Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7751
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo ello rechazo el segundo agravio de la parte demandada, toda vez que aplicando la sana crítica en el examen de la prueba me lleva al convencimiento que no se alcanzo a acreditar que la falta de confianza no se puede atribuir a la conducta que se atribuye al actor en la comunicación del despido.
Por las mismas razones no puedo tener por acreditada la violación del contrato de confidencialidad. No hay una clara violación al contrato firmado entre las partes, sobre todo cuando los dispositivos estaban permitidos declarándolos en el ingreso.
Estamos de acuerdo en que, dentro de una mina de extracción de oro y plata, como en un banco o una financiera, deben existir medidas de seguridad y de confidencialidad. Pero no hace falta un grabador para violar las medidas de seguridad (develados parcialmente en el acta de fs.135) o los secretos de extracción, búsqueda, o métodos industriales. No se ha indicado que se habría grabado no obstante entender el testigo Carrizo a fs. 159 vta. que entendía que el aparato estaba en “manos de seguridad patrimonial”.
Debo rechazar el cuarto agravio. Entiendo que en este caso no han existido causas que justificaran la conducta del empleador a las que hace referencia la segunda parte del art. 2 de la ley 25323. Hemos eximido en varias oportunidades de este incremento, pero en este caso entiendo que no corresponde eximir del mismo a la demandada. …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Pico Truncado Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7751 Sentencia: 2929 Actor: Parada, César Alfredo Demandada: Minera Santa Cruz S.A.
Objeto: demanda laboral Fecha: 17/12/2022 Texto:
En la Ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil veintiuno se reúnen los miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “PARADA, César Alfredo c/ MINERA SANTA CRUZ S.A. s/ demanda laboral” Expte. 19.012 del año 2017 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Pico Truncado, secretaria laboral, que tuviera ingreso en esta instancia, ya dentro del SiPed, bajo el nº 7751. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dres. Humberto Eduardo Monelos, Jorge Omar Alonso y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes consideraciones: PRIMERA: ¿Corresponde aceptar la excusación formulada por la Dra. Bard? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que nuestra distinguida colega la Dra. Griselda I. Bard dentro del SiPed mediante escrito PE147889-2021 se excusa de intervenir en autos por resultar su esposo el letrado apoderado de la demandada el Dr. Eduardo Rubén González.
El vínculo matrimonial invocado por nuestra colega es de público conocimiento en el foro local y encuadra dentro del supuesto del inciso 1º del art. 17 del CPCC y dentro de las razones de decoro o delicadeza a que alude el art. 30 del CPCC. Por ello entiendo que debe aceptarse la excusación en examen, apartando a la Dra. Bard del conocimiento y trámite del presente juicio. Así lo voto y propongo al Acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Alonso dijo:
II. Que es de mi conocimiento el vínculo matrimonial invocado por lo que adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
III. Que con el escrito de fs. 14 y documentación adjunta los Dres. Víctor V. Mártensen y Sergio E. Acevedo se presentan como apoderados de César Alfredo Parada promoviendo demanda contra MINERA SANTA CRUZ S.A. por cobro de las indemnizaciones conforme ley 20.744, por despido sin causa del actor, ocurrido el 17 de julio de 2015, con más las multas establecidas por el art. 2º de la ley 25.323 por la suma de $ 290.400, con intereses a la tasa activa desde la fecha que la obligación se hizo exigible (art. 9 de la ley 25.013 y el anatocismo de dichos intereses conforme art. 770 CCyC lo más o menos que resulte de la prueba. Refieren la relación laboral con sus intermitencias, su calificación laboral, y que en 2015 y por varios meses se sucedieron conflictos gremiales por razones salariales, condiciones de trabajo y despidos. Refieren también una denuncia penal donde estuvieron detenidos algunos empleados sin nadie procesado. Aclaran que su parte no fue convocado a ese proceso ni siquiera como testigo. Transcriben la comunicación del despido por carta documento de OCA y el rechazo por C.D. 246254276. Hacen una serie de consideraciones para desvirtuar la imputación de los dos hechos invocados como injuria. Señalan cual sería el verdadero motivo: por no obedecer a lo acordado por el gremio y poner fin a la conflictividad, castigo que se extiende con el ingreso a listas negras que le impide volver a trabajar en la industria minera. Agregan que fue una cantidad importante de los despedidos. Imputan conducta temeraria de la empleadora y citan jurisprudencia en ese sentido. Afirman que no existió contemporaneidad entre los hechos invocados y el despido ni proporcionalidad con la sanción violando la continuidad del contrato remitiéndose al desempeño laboral del actor.
Razonan que la pérdida de confianza no constituye causal autónoma susceptible de ser admitida apriorísticamente y en abstracto que debe ser acreditada. Sostienen que, al no existir los hechos que se le atribuyen, no se podrá demostrar la pérdida de confianza, con invocación de jurisprudencia que se tiene presente. Agregan que como represalia se negó la entrega de los efectos personales. Ofrecen prueba y practican liquidación de lo reclamado.
IV. Que a la audiencia del art. 47 de la ley 1444 de la que ilustra el acta de fs. 106 se presenta, por el actor, el Dr. Sergio Acevedo con el patrocinio de la Dra. Natalia Ramos y ratifica la demanda. Por la demandada lo hace el Dr. Eduardo González. No se consigue avenir a las partes, y el apoderado de la demandada contesta la demanda con la pieza de fs. 100/105 que se provee y se reserva la documental y el Dr. Acevedo solicita el plazo ley para contestar el traslado. Se convoca a nueva audiencia de conciliación. El actor amplia prueba (fs. 107/108) de la que se corre traslado a la demandada que la contesta a fs. 111/112. Al fracasar la segunda audiencia de conciliación se ordena la producción de la prueba considerada conducente. A fs. 126 se ratifica la gestión de la Dra. Jaureguiberry y Dr. Manzanares por la demandada. Producida la obrante en autos de la que certifica la actuaria a fs. 217 a fs. 218 se clausura el término probatorio y se fija la audiencia del art. 70 de la ley 1444 que se pospone dos veces reprogramándola. Ninguna de las partes hace uso del derecho de alegar. A fs. 233 se llama autos para dictar sentencia.
La Sra. Juez se pronuncia con la sentencia de fs. 234/241 que hace lugar parcialmente a la demanda promovida por el Sr. Parada y en consecuencia condena a Minera Santa Cruz S.A. al pago de las sumas de dinero a determinarse en concepto de indemnización por antigüedad $ 93.688,56, indemnización por preaviso omitido $23.422,14, SAC sobre preaviso $ 1.951,84, integración mes de despido $ 10.577,74, SAC sobre integración mes de despido $ 881,47 e indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323 $ 63.844,22 sumas que deberán actualizarse desde la fecha referida conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Los montos o sumas que en definitiva resulten deberán ser abonadas dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto aprobatorio de la planilla general que al efecto debe practicarse bajo apercibimiento de ejecución forzosa (art. 99 y siguientes ley 1444. Desestima el rubro Vacaciones no gozadas y condena en costas a la demandada por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). Difiere la regulación de honorarios hasta que exista base económica firme y adicionada con intereses y se de cumplimiento a la Acordada 2628 del TSJSC. Disconforme con lo decidido el apoderado de la demandada interpone y funda recurso de apelación con la pieza de fs. 246/253 que le es concedido libremente y con efecto suspensivo por providencia simple de fs. 254 que corre traslado de los agravios a la parte actora, quien no los contesta. Los autos se elevan con la certificación de fs. 265 y ya dentro del SiPed continua su trámite en esta instancia, y se integra cámara.
