258-APN-VOCXXI#TFN se declaró cerrado el período probatorio y se elevó la causa a la Sala “E”. Por IF-2026-75470616-APN-VOCXIV#TFN se pusieron para alegar y, finalmente, se pasaron a sentencia.
VI. Que no se encuentra controvertido que, mediante las operaciones denunciadas en autos- Nros. 11057ES02000016R, 11057ES02000017S, 11057ES02000081T, 11057ES02000091U, 11057ES02000092V y 11057ES02000096C bajo el régimen de precios revisables- y sus definitivas Nros. 11057EC08000021D, 11057EC08000022E, 11057EC08000082K, 11057EC08000089R, 11057EC08000090J y 11057EC08000094N la firma actora exportó (con destino a Paraguay) mercadería bajo la P.A. 2710.11.49.990W (“Las demás, las demás naftas - Aceites livianos ligeros”), oficializadas ante la Aduana de San Lorenzo.
Que, de su lado, el servicio aduanero entendió que la mercadería debió haber sido clasificada en una P.A. diferente: 2710.11.41.000G (“nafta para petroquímica”).
Que, en virtud de ello, Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo emitió la Resolución N° 172/2020 (AD SALO) condenando a la actora al pago de una multa equivalente a $ 9.872.547,10 por encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 954 apartado 1 inciso a) del C.A. Y reclamándole el pago de tributos por las diferencias por los derechos de exportación.
VII. Que el art. 954 del C.A. señala que: “1. El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio.” Que la CSJN tuvo oportunidad de delimitar que “El bien jurídico tutelado por el art. 954 del Código Aduanero - que sanciona las declaraciones inexactas-, es, según su Exposición de Motivos, el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería objeto de una operación o destinación aduanera, pues en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación, reposa todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti). -Del dictamen de la Procuración General al que el voto remite- (Fallos 347:247, 347:83, 325:830, 316:1588, 315:942, entre otros).
VIII. Que en el caso de autos de las actuaciones administrativas antecedentes de la causa constan solo los protocolos de Análisis vinculados a las operaciones Nros. 11057ES02000016R (77673) y 11057ES02000017S (77674).
Mientras que para las demás destinaciones no consta extración de muestra, como se dejó constancia en el punto 4 de la Nota N° 969/17 (DV CLAR) de fs. 150/151 de las actuaciones admnistrativas.
Cabe precisar que en el EX-2019-102203777- -APN-SGASAD#TFN de igual carátula que la presente, en trámite por ante la Vocalía de la 21° Nominación de la Sala “G”, en la que me desempeño como Vocal Titular, he manifestado mi postura en relación a la ilegitimidad de un reproche infraccional sustentado en elementos no obrantes en la causa, sobre la base de operaciones diferentes de las que se analizaban y remitiendo a análisis de laboratorio e intervenciones de áreas que no obran agregadas en las actuaciones (INLEG-2025-93028974-APN- VOCXXI#TFN, 22/08/2025).
Ahora bien, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y los protocolos aludidos es que resulta necesario el análisis de la materia clasificatoria, ya que el eje sustancial del caso es si la mercadería exportada fue correctamente clasificada bajo la P.A. 2710.11.49 correspondiente a “Naftas. Las demás” o la promovida por el servicio aduanero bajo la P.A. 2710.11.41 específica para petroquímica.
Al respecto, coincido con el criterio expuesto por el Dr. Licht como vocal instructor en el expediente N° EX- 2020-73612941-APN-SGASAD#TFN (INLEG-2025-32127754-APN-VOCXIX#TFN)- a cuyos términos me remito- en el sentido de que la mercadería exportada se trata de nafta y que su posición arancelaria estará necesariamente ligada al destino (uso) que se le confiera en el país de exportación (Paraguay). La actora acompaña prueba documental que respalda sus dichos, entre otras, la Nota N° 2912 emitida por la Secretaría de Energía en fecha 26/10/2008 (agregada como prueba documental al RE-2020-46405638-APN- SGASAD#TFN) de donde surge que “…no existe un parámetro o conjunto de parámetros que identifiquen inequívocamente a las naftas para petroquímica” y que “el producto debería ser definido por su utilización en destino…”
También el Informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA, adjunto al RE-2020-46404805-APN- SGASAD#TFN) es categórico en cuanto a la definición de la “nafta para petroquímica” en tanto afirma que “…no existe una “nafta para petroquímica”, en cuanto a su composición, por lo que se entiende en el mercado que una nafta para petroquímica es una nafta que es destinada al uso petroquímico.”, “no existe un parámetro específico que determine una clasificación como la del título, sino que la misma se da por su uso o destino”. De dicho informe también surge la imposibilidad de determinar técnicamente si un producto dado constituye “nafta para petroquímica” y la inexistencia de plantas petroquímicas en Paraguay.
En cuanto al país de destino, surge de la intervención de la Secretaría de Estado de Comercio (Dirección General de Combustibles, Nota N° 339/2016) que no existen plantas industriales destinadas a obtener productos petroquímicos.
Que tampoco surge de las operaciones en trato ni de las facturas respectivas que el uso sea petroquímico, sino para “blending”.
Que se acompaña también como prueba documental información brindada por la firma “Trafigura Beheer BV” de donde surge que el producto fue destinado a actividades de blending.
Por las razones expuestas, no cabe más que revocar el acto apelado, con costas a la vencida.
Consecuentemente, VOTO POR:
1).- REVOCAR la Resolución N° 172/2020 (AD SALO), dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo, en fecha 17/03/2020, en la actuación SIGEA N° 16546-185-2014/74, en cuanto fuera materia de agravio.
2).- Costas a cargo del Fisco.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto que antecede.
Sin perjuicio de ello, considero pertinente señalar que la cuestión aquí debatida guarda sustancial analogía con la examinada por esta Sala “E” en los expedientes EX-2020-73673039-APN-SGASAD#TFN, EX-2020-73590165- APN-SGASAD#TFN, EX-2019-102329167-APN-SGASAD#TFN y EX-2019-102370915-APN-SGASAD#TFN, todos correspondientes a la empresa “PAMPA ENERGÍA S.A.”, en los que se revocaron las respectivas resoluciones aduaneras que habían condenado a la firma por la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a), del Código Aduanero y exigido diferencias tributarias derivadas de la reclasificación de las mercaderías como “naftas para petroquímica”.
En dichos precedentes se ponderó, sustancialmente, que el servicio aduanero había sustentado su posición en antecedentes técnicos correspondientes a otras destinaciones y mercaderías, sin acreditar su identidad con las operaciones allí controvertidas, y que la prueba reunida no permitía concluir de manera suficiente que los productos exportados debieran clasificarse en la posición arancelaria correspondiente a “naftas para petroquímica”.
En el presente caso, respecto de las destinaciones 11 057 ES02 000016 R y 11 057 ES02 000017 S, los protocolos de análisis nros. 77673 y 77674 identificaron las muestras como gasolina natural o nafta virgen, según su origen, sin concluir que se tratara de productos destinados a la industria petroquímica. A ello se añade que los valores de octanaje informados por el INTI fueron calificados por el propio organismo como meramente indicativos, por haber sido obtenidos mediante un modelo predictivo y no mediante métodos normalizados.
En cuanto a las restantes destinaciones involucradas, no se acreditó la extracción de muestras representativas ni la realización de análisis químicos sobre las mercaderías efectivamente exportadas. En tales condiciones, la clasificación pretendida por el servicio aduanero carece de sustento probatorio suficiente, tanto para configurar la declaración inexacta imputada como para mantener la diferencia tributaria reclamada.
Finalmente, en materia de costas, corresponde señalar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la distribución por su orden dispuesta por esta Sala en dos antecedentes directos. En la causa “Pampa Energía S.A. (TF 73673039-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, la Sala IV, mediante sentencia del 21 de octubre de 2025, impuso las costas de ambas instancias al Fisco Nacional, por considerar que no existían elementos que justificaran apartarse del principio objetivo de la derrota. En igual sentido, la Sala II, en la causa “Pampa Energía S.A. (TF 73590165-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 13 de noviembre de 2025, revocó la imposición de costas por su orden y las colocó a cargo del Fisco Nacional.
Por lo expuesto, adhiero a la revocación de la resolución apelada y a la imposición de las costas al Fisco Nacional.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1).- REVOCAR la Resolución N° 172/2020 (AD SALO), dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo, en fecha 17/03/2020, en la actuación SIGEA N° 16546-185-2014/74, en cuanto fuera materia de agravio.
2).- Costas a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (cfme. Art. 1162 del C.A.).
Date: 2026.09.07 13:59:03 ART Date: 2026.09.08 12:36:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.08 20:28:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.08 20:29:05 -03:00
Fin de la sentencia