Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 25505032-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso deducido por la firma Panalab SA Argentina y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada; con costas por no existir mérito para la dispensa (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 37095/2025/CA1; PANALAB SA ARGENTINA (TF 25505032–A)
c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO .
DVP Buenos Aires, de febrero de 2026.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Mediante sentencia del 25/02/2025, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: (i) confirmar parcialmente la exigencia tributaria contenida en el art. 3 de la Resolución (DE PRLA) 2121/19, declarando que los tributos adeudados por la firma actora ascendían a la suma de USD 2.605,99, en concepto de derechos de importación, tasa estadística e IVA, con más los intereses devengados hasta el efectivo pago conforme lo normado en los arts. 794 y concordantes del Código Aduanero, con costas según los respectivos vencimientos; (ii) revocar la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del IVA adicional e impuesto a las ganancias, con costas al Fisco.
Para así decidir, luego de reseñar las posiciones adoptadas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones, señalar que se declaró la causa como de puro derecho y puntualizar que la denuncia infraccional había sido archivada en los términos de la IG 9/17 –por lo que no correspondía su tratamiento en autos–, efectuó una síntesis de las principales constancias administrativas que llevaron al dictado de la Resolución impugnada.
En esta tónica, sostuvo que del expediente surgía que mediante DIT 11073IT14001917L la actora había documentado la importación temporaria de mercadería que ubicó en la PA 3913.90.60.000X correspondiente a “Sulfato de condroitina y sus sales -Los demás POLÍMEROS NATURALES (POR EJEMPLO, ÁCIDO ALGÍNICO) Y POLÍMEROS NATURALES MODIFICADOS (POR EJEMPLO:
PROTEÍNAS ENDURECIDAS, DERIVADOS QUÍMICOS DEL CAUCHO NATURAL), NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE
EN FORMAS PRIMARIAS”, al amparo del decreto 1330/04, por una cantidad total de 80 Kg –valor FOB USD 6.285–, con la finalidad de utilizar dichos insumos en la producción de medicamentos para su posterior exportación, operando el vencimiento del plazo anual otorgado a tales efectos el 25/11/2012.
Señaló que ante la presentación de la Declaración Jurada para la Cancelación y Liberación de Pólizas de Importaciones Temporales – momento en el que la firma actora aportó copias de los P.E. n° 12073EC03001611D, 5217J y el CTIT n° 6576/09–, el servicio aduanero dispuso la apertura de sumario administrativo por la presunta infracción al art. 970 del C.A –por la totalidad de la mercadería– al considerar que no resultaba aplicable el CTIT. Así las cosas, frente a las explicaciones brindadas por la recurrente al contestar la corrida de vista –en punto a que la mercadería exportada se encontraba expresada en sobres de 5gr de producto y adjuntando documental en sustento de su posición–, la Sección Operativa Registral ratificó la denuncia formulada al considerar que los elementos presentados no resultaban suficientes para eximir a la firma actora. Pese a ello, el Servicio Aduanero decidió archivar la denuncia y únicamente formular cargo por los tributos adeudados.
Explicó que correspondía a los beneficiarios de los regímenes preferenciales –frente a la imputación de incumplimiento– acreditar de forma fehaciente y mediante la documentación aduanera adecuada el cabal cumplimiento de las condiciones impuestas por la reglamentación –que en el caso de autos, por el tipo de operación efectuada, dichos documentos resultaban ser los Permisos de Embarque (PE) y los Certificados de Tipificación de Importación Temporaria (CTIT)–.
Seguidamente, y en cuanto a las cuestiones de hecho, por un lado, remarcó que de los permisos de embarque supra mencionados surgía una cantidad reexportada de 79,54 –referida a la DIT en cuestión– pero sin detallar la unidad de medida utilizada y, por el otro, que la destinación para consumo n° 12073IC84000138T era por una cantidad de 0,46 kg. Refirió que los despachos de exportación se encuentran amparados por el CTIT presentado del cual surge que para producir una unidad del producto exportado, se requerían 1320 mg del insumo importado temporalmente, obteniendo una pérdida de 77 mg.
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Sentado ello, y tras efectuar un análisis del procedimiento legalmente establecido para tener por acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas por el régimen preferencial, el a quo consideró que, pese a las afirmaciones vertidas por la firma actora y sobre la base de la documentación presentada, no se podía determinar la cantidad precisa de mercadería que efectivamente se había reexportado.
En virtud de ello y, dado que la disparidad en las unidades de medidas utilizadas en los documentos no permitían determinar la cantidad efectiva reexportada en kilogramos, correspondía confirmar la exigencia tributaria realizada por el servicio aduanero liquidando los tributos adeudados en un total de USD 2.605,99.
Con relación a los rubros de la liquidación tributaria que fueron revocados –IVA adicional y Ganancias–, consideró que debía ajustar su pronunciamiento a lo resuelto por el Máximo Tribunal en el precedente “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, Causa 22.930/2009, del 26 de noviembre de 2019.
II. Contra dicha decisión se alza la firma actora. Interpone recurso de apelación el 07/04/2025 y expresa sus agravios en fecha 05/05/2025, los que fueron replicados por la contraria el 16/05/2025. La parte actora, tras transcribir el decisorio de grado, articula su memorial en torno a cinco agravios:
En primer lugar, sostiene que no se ajusta a derecho la confirmación parcial de la resolución aduanera impugnada.
Explica que para que haya un hecho punible la Aduana debe determinar si hubo o no infracción aduanera encuadrable en los artículos del C.A y el Dto. 1330/04 –en el caso, que la firma actora no hubiese cumplido con la reexportación dentro del plazo aduanero otorgado de los insumos importados temporalmente– situación que –a su criterio– la aduana no pudo demostrar.
Remarca que la totalidad de los insumos importados fueron reexportados dentro del plazo y se nacionalizó la perdida tangible, todo lo cual se encuentra asentado en el SIM. Asimismo, asevera que con la totalidad de la documentación presentada se gestionaron los respectivos reintegros que fueron abonados sin observación alguna.
En segundo lugar, explica que tanto de las facturas de exportación como de la lista de empaque y los sufijos de valor de las exportaciones surge que el producto Macaflex es vendido en cajas de treinta sobres de 5 gr. cada uno y la relación establecida en el CTIT refiere a cuantos miligramos de insumo son requeridos para elaborar una unidad de producto. Realiza diversas operaciones aritméticas –computando las cajas que figuran en los PE, la cantidad de sobres de cada caja y la cantidad de insumo utilizado– que a su criterio acreditarían la reexportación de la totalidad del insumo temporalmente importado.
En tercer lugar, explica que contrariamente a lo afirmado por la demandada y el a quo, la operatoria realizada se adecua al CTIT del caso de marras.
Sostiene que el servicio aduanero nunca especificó porque no resulta aplicable el CTIT y que si bien el informe técnico fue ratificado posteriormente, tampoco se explicó porque, resolviendo las actuaciones sin abrir a prueba y sin que se pudiera alegar.
Remarca que en la instancia del Tribunal Fiscal se le denegó la posibilidad de producir pruebas para acreditar los hechos alegados y controvertidos y se declaró la causa como de puro derecho, todo lo cual violó su derecho de defensa amplio y el debido proceso, máxime cuando –según alega- la aduana no agregó la totalidad de la documentación digitalizada por el despachante, que permitiría ver las unidades de Macaflex exportada. En cuarto lugar, y vinculado con la presunta disparidad de unidades de medidas utilizadas, asevera que ni el servicio aduanero ni el Tribunal Fiscal realizaron las simples operaciones aritméticas que hubiesen acreditado cabalmente la reexportación de la totalidad del insumo conforme la proporción establecida en el CTIT, por lo que no debe abonar tributo alguno y las costas deben ser impuestas a la demandada.
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En quinto lugar, considera que en el caso de autos resulta aplicable la doctrina sentada por el Máximo Tribunal en el precedente “Losicer” dado que transcurrieron más de 14 años entre el acaecimiento de los hechos y la resolución impugnada, violándose claramente el debido proceso e impidiendo ejercer correctamente su derecho de defensa.
III. En primer término, es importante destacar que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf., CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus, “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/2022; “PBB Polisur SRL (TF 40583686–A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo” Causa Nº 15235/2024, del 20/02/2025; “Argensun SA (TF 36606041–A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo” Causa Nº Nº 5623/2024, del 27/03/2025, entre muchos otros).
IV. Asimismo, cabe rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 (t.v.) otorga carácter limitado a la revisión de este Tribunal de Alzada, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (conf. Fallos 300:985). En esta tónica, teniendo en vista el contenido de los agravios reseñados, cabe advertir que el análisis de las cuestiones planteadas exige la revisión de cuestiones de hecho y prueba ajenos, por regla general, a la jurisdicción de esta Cámara, debido a lo previsto en el artículo recientemente citado. En tal orden, por principio, cabe estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (CNACAF, Sala I, in re “Merlino Automotores S.A.” del 12/3/09; Sala II, “Frigorífico Marejada S.A.” del 29/12/2009; Sala IV, “Agropecuaria Laishi S.A.” del 15/04/10; Sala V, “Del Buono, Jorge Luis” del 15/03/07; Sala III, “Adicción al Deporte SA”, Causa Nº 72746/2017, del 15/11/18, entre otros). Ahora bien, es importante destacar que este principio cede no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino también ante supuestos de arbitrariedad en la apreciación de aquéllos.
Por ello, se ha dicho que el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (CNACAF, Sala V, in re “Sullair Argentina S.A. (TF 24732-I) c. DGI”, Causa Nº 35.379/10, sentencia del 21/03/2011; Sala II, in re “Caterina Consignatarios S.R.L. c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 74722/2018, del 18/7/19). En definitiva, si el apelante pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba de la sentencia del TFN, constituye un requisito de procedencia que el recurrente demuestre, preliminarmente, que la valoración efectuada por el mismo fue arbitraria.
V. Sentado todo ello, este tribunal observa que las manifestaciones vertidas por la parte actora en su memorial no alcanzan para desvirtuar las conclusiones a las que ha arribado el Tribunal Fiscal de la Nación respecto de los hechos y de la prueba producida en autos. Ello así porque, contrariamente a la postura mantenida por la firma Panalab SA Argentina en su memorial, de la constatación del CTIT n° 6576/09 –obrantes a fs. 10 de las actuaciones administrativas– los P.E. n° 12073EC03001611D, 5217J, con sus respectivos cumplidos y descargas –ver fs. 3/9 respectivamente, del expediente administrativo–, la confrontación de dichos documentos entre sí, junto con las pruebas acompañadas y las manifestaciones vertidas por la firma actora, tanto en su memorial como a lo largo del procedimiento administrativo, no se puede concluir, de forma clara y certera, que se haya reexportado la totalidad de los insumos importados temporariamente por la firma actora mediante DIT 11073IT14001917L. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 37095/2025/CA1; PANALAB SA ARGENTINA (TF 25505032–A)
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En esta línea, no se puede dejar de señalar que, además que del contraste entre el CTIT y los PE no se puede derivar la cantidad efectivamente reexportada en kilogramos del insumo en cuestión por no coincidir las unidades de medida utilizadas, lo cierto es que siguiendo los cálculos efectuados por la firma actora en su memorial tampoco se arriba a un resultado que le sea favorable. En efecto, y como bien señala el Tribunal Fiscal, las argumentaciones vertidas por la firma actora en punto a que las facturas eran por cajas que contenían 30 sobres de 5gr de producto cada una, no resultan suficientes para determinar –contrastando con los documentos obrantes en el expediente– la cantidad de mercadería efectivamente reexportada, ni tomando en consideración la relación establecida en el CTIT –1350 mgr de insumo por sobre– ni el contenido que cada sobre exportado dice poseer del insumo –1200 mgr–.
En virtud de lo expuesto, y toda vez que firma actora no ha logrado acreditar la arbitrariedad de las conclusiones de hecho sentadas por el Tribunal a quo, corresponde confirmar la sentencia apelada en este apartado.
VI. Con relación al argumento en torno al plazo razonable invocado por la parte actora esta Sala ha sostenido, con sustento en el precedente de la Corte Suprema registrado en Fallos: 335:1126, “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA - Resol. 169/05 (expte. 105666/86 – SUM FIN 708)”, del 26/06/12, que el mero transcurso del tiempo no resulta suficiente a los efectos de que se produzca la conculcación del derecho involucrado, pues existen ciertas pautas a los fines de valorar dicha circunstancia, las cuales pueden resumirse en las siguientes: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento (cfr. “Kimberly Clark Argentina SA TF 32663-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causas CAF 103/19, del 26/12/19; “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 3600-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 23452/16, del 17/04/18; “Jeferson Sudamericana c/ DGA”, Causa CAF 42279/12, del 6/6/13; “AMX Argentina S.A. c/ EN-Mº Comunicación y otro s/ proceso de conocimiento”, Causa CAF 77974/16, del 5/11/19; entre muchos otros y, en su actual composición, “Telecom Personal SA c/ EN-M Planificación Federal - CNC s/ proceso de conocimiento”, Causa CAF 50488/14, del 25/4/24 y sus citas).
En el sub examine se comprueba que la duración de este proceso, incluyendo la actuación ante el TFN, ha tenido una extensión inferior a la verificada en la que analizó la Corte Federal (en sentido concordante, Sala IV, “Aseguradora de Créditos y Garantías (TF 29497-A) y acum c/ DGA”, Causa CAF 16733/13, del 20/3/14 y “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 37465/13, del 27/3/14).
Además, la actora tuvo oportunidad de ofrecer la prueba que hacía a su derecho, la cual si bien no fue adecuadamente meritada en la instancia administrativa, si lo fue en la jurisdiccional del TFN –que si bien declaró la causa como de puro derecho al rechazar por inconducentes los medios probatorios ofrecidos por la actora, valoró la totalidad de la prueba producida en sede administrativa– y en la presente, correspondiendo descartar una afectación sustancial de la garantía de defensa en juicio y su derecho a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (esta Sala, “Jeferson Sudamericana”, cit.; en igual sentido, Sala II, in re “Bini, Fabrizio c/ DGA”, Causa CAF 1353/14, del 12/06/14 y Sala IV, in re “Visteon SA c/ DGA”, Causa CAF 49.566/16, del 1/12/16; entre otras).
De este modo, no se advierte que en el caso se haya configurado un retardo de justicia exclusivamente imputable a la autoridad administrativa, ni se observa que la demandante haya obrado con la intención de agilizar y finalizar el proceso con la mayor celeridad, ni ha efectuado presentaciones tendientes a impedir la dilación del trámite (cfr. CSJN, Fallos: 335:1126; esta Sala, “Miranda Roberto y otro c/ BCRA Resol 142/10”, Causa CAF 1405/11, del 7/2/13; “Telecom Personal SA c/ EN-Enacom s/ proceso de conocimiento”, Causa CAF 62573/17, del 14/3/23 y, en su actual composición, “Telecom Personal SA”, Causa CAF 50488/14, cit.)
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Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: rechazar el recurso deducido por la firma Panalab SA Argentina y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada; con costas por no existir mérito para la dispensa (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia