Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 36.319-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 255/2015, dictada por el Administrador de la Aduana de Tucumán en el sumario N° SA74-002/2009.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-39044896-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 17 de Abril de 2024 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel N. Licht, Horacio J. Segura, y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “Papelera Tucumán S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 36.319-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. El ente aduanero condenó a la firma Papelera Tucumán S.A y al despachante de aduana en forma solidaria con una multa por infracción al artículo 954 inc. b) y c) del CA. En el caso examinado se le imputó a la firma demandante una diferencia de mercadería entre lo declarado y lo realmente ingresado. Añadiéndose que tal diferencia podría haber producido un egreso hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere.
II. A fs. 12/21 se presenta la firma Papelera Tucumán S.A. y, a través de apoderada, interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 255/2015, dictada por el Administrador de la Aduana de Tucumán en el sumario N° SA74-002/2009. Luego de efectuar una breve reseña de los hechos, sostiene que la condena impuesta carece de causa suficiente. En apoyo de su tesitura hace énfasis en la inexistencia de perjuicio fiscal. Ello así, habida cuenta de que la diferencia detectada es ínfima y no tiene entidad suficiente para entorpecer el cumplimiento de la actividad de control. Agrega que la diferencia obedece a la propia naturaleza de la mercadería objeto de la operación aduanera. Se agravia por cuanto el servicio aduanero concluye que el solo hecho de no coincidir la mercadería descripta con la comprobada es motivo suficiente para considerar configurada la infracción, sin examinar si la conducta imputada cumple con el requisito de lesividad o antijuricidad. Analiza la figura infraccional contenida en el art. 954 del CA y entiende que sus presupuestos no se dan en su totalidad en el caso de marras, resaltando nuevamente la falta de perjuicio fiscal. Aduce que la responsabilidad endilgada debe ser excluida si las pruebas arrojan que el hecho debe ser atribuido a otros sujetos que intervienen en las operaciones previas a la solicitud de destinación. Concluye su alocución poniendo de resalto que deben aplicarse al sub examine los principios de culpabilidad y personalidad de la pena. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso de apelación, con costas.
III. De su lado, en su responde a fs. 30/34, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de la apelación planteada por la actora. Luego de efectuar una negativa genérica, realza que la cantidad declarada en las declaraciones se corresponde con la cantidad que figura en la factura, pero no así con la cantidad efectivamente ingresada al país e inmediatamente retirada a plaza. Trae a colación que el sistema aduanero se basa en la veracidad y exactitud de las declaraciones sobre la naturaleza, calidad y propiedades de las mercaderías objeto de las destinaciones presentadas ante el servicio aduanero, siendo por ello necesario que los operadores del comercio exterior presenten ante la aduana todos los elementos necesarios para que esta pueda efectuar el debido control. Puntualiza que esto último debe presentarse oportunamente y no en un momento determinado por el propio exportador. Deja sentado, asimismo, el carácter objetivo de la infracción atribuida. Desde su punto de vista, parece perfectamente claro que una declaración que difiere de la comprobación pone en evidencia el potencial perjuicio en orden un egreso hacia el exterior de un importe pagado distinto al que efectivamente correspondía. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia confirmando el decisorio por su parte, con costas.
IV. El caso traído a examen es recurrente y revelador de las profundas diferencias que existen en el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa y la potestad sancionadora penal. Es que, en efecto, la defensa de la firma importadora es susceptible de ser esgrimida ante cualquier clase de faltante. Bastaría decir que la situación es responsabilidad de un tercero por el que no debe responder para maniatar cualquier tipo de respuesta efectiva del servicio aduanero. Vamos a recordar una vez más en esta causa que el ente fiscal no tiene posibilidad operativa alguna de probar que la discordancia entre lo declarado y la realidad tiene su razón dirimente en una acción personalísima del encartado. Es por ello justamente que el derecho administrativo sancionador aparece en lugar del derecho penal. A causa de su irrupción en el escenario jurídico es que se produce un adelantamiento de las respuestas estatales contra los actos que tienen la potencialidad de poner en peligro bienes de incidencia colectiva.
V. En ese orden de ideas, permitidme traer a colación un caso emblemático que llegó a conocimiento de la Corte Europea de Derechos Humanos. En el caso se examinó la responsabilidad de un ciudadano que fue condenado a una pena de prisión por encontrárselo responsable de ingresar mercadería prohibida al territorio de la República de Francia. Antes de continuar, conviene saber que la justicia nacional había considerado que no estaba probado el conocimiento del encartado del contenido de la mercadería ingresada al territorio aduanero. Más aún, se había contemplado la posibilidad de que el responsable pudiera haber confundido respecto de la propiedad de la mercadería que intentó ingresar. En razón de esa situación se absolvió al imputado por aplicación del beneficio de la duda. Adviértase que, en sentido contrario, se lo consideró responsable del ilícito de contrabando de mercancías prohibidas. Ello así, con fundamento en una presunción de culpabilidad prevista en la ordenanza aduanera del país nacional. Es que, conforme la legislación aduanera del país demandando, toda persona que posea mercancías que haya introducido en Francia sin una declaración en aduana se presume legalmente responsable a menos que justifique un hecho específico de fuerza mayor que lo exonere, fuerza mayor que solo puede resultar de un acontecimiento independiente de la voluntad humana y que esta voluntad no podía prever ni conjurar.
VI. Es sumo interés, entonces, poner de resalto que el condenado basó sus agravios en la violación del principio de culpabilidad en las disposiciones de la convención humanitaria. En ese estado de cosas, cabe hacer notar que la legislación aduanera del país demandado tiene las mismas particularidades que la legislación argentina. Es que, en efecto, los ilícitos aduaneros se dividen en infracciones administrativas y delitos. En relación a los primeros, ejemplifica la Corte que los Estados contratantes siguen siendo libres, en principio, de imponer sanciones por un acto realizado fuera del ejercicio normal de uno de los derechos protegidos por el Convenio y, por tanto, definir los elementos constitutivos de tal ilícito. En particular, podrán, siempre en principio y bajo ciertas condiciones, hacer sancionable un hecho material u objetivo considerado en sí mismo, proceda o no de dolo o negligencia[1]. En cambio, dice la Corte, que en la idea de responsabilidad penal subyace la noción de culpa. Bajo esa égida, se advierte, no está prohibido el uso de presunciones, pero en la específica materia penal obliga a no exceder un cierto umbral.
VII. Aquí resulta conveniente detenerse y hacer una digresión respecto de que en materia punitiva un sistema de presunciones podría privar al operador jurídico de un verdadero poder de apreciación y vaciar de sustancia la presunción de inocencia. De donde se sigue, en las palabras de la Corte de Estrasburgo, que las presunciones de hecho o de derecho que se encuentran en las leyes represivas deben confinarse dentro de límites razonables teniendo en cuenta la gravedad del problema y preservando los derechos de la defensa.
VIII. En los términos que anteceden, bien debo advertir que la presunción de inocencia en el campo administrativo sancionatorio tiene un sentido propio que no se confunde con el forjado en las huestes penales. Aquí vale la pena concebir un paréntesis sobre el contenido de la presunción de inocencia en el marco de la teoría del delito. Es necesario aclarar que la presunción de inocencia en materia penal requiere probar la culpabilidad del imputado. Sin embargo, en coincidencia con la Corte Europea, debo advertir una vez más que la responsabilidad en materia administrativa sancionatoria no está condicionada a la prueba de culpabilidad. Esta brevísima comparación basta para comprender como juega la presunción de inocencia en un ámbito y el otro.
IX. En esa inteligencia, cabe señalar que, en materia penal, la presunción de inocencia tiene relación intrínseca con el principio de responsabilidad de acto. Es que, en efecto, la potestad penal sólo se permite castigar a la persona por lo que hace, y no por lo que es. Es elocuente que la responsabilidad derivada de la comisión de delitos es subjetiva, habida cuenta de que no hay acto sin voluntad. Y más aún, la pena solamente resulta razonable si tomaba en cuenta el grado de culpabilidad. Al contrario, la presunción de inocencia en materia administrativa sancionatoria no tiene relación con la responsabilidad penal del acto. El nexo tiene relación con el principio de inviolabilidad de la propiedad. Nadie puede ser desapoderado de un estado jurídico sino mediando una declaración de responsabilidad y luego de sustanciado un procedimiento en el que se acredito la materialidad del hecho que habilita al dictado del acto. Lo que más resalta en el contraste es que el órgano competente en materia penal tiene que probar el hecho y el factor subjetivo de atribución. En cambio, el órgano decisor en materia administrativa debe probar los antecedes de hecho que condicionan la posibilidad del dictado del acto.
X. Precisamente, con esto llegamos a la segunda de las cuestiones a tratar. Cabe indagar aquí a quien incumbe la carga de la prueba para producir la declaración de responsabilidad. De las circunstancias narradas previamente, ninguna duda puede precaver que, en materia penal, la carga de demostrar la culpabilidad de la persona recae en el Estado. La potestad punitiva solamente puede verse realizada si el órgano penal competente prueba que la persona es responsable de un delito, produjo el daño, o participó en la comisión del mismo. En materia administrativa, comienzo por advertir que no debe confundirse la presunción de legitimidad de los actos administrativos con la necesidad que tiene el órgano decisor de probar los hechos que preceden al dictado del acto. Atengámonos ahora a considerar que la presunción de legitimidad tiene el mismo efecto con la decisión judicial. Podemos percatarnos que la sentencia judicial y el acto administrativo tienen entidad jurídica para modificar el statu quo del destinatario. Pero hecho esta salvedad, el órgano administrativo no está eximido de probar el antecedente de hecho, más ello no significa que la reconstrucción de la plataforma fáctica debe hacerse por elementos directos.
XI. En tales condiciones, ahora podemos volver presurosos a señalar que no puede descartarse una declaración de responsabilidad en base a prueba indiciaria. Precisemos antes de proseguir. Primeramente, es factible una condena en base a prueba indiciaria. Dentro de este orden de ideas, la cuestión en sí misma es si el razonamiento elucubrado en base a prueba indiciaria cumple con la exigencia de una adecuada y racional motivación. Visto de esta forma, es necesario recalcar que la decisión será razonable si tiene su punto de origen en hechos plenamente probados; que los hechos constitutivos del ilícito se deduzcan de los primeros, a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano y, si los hechos probados permiten diversas conclusiones o interpretaciones, que la sentencia explique las razones de su elección. No cabe ninguna duda de que, frente a indicios abiertos, débiles y equívocos, no puede sostenerse el sustento del acto. Ya he dicho que siempre se requerirá de la existencia de indicios fuertes y concatenados que permitan la acreditación de la responsabilidad. Permitidme ahora que insista en que no basta con referenciar que la conclusión hace al sentido común. Repito que el razonamiento debe estar debidamente argumentado. No hay que olvidar que la decisión jurídica no es mera subsunción sino una actividad argumentativa y persuasiva. Conste, pues, que la valoración de la prueba indiciaria depende de la riqueza discursiva del operador jurídico en la que se aprecie la contemplación de todos los elementos en su conjunto.
XII. En consecuencia, digamos brevemente que los indicios son fuente de conocimiento cuando no sea posible alcanzar conclusiones alternativas que gocen de un mismo grado de probabilidad y la conclusión del razonamiento no entre en contradicción con otros hechos declarados probados. Para simplificar podríamos decir que los indicios deben responder a las reglas de la lógica y de la experiencia. Sintetizando, pues, diré para terminar que dentro del esquema de los principios de libre valoración probatoria y la sana critica, asiste al operador jurídico un amplio margen para la construcción de una teoría que explique la existencia del ilícito y la participación del imputado en el mismo. Permitdme ahora que insista en que el razonamiento probatorio indirecto, en su dimensión probatoria, exige que la conclusión sea adecuada. Recordemos que el órgano jurisdiccional debe explicitar el razonamiento a través del cual ha llegado a la convicción de la existencia del hecho ilícito. Lo que resalta desde luego es que no se puede establecer la responsabilidad si es que no se ha señalado debidamente y con total objetividad el procedimiento para su aplicación.
XIII. En ese estado de cosas, ahondemos todavía un poco más y convengamos que, si bien es el órgano sentenciante el que debe probar el ilícito de manera suficiente y racional, entre tanto podemos aclarar que también puede incumbir al acusado la demostración de su inocencia. Habría que decir también que incumbe al acusado la carga de romper algunos nexos que pueden presentarse concatenados entre sí. Sirva esta ilustración para comprender que siempre incumbe al acusado desplegar la concurrencia de causales eximentes cuando los hechos encuadran en la figura sancionatoria.
XIV. Al respecto, me urge hacer notar lo poco que dijo el recurrente en su presentación inicial para descalificar el acto administrativo sancionatorio. Es que, si en una operación de importación se presentara una diferencia como la detectada, de ordinario, la empresa importadora debería haber efectuado una nota de débito para registrar en su contabilidad la cantidad efectivamente ingresada y, posteriormente, debería haber realizado la transferencia bancaria. Mas está claro que ese extremo siquiera fue probado por la recurrente. Bien pareciera, por todo lo anterior, que le adjudicó la responsabilidad al transportista en su carácter de sujeto que intervino en la operación previa a la solicitud de destinación.
XV. Con esto en mente, debe distinguirse la acreditación del hecho por indicios consecuentes entre sí, respecto de aquellos supuestos en que existen conclusiones alternativas entre sí. Con lo que llevo dicho hasta aquí, me parece claro que la duda es aplicable únicamente cuando no puede resolverse en contra del imputado en razones objetivas. En resumidas cuentas, no pueden confundirse los indicios con las sospechas. Para sustentar una decisión condenatoria debemos contar con indicios probados y no con meras “probabilidades” de que el hecho haya ocurrido. El órgano nunca puede motivar la decisión en su simple y puro convencimiento subjetivo. Es menester una adecuada motivación acerca de la concurrencia de los indicios y su “relevancia probatoria”. Además, es necesario un enlace lógico y racional como también que exista una pluralidad de indicios. En esa lógica, la exigencia de la motivación respecto a la concurrencia de indicios y su consecuencia es más fuerte y debe ser más precisa que en los casos de prueba directa. Se trata, al fin y al cabo, de partir de la constatación de unos hechos mediatos para concluir otros inmediatos, habida cuenta de que el proceso deductivo que debe llevarse a cabo ha de quedar plasmado en toda su extensión, permitiendo así un control de la racionalidad del hilo discursivo mediante el que el órgano jurisdiccional afirma su inferencia.
XVI. A propósito de lo anterior, más arriba hice referencia a la naturaleza de los bienes protegidos por el derecho administrativo sancionador. Dije previamente que se trataba de bienes de naturaleza colectiva. Se ha de proteger, entonces, bienes que son de interés general, eventualmente, indivisible o destinado a ser distribuidos proporcionalmente entre las personas. Ha de contemplarse, entonces, las diferencias estructurales entre la sociedad del presente y la de los tiempos de la ilustración. Las demandas sociales obligan adelantar la intervención estatal antes de la consumación de los daños que, por sus características, son masivos y pueden ser inconmensurables. Desconocer esa situación implicaría forjar un derecho administrativo sancionador carente de respuestas para afrontar los retos que plantea la coyuntura.
XVII. Es de rigor recordar que el constituyente de 1994 instituyó nuevos derechos y mecanismos de protección de los mismos. Concedió una importancia cardinal a los derechos de incidencia colectiva. Es por ello que, de alguna manera, puede postularse que la Constitución de 1994 lleva implícita el reconocimiento a la potestad sancionadora administrativa, ya que resulta impensada la protección eficiente de esos bienes mediante las técnicas propias del derecho penal liberal. La defensa de esos bienes, no tengo duda alguna, constituye un objeto de principio para el Estado de derecho en Argentina.
XVIII. Al respecto, vengo insistiendo hasta el cansancio que la sanción administrativa debe tener una naturaleza diferente de la sanción penal. Permitidme que enfatice nuevamente que se trata de un problema de comprensión del sentido de la justicia y del rol que se asigna al individuo en el sistema jurídico. Sucede que, en definitiva, el derecho administrativo sancionador es tan distinto del derecho penal, que ninguna duda podía precaver de que se trata de sistemas jurídicos distintos, cada cual gira en su propia órbita. Ahondando en la cuestión, advierto que si tomáramos de nuestras bibliotecas cualquier libro dedicado a la temática convocante notaríamos la enorme coincidente en cuanto al tratamiento y estructuración normativa de los regímenes administrativos sancionadores y las razones coincidentes de su desarrollo con la irrupción de la sociedad de riesgo. Encuentro como ejemplo significativo que, si se aplicase rigurosamente las construcciones propias de la teoría del delito, sólo resultaría imputable la responsabilidad de una conducta a una persona, cuando ella haya tenido la capacidad de decidir respecto de la misma, capacidad de la cual carecen las personas jurídicas. Sin embargo, puede describirse sin mayores esfuerzos la innumerable cantidad de situaciones en donde la responsabilidad sancionatoria administrativa se asienta sobre supuestos que prescinden del examen de un factor subjetivo de atribución.
XIX. De allí afirmo que, para considerar la configuración de la infracción y la existencia de que la declaración es inexacta, no debe avistarse un atisbo de culpabilidad. Así, llegamos al núcleo de la cuestión, al comprender que el derecho administrativo sancionador resulta necesario para proteger debidamente al interés general. Precisamente, tal como lo dije, en una sociedad de riesgo, las acciones sociales gravemente desviadas no pueden ser siempre ponderadas bajo los lineamientos punitivos. Iluminemos lo que venimos diciendo, a poco que pretenda proyectarse las reglas de la responsabilidad personal e individual al ámbito corporativo. He aquí un ejemplo espléndido de la comentada imposibilidad, habida cuenta de que la realización de hechos ilícitos en el seno de las empresas puede en muchos casos corresponder a políticas que se desarrollan a través de períodos largos de tiempo. Podemos imaginar que los empleados de estas grandes corporaciones suelen renovarse e inclusive participan de procesos aislados de la compañía que, no obstante, todo esto, se encuentra globalmente incursa en una actividad contraria a las normas aplicables. Todo lo expuesto, parece confirmar que la irrupción de la sociedad de riesgo introdujo cambios significativos en el sentido y alcance de las competencias administrativas y, particularmente, en relación a la competencia sancionadora administrativa. Por ello, quisiera insistir en que una teoría de la interpretación constitucional no puede desentender la naturaleza de la razón. Escojamos un ejemplo entre mil y, contemplemos que, si la norma constitucional reconoce el derecho de asociación y ejercer industria lícita, va de suyo que, también, a su amparo puede colegirse que exista un derecho sancionador que no se edifique en derredor de la acción humana. Creo que aquí se ve bastante bien cómo los estándares constitucionales penales propios de la ilustración son incompatibles con el desarrollo humano.
XX. Desde esa perspectiva, una vez más corresponde decir que las facultades sancionadoras en cabeza de autoridades administrativas solamente adquieren viabilidad si se las reconoce como un fenómeno nuevo y autónomo respecto de los postulados punitivos. Por esa razón, hice notar que, hijo predilecto de la sociedad de riesgo, el derecho administrativo sancionador no reemplaza al derecho penal, sino que viene a desarrollar una situación urgida por la coyuntura y que no fue prevista expresamente en el texto constitucional. Redondease así la noción, adviértase que, no en vano, la Suprema Corte de Estados Unidos ha “expresado una mayor tolerancia de las leyes con sanciones civiles en lugar de penales porque las consecuencias de la imprecisión son cualitativamente menos graves” en el contexto civil que en el penal[2].
XXI. En tales condiciones, cabe advertir que numerosos principios fundamentan la protección de los bienes de incidencia colectiva y la implementación de un sistema sancionador que desarrolle sus propios hitos al margen de las construcciones propias de la teoría del delito. Ante todo, cabe recordar que no existe regulación justa que pueda marginarse del principio de eficacia. Es irrefutable que la regulación debe estar en condiciones de introducir modificaciones al ambiente sobre el que pretende incidir. Lo que acabo de afirmar nos lleva a sostener que impedir un sistema de responsabilidad administrativa, sentado sobre construcciones propias, condicionado a los postulados punitivos, esterilizaría los esfuerzos estatales en pos de proteger esos bienes que son fundamentales para el desarrollo humano. Evidentemente muchas situaciones que deben ser prevenidas y castigadas quedarían huérfanas de protección eficiente. Particularmente en la materia aduanera y en los ilícitos de contenido económico, la sociedad no puede darse el permiso de actuar una vez consumado el daño. Es una experiencia común la necesidad de activar mecanismos preventivos y desechar los simplemente reparatorios del daño. Ya aprendimos que si la potestad sancionadora administrativa quiere ser una herramienta de realización de justicia distributiva debe incorporar una mirada responsiva adaptada a la distribución de riesgos en el marco de la sociedad del siglo XXI[3].
XXII. En prieta síntesis, el régimen sancionatorio administrativo súplica un diseño y aplicación caracterizado por la responsividad[4]. Por esto, vale decir que el sentido responsivo de la regulación trata de privilegiar el enfoque preventivo al tiempo que ponía en segundo plano a la finalidad correctiva. Sobre la base de la consideración precedente, corresponde advertir que la idea subyacente en la regulación administrativa radica en disponer una serie de medidas subsidiarias que iban escalando conforme se mantenga el incumplimiento.
XXIII. Como se advierte, la distribución de la actividad jurídica entre los principales órganos de gobierno dista notablemente de la teoría constitucional en tiempos de la ilustración. También han cambiado los medios instrumentados para la preservación de la dignidad humana. El ejemplo más agudo ha sido el cambio del Estado liberal de derecho fundado, entre otros, en el postulado laissez faire-laissez passer, a otro que asume una función activa y protagónica. Ya he dicho en todos los tonos que existe un aumento notable de las intervenciones regulatorias y, consecuentemente, de los poderes sancionatorios administrativos. Conste pues, que el reconocimiento de la competencia sancionadora administrativa implica la admisión de funciones separadas entre la represión de índole administrativa y la penal que corresponde a la rama judicial. La última se reserva para situaciones específicas, propias de los bienes jurídicos que tutelaba el Estado liberal de derecho. En otro andarivel, la función administrativa se encarga de la custodia del complejo entramado de relaciones sociales en las que la autoridad administrativa participa de la distribución de bienes de interés general. Como normativa constitucional que soporta el derecho administrativo sancionador, pueden mencionarse:
(i) El artículo 75 inciso 32., al establecer que es atribución del Congreso hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina.
(ii) El artículo 75 inciso 18, al disponer que es resorte del Congreso proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.
(iii) El artículo 75 inciso 18, en cuanto habilita al Congreso a proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.
(iv) El Artículo 42, en cuanto consagra el derecho humano de los consumidores y usuarios de bienes y servicios a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. También al disponerse que las autoridades proveerán a su protección de esos derechos, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y al encomendar que la legislación establezca procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, como los marcos regulatorios de los servicios públicos.
XXIV. Conforme lo señalado, puede colegirse que la potestad sancionatoria administrativa no es una especie de género de la potestad sancionatoria en general. No existe tal tronco común porque el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa se realiza en el marco de la función administrativa y la potestad sancionadora penal es propia de la función judicial. Las distinciones entre una y otra radican, en esencia, en que una debe conformarse a los principios derivados de la justicia distributiva y la otra es un producto de la justicia general. Una propende a reasegurar la distribución de los bienes comunitarios y la otra al mantenimiento del orden social con fines principalmente retributivos. En efecto, no ocurre lo mismo con la potestad sancionatoria administrativa. Mediante ella se busca la tutela de la función administrativa. Ya se ha advertido que la potestad sancionadora de la administración es un medio necesario para alcanzar la eficacia en el ejercicio de la función. Bajo esta perspectiva, la facultad sancionadora de la administración pública se distingue porque se realiza en el marco de la función administrativa. Entonces, por simplicidad puede afirmarse que la sanción administrativa es impuesto a las personas que incumplen obligaciones contraídas previamente con la autoridad administrativa. En sintonía, debe ponderase que la potestad no se ejerce tanto para reprimir como para prevenir riesgos colectivos. Así, por ejemplo, las facultades administrativas relativas, por ejemplo, a la organización de los servicios públicos como el transporte público, la comercialización de alimentos, a la preservación del medio ambiente, al régimen de cambios internacionales.
XXV. De esta suerte se vislumbra como las reglas del debido proceso no son comparables con las preexistentes en el ordenamiento penal. Admitamos que la regulación debe corresponderse con los fines específicos. Notemos, en ese sentido, que la reglamentación debe ser adecuada a esos fines administrativos y la dispensa de todo trato debe ser estrictamente necesario a su consecución. Además, los sacrificios deben ser ponderados en razón de su utilización y sin descuidar que ninguna incidencia pueda deparar en una desnaturalización del derecho reglamentado. De esta manera, las garantías del debido proceso son específicas a las formas administrativas sancionadoras. Por ello, la actuación administrativa requerida para la aplicación de sanciones, en ejercicio de la potestad sancionadora de la administración no está subordinada a las reglas del debido proceso que deben observarse en la aplicación de sanciones por la comisión de ilícitos penales. Convengamos en que, de aplicar la misma rigurosidad que en el ámbito penal, se desnaturalizaría el sentido del sistema sancionador administrativo.
XXVI. En conclusión, cuando se trata de la presunción de inocencia, no es elemento ineludible y necesario que la imputación de responsabilidad tuviere lugar sobre la base de la responsabilidad subjetiva. Creo haber mostrado con suficiencia que la norma sancionatoria administrativa puede prever hechos sancionables objetivamente, esto es, únicamente por la verificación de que la conducta del sujeto encaje materialmente en los presupuestos normativos, sin que se tenga en cuenta la culpabilidad. En el derecho sancionador de la administración, el elemento de la culpabilidad no resulta aplicable como criterio general. Lo que resalta en este contraste es que las sanciones administrativas no pueden ser consideradas desde su legitimidad constitucional sin atender a que se trata de uno de los instrumentos dirigidos a obtener el cumplimiento de la regulación.
Esta sencilla observación nos indica que no puede desatenderse que la regulación administrativa tiene un eminente propósito de neutralización o disminución de riesgos sociales. Es que, en definitiva, la potestad sancionadora forma parte del haz de atribuciones que tiene la autoridad administrativa para ejecutar y aplicar la ley. De estas circunstancias nace el hecho de que el derecho administrativo sancionador no puede ser disociado de su función de realizador de la justicia distributiva y del esfuerzo legislativo para concitar el cumplimiento efectivo de la ley. Tenemos en consecuencia que el cumplimiento de la regla de derecho no depende necesariamente de la subjetividad del responsable de cumplimiento de la norma.
También es necesario que el legislador inste a los responsables para que dispongan de todas las herramientas y estrategias que sean menester para cumplir la normativa. Aclaremos este punto en concretándonos en que, si el encausamiento de la conducta de los obligados por las normas administrativas dependiese de la comprobación subjetiva de las faltas, en su enorme mayoría los incumplimientos quedarían sin respuesta estatal. En otras palabras y para decirlo en romance llano, de que serviría una infracción de tránsito, si la multa se impusiere luego de sustanciado un procedimiento administrativo tan extenso como el proceso penal. Para que mejor se entienda, cuantos delitos penales se cometen a diario en comparación con infracciones administrativas.
Estos ejemplos pueden explicar que, desde una perspectiva funcional, un régimen sancionatorio administrativo debe inducir al cumplimiento de los mandatos prescindiendo de factores subjetivos de atribución y recurriendo a la utilización de presunciones para facilitar la acreditación de los hechos.
XXVII. Se observa, en efecto, que, si el condicionamiento por antonomasia para la aplicación de la sanción es el incumplimiento objetivo de la norma, ninguna objeción puede deparar que el hecho condicionante se reconstruya mediante prueba indirecta. Todo lo dicho hasta ahora explica porque una vez que el ente competente prueba el incumplimiento, la carga del responsable es romper con el nexo lógico que derivan de los indicios acreditados. Nótese que el encartado para eximirse de responsabilidad no deberá demostrar de manera específica la ausencia de culpa. Aquí debo repetir que el sumariado debe probar que no existe el incumplimiento del mandato administrativo o bien que la imposición carece de absoluta razonabilidad. Esto así porque ninguna persona en tiempo y lugar alguno puede cumplir con la exigencia impuesta por la norma. Echemos una mirada alrededor y daremos sincera cuenta que las formas de responsabilidad en el derecho administrativo sancionador son objetivas. Véase como proceden nuestros entes administrativos respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Veámoslo más de cerca y comprobemos si puede excusarse la responsabilidad tributaria porque el asesor contable hizo mal su trabajo. Claro está que encartado ha de rodeársele de todas las garantías constitucionales del derecho de defensa, más no podrá excusarse la responsabilidad so pretexto que el asesor contable no entrego en debida forma la documentación fiscal requerida.
XXVIII. En consecuencia, no es extraño, pues, que, las presunciones legales puedan servir de sustento para acreditar el incumplimiento de una obligación. Mirándolo así, una presunción sirve para admitir una situación que ordinariamente sucede cuando concurren determinados hechos. A esto me interesó llegar porque su uso es intrínsecamente necesario para facilitar la determinación de responsabilidad y evitarse el incremento de los costos en el procedimiento administrativo sancionador. Nadie ignora que las presunciones relevan a una de las partes de la carga de probar el hecho presumido. Verdad es que la ley que establece la presunción al beneficiar a una de las partes termina por afectar a la otra parte ya que resulta obligada a demostrar la inexistencia del hecho presumido de manera directa o desvirtuando el hecho antecedente. Hay que entender además que las presunciones legales no vulneran el debido proceso ni la presunción de inocencia. La persona tiene derecho a mantener un statu quo hasta que no se verifique el supuesto de hecho que habilita a incidir sobre él y modificarlo. Cierto es que no hay derecho humano a que el hecho condicionante sea corroborado por prueba directa. Es suficiente que la presunción responda a las leyes de la lógica y de la experiencia, que persiga un fin constitucionalmente valioso, y que sea útil, necesaria y estrictamente proporcionada para alcanzar el mencionado fin.
XXIX. Finiquitemos, entonces que es razonable que el legislador se muestre de acuerdo a la existencia empírica de situaciones que ordinariamente suceden de una determinada manera y las eleve por razones de equidad al nivel de presunciones. De lo anterior se desprende que las presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material que existe entre las partes respecto del acceso a la prueba y a proteger la parte que se encuentra en situación de indefensión material. No discuto que el legislador no puede establecer presunciones que no obedezcan a las leyes de la lógica o de la experiencia, o que no persigan un fin constitucionalmente valioso. Habría que decir también que las presunciones no son un juicio anticipado con el cual se desconoce la presunción de inocencia. En rigor es simplemente una técnica jurídica utilizada ante el riesgo de que la dificultad de la prueba pueda significar la pérdida de bienes jurídicos de importancia para la sociedad. Nada de lo aquí expuesto significa una negación de la presunción de inocencia, pero sí constituye una disminución de la actividad probatoria exigida al Estado, pues ante la evidencia del incumplimiento, es razonable que el encartado presente elementos de descargo que lo desliguen de responsabilidad.
XXX. Sin embargo, también es de conciencia enfatizar que el principio de presunción de inocencia impide iniciar un procedimiento partiendo de la idea preconcebida de que el acusado ha cometido el ilícito imputado. En efecto, cualquier duda debe beneficiar al imputado. Dije más arriba que la carga de la prueba recae en la acusación y cualquier duda será favorable para el acusado. Aquí debo repetir que debe brindársele al encartado la posibilidad efectiva de preparar y presentar su defensa – y proporcionar pruebas suficientes para fundar una declaración de responsabilidad. No puedo dispensarme aquí de hacer una observación. Nótese que la presunción de inocencia no se viola si el acusado debe destruir la presunción legal. Así, los criterios utilizados para determinar la responsabilidad sancionatoria administrativa y la responsabilidad penal no resultan idénticos, y en ambos casos no se aplicaban los mismos requisitos probatorios. Sobre todo, el procedimiento administrativo sancionador no suele incluir ningún juicio sobre la culpabilidad del acusado.
XXXI. Por todo lo anterior, no ha de censurarse el establecimiento de presunciones legales y la inversión de la carga de la prueba en el derecho administrativo sancionador, las cuales en principio no comprometen el debido proceso y particularmente el principio de presunción de inocencia, en la medida que se ajusten a las exigencias constitucionales que se han plasmado. Mirándolo así, el ente competente no se releva de la carga de probar los indicios que permiten colegir el resultado. Me explicaré nuevamente. En cabeza del presunto infractor se pone la carga de romper el nexo lógico entre los indicios probados por la autoridad administrativa. Asimismo, según se explicara, la potestad sancionadora administrativa puede hacerse extensiva sin atender a elementos de la culpa y el dolo. A causa de esa situación es congruente que en el derecho administrativo sancionador se acepte la utilización de presunciones. Distinto es cuando la figura sancionatoria requiere la comprobación sobre una base de apreciación subjetiva. En ese caso, como en el derecho penal, no puede tolerarse la aplicación de presunciones ni so pretexto de una aplicación atenuada.
XXXII. En ese orden de ideas, nótese que la presunción de dolo o culpa es un absurdo jurídico. Concretamente, el valor de las presunciones está en la posibilidad de inferir un hecho a partir de la comprobación de otro. Sin embargo, no se puede derivar una voluntad a causa de la comprobación de un hecho. Es por esa razón que debe tomarse con mucho cuidado la doctrina establecida por la Corte Suprema en la causa “Mazza, Generoso y Mazza, Alberto s/recurso de apelación”, donde se señaló que la presunción de incremento patrimonial injustificado, si bien tenía entidad suficiente para fundar una determinación impositiva, no podía hacer extensivo sus efectos al campo del hecho ilícito tributario y sin el necesario sustento de otros elementos de prueba que permitiesen acreditar la existencia de una actividad dolosa, tendiente a defraudar los intereses del Fisco. Expresó, asimismo -transcribiendo los fundamentos de ese fallo- que la improcedencia de extender al campo de la responsabilidad penal tributaria el sistema de presunciones que la ley establece con el objeto de determinar la existencia y medida de la obligación tributaria, se ajusta al principio de legalidad (arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional).
XXXIII. En las condiciones manifestadas, estaríamos tergiversando el sentido del fallo si se coligiera que el acto administrativo sancionador no puede tener sustento en la comprobación de indicios. También equivocaríamos el camino si apresuradamente se dijese que cuando se determina el impuesto sobre una base presunta es inaplicable la aplicación de una sanción por imputación de una conducta dolosa. Simplemente lo que está expresando la sentencia tantas veces citada, como también mal comprendida, es que no es suficiente la conclusión tributaria para hacerla extensiva al campo sancionador. Veámoslo más de cerca y contemplemos que la prueba indiciaria siquiera está vedada en materia penal. Es verdad que el actual Código Procesal Penal de la Nación nada dice sobre la prueba indiciaria.
Así, la ley ritual 23.984 enumera los medios de prueba a partir del Título 3 (desde los arts. 216 a 278), y en dicha estructura legislativa no la ha regulado de forma expresa. En cambio, sí lo contemplaba el antiguo Código de Procedimientos en lo Criminal, el cual en el Título XV (De las presunciones o indicios) y en su art. 357 expresamente disponía que “...Las presunciones o indicios en el juicio criminal, son las circunstancias y antecedentes, que, teniendo relación con el delito, pueden razonablemente fundar una opinión sobre la existencia de hechos determinados...”. Posteriormente –art. 358– asignaba como condiciones de existencia para una plena prueba de las presunciones o indicios que 1) el cuerpo del delito conste por medio de pruebas directas o inmediatas; 2) sean varios, reuniendo, cuando menos, el carácter de anteriores al hecho y concomitantes con el mismo; 3) se relacionen con el hecho primordial que debe servir de punto de partida para la conclusión que se busca; 4) sean inequívocos y no puedan conducir a conclusiones diversas; 5) sean directos y conduzcan lógica y naturalmente al hecho; 6) sean concordantes los unos con los otros, teniendo íntima conexión, relacionándose sin esfuerzo desde el punto de partida al fin buscado y, finalmente, 7) se funden en hechos probados y reales y no en otras presunciones.
Ya se entiende, pues que no existe razón alguna para su no aplicación. Desde luego, y sin ir más lejos, no debe dudarse de que, por imperio del principio de la libertad de la prueba, los medios no pueden interpretarse como un catálogo cerrado. Adviértase, en efecto, que se trata de una prueba natural. De paso notemos que el sentenciante debe guiar su conclusión bajo el manto de la prudencia y debe saber hallar una mina fecunda para el descubrimiento de la verdad en el raciocinio, apoyada en la experiencia y en los procedimientos que forma para el examen de los hechos y de las circunstancias que se encadenan y acompañan al ilícito.
XXXIV. En ese orden de ideas, cabe traer a colación que la convicción jurídica puede estar fundada en prueba indiciaria e, inclusive, una prueba indiciaria, en particular, una prueba con medios probatorios materiales, en ciertas circunstancias puede, incluso, proporcionar una prueba más segura que las declaraciones de los propios testigos del hecho[5]. No se confunda, entonces, porque independientemente de las características previamente expresadas y el no estar específicamente reguladas en el código de forma, la práctica judicial ha permanecido sin mayores reparos en su aplicación debido a su jerarquía a la hora de dar respuesta a los conflictos jurídico. Así las cosas, luce incuestionable que las presunciones han sido siempre fuente de convicción al momento de desentrañar casos donde, por distintos motivos, es inviable el acceso a una prueba directa de los hechos. Es por ello inquietante que, con absoluta ligereza se considere que, por definición, las presunciones son incompatibles con el procedimiento administrativo sancionador. Aquí nos podemos preguntar como si son admisibles en el proceso penal, donde rigurosamente debe respetarse el principio de culpabilidad y legalidad, no van a poder tener andamiaje en el ámbito administrativo sancionador. Lógicamente ya se ve que, si el acto administrativo sancionador debe recaer sobre el incumplimiento de la obligación, nada impide aproximarse a la verdad por medio del sistema presuncional.
XXXV. En definitiva, no comprendo la razón por la cual se rechaza la posibilidad de obtener un pronunciamiento condenatorio cuando el incumplimiento de la obligación se determina sobre base presunta. Me inquieta que magistrados exuden que su faena judicial se ve mermada por cuanto arriban a sus estrados innumerables denuncias de evasión que tienen asidero en deudas determinadas bajo el régimen de presunciones y ficciones que establece la ley de procedimiento tributario[6]. Es imperativo reconocer, en cambio, que el sistema de recaudación se basa en las declaraciones que hacen los propios obligados. Va de suyo, entonces, que los ajustes a las declaraciones juradas se formulen sobre un régimen de determinación de base presunta. Ya sé que muchos que me leen no piensan lo mismo, pero lo cierto es que esa visión sesgada termina amparando la evasión fiscal y la quiebra del sentido distributivo de la carga tributaria. Hay que reconocer que si una determinación de oficio presunta no puede fundar una condena, estarían en mejores condiciones imputativas quienes hagan desaparecer su respaldo documental, lo que resultaría una desigualdad procesal injustificada. Según se explicará, la potestad sancionadora conserva una responsabilidad de carácter objetivo. Partiendo de ese esquema se comprende la admisibilidad de la utilización de presunciones. Pero dejando de lado esa situación, cuando en materia sancionatoria administrativa se exigen la acreditación de la culpa y el dolo, nada impide que el legislador recurra a pruebas indirectas en la medida que respondan a las leyes de la lógica y de la experiencia, que persiga un fin valioso, y que sea útil, necesaria y estrictamente proporcionada para alcanzar el fin. Hay que entender además que mediante esa técnica jurídica se busca proteger bienes jurídicos de singular importancia en situaciones donde existe una altísima imposibilidad de recabar prueba directa de los hechos incriminatorios. Lo que importa observar que, mediante las presunciones, se pretende realizar una redistribución de las cargas probatorias, tomando como punto de partida que, tratándose de actividades riesgosas, en el común de los casos, el daño jurídico es producido por una conducta deliberada o culposa. Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N° 255/2015, dictada por el Administrador de la Aduana de Tucumán en el sumario N° SA74-002/2009.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar la Resolución N° 255/2015, dictada por el Administrador de la Aduana de Tucumán en el sumario N° SA74-002/2009.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. [1]CEDH, Salabiaku c. Francia, párrafo 27. Del 7 de octubre de 1988. https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62127%22]} [2] Village of Hoffman Estates v. Flipside, Hoffman Estates, Inc., 455 US 489, 498–99 (1982). [3] Abundan los ejemplos en ese sentido. Un caso paradigmático es la teoría de la realidad económica y la posibilidad de prescindir de las formas jurídicas privadas elegidas por los contribuyentes para eludir el pago de los tributos. En los términos de esa construcción conceptual, cuando una forma jurídica carece de sustancia económica y solo se erige para evitar el pago de los impuestos, la ley tributaria permite a la autoridad administrativa prescindir de las formas elegidas por los responsables tributarios. Uno de los casos emblemáticos es la institución de fideicomisos en el que el fiduciante mantiene el control exclusivo sobre los activos o bien cuando el uso de los activos del fideicomiso por parte del contribuyente no estaba más limitado después de la creación de los fideicomisos que antes de la formación del fideicomiso. Los tribunales también han encontrado que no había un "propósito comercial válido y no tributario" para un fideicomiso donde "todo lo que cambió después de la formación del fideicomiso fue la obligación tributaria del contribuyente. Si el tribunal determina que el contribuyente utilizó el fideicomiso como nada más que un "conducto a través del cual pasar el título", 324 U.S. 334, y no experimentó "ningún cambio real en la relación económica a los ingresos en cuestión”,327 U.S. 291, puede invocar la doctrina del fideicomiso falso. Además, los tribunales han sostenido que el hecho de que un fideicomiso sea válido según la ley estatal no hace, por sí solo, que el fideicomiso sea legítimo a los efectos del impuesto sobre la renta federal, ya que, al adherirse a la ley estatal al formar un fideicomiso, un individuo no necesariamente lo otorga. sustancia económica como una cuestión de ley federal.
[4] Es que mientras que el derecho penal es un derecho penal de acto, lo cierto es que el fundamento de la sanción administrativa no es el desprecio (culpabilidad) frente al derecho, sino la desproporción en la distribución de los bienes públicos. Ya que, en efecto, quien tiene la obligación de colaborar con el ente administrativo, por sometimiento voluntario o por imposición razonable, tiene que garantizar el cumplimiento de la manda administrativa y su incumplimiento susceptible de ser reprimido por vías legales adecuadas a conminar la observancia del ordenamiento jurídico. Desde ese atalaya se percibe un vínculo intenso entre las exigencias que deben preceder a la imposición de la sanción y el principio de proporcionalidad.
[5] Cfr. ROXIN, Claus. ROX Derecho procesal penal. – 1ª. ed. 2ª. reimp. -. Buenos Aires: Editores Del Puerto, 2003, Pág. 106. [6] Cfr. BISCAYART, Javier López, Delitos de evasión y dolo eventual, Material extraído del foro correspondiente al Programa de Actualización y Profundización en Derecho Penal Tributario.
Date: 2024.04.15 14:45:34 ART Date: 2024.04.15 19:26:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.17 11:26:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.17 11:26:59 -03:00
Fin de la sentencia