V. Que los agravios de la empleadora se pueden agrupar en cinco vertientes por las que se ataca la sentencia. Por la primera de ellas su ataque se centra en lo que considera falta de congruencia entre los considerandos donde se refiere a la pérdida de confianza y el deber de obrar con buena fe porque le hizo suponer que se rechazará la demanda dada la forma de la traba de la litis y las pruebas colectadas. Hace referencia a que está probado que burló los controles de ingreso con un dispositivo de grabación y lo colocó en el cajero automático lindero a la oficina del Gerente de la unidad y afirma que fue con ánimo de provocar un riesgo indebido en la mina y ello constituye una pérdida de confianza violatoria de la buena fe.
En el segundo agravio imputa a la sentencia una ausencia absoluta de sana crítica en el análisis de la prueba que llevaron a la jueza a una convicción errónea en la decisión. Afirma que al existir distintas versiones suministradas por las partes “cada una de ellas asume la carga procesal de acreditar la exactitud de sus afirmaciones. Critica la prueba del actor consistente en dos testigos y señala que uno de ellos ha sido objeto de un sobreseimiento por el transcurso del tiempo desde el dictado de la falta de mérito. Hace notar la falta de otros elementos de prueba del actor que no sean estas dos declaraciones. Critica que la jueza echó mano de las declaraciones de los testigos ofrecidos por su parte que dieron cuenta que el actor habría colocado un dispositivo de grabación en el cajero automático.
Prueba ésta que estaría complementada por el legajo del actor por otras sanciones por falta de apego a las normas y reglamentos de la empleadora, y el acta de constatación. Hace hincapié en que el actor fue declarado confeso en el decreto del 23 de noviembre de 2018 y transcribe las posiciones que entiende favorecen su relato de los hechos. Entiende que estas pruebas se abonan con el video que se incorporó en autos que demuestran que el trabajador ingresó con el aparato de grabación al yacimiento y las imágenes agregadas a fs. l84/186 que de haber concurrido a la audiencia de posiciones hubiera permitido constatar que la imagen coincidía con su rostro. Se queja por no haberse tenido en cuenta la inconducta de la actora y que funda la causa del despido invocada en la carta documento y que hace que la demanda sea rechazada.
En una tercera vertiente de sus agravios afirma que la jueza cayó en parcialidad toda vez que pasó por alto que el contrato de confidencialidad firmado entre la empleadora y el actor con relación a la privacidad que debe guardar todo operario e insiste en la violación de los puntos 8,1; 8,3; 8,4 transcriptos en la demanda y se queja porque la magistrada nada dice de la confidencialidad que debe guardarse en un lugar donde se extrae y produce oro y plata. Hace hincapié en la no divulgación de imagines del interior del yacimiento, y que, la violación de parte del trabajador de las normas de privacidad justifica el despido. Afirma que el actor, en todo momento, tuvo la idea de violar ese pacto de confidencialidad y de burlar los controles de acceso a la mina y obtener ilícitamente expresiones de voluntad de la gerencia de la empresa.
Sostiene que ello impone una pérdida de confianza y coloca en riesgo a los demás individuos que trabajan en el lugar pues nadie sabe con que fines buscaba grabar al personal jerárquico. En un cuarto agravio critica los argumentos de la sentencia y sostiene la improcedencia de la sanción prevista en el art. 2 de la ley 25.323 en términos que se tienen presentes y se refiere a antecedentes de esta cámara y doctrina casatoria del TSJ en apoyo a su crítica.
En el último agravio ataca a la tasa activa y pide que se aplique la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central y cita precedentes del TSJ.
Funda en derecho su posición y pide se revoque la sentencia con costas.
