Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 87261427-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
51801/2025 “PAMPA ENERGIA SA (TF 87261427-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 5 de marzo de 2026.
O F VISTA:
I La elevación del expediente TF 87261427-A (v. DEO del 30/12/26) a fin de C tratar “el recurso de apelación interpuesto por el fisco nacional el 22/09/2025 (v. IF- I A 2025-105353875-APN-DTD#JGM), concedido el 29/09/2025 (v. PV-2025-108028561- L APN-VOCXIV#TFN), contra la sentencia dictada el 06/08/2025, en cuanto revoca la Resolución Nº 119/2020 (AD CAMP), con costas al fisco nacional (v. INLEG-2025-
S O
86062802-APN-VOCXIV#TFN)”, como así también “los recursos de apelación U interpuestos por el letrado de la actora y el fisco nacional el 01/09/2025 y 03/092025 (v. IF-2025-96384733-APN-DTD#JGM e IF-2025-97892818-APNDTD#JGM), concedidos el 05/09/2025 (v. PV-2025-98801117-APN-VOCXIV#TFN) contra la sentencia de regulación de honorarios dictada el 25/08/2025 (v. INLEG-2025- 93809536-APN-VOCXIV#TFN)” (v. nota en la pág. 422 del expte. electrónico); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, revocó la resolución AD CAMP 119/20, recaída en la actuación SIGEA 13289-8740-2011y, en consecuencia, el cargo 12/11, por la suma de USD 208.358,23, formulado con motivo de la diferencia de derechos de exportación que resultara de la aplicación de la alícuota y coeficiente declarados en la destinación 08 008 ES02 000077 D (Exportación de Mercaderías con Precios Revisables) y la que correspondía aplicar según la resolución MEyP 394/07. Impuso las costas al Fisco Nacional.
Para resolver como lo hizo, en lo que interesa señalar, recordó que la recurrente había documentado la exportación de hidrocarburos de la PA 2710.11.49.990W bajo el régimen de precios revisables, y que, dentro del plazo de espera, presentó la destinación definitiva correspondiente (EC08) y abonó los derechos de exportación liquidados por el Sistema Informático Malvina (SIM).
Indicó que, para el servicio aduanero, la alícuota de derechos de exportación aplicable a la mercadería de autos y el coeficiente de derechos incluidos resultaron diferentes a los declarados y abonados porque, de acuerdo con la resolución MEyP 394/07, aquéllos debieron calcularse sobre la base de algoritmos y cotizaciones diarias del precio del producto, informados por la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (arts. 7º y 8º, res. MEyP 394/07). Aclaró que la controversia se ceñía, entonces, a determinar si correspondía aplicar la alícuota pretendida por la Aduana sobre la base del precio internacional de la mercadería informado por la Secretaría de Energía a la fecha de oficialización de la destinación, o la que efectivamente liquidó el SIM, que tomaba la cotización correspondiente al día anterior al de registro, debido a una dificultad operativa en la carga de los datos informados por la Secretaría de Energía.
En ese marco, interpretó correspondía estar al acuerdo plenario dictado por esta Cámara el 11/4/25 en la causa 25856/23 “Pan American Sur SA (TF 39976-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, donde se fijó la siguiente doctrina legal: “En el marco de lo dispuesto por el art. 792 del Código Aduanero, es posible reconocer efecto liberatorio al pago del derecho de exportación de hidrocarburos establecido por la resolución (MEyP) 394/07 cuando éste fue efectuado con arreglo a la liquidación generada por el Sistema Informático Malvina (SIM) al momento del registro de la respectiva solicitud de destinación aduanera; liquidación, ésta, que se practica en base al algoritmo previsto por la referida resolución ministerial y al precio internacional informado por la Secretaría de Energía".
2. Que el Fisco Nacional insistió en que la alícuota liquidada por el SIM no fue la prevista en la normativa vigente al momento de registro del permiso de embarque, de acuerdo con lo previsto por los artículos 726 y 728 del Código Aduanero. Añadió que el pago inferior a lo debido no tenía efecto liberatorio (arg. art. 792, CA). Citó jurisprudencia en este sentido. Finalmente, argumentó que la actora tampoco podía CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 51801/2025 “PAMPA ENERGIA SA (TF 87261427-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
ampararse en la resolución MEyFP 599/10 porque fue posterior a los hechos del caso y solo reconoció una dificultad operativa; no fijó un nuevo criterio interpretativo general O F (arg. art. 793, CA). Sobre tales bases, sostuvo que la Aduana pudo formular el reclamo I por lo ingresado en menos, con sustento en las facultades que le otorga el artículo 9º, C apartado 2, del decreto 618/97.
I
A 3º) Que la cuestión es análoga a la resuelta por este Tribunal en la causa L homónima 33573/25 “Pampa Energía SA c/ DGA”, sentencia del 7/10/25, a cuyos fundamentos (esp. consids. 4° y 5°, y sus citas) se remite por razones de brevedad.
S O
Por lo allí expuesto, corresponde rechazar la apelación del demandado, y U confirmar la decisión del 6/8/25 en cuanto fue materia de recurso; con costas (art. 68, primer párr., del CPCCN). ASÍ SE RESUELVE.
4. Que resta tratar las apelaciones de honorarios. Teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido y el monto del asunto; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por Juan Patricio Cotter en carácter de letrado apoderado de la actora, durante la única etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR sus honorarios a la suma de $54.326.724 ⸻equivalentes a 622 UMA⸻ (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y resol. CSJN SGA 36/26). A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR los honorarios del citado profesional por su actuación en esta instancia (cfr. contestación de agravios del 14/11/25) en la suma de $16.298.017.2 ⸻equivalentes a la cantidad de 186,6 UMA⸻.
Se deja constancia que la regulación que antecede no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que ⸻en su caso⸻ deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo. Además, deberá cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 20/2/26.
JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia