Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 39.976-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución 2019-27-AFIP-ADRIOG#SDGOAI (SIGEA 13289-12705-2012) de la Aduana de Río Granda apelada en autos y, por ende, los cargos 43/10, 42/10 y 37/10, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-114021423-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 25 de Octubre de 2022 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales de la Sala "E", Dres. Juan Manuel Soria, Cora M. Musso y Héctor H. Juárez, con la presidencia de la Vocal nombrada en segundo término, para resolver en los autos caratulados: “PAN AMERICAN SUR S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACIÓN”; Expte. Nº 39.976-A.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Fundamentos del recurso de apelación: A fs. 2/22 la firma recurrente, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución 2019-27-AFIP-ADRIOG#SDGOAI dictada por el Administrador de la Aduana de Río Grande (fs. 7/9), recaída en la Actuación SIGEA 13289-12705-2012. Mediante la mentada resolución se confirmaron los cargos 37/10, 42/10, 43/10. Sostiene la empresa actora que mediante los permisos de embarque (“PE”) involucrados -que son los 09049ES02000033B / 09049EC08000026Z; 09049ES02000023A / 09049EC08000020K; 09049ES02000020U / 09049EC08000019S- exportó a consumo mercadería clasificable en la posición arancelaria (“PA”) NCM 2709.00.10.900N y que abonó los derechos de exportación determinados automáticamente por el Sistema Informático María (“SIM”) de la Dirección General de Aduanas (“DGA”).
Analiza los antecedentes que dieron origen a la causa y los fundamentos de la resolución apelada. Señala que a la fecha de oficialización el precio internacional informado por la Dirección Nacional de Refinamiento y Comercialización superaba el valor de referencia estipulado en la Resolución (MEyP) 394/07 y consecuentemente se determinaron y pagaron los derechos de exportación correspondientes a ese embarque, considerando la formula estipulada en la resolución mencionada, que era automáticamente procesada por el SIM para liquidar los derechos de exportación. Indica que la citada formula usada por el servicio aduanero y luego cargada al SIM tomaba en consideración la información diariamente proporcionada por la Secretaría de Energía y que, un tiempo después, el servicio aduanero consideró que el precio internacional utilizado por el SIM resultaba incorrecto, dado que no era el precio internacional correspondiente al día de la oficialización del PE.
Aduce que al impugnar los cargos cuestionados en la causa planteó su nulidad por carecer de fundamentación suficiente y por no haber estado fundado en ley. Analiza la normativa relativa a la cuestión de autos y expresa que la Resolución (MEP) 394/07, determinó una fórmula de fijación de alícuota cuando los precios internacionales superen o igualen al valor de referencia allí indicado, estableciendo que cuando el precio internacional resulte inferior al valor de referencia, se aplicará una alícuota del 45% siempre que el precio del barril supere los U$S 45. Refiere asimismo que, a los fines de aplicar el valor del precio internacional, la Aduana considerará las cotizaciones diarias de dicho precio fijadas por la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización, siendo que en la practica la Secretaría de Energía informa diariamente las cotizaciones internacionales a la Aduana a efectos de que ésta las cargue en el SIM y puedan así establecerse correctamente las alícuotas de las PA involucradas en la resolución en trato.
Señala que la Aduana carga estas cotizaciones en el SIM y que las mismas aplican recién para el día siguiente, siendo que a la fecha de oficialización de los PE se toman en consideración las cotizaciones del día anterior, habiendo ello sido lo que originara la presente causa. Funda su recurso sosteniendo que deberá revocarse la resolución apelada por cuanto se ha hecho una incorrecta interpretación de la norma en examen, se ha vulnerado el principio rector de inalterabilidad de la declaración aduanera, se violenta la doctrina de los actos propios y la disposición contenida en el art. 793 del CA. Sostiene que debe aplicarse la teoría del efecto liberatorio del pago, indicando expresamente que la posición del fisco se opone a la jurisprudencia del Tribunal Fiscal y de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Arguye que al documentarse el PE involucrado en la causa la firma exportadora, como la Aduana y la Secretaría de Energía, actuaron conforme a derecho, determinando y abonando correctamente los derechos de exportación de conformidad a la legislación aplicable a la cuestión, cumpliendo de este modo tanto la Secretaría de Energía como la Aduana con la letra de la resolución al informar las cotizaciones diarias y las cargas en el sistema. Indica que los exportadores no tienen acceso a las cotizaciones que diariamente informa la Secretaría de Energía a la Aduana, ni tampoco conocen los detalles de este procedimiento de la Administración Pública, ya que si fuera así se hubieran solicitado infinidad de devoluciones para los casos en los que la diferencia los favoreciera.
Argumenta que la correcta lectura del artículo 728 del CA impone considerar que corresponde aplicar la alícuota vigente a la fecha de oficialización del PE, siendo esta la liquidada y luego cargada en el SIM por el por el propio servicio aduanero, considerando la última cotización proporcionada diariamente por la Secretaría, que usualmente resulta ser la cotización correspondiente al día anterior. Cuestiona que el Administrador pretenda reclamar la diferencia de derechos a partir de una interpretación analógica de la norma, cuestión vedada en materia tributaria, pretendiendo incluir la conformación de la alícuota como uno de los elementos considerados en el art. 728 del CA. Plantea que esta interpretación no resulta razonable ni conforme a derecho, que los elementos que conforman la alícuota deben ser diferenciados de la alícuota en sí, que debe ser la vigente a la fecha de registro de la solicitud de exportación para consumo.
A modo de ejemplo destaca que el tema fue correctamente solucionado por el decreto reglamentario 1001/82 y la ley 23.905 al establecer que resulta aplicable el tipo de cambio vigente al último día hábil anterior al día de pago. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema y considera que la posición asumida por la Aduana supone una clara violación al principio de inalterabilidad de la declaración ya que no resulta razonable pensar que la situación es fácilmente superada con una rectificación, ello toda vez que de este modo todas las destinaciones serían susceptibles de rectificación y revisión, habida cuenta que las cotizaciones cambian todos los días. Explica que no desconoce la facultad de revisión de la liquidación tributaria efectuada en las destinaciones de exportación, pero argumenta que dicha facultad no puede transformarse en una habitualidad por un supuesto defecto en la aplicación de la norma, ya que de ser así se desvirtuaría el régimen a través del cual el exportador documenta una exportación, de conformidad con la determinación de derechos de exportación practicada por el propio Sistema Informático María implementado por la Aduana.
Afirma que este procedimiento se opone a la doctrina de la Corte Suprema que estableció que las normas jurídicas deben interpretarse de manera armónica con el resto del ordenamiento jurídico vigente, y que evidentemente la modificación ulterior de todas las declaraciones se opondría al principio de inalterabilidad de la declaración comprometida, establecido en el artículo 321 del CA. Señala que pretender la revisión de la liquidación que el propio Sistema María generó y sigue generando, vulnera la doctrina de los actos propios y que la interpretación realizada se opone a lo dispuesto por el art. 793 del CA. Invoca la improcedencia de la interpretación propiciada por el Administrador de la Aduana de Comodoro Rivadavia, dado que vulnera el principio de los actos propios.
Indica que con el dictado de la Resolución (MEF) 599/10 que modificó la Resolución (MEP) 394/07 se dispuso que en operaciones como la de autos, debía considerarse la cotización correspondiente al segundo día hábil anterior al del registro de las solicitudes de exportación para consumo, zanjando el problema existente y regularizando una situación que generó muchos inconvenientes. Cita jurisprudencia, ofrece prueba y solicita que oportunamente se haga lugar al recurso interpuesto y se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación del traslado: A fs. 32/39 y vta., previo emplazamiento, contesta el traslado conferido el representante del Fisco Nacional, quien luego de la negativa genérica de rigor, reseña lo actuado en sede aduanera. Hace referencia a los hechos que originaron la cuestión y lo normado en la Resolución (MEP) 394/07, señalando que el servicio aduanero no hizo más que formular los cargos teniendo en consideración la cotización diaria que informa la Secretaría de Energía a la Aduana para el tipo de mercadería, atendiendo a la normativa aplicable con relación al régimen de precios revisables. Cita abundante jurisprudencia. Finalmente ofrece como prueba las actuaciones administrativas relativas a la causa, formula reserva del caso federal y solicita que oportunamente se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso en el Tribunal Fiscal: A fs. 44 se declara la causa de puro derecho. A fs. 53, con fecha 21.09.22, mediante la PV-2022-100457438-APN-VOCXIII#TFN se elevan los autos a la Sala “E”, que realiza el llamado de autos a sentencia el 21.10.22.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: Las actuaciones administrativas vinculadas (SIGEA 13289- 12705-2012 y sus alcances, 13289-17219-2012 y 13289-19920-2012) se abren con el recurso de impugnación de la firma recurrente -obrante a fs. 1/17- presentado con fecha 05.06.12 contra los cargos 42, 37 y 43 del año 2010. A fs. 18, el 18.06.22 y atento la impugnación presentada, el Jefe de la Sección “S” de la Aduana de Río Grande solicita a la Sección “C” adjuntar copias certificadas de los cargos, sus notificaciones y toda otra documentación respaldatoria que obre en la sección. A fs. 19, el 19.06.12, la Sección “C” devuelve las actuaciones informando que agrega -a fojas 20 a 74- todos los antecedentes en su poder.
Entre tales antecedentes se registran a fs. 20/22 la documentación del correo sobre la notificación de los cargos. A fs. 23/24, obra la Nota 550/08 de la Secretaría de Energía informando los precios del 29.05.08 conforme la Resolución (MEyP) 394/07. A fs. 25/28, de fecha 16.11.10, obra el Informe 138/10 (SE FEVE) de la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación (DE FIES-AFIP-DGA) que fundamenta el ajuste. A fs. 29/34 obra el cargo 43/10 con copias de los PE respectivos. A fs. 35/52 se repite la misma información antes relatada (fs. 20 a 34), pero en relación al cargo 42/10, y de fs. 53/74 se repite en relación al cargo 37/10. A fs. 81/82, con fecha 04.07.12 se tiene: (i) por iniciado el procedimiento de impugnación de los cargos; (ii) por ofrecida la prueba y abierta la causa -para su producción- por cuarenta (40) días y; (iii) presente el trámite del art. 1053 del Código Aduanero (“CA”).
Se agregan luego las actuaciones administrativas SIGEA 13289-17219-2012 (fs. 84/92), 13289-12705-2012/1 (fs. 93/96), 13289- 19920-2012 (fs. 97/100), 13289-12705-2012/2 (fs. 101/162), 13289-12705-2012/3 (fs. 163/164), 13289-12705-2012/4 (fs. 165/173), 13289-12705-2012/5 (fs. 174/177) por las que: (i) tramitó la prueba -notas, informes y memorandos, entre los que se destacan las notas de la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización 3384 (del 01.06.09), 4050 (del 30.06.09) y 8221 (del 26.11.09); los antecedentes que sirvieron de sustento al dictado de la Resolución (MEyP) 599/10 (fs. 103/142 del SIGEA 13289-12705-2012/2); y los referidos a la Resolución (MEyP) 394/07 (fs. 144/155 del SIGEA 13289-12705-2012/2)-; (ii) se clausuró el periodo probatorio (fs. 156); (iii) se agregó el alegato (fs. 163/164); (iv) el dictamen jurídico previo (el 32/19 -AD RIOG- de fecha 19.02.19) y, finalmente; (v) se dictó la resolución RESOL-2019-27-E-AFIP-ADRIOG#SDGOAI apelada en autos (fs. 170/172), confirmando los cargos 43/10, 42/10 y 37/10.
V. Decisión del caso: Mediante las destinaciones PE 09049ES02000033B/ 09049EC08000026Z; 09049ES02000023A/ 09049EC08000020K; y 09049ES02000020U/ 09049EC08000019S oficializadas respectivamente -bajo el régimen de precios revisables- el 17.11.09/17.12.09, el 18.06.09/29.06.09 y el 29.05.09/29.06.09, se documentaron las exportaciones de mercadería de la PA 2709.00.10.900N. Respecto de ellas la Aduana formuló los cargos 43/10, 42/10 y 37/10, por los que exigió el pago de diferencias de derechos de exportación por considerar erróneo el coeficiente sobre el que se determinaron las alícuotas de tales derechos, ello conforme la Resolución (MEP) 394/07.
En relación a los referidos cargos 43/10, 42/10 y 37/10 en los informes respectivos 138/2010 (SE FEVE, fs. 21/28 de las act. adm.); 143/2010 (SE FEVE, fs. 40/43 de las act. adm)- y 137/2010 (SE FEVE, fs. 63/65 de las act. adm.), todos de fecha 16.11.10, se expresó que las resoluciones (MEyP) 394/07 y 127/08 establecieron, entre otros aspectos, la forma de determinación de la alícuota de derechos de exportación aplicable diariamente a determinados hidrocarburos enlistados en sus anexos, dentro de los cuales se encuentra la especie de hidrocarburos de las destinaciones de autos, señalándose que la alícuota y el coeficiente de derechos determinados, con ajuste a la Resolución (MEP) 394/07, resultan ser diferentes a los declarados en las destinaciones antes referidas. Obran a fs. 21/28, 40/43 y 63/65 de las citadas actuaciones administrativas SIGEA 13289-12705-2012 la determinación de las alícuotas para las destinaciones involucradas en autos.
La Resolución (MEyP) 394/07 en su art. 4º dispone que para los hidrocarburos que figuran en el Anexo I y para el caso de que el precio internacional supere o iguale el valor de referencia, la alícuota de exportación se calculará con la fórmula que allí establece. Dispone, asimismo, en su art. 7º que, a efectos de aplicar el valor del precio internacional (PI) de los hidrocarburos incluidos en el Anexo I, la Dirección General de Aduanas considerará las cotizaciones diarias de dicho precio, y que en los términos del art. 8º el precio será fijado por la Dirección Nacional de Refinanciación y Comercialización dependiente de la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Similar estructura normativa presenta la Resolución (MEyP) 127/08. Asimismo, el art. 728 del CA establece que “a los fines de la liquidación de los derechos de exportación y de los demás tributos que gravaren la exportación para consumo, serán de aplicación el régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal, vigentes en las fechas indicadas en los arts. 726 y 727”. El art. 726 dispone que es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente en la fecha del registro de la destinación de exportación para consumo.
La controversia de autos radica en dirimir si corresponde la aplicación de la alícuota calculada por el SIM al momento del registro de la destinación sobre la base del precio internacional informado por la Secretaría de Energía, o si procede la aplicación de la alícuota que considera la Aduana. No se encuentra controvertido que la actora realizó la exportación bajo el régimen de precios revisables, y que dentro del plazo de espera presentó la destinación definitiva pagando los correspondientes derechos de exportación.
La actora centra sus defensas en el hecho de que los derechos fueron determinados y pagados conforme la alícuota generada por el SIM, invoca lo normado en el art. 728 del CA, y también la inalterabilidad de la declaración aduanera, y el efecto liberatorio del pago conforme jurisprudencia de la CSJN que cita.
Surge de las destinaciones motivo de los presentes autos que los derechos de exportación fueron pagados por la actora aplicando la alícuota de derechos de exportación y el coeficiente de derechos incluidos determinados por el SIM, sobre la base del precio internacional de referencia que informaba la Secretaría de Energía.
Resulta aplicable al caso de autos -mutatis mutandis, respecto al coeficiente cargado en el SIM a efectos de la determinación de los derechos de exportación- la doctrina de esta Sala “E” –con integración diferente a la actual- recaída en la causa “Petrolera Río Alto SA” de fecha 06.10.04, correspondiendo hacer lugar al recurso de apelación de la actora. En el referido presente, la Dra. García Vizcaíno señaló en su voto que “si el Estado ha implementado el Sistema Informático María debe garantizar a los contribuyentes su efectividad, sin generarles cargas adicionales por deficiencias del Sistema. Que no se encuentra controvertido que el Sistema Informático María computaba el tipo de cambio comprador y no el vendedor (en el puntual caso de autos se trata del coeficiente) por lo cual en este aspecto la contribuyente pudo considerarse razonablemente liberada de su obligación tributaria, al haber efectuado un ingreso adecuado al Sistema Informático, no pudiendo invocar la aduana el error en este Sistema. En este aspecto, pues, se aplica la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del efecto liberatorio del pago, salvo dolo o culpa grave de la apelante, lo que ni siquiera se ha invocado en la especie”.
La sentencia citada resulta una aplicación particular de la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “ARMANDO VICTORIO GARIBOTTI v. ADUANA DE LA NACIÓN” (Fallos: 284:232), sentencia del 20.11.72. En el mismo sentido se ha expedido la más prestigiosa doctrina al sostener que, salvo que la administración sea inducida al error por el dolo del administrado, “rige el principio que el organismo recaudador debe cargar con sus propios errores” (JARACH, Dino: Finanzas Públicas y derecho tributario, pág. 449 Ed. Cangallo Buenos Aires, 1989).”
El razonamiento antes expuesto resulta un criterio general en materia tributaria fijado por el Alto Tribunal para supuestos legales donde son las oficinas de recaudación de tributos las que los determinan, o las que determinan alguno de los elementos esenciales de los tributos, tal como sucede en este caso: e.g. la alícuota aplicable para determinar los derechos de exportación. Esta línea jurisprudencial fue ratificada por la Corte Suprema en tiempo más reciente (así lo recordó la Dra. García Vizcaíno en su voto del referido precedente “PETROLERA RÍO ALTO”) in re “Bernasconi Sociedad Anónima Agrícola Ganadera Financiera Comercial Inmobiliaria e industrial c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” (Recurso de hecho B.216.XXXIV) del 12.11.98, considerandos 8° y 9°. A tal precedente de la Corte Suprema debe agregarse su sentencia de la misma fecha in re “GUERRERO DE LOUGE, SUSANA ERNESTINA TERESA Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES” (Recurso de hecho G.182.XXXIV) que, pese a resolverse en un párrafo que remite a “Bernasconi”, posee valor propio por el voto del Dr. Enrique S. Petracchi para ambos casos, que se destaca por la completa y prolija reseña que realiza en su considerando 6° de la evolución de la jurisprudencia del Alto Tribunal sobre la materia.
La solución propiciada, que surge de la familia de fallos del Alto Tribunal que ilustra el Dr. Petracchi en “Guerrero de Louge”, no es más que una derivación particular del aforismo del derecho romano Nemo auditur propriam turpitudenem allegans. Tal principio, en su aplicación práctica, debe extenderse también al fisco, que no puede cargar a los contribuyentes con los costos económicos –incluidos los fiscales- derivados de sus errores propios o ineficiencias sistémicas en la recaudación de tributos. Ello es también corolario de que en el derecho argentino las obligaciones impositivas no son otra cosa que obligaciones ex lege, iguales a las obligaciones civiles reguladas por el Código Civil y Comercial y que, como tales, se extinguen cuando son pagadas a satisfacción de lo requerido por el acreedor, desapareciendo el crédito y liberando al deudor (art. 880 del Código Civil y Comercial de la Nación; en tal sentido el voto en disidencia de los doctores Enrique Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda in re “FILCROSA S.A. s /QUIEBRA s/ INCIDENTE DE VERITIFICACIÓN DE MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA”, sentencia de la Corte Suprema del 30.09.03, considerandos 9° y 10°).
No puede cohonestarse judicialmente que la DGA –como representación del estado y de la ejemplaridad que debería presidir su actuación- se valga de un error propio en la carga tempestiva en el SIM, para obligar luego a los contribuyentes -también de modo sistémico- a soportar el costo fiscal de dicho error –ajeno a ellos-, obligándolos a aplicar -a posteriorila alícuota que el propio SIM no aplicó en el momento imponible de la determinación de los derechos. Se postula así - erróneamente- que los exportadores deberían ingresar a la DGA las diferencias de derechos de exportación de cada una de sus operaciones sometidas al SIM defectuoso para determinar los derechos, pues el exportador habría aplicado en el momento imponible (registro del PE) una alícuota que, en realidad, correspondía a otro momento, derivado todo de un precio de referencia informado tardíamente por el mismo estado. Es el sistema defectuosamente implementado por el estado y la DGA –con la información tardía de los precios de referencia- el que vicia la determinación de los derechos de exportación, cuyo pago “correcto” ahora la misma DGA exige. Tal costo fiscal es, en rigor, responsabilidad exclusiva de la DGA o de la dependencia del Estado Nacional que debía suministrar la información al SIM a los fines de determinar los derechos de exportación, no del exportador que paga los derechos que la DGA –a través del SIM- le ordena cancelar. La resolución del caso -consecuencia de todo lo expuesto- no se ve alterada por el hecho de que las exportaciones de autos -su base fáctica- se haya concretado bajo el régimen de precios revisables, regido por la Resolución (ANA) 2780/92 y que establece que el vencimiento de la obligación de pago opera bajo el plazo de espera declarado en la destinación: Plazo 1, quince días posteriores al libramiento de la mercadería -conforme art. 54 inc. a) del decreto 1001/82-. Nada de ello conmueve lo expuesto, desde que el propio régimen de precios revisables obliga al exportador, para determinar la diferencia de derechos, a aplicar la alícuota “vigente al momento del registro” -Anexo I, punto 2.8. inc. c) de la Resolución (ANA) 2780/92-, alícuota que, en el presente caso, no fue otra que la determinada por el SIM y disputada en autos.
No puede soslayarse tampoco que el elemento “alícuota” refiere esencialmente a la determinación del valor imponible del derecho de exportación, quedando engarzada bajo la rigidez constitucional del principio de legalidad en materia tributaria en lo que hace a los elementos esenciales de los impuestos, tales como los derechos de exportación. Como tal, la alícuota es un elemento legal esencial -en términos técnicamente rigurosos- de la determinación de los derechos de exportación, no de su mera liquidación -conforme el lenguaje impropio del art. 728 del CA-. Tal concepto -las alícuotas como elemento esencial de la legalidad en la determinación de los derechos de exportación- fue definido de modo contundente por la Corte en el precedente “CAMARONERA PATAGONICA S.A. c/ MINISTERIO DE ECONOMIA Y OTROS s/AMPARO” (Fallos 337:388, sentencia del 15.04.14; considerandos 9º último párrafo, 10º último párrafo y considerandos 8º, 9º, 10º, 12º, 13° y 16 del voto en disidencia de los doctores Argibay y Petracchi). Como consecuencia de ello, el elemento “alícuota” de los derechos de exportación no puede quedar suspendido en el tiempo y -desde allísujeto a revisión retroactiva bajo los vaivenes interpretativos de la DGA; máxime cuando los derechos de exportación resultantes de su aplicación fueron íntegramente pagados, conforme su cuantificación por la misma DGA de consuno con el régimen normativo aplicable -e.g.: Resolución (ANA) 2780/92 y art. 54 inc. a) del decreto 1001/82-. Vale decir, también, que la conducta asumida por la DGA en autos se encuentra vedada -con base constitucional- por el art. 793 inc. 1) del CA, coligiéndose de ello la inaplicabilidad para supuestos como el de este caso de la jurisprudencia de la Corte in re “BASSO S.A. (TF 24.888-A) c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS”, sentencia de fecha 27.08.13 conforme Dictamen del Sr. Procurador General de la Nación (S.C. B.657, L.XL.VII. de fecha 18.04.12), por no versar dicho caso - conforme el sentido propio que asume- sobre supuestos en disputa que afecten el principio de legalidad en materia tributaria, como ser la determinación de un tributo bajo sus elementos esenciales (alícuota).
En consecuencia, conforme los fundamentos expuestos, corresponde revocar la resolución apelada por la que se confirmaron los cargos 43/10, 42/10 y 37/10 que también se revocan, con costas. ASÍ LO VOTO.
Cabe agregar por último que, con el dictado de la Resolución (MEF) 599/10 -dictada precisamente por las dificultades de carácter operativo relativas a la carga en el SIM- se sustituyó el art. 7 de la Resolución (MEP) 394/07 en el sentido de que, a efectos de determinar el precio internacional de los productos incluidos en el Anexo I, la DGA considerará las cotizaciones correspondientes al segundo día hábil anterior al del registro de la operación, quedando zanjado de este modo el cuestionamiento por diferencia de alícuota aplicable que originara la presente causa (art. 1 de la Resolución -MEF- 599/10). El dictado de la resolución (MEF) 599/10 confirma todo lo desarrollado supra en esta sentencia respecto del efecto liberatorio del pago, la prohibición de determinar derechos de exportación retroactivamente y perseguir su cobro cuando ello lo realiza el servicio aduanero para corregir un error propio anterior, y la “corrección” refiere a todos o algunos de los elementos esenciales del tributo ya pagado, como ser su alícuota determinada por la propia DGA.
VII. Por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución 2019-27-AFIP-ADRIOG#SDGOAI (SIGEA 13289-12705-2012) de la Aduana de Río Granda apelada en autos y, por ende, los cargos 43/10, 42/10 y 37/10, con costas.
La Dra. Cora. M. Musso dijo:
Que adhiero al voto precedente.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
I. Que se da por reproducida la relación de los hechos efectuada en el voto del Dr. Soria, en los Considerandos I a IV.
II. Que corresponde resolver si se ajusta a derecho la Resolución 2019-27-E-AFIP-ADRIOG#SDGOAI, en cuanto confirmó los cargos 37/10, 42/10 y 43/10, por los cuales se intima a la firma Pan American Sur S.A. a abonar la suma de total de u$s702.754,60 en concepto de diferencia de derechos de exportación que resultara de la aplicación de la alícuota y coeficiente declarados en las destinaciones 09 049 ES02 000033 B, 09 049 ES02 000023 A y 09 049 ES02 000020 U y la que correspondía aplicar según Res. MEyP nro. 394/07.
Que la actora documentó mediante las mencionadas destinaciones -bajo el régimen de precios revisables- registradas el 17/11/09, 18/06/09 y 29/05/09, respectivamente (y definitivas 09 049 EC08 000026 Z, 09 049 EC08 000020 K y 09 049 EC08 000019 S), la exportación de mercadería ubicada en la posición SIM 2709.00.10.900N.
En atención a la mercadería exportada (Los demás De petróleo ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO), conforme surge de los informes nros. 138/10 (SE FEVE), 143/10 (SE FEVE) y 137/10 (SE FEVE) -ver fs. 25/28, 40/43 y 63/65 de las act. adm.-, y el dictamen nro. 32/2019 (AD RIOG) obrante a fs. 167/169 de las act. adm., la liquidación tributaria de dicha operación de exportación estaba regulada por la resolución nro. 394/2007. Que la mencionada resolución modificó los derechos de exportación aplicables al petróleo crudo y a otros hidrocarburos comprendidos en las posiciones arancelarias que figuran en el Anexo I -como son los del caso de marras- determinando que para el caso que el precio internacional supere o iguale al valor de referencia fijado también en el Anexo, la alícuota de exportación se calculará con la fórmula polinómica que la misma resolución prevé (art. 4°).
Que en su art. 7°, establece que “a los efectos de aplicar el valor del Precio Internacional (Pi) de los productos incluidos en el Anexo I” -en el cual se encuentra la mercadería exportada-”la Dirección General de Aduanas dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, considerará las cotizaciones diarias de dicho precio”.
A su vez el art. 8 de la misma resolución determina que “la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, fijará diariamente el precio citado en el Artículo 7º de la presente medida”.
III. Que no se encuentra discutido en autos que el precio internacional que se tuvo en cuenta para calcular los derechos de exportación no eran los vigentes al día del registro de la destinación (ES02) en trato, conforme lo dispuesto por el art. 728 del CA que establece que “A los fines de la liquidación de los derechos de exportación y de los demás tributos que gravaren la exportación para consumo, serán de aplicación el régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio vigente para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal, vigentes en las fechas indicadas en los arts. 726 y 727”, esto es “...el derecho de exportación establecido por la norma vigente en la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo” (conf. art. 726 del CA), sino que se calcularon en base a el precio internacional del día anterior al de la fecha de oficialización, desfasaje producido por la dificultad operativa de la carga de los datos informados diariamente por la Secretaría de Energía en el SIM a través del cual el exportador efectúa se declaración.
Que considero resulta aplicable al caso de autos lo resuelto por la Sala II de Excma. CNACAF, en los autos “PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación", causa nro.15285/2011 (TF 26.805-A), mediante sentencia del 5 de julio de 2011, en la cual se sostuvo: “Que los cargos formulados por el servicio aduanero, al advertir -en control ex post de exportación- que la alícuota por la cual se liquidaron los derechos de exportación no se ajustaba a la normativa citada (Resol. 394/2007), tienen su fundamento en las facultades previstas en los arts. 9° ap. 2 inc. d) del decreto 618/97 y 23 inc. d) del Código Aduanero, que en modo alguno conlleva la afectación de la seguridad jurídica en el efecto liberatorio del pago, inaplicable en la especie... Es que, el pago de los derechos de exportación efectuados por la actora fue inferior al que efectivamente correspondía en tanto no se ajustó a lo dispuesto legalmente, cuestión que ... no se encuentra discutida.”
“Y, si bien ello se debió a que el S.I.M. no liquidaba los derechos de exportación en forma correcta debido a cuestiones de carácter operativo en la carga de los datos que informara otro organismo y tal dificultad fue motivo de la modificación de la citada resolución por su similar nro. 599/2010 -en punto a que a los efectos de aplicar el P.I. la Aduana debe considerar las cotizaciones correspondientes al segundo día hábil anterior al del registro de las solicitudes de exportación para consumo (art. 1°, que sustituyó el art. 7° de la resol. 397/2007)-, tal disposición no ha previsto su aplicación en forma retroactiva.”
Que, en virtud de lo expuesto se concluye que los derechos de exportación deben ser liquidados y abonados con ajuste a las pautas vigentes al momento de registro de la operación y dado que la firma exportadora tenía conocimiento y lo ha reconocido en esta instancia, que la alícuota abonada se fijó en base al precio informado el día anterior al de la operación, son inatendibles los argumentos vertidos en cuanto alega haber pagado correctamente los derechos de exportación correspondientes.
El Sistema Informático Malvina (S.I.M.) es una herramienta utilizada por el servicio aduanero para efectivizar las operaciones de comercio exterior y, en consecuencia, no debe cometerse el error de interpretar la ley a partir del funcionamiento del sistema informático. Es precisamente, todo lo contrario, siempre prevalece la ley (o norma regulatoria) a la cual el sistema informático debe adaptarse, y si se produjeron inconvenientes operativos, corresponde a la DGA efectuar – en el uso de sus facultades y fundamentalmente, cumplimiento de sus obligaciones – los ajustes pertinentes a efectos de cumplir con lo normativamente establecido.
Que, por ello, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución 2019-27-AFIP-ADRIOG#SDGOAI recaída en la actuación SIGEA nro 13289-12705-
2012 y, en consecuencia, los cargos 37/2010, 42/2010 y 43/2010.
2. Imponer las costas a la actora.
Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE
Revocar la Resolución 2019-27-AFIP-ADRIOG#SDGOAI (SIGEA 13289-12705-2012) de la Aduana de Río Granda apelada en autos y, por ende, los cargos 43/10, 42/10 y 37/10, con costas.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2022.10.25 12:25:18 -03:00 Date: 2022.10.25 13:29:05 -03:00 Cora Marcela Musso Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.25 13:50:52 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.25 13:50:53 -03:00
Fin de la sentencia