Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 71440469-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios e imponer las costas de ambas instancias al Fisco que resultó vencido (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
2Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
18852/2025 PAMPA ENERGIA SA (TF 71440469-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que el 22 de octubre de 2024 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución n° 229/20 dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, mediante la cual había sido condenada la parte actora al pago de una multa de 23.138.508,89 pesos e intimada, también, al pago de 3.245.178,01 dólares estadounidenses por la diferencia de tributos liquidada en los cargos n° 41 a 48 del año 2015, ante la presunta comisión de la infracción de declaración inexacta prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso a), del Código Aduanero. Asimismo, mediante la aludida resolución se había dispuesto la condonación de la multa relacionada con las destinaciones 11 057 EC08 000007 H y 11 057 EC08 000019 K (cfr. páginas 1620/1628 del DEO 18587751 incorporado digitalmente a la causa el 3 de junio de 2025).
Puso de manifiesto que la controversia se hallaba circunscripta a determinar cuál era la posición arancelaria de la mercadería que se había exportado mediante los permisos de embarque n° 11 057 EC08 000008 X (11 057 ES02 000005 P), 11 057 EC08 000009 J (11 057 ES02 000006 Z), 11 057 EC08 000010 B (11 057 ES02 000004 Y), 11 057 EC08 000012 D (11 057 ES02 0000009 T), 11 057 EC08 000013 E (11 057 ES02 000008 S), 11 057 EC08 000015 G (11 057 ES02 000007 R), 11 057 EC08 000016 H (11 057 ES02 000011 M) y 11 057 EC08 000017 X (11 057 ES02 000013 Y), bajo el régimen de precios revisables.
En tal sentido, expresó que la firma actora había declarado que aquella debía ser clasificada en la posición arancelaria 2710.11.49.990 W, descripta como “Las demás – Naftas - Aceites livianos (ligeros)* y preparaciones”; mientras que el servicio aduanero había considerado que a aquella le correspondía la posición arancelaria 2710.11.41.000G, descripta como “Para petroquímica – Naftas - Aceites livianos (ligeros)* y preparaciones”.
Indicó que las actuaciones administrativas habían tenido su origen en el Informe n° 82/15 con base en el cual habían sido formulados los cargos por diferencia de tributos y; posteriormente, al haberse interpretado que esas diferencias eran consecuencia de una inexactitud en la declaración, se había abierto el sumario que culminó con la condena por la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 954, apartado 1), inciso a) del Código Aduanero.
Puso de manifiesto que en el referido informe se había tenido en consideración que “…la discrepancia clasificatoria surge de la lectura de la documentación complementaria y de los análisis de laboratorio efectuados por el INTI”. Al respecto, se expresó que de esa documentación (que no fue agregada a las actuaciones y cuya carga pesaba sobre el servicio aduanero) surgía que en el contrato de compraventa mediante el cual se había fijado el precio de la mercadería se había indicado que se trataba de “nafta física o virgen”, que a entender de ese organismo constituía “nafta petroquímica”. Sin perjuicio de ello, también se había indicado en las cláusulas que se trataba de “naptha para blending (no apta para uso pretroquímico), calidad típica (PESA)”. También se había hecho constar en aquel informe el resultado de los protocolos de análisis efectuados por el INTI y; además, se había incorporado el resultado de las consultas efectuadas a la Secretaría de Energía y al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) –a los que se le hicieron llegar los análisis de laboratorio y la documentación que se estimó relevante-.
Por otra parte, se señaló que “…el informe concluye que es indudable que se ha declarado una mercadería distinta a la que correspondía: ello es así en razón del análisis de las muestras que fueron tomadas en el expediente enunciado en el primer párrafo (SIGEA 12517-420 -2009), agregando que de acuerdo a los antecedentes aportados por la encartada en ningún momento se citan datos que puedan diferenciar una nafta de otra, con lo cual evidentemente son técnicamente idénticos productos”. Luego puso de manifiesto que fueron incorporadas las notas remitidas por la Secretaría de Energía y por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) de las que resulta con claridad que fueron producidas en el marco de una consulta que se dio en una actuación administrativa diversa CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V a la que se examina en los presentes autos. Destacó que en los informes técnicos remitidos por esos organismos en el marco de otras actuaciones se expresó que “…no es correcto afirmar que el hecho de que la nafta o gasolina no sea apropiada para motores -ciclo Otto- implique que tenga que ser utilizada para la industria petroquímica. Este es uno de los usos posibles, pero no el único. Asimismo, no es correcto afirmar que el hecho de que la nafta o gasolina no sea apta para motores -ciclo Otto- implique que tenga que ser nafta virgen” y; además, puso en evidencia que las conclusiones utilizadas como fundamento en el Informe n° 82/15 se relacionaron con los resultados de “…los análisis de laboratorio practicados sobre las muestras extraídas en las destinaciones 08 057 ES02 000096 X, 08 057 ES02 000101 S, 08 057 ES02 000106 A y 08 057 ES02 000108 C, destacándose que ninguna de ellas es objeto de la presente controversia” (el destacado es del original). De igual modo, refirió que el dictamen técnico n° 4/14, también producido en las aludidas actuaciones SIGEA 12517-420-2009, se circunscribió al examen de destinaciones diversas a las involucradas en los presentes autos.
Relató que “…se agregan los protocolos de análisis de laboratorio (ITEM) practicados sobre muestras extraídas de mercadería que se corresponde con las destinaciones de autos. No obstante, se advierte que respecto de las destinaciones 11057EC08000012D (11057ES020000009T), 11057EC08000013E (11057ES02000008S) y 11057EC08000015G (11057ES02000007R) no lucen agregados al expediente protocolos de análisis o constancia de extracción de muestra alguna”. Expresó que en tales protocolos no fueron volcadas conclusiones semejantes a las que se hizo referencia en el Informe n° 82/15 que se utilizó como fundamento en los presentes autos. Por ende, afirmó que teniendo en consideración que “…en todos los casos se informan volúmenes considerablemente inferiores a los 210°C tenidos en cuenta por el informe, lo que hace presumir, razonablemente, que es errónea la conclusión a la que arriba el informe técnico 82/15, en cuanto refiere, a fs. 4 segundo párrafo, que ‘evidentemente son técnicamente idénticos productos’”. Hizo referencia a que el propio servicio aduanero había indicado en el dictamen técnico n° 4/14 que, en relación con las muestras relativa algunas de las destinaciones involucradas en autos, correspondía completar el protocolo de análisis “…solicitando la composición en parafina y el número de octanos expresados en RON”, medida que no fue solicitada ni cumplida por ese organismo.
Hizo hincapié en que, pese a las deficiencias que se dieron en el trámite, el servicio aduanero avanzó con el curso de la actuación y dispuso la apertura del sumario, haciendo referencia a las pretendidas inconsistencias referidas en el aludido Informe n° 82/15. En tales condiciones, emitió el dictamen técnico n° 22/20 en el cual fueron transcriptos fragmentos del aludido Informe n° 82/15 para concluir luego que los parámetros más relevantes de ese protocolo resultaban concordantes con los indicados en los realizados respecto de la mercadería involucrada en el caso de autos de modo que era dable concluir que la posición arancelaria pertinente debió ser la propuesta por el servicio aduanero. No obstante, “…agrega un detalle con ‘los parámetros más relevantes de ese protocolo’, en donde puede verse un cuadro con la descripción de la mercadería, cuya información no coincide con ninguno de los protocolos de análisis realizados sobre las destinaciones –y la mercadería- que sí son objeto de la presente”.
Resumió que “…el servicio aduanero basó su pretensión tributaria y su condena infraccional en: (i) actos producidos en un expediente distinto al presente (SIGEA 12517-420-2009) partiendo del análisis de documentación complementaria que no obra agregada a la presente causa y tomando como válidas conclusiones de la Secretaría de Energía (Nota 2688/13), respecto a análisis de laboratorio practicados sobre muestras de destinaciones de exportación que no son las de esta causa (ver fs. 43 de las act. adm.); (ii) tergiversar la información brindada por el IAPG en su respuesta al oficio de fs. 37/38 de las act. adm., transcribiendo solo la parte que le resultaba útil y omitiendo las aclaraciones realizadas por el Instituto en el párrafo siguiente y; (iii) aun detectando que los análisis de laboratorio sobre las muestras de las destinaciones de autos arrojaban resultados diferentes a los obtenidos en el marco de la actuación SIGEA 12517-420-2009 (ver nota 971/17 de fs. 230/231 de las act. adm.-) avanzó igualmente, emitiendo un dictamen técnico que reitera los errores ya advertidos y agregando un cuadro con la descripción de la mercadería cuya información no coincide con ninguno de los protocolos de análisis del ITEM realizados sobre las destinaciones que sí son objeto de esta causa (ver punto 6) de fs. 247 de las act. adm.). Todo ello sin CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V mencionar que, también, resolvió condenar a la actora por destinaciones en las que no extrajo muestras ni realizó análisis de laboratorio alguno”. Sobre la base de tales consideraciones, concluyó que tanto los cargos como la infracción imputada no se hallaban debidamente fundados y que además no se había respetado la prohibición de incriminar por analogía, en materia de infracciones, establecida en el artículo 895 del Código Aduanero. Menos aún corresponde realizar aplicaciones analógicas extensivas en materia de determinaciones tributarias, considerando al resultado de la composición química de una mercadería aplicable directamente a otras sobre la que no se extrajo muestra alguna ni obran análisis químicos.
Asimismo, explicó que las divergencias que reflejaban los resultados de los análisis volcados en el Informe Técnico n° 82/15 (DV MICO), en el Dictamen Técnico n° 4/14 y en el Dictamen Técnico n° 22/20, así como la falta de muestras y de los análisis de laboratorio respecto de las mercaderías comprometidas en los presentes autos “…conducen también en autos a la razonable aplicación del principio jurídico del art. 898 del CA. Esta norma dispone que, en materia infraccional, en caso de duda, deberá estarse a lo que fuere más favorable al imputado, correspondiendo también por ello revocar la resolución apelada”.
Finalmente, estimó que las costas debían ser impuestas en el orden causado ya que la decisión se había adoptado por aplicación del principio contenido en el artículo 898 del Código Aduanero.
II. Que contra la referida sentencia la parte actora apeló y expresó agravios el 10 de diciembre de 2024, los que no fueron replicados por el Fisco (cfr. páginas 1636/1646 del DEO 18587751 incorporado digitalmente a la causa el 3 de junio de 2025).
La parte actora circunscribe sus agravios a la manera en que fueron impuestas las costas.
Recuerda que la cuestión controvertida en los presentes autos se centró en la dilucidación de la posición arancelaria que le correspondía declarar a su parte en las destinaciones a las que se hizo referencia en el primer considerando de este pronunciamiento.
Reitera que su parte señaló tanto en sede administrativa como en el recurso que oportunamente presentó ante el Tribunal Fiscal que en la mayoría de los casos involucrados el servicio aduanero no había tomado muestras de la mercadería comprometida, de modo que tampoco había analizado los componentes y resultaba arbitrario que hubiese tomado en consideración las conclusiones a las que se había llegado en otro sumario relativo a otras destinaciones.
Agrega que también indicó las razones por las cuales estimaba que la posición arancelaria pretendida por el servicio aduanero resultaba incorrecta, teniendo en consideración que en el caso se había tratado de exportaciones dirigidas a la República del Paraguay, país en el que no se desarrolla la industria petroquímica, y; además, porque de los términos del contrato de compraventa resultaba de manera expresa que no sería utilizada en esa industria. Refirió que en ese contexto produjo prueba tendiente a justificar la posición arancelaria declarada, que fue convalidada por las conclusiones aportadas por la Secretaría de Energía y que, asimismo, del propio informe de la División Clasificación Arancelaria resultaba “…la imposibilidad de emitir un dictamen clasificatorio, ante la falta de muestras y análisis de las mercaderías involucradas”.
Destaca que la absolución dispuesta por el Tribunal Fiscal lo fue con fundamento en que la Aduana no había tomado muestras del producto ni analizado sus componentes, por lo que mal podía la Aduana re -clasificar la mercadería basando sus conclusiones en la composición de la nafta que se había determinado en otro sumario y para otras operaciones. En tales condiciones, aquel Tribunal estimó inapropiado recurrir a los análisis e informes producidos en sumarios diversos y respecto de mercaderías que no eran las de esta causa. Refiere que el informe tenido en consideración por el servicio aduanero no contiene un examen que pueda ser asemejado al resultado que se obtuvo mediante los protocolos de análisis realizados respecto de algunas de las destinaciones involucradas en la causa.
Señala que el Tribunal Fiscal tuvo en consideración la imposibilidad de acudir a la analogía para resolver las cuestiones infraccionales y; menos aún, para examinar la procedencia de la determinación tributaria.
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Cuestiona que, sin perjuicio de “…la claridad conceptual de los fundamentos en orden a desestimar la posición aduanera que sustenta la condena propiciada, que incluso habla de la falta de debida fundamentación, al ocuparse de la distribución de las costas y sin aportar elementos que permitan un apartamiento del principio de la derrota, sostiene que esas reflexiones ‘conducen también en autos a la razonable aplicación del principio jurídico del art. 898 del C.A. Esta norma dispone que, en materia infraccional, en caso de duda, deberá estarse a lo que fuere más favorable al imputado, correspondiendo también por ello revocar la resolución apelada’”. Insiste en que lo decidido implicó la validación de los planteos efectuados por su parte desde el momento que ofreció sus defensas en sede administrativa, ya que el requerimiento tributario y la imputación infraccional fueron efectuados con fundamento en operaciones diversas a las involucradas en autos, lo que no puede ser admitido.
Afirma que no resulta fundamento suficiente para imponer las costas por su orden la referencia contenida en la sentencia en orden a que existieron divergencias en los informes técnicos incorporados en la causa (Informe Técnico n° 82/15, Dictamen Técnico n° 4/14 y Dictamen Técnico n° 22/20).
Al respecto, destaca que la carga de la prueba pesaba exclusivamente sobre el servicio aduanero que cuestionó la posición arancelaria propuesta por su parte y afirmó que aquellas debieron ser clasificadas de manera diversa habiendo tomado como referencia los protocolos de análisis de otra carga exportada años antes.
Sostiene que el justificativo no sólo se advierte insuficiente sino que además prescinde de tener en consideración las deficiencias en el trámite llevado adelante por el servicio aduanero y; asimismo, a las omisiones “tendenciosas como de hecho ocurre cuando relata que la Aduana tergiversó la información brindada por el IAPG en su respuesta al oficio ‘transcribiendo solo la parte que le resultaba útil y omitiendo las declaraciones realizadas por el Instituto en el párrafo siguiente”.
Refiere concretamente que su parte aportó en sede administrativa informes que descalificaban los reportes originales sobre los que se pretendió sostener la denuncia, no obstante lo cual el servicio aduanero prosiguió en su accionar, condenó a su parte y la obligó a recurrir ante el Tribunal Fiscal, viéndose obligada a pagar la tasa de actuación que, en el caso, superó los 7 millones de pesos, para que le fueran finalmente reconocidos sus planteos.
Finalmente, y con cita de diversos precedentes, afirma que la circunstancia de que la demandada se hubiera considerado con razones fundadas para litigar no es suficiente, por sí misma, para justificar la imposición de costas por su orden. Hace referencia a lo resuelto por esta Sala V en la causa n° 234/24 caratulada “Bayer S.A. (TF 28288-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 2 de julio de 2024 en la que se consideró razonable que el Fisco asumiera el pago de las costas teniendo en consideración que en ese caso se había pretendido efectuar un ajuste de valor con fundamento en un informe técnico que no fue incorporado a la causa -pese a habérsele cursado reiterados requerimientos al Fisco- extremo que fue oportunamente cuestionado por la firma actora.
III. Que cabe señalar que el artículo 1163 del Código Aduanero, en su primera parte, dispone que “[l]a parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición”.
En tales condiciones, y tal como expone la parte actora en su recurso, de la sentencia apelada resulta que el Tribunal Fiscal fundó su decisión tomando en consideración las diversas circunstancias que se verificaron en autos. Fundamentalmente, las notables irregularidades sobre las que se construyó la imputación, vinculadas con la falta de toma de muestras de todas las destinaciones y la realización de análisis respecto de las mercaderías involucradas en estos autos; la utilización de conclusiones fragmentadas resultantes de exámenes realizados en otras actuaciones administrativas respecto de otras mercaderías; la referencia a protocolos de análisis practicados respecto de algunas destinaciones que le fueron cuestionadas; y la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V transcripción de conclusiones parciales efectuadas por organismos especializados en otras causas, respecto de otras mercaderías.
Por lo demás, también se hizo referencia a que las falencias del caso fueron planteadas por la parte actora desde el inicio del trámite del sumario, pese a lo cual el servicio aduanero insistió en avanzar con el procedimiento y culminó condenando a la firma exportadora.
En tales condiciones, la imposición de las costas por su orden establecida en la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal resulta irrazonable considerando las circunstancias en las que se dispuso la revocación de la resolución apelada. Tal como expresa la apelante, la solución adoptada en el caso por el Tribunal Fiscal no resulta consecuencia estricta ni directa de la aplicación del beneficio de la duda en favor de la firma exportadora, previsto en el artículo 898 del Código Aduanero, más allá de haber sido invocado en el considerando V.5 y VI de la sentencia apelada. En todo caso, y tal como resulta de la lectura de ese pronunciamiento, pudo tratarse de un argumento adicional, no determinante para la toma de la decisión final que, como se explicó precedentemente, se fundó en la sucesión de irregularidades en el procedimiento; en la inexistencia de los debidos análisis respecto de las mercaderías involucradas en el caso; en la impertinencia de considerar las conclusiones efectuadas en otro sumario, respecto de otras destinaciones, otras muestras y otros análisis que, por lo demás, y en cuanto a su resultado no eran siquiera equiparables a los que se produjeron en relación con algunas de las destinaciones involucradas en el caso, los cuales, además, tampoco fueron completados pese a que se indicó la necesidad de que se adoptaran otras medidas sobre las muestras y; además, a la parcialidad con la que fueron utilizadas las respuestas de los organismos especializados al tiempo de ser consultados respecto de otras destinaciones, con el único -aparente- sentido que validar la posición del servicio aduanero.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios e imponer las costas de ambas instancias al Fisco que resultó vencido (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 2) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Jorge F. Alemany Guillermo F. Treacy Pablo Gallegos Fedriani
Fin de la sentencia