Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2364/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 70/77 y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 61/64 vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2364/19-TSJ Interlocutorio N°: 727 Actor: PARADISO JUAN IGNACIO Demandada: MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA Objeto: AMPARO Fecha: 24-02-2023 Texto: TOMO XXII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 727 FOLIO Nº 4392/4398 PROT. ELECT. TSS1 002 S.231
Río Gallegos, 24 de febrero de 2023
Los presentes autos caratulados: “PARADISO JUAN IGNACIO c/ MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA s/ AMPARO”, Expte. Nº P-37.185/19 (P-2364/19-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, Sr. Juan Ignacio Paradiso, con el patrocinio letrado del Dr. Omar Lazo (cfr. fs. 70/77) contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 61/64 vta., que rechazó los agravios vertidos por el recurrente y, en consecuencia, la acción intentada por falta manifiesta de legitimación activa (cfr. fs. 64 y vta.).-
II. En la especie, el actor -invocando carácter de ciudadano, elector y residente de la localidad de Caleta Olivia- promovió acción de amparo en el marco de los artículos 18 de la Constitución Provincial y 43 de la Constitución Nacional, contra la Municipalidad de dicha ciudad con el objeto que se libre mandamiento de ejecución ordenando realizar el llamado a Convocatoria de Elecciones Convencionales Estatuyentes Municipales por el término que el Tribunal disponga bajo apercibimiento del artículo 37 del CPCyC y del Delito Penal de Desobediencia (art. 239 del CP) e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (art. 248 del CP) (cfr. foja 17).- El magistrado de origen declaró la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº Uno, con asiento en Caleta Olivia por entender que, siendo el decreto de convocatoria un acto administrativo y hallándose controvertida su validez legal, la cuestión es propia de la competencia contencioso administrativa (cfr. fs. 44 y vta.).-
Apelada esta decisión por parte del accionante (cfr. fs. 48/53 vta.), la Excma. Cámara de Apelaciones resuelve rechazar los agravios vertidos y determinar que corresponde igualmente el rechazo de la acción intentada no por las razones expuestas en el escrito de agravios, sino por “falta manifiesta de legitimación activa” del accionante (cfr. fs. 64 y vta.),- III.- Contra este pronunciamiento, el amparista interpuso recurso de casación acusando quebrantamiento de forma en los términos del artículo 2º, inciso del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. fojas 71/76.).-
Se agravia por cuanto el fallo de cámara “…se tendría que haber limitado a resolver la cuestión litigiosa que motivó la elevación de la causa a la alzada y que es la referida a la incompetencia. Que ese fue el motivo utilizado por el fallo de primera instancia para rechazar la acción y sobre ese motivo fue que la parte actora se limitó a expresar agravios y fundamentar los mismos.” (cfr. foja 73).-
Considera que el pronunciamiento en crisis también es arbitrario toda vez que: “…luego de rechazar los propios argumentos del señor Juez a-quo para rechazar la acción…con lo cual implícitamente esta (sic) admitiendo los agravios de la parte actora referido a la procedencia de la competencia del tribunal…culmina expresando en la parte resolutiva '…Rechazar los agravios vertidos por el recurrente…', lo cual constituye una Arbitrariedad Manifiesta, pues si los agravios de la parte actora se refirieron a la cuestión de la Incompetencia, y luego es el propio fallo de la Cámara…quien reconoce expresamente el error del señor Juez a-quo al efectuar el tratamiento de ésta cuestión, como es posible que se concluya rechazando los agravios.” (cfr. foja cit.).- Seguidamente refuerza su postura agregando que: “Tal es la Arbitrariedad del fallo atacado, que violando el principio procesal de Congruencia y afectando el Debido Proceso y la garantía de Defensa en Juicio consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, utiliza otro argumento para rechazar la acción, que no había planteado (sic) el fallo de primera instancia y que por ende no fue objeto de agravios, lo cual demuestra la ostensible arbitrariedad del fallo…” (cfr. foja cit).-
Postula que: “…la causal utilizada por la cámara para rechazar la acción es improcedente, toda vez que desde un primer momento se reconoció la legitimación activa del actor, pues de no haber sido así, en la primera providencia dictada por el señor juez a-quo hubiera rechazado la acción por la causal de Falta de Legitimación Activa. Sin embargo, el juez a-quo dio (sic) curso a la acción, motivo por el cual, además resulta extemporáneo que en ésta (sic) instancia se utilice dicho argumento para rechazar la acción.” (cfr. foja 73 vta.).- Aduce que: “…el Quebrantamiento de Forma en el caso de autos se configura en la denominada 'Incongruencia ultra petita' en la alzada, toda vez que los límites impuestos por el principio de congruencia a los poderes de la jurisdicción se van estrechando a medida que la causa trepa a los diversos niveles de la alzada” (cfr. foja cit.).-
Cita jurisprudencia.-
Finalmente concluye que el fallo de cámara debe ser revocado en todas sus partes por ser arbitrario y porque además configura Violación a la Garantía del Debido Proceso y la Defensa en Juicio (cfr. foja 76).-
Hace reserva del caso federal (cfr. foja 76 vta.).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs 79 y vta.-
A fs 92 y vta., obra interlocutorio de este Alto Cuerpo, declarando bien concedido el recurso de casación, poniendo los autos a disposición de la recurrente en los términos del artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que la nombrada hubiera hecho uso de ese derecho.-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo dictamina, por las razones que allí esgrime y a las cuales nos remitimos 'brevitatis causae', que los agravios esgrimidos por la parte actora no deben prosperar (cfr. PE106436-2021).-
En PE96823-2021 se llaman autos para dictar sentencia y, en PE114194-2021, pasan los presentes a estudio.-
IV. En primer término es preciso aclarar que los fundamentos de los agravios vertidos reposan en las causales de quebrantamiento de forma y arbitrariedad. Así las cosas, por una cuestión de método se tratará, en primer término, el recurso desde el prisma del artículo 2° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, ya que de existir quebrantamiento de las formas, resultaría innecesario analizar el resto de los agravios esgrimidos.-
V. Adentrándonos en el tratamiento del agravio referido este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “…El quebrantamiento de las formas sustanciales se debe demostrar y probar exhaustivamente, siendo insuficiente la sola alegación ya que es imprescindible un despliegue argumental que indique la ausencia de la estructura jurídica motivante y lógica que debe presidir todo pronunciamiento de esta naturaleza definitiva; o que se muestren omisiones de evaluaciones indispensables que revelen trascendentes vacíos de juzgamiento, no subsanables en el ejercicio jurisdiccional y se quebrante de tal modo el derecho de defensa (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XII -Sentencia-, Registro 425, Folio 2322/2327).”(cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 444, Folio 2421/2426).- No es suficiente la existencia de un vicio casatorio sino que es menester que el error imputado a la sentencia esté relacionado casualmente con su resultado y tenga relevancia significativa para determinar el dictado de una sentencia en un sentido u otro… o tenga dirimencia y trascendencia respecto de la conclusión jurídica a la que se ha arribado…” (cfr. Carlos A. Molina Sandoval “Recurso de casación: Aspecto Sustanciales, Argumentales y Procesales”, 1º ed., Córdoba, ed. Advocatus, 2016, pág. 47).-
Aclarado esto, y de acuerdo al programa recursivo planteado por la casacionista resulta imperativo, entonces, revisar la estructura formal del pronunciamiento en crisis a efectos de verificar si el mismo contiene contradicciones internas que lo inhabiliten como acto jurisdiccional válido y, en su defecto, si la anterior instancia se excedió en el tratamiento de los agravios sometidos a su consideración.-
a).- Inicialmente cuadra precisar que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte resolutiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en sus fundamentos. Por lo tanto, no es sólo el imperio del tribunal ejercido específicamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento: estos dos aspectos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la decisión.-
El saber ordenado y el raciocinio correcto se logran con la observancia de ciertas reglas de la lógica por las que ha de regirse el pensamiento. Entre estas reglas, que no están consagradas expresamente por el legislador pero que integran el razonamiento jurídico, se encuentra el principio de no contradicción (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVI, Reg. 554, Folio 3128/3138, voto de la minoría), el que responde a un principio de racionalidad, que exige que no se niegue explícita o implícitamente en la conclusión, lo que se afirma en el desarrollo que antecede o viceversa (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260).- Así las cosas, fácil es colegir que: “…'La unicidad de la sentencia lleva aparejadas ciertas consecuencias, tales como que ella -para ser válida- debe configurar un todo coherente, en el que la decisión de mérito se apoye y se derive lógicamente de los desarrollos que la preceden (resultandos y considerandos), pues si éstos apuntaran a una solución y luego mágicamente en el fallo el juez plasmara otra, la sentencia sería nula, por autocontradictoria.' (cfr. López Mesa, Marcelo J. -Director- y Rosales Cuello, Ramiro -Coordinador-: 'Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires con leyes complementarias. Comentado y anotado con jurisprudencia', 1ª ed., La Ley, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014, Tomo II, pág. 528)” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XX, Reg. 678, Folio 3940/3946).- La ley prevé, como motivo de casación, el caso de motivación contradictoria. Puntualmente, este Alto Cuerpo ha considerado procedente el recurso de casación por quebrantamiento de forma en el supuesto de autocontradicción entre los considerandos y lo que se decide en la sentencia (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260).-
A la luz de estos postulados debemos sostener que, de la atenta lectura del interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones, se desprende que aquél no padece de defecto alguno que resulte incurso en los agravios invocados por el actor ello en virtud que el camino sentencial recorrido no deja de observar las normas que denotan la validez sustancial y formal del pronunciamiento que se analiza.-
Para decidir el rechazo de la acción de amparo, el Tribunal de Alzada consideró: “A nuestro entender el magistrado de grado ha malinterpretado a fs. 44 el dictamen fiscal y sus consideraciones sobre la competencia del Tribunal Electoral Permanente y surge de autos que no existe un decreto de convocatoria cuya validez esté controvertida que amerite la competencia contencioso administrativa, por lo que las consideraciones que se realizan no son congruentes con la acción…Pero la solución que se apela, en la práctica equivale al rechazo, se llega al mismo resultado sobre la base de un acabado estudio que determina la falta de legitimación del peticionante, aspecto que el tribunal debe realizar de oficio […] debemos sostener que al no existir un agravio personal del presentante que requiera urgencia en su reparación la legitimación que invoca no es idónea para la procedencia del amparo, por lo que se impone su rechazo por estos fundamentos.” (cfr. fs. 62 vta. y 64).- Este análisis y su conclusión final se ven claramente reflejado en la parte dispositiva del fallo al disponerse que: “…y Vistos…y Considerandos…Resuelve: 1º) Rechazar los agravios vertidos por el recurrente y determinar que corresponde igualmente el rechazo de la acción intentada no por las razones expuestas en el escrito de agravios, sino por falta manifiesta de legitimación activa del peticionante.” (cfr. fs. 64 y vta).-
De este minucioso análisis surge la existencia de una coherencia adecuada entre los fundamentos y su desarrollo argumental (considerandos) y la decisión concreta (resuelvo), siendo la parte dispositiva una derivación natural y lógica de los argumentos explicitados en la sentencia (cfr. Carlos A. Molina “Recurso de Casación”, Aspectos sustanciales, argumentales y procesales, 1º ed., Códoba, Advocatus, 2016, pág. 62).-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que es descalificable como acto jurisdiccional el fallo que incurre en una evidente autocontradicción entre los considerandos y la parte dispositiva (Fallos 317:465) situación que no fue suficientemente demostrada y no acontece en la especie.-
La contradicción se reconduce, en definitiva, a la falta de motivación, y ambas causales vienen a quedar comprendidas en un motivo único porque los fundamentos contradictorios se destruyen recíprocamente y dejan al pronunciamiento sin sustentación legal. La motivación es contradictoria cuando existe un insanable contraste entre los fundamentos que se aducen, o entre estos y la parte resolutiva, de tal modo que se excluyen entre sí y se neutralizan, por lo que el fallo queda así sin motivación alguna (cfr. Fernando De la Rúa: “El recurso de casación en el Derecho Positivo Argentino”, Ed. De Zavalía, Buenos Aires, 1968, pág. 155) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XX, Reg. 678, Folio 3940/3946).- En el caso que nos ocupa, la respuesta jurisdiccional emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones no aparece contradictoria ni mucho menos ambigua ya que la labor intelectual efectuada por los Juzgadores guarda estricta relación con su decisión sin observarse el vicio aducido por la recurrente.-
Cabe concluir, entonces, que en el recurso de casación obrante en autos no se ha intentado demostrar con éxito que la Alzada haya infringido las reglas básicas del razonamiento sentencial o incurrido en alguna contradicción susceptible de configurar una transgresión al principio de congruencia, resultando a todas luces improcedente el agravio formulado.-
b).- Seguidamente la parte actora se queja porque considera que la Excma. Cámara de Apelaciones se expidió de manera ultra petita al rechazar la acción utilizando un argumento que no había sido invocado en el fallo de primera instancia (falta de legitimación activa) y que no fue objeto de agravios (cfr. foja 73).-
Tal como ya lo ha sostenido este Alto Cuerpo, la violación del principio de congruencia puede presentarse de diversas formas. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dijo que: “…'Ha denunciado el recurrente que la sentencia del a quo viola el principio de congruencia. El postulado en cuestión asume -como bien señala Guasp- tres caras distintas, a saber: por omisión, esto es cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes (ne eat iudex citra petita partium); por extralimitación, cuando otorga más de lo impetrado por los litigantes (ne eat iudex ultra petita), o por ambas razones, es decir mixto, cuando padezca de los dos defectos a la vez...' (cfr. 'Ferreyra Graciela Elvira c/ Suma S.A. s/ Pronto Pago de Crédito Laboral', causa Ac. 83818 S del 7/6/2006, del voto del Dr. Roncoroni Hitters)” (cfr. Sentencia, Tomo XIX, Reg. 636, Folio 3657/3678).- En este punto se debe adelantar la improcedencia del ataque al fallo -por estimarlo una sentencia ultra petita en lo vinculado al análisis de la falta de legitimación procesal-, pues la Excma. Cámara de Apelaciones decidió correctamente sobre este tema en atención a las facultades que la misma posee.-
A fin de ilustrar lo expuesto es preciso recordar que tratándose la calidad o legitimación para obrar de un requisito esencial del derecho de la acción (o de la pretensión) es deber del Juez examinar de oficio la satisfacción de dicho presupuesto, que constituye una típica cuestión de derecho. Sólo después de tener por acreditadas las justas partes o las partes legítimas -condición de admisibilidad intrínseca de la acción o pretensión- se entra en el juzgamiento del mérito, atendibilidad o fundabilidad de lo pretendido. En tal sentido se ha sostenido que aún cuando no fue planteada por las partes ni sometida a conocimiento del sentenciante en los escritos constitutivos del proceso, haya o no mediado planteo expreso de excepción previa, la calidad o legitimación para obrar debe ser examinada de oficio y tal supuesto implica una excepción al principio de congruencia (cfr. Masciotra Mario - Rosales Cuello Ramiro coordinadores, “El Principio de Congruencia” Libro homenaje a Augusto Mario Morello, La plata, Librería Editora Platense, 2009, pág. 110/111, en idéntico sentido: Carlos A. Molina “Recurso de Casación”, Aspectos sustanciales, argumentales y procesales, 1º ed., Córdoba, Advocatus, 2016, pág. 62).- En esta línea de pensamiento, Guillermo Jorge Enderle también nos ilustra que los jueces deben controlar de oficio si están cumplidos los requisitos de la acción procesal considerando a ésta como el derecho a obtener un pronunciamiento (favorable o desfavorable) sobre el fondo de la cuestión. Estos requisitos son la legitimación, es decir, la identidad entre quien demanda o contradice y las personas a las que la ley habilita para hacerlo (cfr. aut. cit. “La Congruencia Procesal”, 1º ed, Santa Fé, Ribunza- Culzoni, 2007, pág. 217).-
En concordancia con ello, Juan Carlos Hitters ha entendido que: “…'nada obsta a que la alzada trate la legitimación del apelante antes de considerar sus agravios, en atención al carácter excluyente que la solución podría alcanzar respecto de éstos' […] la cámara tiene amplias libertades para inspeccionar de oficio los presupuestos procesales, y por tal motivo, no queda vinculada, ni por el juicio de admisibilidad de inferior, ni por el consentimiento expreso o tácito de los litigantes.” (cfr. aut. cit.“Técnica de los Recursos Ordinarios”, Librería Editora Platense, 2da reimpresión, año 2000, pág. 395/396).- Este criterio también ha sido compartido por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires quien, en numerosos antecedentes, se ha expedido en idéntico sentido al sostener que: “La legitimación constituye un requisito esencial de la acción y puede, por tanto, ser abordada aún de oficio” (cfr. sum. “Arena Juan José y otra c/ Giovanetti Dora Elena s/ Nulidad de escritura pública”, causa LP C 118891 S, del 06/12/2017); que: “Los jueces pueden abordar de oficio el examen de la legitimación activa, pues de ello derivaba la existencia de 'un caso o controversia' para el ejercicio de la función jurisdiccional” (cfr. sum. “La Cassina S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa”, causa LP C 103955 S del 28/06/2017) y que: “La ausencia de legitimación en el proceso hace a la titularidad del interés que es materia del litigio y por constituir un requisito esencial de la acción, puede ser prudencialmente abordado aún de oficio por el judicante, sin que pueda argumentarse que dicha actuación lesiona el principio de congruencia.” (cfr. sum. G. C. M. Y O. S/ Adopción. Acciones Vinculadas, causa LP C 119871 S, del 19/04/2017).- Como puede observarse, la Excma. Cámara de Apelaciones tenía y tiene amplias facultades para examinar no sólo la procedencia de la impugnación y la forma en que ésta fue concedida, sino que además -por economía procesal- puede controlar de oficio los presupuestos procesales que hacen a la viabilidad de la acción, entre ellos la legitimación procesal del accionante.-
Conforme los argumentos señalados se entiende que la Alzada se expidió acertadamente sobre esta cuestión por cuanto resulta esencial verificar -previo a analizar el recurso sometido a su consideración- si, en este caso, la recurrente poseía legitimación procesal suficiente para promover la acción de amparo ya que sin dicho requisito no existe controversia susceptible de resolución.-
Es que, en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la legitimación procesal constituye un presupuesto necesario para que exista una causa o controversia. La existencia de “caso” presupone la de “parte”, esto es la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso. Es decir, para que exista un caso es imprescindible que quien reclama tenga un interés suficientemente directo, concreto y personal -diferenciado del que tienen el resto de los ciudadanos- en el resultado del pleito que propone, de manera que los agravios que se invocan lo afecten de forma 'suficientemente directa' o 'substancial' (Fallos: 306:1125; 308:2147; 310:606; 326:3007 y 333:1023, entre muchos otros).
Que, desde esa premisa, un adecuado orden lógico impone considerar y definir, en primer lugar, si la actora tiene legitimación procesal, pues la ausencia de tal condición sería suficiente para privar de validez a la sentencia apelada, al haber sido dictada en un proceso que no llena la condición elemental de constituir una causa judicial (cfr. Fallos: 342:853).- Por otra parte, debemos ponderar que el límite establecido por los agravios del proponente es un parámetro que no debe perderse de vista para resolver la cuestión pero ello no lo constituye en una restricción al razonamiento lógico jurídico del sentenciante, quien, para la resolución del caso sometido a análisis, puede explayarse en su accionar intelectual y exponer todas las razones que sostengan y fortalezcan sus decisiones; no pudiendo verse en el principio de congruencia un escollo a tal accionar.
Y, por tanto, siempre que se respeten los presupuestos de hecho, el tribunal de alzada se haya facultado para resolver el caso con prescindencia, no sólo de las argumentaciones formuladas por las partes, sino también con fundamentos distintos a los del fallo de primera instancia; esto supone el ejercicio por los jueces de la causa de la facultad que les incumbe de determinar y aplicar el derecho que la rige en tanto no se alteren los hechos. También la valoración de las constancias de la causa que realicen los tribunales de grado debe ser integral, ajustando sus merituaciones a las particularidades del litigio (cfr. STJ de Tucumán, Sala Civ. y Pen. “Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Guido Pagani y otro s/ Cobro ejecutivo”, del 27/06/2000, citado en “La Congruencia procesal” de Enderle, Guillermo Jorge, Rubinzal Culzoni editores, 1º ed., Santa Fe, 2007, pág. 199).- Nótese que la circunstancia de que un tribunal de apelación haya resuelto el caso con fundamentos, distintos a los del fallo de primera instancia, supone el ejercicio por los jueces de la causa de facultades que les incumbe en orden a determinar y aplicar el Derecho que la rige, en tanto no se alteren los presupuestos de hecho (cfr.
TSJ Entre Rios, Sala III, Trab., “Tenca, Eduardo G., c/ Organización Coordinadora Argentina SRL”, LL 1995-A-335, del 18/03/1994 citado en “La Congruencia procesal” de Enderle, Guillermo Jorge, Rubinzal Culzoni editores, 1º ed., Santa Fe, 2007, pág. 202).- En definitiva, el órgano jurisdiccional de alzada no ha transgredido las reglas de la lógica que garantizan la correcta construcción de la resolución debido a que no se excedió en el tratamiento de los agravios sometidos a su consideración. La conclusión a la que se arriba es el resultado de la valoración adecuada de las constancias que surgen de la causa respecto a una situación que atañe a los presupuestos procesales y que -por economía procesal- puede ser abordada de manera previa a todo trámite y aún de oficio por la Cámara al constituir un requisito esencial para la existencia de un caso, causa o controversia, susceptible de resolución por lo que el recurso, con relación a este agravio, tampoco puede prosperar.-
VI. Vinculado con lo hasta aquí expuesto y a fin de dar acabada respuesta a todos los planteos recursivos de la recurrente se debe sostener que tampoco puede prosperar la denuncia de arbitrariedad de la resolución por violación del principio de congruencia (cfr. foja 73), toda vez que la impugnante no esboza ningún argumento atendible que permita vislumbrar la existencia de alguno de los presupuestos que la configuran y no se observa, en el pronunciamiento atacado, un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o que adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIV, Reg. 490, Folio 2671/2677).- Para descalificar una sentencia por arbitraria no es suficiente alegar tal vicio, sino que hay que demostrarlo. En esta inteligencia este Alto Cuerpo ha sostenido que “…'…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que 'el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento…'…” (cfr. Interlocutorios, Tomos IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788 y XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003).- Recuérdese que es tesis de este Tribunal que: “ '...La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…' (confr. T.S.J. Santa Cruz, Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; ídem, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre varios)” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 446, Folio 2431/2439). Ninguno de estos supuestos se presenta en el sub lite.-
VII. Tampoco debe prosperar la denuncia de violación de la garantía de defensa en juicio y debido proceso, ya que la sola mención de disposiciones o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 585, Folio 3347/3353).-
VIII. En cuanto a la legitimación procesal para promover la presente acción de amparo y más allá de la discrepancia con la postura asumida por la Cámara que la recurrente pudiera tener, se aprecia que el decisorio en cuestión se encuentra debidamente fundado y ha dado una solución razonable y equilibrada a la presente contienda.-
No está de más recordar que en situaciones similares se ha sostenido que: “…En lo que es materia de recurso, la sentencia en crisis no hizo lugar a la acción de amparo planteada por José Luis Avignone contra la Provincia de Tucumán, para que se ordene a los Poderes Legislativos y Ejecutivo provinciales a sancionar, promulgar y publicar, respectivamente, la ley que autorice a los Municipios locales a convocar a convención constituyente para las sanciones de sus sendas cartas orgánicas o constituciones de tercer grado, en un todo de acuerdo con lo previsto por los artículos 132 y 165 de la Constitución Provincial de 2006 (en adelante CT). Para así resolver, el a quo sostuvo en primer lugar que la calidad de ciudadano y vecino de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán no legitima al demandante como sujeto activo para iniciar la presente acción, pues carece de un interés determinado y diferenciado y, consecuentemente, no se configura en la especie un 'caso contencioso' que permita el dictado de una sentencia útil.
En este sentido afirma que admitir una solicitud como la de autos, por la cual se busca compeler a otro de los poderes del Estado a sancionar una ley…constituirá un pronunciamiento que excede los márgenes de actuación del Poder Judicial, el cual ingresara de tal forma en la zona de reserva que la CT acuerda a la Legislatura, transformándose en una suerte de colegislador, con el consecuente menoscabo al principio de división de poderes. Por otro lado, considera que en el sub iudice no se encuentran reunidos los presupuestos necesarios para que prospere la acción de amparo pues no se advierte que la omisión de la Legislatura local en el dictado de la ley prefigurada en el artículo 132 de la CT aparezca como pasible de generar un daño actual e inminente a los derechos que el actor menciona como vulnerados.
Agrega que tampoco dicho comportamiento negativo por parte del Poder Legislativo se traduce en un quebrantamiento de las autónomas municipales, sino que el dictado de la referida ley aparece más bien vinculado a una cuestión de mérito, oportunidad o conveniencia que cada Intendente debe evaluar […] ¿Asiste razón al recurrente? […] El elemental requisito de caso o causa judicial ha sido definido por una constante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como aquellos asuntos en que se persigue en forma concreta la determinación del derecho debatido entre partes adversas (Fallos: 156:318; 306:1125; 307:2384; entre muchos otros). De tal concepto se desprende, a su vez, que la legitimación procesal constituye un presupuesto necesario para que exista un caso, causa o controversia que deba ser resuelto por el Poder Judicial (Fallos: 322:528; 323:4098; 326:3007; entre muchos otros) […] De allí, entonces, que para que logre hacerse efectiva la jurisdicción con respecto a una acción cualquiera no basta el interés simple o común que tiene toda persona de la comunidad política en que el Estado desarrolle su actividad conforme al ordenamiento jurídico, sino que a los fines de la configuración del caso o causa judicial es menester la presencia de un interés en cierto grado específico, que haya sido o pueda ciertamente resultar afectado de no dilucidarse la cuestión constitucional objeto de la litis.
Ergo, la mera condición de ciudadano que invoca el recurrente, sin otro interés concreto jurídicamente protegido, no le otorga legitimación suficiente para demandar (Fallos: 306:1125; 307:2384; 311:2580; 313:863; 323:1432; entre muchos otros), toda vez que dicho carácter es de una generalidad tal que no permite tener por configurado un interés concreto, inmediato y sustancial que lleve a entender planteo como una causa, caso o controversia, único supuesto que autoriza la intervención de los jueces (Fallos 317:335; 317:1224; 322:528; entre muchos otros). No obsta lo anterior la circunstancia de que el presente sea un amparo articulado contra una omisión estatal que, en los términos del recurrente, 'lesiona derechos de incidencia colectiva de todo el universo de vecinos y ciudadanos de los municipios de la provincia', pues a fin de que el órgano jurisdiccional pueda proveer en sentido favorable al solicitado no alcanza con que la demanda le sea propuesta por una persona cualquiera, sino que es menester que haya sido presentada por quien se encuentra legitimado en razón de que el ordenamiento jurídico le reconoce aptitud para actuar en defensa del interés público que se alega comprometido.
En efecto, la incorporación de intereses de incidencia colectiva a la protección constitucional, que tuviera lugar con la reforma del año 1994, no enerva la elemental exigencia de que el 'afectado', al cual se alude en el segundo párrafo del artículo 43 de la CN, demuestre en qué medida su interés concreto, inmediato y sustancial se ve lesionado o seriamente amenazado (Fallos 324:2381). En otros términos, también en los procesos colectivos cabe exigir un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos, sin que se pueda fundar la legitimación para accionar en el interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes, pues no ha sido objeto de reforma la exigencia de que el Poder Judicial intervenga en el conocimiento y decisión de 'causas' con el alcance que el Superior Tribunal del país reiteradamente otorga a dicha expresión (Fallos 321:1352) […] En mérito a todo lo expuesto resulta improcedente el recurso de casación interpuesto por la parte actora y, por ende, corresponde su rechazo” (cfr.
CSJ Tucumán, Sala Laboral y Contencioso Administrativa, “Avignone José Luis c/ Provincia de Tucumán”, del 09/08/2010 www.informacionlegal.com.ar, Cita Online AR/JUR/47709/2010).-
IX. A la luz de los antecedentes trascriptos y de las constancias de la causa, se puede apreciar que el contenido de la protesta en estudio no logra desvirtuar la estructura del fallo impugnado. La casacionista no ha logrado brindar argumentos suficientes que pongan de manifiesto el quebrantamiento de forma y la arbitrariedad que denuncia. Su discurrir se dirige a contradecir los argumentos expuestos en el decisorio impugnado, partiendo de un punto de vista diferente, que cuestiona el criterio sustentado respecto de la valoración y ponderación de las circunstancias que llevaron a la Alzada a decidir en un sentido distinto del pretendido, y desde este particular cuadrante, no refuta todas y cada una de las razones desplegadas en el pronunciamiento objetado por lo que corresponde declarar improcedente el recurso deducido.- Que en razón de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 70/77 y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 61/64 vta., con costas a la actora por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCyC); difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 70/77 y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 61/64 vta.-
3. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
La presente sentencia se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c de Presidencia-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1002S.231 Tomo: XXII Interlocutorio: 727 Folio N°: 4392/4398 Secretaría: 1
Fin de la sentencia