Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 33019-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación con fecha 25/03/2024, con costas (arts. 68, primera parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.).
2Confirmar, elevar y reducir los emolumentos fijados por el TFN, de conformidad a lo expresado en el considerando IX.
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PAN AMERICAN SUR SA (TF 33019-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 02 de septiembre de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento del 25/03/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó las Resoluciones AD LAPL Nros. 789/12. 790/12. 791/12, 792/12, 793/12, 794/12, 795/12, 796/12 y 797/12 dictadas en las actuaciones Nros. 13289-18306-2007, 13289-33014-2006. 13289-36099-2007, 13289- 36788-2007, 13289-34042-2006, 13289-36793-2007, 13289-18307-2007, 13289-18308-2007 y 13289- 36097-2007; y por ende los cargos Nros. 118 y 120/2007; 1 1. 12, 14. 15. 16. 17, 18, 19, 20. 21 y 22/2006; 126 y 128/2007; 136, 137 y 138/2007; 52, 53 y 54/2006; 142/2007; 102/2007; 101/2007 y 127/2007. Con costas al fisco Para así resolver, a título preliminar, indicó que, cada una de las actuaciones administrativas antecedentes de estos autos se iniciaron con el trámite correspondiente a las diversas impugnaciones de los distintos cargos, conteniendo en cada caso, el escrito de la respectiva impugnación, el informe técnico de Fiscalización y Valoración de Exportación, las destinaciones de exportación involucradas, la Nota proveyendo la prueba ofrecida y la production de la misma, el dictamen jurídico y la resolución aduanera. Teniendo en cuenta la voluminosidad de las actuaciones administrativas y a los fines de una mejor apreciación y análisis de las mismas, efectuó un cuadro indicando el número de expte. administrativo, el cargo, la fecha de impugnación, el informe técnico, la destinación y la resolución aduanera. Precisó que la valoración de mercaderías en Aduana, en materia de exportación, debía realizarse exclusivamente con sujeción a lo dispuesto en el Codigo Aduanero, y no bajo el marco de lo normado en el Acuerdo de Valoración del GATT como pretendía la actora.
Indicó que, en tal sentido, el art. 735 determina que para la aplicación del derecho de exportación ad valorem, el valor imponible de la mercadería que se exportare para consumo es el valor FOB FOT o FOR. dependiendo del medio de transporte que se utilice, entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro, en el momento en que determinan los arts. 726, 727 o 729 en cada supuesto, como consecuencia de una venta al contado. Refirió que el legislador, para los casos de operaciones de exportación, había adoptado la noción teórica del valor imponible, en base a un precio al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exportare -art.
745- , como consecuencia de una venta efectuada entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro -arts. 735 y 742-. En los artículos subsiguientes -hasta el art. 750- se precisan los elementos o condiciones que integran el concepto o noción teórica de valor imponible, como son el precio, la cantidad. el tiempo, el lugar y el nivel comercial.
La facultad de la Aduana para observar y ajustar el valor documentado surge del art. 747 del C.A., que dispone que “Se aceptará el precio pagado o por pagar, y en tal caso se valorará la mercadería de conformidad con lo previsto en el art. 746, ap. 1, si el exportador demostrare que dicho precio no difiere sustancialmente de alguno de los valores corrientes y resultante de tomar en consideracion el art. 748, incs. a), b) o c). No obstante, si el servicio aduanero dispusiere igualmente de antecedentes, tomando en consideración los mismos criterios, que difieren notoriamente del precio pagado o por pagar, podrá exigir del exportador que justifique su precio de transaccion bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable”.
Ponderó que, conforme surgía de cada uno de los informes técnicos que proponían la formulación de los cargos, el servicio aduanero descartaba el precio declarado como base de valoración estableciendo que debía determinarse “... el valor imponible de conformidad con una de las bases supletorias previstas en el art. 748 del C.A.; estimandose conveniente tomar como base al inc. b) de la precitada norma. ”.
Agregó que, el art. 748, dispone: “Cuando el precio pagado o por pagar no constituyere una base idónea de valoración a los fines de determinar el valor imponible en forma correcta, el servicio aduanero podrá apartarse del mismo en cuyo caso corresponde utilizar como base de valoración la que mejor se adecuare de las previstas a continuación: (...) b) el valor obtenido a partir de la cotización internacional de la mercadería, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación”.
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Reiteró que, los ajustes previstos en el art. 748 incs. a), b) y c) del C.A. correspondían cuando, conforme al art. 747 de ese Código, el servicio aduanero dispusiera de antecedentes “que difirieren notoriamente del precio pagado o por pagar”, pudiendo exigir del exportador que justifique su precio de transacción “bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable”. Puntualizó que la valoración en exportación era teórica y no implicaba impugnar los importes facturados, sino establecer una base imponible razonable cuando se demostrare que los antecedentes con que contaba la D.G.A. diferían -como se dijo- notoriamente del precio pagado o por pagar. Manifestó que, conforme surgía de las actuaciones administrativas, la firma Pan American Sur S.A. documentó entre los años 2004 y 2006 distintas operaciones de exportación de gas natural -vía ductos- con destino a Uruguay, las cuales fueron objeto de fiscalización por parte del servicio aduanero en virtud de estudios realizados en el marco de los Talleres de Valoración relativos a exportaciones de gas por ductos, cuyas conclusiones fueron recopiladas en el Informe Técnico N° 213/06 (SE FVEX), al cual se aludía expresamente en cada uno de los informes técnicos agregados a las actuaciones administrativas, y luego en el dictamen jurídico respectivo. Apuntó que, según daba cuenta cada uno de dichos informes, del análisis de la documentación obrante junto a las destinaciones involucradas (Declaración de Elementos Relativos al Valor de Exportación y contrato de compra venta) el servicio aduanero entendía que “... estamos en presencia de una mercadería que por sus características, la comercialización difiere sustancialmente de las usuales, por lo que no resultaba de aplicacion definir el precio normal de esta mercadería a partir de los antecedentes de valor documentados, toda vez que el gas natural que se exportaba por ductos -por las características del mercado- NO se trataba de una mercadería objeto de transacción por parte de “cualquier vendedor y de cualquier comprador”, según lo establecido en los Art. 743° a 749° del C.A.”; de modo que, según la autoridad aduanera, la adopción de un “Valor Normal” obtenido de los registros estadísticos no se estimaba pertinente, toda vez que los antecedentes con que se contaba, si bien eran cercanos entre si, en todos los casos se desviaban considerablemente de los basados en cotizaciones internacionales.
Relató que, en base a ello, el servicio aduanero consideró que "... el precio pagado o por pagar no constituye una base idónea de valoración a los fines de la determinación del valor imponible, para lo cual es necesario considerar el valor obtenido a partir de las cotizaciones internacionales de las mercaderías flexibilizándolo para tener en cuenta las modalidades inherentes a la exportación y el mercado al cual la misma ha de destinarse. ...” y de ese modo, se propuso descartar el valor declarado y determinar el valor imponible de conformidad con el art. 748 inc. b) del C.A., estableciendo en cada caso un valor unitario en base al cual se calcularan los respectivos cargos por la diferencia de tributos resultante del nuevo valor establecido por la Aduana, cuya impugnación fuera rechazada por las resoluciones aduaneras aquí apeladas.
Precisó que las resoluciones aduaneras, objeto del recurso de apelación interpuesto en autos, transcribían y adherían a los dictámenes jurídicos respectivos, que continuaban con el argumento delineado en los informes técnicos a los fines de rechazar el valor declarado por la recurrente y determinar el valor imponible de conformidad con el art. 748 inc. b). Manifestó que, la recurrente objetaba el ajuste efectuado por la aduana por diversos motivos, entre los cuales -principalmente- sostenía que los contratos de exportación convenidos con la firma de Uruguay (así como las fórmulas allí estipuladas para fijar los precios) fueron aprobados por la autoridad de aplicación y que los precios declarados eran consistentes con los precios declarados por otros exportadores en las ventas de gas natural en el mercado doméstico, no habiendo -a su entender- demostrado la Aduana ninguna evidencia de fluctuaciones sensibles de precios del gas natural entre el momento de fijación de precio contractual y el momento del registro de las destinaciones. Asimismo, destacó que la formula de cálculo del precio de exportación no previó “techos” ni “pisos”, o componentes relacionados por el precio de otros combustibles alternativos o commodities.
Señaló que por su parte, el fisco consideraba que en el caso de la mercadería de autos, los elementos esenciales de la norma de valoración eran el momento y el precio. Respecto del primero el ente recaudador entendió que las fluctuaciones sensibles de precios en el mercado internacional, producidas entre el momento de concretarse la venta del gas natural y la fecha de registro de la destinación de exportación, autorizaban a descartar el precio de transacción. En relación al precio, sostenía que del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II análisis realizado a los contratos de exportación de gas natural se demostraba que sea cual fuere la metodología utilizada para el cálculo del precio de exportación, el resultado arrojaba un precio promedio (1,50 USS/MMBTU), producto de las cláusulas contractuales, ya sea explícitas (que fijaban un precio único e inamovible o por el predominio de los precios establecidos como “techo”) o implícitas (mediante mayor ponderación de ciertos factores contenidos en los polinomios que tendían a atenuar la evolución de los precios). Afirmaba entonces que, en el caso de las exportaciones de gas natural por ductos, sobre la base de la evolución de las cotizaciones, el precio pagado o por pagar no constituía una base idónea de valoración a los fines de la determinación del valor imponible por cuanto el mismo no reunía los requisitos exigidos por la norma de valor en cuanto a los elementos “momento” y “precio”, para lo cual entendía necesario considerar el valor obtenido a partir de las cotizaciones internacionales de la mercadería, flexibilizandolo para tener en cuenta las modalidades inherentes a la exportación y al mercado de destino, detallando específicamente las pautas tenidas en cuenta para formar el precio en virtud de la base supletoria establecida por el art. 748 inc. b) del C.A.
En relación a la participación de la autoridad de aplicación, manifestó que los organismos intervinientes, en el marco de sus respectivas competencias, intervinieron con el objeto de condicionar las exportaciones de gas a la prioridad de mantener el abastecimiento del consumo interno, asegurando que pueda obtenerse en el mercado interno a ciertos valores, pero sin afectar las facultades de la DGA de establecer una base de valoración acorde a la real situación fáctica de la mercadería a la fecha de oficialización de los permisos de embarque.
Sentado ello, consideró que, resultaba aplicable al caso de autos la doctrina sentada por nuestro Máximo Tribunal en el caso “YPF S.A. (TF 27.508-A) c/DGA” (Sentencia del 01/10/2013), donde se revocó la sentencia de Cámara, convalidando así el pronunciamiento originariamente emitido por ese Tribunal en un caso análogo al de autos, donde se revocaba la resolución aduanera y se dejaban sin efecto los cargos formulados.
Señaló que, la CSJN remitió en misma fecha a lo resuelto en el fallo “ENAP Sipetrol Argentina SA (TF 26.204-A) c/ DGA”.
Adujo que, el ajuste previsto en el art. 748 inc. b) del C.A. correspondía cuando conforme el art. 747 del mismo cuerpo legal, el servicio aduanero dispusiera de antecedentes que difirieren notoriamente del precio pagado o por pagar, sin embargo, la Aduana no había demostrado en la especie que los precios documentados por la recurrente difieran notoriamente de los precios pagados o por pagar. Ello, en contraposición a la documentación aportada por Pan American Sur S.A., tanto en sede aduanera como ante esa instancia, consistente en las planillas obtenidas como resultado de la consulta al sistema informático NOSIS en relación a los valores de gas natural declarados por distintos exportadores.
Destacó que, de la compulsa de dichos listados de ítems de exportación de gas natural por los períodos 01/06/04 a 30/06/06, resultaba que a los precios unitarios FOB a los cuales exportó la actora, también fueron adoptados por otras exportadoras, sin que difieran notoriamente de los declarados en las destinaciones involucradas.
Puso de relieve que, en cada uno de los informes técnicos emitidos en las actuaciones involucradas, se establecía específicamente el valor unitario ajustado (u$s/m3), aunque no se hacía referencia a los antecedentes tenidos en cuenta y que diferían a su entender del precio pagado o por pagar declarado por la exportadora. Como tampoco obraba agregado el Informe Técnico N° 213/06 (SE FVEX), al cual se aludía expresamente en cada uno de los informes técnicos para fundar el ajuste, y que luego era referido en los respectivos dictámenes jurídicos que finalmente formaban parte integrante del texto de las resoluciones aduaneras apeladas.
Apuntó que, asimismo, y mas allá de que en ese caso la Aduana hacía expresa referencia a que las liquidaciones suplementarias no se fundaron en la aplicación de la cotización del indicador Henry Hub, propio del mercado de gas natural de América del Norte, ni en la consideración del gas como un commodity, el método de valoración elegido por la Aduana para apartarse del precio pagado o por pagar consiste en “ el valor obtenido a partir de la cotizacion internacional de la mercaderia, tomando en consideracion las modalidades inherentes a la exportacion. ’’(art. 748 inc. b) del C.A.). Postuló que, en ese punto aportaba un valioso análisis el voto del Dr. Fayt en el fallo de la Corte antes referido al establecer que: “... el mencionado inc. b autoriza al servicio aduanero a tomar como base supletoria de valoración la cotización internacional correspondiente a la misma mercadería CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II cuyo valor es objeto de ajuste y no otra distinta, pues alude a “la cotización internacional de la mercadería”. En el caso de autos no corresponde la aplicación de ese método porque el gas natural argentino, al comercializarse en estado gaseoso a través de ductos, no constituye un commodity y, por tal motivo, carece de cotización internacional. (...) la propia Aduana admite en los informes técnicos (...) que el gas natural argentino no puede ser considerado un commodity. (...). Que, en síntesis, cabe concluir que dadas las particulares características de producción y comercialización del producto exportado, su valor no puede determinarse, como lo ha hecho la Aduana, sobre la base de una pretendida cotización internacional, pues el gas natural argentino carece de una cotización de esas características, como lo requiere el inc. b del art. 748. ”.
El Tribunal a quo, añadió en consonancia con los fundamentos de la mayoría de los miembros de la CSJN, que “(…) la demandada descartó el precio de la transacción porque considera que el valor de mercado del gas por ductos -al momento de la valoración- era superior al precio promedio de 1,50 U$S/MMBTU, que resultaba de la aplicación de las cláusulas contractuales. Ahora bien, para llegar a esa conclusión era necesario determinar -previamente y sobre la base de parámetros técnicamente fundados- cual era el precio de mercado del gas por ductos. (...) Que, además de la falencia señalada en su motivación, el acto impugnado presenta un vicio en la causa, ya que sus conclusiones no encuentran sustento fáctico suficiente en los dictámenes técnicos obrantes en el expediente administrativo. En efecto, según los informes producidos por la Dirección Nacional de Economía de los Hidrocarburos, no es técnicamente correcto tomar precios internacionales de referencia para determinar el valor de mercado del gas natural por ductos exportado desde la República Argentina... Y añade, los informes obrantes en las actuaciones administrativas tampoco resultan suficientes para sustentar la decisión de la Aduana porque no determinan, con un método técnicamente válido, cual es el valor real de mercado del gas- natural. Ello impide, evidentemente, evaluar si los precios de transacción de los contratos celebrados por la actora son bajos y, por ende, si constituyen una base imponible adecuada”.
El organismo jurisdiccional administrativo, entendió que, en relación a la intervención de la autoridad de aplicación, resultaba nuevamente atinado lo expuesto en el voto del Dr. Fayt donde se determinó que la circunstancia de que el organismo de control -Secretaría de Energía- haya autorizado las exportaciones implicaba que verificó previamente los aspectos de mayor relevancia de las operaciones comerciales y que el precio y su formula de ajuste resultaban comercialmente razonables y no discriminatorios. En virtud de lo antes expuesto, concluyó que, no resultaba aceptable el ajuste realizado por la Aduana respecto de cada una de las destinaciones de exportación involucradas. En consecuencia, correspondía revocar las resoluciones aduaneras apeladas y por ende los cargos formulados.
II. Que contra dicho pronunciamiento con fecha 16/05/2024 la demandada interpuso recurso de apelación, expresando agravios el 7/06/2024, los que fueron contestados por la contraria el 9/08/2024.
III. Que mediante el pronunciamiento del 21/05/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios profesionales del Dr. Francisco Carlos Fallon por su actuación ante ese Tribunal en el carácter de apoderado de la actora por la primera etapa del proceso en la suma de $ 49.372.-, a cargo del Fisco Nacional. Reguló los honorarios profesionales del Dr. Nestor Falivene por su actuación ante ese Tribunal en el carácter de apoderado de la actora por la segunda etapa del proceso en la suma de $ 49.372.-, a cargo del Fisco Nacional. Reguló los honorarios del Dr. Julio Carlos Lascano por su actuación ante ese Tribunal en el carácter de letrado patrocinante de la actora a favor de la Sociedad “Carena & Asociados Abogados Sociedad Civil”, respecto de la primera y segunda etapa del proceso, en la suma de $ 246.862, correspondiendo añadirse la suma de $ 51.841,02.- en concepto de IVA; y con relación a la tercera etapa en 561,16 UMA, equivalentes a la suma de $ 27.538.872, con más $ 5.783.163,12 en concepto de IVA. Reguló los honorarios de la Dra. María Inés Sola por su actuación profesional ante este Tribunal en el carácter de apoderada de la actora por la tercera etapa del proceso, en 218,23 UMA equivalentes a la suma de $ 10.709.637, a cargo del Fisco Nacional.
Contra dicha resolución, interpusieron sendos recursos de apelación el letrado de la parte actora y el fisco nacional, el 28/05/2024 y el 30/05/2024, respectivamente. Se deja constancia que las partes no contestaron los traslados conferidos.
IV. Apelación del Fisco Nacional:
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Se agravia la recurrente por cuanto la sentencia recurrida dispuso revocar las Resoluciones AD LAPL nros. 789/12, 790/12, 791/12, 792/12, 793/12, 794/12, 795/12, 796/12 y 797/12 dictadas en las actuaciones nros. 13289- 18306-2007, 13289-33014-2006, 13289-36099-2007, 13289- 36788-2007, 13289-34042-2006, 13289-36793-2007, 13289-18307-2007, 13289-18308-2007 y 13289- 36097-2007; y por ende los cargos Nros. 118 y 120/2007; 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22/2006; 126 y 128/2007; 136, 137 y 138/2007; 52, 53 y 54/2006; 142/2007; 102/2007; 101/2007 y 127/2007.
Pondera que el Tribunal a quo entiende que lo informado por la Secretaría de Energía debía primar sobre lo investigado por el servicio aduanero en virtud del principio de unidad. Al respecto, señala que lo sostenido por el a quo en su sentencia, no se ajusta a lo dispuesto por la normativa vigente, toda vez que la valoración de las mercaderías de exportación es una función indelegable del servicio aduanero.
Advierte que la Secretaría de Energía en lo que hace a la exportación de hidrocarburos y sus derivados se rige por la Ley de Hidrocarburos (17.319), dicha ley define el Marco regulatorio de la Actividad vinculada al gas natural (24.076), su Decretos Reglamentario y demás normas complementarias. Ahora bien, la organización y competencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos se rige por el Decreto N° 618/97 y entre sus funciones y facultades se mencionada “...la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales respectivas, y en especial de:... 2. Los tributos que gravan la importación y la exportación de mercaderías y otras operaciones regidas por leyes y normas aduaneras que le estén o le fueren encomendados”, así como, "... c) la Clasificación y valoración de las mercaderías....".
Destaca que en la normativa vigente, está expresamente previsto que la aplicación, percepción, y fiscalización del derecho de exportación, así como la determinación de su base imponible a través de la valoración de las mercaderías de exportación, son funciones indelegables que se encuentran a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Dirección General de Aduanas.
Asimismo, se agravia de lo sostenido por el a quo con relación a que la DGA no demostró que los precios documentados difieran notoriamente de los pagados o por pagar.
Al respecto, precisa que el sistema de valoración de exportación vigente en nuestro país, está normado en el Código Aduanero -Ley 22.415- en el Capítulo correspondiente a los derechos de Exportación. La definición de valor imponible se encuentra contenida en el art. 735 del C.A que dispone “Para la aplicación del derecho de exportación ad valorem , el valor imponible de la mercadería que se exporta para consumo es el valor FOB en operaciones efectuadas por vía acuática o aérea y el valor FOT o el valor FOR según el medio de transporte que se utilizare, en operaciones efectuadas por vía terrestre, entre un comprador y un vendedor independientes uno del otro en el momento que determinan para cada supuesto los art. 726, 727 o 729, según correspondiere, como consecuencia de una venta al contado".
La norma de valoración que en materia de exportaciones adopta el Código Aduanero, tiene por finalidad permitir, en todos los casos, el cálculo de los derechos de exportación sobre la base del precio al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exportare, en los lugares a que se refiere el art. 736, como consecuencia de una venta efectuada entre el vendedor y un comprador independientes uno del otro. Aduce que el citado concepto tiene un alcance general y es aplicable haya sido o no la mercadería que se exportare objeto de un contrato de compra- venta y cualesquiera que fueren las condiciones de este contrato (art. 745 C.A.). La norma de valoración que se desarrolla en los artículos 735 a 744 constituye un conjunto de disposiciones que debe ser interpretado y aplicado en forma sistemática, sin que se admita aislar los elementos involucrados en desmedro de los demás. Dicha norma, se basa en una noción teórica, ya que establece las condiciones de una compraventa en determinadas circunstancias, debiendo procederse a asimilar a la misma todas las operaciones comerciales realmente convenidas entre un comprador y un vendedor, efectuando los correspondientes ajustes para llegar a dicho valor teórico.
Alega que, los elementos esenciales de la norma de valoración son: el momento, la cantidad, el nivel comercial, el lugar y el precio, y en el caso de autos, cobran singular relevancia dos de estos elementos, el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II momento, por un lado, y el precio, por el otro. Con relación al momento, la norma de valoración contempla un momento distinto al de la transacción concreta que motiva la exportación, que es el que determina el art. 726 del C.A., es decir, la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinaciones de exportación para consumo. Por lo tanto, las fluctuaciones sensibles de precios en el mercado internacional, que se producen entre el momento de concretarse la venta que motiva la exportación y el momento a que se refiere la norma de valoración autorizan a descartar el precio de la transacción como base de valoración. Pone de relieve que el precio que interesa, según lo previsto en el art. 735, es el que corresponda al momento de la valoración. De ahí que, si los precios varían sensiblemente hacia el alza o hacia la baja con relación al momento de la valoración debe descartarse el precio de la transacción como base de valoración, ya que no es posible realizar un ajuste en tal hipótesis. La valoración, pues deberá realizarse acudiendo a una base supletoria (art. 748).
Apunta que, en lo que hace al otro elemento de la norma de valoración, considerado relevante, es decir, el precio, debe destacarse que el mismo constituye un elemento esencial de la norma de valoración. Sin embargo, no quiere decir que el precio que documente el exportador debe necesariamente aceptarse como base de valoración o como expresión de valor imponible en todos los supuestos, sino que el precio de transacción puede ser objetado cuando resulte imposible aplicar la norma de valoración partiendo de dicha base.
Resalta que si el precio no cumple todas las exigencias, cabe considerar si es posible realizar un ajuste objetivo y cuantificable que permita adecuar el precio de la transacción que motiva la exportación al de la norma de valoración. En este caso, la aplicación de la técnica de la valoración en aduana conduce a la realización de un ajuste en sentido estricto mediante el cual el precio declarado se adecua para poder ser considerado como válida expresión del valor imponible. Se efectúa, en consecuencia, un ajuste a la base, mediante el cual se produce la concordancia con la norma de valoración.
Manifiesta que, cuando el precio pagado o por pagar no constituyere una base idónea de valoración a los fines de determinar el valor imponible en forma correcta, el servicio aduanero podrá apartarse del mismo en cuyo caso corresponde utilizar como base de valoración la que mejor se adecuare de las previstas en el artículo 748 del Código Aduanero. Ahora bien, en el caso de autos, las áreas con competencia en la determinación del valor imponible, descartaron el precio declarado como base de valoración, y procedieron a determinar el valor imponible de conformidad con una de las bases supletorias previstas en el artículo 748 del C.A. Es así, que estimaron conveniente tomar como base la prevista en el inc. b) del C.A., formando el precio de las mercaderías en función de cotizaciones internacionales y demás parámetros de ajuste, en consideración a la modalidad de contrato de largo plazo celebrado, sin tener en consideración la aplicación de valores techo que distorsionen los efectos que producen la variación de la cotización internacional de otras fuentes de energía que resulten alternativas a las mercaderías objeto de exportación, es decir, gas natural.
En primer lugar, advierte que no se cuestiona la procedencia del ajuste practicado, sino que se aprecia el cuestionamiento del encuadre legal circunstancia que denota un exceso de rigorismo formal manifiesto por parte del Juzgador, desconociendo los fundamentos técnicos tenidos en cuenta por el valorador que constituyen la base idónea para arribar al ajuste en cuestión. Para determinar el valor imponible se fijaron ciertos parámetros: a) se prescindió de los “pisos” y “techos” contenidos en los contratos, por entender que la utilización de las fórmulas sin piso ni techos mostrará la evolución del precio del gas natural en modelo compatible con las prácticas del mercado de competencia perfecta. b) Asimilación de la cotización FO relativa al precio del Fuel OIL como una función del WTI-West Texas Intermediate Crude Oil- es decir el precio del petróleo crudo de referencia: Las cotizaciones FO serán consideradas como una función del WTI en aquellas fórmulas contractuales que la comprendan ya que estos combustibles son derivados de la destilación fraccionada del petróleo crudo. c) Eliminación del término correspondiente a la ratio PPI-Producer Price Index-Industrial Commodities. d) Cómputo del precio base al año 1999 el precio del gas se formó por la aplicación de un contrato teórico calculado a partir de un aprecio “base” computado desde el año 1999, período en que no se observan diferencias relevantes entre los precios de exportación de la República Argentina y las CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II cotizaciones internacionales. e) Asignación del factor de incidencia fija a las cotizaciones internacionales que se encuentran comprendidas en las fórmulas del contrato teórico: en función de los mercados de destinos del gas natural, se asignaron valores para la construcción de las fórmulas teóricas.
Observa que, del análisis efectuado, distintas ponderaciones de estos factores no arrojaron mayores diferencias en los valores considerados, toda vez que las cotizaciones muestran un comportamiento evolutivo semejante. Por eso, concluye que en los análisis realizados en los contratos de exportación se demuestra que sea cual fuere la metodología utilizada para el cálculo del precio de exportación, el resultado arroja un precio promedio que ronda en 1,50 U$S/MMBT U. Apunta que, el a quo sostiene que el indicador Henry Hub no resulta de aplicación porque a exportaciones realizadas a los Estados Unidos de Norteamérica. Al respecto, destaca que las cotizaciones internacionales se consideran, por lo general, conforme al promedio de las mismas correspondiente al período anterior. A tal efecto, el año se divide para el hemisferio norte en dos períodos, el invernal (octubre-abril) y el estival (mayo-septiembre), esta relación se invierte para el hemisferio sur. Con lo cual, tomando en cuenta que las cotizaciones reflejan el precio del gas en los mercados del hemisferio norte, el considerar las cotizaciones del periodo anterior permite aplicar para la conformación de los precios en el hemisferio sur, la cotización más próxima para un período de iguales características.
Indica que, el Tribunal a quo sostiene que la cotización internacional utilizada por la aduana para practicar el ajuste no corresponde a mercadería idéntica a la documentada por la exportadora. Al respecto, observa que, ello colisiona con lo sostenido en el considerando VII al referirse a la mercadería en trato. Por un lado, expresa que no existe cotización internacional aplicable al gas natural “en estado gaseoso”, obedeciendo ello a sus propiedades “físico - químicas” sobre lo que fundamenta su postura, no obstante ello reconoce que “…se tuvo en cuenta la cotización de mercaderías que integran la fórmula de formación del precio del gas natural...”.
Por último, afirma que resulta de aplicación al caso el principio de indisponibilidad del crédito fiscal. Es decir, en virtud de este importante principio a su parte “NO” le queda otro camino que “exigir” aquel tributo que, conforme la normativa a la fecha del momento imponible, le correspondió abonar a la actora y de ahí los cargos formulados por la Aduana. Añade que, asimismo, lo sostenido por el a quo en el fallo en crisis, vulnera también la potestad de la Aduana de revisar actuaciones, y hacer cargos suplementarios, pues esto está previsto no sólo por el decreto 618/987, además ha sido ampliamente tratado por doctrina y jurisprudencia.
Hace hincapié en que de este conjunto de normas se concluye con facilidad que la actora no tiene un derecho adquirido, pues la Aduana “puede” revisar, y por ende lógicamente, hacer cargos suplementarios. Por último, menciona que la interpretación en materia tributaria debe ser restrictiva a efectos de evitar que las situaciones que son solo de excepción se conviertan en la regla (Fallos 302:116, entre muchos otros). En tales condiciones, concluye que, los cargos formulados por su parte al incluir los conceptos referidos precedentemente resultan ajustados a derecho. Por lo manifestado, solicita que se revoque el pronunciamiento recurrido, con expresa imposición de costas a cargo de la actora.
V. Que el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas. Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836). Es que, “criticar” es muy distinto a “disentir”. La crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores jurídicos y fácticos que éste pudiere contener. En CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II cambio, disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia (conf., en igual sentido, C.Nac.Apel.Civil., Sala A, sentencia del 16/12/05, in re, “Z., M. R. C/D. P., J. L. y otros”, publicado en La Ley del 1/06/06).
VI. Que en el sub examine, el núcleo de la decisión del TFN, para revocar las resoluciones impugnadas, se sustentó en que, el ajuste realizado por el servicio aduanero no resultaba aceptable, toda vez que carecía de fundamentación técnica suficiente, dado que, en los informes técnicos de la Aduana se establecía el valor unitario ajustado (U$S/m3), pero no se hacía referencia a los antecedentes tenidos en cuenta y que diferirían del precio pagado o por pagar declarado por la exportadora. Tampoco figuraba agregado el Informe Técnico N° 213/06 (SE FVEX), al cual se aludía expresamente en los respectivos dictámenes jurídicos que finalmente formaban parte integrante del texto de las resoluciones aduaneras apeladas. Ello, en contraposición, al hecho de que la actora había acreditado mediante las planillas de consulta del sistema NOSIS, que los valores declarados por diferentes exportadores no diferían notoriamente de los declarados en las destinaciones, objeto de autos. Asimismo, el Tribunal a quo, sustentó su decisión en el precedente de la CSJN “YPF SA (TF 27.508-A)” del 1/10/2013, donde en un caso análogo al de autos, se revocó la resolución aduanera y se dejaron sin efecto los cargos, con fundamento en que: (i) el servicio aduanero había omitido considerar las disposiciones contenidas en los art. 735, 746 y 748 del C.A.; (ii) el gas natural no puede ser considerado un commodity y por lo tanto, no es técnicamente correcto tomar precios internacionales de referencia para determinar el valor de mercado del gas natural por ductos exportado desde la República Argentina y (iii) la Secretaría de Energía -como autoridad de aplicación- debe necesariamente analizar los contratos y razonabilidad del precio (y su fórmula de determinación) a los fines de autorizar la exportación de gas natural.
Frente a ello, la recurrente se limita a manifestar su disconformidad con lo decidido sin controvertir de manera eficiente el fundamento del fallo atacado.
En efecto, el fisco dedica la primera parte de su expresión de agravios a demostrar, con apoyo en la legislación nacional, que constituye una función indelegable de ese organismo determinar el valor de las mercaderías importadas y exportadas a los fines de calcular la base imponible de los tributos que gravan la importación y exportación. Prosigue luego con una larga explicación del método de determinación del valor de exportación.
Sin embargo tales desarrollos lucen irrelevantes a poco que se repare en que ni el Tribunal Fiscal ni la actora cuestionaron las facultades de la aduana para determinar el valor imponible del gas natural exportado a Uruguay. No se discute que la aduana tenga facultades legales para valorar, sino la manera en que ha ejercido esas facultades.
Por otra parte, el Fisco Nacional se refiere a los elementos esenciales de la norma de valoración, aludiendo al momento y al precio, para concluir que “las fluctuaciones sensibles de precio en el mercado internacional” entre el momento de concretarse la venta y el momento al que se refiere la norma de valoración autorizan a descartar el precio de transacción como base de valoración. La apelante insiste en que la Aduana descartó el precio declarado como base de valoración, y procedió a determinar el valor imponible, tomando como base la prevista en el inc. b) del art. 748 del C.A., formando el precio de las mercaderías en función de cotizaciones internacionales y demás parámetros de ajuste, en consideración a la modalidad de contrato de largo plazo celebrado, sin hacerse cargo, de que en el presente del Máximo Tribunal, antes aludido, expresamente se sostuvo “el mencionado inc. b) autoriza al servicio aduanero a tomar como base supletoria de valoración la cotización internacional correspondiente a dicha mercadería cuyo valor es objeto de ajuste y no otra distinta, pues alude a la cotización internacional de la misma mercadería...” y que “en el caso de autos no corresponde la aplicación de este método porque el gas natural argentino, al comercializarse en estado gaseoso a través de ductos, no constituye un commodity y, por tal motivo, carece de cotización internacional (...) la propia aduana admite en los informes técnicos (...) que el gas natural argentino no puede ser considerado un commodity (...). Que en síntesis, cabe concluir que dadas las particulares características de producción y comercialización del producto exportado, su valor no puede determinarse CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II como lo ha hecho la aduana sobre la base de una pretendida cotización internacional, pues el gas natural argentino carece de una cotización de esas características, como lo requiere el inc. b) del art. 748” (del Voto del Dr. Fayt, énfasis añadido).
En tales condiciones, es claro que el recurso de la DGA carece de una crítica o cuestionamiento eficaz a los fundamentos de la sentencia del Tribunal Fiscal. Pues, no se observa la existencia de agravios referidos al caso concreto, sino un cúmulo de discrepancias genéricas y argumentaciones de carácter general, y enunciadas de manera abstracta pero carentes de concreta vinculación con los explícitos fundamentos del fallo, de modo que no logran enervar los sólidos argumentos jurídicos expuestos por el Tribunal Fiscal, en su sentencia, que deberá ser confirmada.
En tales condiciones, corresponde rechazar el recurso intentado en cuanto es materia de agravio.
VII. Que, sin perjuicio de lo expuesto y sólo a mayor abundamiento, cabe señalar que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “YPF S.A. (TF 27.508-A) c/DGA”, del 1/10/2023, (al revocar la sentencia de esta Sala, expte. 17.324/2012 de fecha 23/08/2012 .), expresamente se pronunció sobre una cuestión sustancialmente análoga, descartando las objeciones vertidas por el ente recaudador, así como el ajuste de valor establecido por éste.
Si bien los pronunciamientos del Alto Tribunal no resultan obligatorios para los tribunales de las instancias anteriores fuera de los juicios en los que son dictados, en atención a la trascendencia que en el orden judicial revisten las decisiones de la Autoridad Suprema del Poder Judicial de la Nación, corresponde por razones de economía procesal y a fin de evitar un dispendio jurisdiccional, aplicar la doctrina sentada por aquel (conf. CSJN, Fallos, 311:1644 y 2004 y esta Sala, en autos 3950/2017 “Macchiavelli, Andrea Mariana c/EN - Mº Justicia DDHH s/proceso de conocimiento”, sent. del 28/11/2019 y su cita; entre otros).
Es que, ciertamente, y en consonancia con lo que se viene expresando, no puede dejarse de lado la doctrina que emana de los precedentes del Máximo Tribunal pues, tal como se ha sostenido reiteradamente, los restantes tribunales deben un acatamiento moral a su doctrina, habida cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta ser el máximo intérprete de la aplicación del derecho en el ámbito nacional, lo que torna aconsejable seguir sus lineamientos para así mantener la unidad de la interpretación de la ley. En este contexto, cuadra señalar que las consideraciones del Máximo Tribunal en el precedente señalado supra, dan respuesta al caso y determinan la confirmación del pronunciamiento recurrido.
En efecto, en dicho precedente el Alto Tribunal sostuvo que:
“5°) Que el Código. Aduanero establece los principios generales y los métodos aplicables para determinar el valor en aduana de las mercaderías exportadas, que constituye la base de cálculo para la aplicación de los derechos de exportación ad valorem (confr. arts. 735 y siguientes) (…)”.
“6°) Que el precio pagado o por pagar constituye la base principal de valoración (…)”.
“7°) Que si bien es cierto que la autoridad aduanera tiene un relativo margen de discrecionalidad para determinar el valor de las mercancías exportadas (Fallos: 286:225), ello no la exime de respetar los recaudos que el decreto-ley 19.549/72 exige para la validez de los actos administrativos, pues el ejercicio de facultades discrecionales no implica en absoluto un ámbito de actuación desvinculado del orden jurídico (Fallos: 315:1361)”.
“9°) Que, según la resolución mencionada, la demandada descartó el precio de la transacción porque consideró que el valor de mercado del gas por ductos -al momento de la valoración era superior al precio promedio de 1,50 U$S/MMBTU, que resultaba de la aplicación de las cláusulas contractuales. Ahora bien, para llegar a esa conclusión era necesario determinar -previamente y sobre la base de parámetros técnicamente fundados- cuál era el precio de mercado del gas por ductos. Nada de esto dice la resolución impugnada. En su motivación se asume, sin dar explicaciones al respecto: a) que existe un precio del gas por ductos en el mercado internacional (aunque no se explicita cuál es), y b) que este precio internacional es sustancialmente superior al precio de transacción fijado por la empresa actora en sus contratos”.
“10°) Que, además de la falencia señalada en su motivación, el acto impugnado presenta un vicio en la causa, ya que sus conclusiones CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II no encuentran sustento fáctico suficiente en los dictámenes técnicos obrantes en el expediente administrativo.
En efecto, según los informes producidos por la Dirección Nacional de Economía de los Hidrocarburos, no es técnicamente correcto tomar precios internacionales de referencia para determinar el valor de mercado del gas natural por ductos exportado desde la República Argentina (ver fs. 179/195 de la Actuación Nro. 12779-428-2006/1). Ello es asi, pues "las condiciones de oferta y demanda del mercado de gas natural (…)
determinan precios de equilibrio, pero solo son válidos a nivel regional, justamente porque las cantidades ofertadas y demandadas de este producto se encuentran acotadas geográficamente (…) Al tratarse de mercados regionales, las condiciones de oferta y demanda y los precios que se determinan de ellas, son independientes de los de un mercado no vinculado, no resultando razonable establecer referencias directas entre los precios de uno y otro, y menos aún considerar un solo precio a nivel mundial como precio de equilibrio de todos los mercados regionales que se mantienen aislados (…) La Argentina no está integrada al mercado de gas natural de América de Norte (...) Luego los precios que se determinan en EEUU, en particular en [el indice] Henry Hubb no fijan precios para el mercado local" (ver fs. 183 y 184 de la Actuación Nro. 12779- 428- 2006/1) .en tales condiciones, "en la actualidad, no existe un mercado de gas natural definido a nivel mundial, de cuyas transacciones surja un precio del gas natural que sea referencia internacional (...)”. “En suma, los informes obrantes en las actuaciones administrativas tampoco resultan suficientes para sustentar la decisión de la Aduana porque no determinan, con un método técnicamente válido, cuál es el valor real de mercado del gas natural. Ello impide, evidentemente, evaluar si los precios de transacción de los contratos celebrados por la actora son bajos y, por ende, si constituyen una base imponible adecuada”.
Y por ello se concluyó que la resolución dictada por el Administrador de la Aduana local involucrada, carece de causa y motivación suficientes, lo que la torna ilegitima y nula, sin que quepa dispensar dichas falencias por haberse dictado en ejercicio de facultades discrecionales (Fallos: 324:1860)”.
Del voto del Dr. Carlos S. Fayt:
8. Que el servicio aduanero para apartarse del valor asignado por la actora a la mercadería exportada y considerar que correspondía valorarla sobre la base de lo dispuesto en el inc. b del arto 748, tuvo en cuenta en la resolución 415/2009 -que rechazó las impugnaciones formuladas contra los cargos- que las operaciones de gas natural se sustentan "en contratos de venta a largo plazo que contienen fórmulas de fijación de precios de compraventa, donde la evolución de precios entre las partes fueron acordados mediante una expresión matemática" (fs. 6 vta.), y que "las fluctuaciones sensibles de precios en el mercado internacional, que se producen entre el momento de concretarse la venta que motiva la exportación y el momento a que se refiere la norma de valoración autorizan a descartar el precio de transacción como base de valoración" (fs. 7). A su vez, se señaló que la evolución de las cotizaciones autoriza a interpretar que el precio de transacción declarado no constituye una base idónea de valoración a los fines de la determinación del valor imponible; por lo que "es necesario considerar el valor obtenido a partir de las cotizaciones internacionales de la mercaderia flexibilizándolo para tener en cuenta las modalidades inherentes a la exportación y el mercado al cual la misma se ha de destinarse". (fs. 7 vta.).
“Por otra parte, en la mencionada resolución se señala que las áreas con competencia en la determinación del valor imponible, en el procedimiento previsto en la resolución general 620/99 (AFIP), descartaron el precio declarado y procedieron a determinar el valor imponible de conformidad con una de las bases supletorias previstas en el arto 748 del Código Aduanero -la contemplada en su inc. b- fijando el precio de las mercaderías "en función de cotizaciones internacionales y demás parámetros de ajuste, en consideración a la modalidad de contrato a largo plazo celebrado, sin tener en consideración la aplicación de valores 'techo' que distorsionen los efectos que producen la variación de la cotización internacional de otras fuentes de energía que resulten alternativas a las mercaderías objeto de exportación, es decir, el gas natural".
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
“Como puede observarse, la Aduana ajustó el precio de las mercaderías -entre otras consideraciones- a partir de "cotizaciones internacionales".
“9) Que el art. 748 del código Aduanero establece que "cuando el precio pagado o por pagar no constituyere una base idónea de valoración a los fines de determinar el valor imponible en forma correcta, el servicio aduanero podrá apartarse del mismo en cuyo caso corresponderá utilizar como base de valoración la que mejor se adecuare de las previstas a continuación: ... b) el valor obtenido a partir de la cotización internacional de la mercadería, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación".
“10) Que el mencionado inc. b autoriza al servicio aduanero a tomar como base supletoria de valoración la cotización internacional correspondiente a la misma mercadería cuyo valor es objeto de ajuste y no otra distinta, pues alude a "la cotización internacional de la mercadería". En el caso de autos no corresponde la aplicación de ese método porque el gas natural argentino, al comercializarse en estado gaseoso a través de ductos, no constituye un commodity y, por tal motivo, carece de cotización internacional”.
“13) Que, en síntesis, cabe concluir que dadas las particulares características de producción y comercialización del producto exportado, su valor no puede determinarse, como lo ha hecho la Aduana, sobre la base de una pretendida cotización internacional, pues el gas natural argentino carece de una cotización de esas características, como lo requiere el inc. b del art. 748”.
“14) Que, por último, el hecho de que se encuentre acreditada que YPF efecto exportaciones de gas natural a Chile a precios similares a los que lo hicieron otras empresas del sector (conf. informe NOSIS agregado a fs. 62/102 de las actuaciones administrativas 12779-428/2006/1, elaborado por la consultoría. Nosis S.A.), y asimismo, la circunstancia de que el organismo de control -Secretaría de Energía- haya autorizado las exportaciones -lo que implica que verificó previamente los aspectos de mayor relevancia de las operaciones comerciales y, en lo que interesa al caso, que el precio y su fórmula de ajuste resultara comercialmente razonable y no discriminatorio, de acuerdo con lo dispuesto por el arto 6 de la ley 17.319 y la res. S.E. 299/98- permite afirmar que, en tales circunstancias, el Organismo aduanero, para descartar el precio declarado por la actora y acudir a una base alternativa de valoración, debió haber extremado la prudencia y procedido de ese modo solo si hubiese contado con elementos irrefutables e inequívocos que sustentasen su criterio. En consecuencia, no resulta aceptable el ajuste realizado, como sucede en el caso, sobre la base de argumentos que no resultan concluyentes y cálculos que no se ajustan a los métodos alternativos previstos en el código de la materia”.
VIII. Que, en atención al modo en que se resuelve, las costas de esta instancia anterior quedan a cargo de la demandada, de conformidad con el principio objetivo de la derrota, del que no existen motivos que justifiquen (arts. 68, primera parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.).
IX. Que a fin de tratar los recursos interpuestos; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
En tales condiciones, cabe señalar que en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, sentencia del 4/09/2018 (Fallos:341:1063), sostuvo, en cuanto a la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia la ley 27.423 y su promulgación parcial dispuesta por decreto 1077/17 que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio (v. Cons. 3° y 4° del voto mayoritario).
Dicho criterio ha sido mantenido en fecha reciente por el Máximo Tribunal en los autos “New Model International School SA c/ Centro Comercial Miguel Cané SA s/escrituración”, expte. CIV 010263/2015/3/RH002, sentencia del 10/06/2025.
Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados- conf. fs. 1(F4), Resoluciones AD LAPL Nros. 789/12. 790/12. 791/12, 792/12, 793/12, 794/12, 795/12, 796/12 y 797/1, convertido a pesos, lo resuelto con fecha 25/03/2024 y precedentemente-; atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados durante las etapas del pleito cumplidas, corresponde, corresponde confirmar – en lo que fue materia de recurso los honorarios regulados con fecha 21/05/2024 – puntos 1° y 2°- en favor de los Dres. Francisco Carlos Fallon y Néstor Faliven, apoderados de la actora; y elevar a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000) los emolumentos fijados en favor del Dr. Julio Carlos Lascano, patrocinante de la actora durante las tareas cumplidas bajo la vigencia de la ley 21.839; y asimismo reducir a las sumas de PESOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($22.547.227,50) – equivalente a 297,50 UMA- y a PESOS NUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO ($9.018.891) –equivalente a 119 UMA-, los emolumentos de los Dres. Julio Carlos Lascano y María Inés Sola, patrocinante y apoderada, actuantes en la defensa de la actora, durante las tareas cumplidas bajo la vigencia de la norma 27.423 (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 22, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 y arts. 16, 20, 21,24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423 –Dto. 1077/17).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido y lo resuelto por la CSJN doctr. Fallo “Las Marías”, corresponde regular en la suma de PESOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($20.292.504,75) - equivalente a 267,75 UMA- y PESOS OCHO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES ($8.109.423) – equivalente a 107 UMA-; los emolumentos de los Dres. Julio Carlos Lascano y María Inés Sola, patrocinante y apoderada, respectivamente, actuantes en la defensa de la actora (arts. 14, 20, 21,24, 29, 30, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación con fecha 25/03/2024, con costas (arts. 68, primera parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.). 2°) confirmar, elevar y reducir los emolumentos fijados por el TFN, de conformidad a lo expresado en el considerando IX.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
MARIA CLAUDIA CAPUTI CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MARQUEZ
Fin de la sentencia