Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 84119153-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Desestimar el recurso intentado por el Fisco Nacional; 2º) confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto ha sido materia de agravios y 3°) imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida, de conformidad con lo dispuesto en el considerando que antecede (confr. art. 68, 1ra parte, CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Expte. nro. 4263/2023 – “PAOLINI SA (TF 84119153-I) C/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
///nos Aires, 5 de mayo de 2023.- MBR VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 14 de octubre de 2022 (Pág. 205/209), la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió -por unanimidad- hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por la firma Paolini Hnos. SA en el marco del expediente administrativo nro. EX-2022- 84119153-APN-SGAI#TFN, ordenándole a la DGI -una vez firme dicha sentencia- que en el plazo allí fijado resuelva el pedido de devolución de tributos planteado por la actora, con costas al Fisco Nacional. Para así decidir, en primer término, relató la pretensión actoral y las consideraciones vertidas por la demandada al acompañar a estos actuados el informe de ley. Ello así, luego se refirió a la procedencia del recurso, a ello sumo los requisitos establecidos en la Ley 25.795. En cuanto aquí interesa, señaló que de los antecedentes administrativos acompañados por el Fisco Nacional en IF-2022- 90138480-APNDTD#JGM surgía de que recién luego del pronto despacho interpuesto el 11/05/2022, la División Trámites y Consultas de la AFIP procedió a la caratulación del EX-2022-00813107-
AFIPDVTRCO#SDGOIGC.
En ese sentido, relató los números pases en distintas internas del organismo fiscal, en las cuales no resolvieron la solicitud actoral, destacando que el último movimiento surgía cuando el Departamento Investigación Grandes Contribuyentes Nacionales devolvió a la División Tramites y Consultas de la AFIP, con fecha 24-6-2022.
Señaló que la actora inició el trámite relativo a la solicitud de una autorización expresa para cambiar el criterio de imputación para las obras en construcción (art. 77 in fine de la Ley de Impuesto a las Ganancias) con fecha 10-1-2022. Destaca que el expediente transitó por varias dependencias internas del Fisco Nacional y que pese al pedido de pronto despacho del a parte actora con fecha 11-5-2022, la citada solicitud de autorización no ha sido resuelta, ello con el consecuente perjuicio que representa para la firma actora dada la incertidumbre generada en la falta de resolución al respecto.
En tal sentido, hizo lugar al pedido de la firma actora con sustento de que el organismo fiscal había excedido las pautas temporales razonables para la resolución del trámite en cuestión.
II. Que, disconforme con lo resuelto, el 1 de noviembre de 2022 apeló la parte demandada, quien fundó su recurso en el mismo acto y cuyos fundamentos fueron contestados el 21 de diciembre de 2022 por la actora (pág. 212/225 y 240/255 -respectivamente- del archivo en formato PDF de las actuaciones administrativas). Se agravió respecto del fondo de la cuestión decidida y subsidiariamente en caso de que no se haga lugar a su recurso de apelación se agravió respecto de la imposición de las costas.
En primer término, reseñó los antecedentes fácticos de la cuestión controvertida y la decisión del Tribunal Fiscal.
En el apartado tercero de su escrito recursivo el Fisco Nacional expresa agravios.
En primer lugar recordó “…que con el fin de orientar la resolución de las actuaciones que motivaran la consulta, se trajo a colación el Dictámen 14/1997 de la Dirección de Asesoría Técnica y los Estudios Sectoriales N° 41, 92 y 119 de la Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada.), a través del cual la Dirección de Asesoría Técnica, a los efectos de dirimir el criterio que correspondía aplicar con relación a la aprobación establecida en el último párrafo del inciso a) del artículo 74 (hoy artículo 77) de la Ley del Impuesto a las Ganancias…” (sic). Transcribió lo parte pertintente de lo manifestado oportunamente por la Dirección de Asesoría Técnica.
Justificó el reenvío de la petición actoral a las distintas areas internas.
Argumentó que la Administración se avocó a la tramitación de lo solicitado, entendiendo prematura la consulta propuesta, es decir que consideraba que no resultaba oportuno dictar la autorización pretendida por la accionante, debiendo estarse a la intervención de otras areas. Reiteró que el plazo no fue excesivo. Agregó que “…el procedimiento a seguir en relación a la autorización a la que alude el referido artículo 77 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, NO se encuentra reglamentado, no existiendo a la fecha de interposición de la consulta y/o pedido, instrucciones internas que habilitaran al funcionario CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II de que se trate a expedirse frente a lo pretendido por el contribuyente, tal lo oportunamente informado por las areas intervinientes, y que fuera debidamente puesto en conocimiento al Tribunal A-quo, dando cuenta que la cuestión demandaba un tiempo razonable para brindar una respuesta adecuada y ajustada al procedimiento.” (sic).
Alegó que dicho artículo tampoco establece un plazo para que la Administración emita o rechace la autorización pretendida. Y Recordó que no se encuentra reglamentada la cuestión a resolver, en tanto la contribuyente inició el trámite a través del procedimiento establecido para las consultas no vinculantes, y no como un pedido específico de autorización alguna.
Citó doctrina y jurisprudencia que -según entiende- avalan su postura.
En efecto, manifestó “…que frente a la presentación de la contribuyente aquí amparista, debieron consultarse distintas áreas, máxime ante lo novedoso de su pretensión, recordándose una vez más que dicha presentación fue en un principio caratulada como CONSULTA NO VINCULANTE, y no como un pedido de autorización, que pudiera tener incidencia en la forma de liquidar el impuesto a las ganancias a su cargo.” (sic).
Luego de haber citado nuevamente doctrina y jurisprudencia a modo de respaldo de sus argumentos, señaló que en la actualidad la solicitud de autorización (ya calificada como tal) se encuentra en análisis con un pase de las actuaciones al Depto. Programas y Normas (DI ISFI), aspecto informado por la Dirección de Operaciones de Grandes Contribuyentes Nacionales en correo electrónico oficial de fecha 27 de octubre de 2022.
Por esa razón consideró que la administración no ha incurrido en mora.
Subsidiariamente solicitó que se otorgara un plazo mayor para que la administración resuelva las cuestiones que fundamentan la autorización pretendida, en tanto considera exiguo el plazo dispuesto por el Tribunal Fiscal.
En cuanto a las costas, solicitó que aquellas sean impuestas en su totalidad a la amparista, y en subsidio en el orden causado.
III. Que, así las cosas, corresponde señalar que de las constancias obrantes en las presentes actuaciones surge, en lo sustancial, que: a) El 10 de enero de 2022 la parte actora solicitó formalmente a la autoridad fiscal la autorización para cambiar el criterio de imputación para las obras en construcción de conformidad con el artículo 77, último párrafo, de la LIG y esta presentación fue identificada por la AFIP con el Número 202200025109.
b) El 11 de mayo de 2022 la accionante peticionó el “pronto despacho” de las actuaciones, sin que obre constancia de movimiento útil alguno posterior.
c) El 15 de junio de 2022, la AFIP le notificó a la peticionante el archivo de las actuaciones, sin mediar ninguna resolución expresa acerca del pedido originalmente formulado el 10/01/2022.
IV. Que, en tales condiciones, es menester advertir que se encuentra excedido el lapso aplicable para que el servicio aduanero se pronuncie sobre lo requerido por la parte actora, tornando admisible el recurso intentado por ella.
Al respecto, recuérdese que el artículo 182 de la Ley 11.683 establece que “[L]a persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, podrá ocurrir ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION mediante recurso de amparo de sus derechos”.
Así, señálese que para la procedencia del recurso de amparo por mora ante el Tribunal Fiscal de la Nación deben verificarse concurrentemente los siguientes requisitos o condiciones: a) excesiva demora en la realización de un trámite o diligencia, por parte de los empleados de los organismos recaudadores; y b) que la demora provoque un perjuicio o perturbación en el ejercicio de una actividad o derecho (artículo 182 de la ley 11.683).
Su fundamento es brindar al administrado un remedio procesal eficaz, caracterizado por la celeridad de su trámite, que le asegure o restablezca el goce de derechos cuando se consideren lesionados por el organismo recaudador (cfr. esta Sala in re “Enrique M Baya Casal SA (TF 53544773-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II organismo externo”, expte. Nº 17915/2021, sentencia de diciembre de 2021 y “Adblick Granos SA (TF 9974568-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 11165/2022, sentencia de mayo de 2022, entre otros).
V. Que, ello sentado, debe adelantarse que el recurso intentado por el Fisco Nacional contra la sentencia del 14 de octubre de 2022 debe ser desestimado, ello con los alcances que se explicitarán.
En la especie, surge que la firma actora con fecha 10/01/2022 peticionó formalmente a la autoridad fiscal la expresa autorización para cambiar el criterio de imputación para las obras en construcción, a través de la presentación digital N° 202200025109.
Posteriormente, ante la falta de respuesta por parte del Fisco Nacional, se verifica que la accionante el 11/05/2022 interpuso pronto despacho mediante presentación digital N° 202200584570, haciéndole saber que había dado comienzo a un trámite ante dicha repartición estatal con la finalidad de comunicar y obtener la aprobación del cambio de método por el cual gravaba el resultado bruto proveniente de la actividad empresarial como constructora en el Impuesto a las Ganancias (conf. artículo 77, in fine, Ley 20.628). Donde la firma actora manifestó su voluntad de cambiar para la declaración jurada del período fiscal 2022 el esquema de tributación bajo el método establecido en el inciso “b” del art. 77, al método establecido en el inciso “a” del mismo artículo. Y agregó, que los plazos legales que ordenaban la actividad administrativa se encontraban vencidos, que el retraso le ocasionaba a su parte un perjuicio irreparable dado la excesiva demora en que incurre el organismo estatal (v. págs. 39, 33 y 41 del PDF de la causa).
En ese orden de ideas, destácase que, desde la presentación del referido pronto despacho, efectuada el día fecha 11/05/2022, la situación se ha mantenido inalterada en el tiempo hasta el presente, generándose de tal modo una irrazonable e injustificada demora por parte de la Administración en cumplir con el deber de respuesta que pesa sobre ella, todo lo cual es suficiente para la admisión del amparo por mora. De este modo, ante el análisis efectuado se determina el rechazo del recurso intentado por la accionada y, consecuentemente, corresponde se confirma el pronunciamiento de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación del 14/10/2022.
VI. Que, por último, corresponde expedirse respecto del agravio formulado por el Fisco Nacional en cuanto a la imposición de las costas contenida en la sentencia recurrida.
En ese marco, cabe recordar lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados precedentes; el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación consagra el principio rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota (Fallos: 323:3115; 325:3467), de modo que quien pretenda exceptuarse de esa regla debe demostrar acabadamente las circunstancias que justificarían el apartamiento de ella (Fallos: 312:889; 329:2761).
Ahora bien, a entender del Tribunal, las particulares circunstancias del caso revelan que la inactividad y demora en la que incurrió la Administración determinó la interposición del amparo por mora en sede administrativa, lo que debe verse reflejado en la distribución de las costas. En consecuencia, corresponde también confirmar lo decidido por la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación en lo que respecta a las costas, y asimismo imponer las costas de esta instancia a la demandada (confr. art. 68, 1ra parte, CPCCN).
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1º)
desestimar el recurso intentado por el Fisco Nacional; 2º) confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto ha sido materia de agravios y 3°) imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida, de conformidad con lo dispuesto en el considerando que antecede (confr. art. 68, 1ra parte, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia