Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 37236-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar las apelaciones y confirmar la decisión de fs. 155/159 en cuanto fue materia de recursos; sin especial imposición de costas en esta instancia dado que ninguna de las partes contestó agravios.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
38631/2025 PANALAB SA ARGENTINA (TF 37236-A Y ACUM) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 17 de marzo de 2026.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 155/159, el Tribunal Fiscal de la Nación:
(i) Confirmó parcialmente la resolución DE PRLA 939/16, recaída en la actuación SIGEA 12210-3339-2013, en cuanto había condenado a Panalab SA Argentina al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero con relación a la destinación suspensiva de importación temporaria (DIT) 12 073 IT14 000857 Y. Redujo la graduación original y determinó que el importe adeudado en concepto de multa ascendía a $48.074,09. Distribuyó las costas de este punto según los respectivos vencimientos.
(ii) Confirmó parcialmente la citada resolución en cuanto había formulado un cargo tributario a la importadora, conjuntamente con la garante Aseguradora de Créditos y Garantías SA. Determinó que el importe adeudado ascendía a USD 8.930,18, pero aclaró que la aseguradora sólo debía responder hasta el límite establecido en la póliza 1178818. Las costas de este punto también las distribuyó según los vencimientos. (iii) Revocó la exigencia de las percepciones del IVA y el Impuesto a las Ganancias, con costas al demandado.
Para resolver de ese modo, en lo que ahora interesa señalar, el tribunal administrativo comenzó por recordar que, en el régimen de importación temporaria, la carga de la prueba sobre el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término recae sobre el importador. Señaló que el mecanismo idóneo para acreditar dicha regularización es la descarga de la DIT mediante los correspondientes permisos de embarque (PE) y la presentación del certificado de tipificación de importación temporaria (CTIT), instrumento ⸻este último⸻ indispensable para determinar la relación insumo-producto, así como las mermas y sobrantes.
Al analizar el fondo del asunto, señaló que la actora había importado la cantidad total de 300 kilogramos de sulfato de condroitina, que ubicó en la PA 3913.90.60.000X, con un valor FOB de USD 22.398.
Advirtió que para la Aduana no era posible precisar la cantidad de mercadería que se descargaba debido a una disparidad en las unidades de medida. Precisó que, mientras en la declaración comprometida se indicaba “sobre X 30”, el CTIT aportado señalaba “sobre de 5 mgs”.
El organismo jurisdiccional compulsó la documentación proporcionada por la actora. Indicó que de los PE 13 073 EC03 001757 P y 657 N surgía una cantidad total 1 reexportada de 298,29 kilogramos (79,35 kg y 218,94 kg, respectivamente), referida a la DIT en cuestión. A ello se sumaba la importación para consumo de otros 1,71 kilogramos, a través del DI 13 073 IC84 00048U. Asimismo, observó que el CTC 6576/09 establecía que para el producto Mecaflex se requerían 1320 miligramos del insumo importado para producir una unidad, con una pérdida de 77 miligramos. A continuación, refirió a las disposiciones de las resoluciones generales AFIP 1796/04 y 2147/06, que regulaban los aspectos técnicos-operativos relativos al registro de destinaciones y la manera concreta de demostrar el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería importada de manera temporaria. Explicó que, si bien el sistema informático permitía cancelaciones automáticas mediante declaraciones del interesado, el servicio aduanero debía realizar una aprobación técnica posterior para constatar la correspondencia de la relación insumo-producto declarada frente al CTIT aprobado por la autoridad de aplicación. En este sentido, remarcó que los datos declarados en las exportaciones debían permitir identificar el código de los productos para lograr vínculos de información fehacientes (incisos a y b del punto 8, anexo III, resolución 2147/06). Sostuvo que estos requisitos constituían elementos básicos que la Aduana debía tener para aprobar técnicamente las cancelaciones de las DIT. Finalmente, concluyó que, pese a la argumentación de la actora —quien sostenía que cada sobre del producto era de 5 gramos y las facturas indicaban cajas de 30 sobres —, tal circunstancia no resultaba un aporte suficiente para determinar con exactitud los kilogramos de mercadería efectivamente reexportada.
En adición a la disparidad de unidades que había sido señalada por la Aduana, el tribunal destacó que el CTIT describía el producto resultante como “MECAFLEX 7 SUPRAFLEX, SOBRES 5 GRS., CADA SOBRE CONTIENE GLUCOSAMINA SULFATO 1500 MG + CONDROITIN SULFATO SODICO 1200 MG”, siendo este último insumo al que se refería la DIT.
En consecuencia, confirmó la configuración de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero con respecto a los 300 kilogramos de mercadería importada.
Con respecto a la liquidación tributaria, dejó sin efecto la exigencia de las percepciones de tributos interiores con sustento en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Cladd ITA SA (TF 22343-A) c/ EN-DGA Resol 2590/06 (EXPTE 604155/01) s/ DGA”, del 26/11/19.
En lo atinente al quantum de la multa, que había sido calculada en una vez y media el importe de los tributos adeudados sobre la base de las constancias de fs. 75 de los antecedentes, señaló que no era posible determinar si el antecedente allí mencionado efectivamente contaba con resolución firme, por lo que no era posible calificar a la actora como reincidente en los términos del artículo 927 del código de la materia. Sobre esa base, y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 915 y 916 del mismo cuerpo legal, redujo la graduación a una vez el importe de los tributos.
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38631/2025 PANALAB SA ARGENTINA (TF 37236-A Y ACUM) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 2º) Que, disconforme, a fs. 166 interpuso apelación la importadora, que se concedió a fs. 177, se fundó a fs. 182/190vta. y no fue replicada.
Sus agravios pueden sintetizarse del siguiente modo:
(i) Inexistencia de la infracción y cumplimiento del régimen: Sostuvo que la confirmación parcial de la multa y el cargo tributario resultaba errónea, pues la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante la DIT 12 073 IT14 000857 Y — consistente en 300 kg de "sulfato de condroitina"— fue efectivamente reexportada o nacionalizada como pérdida dentro del plazo de vencimiento. Destacó que el sistema informático de la aduana registraba para dicha destinación un saldo de "0,00", lo que demostraba que la operación fue íntegramente cancelada mediante los PE 13 073 EC03 000657 N y 13 073 EC03 001757 P, además del despacho de importación para consumo de pérdidas tangibles (DI 13 073 IC84 00048U).
En este sentido, cuestionó el razonamiento del tribunal de origen respecto de la supuesta disparidad en las unidades de medida que impidió verificar la descarga. Explicó que, si bien la presentación comercial es en cajas de 30 sobres, cada sobre contiene 5 gramos del producto, por lo que una simple operación de multiplicación y división permite determinar la cantidad exacta de kilogramos reexportados (218,94 kg y 79,34 kg, respectivamente).
Aclaró que en la exportación 13 073 EC03 001757P se descontaron insumos de dos DIT, y que de la aquí en cuestión se descontaron 79,346337 gramos.
Insistió en que de las facturas de exportación proporcionadas surgía que Mecaflex tenía una única presentación comercial que es en sobres de toma individual de 5 gramos. Remitió a la lista de empaque adjunta a cada exportación, de donde también surgía que se importaron gramos y se descontaron gramos.
A continuación, explicó lo siguiente:
“la Exportación °13 073 EC03 001757P, Ítem 1, Subítem, corresponde a cantidad 5.216 UNIDADES, según Lista de Empaque n° 1277 que figura agregada a la exportación como documentación complementaria con la factura- ver la antepenúltima columna de la lista- presentadas en cajas por 12 unidades, obtengo que para este la cantidad de sobres exportados fueron 5215 unidades sobres de 5 gramos.
Aplicando la relación Insumo Producto dispuesta en el CTIT. N° 06576/2009, se puede arribar al Insumo Total descontado en el mismo, es de 79,346337 kilogramos, los cuales corresponden a la temporal n° 12 073 IT14 000857Y en crisis.
De la misma manera utilizando igual forma de cálculo, podemos indicar que para la Exportación n°13 073 EC03 000657 N, tal como se indica en el Ítem 1, la 3 cantidad fue 5.437 cajas presentadas en sobres por Treinta (30) por 0,00135 miligramos = 220,1985 kilos, por lo cual se exportaron 163.110 sobres (cada sobre son 1350 miligramos= 1 unidad). Aplicando un insumo de 220,1985 kilogramos de la misma importación temporal 13 073 IT14 000657 N.
Con ello arribamos al insumo total descargando de la D.I.T. según fs. 1” (fs. 186vta./187).
Concluyó que la falta de consideración de documentación vital aportada, como las facturas de exportación y las listas de empaque, y la omisión de realizar en anteriores instancias los cálculos que hubiesen permitido corroborar la cantidad de unidades de Mecaflex exportadas y los kilos rebajados de la temporal, la colocó situación de indefensión y vulneró la garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
(ii) Señaló que habían transcurrido catorce años desde el acaecimiento de los hechos (2012) hasta la resolución en crisis. Argumentó que esta dilación injustificada en el trámite administrativo y judicial excedía todo parámetro de razonabilidad y vulneraba a garantía constitucional y convencional del plazo razonable.
3. Que, a su vez, a fs. 172/175vta. interpuso y fundó apelación el Fisco Nacional, que se concedió a fs. 177 y no fue replicada.
En primer término, se agravió por la condena en costas con relación a la revocación de las percepciones de tributos interiores. Planteó que el precedente “Cladd” de la Corte federal era posterior al dictado de la resolución aduanera y el inicio de este expediente, por lo que había motivos para apartarse del principio general de la derrota. En segundo y último término, cuestionó la modificación de la graduación de la sanción. Argumentó que los artículos 915 y 916 del Código Aduanera establecían una facultad de excepción que debía ejercerse en forma restrictiva, y que, en el caso, el Tribunal Fiscal había reducido la sanción sin que se presentaran circunstancias extraordinarias que lo justificasen. Hizo hincapié en que la actora era una sociedad especialista en comercio exterior y depositaria de una confianza especial, por lo que la multa impuesta resultaba proporcionada.
4. Que, en primer lugar, se debe examinar la eventual extinción de las acciones del Fisco con sustento en la afectación de la garantía a obtener una decisión en un plazo razonable (doctr. Fallos: 334: 1264; 335:1126 “Losicer”; entre otros). Por razones de brevedad, se remite a la explicación hecha de esta doctrina en la causa 22498/21 “JBS Leather Argentina SA (TF 52824590-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 7/6/22. Si bien este Tribunal circunscribía su aplicación a la acción que tiene el Fisco para imponer penas (cfr. causa 56632/15 “Iveco Argentina SA c/ DGA”, sentencia del 14/4/16, y sus citas), en forma reciente, y bajo el impulso de las reformas introducidas por la ley 27.742, admitió que cabía rever esa limitación en cuanto a su alcance (cfr. causa 9354/24 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 19717322-A Y ACUM) c/ DGA”, sent. del 11/7/24). Ello es así, en la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 38631/2025 PANALAB SA ARGENTINA (TF 37236-A Y ACUM) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO medida en que la ley 19.549, de procedimiento administrativo, de aplicación supletoria a la materia (arg. art. 1017, CA), reafirma en su actual redacción que la duración “razonable” es un principio fundamental aplicable a toda clase de procedimientos administrativos (cfr. art. 1° bis, ap. a., pto. iv, ley 19.549; texto según art. 25 de la ley 27.742).
Sin perjuicio de lo expuesto, se adelanta que en esta causa se presenta una situación distinta de las que examinó la Corte en aquellos precedentes en que resolvió favorablemente planteos fundados en la afectación de ese derecho, porque habían transcurrido quince, dieciocho, veinte años o más desde el acaecimiento de los hechos y el dictado de la resolución definitiva (cfr. Fallos: 335:1126; A.1210.XLVIII “Alvarado, Pedro Alberto Carlos y otro c/ BCRA – resol. 379/08 s/ causa nº 100.298/97”, sent. del 16/04/13; R.769.XLVII “Rezzónico, Edgardo Hugo y otro c/ BCRA – resol 88/08 (expte 100.563/86 Sum Fin 725”, sent. del 26/09/12; B.331.XLVII “Banco de Italia y Río de la Plata (EL) y otros c/ BCRA – resol 49/99 – expte 102.529/85 Sum Fin 531”, sent. del 02/10/12), o bien, porque se corroboró que el procedimiento recursivo, incluyendo la instancia de revisión ante la Cámara, se había prolongado durante más de veintitrés años, excediéndose todo parámetro de razonabilidad de duración del proceso (cfr. Fallos: 334:1264).
Por empezar, se observa que la duración de este proceso ha tenido una extensión menor a la verificada en las causas citadas. En la especie, transcurrieron menos de 3 años entre el vencimiento de la DIT (14/6/13) y el dictado de la resolución aduanera condenatoria (4/3/16), a los que se suman los años de revisión ante el Tribunal Fiscal de la Nación (desde el 24/8/16 hasta el 15/4/25).
Además, para analizar si en cada caso concreto se configura un retardo injustificado de la decisión, también es indispensable tener en cuenta: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento. En el sub examine no puede pasar desapercibido que quien pretende la extinción de la acción de su contrario por la duración irrazonable del proceso no efectuó ninguna presentación tendiente a la pronta resolución de las actuaciones en ninguna de las instancias. Al presentar su alegato, el 6/3/25, tampoco efectuó ninguna consideración con respecto a la duración del proceso (v. fs. 145/146vta.). Esta circunstancia conduce a descartar una afectación sustancial de la garantía de defensa en juicio y su derecho a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (cfr. esta Sala, causa 49566/16 “Visteon SA c/ DGA”, sent. del 5 1/12/16; entre otras); debiéndose, en consecuencia, desestimar este primer agravio de la importadora.
5. Que, con respecto a la configuración de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero, el recurso de la actora tampoco puede prosperar.
Al respecto, debe recordarse que la valoración de las circunstancias de hecho y de la prueba se encuentran, como principio, marginadas del examen que corresponde realizar en esta instancia, atento a la limitación con que ha sido previsto el recurso que se intenta conforme el artículo 1180, inciso b, del Código Aduanero. Esta Sala ha sostenido de manera reiterada que no cabe apartarse de las conclusiones del Tribunal Fiscal de la Nación en ejercicio de sus facultades propias para apreciar los hechos de la causa, salvo que medie un error de magnitud suficiente, que aquí no se advierte (doctr. causas “Maritime Shipping Agency SRL”, sent. del 26/6/12; y “Abbot Laboratories Argentina SA”, sent. del 29/8/19; entre otras).
En efecto, el memorial de la apelante carece de una crítica concreta y razonada que logre desvirtuar la logicidad del fallo, limitándose a reiterar argumentos genéricos y a proponer su propia interpretación de los hechos. En el caso, el tribunal administrativo analizó pormenorizadamente la documentación aportada y advirtió una disparidad insalvable en las unidades de medida que impidió verificar de manera fehaciente la descarga de los 300 kilogramos de "sulfato de condroitina".
Para así decidir, el a quo destacó que, mientras en la declaración comprometida de las exportaciones se indicaba la unidad “sobre X 30”, el CTIT 6576/09 establecía un patrón de medida de “sobre de 5 mg” (especificando un requerimiento de 1320 miligramos de insumo por unidad). Frente a esta conclusión, la recurrente se limita a sostener que una simple operación de multiplicación y división —basada en la cantidad de cajas y sobres— permitiría arribar al insumo total descontado.
Sin embargo, tal planteo no logra rebatir puntualmente dos fundamentos centrales del fallo:
(i) los datos declarados en las exportaciones no permitieron establecer vínculos de información fehacientes para lograr la aprobación técnica exigida por las resoluciones generales AFIP 1796/04 y 2147/06, las cuales imponen requisitos básicos para que la Aduana pueda constatar la correspondencia de la relación insumo-producto declarada frente al certificado aprobado; y (ii) el cálculo tampoco puede ser lineal como propone la actora, en la medida en que, de acuerdo con la relación insumo-producto del CTIT acompañado, los 5 gramos de cada sobre contienen dos insumos (glucosamina sulfato sódica y condroitina sulfato sódica) y no solo aquel cuya reexportación está en juego en esta causa, lo que vuelve insuficiente la argumentación basada en la sola presentación comercial del producto. Se trata, en definitiva, de una cuestión técnica vinculada a la determinación de la relación insumo-producto en un proceso de perfeccionamiento industrial, cuya CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 38631/2025 PANALAB SA ARGENTINA (TF 37236-A Y ACUM) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO apreciación recae en las facultades del organismo de control y del tribunal administrativo especializado. En este sentido, la mera discrepancia con los criterios técnicos utilizados por el judicante para valorar la insuficiencia de los certificados y las listas de empaque no autoriza la revisión de lo decidido, al no acreditarse un supuesto de arbitrariedad o un apartamiento de las constancias de la causa.
Por lo tanto, se confirma el pronunciamiento apelado en este punto.
6. Que ahora corresponde examinar el agravio del Fisco con respecto a la reducción de la multa.
Debe recordarse que el artículo 970 del C.A. dispone: “...el que no cumpliera con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o de exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de los tributos que graven la importación para consumo o la exportación para consumo según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al treinta por ciento del valor de la mercadería...” (énfasis añadido).
La existencia de penas fijadas por una escala con una sanción mínima pone a cargo del juzgador la valoración de las circunstancias de la causa que permitan graduar la sanción y, a tal fin, el artículo 915 de dicho cuerpo legal dispone que las penas “serán graduadas en cada caso según las circunstancias, la naturaleza y la gravedad de las infracciones y los antecedentes del infractor” (énfasis añadido).
De la exposición de motivos del Código surge que la importancia de la norma “radica en exigir a la autoridad de aplicación que tenga en cuenta, además de la gravedad de la transgresión, la calidad del sujeto activo. No puede equipararse a un individuo que nunca ha infringido las obligaciones legales con aquél que periódicamente las vulnera. Por otra parte, esa ha sido la finalidad perseguida por las normas penales aduaneras al establecer la escala punitiva y no una pena fija”. Allí también se remarca la necesidad de contar con una definición legal de reincidencia, pues se encuentra prevista como agravante general de las infracciones aduaneras, y se aclara que del juego armónico entre los artículos 927 y 928 resulta que el carácter de reincidente reposa en la existencia de una condena anterior firme por una infracción o delito aduanero, sin que hubieran transcurrido cinco años u otro plazo igual al de la condena (confr. “Exposición de Motivos”). Es así que el artículo 927 dispone que sea considerado reincidente "el que habiendo sido condenado por resolución firme por una infracción o un delito aduanero cometiere una nueva infracción aduanera". 7 Sobre esa base, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 1143 del Código Aduanero, el Tribunal Fiscal de la Nación pudo valorar ⸻como lo hizo⸻ que la actora no calificaba como reincidente en los términos previstos por el régimen aduanero con relación al antecedente computado por el servicio aduanero (v. esp. fs. 75 act. adm.) y que, por ende, no correspondía apartarse del mínimo legal conforme a las pautas del artículo 915 del código (en sentido concordante, confr. esta Sala, causas 5.579/2013 “Volkswagen Argentina SA (TF 23858-A) C/ DGA”, sent. del 26/09/13, y 18503/2016 “Ford Argentina SCA c/ DGA”, sent. del 28/06/16).
En este contexto, no se advierte que el a quo haya incurrido en arbitrariedad al revisar la valoración de las circunstancias hecha por la autoridad de aplicación y concluir, como lo hizo, que la multa debía graduarse en 1 vez el importe de los tributos omitidos.
7. Que el agravio relativo a las costas por la revocación de las percepciones de tributos interiores tampoco puede prosperar, dados los términos en que se trabó la litis.
En efecto, se observa que la resolución aduanera había sido apelada in totum por la importadora, sin exclusión de monto alguno (v. formulario F4 a fs. 1 y definición del objeto de la demanda a fs. 30). Incluso, la aseguradora co-actora había cuestionado especialmente la procedencia de esos rubros, bien que por argumentos distintos a los que receptó el Tribunal Fiscal de la Nación (v. fs. 51vta. y 54/vta.).
En tales condiciones, y en la medida en que la pretensión deducida en este proceso generó un vencimiento para el organismo recaudador en la instancia anterior, se concluye en que no hay motivos para apartarse de lo decidido (en igual sentido, cfr. esta Sala, causa 4327/24 “Transportes Cuevas de Nerja SRL (TF 32613-A) c/ DGA”, sent. del 18/4/24; entre otras), Por lo expuesto, corresponde confirmar la condena en costas en este aspecto. Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar las apelaciones y confirmar la decisión de fs. 155/159 en cuanto fue materia de recursos; sin especial imposición de costas en esta instancia dado que ninguna de las partes contestó agravios. Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 28/10/25.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia