Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 36.554-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 67/12, con costas.
2Regular los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en su conjunto, los que quedan a cargo del recurrente, en el carácter de representación procesal la suma de $12.869 y por el patrocinio letrado la suma de $32.173, teniendo en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio, la etapa procesal cumplida, y demás pautas establecidas por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-120801191-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 13 de Diciembre de 2021 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 36.554-I caratulado “Paolini, Rodolfo Mario s/ recurso de apelación”. La Dra. O’Donnell dijo:
I. El Sr. Rodolfo Mario Paolini interpone a fs. 13/17 vta. el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N°67/12 dictada el 24 de julio de 2012 por la División Revisión y Recursos de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la cual se le aplicó una multa por defraudación en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2001 de $ 877.454,04 en los términos de los arts. 46 y 47 inc. d) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). Manifiesta que la Resolución N° 24/07 en la que se determinó de oficio el tributo y se hizo reserva de aplicar la sanción por el período 2001 según lo dispuesto por el art. 20 de la ley 24.769 fue apelada ante este Tribunal Fiscal.
Aclara que la denuncia penal realizada por el Fisco Nacional finalizó con el dictado de su sobreseimiento.
Pide la nulidad del acto por carecer de motivación y causa en atención a que la imputación que se le hace no es clara ni precisa toda vez que se le atribuye no haber declarado la totalidad de sus ventas sin dar detalles sobre las mismas y, también, porque se le negó la producción de las pruebas ofrecidas en la instancia administrativa previa omitiéndose respetar los principios constitucionales del debido proceso legal y defensa en juicio.
Además, opone la prescripción de la acción del Fisco Nacional para aplicar la multa.
Ofrece prueba y solicita se revoque la Resolución, con costas.
II. A fs. 29/40 vta. contesta el Fisco el traslado del recurso y pide se confirme el acto, también con costas.
III. A fs. 70 se hace saber la integración de la Sala y se elevan los autos a su consideración. A fs. 80 pasan los autos a sentencia.
IV. Que en primer lugar cabe referirse al planteo de prescripción articulado.
Que según los arts. 56, inc. a) y 58 de la ley 11.683 las acciones y poderes del Fisco Nacional para aplicar multas prescriben por el transcurso de 5 años, comenzando a correr su término desde el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible, es decir que para este caso el plazo inició el 1° de enero de 2003 operando eventualmente la prescripción el 1° de enero de 2008 por lo que, teniendo en cuenta la fecha de Resolución -24 de julio de 2012- debe analizarse si se han verificado en autos circunstancias que pudieran haber tenido la virtualidad de suspender o interrumpir su curso.
El Fisco Nacional afirma que las causales que a los fines de analizar el cómputo del plazo prescriptivo deben considerarse son los arts. 68 inc. a) y 65 inc. d) de la ley 11.683; ello, en razón de que mediante la Resolución N° 24/07 de fecha 2 de marzo de 2007 en la que se determinó de oficio el impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2001 y 2002 y se liquidaron los intereses, también se aplicó una multa por el período 2002 y se dejó en suspenso el juzgamiento de la conducta fiscal del Sr. Paolini por el período fiscal 2001 a las resultas de la causa penal que se le instruyera.
Es decir que, según su entendimiento, en razón de la comisión de la infracción por el período fiscal 2002 y en atención a que en la Resolución N° 24/07 se hizo reserva de aplicar la sanción por el período 2001 formulándose el 12 de julio de 2008 la denuncia penal, en los términos de los citados artículos, sus acciones no se encontraban prescriptas.
Que al respecto es dable señalar que la Corte Suprema de Justicia estableció que los delitos “(…) no tienen carácter interruptivo de la prescripción de la acción penal entre sí, de no mediar una sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad al mismo encausado” (conf. Fallos 312:1351; 322:717).
En tal sentido, el 12 de abril de 2011, en el Expediente N° 29.413-I, que tramitó por ante esta Sala, en su anterior conformación, se dictó sentencia confirmando la Resolución N° 24/07 en todas sus partes, entre ellas, la aplicación de la multa por el período fiscal 2002.
Que tras ser apelada por la recurrente, la Excma. Cámara declaró desierto el recurso interpuesto el 3 de mayo de 2012, por lo que se encuentra acreditada la existencia de la sentencia firme sobre la comisión de la nueva sanción y, por lo tanto, torna operativa la regla prevista en el citado art. 68, inc. a) por lo que el plazo de prescripción comenzó el 1° de enero de 2004 finalizando el 1° de enero de 2009.
Ahora bien, el 12 de julio de 2008 se efectuó la denuncia penal contra el Sr. Paolini culminando el 16 de febrero de 2012 con el dictado de la sentencia que resolvió su sobreseimiento. En virtud de ello, por aplicación del art. 65 inc. d) el plazo se vio suspendido desde el 12 de julio de 2008 y hasta ciento ochenta días posteriores a la fecha en que fue dictada la sentencia penal, por lo que, teniendo en cuenta la fecha de la Resolución -24 de julio de 2012- el Fisco Nacional se encontraba habilitado para aplicar la multa apelada y, en consecuencia, cabe rechazar el planteo de prescripción.
V. Que corresponde entonces analizar el planteo de nulidad articulado, el que no puede prosperar, debido a que de la simple lectura de la Resolución surge que la misma fue dictada con sustento en las circunstancias de hecho y derecho, cumpliéndose a su respecto no sólo los requisitos externos de validez sino que se han valorado las particularidades fácticas y jurídicas que la presuponen, teniendo en cuenta además que la recurrente contaba con la posibilidad en esta instancia de ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo y ofreciendo las pruebas que considerara pertinentes a su defensa, por lo que también debe rechazarse este planteo.
VI. Queda referirse a la procedencia de la sanción aplicada para lo cual debe examinarse si se configuran los presupuestos que la ley dispone para la defraudación prevista en el art. 46, que es la figura en la que ha sido encuadrada la conducta de la recurrente, al haberse impugnado los montos consignados en el rubro “Total de participación en las empresas” en su declaración jurada de ganancias del período fiscal 2001, detectándose a partir de la compulsa de sus libros que la registración no se ajustaba a la realidad en razón de la existencia de ventas informadas por terceros omitidas y compras que no coincidían con los montos declarados.
Que con respecto al presupuesto objetivo, ni en esta instancia, ni en la previamente sustanciada, rindió prueba alguna que permitiera acreditar una realidad fáctica diferente a la detectada por el Fisco Nacional por lo que debe tenerse por configurado el elemento objetivo del tipo.
Con relación al subjetivo, el juez administrativo se valió de las presunciones que contemplan los incisos a) y d) del art. 47 de la misma ley, considerando que las declaraciones juradas originales presentadas por el Sr. Paolini contenían datos inexactos que implicaron una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible así como también se presumió la comisión de la defraudación en atención a no llevar libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficientes, careciendo de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones, respecto de lo cual, era también de resorte de la recurrente proponer y ofrecer pruebas conducentes en contrario de su culpabilidad, por lo que, al no haberlo hecho, los agravios formulados deben ser desestimados.
Por ello, se resuelve:
1. Confirmar la Resolución N° 67/12, con costas.
2. Regular los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en su conjunto, los que quedan a cargo del recurrente, en el carácter de representación procesal la suma de $12.869 y por el patrocinio letrado la suma de $32.173, teniendo en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio, la etapa procesal cumplida, y demás pautas establecidas por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que corresponde referirse al planteo de prescripción efectuado por la actora respecto de la facultad del Fisco Nacional para aplicar multa por el Impuesto a las Ganancias período 2001.
Que de acuerdo con lo establecido por los arts. 56 y 58 de la Ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y modif.) las acciones y poderes del Fisco para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en el caso de contribuyentes inscriptos prescriben por el transcurso de cinco (5) años, término que comienza el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible.
Que cabe señalar que el artículo 68 de la ley de rito dispone que la prescripción para aplicar multa “se interrumpirá: a) Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1º de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible”.
Con relación a esta última disposición, la Alzada tiene dicho que “no es menester que la infracción haya sido juzgada por la autoridad fiscal, 'pues en esta materia, como en lo penal ordinario, el efecto interruptivo deriva del acto ilícito en sí mismo, de su comisión, y no de la decisión judicial acerca de su punibilidad'” ( Sala V de la CNACAF in re: “Parques Interama SA (TF 8151-I) c/ DGI”, del 04/09/02; con cita de GiulianiFonrouge y Navarrine, Procedimiento Tributario, Depalma, 1979, comentario al artículo 70, actual art. 68 del T.O. 1998).
A partir de ello y dado que no resulta controvertido que la resolución determinativa del Impuesto a las Ganancias 2001 y 2002, se aplicó sanción por el último período mencionado, el plazo de prescripción debe computarse desde el 1º de enero de 2004 y hubiera -eventualmente- finalizado el 31/12/2008.
Se desprende de la resolución cuestionada, que el 12 de julio de 2008 sobrevino la causal de suspensión prevista en el inciso d) del art. 65 de la ley de rito fiscal, toda vez que en esa fecha el Fisco interpuso denuncia penal contra la recurrente por entender que su conducta en respecto al Impuesto a las Ganancias período 2001 se encontraba incursa en la ley 24.769. Habiendo tramitado la causa en el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N°4, Secretaría N°1 de la ciudad de Rosario (Pcia. de Santa Fe), el 16 de febrero de 2012 se resolvió dictar el sobreseimiento del Sr. Paolini, fundado ello en la atipicidad de conducta por falta de condición objetiva de punibilidad (vide fs. 4 de autos).
Que el citado inciso d) del art. 65 de la ley de rito fiscal, modificación introducida por la N° Ley 25.795 -con vigencia desde el 17/11/03-, dispone que: “se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales: ...d) Igualmente se suspenderá la prescripción para aplicar sanciones desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 29 de la ley N° 24.769, por presunta comisión de alguno de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ochenta (180) días posteriores al momento en que se encuentre firme la sentencia judicial que se dicte en la causa penal respectiva.” Que cabe traer a colación, que el artículo 4 de la ley de rito fiscal expresamente establece que para todos los términos establecidos en dicha norma se computaran únicamente los días hábiles administrativos; con cual los 180 días previstos en el inc. d) del art. 65 deben contarse de ese modo y recién a partir de allí reanudar el cómputo del plazo de prescripción restante.
Por lo expuesto, cabe concluir que al momento del dictado de la resolución apelada, esto es el 24 de julio de 2012, todavía se hallaba en curso el término la prescripción de cinco años para aplicar sanciones para el Fisco Nacional y por lo tanto, corresponde rechazar el planteo de prescripción articulado.
II. Que comparte en lo sustancial lo expresado por la Dra. O´Donnell, en cuanto rechaza la defensa de nulidad efectuada por la actora en el punto V de su recurso.
III. Que corresponde ahora analizar la procedencia de la multa aplicada por el acto apelado, ello con sustento en las previsiones de los artículos 46 y 47 incs. a) y d) de la ley 11.683, t.o. en 1998 y sus modificaciones.
Que cabe señalar que con fecha 2 de marzo de 2017, el Fisco determinó de oficio la obligación tributaria de la apelante frente al Impuesto a las Ganancias período 2001 y 2002, haciendo respecto del primer período reserva de aplicar sanciones. Que la resolución determinativa fue apelada y tramitó en esta Sala bajo la carátula “Paolini, Rodolfo Mario s/recurso de apelación- Impuesto a las Ganancias” (Expte. 29.413-I), la que resultó confirmada primero por este Tribunal por decisorio de fecha 12 de abril de 2011, incluyendo la imposición de sanciones por el período 2002 y luego la Alzada declaró desierto el recurso de apelación (vide para su consulta http://scw.pjn.gov.ar), resultando firme este último pronunciamiento. Que de la citada sentencia de este Tribunal, surge que los ajustes practicados se sustentan en la impugnación de los montos consignados en las declaraciones bajo el rubro “total de participación en las empresas” y en la reliquidación del IVA efectuada a la sociedad de hecho “Paolini Luis y Rodolfo S.H.”, en atención a ventas omitidas y compras no justificadas. Ello así, cabe concluir que no resultando controvertido que el ajuste que da origen a la sanción aquí discutida se encuentra firme, resulta acreditado el ingreso de gravamen en menos de parte de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias 2001, esto es el aspecto objetivo de la figura prevista en el art. 46 de la ley de rito.
Que además el citado artículo requiere de un proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos, es decir que debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe ser cierto y no meramente conjetural. Una vez probado el mentado soporte, luego se infiere la conducta dolosa; empero, la vinculación entre el soporte fáctico y el hecho presunto, tiene que ser unívoca, sin margen razonable para una consecuencia distinta (cfr. "Ramazzotti, Raúl Enrique s/apelación", 24/04/98). Que demostrado el elemento objeto del ilícito, las presunciones establecidas en el artículo 47 (en este caso las previstas en los incisos a y d) admiten prueba en contrario y en tal sentido es resorte de la actora proponer y ofrecer las pruebas que hagan a su derecho a fin de desvirtuar las afirmaciones vertidas por el ente recaudador, sin que en esta instancia hubiera ofrecido prueba alguna a tal fin.
Sentado ello, del juego armónico de los arts. 46 y 47 surge que debe acreditarse en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales.
En este caso concreto y en contraposición a lo sostenido por la recurrente, el Fisco ha demostrado a través de elementos de prueba asertivos y contundentes que el Sr. Paolini ha realizado maniobras tendientes a engañar y falsear la realidad de los hechos, máxime teniendo en cuenta el giro comercial desarrollado, lo que ameritaba que llevara la correspondiente documentación de respaldo sobre su operatoria, advirtiéndose en tal sentido que surge de los actos apelados, inconsistencias e inexistencia de otros elementos adicionales que rebatieran las diferencias detectadas por el organismo.
En definitiva, considero que han concordado elementos suficientes para tener por configurado el ilícito previsto en el art. 46 de la ley de rito y no habiendo elementos que justifiquen una dispensa a la sanción impuesta como así tampoco para modificar la graduación dispuesta en el acto recurrido, corresponde disponer su confirmación en todas sus partes. Con costas a la vencida. Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar la Resolución N° 67/12, con costas.
2. Regular los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en su conjunto, los que quedan a cargo del recurrente, en el carácter de representación procesal la suma de $12.869 y por el patrocinio letrado la suma de $32.173, teniendo en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio, la etapa procesal cumplida, y demás pautas establecidas por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2021.12.13 12:24:35 -03:00 Date: 2021.12.13 13:51:24 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.13 15:50:40 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.13 15:50:41 -03:00
Fin de la sentencia