Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 254/2015 dictada por la Aduana de Tucumán, en las actuaciones SIGEA N° 12724-140-2007, respecto de la condena a la firma Papelera Tucumán S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c) del CA.
2Costas a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-97172397-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 2 de Septiembre de 2025 Aduanas s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “PAPELERA TUCUMAN S.A c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente N° 36318-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 13-22 se presenta, por apoderada, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la resolución Nro. 254/2015 dictada el 29/04/2015 por la Aduana de Tucumán, en las actuaciones SIGEA 12724-140-2007, por la que resultó condenada solidariamente con el despachante de aduana Sr. Roque Monteleone, al pago de una multa, por la comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, incs. b) y c) del Código Aduanero (CA), todo ello en relación a la destinación de importación (DI) 07074IC03000049Z. Alega que la Aduana ignoró las pruebas y el derecho vigente. Sostiene que la diferencia entre lo declarado e ingresado es ínfima y se debió a la propia naturaleza de la mercadería, lo cual surge de la documentación acompañada, no tenida en cuenta por el servicio aduanero. Expresa que no hubo entorpecimiento al control aduanero y por ende no se configura la infracción imputada. Expresa que no se verificó que se produjo una declaración inexacta ni un perjuicio fiscal. Cita el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en autos: “Nidera” en relación a la imputación de la infracción del art. 954, inc. c) del CA y considera que el servicio aduanero aplicó incorrectamente el precedente de la CSJN, autos: “Bunge y Born Comercial S.A.”. Ofrece prueba. Formula reserva del caso federal. Solicita se haga lugar al recurso de apelación, con costas.
II. A fs. 32-35 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado conferido. Realiza un breve relato de los hechos acontecidos. Efectúa consideraciones en relación al tipo infraccional imputado. Afirma que la infracción del art. 954, ap. 1, inc. c) del CA no requiere que se verifique un perjuicio fiscal, sino que lo que se intenta proteger es el ejercicio del debido control aduanero. Remite sus fundamentos al resultado de la verificación realizada por la Aduana y a los informes técnicos presentados en sede administrativa. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba el expediente administrativo vinculado. Formula reserva del caso federal. Solicita se rechace la apelación interpuesta, con costas.
III. A fs. 35 vta. la demandada acompañó las actuaciones administrativas SIGEA Nros. 12724-140-2007, 12720-350-2009, 12720-481-2009, 12720-556-2009, 12720-1753-2009 y 12720-2526-2008 todas en formato papel, en un solo cuerpo de 165 fojas.
A fs. 36 se declaró la causa como de puro derecho.
A fs. 45 se elevaron los autos a la Sala “F” y quedaron en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas referidas precedentemente surge que a fs. 1-2 obra el informe UTV N° 446/07 de verificación física de la mercadería importada mediante el DI 07074IC03000049Z. En dicho informe se dejó constancia de que del análisis de las muestras tomadas y remitidas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), cuyo resultado obra a fs. 32 de las actuaciones, se determinó que la importadora incurrió en una declaración inexacta. Ello por cuanto declaró que se trataba de mercadería clasificada en la Posición Arancelaria (P.A.) 4707.30.00.000C, consistente en papel periódico devolución grado PSI (libras por pulgada cuadrada) Nros. 9 y 10, cuando en realidad se trataba de papel grado PSI N° 6 y los desechos representaban un 4,9 % del peso total. Asimismo, dicho informe consideró de carácter prohibido la mercadería en cuestión por no encontrarse incluida en la autorización de importación emitida en favor de la importadora mediante Resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) N° 23/07, cuya copia obra a fs. 16-19 de las actuaciones. Por otra parte el informe en comentario expresó que se constató una diferencia en menos entre la cantidad de mercadería declarada y la efectivamente ingresada, lo cual habría producido un egreso de divisa mayor al que correspondía.
Como consecuencia de ello, a fs. 4, se labró acta de denuncia por la presunta comisión de la infracción establecida por el art. 954, ap. 1, incs. b) y c) del CA.
A fs. 5-7 se agregó copia de la documentación de la DI en trato de la cual surge (fs. 5) que se documentó la importación a consumo, mediante el régimen de envíos fraccionados, la cantidad de 250 toneladas (Tn) de papel de diarios e impresos similares para reciclar, clasificada en la P.A. 4707.30.00.000C. Ahora bien, a fs. 5 vta. el agente verificador dejó constancia del ingreso de 211.320 kg. de la mercadería y de la extracción de muestras de la misma, la cual se instrumentó mediante acta cuya copia se agregó a fs. 20. A fs. 26 se incorporó copia del acta de inspección y verificación, solicitada por el administrador de la Aduana de Tucumán, efectuada por la Dirección Nacional de Control Ambiental, Unidad Movimientos Transfronterizos de Residuos, en su calidad de órgano competente en la aplicación de la Ley 23922 (Convenio de Basilea) y Decreto N° 181/92. Dicha inspección se realizó en las instalaciones de la firma importadora, donde se tomaron fotografías y se agregó información relacionada con el tratamiento de reciclaje de la mercadería (fs. 21-25).
Como conclusión de la inspección se informó que, si bien existía un porcentaje mínimo de mercadería no autorizada, en su gran mayoría se correspondía con la autorizada oportunamente, por lo tanto no habría objeciones desde el punto de vista ambiental para su liberación a plaza y utilización como insumo industrial.
No obstante ello, el administrador de la Aduana de Tucumán ordenó la reexportación de la mercadería en cuestión conforme lo establecido en el art. 449 del CA.
Notificada la importadora de la medida adoptada, mediante presentación de fs. 54-59 vta. acompañó copia de la Nota SAyDS N° 27994/07 (fs. 60) mediante la cual el Director Nacional de Control Ambiental expresó que los desperdicios de papel de diario encuadrado en la clase PSI N° 6 no tienen su ingreso prohibido. Asimismo a fs. 61-62 acompañó una nota emitida por el Ministerio de Salud de Chile (país de origen de la mercadería importada) en la cual se expresó que los residuos en cuestión no son considerados como peligrosos por la normativa chilena. Así también a fs. 66 la firma importadora adjuntó una ampliatoria de la Nota SAyDS N° 27994/07 mediante la cual se aclaró que los desperdicios de papel de diario encuadrados como clase PSI N° 6, llevan la intervención de esa autoridad para su importación, pero no son de ingreso prohibido y pueden formar parte de un embarque de papel clases PSI N° 9 y 10 en las proporciones establecidas en la Resolución de autorización emitida por dicho organismo. En el caso de autos, conforme la autorización conferida mediante Resolución SAyDS N° 23/07 el total de material no utilizable no debía exceder del 8 % del peso total.
Como consecuencia, a fs. 104 de las actuaciones, el administrador de la Aduana de Tucumán dispuso finalmente el levantamiento de la interdicción y orden de reexportación de la mercadería para su libramiento.
Sin embargo previamente, a fs. 78, el 7/01/09 se instruyó el sumario contra la firma importadora y su despachante de aduana, Sr. Roque Monteleone por la presunta infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c) del CA, ordenándose también la correspondiente corrida de vista.
Notificada la importadora el 4/03/09 conforme constancias de fs. 79 y el despachante de aduana el 11/03/09 conforme constancias de fs. 84, ambas partes contestaron la vista y aportaron documentación consistente en copia de la factura de compra de la mercadería (fs. 88), notas de crédito emitidas por la firma exportadora (fs. 89-90) y constancias de la transferencia bancaria efectuada (fs. 91-93). A fs. 120 mediante Dictamen Jurídico N° 100/12 se advirtió la omisión de instruir sumario por la infracción prevista en el art. 954, ap. 1 inc. b) del CA, por lo que a fs. 122, el 13/07/12 se amplió la apertura sumarial dispuesta el 7/01/09 a fs. 78 y se ordenó nueva corrida de vista a las imputadas. Contestada la corrida de vista por la firma importadora, a fs. 151-154 se emitió un nuevo Dictamen Jurídico N° 156/15 y a fs. 155-159 se dictó la resolución apelada.
V. Sentado ello, corresponde determinar si es ajustada a derecho la resolución recurrida en cuanto condena en forma solidaria a la firma importadora —recurrente en autos— y al despachante de aduana, sr. Monteleone, por infracción establecida en el art. 954, ap. 1 incs. b) y c) del CA e impone la multa mayor, es decir la establecida en el inc. b), conforme lo dispone el ap. 2 de dicha norma.
En primer lugar, en relación a la imputación de la infracción al art. 954, ap 1, inc. b) cabe destacar que de la comprobación realizada por el servicio aduanero surge que la recurrente habría incurrido en una declaración inexacta, al oficializar el DI 07074IC03000049Z, en razón de que la mercadería allí documentada resultó ser de características diferentes a la declarada conforme el análisis realizado por el INTI de las muestras obtenidas. La mercadería en cuestión requería, a los fines de su importación, la previa intervención del organismo de control competente, quien debía otorgar la correspondiente autorización.
En este orden de ideas es necesario señalar que no se encuentra controvertido en autos que la firma exportadora no contaba con la autorización previa, por parte del organismo competente, para la importación de la mercadería según las características de la misma, determinadas por el INTI, conforme análisis de las muestras obtenidas.
Ahora bien, como se expresó en el considerando anterior, según surge de las constancias de las actuaciones administrativas, el propio organismo de control expresó mediante Nota SAyDS N° 27994/07 (fs. 60) y su ampliatoria (fs. 66) que la mercadería en cuestión no tenía su ingreso prohibido, aunque requería de su previa intervención. Asimismo, dicho organismo expresó, en oportunidad de la inspección y verificación de la mercadería (fs. 26), que el porcentaje hallado, de calidad diferente a la declarada —no autorizado conforme Resolución SAyDS N° 23/07— era mínimo en relación con la cantidad total ingresada.
Sentado ello, cabría concluir entonces que según surge de la documentación complementaria de la declaración comprometida mediante la cual la importadora oficializó la DI en trato se evidencia una inexactitud respecto del grado de PSI, dado que en la factura emitida por el exportador se describe papel periódico devolución grado PSI N° 9 y 10, mientras que de la verificación realizada por el servicio aduanero, se constató que se trataba, en parte, de papel grado PSI N° 6.
En esta inteligencia, la Aduana consideró que se trataba de mercadería prohibida por cuanto no se encontraba autorizada su importación por parte del organismo de control, por lo que imputó a la firma importadora y a su despachante la infracción del art. 954, ap. 1 inc. b) del CA.
La norma mencionada, sanciona al que para cumplir una operación de importación o de exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que en caso de pasar inadvertida produjere o pudiere producir: “… inc. b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación…” en cuyo caso “…será sancionada con una multa de uno a cinco veces el valor en aduana de la mercadería en infracción.”
Las prohibiciones o restricciones a la importación y exportación previstas en el Código Aduanero, Sección VIII, constituyen disposiciones que impiden o limitan la introducción de la mercadería al territorio aduanero. Se trata de normas que expresamente prohíben en forma absoluta o relativa la importación o exportación de cierta mercadería, como también su sometimiento a otras restricciones, tales como normas de calidad, de acondicionamiento, la presentación de autorizaciones, certificados, en el momento indicado por las normas, ya sea al momento del registro del despacho o en un momento posterior.
El art. 610 del C.A. establece, entre otras prohibiciones no económicas, aquellas referidas a la preservación del ambiente, conservación de los recursos naturales y prevención de la contaminación (inc. g). Las prohibiciones a la importación por razones no económicas deben ser establecidas por ley o por el Poder Ejecutivo de acuerdo con las facultades conferidas por el Código Aduanero.
En este sentido la Ley 23.922 que aprobó el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, como así también el Decreto 181/92 y la Ley 24051, con su Decreto reglamentario N° 831/93 y modificatorias, establecen el marco normativo de tratamiento de dichos residuos.
La autoridad competente para el ejercicio del control es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Por su parte la Resolución SAyDS N° 946/02 establece el marco regulatorio e instructivo para la tramitación de solicitudes de autorización para la importación de residuos o desechos no peligrosos, por aplicación del régimen del Decreto N° 181/92.
Es por ello que el servicio aduanero debió exigir la intervención, previa al libramiento de la mercadería, de la SAyDS.
De lo expuesto se colige que el régimen de las normas mencionadas ha tenido por objeto un mecanismo de certificación/verificación, previo al libramiento de la mercadería, con la finalidad de garantizar el correcto tratamiento de los residuos introducidos, no así establecer una prohibición a la importación, toda vez que por prohibición debe entenderse un impedimento legal para que la mercadería ingrese al país.
VI. Ahora bien cabe destacar que, de la atenta lectura y observación del escrito recursivo presentado a fs. 13-22 de autos, se advierte que la recurrente no ha efectuado ante este Tribunal Fiscal ningún agravio en relación a la imputación infraccional prevista en el art. 954, ap. 1 inc. b) del CA. Por el contrario la actora solo se agravia de la resolución aduanera apelada en cuanto califica su accionar dentro de los alcances del inciso c) de la mencionada norma.
Aunque surge de la compulsa de las actuaciones administrativas que el servicio aduanero en un primer momento instruyó sumario y corrió vista a las imputadas solo en relación a la presunta infracción establecida en el art. 954, ap. 1, inc. c) del CA (fs. 72-73), posteriormente dispuso ampliar el auto de instrucción por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. b) del CA y corrió nueva vista a las imputadas (fs. 122-123) quienes la contestaron en legal tiempo y forma (fs. 129-141). Asimismo, en lo que resulta aún más determinante, la resolución aquí apelada es suficientemente clara, tanto en sus considerandos como en la parte dispositiva en cuanto a la condena por la infracción establecida en el art. 954, ap. 1, inc. b) del CA.
Por consiguiente, al haber obviado la actora toda mención a este aspecto sustancial del decisorio que pretende impugnar, este Tribunal no se encuentra habilitado a introducir una cuestión no alegada en la pretensión de la firma sancionada.
Aún cuando el art. 1143 del CA establece la atribución a este Tribunal para impulsar de oficio el procedimiento y otorga amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y “resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes” —lo cual implica encuadrar el requerimiento de los litigantes en su adecuado fundamento de derecho pudiendo incluso, en esta tarea, aplicar una norma no invocada por ellos—, estas atribuciones no pueden ser empleadas para introducir pretensiones que no han efectuado, ya que reconocer y acordar a una de las partes derechos no debatidos es, como principio, incompatible con el art. 18 de la Constitución Nacional (CSJN, fallos: 237:328; 239:442; 267:419; 284:47) En consecuencia no corresponde expedirme sobre la condena dispuesta mediante la resolución recurrida en relación a la comisión de la infracción establecida en el art. 954, ap. 1, inc. b) del CA.
VII. Sin perjuicio de la conclusión arribada precedentemente, corresponde analizar si se ha configurado la infracción establecida en el art. 954, ap. 1 inc. c) del CA por la que también ha sido condenada la actora mediante la resolución apelada y fue motivo de agravio en su escrito recursivo.
El servicio aduanero sostuvo que al realizarse el control del cumplido de la DI en trato se constató el ingreso de menor cantidad de mercadería en relación con la declarada por la actora y ello podría haber producido un egreso de divisa hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto al que hubiere correspondido, como consecuencia de la inexactitud en la declaración.
Asimismo afirma que la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c) no requiere que se verifique un perjuicio fiscal, sino que lo que se intenta es resguardar el ejercicio del debido control aduanero. Por último expresa que la importadora no aportó elemento alguno de entidad suficiente para desvirtuar la imputación efectuada.
Por su parte la actora se agravia por cuanto sostiene que el servicio aduanero no demostró que las divisas giradas al exterior no se correspondieron con los datos de la cantidad de mercadería efectivamente ingresada. Expresa que la firma posee un mecanismo para corregir el error en caso de que hubiera una diferencia en el egreso de divisas con relación a lo facturado y la cantidad de mercadería ingresada. Dicho mecanismo consiste en la emisión de nota de crédito por parte de la exportadora en el exterior. Para dilucidar si la diferencia en menos entre la cantidad de mercadería declarada y la efectivamente ingresada configuró la infracción en análisis, resulta esencial tener presente la normativa aplicable al régimen de importaciones fraccionadas por vía terrestre que amparó la destinación en trato. En este sentido la Resolución General (RG) ex-AFIP N° 583/99 modificada por RG ex-AFIP N° 2347/07 implementó el subregimen IC03 para la oficialización de solicitudes de destinación de importación a consumo de mercaderías que arriben al territorio aduanero en forma fraccionada por vía terrestre, pertenecientes a un único documento de transporte.
Dicho régimen habilita la posibilidad de efectuar una única declaración relativa a varios envíos, en cuya oportunidad se establecen los elementos necesarios a todos los efectos previstos en el art. 639 del CA. Así las cosas, teniendo en cuenta el principio de inalterabilidad de la declaración y el instituto del despacho en confianza, las diferencias de cantidad, en una primera instancia resultarían pasibles de sanción por cuanto harían presumir la posibilidad de introducción ilícita de la mercadería que resultare faltar o sobrar.
Ahora bien, en el caso de autos, al tratarse de una DI amparada en el régimen referido la firma importadora declaró que ingresarían 250 Tn. de mercadería en envíos fraccionados, no manifestó importar efectivamente la cantidad declarada, por lo que no resulta ser responsable de la diferencia en menos ingresada.
En efecto dicha circunstancia debió resultar del cotejo de la declaración efectuada por la importadora con el manifiesto de carga —en el caso de autos denominado carta de porte— presentado por la transportista a través de su agente de transporte.
En este sentido, obra a fs. 9 y 101 de las actuaciones administrativas carta de porte internacional N° 0122007CL de la que surge que se declaró transportar la cantidad de 250 Tn. de papel periódico devolución grado N° 9 y 10 PSI.
La normativa aplicable al régimen de envíos fraccionados por vía terrestre mencionada precedentemente no prevé consecuencia alguna por la no importación de la cantidad total de mercadería declarada en la solicitud de destinación, sino que establece un plazo para que la importadora cumpla con el ingreso de la totalidad de la cantidad de mercadería autorizada.
Siendo así, la falta de arribo de una parte de la misma podría tener consecuencias únicamente en materia tributaria, lo cual tampoco se evidencia en el caso de autos dado que, de la documentación de despacho obrante en las actuaciones administrativas, surge que la importadora abonó los tributos correspondientes por la totalidad de la mercadería declarada, no por la efectivamente ingresada.
En definitiva, el no arribo de la totalidad de la mercadería declarada, amparada bajo el régimen referido y en el plazo establecido por la normativa aplicable (dentro de los quince días de la fecha del primer arribo), trae aparejado a la importadora la pérdida del derecho de mantener dicho régimen respecto de la mercadería faltante, pero no conlleva la configuración de una declaración inexacta.
A mayor abundamiento, en relación al segundo elemento requerido por el tipo infraccional en trato, es decir: “el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere…”, cabe destacar que, de la documentación de la destinación en análisis obrante en las actuaciones administrativas (fs. 5), surge que se declaró la cantidad de 250 Tn. de mercadería por un valor FOB de u$s 23.750. Posteriormente y conforme el resultado del informe del cumplido asentado por el agente de aduana interviniente (fs. 5 vta.) se constató que efectivamente ingresó una cantidad de mercadería menor a la declarada y a la que surge detallada en la factura de exportación N° 00422 acompañada a fs. 10 de las actuaciones vinculadas. Dicha diferencia, considerada ínfima por la actora, no fue desconocida ni refutada mediante prueba alguna que permitiera aseverar lo contrario. Ahora bien, en oportunidad de contestar la corrida de vista por la imputación infraccional en análisis la firma importadora acompañó (fs. 88) copia de la factura N° 00422 emitida por la exportadora Recuplast S.A., por la cantidad de 250 Tn. de mercadería y un importe de u$s 23.750. Seguidamente (fs. 89-90) acompañó copia de dos notas de crédito Nros. 00089 y 00092, emitidas por la misma firma, aplicables a dicha factura, en cuyo detalle se consignó: “rebaja factura 00422”, la primera por 18,15 Tn. y por un importe de u$s 1.724,25; la segunda por 3.859,26 kg. y por el monto de u$s 366,63. Ambas hacen un total de u$s 2.090,88 por la cantidad de 22 Tn. de mercadería no ingresada. Asimismo, a fs. 91-93 se acompañaron las constancias de una transferencia efectuada el 31/07/07 por la importadora a favor de la exportadora por la suma de u$s 21.699,12.
Cabe destacar que el servicio aduanero no efectuó ninguna observación ni rechazó la documentación acompañada por la importadora. Tampoco cuestionó el valor FOB declarado por la actora.
En consecuencia estimo que no se verificó el elemento exigido por el tipo infraccional del art. 954, ap. 1, inc. c) del CA, por cuanto la importadora acreditó, mediante la documentación acompañada, esto es: factura de exportación, notas de crédito y constancias de transferencias, que no se produjo un egreso de divisa diferente al que correspondía.
Por todo lo expuesto hasta aquí corresponde revocar la resolución apelada en relación a la condena por la infracción establecida en el art. 954, ap. 1, inc. c) del CA.
VIII. Respecto a las costas del proceso considero que deben ser impuestas a la demandada vencida en relación con lo que estrictamente fue materia de agravios de la recurrente.
Por ello, VOTO por:
1. Revocar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 254/2015 dictada por la Aduana de Tucumán, en las actuaciones SIGEA N° 12724-140-2007, respecto de la condena a la firma Papelera Tucumán S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c) del CA.
2. Costas a la demandada vencida.
Así lo voto.
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo. ASÍ LO VOTO.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 254/2015 dictada por la Aduana de Tucumán, en las actuaciones SIGEA N° 12724-140-2007, respecto de la condena a la firma Papelera Tucumán S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c) del CA.
2. Costas a la demandada vencida.
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino en los términos del art. 1162 del CA.
Date: 2025.09.02 09:47:23 ART Date: 2025.09.02 13:29:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.02 13:31:29 -03:00
Fin de la sentencia