Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 73673039-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la apelación, revocar la resolución del 12/3/25 en cuanto fue materia de agravio e imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional, sustancialmente vencido (arg. arts. 1163 del CA y 68, primer párrafo, del CPCCN).
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
37424/2025 “PAMPA ENERGIA SA (TF 73673039-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 21 de octubre de 2025.
O F VISTA:
I La elevación del expediente TF 73673039-A (v. DEO del 30/9/25) a fin de considerar C “el recurso de apelación interpuesto por la actora el 23/04/2025 (v. IF-2025-42297022-APN- I DTD#JGM) concedido el 29/05/2025 (v. PV-2025-57629112-APNVOCXV#TFN), contra la A L sentencia dictada el 12/03/2025, en cuanto a la imposición de costas (v. IF2025-25831520- APN-VOCXV#TFN)” (v. nota en la pág. 2125 del expte. electrónico, donde también consta S que la recurrente expresó agravios dentro del plazo legal, y que el Fisco contestó el traslado O conferido); y U
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación:
(i) Revocó a la resolución AD SALO 239/20, recaída en la actuación SIGEA 16546- 185-2014/97, en cuanto había condenado a PETROBRAS ARGENTINA SA (actualmente PAMPA ENERGÍA SA) al pago de una multa ($16.531.073,20) y tributos (USD 3.759.001,94) derivados de la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1°, inciso a, del Código Aduanero, con relación a las siguientes destinaciones de exportación: 12 057 ES02 000018 U, registrada el 3/4/12 (y definitiva 12 057 EC08 000023 G); 12 057 ES02 000020 N, registrada el 3/4/12 (y definitiva 12 057 EC08 000024 H); 12 057 ES02 000019 V, registrada el 19/3/12 (y definitiva 12 057 EC08 000025 X); 12 057 ES02 000022 P, registrada el 19/4/12 (y definitiva 12 057 EC08 000026 J); 12 057 ES02 000023 Z, registrada el 20/4/12 (y definitiva 12 057 EC08 000027 K); 12 057 ES02 000026 T, registrada el 10/5/12 (y definitiva 12 057 EC08 000030 E); 12 057 ES02 000027 U, registrada el 10/5/12 (y definitiva 12 057 EC08 000031 F); 12 057 ES02 000028 V, registrada el 10/5/12 (y definitiva 12 057 EC08 000032 G); 12 057 ES02 000029 W, registrada el 10/5/12 (y definitiva 12 057 EC08 000033 H); y 12 057 ES02 000032 Z. registrada el 18/5/12 (y definitiva 12 057 EC08 000035 J).
(ii) Distribuyó las costas por su orden.
Para resolver como lo hizo, recordó que por medio de las destinaciones mencionadas la actora había exportado, bajo el régimen de precios revisables y con destino a la República del Paraguay, mercadería correspondiente a la PA 2710.12.49.990H: “Los demás. Las demás. Las demás Naftas –Aceites livianos (ligeros)…”
Explicó que el sumario se había iniciado porque la Aduana entendió que, dadas sus características técnicas, el producto exportado era nafta para petroquímica y debió clasificarse en la PA 2710.12.41.000U (cfr. informe técnico DE MICO 234/16, a fs. 2/9 act. adm.). Precisó que dicha circunstancia no se había podido determinar durante el control documental, sino que fue necesario extraer muestras de la mercadería para su posterior remisión al Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Sin embargo, ese procedimiento se había cumplido en el marco de otra actuación, y con respecto a la mercadería amparada por otras destinaciones, extendiéndose sus conclusiones a las involucradas en este expediente. Agregó que lo informado por el referido Instituto en punto a la correcta clasificación arancelaria de la mercadería resultó respaldado por otros elementos proporcionados por la Secretaría de Energía y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, pero siempre con relación a destinaciones distintas de las aquí involucradas.
También dejó constancia que ninguno de los informes ni antecedentes mencionados por el servicio aduanero se encontraban agregados en la actuación SIGEA 16546-185- 2014/97.
Finalmente, hizo hincapié en que, durante sus intervenciones en el procedimiento aduanero, la Sección Clasificación Arancelaria advirtió en más de una oportunidad que no se habían extraído muestras representativas ni practicado análisis de laboratorio respecto de la mercadería alcanzada por las destinaciones del caso. Pero, así y todo, concluyó que la clasificación arancelaria era incorrecta.
Sobre tales bases, el tribunal de origen consideró que la condena a la actora se había basado en una investigación incompleta y con errores, sin pruebas sólidas y verificables; por lo que revocó la resolución AD SALO 239/20.
Puntualmente, argumentó que la imputación infraccional y el consiguiente reclamo tributario se encontraban indebidamente fundados, y no respetaban lo establecido por el artículo 895 del Código Aduanero, en cuanto prohíbe la incriminación por analogía. Aclaró que tampoco correspondía realizar aplicaciones extensivas en materia de determinaciones tributarias, considerando al resultado de la composición química de una mercadería directamente aplicable a otra de la que no se extrajo muestra alguna ni obraban análisis químicos.
A su vez, entendió aplicable el principio del artículo 898 del Código Aduanero, toda vez que la inexistencia de muestras y análisis de laboratorio sobre la mercadería del caso, debidamente advertida en los informes y dictámenes técnicos producidos durante el sumario, conducían a un estado de duda razonable que debía resolverse a favor del imputado. Por último, distribuyó las costas por su orden fundándolo en “la aplicación del principio el art. 898 del CA” y que la Aduana “pudo tener motivos para actuar como lo hizo” (p. 2092, expte. cit.).
2. Que, en sustancia, la actora cuestionó la distribución de las costas y argumentó que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota.
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Argumentó que la decisión apelada reconoció expresamente la improcedencia de la condena, al señalar que se fundó en un informe técnico elaborado sobre la base de análisis de O F laboratorio que no estaban agregados en las actuaciones administrativas y que fueron I producidos en un expediente distinto, sobre destinaciones ajenas a la causa en examen. C Asimismo, destacó que la División Clasificación Arancelaria emitió un dictamen técnico pese I a conocer que no contaba con muestras representativas ni con análisis de laboratorio válidos.
A
L La recurrente hizo hincapié en que todos estos extremos habían sido planteados en su escrito de inicio.
S Cuestionó que, a pesar de la claridad de los fundamentos que lo llevaron a concluir que O la condena era injustificada, y que debía desestimarse la posición de la Aduana, el Tribunal U Fiscal de la Nación hubiese mencionado como argumento adicional el principio de la duda del artículo 898 del código de la materia, y fundado en esa disposición la eximición del pago de las costas al vencido.
Agregó que no advertía en los fundamentos de la decisión una explicitación de los elementos que permitían sostener que el Fisco pudo tener motivos para actuar como lo hizo. Recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido de manera constante que las costas deben ser impuestas a la parte vencida, en tanto es quien ha obligado a la contraria a litigar para obtener el reconocimiento de su derecho, y que las excepciones a dicha regla deben ser admitidas con criterio restrictivo.
Citó jurisprudencia de esta Cámara en igual sentido.
En definitiva, pidió que se revisase la decisión de distribuir las costas de la anterior instancia en el orden causado, ya que estaba desprovista de sustento jurídico, al haberse reconocido la improcedencia de la actuación aduanera en la propia resolución.
3. Que el artículo 1163 del Código Aduanero (texto según el art. 273 de la ley 27.430 –BO 29/12/17–) establece que “[l]a parte vencida en juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición…” (el destacado es propio). Es decir que, en su actual redacción, y a diferencia de lo que ocurría con el texto modificado por el decreto 1684/93, el Código Aduanero faculta al Tribunal Fiscal de la Nación para eximir total o parcialmente al litigante vencido de pagar los gastos de la contraria, tal como lo hace la ley 11.683 en materia de imposición interna (cfr. esta Sala, causa 86874/17 “Spicer Ejes Pesados SA”, sent. del 26/12/17 y sus citas).
No obstante, corresponde destacar que dicha facultad debe ser ejercida con carácter restrictivo, conforme a las condiciones expresamente establecidas en el citado artículo (doctr. Fallos: 311:809; 317:1640; 328:4054 y 4504, entre otros; y esta Sala, causas “ANA c/ Carrigton, Wilfredo José”, del 6/6/86; “Compañía de Servicios y Suministros S.R.L.”, del 19/9/91; y 67672/18 “Sancor Cul c/ DGA”, del 20/9/18, entre otras).
Ello obedece a que la regla general que impone al vencido el pago de las costas encuentra fundamento en la falta de éxito de su pretensión y en la necesidad de preservar la integridad del derecho reconocido a la parte vencedora. De lo contrario, los gastos incurridos por esta última se traducirían en una merma del derecho declarado en la sentencia. Por tal razón, la potestad de eximición debe aplicarse con prudencia, y únicamente cuando medien circunstancias que tornen manifiestamente injusta la aplicación del principio general (cfr. esta Sala, causas “Aguas Argentinas SA c/ ETOySS”, sentencia del 8/2/00; y “Guardini Santos, Cirilo c/ EN”, sentencia del 19/6/01, entre otras).
En otras palabras, debe verificarse la existencia de motivos que, apreciados objetivamente, permitan inferir la presencia de una justa causa para litigar. Concepto, éste, que tradicionalmente se ha vinculado con la existencia de serias dificultades en la resolución del conflicto, ya sea por su complejidad, por tratarse de una cuestión novedosa, o por la existencia de divergencias doctrinarias y jurisprudenciales en torno a su interpretación (cfr. Sala II, causa “Rocco, Rolando A. c/ MEOySP”, sentencia del 16/4/98; Sala III, causa “Puntual SACIFIA c/ Banco Hipotecario Nacional”, sentencia del 31/8/82; y esta Sala, causa “Bianchi, Néstor Alcides c/ EN (SIDE)”, sentencia del 4/9/87, entre otras).
4. Que, en el caso bajo examen, el tribunal de origen consideró que el Fisco contó con una razón probable para litigar, apartándose del principio objetivo de la derrota. Sin embargo, tal conclusión no se desprende razonadamente de las circunstancias acreditadas en el proceso, ni de las consideraciones hechas en la resolución apelada.
En efecto, si bien se invocó la aplicación del principio de duda en favor del imputado (art. 898, Código Aduanero), se trata de un fundamento aparente, toda vez que el carácter de parte vencedora de la actora surge de modo inequívoco de los términos de la decisión. La valoración de la prueba realizada por el Tribunal Fiscal le permitió concluir, sin hesitación, que carecía de sustento la pretensión fiscal de exigir el pago de multa y tributos, al haberse fundado en informes técnicos y análisis de laboratorio referidos a destinaciones ajenas a la causa, que además no obraban en las actuaciones. Tal circunstancia revela que la resolución AD SALO 239/20 adolecía de nulidad absoluta, al no sustentarse en hechos y antecedentes que le sirviesen de causa (arg. arts. 7° y 14 de la ley 19.549, aplicables supletoriamente conforme el art. 1017 del Código Aduanero).
En ese marco, la referencia al artículo 898 sólo puede entenderse como un argumento complementario, sin entidad suficiente para justificar el apartamiento del principio general en materia de costas.
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No se advierte en las actuaciones —ni se identificó en la decisión recurrida— elemento alguno que permitiese sostener la existencia de una situación de duda o de motivos válidos O F para litigar. Por el contrario, la decisión apelada fue concluyente respecto de la ausencia de I elementos que justificaran una clasificación arancelaria distinta de la declarada. C La ausencia de elementos incorporados al expediente que justificaran la condena — I circunstancia imputable al servicio aduanero—, sumada a que dicho extremo fue A L expresamente señalado por la actora en su apelación ante el Tribunal Fiscal (v. punto III.c del escrito de inicio, pág. 17 del expediente citado), evidencia que la distribución de costas por su S orden carece de justificación, al no guardar relación con las circunstancias verificadas en la O causa.
U
En consecuencia, no correspondía eximir al Fisco vencido del pago de las costas, conforme la doctrina consolidada que impone una interpretación restrictiva de la facultad prevista en el artículo 1163 del Código Aduanero.
Por ello, SE RESUELVE: Hacer lugar a la apelación, revocar la resolución del 12/3/25 en cuanto fue materia de agravio e imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional, sustancialmente vencido (arg. arts. 1163 del CA y 68, primer párrafo, del CPCCN). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia