Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 73777546-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios e imponer las costas de ambas instancias al Fisco que resultó vencido (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
2Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
15860/2025 PAMPA ENERGIA SA (TF 73777546-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que el 23 de octubre de 2024 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución n° 235/20 dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, mediante la cual había sido condenada la parte actora al pago de una multa de 38.448.719,06 pesos e intimada, también, al pago de 7.844.620,91 dólares estadounidenses por la diferencia de tributos liquidada en los cargos n° 84 a 96 y 98 a 106 del año 2015, ante la presunta comisión de la infracción de declaración inexacta prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso a), del Código Aduanero.
Puso de manifiesto que la controversia se hallaba circunscripta a determinar cuál era la posición arancelaria de la mercadería que se había exportado mediante los permisos de embarque n° 11 057 EC08 000052 H (11 057 ES02 000048 W), 11 057 EC08 000064 K (11 057 ES02 000061 R), 11 057 EC08 000065 L (11 057 ES02 000062 S), 11 057 EC08 000067 N (11 057 ES02 0000063 T), 11 057 EC08 000069 P (11 057 ES02 000068 B), 11 057 EC08 000070 H (11 057 ES02 000067 A), 11 057 EC08 000071 X (11 057 ES02 000070 R), 11 057 EC08 000073 K (11 057 ES02 000075 W), 11 057 EC08 000074 L (11 057 ES02 000074 V), 11 057 EC08 000075 M (11 057 ES02 000071 S), 11 057 EC08 000076 N (11 057 ES02 000073 U), 11 057 EC08 000077 Y (11 057 ES02 000072 T), 11 057 EC08 000078 P (11 057 ES02 000077 B), 11 057 EC08 000081 J (11 057 ES02 000080 S), 11 057 EC08 000084 M (11 057 ES02 000086 B), 11 057 EC08 000086 Y (11 057 ES02 000087 C), 11 057 EC08 000087 P (11 057 ES02 000088 D), 11 057 EC08 000088 Z (11 057 ES02 000089 E), 11 057 EC08 000092 L (11 057 ES02 000093 W), 11 057 EC08 000093 M (11 057 ES02 000095 B), 11 057 EC08 000095 Y (11 057 ES02 000097 Alta en sistema: 22/08/2025 D) y 11 057 EC08 000096 P (11 057 ES02 000098 E), bajo el régimen de precios revisables.
En tal sentido, expresó que la firma actora había declarado que aquella debía ser clasificada en la posición arancelaria 2710.11.49.990 W, descripta como “Las demás – Naftas - Aceites livianos (ligeros)* y preparaciones”; mientras que el servicio aduanero había considerado que a aquella le correspondía la posición arancelaria 2710.11.41.000G, descripta como “Para petroquímica – Naftas - Aceites livianos (ligeros)* y preparaciones”.
Indicó que las actuaciones administrativas habían tenido su origen en el Informe n° 101/15 con base en el cual habían sido formulados los cargos por diferencia de tributos y; posteriormente, al haberse interpretado que esas diferencias eran consecuencia de una inexactitud en la declaración, se había abierto el sumario que culminó con la condena por la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 954, apartado 1), inciso a) del Código Aduanero.
Puso de manifiesto que en el referido informe se había tenido en consideración que “…la discrepancia clasificatoria surge de la lectura de la documentación complementaria y de los análisis de laboratorio efectuados por el INTI”. Al respecto, se expresó que de esa documentación (que no fue agregada a las actuaciones y cuya carga pesaba sobre el servicio aduanero) surgía que en el contrato de compraventa mediante el cual se había fijado el precio de la mercadería se había indicado que se trataba de “nafta física o virgen” que a entender de ese organismo constituía “nafta petroquímica”. Sin perjuicio de ello, también se había indicado en las cláusulas que se trataba de “naptha para blending (no apta para uso pretroquímico), calidad típica (PESA)”. También se había hecho constar en aquel informe el resultado de los protocolos de análisis efectuados por el INTI y; además, se había incorporado el resultado de las consultas efectuadas a la Secretaría de Energía y al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) –a los que se le hicieron llegar los análisis de laboratorio y la documentación que se estimó relevante-.
