Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 130381872-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
3374/2026 PAMPA ENERGIA SA (TF 130381872-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Bueno Aires, 23 de abril de 2026 ID Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Corresponde en primer término reseñar las actuaciones:
(i) La firma actora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra la resolución n° RESOL-2024- 1505 -E-AFIP -ADPASO#SDGOAI, emitida el 6 de noviembre de 2024 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por medio de la cual se aplicó una sanción de multa por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 972 del Código Aduanero (fs. 5/13).
Peticionó: (1) la revocación de la resolución sancionatoria, dado que de las cuestiones fácticas acreditadas surge que no se encuentra configurada la infracción endilgada; y (2) la condonación de la multa aplicada, en atención a que “en función de la fecha de la presunta infracción y de las disposiciones” de la ley 27.743 (B.O 8 de julio de 2024) y la resolución general n° 5524/2024 (B.O. 17 de julio de 2024), la misma debió ser declarada de oficio en sede administrativa.
(ii) Corrido el traslado del recurso a la parte demandada, se presentaron ambas partes y solicitaron la suspensión de los plazos, petición que fue concedida por el Tribunal Fiscal de la Nación (fs. 42, fs. 61/63, fs. 67, fs. 71/72 y fs. 76).
(iii) La Dirección General de Aduanas se allanó “al recurso de apelación interpuesto por la firma actora, en cuanto solicita la aplicación de la Ley 27.743 y la condonación de la multa impuesta”. Solicitó que las costas “se impongan por su orden” (fs. 81/86).
A tal fin, acompañó copia de la disposición n° DI-2025-47-E-AFIP -SDGTLA, emitida por el subdirector de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera, por medio de la cual se autorizó a la “representación fiscal para allanarse en la causa caratulada ‘PAMPA ENERGÍA S.A. c/ D.G.A. s/ RECURSO DE APELACIÓN’, Expte. TF N° EX-2024-130381872- APN -SGASAD#TFN” y se instruyó a dicha representación a que “solicite la imposición de costas en el orden causado” (fs. 78/79).
(iv) De dicha presentación se corrió vista a la actora, la que fue contestada. Manifestó que se “tenga por allanado al Fisco Nacional, con expresa imposición de costas, conforme lo impone el art. 1163, del Código Aduanero” (fs. 89 y fs. 91/94).
(v) En atención a la circunstancias reseñadas, y de conformidad con el artículo 1143 del Código Aduanero, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: (1) tener por “allanada a la Aduana respecto del recurso de apelación interpuesto por la actora contra la Resolución RESOL2024- 1505 -E-AFIP -ADPASO#SDGOAI -SIGEA 19496-72-2024 (SC-412-2024/2)” y (2) imponer las costas “a la Aduana en tanto su allanamiento fue tardío por no advertir, en su propia sede, la aplicación de pleno derecho de la ley 27.743 al caso, suscitando innecesariamente la jurisdicción de [ese] tribunal” (fs. 102/103).
II. La parte demandada apeló ese pronunciamiento y expresó agravios que fueron contestados.
Objetó la imposición de las costas a su cargo por entender que existen circunstancias excepcionales en la causa que admiten su eximición. Sostuvo que la doctrina legal sentada por esta cámara en el acuerdo plenario “ALPARGATAS SAIC C/ DIRECCIÓN GEREAL IMPOSITIVA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” (expediente n° 78983/2018), pronunciamiento del 16 de diciembre de 2020, “resulta aplicable mutatis mutandi (…)”. Ello es así —dijo— toda vez que la actora solicitó expresamente “la aplicación de los beneficios de la Ley 27.743 y la condonación de pleno derecho”.
Entendió, por tanto, que “corresponde que las costas por los conceptos condonados sean impuestas por su orden, atento que en dicha solución legal no puede entenderse que haya un vencido en la causa, lo que imposibilita la aplicación del principio general en materia de costas”.
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3374/2026 PAMPA ENERGIA SA (TF 130381872-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Subsidiariamente, solicitó la imposición de las costas por su orden en los términos de los artículos 70 y 68, párrafo segundo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
III. Asimismo, el letrado apoderado de la parte actora y la representación fiscal apelaron la regulación de los honorarios de fs. 111/112 por considerarlos “bajos” y “altos”, respectivamente.
IV. Los agravios de la parte demandada deben ser desestimados.
Con relación al beneficio de condonación de sanciones prevista en la ley 27.743, esta sala ha dicho que cuando “el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31/3/2024, inclusive.” Y agregó “[D]ado que la ley establece el beneficio de liberación de multas cuando se cumplan las diversas condiciones allí previstas, resulta claro que una vez acreditado su cumplimiento la condonación opera de pleno derecho” (causas n° 7870/2024 “ABB S.A. (TF 33993-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 4 de septiembre de 2025, y n° 41047/2023 “Miguens, Pablo Hernán (TF 44317-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 19 de noviembre de 2024, entre otras).
Por tanto, como bien señaló el Tribunal Fiscal de la Nación en su sentencia, la multa debió ser condonada de pleno derecho por la aduana, de conformidad con los artículos 7° de la ley 27.743 y 22 de la resolución general n° 5525/24, incluso antes de que se dicte la resolución administrativa que motivó la apelación ante ese tribunal.
En consecuencia, las costas del juicio deben ser impuestas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, pues al no verificarse las circunstancias contempladas en el artículo 70 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no existe mérito para apartarse del principio general que impone la condena a la parte vencida, según establece el artículo 68 de ese cuerpo legal, toda vez que la conducta asumida por la parte demandada al dictar la resolución sancionatoria dio lugar a la interposición del recurso, al cual ulteriormente se allanó (Fallos: 328:3175).
No es aplicable la doctrina legal establecida por esta cámara en pleno en la causa “Alpargatas” invocada en su memorial, ya que involucran cuestiones de hecho que difieren de las que se presentan en esta causa. Ciertamente, allí la cuestión se centró en determinar "[S]i en el régimen de regularización de obligaciones tributarias previsto en el Titulo II de la ley 27.260 (art. 55), corresponde incluir dentro del pago de las costas y gastos causídicos que se asume, a los intereses y/o multas alcanzadas por el beneficio de exención o condonación allí establecido", en tanto aquí se tuvo por allanada a la parte demandada con relación a la pretensión de la firma actora.
En definitiva, no se aprecia ninguna causal que permita eximir a la parte demandada de soportar las costas.
Por los mismos fundamentos, las costas de esta instancia deben ser impuestas a la parte demandada.
V. Dada la naturaleza del proceso, el monto involucrado, la única etapa procesal cumplida, el valor, el motivo, la extensión y la calidad jurídica de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido, corresponde CONFIRMAR en 3 UMA —equivalentes a la suma de $277.446, de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA n° 538/2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios del doctor Juan Patricio Cotter por su actuación ejerciendo la dirección letrada y la representación procesal de la parte actora en la anterior instancia (artículos 16, 19, 20, 21, 29, 58, inciso a), y demás concordantes de la ley 27.423; esta sala, causa “EN-M Economía-Secretaría Industria y Desarrollo Productivo c/ DIA Argentina SA-Expte 10655244/24 s/ proceso de conocimiento”, expediente n° 19.057/2024, pronunciamiento del 10 de febrero de 2026).
Sobre pautas análogas, corresponde FIJAR en 2,8 UMA —equivalentes a la suma de $258.950 de conformidad con los valores establecidos en la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3374/2026 PAMPA ENERGIA SA (TF 130381872-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO resolución SGA n° 538/2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios del doctor Juan Patricio Cotter por su actuación ejerciendo la dirección letrada y la representación procesal de la parte actora ante esta instancia (artículos 16, 19 y 20 de la ley 27.423).
La regulación precedente no incluye el impuesto al valor agregado, monto que —en su caso— deberá ser adicionado conforme a la situación subjetiva correspondiente frente a dicho tributo.
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESULEVE: 1.
Desestimar los agravios de la parte demandada, con costas, y 2. Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando V.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Se hace constar que suscriben la presente decisión dos integrantes de la sala por hallarse vacante el tercer cargo (art. 109 del R.J.N.).
Fin de la sentencia