Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 73600475-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la decisión del 15/4/25 en cuanto fue materia de recurso, con costas.
2Confirmar la regulación de honorarios practicada en la causa y fijar los correspondientes a la actuación ante la Cámara de acuerdo con lo que surge del considerando 5°.
3Diferir el pago de la tasa de justicia a cargo del Fisco Nacional conforme con lo dispuesto en el considerando 6°.
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
39268/2025 “PAMPA ENERGIA SA (TF 73600475-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2025.
O F VISTA:
I La elevación del expediente TF 73600475-A (v. DEO del 28/10/25) a fin de C considerar “el recurso de apelación interpuesto por el fisco nacional el 27/05/2025 (v. IF- I 2025-56476040-APN-DTD#JGM), concedido el 08/07/2025 (v. PV-2025-73814312- APN- A L VOCXVII#TFN), contra la sentencia dictada el 15/04/2025, en cuanto revoca la Resolución N° 238/2020 (AD SALO), con costas al fisco nacional (v. IF-2025-39371453- S APN-VOCXVII#TFN)” (v. nota en la pág. 1948 del expte. electrónico, donde también O consta que la recurrente expresó agravios dentro del plazo legal, y que fueron contestados U por la contraria), así como los recursos deducidos contra la regulación de honorarios del 30/6/25; y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) rechazó el planteo de nulidad por afectación al derecho de defensa, opuesto por la actora, sin especial imposición de costas; (ii) revocó a la resolución AD SALO 238/20, recaída en la actuación SIGEA 16546-185- 2014/99, en cuanto había condenado a PETROBRAS ARGENTINA SA (actualmente PAMPA ENERGÍA SA) al pago de una multa ($33.872.415,15) y tributos (USD 4.072.310,57) derivados de la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1°, inciso a, del Código Aduanero, con relación a diversos permisos de embarque; (iii) condenó en costas al Fisco Nacional.
Para resolver como lo hizo, en lo que ahora interesa señalar, mencionó que por las destinaciones en cuestión la actora había documentado la exportación de mercadería de la PA 2710.12.49.990H (Nafta. Las demás). Al realizarse el control ex post, el servicio aduanero concluyó que debió clasificarse en la PA 2710.12.41.000U (Nafta para petroquímica) -cfr. informe técnico DV MICO 26/16-.
Precisó que aquello no se había podido determinar durante el control documental, sino que fue necesario extraer muestras para su posterior remisión al Instituto Nacional de Tecnología Industrial; sin embargo, ese procedimiento se había cumplido en el marco de otra actuación y con respecto a mercadería amparada por otras destinaciones (expediente SIGEA 12517-420-2009 y sumario contencioso SC57-31/2009 de la Aduana de San Lorenzo), extendiéndose sus conclusiones a las involucradas en este expediente. Agregó que lo informado por el referido instituto en punto a la correcta clasificación arancelaria de la mercadería resultó respaldado por otros elementos proporcionados por la Secretaría de Energía y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, pero siempre con relación a destinaciones distintas de las aquí involucradas. También dejó constancia que ninguno de los informes ni antecedentes mencionados por el servicio aduanero se encontraban agregados en esta actuación.
Sobre tales bases, consideró que la condena a la actora se había basado en una investigación incompleta, sin pruebas sólidas y verificables. Puntualmente, argumentó que la imputación infraccional y el consiguiente reclamo tributario se encontraban indebidamente fundados, en tanto no se agregaron elementos de convicción suficiente para discernir la cuestión clasificatoria y determinar la inexactitud de la declaración. Agregó que por las cualidades intrínsecas de la mercadería y su liberación a plaza en 2012, era materialmente imposible disponer medidas que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 1143 del código, permitiesen develar la posición arancelaria adecuada. Por consiguiente, revocó la resolución AD SALO 238/20, y declaró inoficioso un pronunciamiento sobre los restantes planteos de la actora.
Finalmente, en cuanto a las costas, sostuvo que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota.
2. Que el Fisco Nacional cuestionó la condena en costas. Argumentó que había motivos para apartarse del principio general en la materia, ya que la empresa estaba involucrada en varios sumarios análogos, en los que se habían reunido numerosos elementos que respaldaban la posición de la Aduana, que incluso fueron mencionados en la decisión apelada. Para robustecer su posición, mencionó que en algunas de esas causas otras salas del Tribunal Fiscal de la Nación entendieron que se configuraba una situación de duda que no podía resolverse en contra del imputado (art. 898, CA). Sobre tales bases, CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 39268/2025 “PAMPA ENERGIA SA (TF 73600475-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
sostuvo que tuvo fundados motivos para litigar, y pidió que las costas se distribuyeran por su orden.
O
F 3º) Que el artículo 1163 del Código Aduanero (texto según el art. 273 de la ley I 27.430 –BO 29/12/17–) establece que “[l]a parte vencida en juicio deberá pagar todos los C gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin I embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al A L litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición…”.
S Es decir que, en su actual redacción, el Código Aduanero faculta al Tribunal Fiscal O de la Nación para eximir total o parcialmente al litigante vencido de pagar los gastos de la U contraria, tal como lo hace la ley 11.683 en materia de imposición interna (cfr. esta Sala, causa 86874/17 “Spicer Ejes Pesados SA”, sent. del 26/12/17 y sus citas). No obstante, dicha facultad debe ser ejercida con carácter restrictivo, conforme a las condiciones expresamente establecidas en el citado artículo (doctr. Fallos: 311:809; 317:1640; 328:4054 y 4504, y esta Sala, causa 67672/18 “Sancor Cul c/ DGA”, del 20/9/18, entre otras).
Ello obedece a que la regla general que impone al vencido el pago de las costas encuentra fundamento en la falta de éxito de su pretensión y en la necesidad de preservar la integridad del derecho reconocido a la parte vencedora. De lo contrario, los gastos incurridos por esta última se traducirían en una merma del derecho declarado en la sentencia. Por tal razón, la potestad de eximición debe aplicarse con prudencia, y únicamente cuando medien circunstancias que tornen manifiestamente injusta la aplicación del principio general (cfr. esta Sala, causas “Aguas Argentinas SA c/ ETOySS”, sentencia del 8/2/00; y “Guardini Santos, Cirilo c/ EN”, sentencia del 19/6/01, entre otras). En otras palabras, debe verificarse la existencia de motivos que, apreciados objetivamente, permitan inferir la presencia de una justa causa para litigar. Concepto, éste, que tradicionalmente se ha vinculado con la existencia de serias dificultades en la resolución del conflicto, ya sea por su complejidad, por tratarse de una cuestión novedosa, o por la existencia de divergencias doctrinarias y jurisprudenciales en torno a su interpretación (cfr. Sala II, causa “Rocco, Rolando A. c/ MEOySP”, sentencia del 16/4/98; Sala III, causa “Puntual SACIFIA c/ Banco Hipotecario Nacional”, sentencia del 31/8/82; y esta Sala, causa “Bianchi, Néstor Alcides c/ EN (SIDE)”, sentencia del 4/9/87, entre otras).
4. Que, en el caso bajo examen, no se advierte en las actuaciones —ni se identificó en la decisión recurrida— elemento alguno que permitiese sostener la existencia de una situación de duda o de motivos válidos para litigar. Por el contrario, la decisión apelada fue concluyente respecto de la ausencia de elementos que justificaran una clasificación arancelaria distinta de la declarada.
La ausencia de elementos incorporados al expediente que justificaran la condena — circunstancia imputable al servicio aduanero—, sumada a que dicho extremo fue expresamente señalado por la actora en su apelación ante el Tribunal Fiscal (v. punto III.c del escrito de inicio, pág. 6 del expediente citado), evidencia que la distribución de costas por su orden carecería de justificación (en sentido concordante, cfr. esta Sala, causa 31071/25 “Pampa Energía SA (TF 102370915-A) c/ DGA”, sent. del 4/9/25).
En consecuencia, se rechaza la apelación del Fisco Nacional, con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
5. Que corresponde tratar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios del 30/6/25.
En atención a los planteos formulados por las partes, se remite al criterio expuesto por este Tribunal en cuanto a que, para establecer la base regulatoria de los honorarios en casos como el presente, en que se cuestionan liquidaciones de tributos aduaneros que se determinan en dólares estadounidenses (arg. art. 20, ley 23.905), resulta equitativo estar a la cotización de la moneda vigente a la fecha de interposición de la acción (29/10/20); que es la misma que se toma en cuenta para determinar el monto del litigio y abonar la tasa de actuación (cfr. causa 15539/19 “Wintershall Energía SA c/ DGA”, sent. del 17/2/20, entre muchas otras).
Esto, sin perjuicio de la facultad de los jueces de la causa de computar en la base regulatoria los intereses devengados durante la tramitación de la causa, a fin de actualizar CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 39268/2025 “PAMPA ENERGIA SA (TF 73600475-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
el valor discutido a los fines arancelarios, para respetar el derecho de propiedad y la justa retribución que garantizan los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, asegurando así O F una razonable contraprestación por la labor profesional desarrollada; de un modo acorde I con lo que establece el artículo 24 de la ley 27.423.
C Teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido y el I monto del asunto calculado con arreglo a las pautas precedentes; y atento al valor, motivo, A L extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por Juan Patricio Cotter en carácter de letrado apoderado de la actora, durante las tres etapas que tuvo el proceso ante el Tribunal S Fiscal de la Nación, corresponde CONFIRMAR sus honorarios (arts. 16, 19, 20, 21, 29 O inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423).
U
A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR los honorarios del citado profesional por su actuación en esta instancia (cfr. contestación de agravios) en la suma de $69.388.000 ⸻ equivalentes a la cantidad de 880 UMA (res. CSJN SGA 2533/25)⸻.
Se deja constancia que la regulación que antecede no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que ⸻en su caso⸻ deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo. Además, deberá cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423.
6. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. escrito del 6/11/25).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. punto V del primer auto); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente Por ello, SE RESUELVE:
1. Rechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la decisión del 15/4/25 en cuanto fue materia de recurso, con costas.
2. Confirmar la regulación de honorarios practicada en la causa y fijar los correspondientes a la actuación ante la Cámara de acuerdo con lo que surge del considerando 5°.
3. Diferir el pago de la tasa de justicia a cargo del Fisco Nacional conforme con lo dispuesto en el considerando 6°.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia