Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 54109146-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar los agravios de la parte demandada, con costas.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
3337/2024 PAPELERA PAYSANDU SAIC (TF 54109146-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 19 de noviembre de 2025.- AA Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La firma actora interpuso sendos recursos de apelación, previstos en el artículo 76, inciso 'b', de la ley 11.683, contra la resolución nº 104/2021 dictada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que determinó de oficio la obligación tributaria en el impuesto al valor agregado (periodos fiscales 08/2015 a 11/2016) y liquidó intereses resarcitorios, y contra las resoluciones n°s 286/2021 y 287/2021 dictadas por ese organismo que aplicaron sanciones de multa por infracción a los artículos 46 y 47 inciso 'c' de la ley 11.683.
II. En lo que aquí interesa, el Tribunal Fiscal de la Nación declaró "nulas, de nulidad absoluta e insanable, a las Resoluciones Nros. 286/2021 (DV SRRI) y 287/2021(DV SRRI), ambas de fecha 07/10/21. Con costas".
Para así decidir, preliminarmente, refirió que mediante las resoluciones n°s 240/2021 y 104/2021 la AFIP determinó de oficio la obligación tributaria de la firma actora frente al impuesto a las ganancias (IG) y al impuesto al valor agregado (IVA), más los intereses, y formuló reserva de aplicar sanciones de multa con arreglo al artículo 20 de la ley 24.769.
Sin embargo, cuando esas actuaciones fueron remitidas a la sección penal tributaria, dicha área "manifestó que no correspondía formular denuncia a la ley 27.430 por no superar el mínimo penal del impuesto [...] al haber receptado la aplicación universal del principio de la ley más benigna, a la luz de los fallos 'Vidal Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción de ley 24.769' CSJN (expte CPE 601/2016/CS1) y 'Palero Jorge Carlos s/ Recurso de Queja' CSJN del 23/10/2007 [...]. Razón por la cual dicha área entendió que correspondía proceder a la aplicación de las sanciones pertinentes que fueron oportunamente diferidas".
Por ello, "la administración fiscal resolvió mediante la Resolución 287/2021 (DV SRR1) aplicar a la contribuyente Papelera Paysandú S.A.I.C una multa graduada en dos veces el monto del impuesto al Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 08/2015 a 12/2015, por hallarla incursa en la figura descripta en los artículos 46 y 47 inciso c) de la ley 11.683 (T.O en 1998 y sus modif.). Y mediante la Resolución 286/2021 (DV SRR1) aplicar a la contribuyente una multa graduada en dos veces el monto del impuesto al Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2015, por hallarla incursa en la figura descripta en los artículos 46 y 47 inciso c) de la ley 11.683 (T.O en 1998 y sus modif.)".
En ese marco, sostuvo:
(i) "[A] la fecha del dictado de los actos determinativos antes referenciados, ya se encontraba vigente la Ley N° 27430 (B.O. 29/12/2017) circunstancia esta que invalida la reserva legal efectuada por el juez administrativo, resultando en consecuencia nulas la resoluciones apeladas en autos por las cuales se le intenta aplicar multas a la recurrente".
(ii) "Ello así atento que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificatorias) el cual dispone que '(c)uando las infracciones surgieran con motivo de impugnaciones u observaciones vinculadas a la determinación de tributos, las sanciones deberán aplicarse en la misma resolución que determina el gravamen'".
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3337/2024 PAPELERA PAYSANDU SAIC (TF 54109146-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (iii) "[N]o cabe más que concluir que la posterior apertura de los sumarios infraccionales, no se ajustaron a derecho, y por ende, tampoco lo fue su consecuencia [...] los actos administrativos sancionatorios".
(iv) "[E]l acto recurrido no contiene los elementos mínimos para que puedan ser evaluados en su legitimidad por esta instancia jurisdiccional, por lo que no corresponde ya su revocación sino decretar, directamente, la nulidad del mismo".
(v) "[N]o toda nulidad administrativa es susceptible de ser convalidada en instancias procesales sucesivas conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re 205:549; 247:52; 267:393, entre otros".
(vi) "[L]o contrario, importaría asumir que la Administración Fiscal se encuentra facultada a disponer de las formas y requisitos legales y procesales a su libre discrecionalidad o arbitrio".
III. La parte demandada apeló esa decisión y expresó los siguientes agravios:
(i) "[E]l monto determinado por el tributo que dio origen a la multa aplicada superaba la condición objetiva de punibilidad requerida en el art. 1° de la Ley 24.769 según texto vigente al momento del hecho imponible y, en tal sentido, existían elementos que aconsejaban suspender la aplicación de la multa en la resolución determinativa a resultas del eventual proceso penal tributario". (ii) Es evidente que "no es que el Fisco no encontró mérito para sancionar [en orden a la convicción administrativa de que se ha cometido el delito de evasión simple o agravada] sino que, por expreso mandato legal dejó en suspenso dicha sanción en aras de denunciar penalmente. Denuncia que no formuló, por circunstancias ajenas a él".
(iii) "[L]as disposiciones de los arts. 17 3er. parrafo y 74 de la ley 11.683 no constituyen obstáculo legal para la aplicación de las multas pertinentes, en los casos en que, al dictarse las determinaciones de deuda se difirió su posible aplicación (por imperio del artículo 20 de la Ley 24.769) para proceder a la denuncia de los hechos que encuadraban en las figuras penales previstas en ese momento cuando, con la reforma posterior de la ley penal, resultan desincriminadas y no se formule denuncia".
(iv) El fallo "parece pretender el absurdo de que el Fisco adivine, al momento de dictar el acto administrativo, que habrá circunstancias de hecho o de derecho que le impedirían tanto denunciar penalmente como aplicar sanciones administrativas". La firma actora al contestar esos agravios señaló que "no hay ningún hecho sobreviniente. La jurisprudencia zanjó esta cuestión hace años". En ese sentido "[el] área Penal Tributaria recoge también en sus fundamentos el fallo de la CSJN 'Palero Jorge Carlos s/ Recurso de Queja' del 28/10/2007, cuya doctrina es idéntica a la emanada de 'Vidal' respecto del principio de ley penal más benigna por actualización de la condición objetiva de punibilidad".
IV. Es útil repasar las normas involucradas en la causa.
. La ley 11.683.
—Artículo 17: "La determinación [de oficio] deberá contener lo adeudado en concepto de tributos y, en su caso, multa, con el interés resarcitorio y la actualización, cuando correspondiesen [...]". —Artículo 74: "Cuando las infracciones surgieran con motivo de impugnaciones u observaciones vinculadas a la determinación de tributos, las sanciones deberán aplicarse en la misma resolución que determina el gravamen. Si así no ocurriera se entenderá que la DIRECCCION GENERAL IMPOSITIVA de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS no ha CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3337/2024 PAPELERA PAYSANDU SAIC (TF 54109146-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO encontrado mérito para imponer sanciones, con la consiguiente indemnidad del contribuyente".
. La ley 27.430 (Boletín Oficial 29 de diciembre de 2017): elevó los montos de los tipos penales tributarios previstos en la ley 24.769 (Boletín Oficial del 15 de enero de 1997).
V. Que, como se vio, la AFIP al dictar las resoluciones n°s 240/2021 y 104/2021, del 20 de mayo y del 7 de octubre del 2021, que determinaron de oficio la obligación de la firma actora frente al IG y al IVA, difirió la aplicación de sanciones con arreglo al artículo 20 de la ley 24.769, en tanto tuvo en cuenta un dictamen emitido por la sección penal tributaria referente a que los montos involucrados superaban las condiciones objetivas de punibilidad previstas en la ley 24.769 —que se encontraba vigente en los períodos involucrados— y, en consecuencia, correspondía efectuar la denuncia penal. Sin embargo, posteriormente, al advertir la interpretación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación efectuó acerca de la ley 27.430 en la causa " Vidal, Matías Fernando Cristobal ", pronunciamiento del 28 de octubre de 2021, que "era similar a la tratada y resuelta [...] en los autos 'Palero Jorge Carlos s/Recurso de Queja', del 23/10/2007, referida a la aplicación en forma retroactiva de la ley 26.603 por resultar más benigna de acuerdo [...] al art. 2° del Código Penal de la Nación", dictó las resoluciones n°s 286/2021 y 287/2021 que aplicaron sanciones de multa a la firma actora por infracción al artículo 46 y 47, inciso 'c', de la ley 11.683.
VI. Que en este contexto, los agravios de la parte demandada no pueden ser admitidos.
Ciertamente, está claro que la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, que elevaba los montos de los tipos penales tributarios, no era novedosa para la AFIP cuando en el año 2021 dictó las resoluciones determinativas y difirió la aplicación de las sanciones con arreglo al artículo 20 de la ley 24.769, toda vez que ya había sido considerada por la jurisprudencia de la Corte Suprema con relación a las leyes anteriores a la ley 27.430 que también actualizaron los montos de las condiciones objetivas de punibilidad.
En el mismo sentido, la AFIP desde su área penal tributaria sostuvo que no correspondía formular una denuncia penal dada la interpretación que el Máximo Tribunal realizó acerca de la aplicación retroactiva de las leyes 26.063 y 27.430 en las causas "Palero" y " Vidal, Matías Fernando Cristobal", pronunciamientos del 23 de octubre de 2007 y 28 de octubre del 2021.
Por tanto, al tiempo que fueron dictadas las resoluciones n°s 240/2021 y 104/2021, esto es el 20 de mayo y el 7 de octubre del 2021, respectivamente, ya se hallaba vigente la ley 27.430, que había elevado el monto establecido en el artículo 1° de la ley 24.769 a $ 1.500.000 y considerando que en esas resoluciones se había determinado una deuda de $ 937.929,17 en concepto de IVA (periodos fiscales 8/2015 a 12/2015) y de $ 687.622,68 en concepto de IG (periodo fiscal 2015), la administración fiscal debió haber aplicado las sanciones que estimara pertinente en esos mismos actos con arreglo al artículo 74 de la ley 11.683 (Sala V, causas 41.576/2023 "Marino Omar (TF 43445598-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo" y 29919/2025 " Canton, Catalina (TF 38537-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo", pronunciamientos del 29 de octubre de 2024 y del 21 de octubre de 2025).
VII. Que las costas deben ser impuestas a la parte demandada en tanto resulta vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
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3337/2024 PAPELERA PAYSANDU SAIC (TF 54109146-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: Desestimar los agravios de la parte demandada, con costas. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Se hace constar que suscriben la presente decisión dos integrantes de la sala por hallarse vacante el tercer cargo (art. 109 del R.J.N.).
Fin de la sentencia