Alta en sistema: 22/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Por otra parte, se señaló que “…el informe concluye que es indudable que se ha declarado una mercadería distinta a la que correspondía: ello es así en razón del análisis de las muestras que fueron tomadas en el expediente enunciado en el primer párrafo (SIGEA 12517-420-2009), agregando que de acuerdo a los antecedentes aportados por la encartada en ningún momento se citan datos que puedan diferenciar una nafta de otra, con lo cual evidentemente son técnicamente idénticos productos”.
Luego puso de manifiesto que fueron incorporadas las notas remitidas por la Secretaría de Energía y por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) de las que resulta con claridad que fueron producidas en el marco de una consulta que se dio en una actuación administrativa diversa a la que se examina en los presentes autos. Destacó que en los informes técnicos remitidos por esos organismos en el marco de otras actuaciones se expresó que “…no es correcto afirmar que el hecho de que la nafta o gasolina no sea apropiada para motores -ciclo Otto- implique que tenga que ser utilizada para la industria petroquímica. Este es uno de los usos posibles, pero no el único. Asimismo, no es correcto afirmar que el hecho de que la nafta o gasolina no sea apta para motores -ciclo Otto- implique que tenga que ser nafta virgen” y; además, puso en evidencia que las conclusiones utilizadas como fundamento en el Informe n° 101/15 se relacionaron con los resultados de “…los análisis de laboratorio practicados sobre las muestras extraídas en las destinaciones 08 057 ES02 000096 X, 08 057 ES02 000101 S, 08 057 ES02 000106 A y 08 057 ES02 000108 C, destacándose que ninguna de ellas es objeto de la presente controversia” (el destacado es del original). De igual modo, refirió que el dictamen técnico n° 4/14, también producido en las aludidas actuaciones SIGEA 12517-420-2009, se circunscribió al examen de destinaciones diversas a las involucradas en los presentes autos.
Relató que únicamente se halla agregado un protocolo de análisis del ITEM “…practicado sobre la muestra extraída de mercadería relacionada con una de las destinaciones de autos. El protocolo que lleva el número 79846 se corresponde con la destinación Alta en sistema: 22/08/2025 11057ES02000048W (11057ES02000052H) destacándose que sobre las restantes 22 destinaciones de exportación objeto de la presente no lucen agregados al expediente protocolos de análisis o constancias de extracción de muestra alguna” (el destacado es del original). Además, expresó que en ese protocolo no fueron volcadas conclusiones semejantes a las que se hizo referencia en el Informe n° 101/15 que se utilizó como fundamento en los presentes autos. Por ende, afirmó que teniendo en consideración que “…el volumen informado es considerablemente inferior a los 210° C tenidos en cuenta por el informe, lo que hace presumir, razonablemente, que es errónea la conclusión a la que arriba el informe técnico 101/15, en cuanto refiere, a fs. 3 sexto párrafo, que ‘evidentemente son técnicamente idénticos productos’”. Refirió que el propio servicio aduanero dejó de manifiesto en las actuaciones administrativas que en el caso no constaba que hubieran sido extraídas muestras de las mercaderías comprometidas ni, por ende, que aquellas hubieran sido sometidas a algún tipo de análisis que permitiera esclarecer cuál era la posición arancelaria pertinente. Por lo demás, también fue indicado en el dictamen técnico n° 4/14 que, en relación con la única muestra relativa a las destinaciones involucradas en autos, correspondía completar el protocolo de análisis “…solicitando la composición en parafina y el número de octanos expresados en RON”, medida que no fue solicitada ni cumplida por el servicio aduanero.
Hizo hincapié en que, pese a las deficiencias que se dieron en el trámite, el servicio aduanero avanzó con el curso de la actuación y dispuso la apertura del sumario, haciendo referencia a las pretendidas inconsistencias referidas en el aludido Informe n° 101/15. En tales condiciones, emitió el dictamen técnico n° 21/20 en el cual fueron transcriptos fragmentos del aludido Informe n° 101/15 para concluir luego que los parámetros más relevantes de ese protocolo resultaban concordantes con los indicados en el Protocolo de Análisis n° 79846 de modo que era dable concluir que la posición arancelaria pertinente debió ser la propuesta por el servicio aduanero. "No obstante, se advierte que los resultados del protocolo de análisis 79846, que luce a fs. 179/183 de Alta en sistema: 22/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V las act. adm., nada tienen que ver con el detalle de los parámetros más relevantes que obran en el punto 6) del mencionado dictamen técnico (ver fs. 385 de las act.adm.)”.
Resumió que “…el servicio aduanero basó su pretensión tributaria y su condena infraccional en: (i) actos producidos en un expediente distinto al presente (SIGEA 12517-420-2009) partiendo del análisis de documentación complementaria que no obra agregada a la presente causa y tomando como válidas conclusiones de la Secretaría de Energía en su nota 2688/13, respecto a análisis de laboratorio practicados sobre muestras de destinaciones de exportación que no son las de esta causa (ver fs. 67 de las act. adm.); (ii) tergiversar la información brindada por el IAPG en su respuesta al oficio de fs. 61/62 de las act. adm., transcribiendo solo la parte que le resultaba útil y omitiendo las aclaraciones realizadas por el Instituto en el párrafo siguiente y; (iii) aun detectando que el análisis de laboratorio del ITEM -practicado sobre la única muestra extraída de una sola de las destinaciones de autos- arrojaba resultados que no eran idénticos a los obtenidos en el marco de la actuación SIGEA 12517-420-2009 (ver nota 971/17 de fs. 330/331 de las act. adm.-) avanzó igualmente, emitiendo un dictamen técnico que reitera los errores ya advertidos y agregando un cuadro con la descripción de la mercadería cuya información no coincide con el protocolo de análisis del ITEM realizado sobre la única destinación que sí es objeto de la presente (ver punto 6) de fs. 385 de las act. adm.). Todo ello sin mencionar que, también, resolvió condenar a la actora por 22 destinaciones en las que no extrajo muestras ni realizó análisis de laboratorio alguno”.
Sobre la base de tales consideraciones, concluyó que tanto los cargos como la infracción imputada no se hallaban debidamente fundados y que además no se había respetado la prohibición de incriminar por analogía, en materia de infracciones, establecida en el artículo 895 del Código Aduanero. Menos aún corresponde realizar aplicaciones analógicas extensivas en materia de Alta en sistema: 22/08/2025 determinaciones tributarias, considerando al resultado de la composición química de una mercadería aplicable directamente a otras sobre la que no se extrajo muestra alguna ni obran análisis químicos.
Asimismo, explicó que las divergencias que reflejaban los resultados de los análisis volcados en el Informe Técnico n° 101/15 (DV MICO), en el Dictamen Técnico n° 4/14 y en el Dictamen Técnico n° 21/20, así como la falta de muestras y de los análisis de laboratorio respecto de las mercaderías comprometidas en los presentes autos “…conducen también en autos a la razonable aplicación del principio jurídico del art. 898 del CA. Esta norma dispone que, en materia infraccional, en caso de duda, deberá estarse a lo que fuere más favorable al imputado, correspondiendo también por ello revocar la resolución apelada”.
Finalmente, estimó que las costas debían ser impuestas en el orden causado ya que la decisión se había adoptado por aplicación del principio contenido en el artículo 898 del Código Aduanero.
II. Que contra la referida sentencia la parte actora apeló y expresó agravios el 10 de diciembre de 2024, los que fueron replicados por el Fisco el 7 de febrero de 2025 (cfr. páginas 2006/2016 y 2044/2046, respectivamente, del DEO 18317796, incorporado digitalmente a la causa el 9 de mayo de 2025).
La parte actora circunscribe sus agravios a la manera en que fueron impuestas las costas.
Recuerda que la cuestión controvertida en los presentes autos se centró en la dilucidación de la posición arancelaria que le correspondía declarar a su parte en las destinaciones a las que se hizo referencia en el primer considerando de este pronunciamiento. Reitera que su parte señaló tanto en sede administrativa como en el recurso que oportunamente presentó ante el Tribunal Fiscal que en la mayoría de los casos involucrados (excepto 1 de 23) el servicio aduanero no había tomado muestras de la mercadería comprometida, de modo que tampoco había analizado los componentes Alta en sistema: 22/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V y resultaba arbitrario que hubiese tomado en consideración las conclusiones a las que se había llegado en otro sumario relativo a otras destinaciones.
Agrega que también indicó las razones por las cuales estimaba que la posición arancelaria pretendida por el servicio aduanero resultaba incorrecta, teniendo en consideración que en el caso se había tratado de exportaciones dirigidas a la República del Paraguay, país en el que no se desarrolla la industria petroquímica, y; además, porque de los términos del contrato de compraventa resultaba de manera expresa que no sería utilizada en esa industria. Refirió que en ese contexto produjo prueba tendiente a justificar la posición arancelaria declarada, que fue convalidada por las conclusiones aportadas por la Secretaría de Energía y que, asimismo, del propio informe de la División Clasificación Arancelaria resultaba “…la imposibilidad de emitir un dictamen clasificatorio, ante la falta de muestras y análisis de las mercaderías involucradas”.
Destaca que la absolución dispuesta por el Tribunal Fiscal lo fue ante la inexistencia de muestras y análisis concretos respecto de las naftas exportadas en las 23 destinaciones involucradas en la causa, extremo que impedía examinar y eventualmente reclasificar las mercaderías. En tales condiciones, aquél Tribunal estimó inapropiado recurrir a los análisis e informes producidos en sumarios diversos y respecto de mercaderías que no eran las de esta causa. Refiere que el informe tenido en consideración por el servicio aduanero no contiene un examen que pueda ser asemejado al resultado que se obtuvo mediante el protocolo de análisis n° 79846 realizado respecto de una única muestra tomada relativa a la destinación PE n° 11 057 ES02 000048 W / 11 057 EC08 000052 H.
Señala que el Tribunal Fiscal tuvo en consideración la imposibilidad de acudir a la analogía para resolver las cuestiones infraccionales y; menos aún, para examinar la procedencia de la determinación tributaria.
Cuestiona que, sin perjuicio de “…la claridad conceptual de los fundamentos en orden a desestimar la posición Alta en sistema: 22/08/2025 aduanera que sustenta la condena propiciada, que incluso habla de la falta de debida fundamentación, al ocuparse de la distribución de las costas y sin aportar elementos que permitan un apartamiento del principio de la derrota, sostiene que esas reflexiones ‘conducen también en autos a la razonable aplicación del principio jurídico del art. 898 del C.A. Esta norma dispone que, en materia infraccional, en caso de duda, deberá estarse a lo que fuere más favorable al imputado, correspondiendo también por ello revocar la resolución apelada’”. Insiste en que lo decidido implicó la validación de los planteos efectuados por su parte desde el momento que ofreció sus defensas en sede administrativa, ya que el requerimiento tributario y la imputación infraccional fueron efectuados con fundamento en operaciones diversas a las involucradas en autos, lo que no puede ser admitido.
Afirma que no resulta fundamento suficiente para imponer las costas por su orden la referencia contenida en la sentencia en orden a que existieron divergencias en los informes técnicos incorporados en la causa (Informe Técnico n° 101/15, Dictamen Técnico n° 4/14 y Dictamen Técnico n° 21/20).
Al respecto, destaca que la principal circunstancia invalidante del requerimiento tributario y de la imputación infraccional deriva de la falta de extracción de muestras y del consecuente examen de las mercaderías, carga que pesaba exclusivamente sobre el servicio aduanero que cuestionó la posición arancelaria propuesta por su parte y afirmó que aquellas debieron ser clasificadas de manera diversa habiendo tomado como referencia los protocolos de análisis de otra carga exportada años antes.
Sostiene que el justificativo no sólo se advierte insuficiente sino que además prescinde de tener en consideración las deficiencias en el trámite llevado adelante por el servicio aduanero y; asimismo, a las omisiones “tendenciosas como de hecho ocurre cuando relata que la Aduana tergiversó la información brindada por el IAPG en Alta en sistema: 22/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V su respuesta al oficio ‘transcribiendo solo la parte que le resultaba útil y omitiendo las declaraciones realizadas por el Instituto en el párrafo siguiente”.
Refiere concretamente que su parte aportó en sede administrativa informes que descalificaban los reportes originales sobre los que se pretendió sostener la denuncia, no obstante lo cual el servicio aduanero prosiguió en su accionar, condenó a su parte y la obligó a recurrir ante el Tribunal Fiscal, viéndose obligada a pagar la tasa de actuación que, en el caso, superó los 17 millones de pesos, para que le fueran finalmente reconocidos sus planteos.
Finalmente, y con cita de diversos precedentes, afirma que la circunstancia de que la demandada se hubiera considerado con razones fundadas para litigar no es suficiente, por sí misma, para justificar la imposición de costas por su orden. Hace referencia a lo resuelto por esta Sala V en la causa n° 234/24 caratulada “Bayer S.A. (TF 28288-A9 c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 2 de julio de 2024 en la que se consideró razonable que el Fisco asumiera el pago de las costas teniendo en consideración que en ese caso se había pretendido efectuar un ajuste de valor con fundamento en un informe técnico que no fue incorporado a la causa -pese a habérsele cursado reiterados requerimientos al Fisco- extremo que fue oportunamente cuestionado por la firma actora.
III. Que cabe señalar que el artículo 1163 del Código Aduanero, en su primera parte, dispone que “[l]a parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición”.
En tales condiciones, y tal como expone la parte actora en su recurso, de la sentencia apelada resulta que el Tribunal Fiscal fundó su decisión tomando en consideración las diversas Alta en sistema: 22/08/2025 circunstancias que se verificaron en autos. Fundamentalmente, las notables irregularidades sobre las que se construyó la imputación infracción, vinculadas con la falta de toma de muestras y de realización de análisis respecto de las mercaderías involucradas en estos autos; la utilización de conclusiones fragmentadas resultantes de exámenes realizados en otras actuaciones administrativas respecto de otras marcaderías; la referencia a un único protocolo de análisis practicado sobra una única muestra tomada sobre una única destinación, entre las 23 que le fueron cuestionadas; y la transcripción de conclusiones parciales efectuadas por organismos especializados en otras causas, respecto de otras mercaderías.
Por lo demás, también se hizo referencia a que las falencias del caso fueron planteadas por la parte actora desde el inicio del trámite del sumario, pese a lo cual el servicio aduanero insistió en avanzar con el procedimiento y culminó condenando a la firma exportadora.
En tales condiciones, la imposición de las costas por su orden establecida en la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal resulta irrazonable considerando las circunstancias en las que se dispuso la revocación de la resolución apelada. Tal como expresa la apelante, la solución adoptada en el caso por el Tribunal Fiscal no resulta consecuencia estricta ni directa de la aplicación del beneficio de la duda en favor de la firma exportadora, previsto en el artículo 898 del Código Aduanero, más allá de haber sido invocado en el considerando V.5 y VI de la sentencia apelada. En todo caso, y tal como resulta de la lectura de ese pronunciamiento, pudo tratarse de un argumento adicional, no determinante para la toma de la decisión final que, como se explicó precedentemente, se fundó en la sucesión de irregularidades en el procedimiento; en la inexistencia de muestras y análisis respecto de las mercaderías involucradas en el caso (excepto 1 destinación de 23 comprometidas); en la impertinencia de considerar las conclusiones efectuadas en otro sumario, respecto de otras destinaciones, otras muestras y otros análisis que, por lo demás, y en cuanto a su resultado no eran siquiera equiparables al del único protocolo de análisis que se Alta en sistema: 22/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V practicó respecto de una única muestra tomada en el caso, el cual, además, tampoco fue completado pese a que se indicó la necesidad de que se adoptaran otras medidas sobre la muestra y; además, a la parcialidad con la que fueron utilizadas las respuestas de los organismos especializados al tiempo de ser consultados respecto de otras destinaciones, con el único -aparente- sentido que validar la posición del servicio aduanero.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios e imponer las costas de ambas instancias al Fisco que resultó vencido (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 2) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Jorge F. Alemany Guillermo F. Treacy Pablo Gallegos Fedriani Alta en sistema: 22/08/2025
Fin de la sentencia