Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 31.016-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución Nº 75/12 (AD CORI) y, por ende, el cargo Nº 41/10; con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2021-103033491-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 26 de Octubre de 2021 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura (titular de la Vocalía 21° Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), en los autos caratulados: “PAN AMERICAN ENERGY LLC. SUCURSAL ARGENTINA c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. Nº 31.016-A:
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 13/22 se presenta, por apoderado, la firma “PAN AMERICAN ENERGY LLC. SUCURSAL ARGENTINA S.A.” e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 75/12 (AD CORI), dictada en la actuación SIGEA N° 13289-19865-2010, en cuanto confirmó el cargo Nº 41/10, formulado con relación a la exportación documentada mediante los P.E. Nº 10 014 ES02 000009 L - 10 014 EC08 000011 R, por la diferencia tributaria devengada de la liquidación de los derechos de exportación efectuada sobre la base de la aplicación de la alícuota y el coeficiente declarados en los Permisos de Embarque y la que correspondía aplicar según la Resolución MEP 394/07. Relata que por el PE Nº 10 014 ES02 000009 L documentó la exportación de mercadería clasificada en la PA NCM 2709.00.10.900N.
Describe que a la fecha de oficialización del permiso “ES02”, el precio internacional informado por la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización (dependiente de la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios), superaba el valor de referencia estipulado en la Resolución Nº 394/07. Esgrime que se liquidaron y pagaron los derechos de exportación correspondiente al embarque, considerando la fórmula estipulada en la resolución mencionada, la cual era automáticamente liquidada por el Sistema María (SIM). Postula que, tiempo después, la Aduana de Comodoro Rivadavia formuló el cargo Nº 41/10, al considerar que el precio internacional utilizado por el SIM en la fórmula de determinación de la alícuota aplicable, conforme la Resolución Nº 394/07 resultaba incorrecto, puesto que no era el precio internacional correspondiente al día de oficialización del permiso de embarque.
Analiza el marco legal aplicable a la exportación involucrada en el caso de autos. Señala que la Resolución Nº 394/07 determinó una fórmula de fijación de alícuota cuando los precios internacionales superaren o igualaren al valor de referencia allí determinado y también estipuló que a los efectos de aplicar el valor del precio internacional, la Aduana iba a considerar las cotizaciones diarias de dicho precio, fijado por la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización. Apunta que en la práctica, la Secretaría de Energía informaba diariamente las cotizaciones internacionales a la Aduana a efectos de que, en el que caso en que superare o igualare los valores de referencia, ésta las cargara en el Sistema María, para liquidar correctamente las alícuotas de las PA involucradas en la Resolución mencionada.
Indica que la Aduana cargaba esas cotizaciones en el SIM las que recién se aplicaban para el día siguiente, con lo cual, a la fecha de oficialización de los embarques se tomaban en consideración las cotizaciones del día anterior, lo cual aconteció en el presente caso. Expone que mediante el cargo en cuestión, el servicio aduanero pretende el pago de la diferencia de derechos del mayor valor resultante, al comparar la cotización internacional del día de oficialización con el valor proporcionado por la Secretaría de Energía del día anterior. Considera que se ha efectuado una incorrecta interpretación de la norma en cuestión. En tal sentido, no desconoce que el art. 728 del CA establece que corresponderá aplicar la alícuota vigente a la fecha de oficialización del PE, pero que la misma será conformada por el propio servicio aduanero considerando la última cotización, siendo la misma la del día anterior.
Aduce que la Aduana al reclamar la diferencia de derechos, lo hace a partir de una interpretación analógica de la norma, cuestión vedada en materia tributaria. Advierte que la posición asumida por el Administrador supone una clara violación al principio de inalterabilidad de la declaración. Ello por cuanto, la declaración contenida en la solicitud de destinación es inalterable una vez registrada y la Aduana, en principio y salvo excepciones, no admite rectificación, salvo en las condiciones establecidas expresamente. Asevera que las facultades de revisión de la liquidación tributaria efectuada en las destinaciones de exportación no pueden transformarse en una habitualidad por un supuesto defecto en la aplicación de la norma.
Así las cosas, sostiene que el cargo formulado constituye una revisión de la propia liquidación efectuada por el Aduana en el SIM (no es una revisión de la declaración formulada por la empresa) y tal circunstancia vulnera el principio de los actos propios. Pone de relieve que meses más tarde, la Resolución ME Nº 599/10 modificó la resolución bajo análisis y regularizó los inconvenientes generados. Invoca la aplicación de la doctrina de la CSJN relativa al efecto liberatorio del pago y remite a lo dispuesto en el art. 793 del C.A. Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso de autos, ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 44/53 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento o surja de las actuaciones administrativas. Efectúa una reseña de las actuaciones. Señala que la resolución apelada tiene su génesis en el CA que establece la regla de que el pago no extingue la obligación tributaria aduanera cuando el importe fuera inferior al debido (art. 792 CA), idea concordante con el art. 9 del decreto 618/97, en cuanto confiere a la DGA la facultad de revisión de las actuaciones y documentos aduaneros una vez concluida la tramitación. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura, en la que se analiza supuestos en los que no resulta procedente el efecto liberatorio del pago y la teoría de los actos propios. Arguye que en el caso de autos, al no extinguirse la obligación tributaria, el servicio aduanero tiene la obligación de perseguir el cobro de la diferencia que corresponda, lo que encuentra sustento en el principio de indisponibilidad de los créditos fiscales. Destaca que la actora no tiene un derecho adquirido pues la Aduana puede revisar y por ende, hacer cargos suplementarios independientemente de lo que se liquide inicialmente, ya que las liquidaciones son provisorias hasta el dictado de la resolución final. Por lo tanto, en virtud del sistema previsto por el C.A. y el Decreto 618/97, el servicio aduanero puede aplicar la legislación vigente al momento imponible conforme lo informe el organismo encargado de ello -es decir la alícuota que informe la Secretaria de Energía- y en consecuencia, se encontraba habilitado para formular el cargo suplementario de autos. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal, y solicita que se confirme la resolucion aduanera, con costas.
III. Que a fs. 65 se declara la causa de puro derecho. A fs. 76 se habilita la tramitación y se elevan los autos a la Sala “G” y a fs. 80 se pasan a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas N° 13289-19865-2010 se inician con el recurso de impugnación interpuesto por la firma Pan American Energy LLC Sucursal Argentina, en fecha 02/08/2010, contra el Cargo FE Nº 41/10 (fs. 1/14). Se agrega acumulada la Actuación N° 14793-32-2010. A fs. 15/16 obra la Nota N° 52/2009 (SE FVEX) por la cual se remiten los autos al Administrador de la Aduana de Comodoro Rivadavia a efectos de que se intime al pago del monto adeudado en concepto de derechos de exportación. A fs. 18 luce la liquidación practicada por el Jefe de la Sección Fiscalización Exportación de la Dirección Región Aduanera C. Rivadavia, del Cargo FE N° 41/10 obrante a fs. 19/20, por la suma de U$S 90.534,75. A fs. 21/22 se agrega copia de la Nota SE N° 2849/2010. Entre fs. 23/29 obran prints de pantalla de consulta síntesis declaración, consulta de una liquidación, consulta presupuesto general. A fs. 31 y 33 se glosan las carpetas de los PE N° 10 014 ES02 000009 L y 10 014 EC08 000011 R, oficializados en fechas 23/04/2010 y 12/05/2010, respectivamente con su documentación complementaria. A fs. 34/38 consta la notificación del Cargo Nº 41/10 a la firma “Pan American Energy LLC Sucursal Argentina”, en fecha 16/07/2010. A fs. 40, se tiene por deducido el procedimiento de impugnación y se declara la cuestión de puro derecho. A fs. 42/46 se emite el Dictamen Jurídico Nº 26/12 (AD CORI) y finalmente, a fs. 47/52 se dicta la Resolución Nº 75/12 (AD CORI), apelada en autos. Se agrega acumulada la Actuación N° 13289-19865-2010/1 a través de la cual la recurrente acredita la interposición de recurso ante esta instancia.
V. Que corresponde decidir a este Tribunal si resulta ajustada a derecho la resolución aduanera apelada, en cuanto confirma el Cargo Nº 41/10 e intima a la actora el pago de diferencia de derechos de exportación -conf. Res. MEP 394/07- .
Que mediante la destinación de exportación a consumo Nº 10 014 EC08 000011 R, oficializada el 12/05/2010, (destinación 10 014 ES02 000009 L oficializada el 23/04/2010 -precios revisables-) se documentó la exportación de mercadería de la PA 2709.00.10.900N, respecto de la cual la Aduana formuló el Cargo Nº 41/10 y exige a la actora el pago de U$S 90.534,75 en concepto de diferencia de derechos de exportación, por considerar incorrecto el coeficiente sobre el que se calcularon los referidos derechos de exportación en los términos de la Resolución MEP 394/07. Que en la Nota 52/2009 (SE FVEX) -fs. 15/16 de las act. adm- se expresa que la Resolución MEP 394/07 establece entre otros aspectos la forma de determinación de la alícuota de derechos de exportación aplicable “diariamente” a determinados hidrocarburos nominados en sus Anexos I y II, dentro de los cuales se encuentra el exportado por la destinación de autos. Asimismo, se señala que en uso de esos algoritmos y cotizaciones diarias, la alícuota de derechos de exportación y el coeficiente de derechos incluidos determinados con ajuste a la Res. MEP 394/07, resultan ser diferentes a los declarados. Ello así, a fs. 18 de las referidas actuaciones obra la determinación de la alícuota para la destinación involucrada en autos.
Que la Res. MEP 394/07, en el art. 4º, dispone que para los hidrocarburos que figuran en el Anexo I y para el caso de que el precio internacional supere o iguale el valor de referencia, la alícuota de exportación se calculará con la fórmula que allí establece. Asimismo dispone en el art. 7º, que a efectos de aplicar el valor del precio internacional (PI) de los productos incluidos en el Anexo I, la Dirección General de Aduanas considerará las cotizaciones diarias de dicho precio, y que en los términos del art. 8º el precio será fijado por la Dirección Nacional de Refinanciación y Comercialización dependiente de la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Que el art. 728 del CA establece que “a los fines de la liquidación de los derechos de exportación y de los demás tributos que gravaren la exportación para consumo, serán de aplicación el régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal, vigentes en las fechas indicadas en los arts. 726 y 727”. El art. 726 dispone que es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente en la fecha del registro de la destinación de exportación para consumo.
VI. Que sentado lo que antecede, corresponde resolver en autos si procede la aplicación de la alícuota liquidada por el SIM al momento del registro de la destinación sobre la base del precio internacional informado por la Secretaría de Energía, o la alícuota que considera la Aduana.
Que cabe poner de manifiesto que en autos no se encuentra controvertido que la actora realizó la exportación bajo el régimen de precios revisables y que, dentro del plazo de espera, presentó la destinación definitiva pagando los correspondientes derechos de exportación.
Que el principal agravio de la actora radica en que los derechos fueron liquidados y pagados conforme la alícuota generada por el SIM, invoca lo normado en el art. 728 del CA, y también la inalterabilidad de la declaración aduanera, y el efecto liberatorio del pago conforme jurisprudencia de la CSJN que cita.
Que surge de la destinación motivo de los presentes autos que los derechos de exportación fueron liquidados y pagados por la actora aplicando el coeficiente determinado (y liquidado) por SIM, sobre la base del precio internacional que informaba la Secretaría de Energía y por ello resulta aplicable al caso de autos mutatis mutandis en cuanto al coeficiente cargado en el SIM a efectos de la determinación de los derechos de exportación, la doctrina de la Sala “E” de este Tribunal -con integración diferente a la actual- recaída en la causa “Petrolera Río Alto SA” sent. del 06/10/04, en la que la Dra. García Vizcaíno señaló que “si el Estado ha implementado el Sistema Informático María debe garantizar a los contribuyentes su efectividad, sin generarles cargas adicionales por deficiencias del Sistema.
Que no se encuentra controvertido que el Sistema Informático María computaba el tipo de cambio comprador y no el vendedor (en el puntual caso de autos se trata del coeficiente) por lo cual en este aspecto la contribuyente pudo considerarse razonablemente liberada de su obligación tributaria, al haber efectuado un ingreso adecuado al Sistema Informático, no pudiendo invocar la aduana el error en este Sistema. En este aspecto, pues, se aplica la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del efecto liberatorio del pago, salvo dolo o culpa grave de la apelante, lo que ni siquiera se ha invocado en la especie”. Que la Corte Suprema ha sostenido en “Armando Victorio Garibotti”, del 20/11/72 (Fallos, 284:232), que el error “en cuanto a la corrección del ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de las autoridades receptoras de impuestos no perjudica al contribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa grave de éste (Fallos, 258:208; 259:382 y otros)”, ya que “exigencias notorias tanto de la estabilidad de los negocios jurídicos como del orden justo de la coexistencia, imponen el reconocimiento de la existencia de agravio constitucional en la reapertura de cuestiones definitivamente finiquitadas y sobre la base de una modificación posterior e imprevisible del criterio pertinente en la aplicación de las leyes que rigen el caso” (el subrayado es del presente)… Que, en síntesis, como resume Dino Jarach, conforme a la doctrina del efecto liberatorio del pago formulada por la Corte Suprema, salvo que la administración sea inducida al error por el dolo del administrado, “rige el principio que el organismo recaudador debe cargar con sus propios errores” (Finanzas Públicas y derecho tributario, pag. 449 Ed.
Cangallo Buenos Aires, 1989).”
VII. Que cabe agregar que con posterioridad a los hechos de autos, se dicta la Resolución MEF 599/10, en la que invocándose precisamente las dificultades de carácter operativo relativas a la carga en el SIM, conforme surge de los Considerandos de la misma, por el art. 1º se sustituye el art. 7 de la Res. MEP Nº 394/07 en el sentido de que, a efectos de determinar el precio internacional de los productos incluidos en el Anexo I, la Dirección General de Aduanas considerará las cotizaciones correspondientes al segundo día hábil anterior al del registro.
VIII. Que en el mismo sentido se ha pronunciado la Excma. CNACAF en causas de igual carátula que la presente: Sala I causa Nº 1.449/2013 (TFN 27.439-A) sentencia del 25/02/14, Sala III causa Nº 41.090/2013 (TFN 31.014-A) sentencia del 05/06/2014, causa Nº 87.446/2017 (TFN 31.019-A) sentencia 07/08/2018 y Sala IV causa Nº 3588/2016 (TFN 31.001-A) sentencia del 17/03/16, entre otras.
Que asimismo, la suscripta también se ha pronunciado en igual sentido en las causas de igual carátula que la presente Nº 31.005-A y Nº 31.012-A, en trámite ante esta Vocalía de la 20ª Nominación, sentencias de fecha 04/10/2018 y 26/04/2019, respectivamente.
Que por lo expuesto, corresponde revocar la Resolución Nº 75/12 (AD CORI) y, por ende, el cargo Nº 41/10, con costas.
Por ello, voto por:
Revocar la Resolución Nº 75/12 (AD CORI) y, por ende, el cargo Nº 41/10; con costas.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en el voto de la Dra. Sarquis, a cuyos términos me remito por motivos de brevedad.
II. En ese estado de cosas, en primer lugar, corresponde recordar que no resulta controvertido que el Precio Internacional que se tuvo en cuenta a efectos del cálculo de los derechos de exportación correspondientes a la operación de marras, no era el vigente al día del registro, como dispone la normativa aplicable, sino una cotización fijada con anterioridad. El motivo de esa discordancia obedece a la dificultad operativa de la carga de los datos informados diariamente por el organismo competente a la Aduana en el SIM a través del cual, el exportador, efectuó su declaración.
III. Adelanto, entonces, que no asiste razón a la recurrente al considerar que los derechos referidos fueron correctamente abonados de acuerdo a la liquidación practicada por el propio SIM por lo que, pretender su revisión, sería contrario a la doctrina de los actos propios y del efecto liberatorio del pago.
IV. En efecto, se presenta una antinomia entre distintos principios aplicables que deben ser ponderados en el caso en concreto a fin de lograr una decisión que armonice prudencialmente los distintos intereses involucrados. Por un lado, la prohibición del venire contra factum proprium, aplicable a la Administración en aquellos casos en los cuales pretenda contradecir su conducta y por el otro, el derecho que asiste a los administrados a la protección de su confianza legítima.
V. En esa comprensión del asunto, encuentro que proteger la posición de un administrado que obtuvo una ventaja a partir del yerro del accionar administrativo, traduciría una desproporción del reparto de las cargas públicas en función de los mandatos establecidos por el legislador. Así las cosas, si bien la entidad de la conducta administrativa puede tener relevancia jurídica, no es menos cierto que no puede hacer sucumbir el principio de juridicidad. No en vano es propia de las prerrogativas exorbitantes administrativas la posibilidad de ir contra sus propios actos y revocar sus actos ilícitos en su propia sede cuando el destinatario del acto conoció su irregularidad. Solamente los actos administrativos dictados en ejercicio de facultades materialmente jurisdiccionales pueden sustraerse de los efectos de una revisión de su legalidad a posteriori. Es que, en efecto, aun los actos administrativos firmes y consentidos son susceptibles de ser revisados, excepto que el legislador expresamente cohíba su revisión a posteriori como en el caso de los ajustes tributarios que resultan precedidos de una determinación de oficio.
VI. En ese orden de ideas, no debe olvidarse que el mantenimiento o protección de un beneficio conseguido al margen de la disposiciones vigentes, implica un quebrantamiento de las reglas de la justicia distributiva y, en particular, de la regla constitucional que impone la igualdad ante las cargas públicas, como también del principio de legalidad, acentuado en el campo tributario por la vigencia del principio de reserva de ley, que impide a la administración la creación de situaciones jurídicas que no fueron previstas por el legislador al tiempo de instituir la gabela, ya que frente a la vigencia irrestricta del principio de reserva a los fines del pago del tributo según la ley, es imposible que esa regla sea pospuesta en función de la confianza que pudo tener el interesado frente al actuar erróneo de los funcionarios cuando fueran contrarios a las previsiones del legislador.
VII. Finalmente, respecto al planteo de la actora sobre la doctrina de los efectos liberatorios del pago, es necesario hacer notar que su aplicación en la materia tributaria resulta circunscripta a dos casos específicos: a) Cuando se pretende aplicar un tributo con efecto retroactivo y el contribuyente ya ha cumplido con la prestación tributaria sobre la base de la legislación vigente al tiempo de la efectiva cancelación y b) Cuando la diferencia que se reclama proviene de un error determinativo del ente fiscal o de la rectificación de criterios interpretativos de las normas aplicables. Si bien en este último caso no estamos ante un acto de naturaleza jurisdiccional que pudiere encontrarse amparo por la cosa juzgada material, lo cierto es que, por razones de política legislativa, se pondera que debe privilegiarse, en ese caso específico, la estabilidad del acto administrativo determinativo de la obligación fiscal.
Las conclusiones referidas surgen de la doctrina establecida por la jurisprudencia de la Corte en los Fallos "Don Pedro Ordoqui. Su sucesión" (Fallos: 151:103); "Don Manuel Manrique y otros contra la Provincia de Buenos Aires, sobre devolución de dinero -Impuesto a la herencia-" (Fallos: 152:268); "Don Ignacio Guillermo Parera contra la Provincia de Buenos Aires, por inconstitucionalidad del impuesto a la herencia" (Fallos: 161:270); entre otros. Sin perjuicio de ello, en el caso no es aplicable tal doctrina, toda vez que la valuación es responsabilidad del obligado tributario.
VIII. A mayor abundamiento, el art. 792 del CA dispone en forma expresa que el pago no extingue la obligación tributaria aduanera cuando su importe fuere inferior al debido, lo que refuerza mi convicción en orden a la improcedencia de la aplicación de la invocada doctrina de los actos propios y del efecto liberatorio del pago. A lo que puede añadirse que, así como el principio de inalterabilidad de la declaración aduanera invocado por la actora no impide su rectificación por el propio declarante cuando ella es procedente (ver art. 322 CA), tampoco imposibilita la actividad de la autoridad aduanera para formular los cargos y los reajustes que por derecho pudieran corresponder.
Por ello, en orden a los argumentos expuestos, entiendo que corresponde confirmar la resolución apelada. Las costas deben imponerse por su orden, en atención a la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre este tema. Por todo lo expuesto, voto por:
1. Confirmar la Resolución Nº 75/12 (AD CORI) y, por ende, el cargo Nº 41/10 formulado con relación a la exportación documentada mediante los P.E. Nº 10 014 ES02 000009 L - 10 014 EC08 000011 R.
2. Costas por su orden.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE
Revocar la Resolución Nº 75/12 (AD CORI) y, por ende, el cargo Nº 41/10; con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Date: 2021.10.22 21:44:39 ART Date: 2021.10.26 19:42:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.10.26 20:53:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.10.26 20:53:51 -03:00
Fin de la sentencia