VI. Que, aunque no considero lógico el orden de los agravios propuestos por el recurrente lo seguiré. Propongo al Acuerdo el rechazo del primero de ellos. No veo una falta de congruencia en la sentencia o que ésta sea autocontradictoria. En efecto, que la magistrada analice primero, en considerandos, que es la pérdida de confianza o haga referencia al deber de obrar con buena fe, para luego con esa base resolver, no es una falta de congruencia. Para resolver este caso se debe dejar establecido cuando hay perdida de confianza y que se entiende por el obrar con buena fe. Aclarado ello entiendo que no se ajusta el recurrente a lo probado en autos, cuando, refiriéndose a las pruebas colectadas afirma que el actor violó los controles de ingreso al yacimiento con un dispositivo de grabación y que lo colocó en el cajero automático. Reviso el expediente y no encuentro probado ese hecho. No me cabe dudas que el cajero automático linda con la oficina del gerente de la unidad. Ello no está en discusión y está corroborado por la inspección ocular encomendada al Juzgado de Paz de la que ilustra el acta de fs. 135. Pero, se debe acreditar que el Sr. Parada dejó una grabadora para espiar como se le imputa. Volveré sobre el tema al tratar el siguiente agravio. Ya en el segundo agravio Se hace referencia a las reglas de la sana crítica y el análisis de la prueba en su integralidad y se sostiene que, al dar las partes distintas versiones, cada parte asume la carga procesal de acreditar la exactitud de sus afirmaciones. Pero para sostener esto el recurrente invoca el art. 355 del CPCC que establece:
“Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de la norma o normas que favorezcan su pretensión, defensas o excepción…”
Esta norma aplicable en el proceso laboral por remisión del art. 121 de la ley 1444 establece un principio básico que el recurrente pretende hacer a un lado atacando el testimonio del testigo de la parte actora don Raúl Fernando Pavón y atacando la sentencia afirmando que se basó en el testimonio de solo dos testigos. El ataque se basa en que, al testigo de referencia, se le dictó un sobreseimiento al transcurrir un año desde el dictado de la falta de mérito. Dejando de lado el tema de la prueba trasladada, el argumento es deleznable si tenemos en cuenta que, en la causa penal agregada por cuerda donde se terminó sobreseyendo al testigo, el Dr. González había asumido la calidad de querellante y ante el dictado de la falta de mérito pudo aportar pruebas para evitar que el paso del tiempo convirtiera en sobreseimiento definitivo la falta de mérito.
Y dictado el sobreseimiento no lo apeló. Por ello no se puede atacar la idoneidad y sinceridad del testigo cuando consintió, como querellante, su sobreseimiento. Aunque lo intenta, no demuestra donde se encuentra el error de la Sra. Jueza a quo al valorar el testimonio de los testigos de la parte demanda. No comparto el ataque: los testigos no identifican el dispositivo grabador, no lo vieron, y lo que declaran es por lo que vieron en el video tomado por las cámaras de seguridad de la empresa (ver en acta de fs. 135 que hace referencia a la oficina de C.C.T.V. que centraliza el control de seguridad de los bienes y personas y lo afirmado en negritas por su apoderado a fs. 111 vta.). A fin de corroborar estos testimonios hubiera sido necesario que la magistrada hubiera tenido a la vista el video y el recurrente no aportó.
Así se destaca en el traslado al actor de fs. 107 punto 2 donde se hace hincapié en la inexistencia de ese video. Solo se acompañaron las fotografías de fs. 184 y 186 que se corresponden con las agregadas a la demanda y reservadas (ver fs. 32 y 33) las que fuera reconocidas por la parte actora en cuanto a su autenticidad, pero no en el punto de violación del deber de confidencialidad o en cuanto se atribuye al actor haber colocado un dispositivo de grabación dentro de las instalaciones del cajero automático para grabar las conversaciones. Para reforzar la prueba del video no acompañado, se solicitó la prueba pericial informática donde se indica un sitio de internet. Del acta de fs. 204 e informe de fs. 205 se desprende que no se pudo acceder a la muestra y el perito a fs. 205, en redacción no muy clara, pide se informe al tribunal a fin “de poder acceder a un sitio de internet válido por la cual permita ingresar un usuario y contraseña correcto, para poder descargar el video a los efectos de realizar la pericia correspondiente.” Nada dice en agravios el recurrente sobre el fracaso de la pericia.
Quiero señalar que existe una diferencia entre el sitio consignado en el ofrecimiento de prueba y el indicado en el exhorto. La parte demandada se conformó por lo informado por la pericia y acompañó el exhorto sin comentarios. El video debió ser valorado por la Sra. Jueza no por los testigos a que se refiere el recurrente en sus agravios. Cuando depone el entonces Gerente de Recursos Humanos, el señor Hernán Mario Carrizo (fs. 159) declara que, por las cámaras, detectaron que el actor estaba colocando un dispositivo para grabar en el cajero automático (respuesta a la segunda pregunta) y a la tercera repregunta aclara que no vio personalmente el grabador, “me llegó un informe con fotos y un video”, al responder la cuarta repregunta dice que entiende que el grabador está en manos de la “seguridad patrimonial” de ese momento, y no está al tanto del contenido y alcance de las presuntas grabaciones (respuesta a la quinta repregunta).
Pero de su declaración se desprende los operarios podían ingresar elementos para lo cual se debía hacer una declaración jurada antes de ingresar, “que el personal de seguridad contratado chequea el listado de cosas declaradas con las que tiene la persona. Una vez que ya esta validado lo declarado con lo que esta ingresado la persona puede ingresar.” (respuesta a la quinta pregunta). Ya al responder a la tercera pregunta aclaró que todo el personal está obligado a realizar una declaración jurada de sus objetos personales … sobre todo aquellos que tienen que ver con celulares, cámaras de video y elementos que puedan grabar. El otro testigo ofrecido por la demandada, jefe de relaciones laborales, señor Oscar TOMMEI quien declara a fs. 157 hace referencia (en lo que hace a esta causal del despido) a “uno de los hechos que conozco fue que dejó un aparato, una escucha, no se como se llama técnicamente que lo instaló en el cajero del banco y que ese cajero da a la oficina del gerente de operaciones.
Eso está filmado por la cámara que tiene el cajero y bueno ahí hay una falta de procedimiento de la empresa”. (acá remarco que, como sostuvo el actor, se pudo solicitar al banco esa grabación – si se refería a esa cámara- que por regla general apunta a quien se acerca al cajero y el teclado. Pero entiendo que se refiere a las cámaras de la empresa). Afirma el testigo respecto de la falta de procedimiento, que primero al no declarar el ingreso de ese aparato cuando ingresa a la empresa que siempre se hace mediante una declaración y segundo, instalarlo en un lugar donde había reuniones permanentes por el paro. Es una afirmación del testigo pues no se trajo a la causa las declaraciones de referencia.
El actor entendía no haber ocultado el ingreso del grabador y tan es así que a fs. 12 acompaña la presentación en la secretaria de trabajo pidiendo se intime a la demandada le haga entrega de entre otros objetos de su propiedad de “un reproductor de música MP3 Sony,” que empresa rechaza por nota de fs. 13. El testigo al responder a la tercera pregunta señala que al ingresar se revisan los bolsos y las personas con scanner y se declara en forma escrita los elementos y aparatos que trae. Repreguntado el testigo declara que desconoce el destino final del aparato, no sabe el contenido de la presunta grabación y le achaca al actor una actitud sospechosa y que no fue a sacar dinero. Al contestar a la sexta repregunta respecto si estaba autorizado el uso de teléfonos celulares aparatos para oír, grabar música y videos el testigo contesto que no existe restricción, pero hay que declararlos al momento del ingreso por el puesto de garita.
Es decir que conforme declaran los testigos no estaría prohibido el ingreso de un grabador, aunque se debía declarar. Ergo es bastante relativo los motivos de seguridad que se invocan, toda vez que con moderno celular se puede grabar en video todas las partes sensibles del interior del establecimiento. El requisito de la declaración al ingresar no impide su uso inapropiado.
Entre la documental acompañada en el responde y reservada obra de fs. 90 a fs. 94 el contrato de trabajo que solo cuenta con la firma del Sr. Parada en la página 90 y 94 no en las intermedias, aunque la parte actora a fs. 107 por medio de su apoderado “reconoce expresamente la documentación acompañada por MINERA SANTA CRUZ S.A. en cuanto a su autenticidad. En ninguna de las cláusulas en especial en la 8ª se prohíbe el ingreso de grabadoras. Pensemos que hoy día puede grabarse con cualquier celular. Y sobre todo cuando el jefe de relaciones laborales y el gerente de recursos humanos declararon que se debía declarar todo lo que entraban los operarios, en turnos de 14 por 14 y se lo verificaba con scanner. No se trajo ninguna disposición o notificación prohibiéndolo. Párrafo aparte merece el tema de las posiciones en que el recurrente en sus agravios hace hincapié a fs. 248 vta. Sobre el particular por providencia de fs. 148 se dispone en providencia simple que “… toda vez que la actora se encontraba debidamente notificada de la audiencia confesional mediante cédula nº 1116 (fs. 131) … hágase efectivo el apercibimiento de ley y téngase al actor por confeso a tenor del respectivo pliego.”
En primer lugar, existió apresuramiento en la declaración habida cuenta que el apercibimiento debe hacerse efectivo en la sentencia para no prejuzgar, sin perjuicio que es correcto abrir el pliego.
Pero, a mi entender, existe algo más grave. Un examen de la causa me revela una irregularidad en la notificación. Tenemos cuatro cédulas de fs. 130, 131, 132 y 133, dirigidas la primera y las dos últimas a la calle San Martín 1156 y la de fs. 131 dirigida al actor en la calle Perito Moreno 1645. Las cuatro fueron diligenciadas el 26 de junio de 2016 a las 12 horas y recibidas por Carla Alaniz que se identifica con un sello que indica su nombre y apellido y aclara: asistente RRCC Minera Santa Cruz HOCHSCHILD MANING oficina de relaciones y comunicaciones. Llama la atención que el mismo oficial notificador pudiera estar en el mismo momento en distinto lugar. Pero, si nos centramos en la cédula dirigida al señor César Alfredo Parada domicilio Calle Perito Moreno 1645 real vemos que el notificador se constituyó en Avda. San Martín 1156 y no donde debía hacerlo, que fue atendido por Carla Alaniz que también se identificó como dependiente de la demandada. Ergo existe un error en el diligenciamiento de la cédula de notificación de la audiencia de posiciones y por lógica consecuencia no hay posibilidad de tenerlo por confeso.
La Dra. Leyes al certificar a fs. 144 que el actor estaba notificado por la cédula de fs. 131 debió constatalo como se hace en este voto. Y el apoderado de la parte demandada al pedir que se lo tuviera por confeso debió corroborar los dichos de la actuaria, sin perjuicio que debió hacerlo al controlar el expediente y pedir nueva notificación. Debió corroborarse antes del dictado del proveído de fs. 148.
Por otro lado, si la demandada que recibió en sus oficinas la citación del actor para la audiencia de posiciones debió, por el deber de actuar con lealtad, probidad y buena de fe que tienen todos los litigantes, hacerlo saber de inmediato al Juzgado y a su letrado para evitar que éste realice un pedido infundado y se pierda la prueba. Sobre todo, cuando en agravios, se queja el demandado recordando que “La conducta que siguen las partes dentro del proceso, puede convertirse también en dato indiciario sobre el cual basar la inferencia heurística”.
Por todo ello rechazo el segundo agravio de la parte demandada, toda vez que aplicando la sana crítica en el examen de la prueba me lleva al convencimiento que no se alcanzo a acreditar que la falta de confianza no se puede atribuir a la conducta que se atribuye al actor en la comunicación del despido.
Por las mismas razones no puedo tener por acreditada la violación del contrato de confidencialidad. No hay una clara violación al contrato firmado entre las partes, sobre todo cuando los dispositivos estaban permitidos declarándolos en el ingreso.
Estamos de acuerdo en que, dentro de una mina de extracción de oro y plata, como en un banco o una financiera, deben existir medidas de seguridad y de confidencialidad. Pero no hace falta un grabador para violar las medidas de seguridad (develados parcialmente en el acta de fs.135) o los secretos de extracción, búsqueda, o métodos industriales. No se ha indicado que se habría grabado no obstante entender el testigo Carrizo a fs. 159 vta. que entendía que el aparato estaba en “manos de seguridad patrimonial”.
Debo rechazar el cuarto agravio. Entiendo que en este caso no han existido causas que justificaran la conducta del empleador a las que hace referencia la segunda parte del art. 2 de la ley 25323. Hemos eximido en varias oportunidades de este incremento, pero en este caso entiendo que no corresponde eximir del mismo a la demandada. Actuando con lealtad la actora debió analizar el video para comprobar el grave hecho denunciado por la carta documento de fs. 6. Las fotos acompañadas a la demanda no demuestran que se hubiera colocado un dispositivo de grabación dentro de las instalaciones del cajero automático. No se detalla donde y como lo colocó para que quedara disimulado, pues no podemos descartar que lo hubiera apoyado mientras realiza una gestión.
Al no saberse el contenido de la presunta grabación no podemos tener por acreditada la intención de grabar conversaciones que estaban ocurriendo en esos momentos. No se acreditó que entre las 00:17 hs. y las 00:46 en ese lapso de 29 minutos se hubieran desarrollado conversaciones en esos momentos, o que en esos momentos estuvieran reunidas las autoridades de Minera Santa Cruz S.A. (como se indica a fs. 111) trayendo a declarar a los que asistían a una reunión a esas horas. Al no tener el video que la parte omitió traer, no podemos descartar que hubiera concurrido a efectuar una operación a las 00:17 hubiera apoyado el dispositivo (no sabemos de que tipo) en el cajero y lo olvidara para regresar a las 00:46 a rescatarlo.
No se explica donde está la confidencialidad y de que hechos, circunstancias, métodos industriales de producción o de seguridad violó el actor para que la patronal hubiera perdido la confianza en él. Ya promovida la demanda no intentó llegar a un acuerdo. Cuando la empresa recibe una cédula dirigida al actor citándolo a la audiencia de posiciones no lo denuncia al tribunal y sin verificar el informe del notificador solicita tenerlo por confeso. No tengo claro como la empleadora, como el acto del dependiente pudo constituir una injuria que no permitiera continuar la relación laboral. No se trata de poner al empleador en el brete de ver afectado su derecho de defensa, sino que en este caso pudo advertir que la causal invocada no estaba clara.
Contestando al actor cuando su apoderado hace notar que no se acompañó el video, se sostiene, a fs. 111, que se encuentra agregado a la causa penal, aunque no da ninguna precisión más. En la causa penal agregada por cuerda no existe acreditación de la conducta e intenciones del actor que permitieran imputarle perdida de confianza o violación del convenio de confidencialidad.
Rechazo este agravio por considerar que no se da ninguna razón que permita recudir o eliminar el incremento. En este caso considero correcta su imposición.
Como es sabido en el foro local el quinto agravio toca un punto donde existen disidencias en el tribunal y entre dos de los jueces subrogantes que tiene una opinión distinta, respetable como toda opinión y como considero a la mía. Personalmente comparto y sigo el criterio establecido por el Tribunal Superior de Justicia en “Díaz c/ Provincia de Santa Cruz s/ Laboral”, mantenido en distintos pronunciamientos y recientemente reiterado in re “Varas, Enriqueta Margarita c/ Pardo Antonio Balois y otro s/ laboral-cobro de pesos” Prot. Elect. TSS1 003 S 211 entre otros (ver las sentencias registradas al TSJ t XX reg. 676 fº 3922/3927; t. XX reg. 674, TSJ t. XX reg. 667, t. XIX reg. 644 que se pueden consultar en la página del Tribunal Superior de Justicia, que falla en consonancia con la Corte Suprema de Justicia in re “Palmieri Leonardo Fabio c/ Estado Nacional d/ Ordinario” y reiterado en el recurso de hecho en la causa “Mantello, Paulo Mario c/ Fuerza erea Argentina y otros s/ ordinario”. He expresado que no se me escapa la realidad económica, pero pondero que las tasas activas bancarias como tales contienen ingredientes ajenos al costo del dinero, al incluir los costos financieros y administrativos de los bancos al facilitar el dinero, gastos de personal, de infraestructura, cargas previsionales e impositivas, además de los riesgos de incobrables sobre el interés que pagan a sus depositantes. Admito pues solamente este agravio y propongo modificar la sentencia y aplicar en el caso la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina. No hay mérito para modificar la imposición de costas por el principio objetivo de la derrota del art 68 del CPCC.
VII. Que por estas consideraciones respondo a la segunda cuestión en forma negativa por considerar que en el limitado aspecto de la tasa de interés la sentencia no es justa, y debe ser modificada, Así lo voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Alonso dijo:
VIII. Que coincido parcialmente con el voto que antecede. Discrepo con el colega que me precede, en el tema de la tasa de interés donde es sabido que me he pronunciado en reiteradas oportunidades por la aplicación de la tasa activa. Así lo hice, por ejemplo, entre otras, en “Farías, Inés Beatriz c/ Municipalidad de Caleta Olivia s/ daños y perjuicios” Prot. Electr. A 201 075 S211. En lo demás comparto el voto del Dr. Monelos. Por esta disidencia considero justa la sentencia en crisis y voto por su confirmación.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
IX. Que llamado a dirimir la disidencia entre los preopinantes señalo que sigo firme en la posición asumida como juez de Cámara subrogante entre otros en la causa “IRUETA, Regina c/ ARGENOVA S.A. s/ laboral” (tomo XCIV sentencias reg. 2875 fº 519/527) en lo relativo a la tasa de interés. Adhiero pues al voto del Dr. Alonso que precede.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
X. Que en función de las razones expuestas propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir la excusación de la Dra. Griselda I. Bard apartándola del conocimiento y trámite de estos autos (art. 17 inc. 1 del CPCC) 2º) Admitir el quinto agravio y rechazar los demás expresados por la empleadora demandada. 3º) En consecuencia modificar el punto 1 de la sentencia en crisis estableciendo que las sumas de la condena se deberán actualizar conforme la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina desde las fechas referidas en la sentencia. 4º) Confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de agravios, con costas en la instancia a la demandada por su condición de vencida en los principales rubros de la condena (art. 68 del CPCC) y diferir los honorarios hasta tanto obre en autos regulación de los correspondientes a la instancia anterior. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Alonso dijo:
X. Que en función de la forma que me expedí en las anteriores cuestiones propongo a mis colegas del Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Aceptar la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard y apartarla del conocimiento y trámite de estas actuaciones (art. 17 inc. 1ºº del CPCC). 2º Rechazar los agravios de la parte demandada y en consecuencia confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios. Con costas en ambas instancias por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista regulación en la instancia de origen. 3º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
XI. Que adhiero al voto del Dr. Alonso por ser justo y equitativo.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 17 de diciembre de dos mil veintiuno
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto en el art. 45 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Aceptar la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard y apartarla del conocimiento y trámite de estas actuaciones (art. 17 inc. 1ºº del CPCC).
2. Rechazar los agravios de la parte demandada y en consecuencia confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios. Con costas en ambas instancias por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista regulación en la instancia de origen.
3. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Mario A. Albarrán -Juez de Cámara Subrogante-; Jorge O. Alonso -Juez de Cámara Subrogante-.
Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201111S.201 Tomo: XCV Sentencia: 2929 Folio Nº: 146/154 Secretaria: 1 Materia.
VOCES:
Fin de la sentencia