Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 37972-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 22/04/2024 en cuanto ha sido materia de agravios, con costas (arts. 68, primera parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.); y
2Reducir los honorarios fijados por el TFN y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando XIII.
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17.427/2024 PAN AMERICAN ENERGY LLC Sucursal Argentina (TF 37972-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 30 de septiembre de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento del 22/04/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución 86/2017 (AD CORI) dictada en las actuaciones S1GEA n° 14793-138- 2009 contra la firma PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA. Con costas al fisco.
Para así resolver sostuvo que en primer lugar correspondía determinar si se ajustaba a derecho la resolución recurrida, en cuanto sancionaba a la actora en los términos del art. 954, ap. 1, inc. c) del CA.
Indicó que el servicio aduanero sostuvo que existió un ingreso desde el exterior de un importe distinto (menor) del que efectivamente correspondía, como consecuencia de la declaración inexacta en que incurriera la actora al declarar el valor definitivo respecto al PE en cuestión.
Precisó que, la operación de exportación en análisis se efectuó en los términos de la Resolución ex ANA 2780/92, es decir que se trató de una operación concertada sobre la base de un precio FOB sujeto a una determinación posterior al momento de su registro (precio revisable). Señaló que, al documentarse el PE se declaró que se trataba de petróleo, aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso y se indicó la fórmula acordada para la determinación del precio definitivo. Asimismo, se acompañó el contrato celebrado entre las partes, donde se establecía dicha fórmula.
Adujo que, en el caso de autos, la actora solicitó la exportación para consumo de petróleo crudo Escalante al amparo de dicho régimen y declaró, además del precio FOB revisable del compromiso aludido y de los demás aspectos exigidos por el régimen especial y por el general, que el precio definitivo resultaría de una fórmula establecida en el contrato celebrado entre las partes, el cual adjuntó al efecto y cuya cláusula específica, transcribió en la documentación de solicitud.
Luego, la actora cumplió las formalidades para la fijación del precio FOB definitivo, ampliando el PE originario, dado que, según lo expresó, tuvo que ‘"reinterpretar" la cláusula de fijación de la fórmula del precio definitivo por acontecimientos climáticos que interrumpieron la carga y obligaron al buque a salir de la zona primaria aduanera para luego regresar y completar la carga, lo cual derivó en la emisión de dos conocimientos de embarque (B/L) con fechas diferentes.
Puntualizó que, como consecuencia, el servicio aduanero advirtió que por aplicación de la fórmula oportunamente declarada y “reinterpretada” por la firma exportadora surgió una diferencia en menos en el valor FOB definitivo en relación al que efectivamente correspondía. Ello según el análisis que efectuara la Aduana respecto de la cláusula contractual -sin prever la hipótesis de dos conocimientos de embarque con fechas diferentes-, por lo que consideró a los efectos de la aplicación de la fórmula referida, que debía tomarse la fecha del último conocimiento de embarque emitido y descartó el primero.
Destacó que, la Aduana no objetaba el precio definitivo fijado por la recurrente en su declaración, es decir en su realidad respecto de lo facturado al comprador extranjero y lo percibido por la actora, sino que observaba que dicho precio no era el que debió fijarse como definitivo ante la Aduana según la respectiva declaración comprometida. Es decir, se limita a poner de manifiesto la inexactitud incurrida al declarar un precio que, según considera, no se correspondía con la fórmula también declarada.
Precisó que, no se trataba de la desestimación del precio contractual - el cual no debería tener impacto infraccional-, sino que lo que se cuestionaba era que la recurrente presuntamente “modificó” la fórmula declarada para el cálculo del precio definitivo y esto generó la inexactitud endilgada. En efecto, el precio "declarado", según el régimen al cual se acogió la firma exportadora, era el que debía resultar de la fórmula expresada en oportunidad del registro. En dicho régimen de excepción se parte del presupuesto de que, aunque no se conoce todavía a cuánto ascenderá dicho precio -por eso es revisable-, sí se conoce y así se declara ante la aduana la fórmula mediante cuya aplicación se arribará al precio definitivo.
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Expresó que, sentado lo anterior, era preciso determinar si efectivamente se verificaba un apartamiento, en cuanto a la aplicación de la fórmula declarada, que permita tener a la actora, por incursa en la infracción imputada por la Aduana.
Postuló que, analizada la conducta de la exportadora en base a las pruebas aportadas en autos y frente a las especiales circunstancias del caso, se colegía que la recurrente aplicó la fórmula contractual declarada para el cálculo del precio definitivo, con la particularidad de que tuvo que tomar dos fechas de dos conocimientos de embarque generados debido a la interrupción de la carga por cuestiones de fuerza mayor (factores climáticos), situación que no fue cuestionada por la demandada, ni prevista por la actora en el contrato suscripto con la firma compradora. La sumatoria de los dos precios definitivos obtenidos de la aplicación de la fórmula declarada a cada uno de los conocimientos de embarque generados, compusieron el precio definitivo de la operación de exportación de marras.
Puso de relieve que, las especiales circunstancias del caso que hicieron imperiosa la interrupción de la carga y la salida momentánea del buque de la zona primaria aduanera, hicieron necesario que el medio de transporte contara con un documento que justificara la carga transportada. Ello a los efectos de eventuales controles que pudieren suscitarse mientras el buque debió permanecer en alta mar.
En tales condiciones, consideró que, no resultó cuestionable que el medio de transporte contara con el conocimiento de embarque parcial de la carga al momento de su salida preventiva y luego, una vez retornado al puerto para finalizar la carga, se confeccionara un nuevo conocimiento para completar dicha carga y la documentación relativa a la operación de exportación.
Argumentó que, de lo expresado precedentemente no se advertía un alejamiento de la fórmula de cálculo del precio ni una inexactitud en los términos del art. 954 ap. 1 inc. c) del CA, tal como lo consideraba el servicio aduanero, ni una supuesta “reinterpretación”, de la cláusula contractual, tal como lo expresó la firma exportadora.
Sostuvo que la fórmula en cuestión, tal como fue declarada, se aplicó a los dos conocimientos de embarque, en fechas que difieren por dos días entre sí, lo cual generó dos precios definitivos diferentes, cuya suma conformó el precio definitivo de la exportación.
Es decir, la firma exportadora aplicó la fórmula declarada, no obstante la especial circunstancia de fuerza mayor, no reprochable, que la obligó a considerar en vez de un solo conocimiento de embarque -como debería haber sucedido en una situación normal de carga ininterrumpida-, a tener que efectuar el cálculo del precio respecto de dos conocimientos de embarque y sumar ambos para obtener el precio único y definitivo informado. Apuntó que, en este sentido, la Aduana entendió que la fórmula de cálculo del precio definitivo debió aplicarse tomando únicamente la fecha del último conocimiento de embarque y descartarse el primero.
En dicho contexto, entendió que, era allí donde se producía la confusión que resultaba necesario aclarar, dado que la diferencia se generaba en cuanto al precio definitivo obtenido tanto por la actora como por la Aduana, en la aplicación de fórmula contractual declarada. Es decir, si bien existía una diferencia de precio arribado que generaba la cuestión planteada (supuesta inexactitud por presunto apartamiento de la fórmula declarada para su cálculo), en estricto rigor esa diferencia no configuraba una declaración inexacta en cuanto a la fórmula declarada.
En efecto, expuso que, si se tenía en consideración lo normado en el art. 332 del CA y en la Resolución ex ANA 2780/92, en especial los puntos 1.1, 1.3 y 2.8 de esta última, de ninguna manera se desprendía de la citada normativa que, al manifestarse cuál resultó el elemento variable -emisión de dos conocimientos de embarque- que impedía fijar definitivamente el precio, pueda modificarse lo manifestado al registrar la exportación respecto a lo contratado.
Pues, las normas determinaban que al registrar el permiso de embarque se manifestará cómo será fijado el precio definitivo de la mercadería y en qué fecha; es decir, que debían precisarse los parámetros objetivos que llevarán, en el momento oportuno, a la determinación del precio definitivo. Lo que debía hacer el exportador en esa segunda etapa era poner en números los parámetros ya declarados.
Ponderó que en el caso, la exportadora declaró que el precio se fijaría teniendo en cuenta la fecha del conocimiento de embarque -que luego por circunstancias de fuerza mayor resultaron siendo dos-, que no se podía CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II modificar lo declarado ni pretender, como lo hace la Aduana, tomar solo el último de ellos sin considerar el primero.
Añadió que, si fuera el caso en que se hubieran modificado los referidos parámetros -léase cambiar el elemento variable: fecha del conocimiento de embarque- sin realizar la correspondiente rectificación ni acompañar el documento que así lo autorizaría (entre las partes), sí se habría incurrido en manifestación inexacta. Pero no era el caso de autos. Hizo hincapié en que, en virtud de la fórmula declarada por la firma recurrente al momento de la solicitud del PE para el cálculo del precio definitivo de la mercadería exportada, correspondía tomar la fecha del conocimiento de embarque que, en el caso en análisis, en vez de ser uno, fueron dos. Ello no obstó a la aplicación de la fórmula declarada, la cual no sufrió variación en lo sustancial declarado.
Agregó que tampoco se advertía en la conducta de la firma exportadora que la misma haya tenido intención alguna de diferir su accionar en relación con lo declarado, para provocar o haber podido producir alguno de los efectos contemplados en el art. 954 del C.A.
Puso énfasis en que, la única circunstancia especial que se evidenciaba como susceptible de generar confusión era el hecho de haberse emitido dos conocimientos de embarque en vez de uno, circunstancia la cual, no era atribuible al accionar de la firma, sino a una situación de fuerza mayor que así lo impuso.
Por otra parte, destacó que la declaración cuestionada por el servicio aduanero se efectuó al momento del registro de la operación. Lo que se debía efectuar dentro del plazo estipulado era sólo el cálculo, porque había elementos variables -en el caso, el precio internacional de la mercadería- y otros que no podían modificarse, como ser la publicación o el día de la cotización a considerar, por ejemplo, que estipulaba el contrato autenticado, acompañado al registrar el permiso. Menos aún podía alterarse un factor esencial como era en el caso la fecha de los documentos de transporte. Por todo lo expuesto, consideró que, la actora no había incurrido en inexactitud alguna en su declaración, por lo que correspondía revocar la resolución apelada en cuanto la condenaba al pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1 inc. c) del CA.
Manifestó que, sentado lo anterior, correspondía analizar el reclamo tributario dispuesto en la resolución apelada.
En este sentido, postuló que, determinada la inexistencia de inexactitud en la declaración aduanera en los términos del art. 954 ap. 1, inc. c) del CA y amén de que el servicio aduanero no imputó a la aquí recurrente la comisión de infracción alguna en los términos del art. 954, ap. 1, inc. a) del CA, la intimó mediante la resolución apelada, al pago de la diferencia de derechos de exportación con fundamento en la aplicación de la Resolución 394/2007, la cual regulaba la operación de exportación en trato.
Puntualizó que la mencionada resolución, en su art. 4, establecía que para todos los hidrocarburos que figuraban en el Anexo 1 -como el caso de marras- y para el supuesto en que el precio internacional supere o iguale al valor de referencia, la alícuota de exportación se calculará con la fórmula que la misma resolución prevé.
Señaló que, seguidamente, en su art. 7, establece que “a los efectos de aplicar el valor del Precio Internacional (Pi) de los productos incluidos en el Anexo I, la Dirección General de Aduanas dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, considerará las cotizaciones diarias de dicho precio”.
A su vez el art. 8 de la misma resolución determina que: “La Dirección Nacional de Refinación y Comercialización, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, fijará diariamente el precio citado en el Artículo 7°de la presente medida”.
Precisó que, la controversia suscitada en autos radicaba en que el servicio aduanero consideró que la alícuota por la cual se habían liquidado los derechos de exportación en la destinación en trato no se ajustó a la determinada según la aplicación de la Resolución MEP 394/2007, por lo que debieran haber sido más de los liquidados y abonados.
En base a tal consideración formuló el cargo, con fundamento en lo establecido en los arts. 9 ap. 2 inc. d) del decreto 618/97 en cuanto a sus facultades de control ex post de exportación.
Refirió que, asimismo, el servicio aduanero consideró que la firma exportadora, al realizar el pago de tributos por un monto presuntamente CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II menor al correspondiente y en forma posterior al vencimiento del plazo de espera según lo dispuesto por el art. 54 del Decreto 1001/82, dicho pago no extinguió la obligación tributaria aduanera, por lo que calculó los intereses generados desde el 22/10/2009 -fecha de vencimiento del plazo referidoconvirtiéndolos a dólares estadounidenses al tipo de cambio de la fecha del cálculo de los derechos de exportación adeudados.
Esgrimió que, uno de los principales argumentos de defensa de la actora se basaba en el hecho de que los derechos de exportación fueron liquidados y pagados conforme la alícuota generada por el SIM sobre la base del precio internacional informado por la Secretaría de Energía, datos que la propia Aduana cargaba en el sistema.
Aseveró que, no se encuentra discutido en autos que el SIM liquidó los derechos sobre el precio internacional informado por la Secretaría de Energía. Puntualizó que la cuestión en debate consistía en determinar cuál era la alícuota en concepto de derechos de exportación que correspondía aplicar a la operación en trato.
Para ello, correspondía remitirse al Código rector en la materia, que en su art. 728 establecía que, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación y de los demás tributos que gravaren la exportación para consumo, serán de aplicación el régimen tributario la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal, vigentes en las fechas indicadas en los artículos 726 y 727'.
A su vez, el art. 726 del C.A. dispone que ‘es aplicable el derecho de exportación establecido por Ia norma vigente en la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo". En este orden de ideas, manifestó que, la alícuota correspondiente debió ser la de la fecha del registro de la destinación.
Apuntó que, en el caso de autos no se hallaba en discusión que el precio internacional que se tuvo en cuenta a efectos del cálculo de los derechos de exportación correspondientes a la operación de marras, no era el vigente al día del registro de la misma como dispone la normativa citada sino, una cotización fijada con anterioridad, desfasaje producido por la dificultad operativa de la carga de los datos informados diariamente por el organismo competente a la Aduana en el SIM a través del cual el exportador, efectuó su declaración.
Alegó que, la actora se oponía a la pretensión aduanera por cuanto sostenía, esencialmente, que los derechos referidos fueron correctamente abonados de acuerdo a la liquidación practicada por el propio SIM por lo que, pretender su revisión, sería contrario a la doctrina de los actos propios y del efecto liberatorio del pago, haciendo además referencia al principio denominado de la inalterabilidad de la declaración aduanera.
Sentado ello, destacó, que en autos se cuestionaba la Resolución aduanera que intimó a la actora al pago de la diferencia de derechos de exportación, por aplicación de la Res. MEP 394/07.
Específicamente, debía decidirse si procedía la aplicación de la alícuota liquidada por el SIM al momento del registro de la destinación sobre la base del precio internacional informado por la Secretaría de Energía, o la alícuota que consideraba la Aduana en la resolución apelada.
Ponderó que, no se encontraba controvertido que el SIM computaba la cotización informada por la Secretaría de Energía correspondiente al día anterior al de la fecha de oficialización de la destinación.
Observó que, en el caso de autos, dicha cotización resultaba necesaria a los efectos de obtener el coeficiente para el cálculo del valor de la mercadería en aduana y consecuentemente la base y alícuota para el cálculo de los derechos de exportación a abonar.
Consideró que, en este aspecto, la recurrente pudo considerarse razonablemente liberada de su obligación tributaria, al haber efectuado un ingreso adecuado al Sistema Informático, no pudiendo invocar la aduana el error de sistema.
Advirtió que, en este sentido, resultaba aplicable al caso en análisis la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) respecto del efecto liberatorio del pago, sentada en los autos: "Armando Victorio Garibotti", del 20/11/72 (Fallos, 284:232), en los cuales expresó: que el error "en cuanto a la corrección del ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de las autoridades receptoras de impuestos no perjudica al contribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa grave de éste (Fallos, 258:208; 259:382 y otros)”, ya que exigencias notorias tanto de la estabilidad de los negocios jurídicos como del orden justo de la coexistencia, imponen el reconocimiento de la existencia de agravio constitucional en la reapertura de cuestiones CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II definitivamente finiquitadas y sobre la base de una modificación posterior e imprevisible del criterio pertinente en la aplicación de las leyes que rigen el caso.
En este sentido, entendió que, en el caso en análisis no existió una infracción en los términos del art. 954, ap. 1 inc. a) del CA imputable a la recurrente, con lo cual había quedado demostrado que no había habido dolo o culpa en su accionar.
Tan era así que, con posterioridad a la mencionada norma, se dictó la Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) N° 599/10, en la que invocándose precisamente las dificultades de carácter operativo relativas a la carga en el SIM, conforme surge de los considerandos de la misma, por el art. Io se sustituye el art. 7 de la Resolución MEP N° 394/07 en el sentido de que, a efectos de determinar el precio internacional de los productos incluidos en el Anexo 1 la DGA considerará las cotizaciones correspondientes al segundo día hábil anterior al del registro.
En resumidas cuentas, consideró que, verificada la inexistencia de inexactitud en la declaración de la fórmula para el cálculo del precio definitivo obtenido e informado por la actora -que descartaba el dolo o culpa en su accionar- conjuntamente con el pago efectuado por la actora, cancelatorio de los derechos de exportación correspondientes en base a la alícuota instruida por el SIM resultaban ser conductas ajustadas a derecho, por lo que correspondía revocar la resolución apelada en cuanto condenaba a la exportadora al pago de una multa por la comisión de la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1 inc. c) del CA y dejar sin efecto el cargo por diferencia de tributos formulado.
II. Que contra dicho pronunciamiento con fecha 11/06/2024 el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación, expresando agravios el 8/07/2024, los que fueron replicados por la contraria el 12/09/2024.
III. Que mediante el pronunciamiento de fecha 24/05/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios del Dr. Juan P. Cotter, por sus trabajos profesionales desarrollados en calidad de letrado patrocinante de la actora en la suma de ($1.210.713.-), los cuales deberán ser abonados conforme la imposición de las costas realizada en la sentencia dictada en fecha 22/04/2024. Reguló los honorarios de la Dra. Carolina M. Battiston, por sus trabajos profesionales desarrollados en calidad de letrada apoderada de la actora en la suma de $484.285, los cuales deberán ser abonados conforme la imposición de las costas realizada en la sentencia dictada en fecha 22/04/2024.
Contra dicho pronunciamiento interpusieron sendos recursos de apelación el letrado de la parte actora y el fisco nacional, con fechas 4/06/2024 y el 11/06/2024, respectivamente. Con fecha 10/07/2024 el letrado de la parte actora contestó el traslado de fecha 3/07/2024.
IV. Apelación de la demandada:
En primer lugar, la recurrente precisó que, del Informe Técnico N° 16/12 del 16/02/12 realizado por la División Fiscalización de Operaciones Aduaneras de la Aduana de Comodoro Rivadavia, en relación con la exportación realizada por la firma recurrente, surgía que fue documentada bajo el régimen de precios revisables, según Resolución ex ANA n° 2780/92, es decir sobre la base de valor FOB sujeto a una determinación posterior al registro de la operación, siempre y cuando exista un contrato que así lo prevea y establezca la fórmula cuya aplicación permitirá arribar al precio definitivo.
En ese sentido, ponderó que la firma exportadora transcribió en la solicitud de exportación la cláusula del contrato relacionado con la forma mediante la cual se iba a determinar el precio de la mercadería exportada. Alegó que, al analizar la documentación se constató que la firma exportadora había declarado un precio final que difería del que habría resultado si se hubiera utilizado la fórmula de cálculo establecida en el contrato, según lo declarado al momento de solicitar la autorización para exportar la mercadería.
Indicó que ello se daba como consecuencia de la generación de dos conocimientos de embarque (B/L) en fechas diferentes, con distintos precios, respecto de diferentes cantidades de la mercadería amparada por la operación de exportación, circunstancia que no estaba contemplada en el contrato referido y por ende no fue declarada al momento de solicitar el permiso de exportación en cuestión.
Por otro lado, consideró que, la alícuota por la cual se habían liquidado los derechos de exportación no se ajustaba a la determinada en la normativa. En ese orden, en lo que respecta a la determinación de la alícuota de los derechos de exportación, manifestó que la Resolución MEP 394/07, en su art. 7, vigente al momento de la oficialización de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II operación en trato, establecía que la forma de determinación de la alícuota era según la cotización diaria de los hidrocarburos determinados en sus Anexos I y II, entre los cuales se encuentra el exportado en autos. En ese sentido, consideró que la firma exportadora realizó un pago de tributos por un monto menor al correspondiente y en forma posterior al vencimiento del plazo, atento a que no realizó la liquidación conforme la normativa vigente, por lo que dicho pago no extinguió la obligación tributaria aduanera.
Adujo que, en lo que respecta a la conducta desplegada por la recurrente, se decidió que la misma encuadraba en la infracción tipificada en el art. 954, inc. c) del Código Aduanero. En razón de la fórmula utilizada por la actora para la determinación del precio definitivo de la mercadería exportada, dado que no fue la declarada al momento de solicitar la autorización de exportación, por cuanto aquella no preveía la segmentación de la carga en dos documentos de transporte con fechas y precios unitarios diferentes, reflejados en distintas facturas comerciales. En definitiva, consideró a la firma incursa en la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. c) del CA. Ello dado a que existió una inexactitud entre lo declarado y lo verificado en cuanto a la fórmula de determinación del precio definitivo de la mercadería exportada. Dicha situación evidenció la incorrecta determinación de su valor FOB en menos y consecuentemente un ingreso desde el exterior de un importe distinto (menor) del que efectivamente correspondía, como consecuencia de la declaración inexacta en que incurriera la actora al declarar el valor definitivo respecto al PE en cuestión.
Señaló que, en tales condiciones, su parte procedió a liquidar los tributos correspondientes y a determinar el precio final de dicha mercadería, para lo cual tomó la fecha del último conocimiento de embarque, es decir el 7/10/09, día en el cual se culminó la carga, a los efectos de su cotización según lo establecido en la Resolución ex M EP 394/0.
Sentado ello, se agravia, en lo que respecta al tipo infraccional: (i) El Tribunal Fiscal tomó una posición arbitraria en cuanto a la forma por la cual debía determinarse el precio definitivo de la mercadería exportada, la cual no fue contemplada en el contrato, ni declarada al momento de solicitar la autorización por parte del exportador, vulnerando así el bien jurídico tutelado; (ii) El mismo Tribunal Fiscal reconoce la existencia de dos permisos de embarque en vez de uno y que tal situación no estaba contemplada en el contrato, lo que genera consecuentemente, la alteración a la declaración formulada y (iii) la decisión tomada contraviene la reconocida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que establece que el bien jurídico tutelado es el principio de veracidad y exactitud de la declaración aduanera, con la finalidad de reprimir a quien acuda a maniobras que desnaturalicen o perviertan el régimen de importación y de exportación (cfr. CSJN “Frigorífico Rioplatense S .A .”, Fallos 315:942 del 12/05/92; “SUBPGA” y “Bunge y Born” (Fallos 321:1614, del 11/06/98).
Desde estas directrices considera que la decisión abordada se aleja de la declaración formulada por la firma tomando una decisión que vulnera las facultades de control de la aduana y el bien jurídico tutelado. Manifiesta que, el artículo 954 establece que, el que para cumplir con cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación. El mencionado artículo da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante.
Refiere que, como surge de autos, la operación de exportación en análisis se efectuó en los términos de la Resolución ex ANA 2780/92, es decir que se trató de una operación concertada sobre la base de un precio FOB sujeto a una determinación posterior al momento de su registro (precio revisable). Al documentarse el PE se declaró que se trataba de petróleo, aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, se indicó la fórmula acordada para la determinación del precio definitivo y se acompañó el contrato celebrado entre las partes, donde se establecía dicha fórmula mediante la cual se iba a determinar el precio. Dicha situación genera que, ante una cuestión de fuerza mayor, excepcional (no contemplada en el contrato), la recurrente debe necesariamente consultar a la aduana la fórmula mediante la cual deba calcular el precio y no realizar una interpretación unilateral del contrato suscripto, inventando una fórmula por la cual debía determinarse el precio, que casualmente generaba un pago menor al correspondiente.
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Destaca que, tal circunstancia es reconocida por la recurrente y por el Tribunal Fiscal, que explícitamente en la sentencia en trato reconoce la existencia de dos permisos de embarque, situación que no estaba contemplada en el contrato, "...tuvo que tomar dos fechas de dos conocimientos de embarque generados debido a la interrupción de la carga por cuestiones de fuerza mayor (factores climáticos), situación que no fue cuestionada por la demandada, ni prevista por la adora en el contrato suscripto con la firma compradora".
En este contexto, sostiene que conforme a la postura del Tribunal Fiscal, cualquier particular ante una situación eventual, puede realizar una interpretación arbitraria y unilateral de las cláusulas contractuales, en algo tan sensible como lo es la determinación del precio. Más aún, si se toma en cuenta que dicha postura habilitaría al particular a interpretar las cláusulas de las formas que entiende más conveniente para sus intereses.
Pone de relieve que, la inexactitud se refiere específicamente a lo contemplado en el contrato en relación a la Determinación del precio, por lo tanto, existió una diferencia entre lo manifestado y lo realmente verificado por el Servicio Aduanero.
Concluye que, por principio general, la declaración aduanera es inalterable y una vez registrada no se admite la rectificación, modificación o ampliación. Por lo tanto, conforme lo reconoce la misma recurrente, se realizó una "reinterpretación" de las cláusulas del contrato, esa "reinterpretación" implicó la existencia de dos permisos de embarque con precios diferentes (situación que difiere de lo que se había declarado - por lo tanto, comprometido) y la determinación de dos precios distintos, que luego fueron sumados a criterio de la recurrente y posteriormente avalado por el Tribunal Fiscal.
Expone que, en lo que respecta a la liquidación tributaria: (i) la posición tomada por el Tribunal Fiscal con respecto a la determinación de los derechos de exportación vulnera el régimen especial contemplado en la resolución MEP 394/07 y (ii) incorrecta interpretación del Tribunal Fiscal sobre la extinción de la obligación aduanera.
Asevera que resulta evidente que el servicio aduanero no ha hecho más que aplicar lo establecido por la Resolución M.E.P. N° 394/07 y los artículos 726, 728 y 792 del C.A. -normativa específica aplicable al caso de autos.
El artículo 726 del C.A., en su parte pertinente, dispone que “(...) Es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente en la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo”. Así, el momento relevante para individualizar la normativa que fija el derecho de exportación aplicable en las exportaciones para consumo producidas en forma regular es la fecha de registro de la correspondiente solicitud.
Postula que, la referida Resolución N° 394/2007, en su artículo 4, dispone que para los hidrocarburos que figuran en el Anexo I y para el caso de que el precio internacional supere o iguale el valor de referencia, la alícuota de exportación se calculará con la fórmula que allí se establece. Asimismo, en su artículo 7 dispone que, a los efectos de aplicar el valor del precio internacional de los productos incluidos en el Anexo I, la D.G.A. considerará las cotizaciones diarias de dicho precio, y que en los términos del artículo 8 el precio será fijado diariamente por la Dirección Nacional de Refinanciación y Comercialización dependiente de la Subsecretaría de combustibles de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Finalmente estipuló que, a los efectos de aplicar el valor del precio internacional, la Aduana considerará las cotizaciones diarias de dicho precio (artículo 7); el cual será fijado diariamente por la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización, dependiente de la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (artículo 8). Y que la Secretaría de Energía informa diariamente las cotizaciones. Si bien la destinación fue liquidada por el S.I.M. sobre la base del precio internacional informado por la Secretaría de Energía, dicha alícuota no era la correcta por no coincidir con la fecha del registro de la operación, según los establecen los artículos 726 y 728 del CA.
Aduce que, los cargos formulados por el servicio aduanero, al advertir -en el control ex post- que la alícuota por la cual se liquidaron los derechos de exportación no se ajustaba a la normativa citada (Resolución 394/2007), tiene su fundamento en el artículo 9, apartado 2, inciso d) del Decreto N° 618/97 y los artículos 348 y 1018, apartado 2, del Código CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Aduanero, y ello -a contrario de lo sostenido por el a quo- en modo alguno conlleva a la afectación de la seguridad jurídica en el efecto liberatorio del pago, inaplicable en la especie (en similar sentido la Sala II in re: “Basso S.A. (TF 24888-A) c/ D.G.A.” del 7 de diciembre de 2010).
Pone énfasis en que, en tales condiciones, debe tenerse en cuenta que los derechos de exportación deben ser liquidados y abonados con ajuste a las pautas vigentes al momento del registro de la operación, y en el caso lo real y concreto es que el exportador no canceló sus obligaciones en la extensión que normativamente corresponde.
Cita jurisprudencia favorable a su postura.
Argumenta que, en autos, el pago de los derechos de exportación efectuados por la actora fue inferior al que efectivamente correspondía en tanto no se ajustó a lo dispuesto legalmente, por lo que aquel no tuvo virtualidad para producir el efecto liberatorio considerado por el Excmo. Tribunal en su sentencia.
Destaca que el pago “liberatorio” es aquel que, por resultar ajustado a los términos de la obligación, la extingue en toda su amplitud. Apunta que del conjunto de normas aludidas se concluye, y con facilidad, que la actora no tiene un derecho adquirido, pues la Aduana “puede" revisar, y por ende lógicamente, efectuar cargos suplementarios independientemente de lo que se liquide inicialmente.
A su vez, es dable recordar lo dispuesto por el artículo 322 del C.A., en el sentido de la posibilidad de rectificación por el propio declarante cuando resultare procedente, y también la facultad que posee la Aduana para formular cargos y reajuste cuando son procedentes, no afectando ello el principio de inalterabilidad de la declaración. Es por ello que resulta improcedente el efecto liberatorio del pago considerado por el Excmo. Tribunal, ello frente a las expresas facultades concedidas por el artículo 9, apartado 2, inciso d) del Decreto N° 618/1997, resultando de aplicación al caso, como ya se señalara, lo dispuesto por el artículo 792 del C.A.
Añade que, asimismo, tampoco es acertado que hubiera existido imposibilidad táctica alguna por parte de la actora para ajustarse a la normativa en análisis, ya que -no obstante que la cotización correspondiente al día de registro de la operación se conoció sobre las últimas horas del mismo día- por tratarse de operaciones realizadas bajo la modalidad de precios revisables, el vencimiento de la obligación de pago operó conforme el plazo de espera declarado en la destinación, es decir, a los quince días del libramiento de la mercadería contados a partir del asiento documental e informático del cumplido de la operación. Pondera que, al momento de llevarse a cabo la operación, la actora tenía pleno conocimiento de la norma que reglamenta el régimen, a cuyo amparo efectuara la misma, por ello, no se trata de un error; sino que se trata de la aplicación de la normativa vigente. Así las cosas, es indispensable resaltar que la Resolución Aduanera dictada por su parte se encuentra revestida de absoluta legalidad, resultando de la correcta aplicación del derecho vigente en la materia.
Hace hincapié en que, no se encuentra discutido en autos que el S.I.M. liquidó los derechos sobre el precio internacional informado por la Secretaría de Energía, correspondiente al día anterior al de la fecha de oficialización.
En dicho contexto, apunta que, lo que debe determinarse es cuál era la alícuota en concepto de derechos de exportación que correspondía aplicar a la operación en cuestión.
En este orden de ideas, reitera que, la alícuota correspondiente debió ser la de la fecha del registro de la destinación (artículos 726 y 728 del C.A.). Teniendo en cuenta la actividad comercial desarrollada por la firma exportadora y la cantidad de operaciones registradas, y que la misma tenía conocimiento respecto de que la alícuota abonada no era la establecida por la normativa vigente, debe confirmarse la Resolución Aduanera apelada en autos. Toda vez que, en el caso de autos si bien el Sistema Informático receptó una cotización indebida, la recurrente no puede alegar el desconocimiento de lo dispuesto por la Resolución ME 394/2007, artículo 4.
Afirma que en función de lo expuesto, queda sin sustento la decisión apelada, ya que la actora incurrió en una declaración inexacta en los términos del artículo 954 inc. c) y no pudo considerarse razonablemente liberada de su obligación tributaria, imponiéndose su revocación.
En consecuencia, solicita se revoque la sentencia recurrida y se confirme la Resolución 86/2017 (AD CORI), con costas.
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V. Que por razones metodológicas, en primer lugar, se abordará el tratamiento de los agravios vinculados a la cuestión infraccional, en los términos del art. 954 inc. c) del C.A. y en segundo lugar, la cuestión tributaria y la extinción de la obligación aduanera, de conformidad con el régimen previsto en la resolución MEP 394/07.
VI. Que a tal efecto y respecto de la primera cuestión -infraccionalconviene, de manera inicial, recordar que, el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto - Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836).
Es que, “criticar” es muy distinto a “disentir”. La crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores jurídicos y fácticos que éste pudiere contener. En cambio, disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia (conf., en igual sentido, C.Nac.Apel.Civil., Sala A, sentencia del 16/12/05, in re, “Z., M. R. C/D. P., J. L. y otros”, publicado en La Ley del 1/06/06).
VII. Que en el sub examine, mientras el núcleo de la decisión de grado, para revocar la resolución apelada, respecto de cuestión infraccional, en los términos del art. 954 ap. 1, inc. c) del C.A., se sustentó, en que, de las constancias de la causa surgía que que la empresa había aplicado la fórmula contractual declarada para el cálculo del precio definitivo, con la particularidad de que tuvo que tomar dos fechas, de dos conocimientos de embarque distintos, debido a la interrupción de la carga por cuestiones de fuerza mayor (factores climáticos -situación que no fue desvirtuada por la demandada-), cuya sumatoria conformó el precio definitivo de la exportación, por lo que no se advertía inexactitud alguna en su declaración, toda vez que la fórmula declarada no había sufrido una variación en lo sustancial; la recurrente se limita a manifestar su disconformidad con lo resuelto, exponiendo -como argumento central que, a su juicio, la fórmula utilizada para la determinación del precio definitivo de la mercadería difería de la declarada al momento de solicitar la autorización, sin demostrar, de manera concreta que se haya alterado la fórmula acordada en el contrato. En este sentido, cabe apuntar que, la Aduana entendió que la fórmula de cálculo del precio definitivo debió aplicarse tomando únicamente la fecha del último conocimiento de embarque y descartarse el primero, sin argumentar ni hacerse cargo del fundamento central del decisorio, y por ende, dejando incólume su razonamiento acerca de que en definitiva, y dada la particular circunstancia verificada (configuración de un supuesto de fuerza mayor que impidió la partida del medio transportador), la mera existencia de dos conocimientos de embarque no implica la alteración de la fórmula acordada en el contrato.
Es que la demandada no se hace cargo, ni rebate en forma contundente, lo alegado por la actora y el Tribunal administrativo, en cuanto a que se hubiera ocurrido en una declaración inexacta, si se hubiera actuado como lo propone la Aduana, ya que se habría declarado un precio cuya cantidad diferiría de lo previamente pactado (utilizando, en relación a la cantidad cargada en el primer conocimiento, un precio contractual que no estuviera relacionado con la fecha de carga). Por lo demás, la contraria se extiende en consideraciones en torno al bien jurídico protegido por la norma, las facultades de revisión que posee la Aduana, sin controvertir en forma eficaz los concretos fundamentos que en torno de las particulares circunstancias configuradas en el caso, sustentan el pronunciamiento impugnado.
En tales condiciones, corresponde rechazar el recurso intentado.
VIII. Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que, el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A., expresamente dispone: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II inadvertida, produjere o hubiere podido producir (…) c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia”.
IX. Que de las constancias de las actuaciones administrativas n° 14793-138-2009, surge que:
(i) Mediante el permiso de embarque N° 09014ES02000033Z, registrado el 02/10/09 ante la Aduana de Comodoro Rivadavia, se documentó la exportación de crudo escalante con destino a la República de Chile a bordo del Buque “Knock Sheen”; mercadería que clasifica por la posición NCM 2709.00.10.900N. La exportación se documentó a amparo del régimen de precios revisables previsto en la Resolución (ex)
ANA N° 2780/92.
En cumplimiento de dicho régimen, se aportó el contrato de compraventa que amparaba la operación. En dicho contrato, se encontraba prevista la determinación del precio definitivo. En cuanto interesa al presente, el contrato preveía un precio equivalente al promedio de las cotizaciones “Settlement' para “WTI NYMEX FRONTLINE”, publicadas por “Platt's Cruce Oil Marketwire” para los dos días previos al BL, el día del BL y dos días después (BL-2, BL-1, BL, BL+1, BL+2), menos un descuento de u$s 3,69 por barril (ver documentación obrante en sobre contenedor, fs. 2).
(ii) la carga del buque “Knock Sheen” comenzó el 03/10/09 y debió interrumpirse el 05/10/09 por cuestiones climáticas. El buque debió desamarrar. Se realizó una segunda carga que finalizó el 07/10/09 (ver informe de Inspectorate y los Statements of Facts, fs.96/109).
Como consecuencia de ello, se emitieron dos documentos de transporte (B/L). Uno con fecha 05/10/09 y el otro con fecha 07/10/09. Se terminaron embarcando, en total, 164.016.991 litros de crudo.
(iii) el 03/11/09 se presentó el documento definitivo de exportación, PE n° 09014EC08000039M, por un total de 148.633.675 kg. Neto, 164.016.991 cantidades de unidades, por un valor FOB total de u$s 68.917.182,64 (resultante de suma la factura n° 391 de fecha 8/10/2009 por U$S 51.825.573,35 y la factura n° 392 de fecha 13/10/2009 por la suma de U$S 17.091.609,29) y se pagaron los derechos de exportación por la suma de 25.700.781,27 (ver documentación obrante en sobre contenedor de fs. 3).
Cabe añadir que en las constancias de “FACTURACION” obrantes en la hoja siguiente a las facturas supra aludidas se indica, en el apartado “B) Fórmula de cálculo de Precio”, la misma fórmula de cálculo, que a su vez, es la estipulada en el contrato: “(WTI NYMEX Month (Adj)-(3,69)”.
X. Que de lo expuesto surge que, en el permiso de Embarque 09014EC08000039M, se declaró la exportación a consumo de crudo Escalante y se consignó el precio definitivo de la mercadería.
El precio debió conformarse con dos facturas, una por cada conocimiento de embarque. En ambos casos, el precio fue ajustado conforme la fórmula prevista en el contrato previamente acordado. En este contexto, cuadra añadir que no se encuentra controvertida la existencia de dos documentos de embarque generados debido a la interrupción de la carga por cuestiones de fuerza mayor (factores climáticos), tal como surge de las constancias de Inspectorate y de los Statement of Facts (fs.96/109 de las act. adm.), extremos cuya trascendencia ha sido resaltada en el considerando precedente.
Ahora bien, el hecho de que como consecuencia del mal tiempo, debieran efectuarse dos documentos de transporte, con fechas, cantidades y precios distintos, no significa en modo alguno que la declaración efectuada, en relación a la fórmula de determinación del precio definitivo, se haya visto alterada.
Pues, en definitiva, la fórmula tal como fue declarada en el contrato, se aplicó a los dos conocimientos de embarque, de fechas que difieren por dos días entre sí, lo que generó dos precios definitivos diferentes, cuya suma conformó el precio definitivo de la exportación. Ello surge claramente de las constancias de “FACTURACION” obrantes en la hoja siguiente a las facturas nros. 391 y 392, donde en el apartado “B) Fórmula de cálculo de Precio”, se indica la misma fórmula de cálculo, que a su vez, es la estipulada en el contrato: “(WTI NYMEX Month (Adj)- (3,69)”, tal como se indicó en la reseña efectuada en el considerando anterior.
En tales condiciones, no se advierte una diferencia entre el precio declarado y el precio de venta, lo que descarta la existencia de una declaración inexacta.
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A mayor abundamiento, cabe añadir, tal como bien lo sostuviera el Tribunal a quo que, la actora habría incurrido en una declaración inexacta, de haber procedido como lo propone la Aduana, ya que en tales condiciones habría declarado un precio cuya determinación difiere de lo previamente pactado (utilizando, en relación a la cantidad cargada en el primer conocimiento, un precio contractual que no tiene relación con la fecha de la carga -la Aduana consideró que debía considerarse la fecha del último B/L para determinar el precio definitivo, descartando el primero-).
Por lo demás, la Resolución ex ANA 2780/92 “Normas de aplicación para la exportación de productos que se comercialicen sobre la base de precios FOB sujetos a una determinación posterior al momento del registro de dicha operación” (régimen bajo el cual se formalizaron la operaciones involucradas en autos), determina en forma expresa que, al registrar el permiso de embarque se manifestará cómo será fijado el precio definitivo de la mercadería y en qué fecha. En este sentido en el Anexo I, se establece: “1 - DE LOS EXPORTADORES. 1.1. Acreditarán ante el servicio aduanero, el momento del registro del permiso de embarque, con copia debidamente autenticada del contrato de compraventa, que la operación fue concertada sobre la base de precio FOB sujeto a una determinación posterior al momento del registro de dicha operación (precio revisable), debiendo constar en dicho contrato al momento de determinación del precio final”.
