Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 130453393-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Rechazar la apelación intentada por la demandada y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N.) y 2º) confirmar los honorarios y fijar los de alzada de conformidad al considerando VI.
50299/2025 PAMPA ENERGIA SA (TF 130453393-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ///nos Aires, 14 de abril de 2026.- AMD VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 13/06/25, el Tribunal Fiscal de la Nación tuvo por allanada a la Aduana, con costas.
Para fundar esa decisión, en primer término, indicó que: “[M]ediante IF- 2025-44995108-APN-DTD#JGM, la DGA se presenta y se allana al recurso de apelación interpuesto por la actora, en cuanto solicita la aplicación de la ley 27.743 y la condonación de la multa, conforme Disposición DI2025-25-E-AFIP- SDGTLA y autorización del 04.04.2025 (IF-2025-44996366-APN-DTD#JGM). Solicita que se impongan costas por su orden, citando jurisprudencia al respecto […]” y, en esas condiciones, expresó que: “[d]e conformidad con lo reglado por los arts. 304 y 307 del CPCCN, y asimismo, por cuanto se ajusta a las formalidades que establece el art. 1143 del CA y la Disposición DI-2025-25- E-AFIP-SDGTLA, corresponde tener por allanada a la Aduana […]” (páginas 137/138 del PDF acompañado en la causa).
II. Que, por otra parte, el 04/07/25, el Tribunal Fiscal reguló los honorarios del Dr. Cotter, por la labor desarrollada como letrado apoderado y patrocinante de la actora (páginas 147/148 del PDF acompañado en la causa). Esa regulación fue cuestionada el 10/07/25 por el letrado referido y por el Fisco, quienes consideraron, respectivamente, exiguo y elevado el monto reconocido (páginas 155 y 157/161 del PDF acompañado en la causa).
III. Que, además, el Fisco Nacional cuestionó las costas impuestas en el pronunciamiento de fondo.
En síntesis, sostuvo que debía aplicarse la doctrina que emanaba del fallo “Alpargatas SAIC c/D.G.I.”, del 16/12/20, que distribuyó las costas por su orden atento a no verificarse la existencia de una parte “vencida” en la causa. En ese sentido, remarcó que, si la actora había solicitado expresamente la aplicación de los beneficios de la ley 27.743 y la condonación de pleno derecho, no podía razonablemente alegarse que hubiera un “vencido”. Por otra parte, recordó que el artículo 3º de la ley 27.500 había introducido la obligatoriedad de la doctrina emanada de los fallos plenarios en el artículo 303 del CPCCN.
Citó jurisprudencia del fuero, y, subsidiariamente, requirió la aplicación de los artículos 68, segunda parte, y 70 del CPCCN, y 1163 del Código Aduanero.
Así las cosas, solicitó que se revocara: ˝[l]a Sentencia Recurrida en cuanto ha impuesto las costas parcialmente a la DGA y se disponga que las costas de la instancia anterior en la proporción en que mi mandante resultó vencido deben ser impuestas por su orden y las costas en la porción en que la actora resultó vencida recaigan sobre la firma infractora, con costas de la segunda instancia a la actora […]” (sic) (cfr. páginas 187/193 del PDF acompañado en la causa).
Finalmente, el 10/09/25 la parte actora formuló sus réplicas (cfr. páginas 200/207 del PDF acompañado en la causa).
IV. Que, la controversia queda así limitada a determinar si, en las particulares circunstancias de la causa, el allanamiento formulado justifica la imposición de costas por su orden o si, por el contrario, corresponde mantenerlas a cargo del Fisco Nacional.
Frente a ello, debe adelantarse que no asiste razón a la recurrente, por los motivos que seguidamente se explicarán.
En primer lugar, debe remarcarse que la solución prevista por la ley 27.743 ya se encontraba vigente al momento en que fue dictado el acto aduanero involucrado. Sin embargo, la Administración emitió igualmente la resolución sancionatoria (el 06/11/24) y, solo con posterioridad a que la actora articulara su recurso ante el Tribunal Fiscal, reconoció la procedencia del régimen legal invocado por ella y se allanó a su pretensión.
Esta situación determinó que la recurrente se viera obligada a acudir a la instancia jurisdiccional incluso con posterioridad a que hubiera solicitado de modo concreto ante la autoridad administrativa la aplicación de la norma de condonación (ver recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, punto III “Antecedentes” y fs. 99 del pdf de las actuaciones administrativas digitalizadas).
En tales condiciones, no puede sostenerse válidamente que el allanamiento haya sido oportuno en los términos del artículo 70 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Antes bien, la secuencia de lo actuado revela que fue la propia conducta anterior de la Administración la que tornó necesario el inicio y sustanciación del proceso.
Si bien es cierto que, en determinados supuestos, la sola operatividad legal de un régimen de condonación podría conducir a una solución diversa, ello no ocurre cuando el organismo administrativo, encontrándose ya vigente la norma aplicable, omite receptarla en su propia sede y obliga así al particular a litigar para obtener luego aquello mismo que el Fisco termina admitiendo en el caso.
Desde esa perspectiva, el posterior allanamiento no neutraliza las consecuencias derivadas de haber suscitado innecesariamente la intervención del Tribunal Fiscal, ni desplaza el principio según el cual las costas deben ser soportadas por quien, con su obrar, dio causa al proceso.
Por las razones expuestas, no cabe afirmar que en la especie no exista una parte “vencida” a los fines de la imposición de costas.
Estas circunstancias precedentemente descriptas determinan el rechazo del recurso intentado y la confirmación del pronunciamiento apelado.
V. Que las costas de la incidencia se imponen a la demandada, por no advertirse razones que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N.).
VI. Que a fin de tratar los recursos interpuestos; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más). Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados - conf. Resol. 1510/2024, lo resuelto con fechas 13/06/2025 y precedentemente-; atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito durante la etapa del pleito cumplido, corresponde confirmar los honorarios regulados con fecha 04/07/2025 en favor del DR. JUAN PATRICIO COTTER, letrado apoderado, actuante en la defensa de la actora (arts. 14, 16, 21, 24, 29, 44 inc. b), 58 y ccdtes. de la ley 27.423 – Dto. 1077/17).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, corresponde regular en la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS ($129.474,80) – equivalente a 1,40 UMA-; los emolumentos del DR. JUAN PATRICIO COTTER, letrado apoderado actuante en la defensa de la actora (arts. 20, 21, 29 , 30, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1º)
rechazar la apelación intentada por la demandada y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N.) y 2º) confirmar los honorarios y fijar los de alzada de conformidad al considerando VI.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia