Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 31.164-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución Fallo Nº 143/2012 (AD PASO) dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Paso de los Libres del 22 de marzo de 2012 y, por ende, dejar sin efecto el pago de la suma igual a $ 21.272,48, en concepto de multa, por la comisión de la infracción estipulada por el art. 972 del C.A.
2Con costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-115428937-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 28 de Septiembre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “PAPELERA SAN ANDRÉS DE GILES S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 31.164-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el presente caso, la empresa importadora ha sido condenada por el servicio aduanero por infracción al pago de una multa en los términos de la infracción prevista en el art. 972 del Código Aduanero. La razón de la sanción fue la ausencia de documentación respaldatoria que acredite el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Esto implicaría que la empresa no proporcionó la documentación necesaria para demostrar que cumplió con sus obligaciones aduaneras.
II. La decisión administrativa sancionadora fue recurrida porque se consideró que la disposición aduanera incluyó destinaciones que no fueron contempladas en la instancia administrativa previa. Además, se argumentó que la mercadería y la documentación estuvieron en todo momento en el lugar inspeccionado. Es decir, se alegó que no hubo ninguna falta por parte de la empresa importadora.
III. En respuesta al recurso, el ente aduanero reitera su defensa del acto sancionatorio y argumenta que, en la primera visita a la planta, no se pudo constatar la totalidad de la existencia de la mercadería importada y su documentación respaldatoria. El ente aduanero sostiene el carácter objetivo de la infracción endilgada, es decir, que la sanción debe imponerse por la simple comprobación del incumplimiento de las obligaciones contraídas. En conclusión, el caso se refiere a una sanción impuesta a una empresa importadora por no proporcionar la documentación necesaria para demostrar que cumplió con sus obligaciones aduaneras. La empresa ha recurrido la decisión sancionadora, argumentando que, por su parte, no hubo falta alguna. El ente aduanero defiende su decisión, afirmando que la sanción se impuso por incumplimiento objetivo de las obligaciones aduaneras.
IV. En tales condiciones, conviene recordar que el principio de responsabilidad personal es fundamental en el ámbito penal. Este principio tiene su base constitucional en el artículo 18 de la Constitución Nacional, el cual establece que para aplicar una sanción es necesario que haya una acción ilícita previa que pueda ser atribuida al acusado tanto objetiva como subjetivamente. Además, la garantía de la autonomía moral de la persona consagrada en el artículo 19 de la Constitución implica que no se puede imponer una pena basada en lo que la persona es, sino solo como resultado de sus acciones. No es redundante destacar que estos principios fundamentales en el ejercicio de la potestad punitiva no pueden ser evadidos bajo el pretexto de caracterizar una pena como una medida sancionadora administrativa. Aunque una sanción administrativa pueda ser nombrada como tal, sigue manteniendo su naturaleza de “pena”, y cualquier limitación constitucional que se intente ignorar bajo el disfraz del nombre jurídico sería inconstitucional. La legitimidad de la potestad punitiva radica en realizar un juicio de valor a través de la tipificación de conductas indeseables y la previsión e imposición de males proporcionados y razonables.
En resumen, la aplicación de una sanción debe basarse en una acción ilícita que pueda ser atribuida al procesado, tanto objetiva como subjetivamente, y no se permite la imposición de una pena en razón de lo que la persona es, sino únicamente como consecuencia de aquello que haya realizado. Además, el nomen juris con que el legislador pueda denominar una sanción no tiene importancia en relación a la naturaleza de la “pena” y las limitaciones constitucionales que esta debe respetar.
V. En cambio, en el ámbito sancionatorio administrativo, la responsabilidad no se basa en la intención o culpa del sujeto, sino en el hecho de no cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa. En este sentido, no se requiere una evaluación moral del sujeto, sino un examen del cumplimiento de sus obligaciones.
A diferencia del enfoque de la teoría del delito en el ámbito penal, en el derecho administrativo se evalúa si la conducta del sujeto cumple con las normas establecidas y, en caso contrario, si se pueden imponer sanciones. Además, en el ámbito administrativo, también es posible responsabilizar por hechos realizados por terceras personas, estableciéndose una forma de responsabilidad objetiva.
Por lo tanto, en la materia sancionatoria administrativa, es posible responsabilizar por hechos que escapan a la consciencia, voluntad o control del sujeto, como los realizados por terceras personas. En este sentido, en general, no es necesario evaluar la culpa o el dolo del sujeto, sino simplemente determinar si su conducta cumple con las normas establecidas. Por lo tanto, en el ámbito administrativo, la responsabilidad objetiva tiene una mayor importancia que en el ámbito penal.
VI. En efecto, en el ámbito sancionador administrativo, la responsabilidad es diferente a la responsabilidad penal, y se enfoca en el cumplimiento de la obligación y en la protección del interés público. No se requiere una evaluación moral del comportamiento del sujeto, sino una apreciación del cumplimiento de la obligación establecida por la norma administrativa. Además, la sanción administrativa no tiene como objetivo castigar por la culpa o el dolo del sujeto, sino por el incumplimiento de la obligación. En este sentido, la magnitud de la sanción no debe estar relacionada con la culpa del sujeto, sino con el grado de incumplimiento de la obligación.
Prueba de lo antedicho es que la obligación de cumplir con las normas administrativas recae sobre la persona que se encuentra en posición de hacerlo, independientemente de su conocimiento o intención de incumplir con dichas normas. En este sentido, el principio de culpabilidad no es un requisito para imponer una sanción administrativa, aunque esto no significa que no se puedan tomar en cuenta factores como la culpa o el dolo en la determinación de la magnitud de la sanción. En cualquier caso, la finalidad de la sanción administrativa es garantizar que se cumplan las normas y regulaciones establecidas, y no castigar al sujeto por su conducta.
VII. No obstante lo señalado, cabe reparar que, en el ámbito sancionador administrativo, la responsabilidad objetiva está sujeta a limitaciones y excepciones, como en el caso de imposibilidad de cumplimiento absoluto de la norma administrativa.
Además, es importante destacar que la responsabilidad objetiva no implica que el sujeto sancionado sea considerado culpable de forma automática, sino que se considera como un incumplimiento de un deber u obligación establecida en la ley, y que, por lo tanto, es posible aplicar una sanción.
VIII. En este sentido, el sujeto sancionado tiene derecho a la defensa y a demostrar circunstancias o causales que lo eximan de responsabilidad, como en los casos de imposibilidad de cumplimiento de la norma administrativa por causas ajenas al sujeto sancionado. De esta manera, la relación de imputación no puede ser absoluta y la persona responsable no es garante absoluto del cumplimiento de la orden administrativa.
IX. Por lo tanto, es necesario que las sanciones administrativas estén sujetas a los límites y garantías establecidos en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico, garantizando el derecho a la defensa y la posibilidad de demostrar causales eximentes de responsabilidad. En resumen, la responsabilidad objetiva en el ámbito sancionador administrativo no implica una presunción automática de responsabilidad, sino que se debe garantizar la posibilidad de defensa y de demostrar circunstancias eximentes de responsabilidad.
X. Si existe una situación legítima que justifica el incumplimiento de una obligación administrativa, entonces no se considerará una infracción y no se aplicará la sanción correspondiente. Por ejemplo, en casos de fuerza mayor o cuando la conducta impuesta es imposible de cumplir. Cabe destacar que la determinación de estas causas eximentes es responsabilidad del legislador y su aplicación dependerá de las circunstancias particulares de cada caso. En el ámbito administrativo, la responsabilidad sancionatoria se basa en un criterio objetivo, independiente de las circunstancias personales del responsable, como el incumplimiento de una obligación impuesta por la ley o la comisión de una conducta prohibida. Por tanto, el éxito de la regulación administrativa sancionatoria se logra al evitar la necesidad de evaluar la intención o el grado de culpa del responsable, y centrarse en métodos estandarizados para determinar su responsabilidad.
XI. En consecuencia, es importante señalar que, si bien la imposición de sanciones por responsabilidad objetiva no es excepcional en el derecho administrativo sancionador, lo cierto es que está sujeta a ciertos requisitos. Las sanciones por responsabilidad objetiva se ajustan a la Constitución Nacional siempre y cuando no tengan una finalidad eminentemente retributiva, es decir, que no se impongan en razón del desdén que el encartado exhiba hacia el cumplimiento de la norma, sino que comprometan específicamente la función administrativa.
XII. Por lo mencionado hasta aquí, resulta evidente que existen notables diferencias con el campo punitivo, donde las condiciones personales son decisivas para determinar la responsabilidad sancionatoria. Bajo la perspectiva adecuada, el éxito de la regulación administrativa sancionatoria depende en gran medida de evitar la introspección en las cuestiones personales y profundizar en métodos estandarizados de responsabilidad. Desde el punto de vista institucional, esta situación contribuye a la eficacia del sistema y al ahorro de recursos en la determinación de la responsabilidad sancionatoria administrativa. Es importante destacar que se espera del obligado que, al conocer los elementos de riesgo que encierra el ejercicio de su actividad, evite cualquier previsible daño.
XIII. En el caso bajo examen advierto que el ente aduanero no refuta que la mercadería objeto de la comprobación de destino se encontraba en el lugar inspeccionado al día siguiente de la primera fiscalización. Esta situación no obliga a realizar una introspección profunda respecto de si la primera vez que se intentó hacer la verificación, la mercadería se encontraba en el lugar. Solamente es de rigor utilizar el sentido común y colegir que por la magnitud de volúmenes involucrados hubiera sido imposible sin un conocimiento de las autoridades administrativas.
Por otra parte, con respecto a la documentación respaldatoria de la operación de importación temporaria, luego de llevar a cabo un análisis concienzudo de las actuaciones administrativas, resulta particularmente difícil considerar que, al momento de concretarse la primera visita, el 11 de junio de 2008, el importador no contara con ella; es decir, que la documentación no se encontrara disponible o “faltara”. En efecto, en esta primera ocasión, los funcionarios aduaneros fueron atendidos por un empleado de la importadora que, por sus competencias particulares (contador de la empresa), no disponía de la información suficiente como para estar en condiciones de identificar la mercadería en cuestión o de buscar y encontrar la documentación correspondiente. Nuevamente, no se trataba de que la documentación no estuviera disponible o faltara, sino de que la persona que se encontraba en ese momento en la empresa, por razones lógicas vinculadas con su función en la empresa, no podía saber dónde encontrarla. Esta situación se vería finalmente subsanada, en primer lugar, al día siguiente (12 de junio de 2008), cuando la apoderada de la importadora no solo terminaría por mostrar la ubicación de la mercadería, sino que también presentaría una copia de las destinaciones de importación temporaria y de las planillas de stock pertinentes. En segundo lugar, a los 6 días de esta segunda visita, se presentaría, de conformidad con lo solicitado oportunamente por el servicio aduanero mediante el Acta del 12 de junio, copia de los certificados de tipificación temporaria y los permisos de embarque mediante los cuales se habría cancelado parcialmente la destinación 07042IT13000057F.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución Fallo Nº 143/2012 (AD PASO) dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Paso de los Libres del 22 de marzo de 2012 y, por ende, dejar sin efecto el pago de la suma igual a $ 21.272,48, en concepto de multa, por la comisión de la infracción estipulada por el art. 972 del C.A.
2. Con costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución Fallo Nº 143/2012 (AD PASO) dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Paso de los Libres del 22 de marzo de 2012 y, por ende, dejar sin efecto el pago de la suma igual a $ 21.272,48, en concepto de multa, por la comisión de la infracción estipulada por el art. 972 del C.A.
2. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.09.28 12:20:25 ART Date: 2023.09.28 13:11:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.28 18:38:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.09.28 18:38:53 -03:00
Fin de la sentencia