En el caso, si se declaró que el precio se fijaría teniendo en cuenta la fecha del conocimiento del embarque, que luego por circunstancias de fuerza mayor resultaron ser dos, no corresponde modificar lo declarado ni pretender, como lo hace la Aduana, tomar sólo el último de ellos sin considerar el primero.
En definitiva, contrariamente a lo sostenido por la Aduana, no se advierte que, la actora haya efectuado "una interpretación unilateral del contrato suscripto, inventando una fórmula por la cual debía determinarse el precio”, sino que se limitó a aplicar las cláusulas del contrato celebrado entre partes en lo que a la fórmula de determinación se refiere. Está claro, de la simple lectura de las actuaciones, que no se declaró la exportación de mercadería distinta, cantidades diferentes, ni por un precio distinto del resultado de la comprobación, como lo exige la figura infraccional imputada. Tanto es así que la propia Aduana reconoce que no cuestiona que el precio declarado sea real o no, sino el hecho de haber utilizado una fórmula de determinación de precio distinta a la declarada al momento de exportar la mercadería al exterior.
Por tal motivo, no se advierte la posibilidad de condenar a la actora por presunta infracción de declaración inexacta, siendo que el precio declarado resulta ajustado al contrato; por cuanto en las condiciones expuestas, resta la configuración de un elemento sustancial del tipo infraccional, justamente la diferencia entre la declaración comprometida y el resultado de la comprobación, y así lo ha resuelto el organismo jurisdiccional administrativo.
Es que, la infracción imputada en autos únicamente podría concretarse si se hubiera constatado una diferencia entre el precio declarado y el precio resultante de la verificación (en el caso si hubiera existido una diferencia entre el precio declarado y el precio de venta constatado), extremo no configurado.
En la operación analizada, se ha declarado el precio de venta concertado con el comprador, de conformidad con el contrato previamente aportado y las facturas comerciales. Por ello, este precio, bajo ningún punto de vista puede ser considerado inexacto.
Por lo demás, cabe añadir que, si bien es cierto que la Aduana puede apartarse del precio declarado por considerar que no resulta idóneo como base imponible, ello no implica que pueda considerar que se configuró un supuesto de declaración inexacta del precio de compra. En su caso, el servicio aduanero efectuará un análisis sobre si el precio reúne los requisitos para ser considerado como valor imponible y luego de ello, o lo conformará, o eventualmente, lo ajustará y exigirá mayores tributos; pero si se documentó el precio de venta con ajuste a las previsiones contractuales, no puede imputarse la comisión de una declaración inexacta.
En consecuencia, corresponde rechazar, el recurso interpuesto, en cuanto es materia de agravio, con relación a la cuestión infraccional.
XI. Que en relación al reclamo tributario y la correcta inteligencia de la resolución MEP nº 394/07, sin perjuicio de la opinión, en contrario, de los miembros de este Tribunal, cabe estar a la doctrina e interpretación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II resultante de la sentencia plenaria nº 1/25 del 11/04/2025, dictada autos: expte. nº 25856/2023 “Pan American Sur (TF 39976-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, donde se estableció que: "En el marco de lo dispuesto por el art. 792 del Código Aduanero, es posible reconocer efecto liberatorio al pago del derecho de exportación de hidrocarburos establecido por la resolución (MEyP) 394/07 cuando éste fue efectuado con arreglo a la liquidación generada por el Sistema Informático Malvina (SIM) al momento del registro de la respectiva solicitud de destinación aduanera; liquidación, ésta, que se practica en base al algoritmo previsto por la referida resolución ministerial y al precio internacional informado por la Secretaría de Energía".
En el caso en examen, no se encuentra controvertido que, a la fecha de oficialización del Permiso de Embarque 09014EC08000039M, se liquidaron y pagaron los derechos de exportación correspondientes, considerando la fórmula establecida en la citada resolución, que era automáticamente liquidada por el SIM (conf. art. 4º, norma citada). De conformidad con lo expuesto, corresponde aplicar la doctrina del fallo plenario citado y asignar efecto liberatorio al pago, por manera que en definitiva corresponde desestimar, también en este punto, el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada.
XII. Que, en atención al modo en que se resuelve, las costas de esta instancia se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el principio objetivo de la derrota, del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
XIII. Que a fin de tratar los recursos interpuestos; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII- 97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A.” del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más). En tales condiciones, cabe señalar que en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, sentencia del 4/09/2018 (Fallos: 341:1063), sostuvo, en cuanto a la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia la ley 27.423 y su promulgación parcial dispuesta por decreto 1077/17 que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio (v. Cons.
3. y 4° del voto mayoritario).
Dicho criterio ha sido mantenido en fecha reciente por el Máximo Tribunal en los autos “New Model International School SA c/ Centro Comercial Miguel Cané SA s/escrituración”, expte. CIV 010263/2015/3/RH002, sentencia del 10/06/2025.
Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados -conf. fs. 1(F4), Resolución N° 412/2012 (AD V ICO), convertido a pesos, lo resuelto con fecha 22/04/2024 y precedentemente-; atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II desarrollados durante la primera etapa del pleito cumplida y posteriores (C.S. Fallos: 306:1265 y 308:848) toda vez que la causa fue declarada como de puro derecho, corresponde reducir a las sumas de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA MIL ($680.000) y PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL ($272.000) los honorarios regulados con fecha 24/05/2024, en favor de los DRES. JUAN PATRICIO COTTER y CAROLINA MARIA BATTISTON, por la dirección letrada y representación de la actora (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 22, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido y lo resuelto por la CSJN doctr. Fallo “Las Marías”, corresponde regular en las sumas de PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SESENTA ($10.812.060) -equivalente a 140 UMA-, y PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA ($4.633.740) –equivalente a 60 UMA–; los emolumentos de los DRES. JUAN PATRICIO COTTER y MARIA INES SOLA, patrocinante y apoderada, respectivamente, actuantes en la defensa de la actora (arts. 14, 16, 20, 21,24, 29, 30, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423). El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 22/04/2024 en cuanto ha sido materia de agravios, con costas (arts. 68, primera parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.); y 2°) reducir los honorarios fijados por el TFN y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando XIII.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia