Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 218.823 (Pesos doscientos dieciocho mil ochocientos veintitrés) por el patrocinio letrado y $ 87.529 (Pesos ochenta y siete mil quinientos veintinueve) por la representación procesal los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por los profesionales intervinientes en autos en la primer etapa en conformidad con las pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
3Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado, la suma de $ 1.056.587 (Pesos un millon cincuenta y seis mil quinientos ochenta y siete) equivalente a 101,59 (ciento uno con 59/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria – y para la representación procesal, la suma de $ 422.635 (Pesos cuatrocientos veintidos mil seiscientos treinta y cinco) equivalente a 40,64 (cuarenta con 64/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las actividades desarrolladas en las dos últimas etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423 y la Acordada N° 25/2022 (08/09/2022) …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-117730046-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 2 de Noviembre de 2022 En la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EXPTE N° 46.523-I y sus acumulados Nº47.718-I, 47.717-I SUIPACHA S.R.L- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 66/75, 153/170 y 267/284 la recurrente interpone recursos de apelación contra las resoluciones N°49/2016, 213/2016 y 214/2016, todas ellas dictadas por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Microcentro de la Dirección General Impositiva- A.F.I.P. En la primera de ellas, se estableció en conjunto con los intereses resarcitorios la materia imponible en el Impuesto Agregado por los períodos fiscales enero a diciembre 2013 y suspendió la aplicación de la multa, conforme lo dispuesto en la Ley N° 24.769 (texto actualmente derogado por el art. 280 de la Ley N° 27.430 Titulo IX- Régimen Penal Tributario y sustituido por el artículo 279). Mientras que las resoluciones N° 213/2016 y 214/2016 determinaron de oficio la responsabilidad personal y solidaria de los Sres. Gago Javier Ignacio y Polverini Federico Emilio respecto de la deuda determinada en la resolución N° 49/2016 (DVMRRI), con más los accesorios y aplicaron multas, atento a lo normado en el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Tributario.
Señala la improcedencia del ajuste fiscal, toda vez que dicho organismo no sólo presume ventas omitidas sin ningún tipo de elemento o indicio, sino que también proyecta el ajuste a todo el ejercicio, cuando sólo tomó como muestra el mes donde más actividad hubo. Asimismo, considera que no se ha tenido en cuenta el informe técnico realizado por el Sr. Robles en la causa Nº 1201/2011 caratulada “Paraguay 489 S.R.L S/ infracción Ley 24.769” en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico Nº 11.
En relación a la responsabilidad solidaria y personal que se les imputa a los socios gerentes, explican que el ajuste fiscal es improcedente, debido a que la deuda principal se encuentra en discusión ante este Tribunal; motivo por el cual considera que el Fisco Nacional no puede reclamarle deuda alguna.
Ambos socios concluyen manifestándose respecto a las multas aplicadas. En este sentido, sostienen que no corresponden toda vez que la deuda principal aún no ha sido resuelta. Señalan la ausencia en la configuración de los aspectos objetivo y subjetivo debido a que las probanzas esgrimidas por el ente fiscal resultan insuficientes y carentes de entidad.
Por los motivos expuestos, los tres recurrentes solicitan que se haga lugar a los recursos interpuestos, revocando las resoluciones en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la contraria. Ofrece prueba instrumental, informativa y pericial técnica. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 90/100, 185/200 vta. y 299/316 se presenta el Fisco Nacional contestando los traslados deducidos en autos.
Expone que el sustento fáctico de las resoluciones apeladas radica en los informes de fiscalización, los antecedentes administrativos y la documentación que surge en la causa penal caratulada “Denunciante AFIP-DGI S/ Infracción Ley 24.769”. Del análisis de los mismos, se desprende que los comprobantes denominados “COSTO” que el sistema emite poseen numeración propia y ésta es distinta a la memoria fiscal; no encontrándose éstos asociados a ningún tipo de comprobante. En virtud de ello, indica la maniobra en que incurrió la contribuyente, toda vez que manipuló el controlador fiscal a los efectos de evitar deliberadamente la carga tributaria que supone registrar la totalidad de las operaciones realizadas. Por lo tanto, teniendo en cuenta la presunción dispuesta en el artículo 18 inc. e) de la ley Nº 11.683 (t.o en 1998 y sus mod) dichos comprobantes fueron considerados como ventas omitidas.
En este orden de ideas, destaca la limitación en que incurre la actora al criticar un método que la propia ley puso en manos del ente fiscal, siendo a su vez el ajuste propuesto basado no sólo en los hechos ciertos y comprobables obtenidos a través de la orden de allanamiento, sino también en las ventas de tres períodos fiscales. Por otra parte, manifiesta que la responsabilidad solidaria y personal de los Sres. Gago Javier Ignacio y Polveroni Federico Emilio se efectuó de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 de la ley Nº 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones), el cual establece que los directores de la sociedad responden como responsables por deuda ajena; es decir que primero se le reclama al deudor principal, Suipacha 589 S.R.L y luego a los que responden subsidiariamente. En consecuencia, teniendo en cuenta que de los antecedentes administrativos surge el carácter de socios gerentes que poseen dichos contribuyentes frente a la sociedad Suipacha 589 SRL, considera procedente la responsabilidad solidaria que se les imputa. En este sentido, señala que la actora debió acompañar pruebas para acreditar su falta de responsabilidad, hecho no sucedido en autos.
Finalmente, sobre las multas impuestas, remarca que han sido aplicadas con sustento en las circunstancias de hecho constatadas por la inspección y en la normativa correspondiente. Considera que le resulta imputable a los socios las mismas infracciones por la que oportunamente se instruyera sumario a la deudora principal, cuyo proceso fue diferido por la ley N° 24.769 En virtud de lo expuesto, solicita que se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas. Se opone a la prueba ofrecida. Aporta antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 206 y 327 la Secretaría General de Asuntos Impositivos procede a acumular al expediente de referencia los que llevan el Nº 47.718 –I y 47.717-I dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de Tribunal en Pleno obrante a fs. 205 y 319.
IV. Que en el caso de marras, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Procedimiento Tributario – Apertura a Prueba–, a fs. 110 y 212 se admite la prueba informativa y pericial técnica ofrecida por los recurrentes a fs. 72 y 167/167 vta. En la primera de ellas, solicitan librar oficio a la Fiscalía en lo Penal Económico N°9 a los fines de que se remita una copia de la declaración indagatoria realizada al Sr. Robles; mientras que en la segunda propone a los peritos Magali Dos Santos y Héctor Rodríguez con el objetivo de que los mismos analicen el sistema “DTMAX” y respondan los puntos 1° a 31° propuestos. En consecuencia, a fs. 224/232 luce agregada la pericia técnica efectuada la cual contesta los puntos 1) a 23); no respondiendo los restantes toda vez que dicha prueba se dio por decaída a fs. 339 frente al desinterés de la actora en producirla. Por otra parte, cabe destacar que la prueba informativa también fue decaía a fs. 344, por lo que a fs. 347 se declaró cerrado el período de instrucción.
V. Que por medio de la PV-2022-47049544-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”; poniéndose los autos a alegar en el IF-2022-54631144-APN-VOCXII#TFN. En el IF-2022-84216696-APN- DTD#JGM obran los alegatos del Fisco Nacional no habiendo hecho uso la actora del derecho otorgado a fs. 355. Finalmente, mediante el IF-2022-112186020-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos a sentencia.
VI. Que ello así, cabe establecer si la resolución N° 49/2016 dictada contra Suipacha 589 S.R.L referida al Impuesto al Valor Agregado, se ajusta o no a derecho, considerando los agravios planteados por la actora, respecto a la determinación de oficio practicada.
Que en las presentes actuaciones se analizaron los sistemas informáticos, la facturación, la base de datos y demás información correspondiente al sistema de facturación utilizado por la firma, la cual surge del allanamiento efectuado en la causa N°1262/2012 caratulada “Denunciante: AFIP-DGI s/Infracción Ley N° 24.769” radicada en la fiscalía en lo Penal Tributario N°1.
De dicho análisis, se desprende que existen tres tipos de comprobantes: “TICKETS”, “FACT A” y “COSTO”. De acuerdo a la labor realizada por el ente fiscal se corroboró que los comprobantes “TICKETS” y “FACT A”, coinciden con la numeración, cantidad e importes registrados en la memoria fiscal; no sucediendo lo mismo con los denominados “COSTO”, los cuales poseen una numeración propia y diferente a la registrada en la memoria fiscal de las impresoras; no siendo éstos asociados a ningún tipo de comprobante; motivo por el cual el Fisco Nacional consideró dichos comprobantes como ventas omitidas.
Sin embargo y pese a que dicha inconsistencia también es reconocida por la actora en su escrito recursivo – al hacer referencia al informe técnico realizado por el Sr. Robles en la causa penal–, no habiendo realizado imputaciones sobre los comprobantes que emitió, lo que aquí se cuestiona es el método sobre base presunta utilizado por el Fisco Nacional para determinar el ajuste apelado.
Que en este orden de ideas, cabe señalar que de los artículos. 16 y 18 de la ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones) surge que resulta admisible en el régimen de dicha ley que el organismo recaudador ante la falta de elementos ciertos que permitan conocer la existencia y magnitud de la obligación tributaria, pueda considerar, a efectos de establecer la materia imponible, el conjunto de circunstancias relativas al contribuyente a través de una adecuada valoración y en el marco conceptual de las leyes impositivas aplicables. (Ciccone Calcográfica SA (TF 15134-I) c/DGI Cám. Nac. Cont. Adm. Fed.- Sala IV 29/11/2012)
Que durante la etapa de inspección la recurrente no aportó documentación fehaciente a los fines de respaldar las operaciones cuestionadas; por lo que teniendo en cuenta la información obtenida en la causa penal y lo dispuesto en el artículo 18 inc. e) de la citada ley, el Fisco Nacional determinó las ventas omitidas.
Que ello así, cabe resaltar que el mencionado artículo dispone que en el caso que se comprueben operaciones marginales durante un período fiscalizado que puede ser inferior a un mes, el porcentaje que resulte de compararlas con las registradas, informadas, declaradas o facturadas conforme a las normas dictadas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS de ese mismo período, aplicado sobre las ventas de los últimos doce (12) meses, que pueden no coincidir con el ejercicio comercial, determinará, salvo prueba en contrario, diferencias de ventas que se considerarán en la misma forma que se prescribe en los apartados 1 y 2 del último párrafo del inciso d) precedente para los meses involucrados y teniendo en cuenta lo allí determinado sobre la estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate.
Que en el caso de autos, se verificó que los comprobantes denominados “COSTO” correspondientes a los meses septiembre, octubre y diciembre 2013 tenían una numeración distinta a la que figura en el controlador fiscal y no se encontraban asociados a ningún tipo de comprobante. Es decir, de la existencia de un hecho cierto y comprobado se presume la existencia de otro (ventas marginales sin tributar IVA), con sus consecuencias fiscales (existencia de una obligación tributaria mayor que la declarada), por lo que de acuerdo a lo normado en el mencionado artículo se proyectó dicho ajuste para el resto del ejercicio.
Que ello así en contraposición a lo manifestado por la actora, debe mencionarse que el ajuste fiscal se realizó teniendo en cuenta la información de tres meses y no uno como lo describe en el escrito recursivo. En este sentido, cabe destacar que la recurrente presta servicios gastronómicos, por lo que dicha actividad si bien podría tener meses de mayor demanda, la estacionalidad puede cambiar según la zona donde se encuentre ubicado el negocio. A su vez la afluencia de personas puede variar según el público del que se nutre (vacaciones, organismos públicos, etc). Ello es lo que debió haber demostrado la recurrente, que los meses tomados como base de la presunción no se ajustaba a la realidad. Sin embargo, solo se quedó en una apreciación dogmática. Por consiguiente, la muestra realizada por el Fisco Nacional para efectuar el ajuste bajo trato, es correcta y representativa.
Que en esta línea de razonamiento, es preciso resaltar que de la pericia técnica acompañada a fs. 224/232 surge que el sistema “DTMAX” es un software de código abierto pudiendo cualquier persona agregar o quitar instrucciones para realizar diferentes procesos dentro del software. Sin embargo, pese a que la firma Suipacha 589 S.R.L conocía dicha falencia, nunca se comunicó con su proveedor para solucionar el problema en cuestión. Que por lo tanto, cabe destacar que del análisis efectuado en esta instancia surge que la recurrente no aportó elementos de convicción que permitan descalificar las objeciones realizadas por el Fisco Nacional; siendo la pericia técnica la única prueba producida, toda vez que a fs. 344 se dio por decaída la prueba informativa y a fs. 339 cae la prueba pericial técnica que hace referencia a los puntos 21º) a 31º) propuestos a fs. 167/167 vta. En razón de su trascendencia no justificó las razones de la confección y tenencia de comprobantes denominados “costo” no resultado convincente la vinculación del aspecto técnico –falla- del controlador con la falta de incorporación en las determinaciones del Impuesto al Valor Agregado de las operaciones que aquellos documentaban.
Por lo expuesto, considero válido que el Fisco Nacional haya recurrido a las presunciones establecidas en la ley para determinar la obligación impositiva de SUIPACHA 589 S.R.L. En consecuencia, corresponde desestimar los agravios esgrimidos por la actora, y confirmar la resolución N° 46/2016, con costas.
VII. Que respecto de los responsables solidarios, corresponde resolver si las resoluciones N° 213/2016 y 214/2016 se ajustan a derecho, analizando la procedencia de la extensión de responsabilidad de los Sres. Gago Javier Ignacio y Polverini Federico Emilio por el incumplimiento de Suipacha 589 S.R.L. en el pago de su deuda tributaria en el Impuesto al Valor Agregado.
Que el artículo 8° en su inciso a) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.) establece -en su parte pertinente- que: “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco (5) incisos del art. 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.”
A lo que cabe agregar que el art. 17 de la ley de procedimiento fiscal dispone que en todos los casos en que pretenda hacerse efectiva la responsabilidad solidaria, deberá sustanciarse el procedimiento de determinación de oficio reglado en dicho artículo.
Que la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal señala en el fallo Citroni, René Nerio (TF 28.112-I) c/DGI de fecha 16/04/2013, que la responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por el Organismo Recaudador; es decir que la falta de cumplimiento por parte del deudor principal a la intimación es el hecho que habilita al Fisco Nacional a extender la responsabilidad al solidario. La determinación de oficio cumplida respecto de aquel a quien se quiere hacer efectiva la responsabilidad solidaria sólo se puede dictar una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal: solamente a su expiración se podrá tener por configurado el incumplimiento del deudor principal que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad al responsable por deuda ajena, sin que se advierta obstáculo legal alguno para que el Fisco comience el procedimiento de determinación de oficio con el objeto de verificar la eventual responsabilidad solidaria, aun antes de intimar de pago al deudor principal.
Que ello así, cabe resaltar que el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen toda vez que la resolución N° 49/2016 de fecha 22 de marzo de 2016 determinó la materia imponible en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos enero a diciembre 2013 del deudor principal, “Suipacha 589 S.R.L”, la cual fue notificada el 31 de marzo del 2016, conforme surge a fs. 30. Mientras que las resoluciones 214/2016 y 213/2016 se dictaron del 13 de diciembre de 2016 y fueron notificadas el 16 de diciembre de dicho año, conforme surge a fs. 124/124 vta., 239/239 vta., habiéndose iniciado la inspección el 26 de septiembre, notificada el 28 de octubre de 2016 (fs. 18/27 y 63 de los antecedentes administrativos cuerpo Polverini Federico Emilio); por lo que la intimación de pago al deudor principal fue previa a la efectuada a los responsables solidarios.
Que asimismo, respecto al agravio esgrimido por la recurrente al manifestar la improcedencia del ajuste fiscal toda vez que la deuda principal se encuentra en discusión ante este Tribunal, es preciso mencionar el criterio del Máximo Tribunal en la causa “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) el DGI” de fecha 11/02/2014 al señalar que “la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769).”. Por lo tanto, no corresponde hacer lugar al planteo bajo trato.
Que a fs. 112/114 vta. de los antecedentes administrativos se agrega un acta de reunión de socios de fecha 3/09/1998 en la que el Sr. Hugo Abel Vázquez renuncia al cargo de gerente, haciendo constar que a través del contrato de cesión de cuotas sociales se ha procedido a la venta, cesión y transferencia de la totalidad de las cuotas sociales que poseían en la sociedad Suipacha 589 S.R.L., presentando la respectiva renuncia. Que a fs. 98/100 de los antecedentes administrativos, cuerpo Polverini Federico Emilio, obra el acta de socios de la firma Suipacha 589 S.R.L a través de la cual surge el carácter de socios gerentes de los Sres. Polverini Federico Emilio y Gago Javier Ignacio; hecho que se reitera en la respuesta del Banco Provincia que luce a fs. 10/24 (A/A Cuerpo Bienes solidarios Suipacha 589 S.R.L).
Que por lo tanto, los recurrentes resultan responsables solidarios por los montos que el Fisco Nacional oportunamente reclamo a la sociedad Suipacha 589 S.R.L en concepto de Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2013 a 12/2013. En consecuencia, corresponde confirmar las resoluciones N° 213/2016 y 2014/2016.
VIII. Que resta referirse a las sanciones aplicadas a los Sres. Polverini Federico Emilio y Gago Javier Ignacio (resoluciones N° 214/2016 y 213/2016), conforme lo establecido en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o en 1998 y sus mod).
Que, no resulta ocioso advertir que la previsión legal contenida en el artículo 13 de la Ley No 11.683 señala que "la declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Administración Federal de Ingresos Públicos hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad."
Que el artículo 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.) en su parte pertinente dispone que: “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable. La misma sanción se aplicará a los agentes de retención o percepción que omitieran actuar como tales.” (texto vigente al momento en que se generaron los hechos). Que, en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos: 271:297 “Parafina del Plata S.A.” 02/09/1968).
Que en el presente caso ha quedado acreditada la configuración del elemento objetivo del ilícito que nos ocupa, toda vez que la omisión derivada de la inexactitud de las declaraciones juradas presentadas originalmente se consuma al presentarse la misma, siendo éste y no otro el aspecto temporal que fija el artículo 45 de la ley, al aludir al que “...omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas...”.
Que conforme lo ha sostenido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en numerosas oportunidades “si bien la infracción prevista en el artículo 45 de la ley 11.683, es de carácter prevalentemente objetivo -por lo cual, en principio, bastaría el hecho externo de la falta de pago en término para que se la tenga por configurada-, en el supuesto de que la culpabilidad esté excluida, no puede considerarse cometida la infracción omisiva ya que la finalidad de la norma penal es castigar a quien, por su culpa o negligencia no paga, pudiéndolo hacer. De allí es que puedan existir circunstancias que atenúen o, inclusive, eliminen la imputación, tales como el error excusable de hecho o de derecho, la imposibilidad material de pago u otras circunstancias excepcionales debidamente justificadas” (CNACF, Sala IV, “Club Atlético Rosario Central” del 23/05/2006). En este sentido se pronunció la CSJN, señalando que, si bien se ha reconocido en numerosas oportunidades que el principio de culpabilidad rige en el campo del derecho represivo tributario, “...el apelante ni siquiera ha alegado tal como lo exige la doctrina reseñada que, a pesar de haber actuado con la debida inteligencia, no tuvo la posibilidad real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta” (CSJN “Wortman, Jorge Alberto y otros” del 08/06/1999).
Que no se advierte en autos la configuración de un error excusable, es decir, la existencia de una causal exculpatoria válida que permita a las contribuyentes a eximirse de la responsabilidad endilgada. Por lo que queda configurado el elemento subjetivo de la sanción al requerir la existencia de un accionar culposo y habiendo obrado la recurrente de manera negligente.
Que en virtud de lo expuesto, voto por confirmar las multas apeladas en las resoluciones N° 213/2016 y 214/2016.
IX. Que finalmente, respecto a los intereses resarcitorios reclamados, debe resaltarse que éstos se ajustan a lo dispuesto en el art. 37 de la ley de rito fiscal, por lo que debido a que las recurrentes no formularon agravios sobre los mismos, corresponde su confirmación.
X. Que en virtud de los argumentos desarrollados en los considerandos VI a IX, corresponde confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto del Vocal Instructor.
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto del Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 218.823 (Pesos doscientos dieciocho mil ochocientos veintitrés) por el patrocinio letrado y $ 87.529 (Pesos ochenta y siete mil quinientos veintinueve) por la representación procesal los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por los profesionales intervinientes en autos en la primer etapa en conformidad con las pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado, la suma de $ 1.056.587 (Pesos un millon cincuenta y seis mil quinientos ochenta y siete) equivalente a 101,59 (ciento uno con 59/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria – y para la representación procesal, la suma de $ 422.635 (Pesos cuatrocientos veintidos mil seiscientos treinta y cinco) equivalente a 40,64 (cuarenta con 64/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las actividades desarrolladas en las dos últimas etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423 y la Acordada N° 25/2022 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
4. Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional, Hector Roberto Rodríguez, en la suma de $ 497.758 (Pesos cuatrocientos noventa y siete mil setecientos cincuenta y ocho), equivalente a 47,86 (cuarenta y siete con 86/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, en atención a la labor desarrollada en la pericia practicada en autos y el monto del litigio.
5. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2022.11.02 14:23:03 -03:00 Date: 2022.11.02 15:54:18 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.02 15:59:54 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.02 15:59:56 -03:00
Fin de la sentencia