Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 39976-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso interpuesto por la demandada y revocar la sentencia apelada. Se confirma la resolución 2019-27-E-AFIP-ADRIOG#SDGOAI y por ende los cargos nros. 37/2010, 42/2010 y 43/2010, en concepto de diferencia de derechos de exportación;
2Las costas de la instancia anterior son a cargo de la actora en los términos del art. 1163 del C.A. y las de esta Alzada se distribuyen por su orden (art. 68, 2da. parte del C.P.C.C.N.), en atención a que la dificultad operativa referida pudo inducir a la accionante a considerarse con mejor derecho y
3No corresponde tratar la apelación de los honorarios en atención a que deberán adecuarse al resultado obtenido.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
25.856/2023 PAN AMERICAN SUR SA (TF 39976-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 19 de diciembre de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento del 25/10/2022 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución 2019-27-AFIP-ADRIOG#SDGOAI de la Aduana de Río Grande y por ende los cargos nº 43/10, 42/10 y 37/10, con costas.
Para así resolver -por mayoría- sostuvo que mediante las destinaciones PE 09049ES02000033B/ 09049EC08000026Z; 09049ES02000023A/ 09049EC08000020K; y 09049ES02000020U/ 09049EC08000019S oficializadas respectivamente -bajo el régimen de precios revisables- el 17.11.09/17.12.09, el 18.06.09/29.06.09 y el 29.05.09/29.06.09, se documentaron las exportaciones de mercadería de la PA 2709.00.10.900N. Indicó que, respecto de ellas la Aduana formuló los cargos 43/10, 42/10 y 37/10, por los que exigió el pago de diferencias de derechos de exportación por considerar erróneo el coeficiente sobre el que se determinaron las alícuotas de tales derechos, ello conforme la Resolución (MEP) 394/07. Apuntó que, en relación a los referidos cargos 43/10, 42/10 y 37/10 en los informes respectivos 138/2010 (SE FEVE, fs. 21/28 de las act. adm.); 143/2010 (SE FEVE, fs. 40/43 de las act. adm)- y 137/2010 (SE FEVE, fs. 63/65 de las act. adm.), todos de fecha 16/11/10, se expresó que las resoluciones (MEyP) 394/07 y 127/08 establecieron, entre otros aspectos, la forma de determinación de la alícuota de derechos de exportación aplicable diariamente a determinados hidrocarburos enlistados en sus anexos, dentro de los cuales se encuentra la especie de hidrocarburos de las destinaciones de autos, señalándose que la alícuota y el coeficiente de derechos determinados, con ajuste a la Resolución (MEP) 394/07, resultabann ser diferentes a los declarados en las destinaciones antes referidas. Precisó que la Resolución (MEyP) 394/07 en su art. 4º disponía que para los hidrocarburos que figuraban en el Anexo I y para el caso de que el precio internacional supere o iguale el valor de referencia, la alícuota de exportación se calcularía con la fórmula que allí establece. Refirió que, asimismo, en su art. 7º que, establecía que, a efectos de aplicar el valor del precio internacional (PI) de los hidrocarburos incluidos en el Anexo I, la Dirección General de Aduanas considerará las cotizaciones diarias de dicho precio, y que en los términos del art. 8º el precio será fijado por la Dirección Nacional de Refinanciación y Comercialización dependiente de la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Similar estructura normativa presentaba la Resolución (MEyP) 127/08.
Ponderó que, el art. 728 del CA establecía que “a los fines de la liquidación de los derechos de exportación y de los demás tributos que gravaren la exportación para consumo, serán de aplicación el régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal, vigentes en las fechas indicadas en los arts. 726 y 727”. El art. 726 disponía que era aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente en la fecha del registro de la destinación de exportación para consumo.
En tales condiciones, puntualizó que, la controversia de autos radicaba en dirimir si correspondía la aplicación de la alícuota calculada por el SIM al momento del registro de la destinación sobre la base del precio internacional informado por la Secretaría de Energía, o si procedía la aplicación de la alícuota que consideraba la Aduana. Señaló que no se encontraba controvertido que la actora realizó la exportación bajo el régimen de precios revisables, y que dentro del plazo de espera presentó la destinación definitiva pagando los correspondientes derechos de exportación.
Apuntó que, la actora centraba sus defensas en el hecho de que los derechos fueron determinados y pagados conforme la alícuota generada por el SIM, invocaba lo normado en el art. 728 del CA, y también la inalterabilidad de la declaración aduanera, y el efecto liberatorio del pago conforme jurisprudencia de la CSJN que cita.
Esgrimió que, resultaba aplicable al caso de autos -mutatis mutandis, respecto al coeficiente cargado en el SIM a efectos de la determinación de los derechos de exportación- la doctrina de esta Sala “E” –con integración CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II diferente a la actual- recaída en la causa “Petrolera Río Alto SA” de fecha 06.10.04, correspondiendo hacer lugar al recurso de apelación de la actora. Manifestó que, en el referido presente, la Dra. García Vizcaíno señaló en su voto que “si el Estado ha implementado el Sistema Informático María debe garantizar a los contribuyentes su efectividad, sin generarles cargas adicionales por deficiencias del Sistema. Que no se encuentra controvertido que el Sistema Informático María computaba el tipo de cambio comprador y no el vendedor (en el puntual caso de autos se trata del coeficiente) por lo cual en este aspecto la contribuyente pudo considerarse razonablemente liberada de su obligación tributaria, al haber efectuado un ingreso adecuado al Sistema Informático, no pudiendo invocar la aduana el error en este Sistema. En este aspecto, pues, se aplica la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del efecto liberatorio del pago, salvo dolo o culpa grave de la apelante, lo que ni siquiera se ha invocado en la especie”. Alegó que, la sentencia citada resultaba una aplicación particular de la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “ARMANDO VICTORIO GARIBOTTI v. ADUANA DE LA NACIÓN” (Fallos: 284:232), sentencia del 20.11.72. En el mismo sentido se había expedido la más prestigiosa doctrina al sostener que, salvo que la administración sea inducida al error por el dolo del administrado, “rige el principio que el organismo recaudador debe cargar con sus propios errores” (JARACH, Dino: Finanzas Públicas y derecho tributario, pág. 449 Ed. Cangallo Buenos Aires, 1989).”
Argumentó que, no podía cohonestarse judicialmente que la DGA – como representación del estado y de la ejemplaridad que debería presidir su actuación- se valga de un error propio en la carga tempestiva en el SIM, para obligar luego a los contribuyentes -también de modo sistémico- a soportar el costo fiscal de dicho error –ajeno a ellos-, obligándolos a aplicar -a posteriorila alícuota que el propio SIM no aplicó en el momento imponible de la determinación de los derechos. Se postula así - erróneamente- que los exportadores deberían ingresar a la DGA las diferencias de derechos de exportación de cada una de sus operaciones sometidas al SIM defectuoso para determinar los derechos, pues el exportador habría aplicado en el momento imponible (registro del PE) una alícuota que, en realidad, correspondía a otro momento, derivado todo de un precio de referencia informado tardíamente por el mismo estado.
Puso de relieve que era el sistema defectuosamente implementado por el estado y la DGA –con la información tardía de los precios de referencia- el que viciaba la determinación de los derechos de exportación, cuyo pago “correcto” ahora la misma DGA exige. Tal costo fiscal era, en rigor, responsabilidad exclusiva de la DGA o de la dependencia del Estado Nacional que debía suministrar la información al SIM a los fines de determinar los derechos de exportación, no del exportador que pagaba los derechos que la DGA –a través del SIM- le ordena cancelar.
Destacó que, la resolución del caso -consecuencia de todo lo expuestono se veía alterada por el hecho de que las exportaciones de autos -su base fáctica- se haya concretado bajo el régimen de precios revisables, regido por la Resolución (ANA) 2780/92 y que establecía que el vencimiento de la obligación de pago operaba bajo el plazo de espera declarado en la destinación: Plazo 1, quince días posteriores al libramiento de la mercadería - conforme art. 54 inc. a) del decreto 1001/82-. Nada de ello conmueve lo expuesto, desde que el propio régimen de precios revisables obliga al exportador, para determinar la diferencia de derechos, a aplicar la alícuota “vigente al momento del registro” -Anexo I, punto 2.8. inc. c) de la Resolución (ANA) 2780/92-, alícuota que, en el presente caso, no fue otra que la determinada por el SIM y disputada en autos.
Finalmente, adujo que, no podía soslayarse tampoco que el elemento “alícuota” refiere esencialmente a la determinación del valor imponible del derecho de exportación, quedando engarzada bajo la rigidez constitucional del principio de legalidad en materia tributaria en lo que hacía a los elementos esenciales de los impuestos, tales como los derechos de exportación. Entendió que, como consecuencia de ello, el elemento “alícuota” de los derechos de exportación no podía quedar suspendido en el tiempo y -desde allí sujeto a revisión retroactiva bajo los vaivenes interpretativos de la DGA; máxime cuando los derechos de exportación resultantes de su aplicación fueron íntegramente pagados, conforme su cuantificación por la misma DGA de consuno con el régimen normativo aplicable -e.g.: Resolución (ANA) 2780/92 y art. 54 inc. a) del decreto 1001/82-.
Expuso que, la conducta asumida por la DGA en autos se encontraba vedada -con base constitucional- por el art. 793 inc. 1) del CA, coligiéndose de ello la inaplicabilidad para supuestos como el de este caso de la jurisprudencia de la Corte in re “BASSO S.A. (TF 24.888-A) c/ DIRECCIÓN CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II GENERAL DE ADUANAS”, sentencia de fecha 27.08.13 conforme Dictamen del Sr. Procurador General de la Nación (S.C. B.657, L.XL.VII. de fecha 18.04.12), por no versar dicho caso - conforme el sentido propio que asumesobre supuestos en disputa que afecten el principio de legalidad en materia tributaria, como ser la determinación de un tributo bajo sus elementos esenciales (alícuota).
II. Que contra dicho pronunciamiento con fecha 15/12/2022 la demandada interpuso recurso de apelación, expresando agravios el 6/02/2023, los que fueron contestados por la contraria a fs. el 10/03/2023.
III. Que con fecha 14/12/2022 el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios profesionales del Dr. Juan Patricio Cotter, en su carácter de letrado patrocinante de la actora en una etapa del proceso en la suma de $ 22.958.408, equivalente a 2.207,54 UMA. Asimismo, reguló los honorarios de la Dra. María Inés Solá, en su carácter de letrada apoderada de la actora en una etapa del proceso en la suma de $ 9.183.363, equivalente a 883,02 UMA. Dichos emolumentos fueron apelados con fecha 20/12/2022 por el Dr. Juan Patricio Cotter, por bajos y por el Fisco Nacional 29/12/2022, por altos.
IV. Apelación del Fisco Nacional:
Sostiene la recurrente que el art. 726 del C.A. dispone que el momento relevante para individualizar la norma que fija el derecho de exportación aplicable en las exportaciones para consumo producidas en forma regular es la fecha de registro de la correspondiente solicitud.
Aduce que conforme la normativa vigente al momento del registro de la operación la alícuota de derechos de exportación correspondiente a la destinación en trato debió ser la de la fecha de registro de la destinación y no el día anterior al día de registro.
Apunta que la Resolución N° 394/2007, en su artículo 4, dispone que para los hidrocarburos que figuran en el Anexo I y para el caso de que el precio internacional supere o iguale el valor de referencia, la alícuota de exportación se calculará con la fórmula que allí se establece. Asimismo, en su artículo 7 dispone que, a los efectos de aplicar el valor del precio internacional de los productos incluidos en el Anexo I, la D.G.A. considerará las cotizaciones diarias de dicho precio, y que en los términos del artículo 8 el precio será fijado diariamente por la Dirección Nacional de Refinanciación y Comercialización dependiente de la Subsecretaría de combustibles de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Manifiesta que, si bien la destinación fue liquidada por el S.I.M. sobre la base del precio internacional informado por la Secretaria de Energía, dicha alícuota no era la correcta por no coincidir con la fecha del registro de la operación, según los establecen los artículos 726 y 728 del C.A.. Los cargos formulados por el servicio aduanero, al advertir -en el control ex post- que la alícuota por la cual se liquidaron los derechos de exportación no se ajustaba a la normativa citada (Resolución 394/2007), tiene su fundamento en el artículo 9, apartado 2, inciso d) del Decreto N° 618/97 y los artículos 348 y 1018, apartado 2, del Código Aduanero, y ello - a contrario de lo sostenido por el a quo- en modo alguno conlleva a la afectación de la seguridad jurídica en el efecto liberatorio del pago, inaplicable en la especie (en similar sentido la Sala II in re: “Basso S.A. (TF 24888-A) c/ D.G.A.” del 7 de diciembre de 2010). Cita Jurisprudencia.
En tales condiciones, concluye que, debe tenerse en cuenta que los derechos de exportación deben ser liquidados y abonados con ajuste a las pautas vigentes al momento del registro de la operación, y en el caso, lo real y concreto es que el exportador no canceló sus obligaciones en la extensión que normativamente corresponde.
Destaca que, en el caso de autos, se trató –mediante los cargos correspondiente- de ajustar la realidad de la operación a la legislación vigente. Ello así atento que los derechos de exportación no fueron cancelados conforme la normativa vigente al momento de registro de la operación. En segundo lugar, argumenta que, conforme lo previsto en el artículo 792 del C.A. el pago originario no tiene efecto liberatorio ya que su importe fue inferior al debido.
Considera que, en consecuencia, habida cuenta que los derechos de exportación deben ser liquidados y abonados con ajuste a las pautas vigentes al momento del registro de la operación, y dado que en el caso -al margen claro está de la improcedencia de considerar cualquier reproche jurídico a tal conducta-, lo real y concreto es que el exportador no canceló sus obligaciones en la extensión que normativamente corresponde; ello torna admisible la formulación de la liquidación por la diferencia debida. Cita jurisprudencia. Pone de relieve que, el pago “liberatorio” es aquel que, por resultar ajustado a los términos de la obligación, la extingue en toda su amplitud. Por CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II lo demás, la causa-fuente de la obligación es la ley y nadie puede válidamente pretender un derecho más allá de lo que dicha ley le reconoce. Por lo que, si el Sistema informático aplicó una cotización equivocada y la firma abonó un importe menor al que correspondía, la Aduana puede y debe reclamar su pago puesto que ello también hace a la seguridad jurídica, entendida ésta como la garantía de la aplicación objetiva de la ley, que protege también el derecho de aquel que pagó en demasía como consecuencia de un error, encontrando ambos conceptos debido resguardo en nuestro sistema jurídico.
Afirma que, la actora no tiene un derecho adquirido, pues la Aduana “puede” revisar, y por ende lógicamente, efectuar cargos suplementarios independientemente de lo que se liquide inicialmente.
Añade que, es dable recordar lo dispuesto por el artículo 322 del C.A., en el sentido de la posibilidad de rectificación por el propio declarante cuando resultare procedente, y también la facultad que posee la Aduana para formular cargos y reajuste cuando son procedentes, no afectando ello el principio de inalterabilidad de la declaración. Es por ello que resulta improcedente el efecto liberatorio del pago considerado por el Excmo. Tribunal, ello frente a las expresas facultades concedidas por el artículo 9, apartado 2, inciso d) del Decreto N° 618/1997. Resultando de aplicación al caso, como ya se señalara, lo dispuesto por el artículo 792 del C.A. En tercer lugar, sostiene que, tampoco es acertado que hubiera existido imposibilidad fáctica alguna por parte de la actora para ajustarse a la normativa en análisis, ya que -no obstante que la cotización correspondiente al día de registro de la operación se conoció sobre las últimas horas del mismo día- por tratarse de operaciones realizadas bajo la modalidad de precios revisables, el vencimiento de la obligación de pago operó conforme el plazo de espera declarado en la destinación, es decir, a los quince días del libramiento de la mercadería contados a partir del asiento documental e informático del cumplido de la operación.
Refiere que, nada obstaculiza a que el Servicio Aduanero aplique la legislación vigente (el momento imponible conforme lo informa otro organismo encargado de ello – Secretaría de Energía-) y; tal como lo ha hecho, estuvo perfectamente habilitado para efectuar los cargos suplementarios correspondientes conforme las facultades contenidas en las normas. Asimismo, es claro que el interesado (la contraria), conocía el régimen a cuyo amparo efectuó la operación en cuestión. Es que, al momento de llevarse a cabo la operación, la actora tenía pleno conocimiento de la norma que reglamenta el régimen, a cuyo amparo efectuara la misma, por ello, no se trata de un error; sino que se trata de la aplicación de la normativa vigente. Alega que, toda vez que, en el caso de autos si bien el Sistema Informático receptó una cotización indebida, la recurrente no puede alegar el desconocimiento de lo dispuesto por la Resolución ME 394/2007, artículo 4. Por último, indica que, este razonamiento echa por tierra la argumentación expuesta por el Tribunal Fiscal en su sentencia, ya que la actora no pudo considerarse razonablemente liberada de su obligación.
V. Que mediante la resolución 2019-27-E-AFIP-ADRIOG#SDGOAI del 20/02/2019 el Administrador de la Aduana de Río Grande confirmó los cargos FE nros. 37, 42 y 43 del año 2010 e intimó a la firma actora a abonar la suma de U$S 702.754,60, correspondiendo recálculo de intereses para cada cargo involucrado hasta el día de la fecha de su efectivo pago, en concepto de diferencia tributaria devengada de la liquidación de los derechos de exportación efectuada sobre la base de la aplicación de la alícuota y coeficiente declarados en los permisos de embarque y la que correspondía aplicar según la resolución MEP 394/07.
VI. Que, sentado ello y respecto del fondo de la cuestión debatida en autos, cabe recordar que el art. 728 del C.A. establece que a los fines de la liquidación de los derechos de exportación y de los demás tributos que gravaren la exportación para consumo, serán de aplicación el régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional en curso, vigentes en las fechas indicadas en los arts. 726 y 727 del C.A.
En lo que aquí interesa, a saber: “…es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente en la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo” -vid. art. 726-.
En el caso de autos, la Resolución M.E. y P. nro. 394/2007 modificó los derechos de exportación aplicables al petróleo crudo y otros hidrocarburos comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) que se consignan en los Anexos I y II.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Y en cuanto es relevante a los fines del presente, estableció que para los hidrocarburos enumerados en el Anexo I en los que el precio internacional (definido como el precio de los hidrocarburos vigente en mercados de referencia considerados como tales por su representatividad y relevancia), superare o igualare el valor de referencia fijado también en el Anexo, la alícuota de exportación se debía calcular en base a la fórmula polinómica que detalló (vid. art. 2°, 3° y 4°).
Por su parte, dispuso que a los efectos de aplicar el valor del Precio Internacional (PI), la Dirección General de Aduanas debía considerar las cotizaciones diarias de dicho precio (vid. art. 7°), las que a su vez serían fijadas por la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización - dependiente de la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios- (conf. art. 8°).
VII-. Que autos no se discute que el precio internacional que se tuvo en cuenta para calcular los derechos de exportación en el caso de las destinaciones de autos no eran los vigentes el día del registro, como dispone la normativa citada, sino que se calcularon en base a las cotizaciones fijadas el día anterior, desfasaje producido por la dificultad operativa de la carga de los datos informados diariamente por el organismo de aplicación a la Aduana en el Sistema Informático María (S.I.M.) a través del cual el exportador efectúa su declaración”.
Lo que debe definirse es si -como entendiera el T.F.N.- dicha dificultad puede favorecer a la actora, al considerar que el reclamo de la diferencia que pretende el servicio aduanero resulta una carga adicional para el exportador a las que ya produce el sistema informático aduanero.
VIII. Que los cargos formulados por el servicio aduanero, al advertir - en el control ex post de exportación- que la alícuota por la cual se liquidaron los derechos de exportación no se ajustaban a la normativa citada (Resol. 394/2007), tienen su fundamento en las facultades previstas en los arts. 9° ap. 2 inc. d) del decreto 618/97 y 23 inc. d) del Código Aduanero, que en modo alguno conlleva a la afectación de la seguridad jurídica en el efecto liberatorio del pago, inaplicable en la especie (en similar sentido esta Sala in re: “Basso S.A. (TF 24888-A) c/DGA”, del 7 de diciembre de 2.010). Es que, el pago de los derechos de exportación efectuados por la actora fue inferior al que efectivamente correspondía en tanto no se ajustó a lo dispuesto legalmente, cuestión que -como se subrayara ut supra- no se encuentra discutida.
Y, si bien ello se debió a que el S.I.M. no liquidaba los derechos de exportación en forma correcta debido a cuestiones de carácter operativo en la carga de los datos que informaba otro organismo y tal dificultad fue motivo de la modificación de la citada resolución por su similar nro. 599/2010 -en punto a que a los efectos de aplicar el P.I., la Aduana debe considerar las cotizaciones correspondientes al segundo día hábil anterior al del registro de las solicitudes de exportación para consumo (art. 1°, que sustituyó el art. 7° de la resol. 394/2007)-, tal disposición no ha previsto su aplicación retroactiva. En tales condiciones, habida cuenta que los derechos de exportación deben ser liquidados y abonados con ajuste a las pautas vigentes al momento del registro de la operación, y dado que en el caso, lo real y concreto es que el exportador no canceló sus obligaciones en la extensión que normativamente corresponde; ello torna admisible la formulación de los cargos por las diferencias debidas (en idéntico sentido, esta Sala, in re: “Pan American Energy LLC Suc. Argentina (TF 26805-A) c/DGA”, expte. nº 15.285/2011, sent. del 5/07/2011 y expte. 3422/2020, “Pan American Energy LLC Suc. Argentina c/DGA”, sent. del 19/05/2020, entre otros), por lo tanto corresponde hacer lugar al planteo del Fisco Nacional.
IX. Que a los desarrollos expuestos, cabe añadir a título de factores relevantes para el análisis y decisión del asunto, que por un lado, conforme al régimen vigente a la fecha de la operación de que se trata y según quedara expuesto, la misma se llevó a cabo bajo la modalidad de precio revisable y se encontraba sujeta a verificación (control ex post de exportación), circunstancias que desde ya comportan una excepción al invocado principio de inalterabilidad de la declaración aduanera, habida cuenta que por el propio mecanismo de liquidación y la natural dinámica de las pautas a tomar en cuenta a tal efecto (resultante de las previsiones contenidas en la Resol. 394/2007 y de las facultades previstas en los arts.9 ap.2 inc. d) del dec. 618/97 cit.), es claro que la cuantificación de la obligación tributaria del exportador mal podía quedar cristalizada con ajuste a una cotización vigente al día anterior de la fecha del registro.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Y por el otro, que las eventuales dificultades de la carga de datos por parte del servicio aduanero, generadas como consecuencia de la necesidad de contar con la información que debía suministrar un organismo distinto (lo que naturalmente generaba un desfasaje en los valores asentados en el sistema), en modo alguno pueden habilitar al exportador a abonar un tributo inferior al debido, máxime que en función del plazo de pago con que contaba, podía y debía verificar al momento de realizarlo la corrección de los parámetros empleados para su liquidación, puesto que para entonces se encontraba asentado en el sistema el correcto valor que debía ser considerado a tal efecto (art.7 Resol.394/07 cit.).
En las condiciones expuestas, y precisamente en función de las particulares circunstancias bajo las cuales se debían liquidar los derechos en la exportación de hidrocarburos (modalidad de precios revisable y sujeta a verificación), aparte de resultar inadmisible en el caso la invocación del efecto liberatorio del pago (el que, según conoce perfectamente el deudor, resultaba inferior al monto realmente adeudado, por haber sido calculado por aplicación de pautas vigentes con anterioridad al momento de liquidación del derecho de exportación), es ostensible que con base en el cuadro fáctico que se lleva descripto, y por ser de conocimiento de los sujetos involucrados (exportador y servicio aduanero) el desfasaje de valor producido, no resulta objetable que como resultado de la verificación ex-post registro de la operación, se corrija la determinación del tributo aduanero ajustándolo a los montos que correspondan, tanto más cuanto como quedó dicho la ya indicada modalidad de la operación habilita la revisión.
En función de los desarrollos que anteceden, y toda vez que conforme surge de las constancias obrantes en autos, la firma actora no canceló los derechos de exportación vinculados a los permisos de embarque nros.
09049ES02000033B, 09049EC08000026Z, 09049ES02000023A,
09049EC08000020K, 09049ES02000020U y 09049EC08000019S, conforme la normativa vigente al momento de registro de la operación (ingreso de una suma inferior a la que correspondía), debe hacerse lugar al recurso intentado y revocar la sentencia apelada.
X. Que, en atención al modo en que se resuelve, las costas de la instancia anterior son a cargo de la actora en los términos del art. 1163 del C.A. y las de esta Alzada se distribuyen por su orden (art. 68, 2da. parte del C.P.C.C.N.), en atención a que la dificultad operativa referida pudo inducir a la accionante a considerarse con mejor derecho.
XI. Que, asimismo, no corresponde tratar la apelación de los honorarios, en atención a que deberán adecuarse al resultado obtenido. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) hacer lugar al recurso interpuesto por la demandada y revocar la sentencia apelada. Se confirma la resolución 2019-27-E-AFIP-ADRIOG#SDGOAI y por ende los cargos nros. 37/2010, 42/2010 y 43/2010, en concepto de diferencia de derechos de exportación; 2º) las costas de la instancia anterior son a cargo de la actora en los términos del art. 1163 del C.A. y las de esta Alzada se distribuyen por su orden (art. 68, 2da. parte del C.P.C.C.N.), en atención a que la dificultad operativa referida pudo inducir a la accionante a considerarse con mejor derecho y 3º) no corresponde tratar la apelación de los honorarios en atención a que deberán adecuarse al resultado obtenido.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia